Ene 27, 2025 | Destacado 2, Vidas políticas
Tres mujeres referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Berazategui cuentan cómo organizaron su cooperativa. El impacto de la crisis en su sector y los enfrentamientos con la policía y el municipio.
Como las agujas del reloj, el mate gira hacia la derecha. Laura, la que ceba, le echa azúcar sin mirar cada vez que vuelve a sus manos. Luego, con agua que de a poco va perdiendo su calor, lo devuelve a la ronda. “¿Cómo llegamos hasta acá?”, pregunta Liliana y responde sola, mirando a sus compañeras: “Peleando y molestando”.
Laura Soria y Liliana Silguero, cartoneras de Berazategui, partido del sur del conurbano bonaerense, y Analía Calderón, militante del MTE distrital, son referentes de la economía popular y trabajadoras del Eco Punto Belgrano. El galpón comenzó a funcionar en 2019, pero hacía rato que los cartoneros estaban peleando con el municipio por la prohibición de la tracción a sangre, ya que, para ellos, sus caballos eran “parte de la familia” y, sobre todo, “una herramienta de trabajo”, como señala Analía. “No había afinidad con el municipio hasta que decidimos tomar el galpón y construir esto”, apunta Laura.
Antes de conquistar este lugar de trabajo, la situación de los cartoneros del distrito era muy difícil. “Vos te subías a un carro, ibas a laburar y vivías al día. Ahora que tenemos el galpón podemos tener una vida más digna, los compañeros traen la mercadería acá. Antes juntabas y acumulabas todo dentro de la casa y ahí podías tener ratas y mugre”, cuenta Laura. Actualmente, se dividen las actividades entre cartoneros agrupados, que en la actualidad en Berazategui rondan los doscientos; y galponeros, que se ocupan de tareas administrativas y son los que seleccionan, procesan y separan el material que luego se vende a Smurfit Kappa, una compañía de papel y empaques sostenibles. “Es mejor trabajar en la calle que estar acá adentro. Afuera, en tres o cuatro viajes, hacés el doble o el triple de dinero que en el galpón. Pero hay veces que no te queda otra y también tenés que bancar la camiseta acá adentro, porque esto tiene que salir adelante; si no, los demás no cobran”, agrega, con énfasis militante.
“Hacíamos olla popular de lunes a viernes, pero después ya no se pudo más y empezamos a hacerla tres veces por semana, luego una vez, hasta que no se pudo sostener. El gobierno dejó de mandar alimentos. No está funcionando el comedor, ahora solo hacemos brigadas educativas los días martes», dice Laura.
El MTE es una organización que tiene vínculos con el Partido Patria Grande, pero es apartidaria y está constituida por diferentes ramas de la economía popular, como la cartonera, la de construcción y la sociocomunitaria. Esta última estaba a cargo de Laura, pero ahora casi no funciona. “Hacíamos olla popular de lunes a viernes, pero después ya no se pudo más y empezamos a hacerla tres veces por semana, luego una vez, hasta que no se pudo sostener. El gobierno dejó de mandar alimentos. No está funcionando el comedor, ahora solo hacemos brigadas educativas los días martes. Ahí se les hace la merienda a los chicos. Las brigadas se llenan y las maestras te dicen: ‘Qué raro que los chicos tengan ganas de venir a estudiar’. Lo que yo les digo es que los chicos no tienen ganas de venir a estudiar: tienen ganas de comer. Cuando empezamos, hace seis meses, eran siete chicos y ahora son cuarenta”, señala.
La conformación de la rama cartonera en el distrito berazateguense no fue nada fácil, y comenzó con asambleas de recuperadores urbanos que compartían los mismos problemas, pero que, hasta ese momento, no estaban agrupados. “Nosotros hacíamos reuniones en una plaza porque estábamos teniendo inconveniente con el tema de los caballos. Ese fue el principio de nosotros”, comenta Laura. En Berazategui, la práctica estaba prohibida desde marzo de 2019 y no les habían dado otra alternativa para realizar su trabajo.
Entre estas cuatro paredes se alzan pilas y pilas de bolsones repletos con lo que recuperan día a día de los barrios aledaños. Se erigen como columnas y separan el espacio en distintas “oficinas” de trabajo. La mayoría de los cartoneros están ahora mismo recorriendo las calles en busca de residuos, cartón, plástico, chatarra: todo ayuda para sumar unos pesos. Y aunque sólo un pequeño grupo está ahora en el galpón, el ruido de las máquinas que procesan el material le exige levantar la voz. Aquí, mientras el agua de la pava se enfría, Laura revela cosas que nunca habían salido a la luz. “Al Patria Grande lo conocí saliendo de la comisaría. Yo estaba en casa cocinando con mi bebé de tres meses. Mi marido, que había ido a trabajar, me llamó y me dijo que control urbano le había sacado la yegua. Fuimos los cartoneros para que no se la llevaran y terminamos todos presos”.
