May 13, 2021 | DDHH, Novedades
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal otorgó una cautelar a Telecom Argentina. Por medio de este recurso judicial se suspende la vigencia de los artículos 1,2,3,4,5 y 6 del DNU 690, del 22 de agosto del año pasado.
El decreto establece, en su Artículo 1º que, “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC (telefonía móvil, Internet y TV por cable) son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.
La parte del decreto que más conflicto ha generado es la que otorga al ENACOM -la autoridad de aplicación- la potestad de fijar tarifas. En su Artículo 4 dicha norma dispuso suspender “en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades”.
No obstante esa fecha límite en contexto de emergencia, la nueva política extendió a la autoridad de aplicación la potestad de regular las tarifas para los servicios TIC, con atención a que en Argentina existen al menos 10 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad, para quienes diseñó también un paquete de servicios como Prestación Básica Universal (PBU) que obliga a las prestadoras a ofrecer planes asequibles.
En ese sentido, esta cautelar desautoriza la resolución del ENACOM que impidió la aplicación de aumentos del más del 5% en febrero pasado para los grandes operadores. Telecom decidió aplicar incrementos del 20% y judicializó el decreto aprovechando otra medida cautelar que el juez Ricardo Bustos Fierro concedió a una pequeña cablera cordobesa de unos 500 clientes. Esa acción estaba limitada inicialmente a la compañía TV Cable Color S. A., pero ahora la justicia cautelar metió la cola.
De esta manera, la empresa que integra Cablevisión Holding S. A. (Telecom, Personal y Fibertel) quedó habilitada para mantener aumentos de tarifas sin el permiso del Estado, por un plazo de seis meses en tanto avanza el proceso en el Poder Judicial.
Cada uno con sus matices, Colombia, Brasil y Chile declararon Internet como un servicio público esencial.
¿Cautelar mata DNU?
Sobre esta situación, Guillermo Mastrini, investigador y docente argentino especializado en políticas de medios masivos y en derecho a la comunicación, advierte que “no es un fallo definitivo” y que todavía Telecom “debe demostrar en qué medida se afecta sus intereses” con la aplicación del decreto. Según argumenta la empresa, se tratan de derechos adquiridos -en la gestión de Mauricio Macri- que afectan su ecuación económico-financiera y les modifica las reglas del juego.
El fallo mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis Márquez le da la razón a Telecom argumentando que el decreto afecta el derecho de propiedad de la empresa, que cambia la definición del servicio permanentemente y que no se usó de forma adecuada el Fondo de Servicio Universal, un canon del 1% de la facturación neta de las telcos para dar servicio allá en donde no les interesa invertir.
En contraste a esos argumentos, Mastrini se interesa particularmente en la disidencia de la jueza María Claudia Caputi, “que señala que no logra acreditarse lo suficiente el daño, es decir, que no se cuantifica objetivamente cuál puede ser el daño que este tipo de medidas genera para las empresas que solicitan la demanda”.
Tras la política de desregulación a favor de los grupos más concentrados del sector en 2015 a través de los decretos presidenciales de Macri, un interrogante que surge es la dificultad del Estado para poder regular nuevamente y de forma satisfactoria las telecomunicaciones. Para Mastrini, el Estado “tiene una enorme capacidad para regular el sector, lo que pasa es que lo tiene que regular bien”, aunque también reconoce que “no es fácil afectar intereses del mercado mediante procedimientos como el DNU. Está claro que se pueden cambiar cosas por DNU a favor del mercado, pero en contra es mucho más complicado”, explica.
Así, la mencionada sociedad escindida del Grupo Clarín, repite la práctica de manual tal cual lo hizo con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, y busca ganarle al gobierno en el ámbito judicial. En ese marco, para Mastrini hay dos cuestiones importantes: primero, “la capacidad enorme de resistencia que tienen las empresas en la vía judicial, ya lo han demostrado en muchos casos”; segundo, lo que él define como “cierto nivel de improvisación del gobierno”, ya que “si esta era una política tan importante, debería haberla sostenido de una manera más rigurosa, me parece que quedó endeble su presentación. No es porque no lo pueda hacer, sino porque me parece que fue en este caso realizada de manera un poco improvisada”, agrega.