“Nos llevaron como si fuéramos las peores personas del mundo, comisaría por comisaría. Mi suegra (Liliana) movilizó a todo Berazategui para que nos soltaran. Una cosa es que te lleven presa. Otra muy diferente es que vengan con los palos y te rompan todo el cuerpo. Eso hizo la policía aquel 19 de septiembre (de 2019). Nos hicieron sentir como delincuentes y no, somos trabajadores”, continúa. “Como para olvidarte, ¿no?, el día que te cagaron a palos”, comenta Analía.
“Todavía me duelen los huesos de la paliza que me dieron”, dice Laura y ninguna se inmuta: la violencia es cotidiana, una parte más de la vida de una cartonera. “Aparecieron compañeros abogados del Patria Grande de todas las localidades del conurbano, llenaron la comisaría y pudimos salir. Fue algo feo que nos tocó vivir. Además, mi bebé tenía tres meses, la llevaron a la comisaría y no me dejaron darle la teta. Desde ese día, mi hija no tomó más la teta”. Esa violencia también deja marcas.
“El año pasado, juntando 600 kilos de cartón al mes, llegabas a cubrir una canasta básica. Hoy, con la misma cantidad no llegás, son 200.000 pesos con suerte”, se lamenta Liliana.
“Después de eso, fue pelear con la municipalidad hasta que ellos accedieron a trabajar con nosotros. Gracias a eso, tenemos todo esto, pero fueron momentos feos para llegar a tener este galpón”, dice Liliana. Hace unas semanas, realizaron un convenio con el área de Obras Públicas, que los contrata para la limpieza de microbasurales en el partido. Antes, sólo les cubrían el gasoil del camión recolector, aunque fueran parte del circuito Bera Recicla. “Es una muy buena oportunidad para nosotros: nos permite tener un ingreso más”, explica sonriendo Analía. El cambio, según ellas, obedece a que se dieron cuenta de que el reciclado “es con los cartoneros y cartoneras adentro”. Ahora, aseguran, “si vamos a la municipalidad, nos abren la puerta y nos ofrecen café”.
Esa victoria logró levantar los ánimos de uno de los sectores más golpeados por las medidas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía. “Este gobierno nos fulminó a nosotros”, dice Liliana, la máxima referente cartonera de la localidad. Analía explica que la fuerte caída del consumo hizo que disminuyera también el volumen de los residuos; pero apunta a la vez que con la apertura de las importaciones la industria está comprando cartón en Brasil en dólares, aunque es más caro que en el país. “La industria no nos estaba recibiendo nada, se stockearon tanto de afuera que no querían comprarnos a nosotros. Hoy se puede ver que el galpón está explotado porque sigue pasando lo mismo”, agrega, mientras señala los grandes pilones de material que llegan hasta el techo. “El año pasado, juntando 600 kilos de cartón al mes, llegabas a cubrir una canasta básica. Hoy, con la misma cantidad no llegás, son 200.000 pesos con suerte”, se lamenta.
Los cartoneros y cartoneras nunca bajaron los brazos, y tampoco lo harán ahora. Por eso seguirán apostando a la organización popular. “Sabemos que no tenemos un lugar en la economía tradicional y capitalista que nos domina y no lo vamos a tener nunca”, afirma Analía, mientras Liliana sostiene: “La economía popular es de los compañeros que lucharon siempre, que salieron de abajo de la lluvia, del barro, que buscan sus verduras, sus carnes, su comida. Somos los que más nos rebuscamos la vida, no somos como los ricos. A veces estamos mejor, otras peor, pero nunca voy a bajar la cabeza por haber sido cartonera y por haber estado arriba de un carro”.
Oct 29, 2021 | Destacado 5, Trabajo
Por Delfina Villa
Fotografía: Guido Ieraci
Este jueves 28 de octubre, trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) realizaron una movilización para acompañar la presentación del proyecto de la Ley de Envases con Inclusión Social en la Cámara de Diputados. La marcha partió a las 10 de la mañana desde el Obelisco y concluyó en el Congreso de la Nación junto a un acto de cierre donde participaron dirigentes como Jacquelina Flores -cartonera, miembro del MTE y la CTEP-, María Castillo -directora de la Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, Sergio Sánchez -presidente de la FACCyR-, Juan Grabois -abogado y militante del MTE- y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
El proyecto de ley está basado en el principio de “responsabilidad extendida al productor” (REP), la cual plantea la obligación de los productores sobre el destino posconsumo de los envases que se introducen en el mercado nacional. Para ello, se propone la implementación de una tasa ambiental destinada a las empresas que los colocan en el mercado, beneficiando a aquellos productores que elijan utilizar materiales más fáciles de reciclar. Lo recaudado será destinado a la implementación de un Sistema de Reciclado con Inclusión Social que permitirá llevar adelante la recuperación de los envases para destinarlos nuevamente a la industria, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores cartoneros.
Desde el Ejecutivo habían anunciado que la ley se trataría en 2020. Pero aún no ocurrió.
Desde el Poder Ejecutivo se había determinado que la ley sería tratada en el mes de agosto del año 2020. Pero aún no pudo ser discutida dentro de la Cámara de Diputados. ‘’Nos pasa que en muchos municipios nos dicen ‘no hay plata’, ‘más adelante’ y la necesidad de nuestro sector ya viene atrasada hace tiempo’’, comentó Jonathan Castillo, presidente de la cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda y referente de la FACCyR. ‘’Nosotros necesitamos que nos entiendan, porque el reconocimiento de nuestros compañeros y la tarea viene atrasada hace años y siguen diciendo ‘vamos a esperar’. La misma burocracia de siempre. Tenemos que empezar a cortar con eso porque las necesidades de nuestros compañeros se tendrían que haber tratado antes. Yo estoy esperanzado que está ley que se presenta hoy se trate lo antes posible’’, agregó.
La ley no solo es fundamental para el sector cartonero, sino también para la política ambiental del país. En Argentina el 35% de los residuos que se generan por día terminan en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición irregular, lo cual genera la liberación de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La implementación de la REP permitiría aumentar de manera significativa la cantidad de envases reciclados y la recuperación de los residuos. ‘’Se debería haber pensado antes en nuestra casa común, en el medio ambiente. Nosotros, lo que proyectamos, más allá del reconocimiento económico de todos nuestros compañeros, es el cuidado de nuestra casa común’, señaló Castillo.
El reconocimiento del trabajo realizado por los trabajadores cartoneros sigue siendo una deuda pendiente. ‘’El sector cartonero estuvo siempre en la marginalidad, en la desigualdad y siempre es la lucha constante’’, expresó Brenda, coordinadora del turno mañana del predio Saavedra del MTE Rama Cartonera. La discusión de la ley significaría un avance en este reconocimiento, brindaría respuestas a sus reclamos y daría cuenta de todo su trabajo y crecimiento. ‘’Queremos el reconocimiento de que el laburo es tan digno como un recolector de basura o un barrendero’’, sostuvo Castillo.
La pandemia de covid-19 que se desató en el mes de marzo del año 2020 afectó duramente al trabajo que realizan los trabajadores cartoneros. ‘’ El ‘quedate en casa’ no es posible para un compañero porque nuestra fuente de trabajo está en la calle. Si el cartonero no sale a la calle no le alcanza, está muy por debajo de la canasta básica y se complica para saber si vas a comer o no vas a comer’, dijo Brenda.
Las malas condiciones laborales de los 150.000 cartoneros y cartoneras ya estaban presentes previamente al desarrollo de la pandemia. Muchos de ellos realizan su trabajo en basurales sin baño, sin agua y sin techo para cubrirse del sol o la lluvia. La imposición del aislamiento fue imposible de cumplir para el sector, por las tareas que realizan, lo que agudizó aún más la problemática. ‘’Tenemos dos realidades muy diferentes: un compañero independiente no ha podido comprar barbijos y lo único que podía hacer era ver si podía comer. Los compañeros que están organizados en una cooperativa tuvieron los insumos, pudieron quedarse en casa a hacer la cuarentena. El compañero independiente no podía quedarse en su casa, aún teniendo covid. Ni el Estado pudo garantizar muchas cuestiones necesarias’, manifestó Castillo.
Mar 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Lo acontecido alrededor del caso de M. mostró, con total crudeza, cómo lo más estremecedor de la pobreza existe -y resiste- en los rincones de la ciudad más rica de la Argentina. De repente, se puso sobre el tapete la realidad de este colectivo de personas absolutamente despojado de derechos. Y la ceguera que afecta a la sociedad en general parece cesar, al menos por unos días, al menos por unas horas.
Un censo realizado por distintas organizaciones e instituciones sociales en 2019 reveló que en ese momento había 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 871 eran niños y 40, mujeres embarazadas. Son innumerables las problemáticas que confluyen en estos números: entre ellas, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, la exposición extrema y constante a situaciones de violencia por razones de género, a consumos problemáticos y un tristísimo etcétera. La cifra, coinciden todos los actores involucrados, creció –aún sin relevamientos precisos- de manera exponencial tras la pandemia
En este contexto, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en CABA, en diálogo con ANCCOM explicó que es urgente la creación de “Centros de Integración que puedan recibir, contener y acompañar a las personas. Alguien que está hace años en la calle, tiene que aprender todo de vuelta porque justamente es una persona que fue expulsada del sistema social, económico y laboral en el que vivimos”. A su vez, dado que ya hay segundas o terceras generaciones en la calle, en muchos casos se trata de personas que nunca tuvieron una primera instancia de integración social.
“Hoy lo que hay son lugares deficitarios y que encima son escasos. Techo y comida. Punto. Claramente va a volver a pasar, que vuelven a la calle y ahí aparecen los discursos -que ignoran la problemática- que dicen que hay personas que eligen vivir en la calle”, narró Guillén y agregó: “Es una barbaridad, ¿quién elige pasar frío, hambre, tener que llegar a hacer colas de una hora y media o dos horas para pedir un plato de comida? Esa humillación, nadie la quiere. No hay un mínimo de empatía en todo eso.”
En cualquiera de las dimensiones de la problemática, las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas o, directamente, inexistentes, así lo remarcó la referente del MTE: “Por abordar solo uno de los ejes: al Instituto de la Vivienda de la Ciudad lo vaciaron, no hay presupuesto, entonces ¿cuál es la política de vivienda? ¿Cuál es el trabajo que se está dando para revertir la situación de los hoteles que son una mafia? No hay control, no hay regulación sobre eso y ni hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en Buenos Aires”. A su vez, cuestionó que “cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones legislativas del Gobierno de la Ciudad este año dijo que hay que criminalizar a las personas que trabajan en la vía pública: ¿qué hacemos con esa gente a la que no están dejando trabajar?”.
El caso de M. puso en escena la emergencia habitacional en la ciudad más rica del país.
En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, manifiestó que “el caso de M. debería ser un antes y un después pero a nivel nacional. Obviamente, el lugar donde hay más cantidad es en la Ciudad de Buenos Aires, no hay dudas. Pero nosotros siempre hemos insistido en esto de que la situación de calle no es solamente en CABA. Hemos viajado a otras provincias y hemos visto la situación de compañeros que es lamentable. Estamos cansados de la falta de respuesta a nivel nacional también”.
Un abordaje integral, nacional y colectivo
A partir de los acontecimientos, y en una urgencia repentina por querer resolver y aplacar la situación, se desató un sinfín de manuales paternalistas que intentan explicar e indicar qué es lo que se debería hacer. Instrucciones y dedos acusadores que ignoran absolutamente la realidad de calle y que lejos están de contemplar a las personas involucradas como actores activos y con capacidad de transformación.
“Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento, que nos apoyen en nuestra lucha, pero no necesitamos que sean nuestros voceros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo venimos demostrando hace muchos años, pero necesitamos que nos den las herramientas y los recursos”, afirmó Ávila y agregó: “Vos me podes decir que te duele mucho el frío de las calles y yo te entiendo y lo respeto y lo valoro, pero yo te puedo decir cómo se siente el frío de la calle: hay una diferencia. Queremos que eso se respete. Todo lo que se armó estos días en relación a nosotros sin que fuéramos partícipes, fue malísimo”.
Con respecto a la cobertura en los medios de la problemática en las últimas semanas, Guillén aseguró que además “la discusión que hay que dar ahora es cómo se tratan estos casos. Porque no se puede decir ‘mala madre’ a una persona que tiene un problema serio de salud mental, un problema serio de adicción. Además, los vínculos y la maternidad en calle son completamente distintos a la idiosincrasia que podamos llegar a tener los de clase media. Entonces hay que acompañar eso desde todos los ejes y tiene que haber un abordaje más humano de lo que hay hoy”.
En este sentido, Nicolás Silva, referente de Red Puentes -organización que aborda casos de consumo problemático y problemas de salud mental-, agregó que “el consumo problemático casi que va de la mano con la situación de calle. No es estigmatizar a las personas pero vivir en la calle es una situación muy extrema, que deteriora la vida en todos los aspectos. Nos encontramos con muchos casos también de padecimiento de problemas de salud mental graves: tratamos de abordarlos pero también tenemos un límite. Hay casos que necesitan una intervención fuerte del Estado, desde los hospitales, desde la salud pública”.
El Centro de integración Monteagudo es parte de Proyecto 7. Fotografía de archivo.
Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7, una organización que cuenta con cuatro centros de integración, participaron en el diseño del proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, presentado en septiembre de 2020 por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli. Si bien es evidente que una problemática con tantas aristas no se resuelve con una sola ley, “son varias las líneas de trabajo y acciones concretas que planteamos en el proyecto -sostuvo Fagioli-. Me atrevo a decir que es una ley muy pragmática. Está claro que hay una fundamentación basada en conceptos éticos y profundamente humanos pero, como siempre, avanzamos con lineamientos claros y concretos”.
El proyecto propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del ‘parador’ al que entran a las 8 de la noche para a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo -desarrolla el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”.
El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. “Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó con diferentes ministerios y junto a organizaciones y compañeros en situación de calle, que también saben cómo resolver el problema. Ese laburo, articulado con las organizaciones tiene que seguir estando, porque la problemática no se labura de otra manera que no sea articulando y de manera integral”, comentó Silva, de Red Puentes.
“Nosotros no podemos seguir cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo el Estado -advirtió Guillén, del MTE-. Por eso también es necesario proponer políticas públicas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la trinchera y no termina siendo transformador, que es lo que buscamos. Pero acá no hay que inventar ninguna rueda: el Estado tiene que poner los recursos para potenciar y mejorar lo que ya se viene haciendo”.
En este sentido, Fagioli expresó que “no es cierto que la realidad no se puede transformar, o que las cosas sólo pueden ser de una manera. Las organizaciones sociales vienen a destaparnos los ojos porque nos muestran con hechos concretos, específicos, que se pueden construir proyectos solidarios, colectivos y que realmente cambien el estado de las cosas”.
Con respecto al tratamiento del proyecto, el diputado aseguró que “hubo algo clave en estos días que fue la visibilización de la problemática, que nos tiene que ayudar para empujar esta ley y cambiar de una vez por todas esta realidad. Esperemos que la indignación y las ganas de transformar no se diluyan cuando el tema desaparezca de las pantallas”. Por su parte, Ávila mencionó que, en caso de ser aprobado, “necesitamos que nuestros compañeros sean protagonistas absolutos, si no otra vez va a haber un montón de gente, que no entiende nada, hablando por nosotros”.
Una problemática tan compleja, intrínseca y potenciada por las lógicas del neoliberalismo y enraizada, a su vez, a una historia de egoísmos de unos pocos que, como siempre, azotan las vidas de muchos, no puede menos que obligar a la Argentina toda a reflexionar, de una vez por todas, que no se trata de “empezar a mirar” algo que siempre estuvo pero que “nadie vio”, sino de dar lugar a quienes la viven, la padecen y, por ende, la comprenden en su total profundidad.
“Ojalá que en algún momento no existamos como organización: eso significaría que no hay más personas en situación de calle”, expresó Ávila y concluyó: “Mientras tanto, mejor es que seamos protagonistas y no actores o actrices secundarios. Queremos ser artífices de nuestras vidas y no que el resto nos diga lo que tenemos que hacer”.
Oct 7, 2020 | Comunidad, Novedades
“Al comienzo de la cuarentena aumentó mucho la demanda de bolsones, no nos alcanzaba la estructura que teníamos”, cuenta Sandra, productora del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rama Rural. En cuestión de días, pasaron de vender en un punto fijo a la semana a hacer dos repartos casa por casa al mismo tiempo en La Plata. Así fue que el MTE cuadriplicó las ventas y sumó otros alimentos saludables a su cadena de comercialización. “Llegamos a más personas que quizás comenzaron comprando por el precio, porque les servía para organizarse la alimentación en la semana y que no habían escuchado nunca sobre agroecología”, afirma.
Sandra lleva cuatro años produciendo alimentos agroecológicos en los «cinturones verdes», es decir, quintas alrededor de las ciudades. En estos lugares se producen las verduras que se consumen en los centros urbanos. Desde el MTE Rural, comercializan sus productos a través de la cooperativa Pueblo a Pueblo. «Somos una organización de pequeños productores. Teníamos la necesidad de ser escuchados y hacer visible nuestro trabajo”, destaca.
“Hoy somos muchos compañeros que tenemos toda la quinta agroecológica”, relata Sandra, que comenzó con este nuevo tipo de producción de manera colectiva, a través de talleres de capacitación. La expansión sigue. “Para poder ser más compañeros, hacemos talleres y un acompañamiento de seis meses. Los productores llevamos adelante la capacitación y somos los técnicos quienes hacemos el apoyo de la transición agroecológica. Mientras pasa ese tiempo, los nuevos logran integrarse al grupo, construyendo relaciones de confianza y comercialización”.
Acceso a la tierra, comercio justo, viviendas dignas, el fin de la explotación y masificar la producción agroecológica: esos son algunos de los objetivos que se plantean desde el MTE Rural. “Comercializamos estos productos porque queremos construir soberanía alimentaria. Esto es, producir alimentos sanos a precios justos, valorizando nuestro trabajo y a través de un circuito corto de comercialización, directo desde el productor al consumidor. Pensamos en la alimentación y la salud de la población local. Cuidamos de nuestra salud al no trabajar con venenos y la del medioambiente, sin contaminarlo, intentando reparar tanto daño hecho con la producción intensiva convencional”, explica Sandra.
El director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF) del INTA, Diego Ramilo, sostiene que la crisis generada por la pandemia representa una oportunidad para fortalecer el sector en manos de productores familiares. Y agrega que “a escala país, se observa un fuerte incremento en la demanda de bolsones con hortalizas agroecológicas con un aumento promedio del 50 por ciento en las ventas directas del productor al consumidor, mediante distintas comercializadoras de la economía social”.
La agroecología es más que los bolsones pedidos semanalmente a través de WhatsApp, formularios web u otros mecanismos virtuales. “La agroecología surge de una mirada crítica a lo que se llama agricultura convencional. Me gusta más bien decir agricultura industrial”, precisa el doctor en Agroecología Damián Vega. Esta disciplina analiza las consecuencias negativas que tiene el actual modelo de producción agropecuario desde el punto de vista ambiental, social y económico.
Degradación de los suelos, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad por la deforestación y de diversidad agrícola de semillas criollas nativas son algunos de las consecuencias ambientales que señala Vega. Las problemáticas sociales no escapan a la agroecología: “Las consecuencias sociales del modelo de producción vigente son los procesos de concentración de la tierra, del sistema agroalimentario, que lleva a que haya problemas en el acceso a la alimentación, problemas de malnutrición o directamente de hambre”, enumera.
La soberanía alimentaria está vinculada a la agroecología y a los movimientos que la impulsan “que son principalmente las organizaciones campesinas e indígenas. Con la agroecología se rescatan conocimientos antiguos (lo que llamamos agricultura tradicional) que no solo tienen que ver con técnicas agronómicas sino con las formas en que se organizan las sociedades”, remarca Vega.
“Las consecuencias del modelo de producción vigente son la concentración de la tierra, malnutrición y hambre», dice Vega.
La agricultura convencional o industrial “tiende a reducir los procesos agrícolas a una ecuación económica. Todo el sistema está motorizado y traccionado por la rentabilidad empresarial. Se busca maximizar ganancias del sector agroempresarial. Para eso hay que maximizar rendimientos. Esto deja fuera cuestiones sociales y ambientales”, asegura.
La agroecología se basa en pensar el diseño y el manejo de los agroecosistemas en base a dos pilares: la promoción de la biodiversidad (fundamentalmente entre las plantas) y la promoción de la salud de los suelos. “Es importante que el suelo esté vivo, que haya mucha biodiversidad de organismos que cumplen una serie de funciones y procesos que hacen a la salud de los agroecosistemas”, apunta. Esto reduce la dependencia de insumos externos y fomenta la no utilización de agrotóxicos. Además, la producción ganadera animal está contemplada en los agroecosistemas que propone la agroecología: “El pastoreo permite que haya un período de descanso para los suelos y que los pastos se recuperen del ciclo agrícola”, explica Vega.
“La agroecología se piensa en la sociedad. Es el manejo ecológico de la naturaleza por medio de acciones sociales colectivas. Los agricultores se organizan para impulsar la transición ecológica de forma colectiva. Los canales de distribución y comercialización son importantes. Esto lleva a producir alimentos respondiendo a las necesidades de la sociedad. Es una producción muy beneficiosa para pequeños productores familiares, campesinos e indígenas no sólo por la reducción en la contaminación, sino porque también reduce la dependencia de insumos externos y del mercado”, sintetiza.
Un movimiento federal
En Santa Fe, Venado Tuerto es catalogada como ‘La Perla del Sur’. Este nombre deriva de su importancia como polo del agronegocio en la provincia. “Hay una visión demasiado sesgada en relación a la alimentación y a la producción agropecuaria en la zona”, señala el militante de Ciudad Futura Venado Tuerto, Bruno Taddia.
Taddia integra el Mercado del Futuro, un proyecto de Ciudad Futura que tiende un puente entre productores y consumidores, haciéndose cargo de la comercialización de productos agroecológicos. “Nos fueron llegando experiencias de productores agroecológicos, de alimentación consciente y consumo responsable pero que tenían una estrategia individual, aisladas entre sí”, rememora. Desde Ciudad Futura, investigan cuál es la capacidad productiva y organizan bolsones que reparten a través de distintos puntos de la ciudad.
El precio justo es uno de los ejes centrales. “La alimentación es un derecho, pero por cuestiones estructurales es una necesidad que se intensificó con la pandemia. Entendimos que había que dar una respuesta concreta a la alimentación y que debía tener por protagonistas a las ciudades”, detalla. La respuesta desde la organización territorial fue la construcción de un circuito solidario que involucra a productores pequeños (con dificultades para comercializar) y miles de venandeses “que hoy están complicados”.
El proyecto agroecológico tiene una visión integral de su impacto en la sociedad venadense, según cuenta Taddia: “Desde una perspectiva económica, el mecanismo de venta directa posibilita acceder a comida rica, sana y un 40% más barata. Desde el lado afectivo, hay una mayor empatía cuando el consumidor sabe quién produce ese alimento: la producción deja de ser algo impersonal, generando mayor reflexión. El elemento territorial nos permite llegar y acercar esta experiencia a toda la ciudad. Y en cuanto a la salud, tal vez lo más importante es una alimentación sin veneno, sin intervenciones, y una transición agroecológica de los productores”.
«Queremos darle un carácter más democrático a estas nuevas formas de producir, comercializar y consumir», dice Bruno.
Y agrega, “Queremos repensar y discutir el modelo de producción y consumo imperante. La pandemia no es un elemento que apareció de la nada, sino que tiene una clara correspondencia con este sistema. Es insustentable. Queremos reivindicar la producción local y darles un carácter más democrático y más popular a estas nuevas formas de producir, comercializar y consumir. Que no sean un privilegio de determinados sectores sino un derecho de toda la ciudadanía venadense”, sostiene Taddia.
Mariana Arregui forma parte del Colectivo Agroecológico de Río Negro y hace tres años integra la organización Alimenta en Viedma. La agrupación nació como una comunidad de consumo constituida por familias productoras y consumidoras que empezaron a comercializar los primeros productos agroecológicos en la zona. “Buscamos contribuir al desarrollo y fortalecimiento de este tipo de producción”, explica. El objetivo principal no es vender hortalizas a cambio de dinero. “Como consumidoras le hablamos al consumidor para que se involucre y entienda el rol activo y político que tenemos a la hora de comer. Cuando tenés este tipo de experiencia te das cuenta que uno puede cambiar a pequeña escala”, dice.
Para esta organización la cuarentena también disparó las ventas: “Pasamos de 200 a 1500 familias. Sabemos que gran parte no está eligiendo los productos agroecológicos, sino que están accediendo a ellos porque es la forma más fácil. Para la distribución, se organizaron vecinos y familias para acercar los bolsones a cada barrio. Fue un trabajo en conjunto”.
La representante de la organización destaca la colaboración del INTA. «Hay un fuerte acompañamiento con los productores familiares en la asistencia técnica y en el traslado de bolsones con hortalizas agroecológicas para abastecer la creciente demanda».
Desde otro rincón del país, Solana Peña de Almacén para Terrícolas, cuenta: “En Tucumán, el consumo de este tipo de alimentos es muy incipiente. Solo un pequeño grupo de personas, en proporción a la población, lo consume”. Y agrega que uno de los principales problemas que señala es la falta de continuidad de los productos: “Es un tema del manejo de las huertas, que tengan variedad y se mantenga en el tiempo para que la comercialización sea viable y continua y no sólo esporádica”, afirma.
Según Peña, hubo un leve aumento de la demanda de estos productos, pero no está convencida de que sea una tendencia estable. “Hay que ver que no sea algo pasajero, de moda. Había muy poca concientización acá en Tucumán y quien consumía prepandemia era gente que estaba empapada en el tema”, observa.
Sin embargo, tiene esperanza: “Hay una franja de jóvenes que tiene más conciencia. También, estar en un contexto donde como sociedad estamos vulnerables (desde la salud a lo económico), está haciendo que algunas personas se pregunten sobre los modos de subsistencia, el modo de producción agrícola que ‘fomentamos’ al consumir lo que nos alimenta y cómo impacta en la salud de todos. No queremos más pueblos fumigados y, para eso, hay que cambiar el modo de producción. Es una gran oportunidad que tenemos como sociedad”.
En la localidad de San Rafael, Mendoza, la Asociación Feria de Arte e Integración (AFAI) trabaja en el armado, comercialización y distribución de bolsones de verdura, fruta y mercadería de productores locales desde hace más de cinco años. Los productores de la entidad firmaron un convenio con el INTA en el marco de la Mesa de Economía Social y Solidaria del Sur de Mendoza que articulan líneas de financiamiento. A partir de esto, distintos puntos urbanos de San Rafael y distritos como Punta de Agua y Agua Escondida reciben un promedio de 250 y 300 bolsones, abasteciendo de alimentos a pueblos alejados que quedaron aislados en la pandemia.
De la academia a su mesa
Bolsón Soberano es el nombre que lleva el proyecto de la cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA). Está integrado casi en su totalidad por estudiantes de distintas carreras de esa casa de estudios. “El bolsón funciona desde marzo de 2016 con entregas quincenales y propicia la generación de vínculos entre los diferentes actores de la cadena hortícola”, cuentan desde el proyecto. Durante los primeros meses de la cuarentena, pasaron de entregas quincenales a semanales de la misma cantidad de bolsones. “Afortunadamente, gracias a las herramientas y proyectos de la economía social, pudimos responder parcialmente a esta demanda”, explican.
Alineado con las premisas de la agroecología, Bolsón Soberano busca garantizar el acceso a los alimentos y la permanencia de estos canales de comercialización que sostienen el trabajo agroecológico de los productores, asegurando una retribución económica justa y consensuada. “Los productores reciben un 55 por ciento del precio final del bulto, el cual se concuerda en una asamblea donde participan distintas instituciones que forman parte de esta red”, indican. “Hábitos más saludables, conciencia sobre la producción y la búsqueda de una economía más justa son algunos ejes que se vienen plasmando a una velocidad más importante desde que se desató la pandemia”, concluyen.
Abr 4, 2017 | Comunidad
“Yo estaba sentado en la esquina con unos amigos cuando veo que la policía le pega a mi hermano, ahí afuera, y me vengo –cuenta Nahuel Sebastián Maydana, de 17 años-. Me empiezan a golpear y me llevan adentro del patrullero no sé a dónde”.
Nahuel y Matías recién fueron liberados a la madrugada. La mayor parte del tiempo, permanecieron en el móvil. Pero en el medio los trasladaron a un descampado, abrieron el coche y, mientras los golpeaban, llenaron la cabina con gas pimienta y volvieron a cerrar las ventanillas hasta convertir el vehículo en un lugar casi irrespirable.
“No sabíamos lo que estaba pasando, nos tenían retenidos sin motivo. Son así ellos, te meten causas… En un momento, un policía dice: ´Yo le doy un tiro y le doy el fierro al otro´. Como si mi hermano me matara a mí, así querían hacer”, relata Nahuel.
Un rato antes, cerca de las 19, la policía había comenzado un operativo en la esquina de Coronel Murguiondo y José León Suárez, en Villa Caraza, partido de Lanús. Sin previo aviso ni orden judicial, irrumpieron en el comedor Sueños Bajitos, ubicado a media cuadra, un espacio que nació hace seis meses.
“Los chicos quedaron traumados”.
Entraron a la fuerza por la puerta principal y por la ventana donde las familias hacen fila para servirse su vianda. De casualidad, dicen los testigos, los policías no se cayeron dentro de las ollas con comida. A Gabriela Salazar, ayudante de cocina, le dieron un culatazo atrás de la cabeza porque intentó cerrar la puerta para proteger a los chicos -de entre 3 y 12 años- que estaban por cenar.
A Maximiliano Maydana lo detuvieron por tratar de resguardar a su hijo, de dos años, que dormía en el comedor. “Cuando se llevaron a Maxi sentí mucha tristeza, él es un hermano para mí, es quien me cuida”, cuenta su cuñada Juliana, de 12 años. En la vorágine, los agentes atropellaron a niños, embarazadas y ancianos, hirieron con un balazo de goma a un chico de 12 años y tiraron a una nena de su silla de ruedas.
“Los chicos quedaron traumados”, afirma Aurora Zaracho, que trabaja hace seis años como cocinera de los cartoneros en el centro de reciclado que tiene el MTE en Barracas, y desde hace seis meses en el comedor de Lanús.
«Nosotros no teníamos a ningún pibe escondido, eran todas criaturas», cuenta María Gilda Aurora Zaracho.
“Esa noche se quedaron sin cenar”, cuenta Zaracho y se indigna: “Lo que hicieron no tiene nombre. Nosotros no teníamos a ningún pibe escondido, eran todas criaturas. El jefe de calle sabe quién roba, saben todo, pero perjudica a la gente más humilde, a los cartoneros. Por eso, llevé las ollas enfrente de la comisaría para que vean que no eran delincuentes a los que estábamos resguardando sino a los chicos que estaban por comer. Me duele la comida que tiramos”.
Una mujer llegó a filmar toda la secuencia con su celular pero la policía se lo sacó. Rápidamente, la fuerza dio su versión: que el patrullero venía persiguiendo a una travesti, sospechosa de homicidio, que se metió en el comedor.
El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, estuvo presente en el operativo. “No es la primera vez que (Kravetz) encabeza un hecho como este, es la segunda vez que pasa, porque busca política y agarra a los que no tiene que agarrar. Molesta a las personas que están trabajando”, sostiene Salazar.
Los peritos aparecieron en escena a poco del operativo y limpiaron todo. Más tarde se acercó gente del Municipio y les ofreció comida. “No me interesa que la Municipalidad me traiga mercadería –dice Zaracho–. Vinieron a pedirme si yo aceptaba las disculpas y ayuda del Municipio. ¿Qué arreglan con un fideo o arroz?”.
Según Diego Marqués, referente del MTE, las prácticas intimidatorias siempre existieron en la zona. Sin embargo, desde la asunción de Néstor Grindetti como intendente de Lanús, se volvieron más frecuentes. “El MTE siempre tiene presión porque es un movimiento que nació ahí, en los barrios, es algo histórico. Pero últimamente, con Kravetz, hay mayor tensión”.
Sin previo aviso ni orden judicial, la policía irrumpió en el comedor Sueños Bajitos, ubicado a media cuadra, un espacio que nació hace seis meses.
En el barrio padecen el hostigamiento constante de la Policía, los mismos adolescentes que trabajan recolectando cartón y reciben una mano en merenderos como el del MTE, son acosados. Hasta ahora no había “ninguna denuncia de un hecho preciso porque es algo que se vive en el barrio y no se puede visibilizar, pero esta vez sobrepasaron un límite”, subraya Marqués.
El intendente Grindetti negó que los pibes hayan estado secuestrados y desaparecidos la noche del jueves al viernes. Sin embargo, Nahuel y Maxi estuvieron dentro de un móvil policial durante cuatro horas. “Los estaban llevando a la Comisaría 5ta pero suponen que, porque estaba llena, los llevan a la 9na”, explica Marqués. Sin embargo, este cambio no fue informado al abogado del movimiento, Juan Grabois.
“¿Y dónde están los derechos del niño?”, se pregunta Gabriela Salazar y agrega: “Todo lo que se hace acá es hecho con amor y para los chicos, para las personas que en verdad tienen ganas de trabajar y ayudar. De eso se trata”. A su lado, Aurora Zaracho añade: “No fue justo lo que sufrimos. No vale un perdón, los chicos necesitan una explicación, y nosotros vamos a reclamar nuestros derechos”. En busca de respuestas y de respeto, hoy marchan a la Municipalidad de Lanús.
Actualizado 4/04/2017