Mastrini subraya la crítica sobre el problema de regular aspectos cruciales de las políticas públicas, como las telecomunicaciones, por decreto, porque “una opción que se planteaba al regular por decreto era precisamente la judicialización, que es lo que ha enfrentado el gobierno y en este caso ha hecho que tuviera un revés importante en la justicia”.
«Hay una capacidad enorme de resistencia que tienen las empresas en la vía judicial», describe Mastrini.
Unión sudamericana
Hay varios países de Latinoamérica que han declarado a las telecomunicaciones como servicios esenciales, especialmente durante la pandemia. Pero cada caso tiene sus particularidades.
En Brasil, el Poder Ejecutivo firmó un decreto en marzo de 2020 que otorga la calidad de esencial a los servicios de telecomunicaciones en el marco de la pandemia por el covid-19. La medida no tuvo mucho impacto en el mercado y sólo se pudo garantizar su funcionamiento durante el confinamiento.
En Chile, el Senado aprobó a mediados de abril el texto que confiere la calidad de servicio público al acceso a Internet, con el objetivo de garantizar la universalidad del servicio. Particularmente, se establece la obligación para los proveedores de conectar a los nuevos usuarios en un plazo no mayor a seis meses. Además, reconoce la facultad del gobierno para crear un subsidio, financiado a través de un fondo de desarrollo, y así pagar las cuentas de servicios de Internet de los usuarios más vulnerables. El proyecto fue aceptado por unanimidad.
Por su parte, Colombia no se queda atrás. En el marco de una crisis social, el pasado 28 de abril, el Senado de ese país aprobó el proyecto de ley presentado por Rodrigo Rojas, dirigente del Partido Liberal, para declarar a los servicios de telefonía e Internet como servicios públicos y esenciales de forma permanente. Dicho proyecto había sido discutido y aprobado por la Cámara de Representantes en octubre de 2020. Como en los casos anteriores, los operadores no podrán suspender la provisión del servicio. Asimismo, en momentos de emergencia sanitaria, se deberá ofrecer de forma gratuita hasta 200 SMS y navegación por 30 direcciones de internet sobre servicios de salud, atención de emergencias, gobierno y educación.
Sobre esta norma, Juan Pablo Madrid, abogado recibido en la Universidad de Los Andes y coordinador del Centro de Estudios de la Libertad de Expresión en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), sostiene que “es una buena iniciativa para que haya más operadores pequeños regionales que tengan exenciones de ciertos pagos y que se garantice en todo momento la conectividad continua y constante en todo el territorio colombiano”.
Esta ley también contempla promover un paquete de medidas para incentivar el acceso a Internet y facilitar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Pese a la importancia de estos avances, Madrid mantiene la cautela respecto al futuro y afirma que “la cuestión es cómo se va implementar, para que no cuente como que está conectado un municipio alejado porque tiene en el centro o en la plaza una zona de wifi gratis, sino que de verdad se otorgue acceso constante a la gente. Ese es el principal reto que tiene el gobierno de parte de los medios de comunicación y de las empresas de prestadores de servicios”.
La discusión por cerrar la brecha digital en Colombia arrastra mucho tiempo y la aprobación, por unanimidad de este proyecto de ley pretende ser el inicio de un buen augurio. A pesar de tratarse de un mercado signado por la concentración y con grandes empresas monopólicas (Claro, Movistar y Tigo), Madrid no observa mucha oposición y plantea que si bien la iniciativa puede implicar algunas cargas a los grandes operadores “es lógico que así ocurra”.
En la actualidad, sólo poco más de siete millones de hogares en Colombia tienen acceso al servicio de Internet fija, y representa menos del 15% de su población.
PBU en peligro
Volviendo a la situación argentina, hay otro tema importante es la implementación de la Prestación Básica Universal (PBU). El decreto obliga a los proveedores a ofrecer el PBU para los usuarios. Pero según los proveedores de servicios, los precios establecidos son bajos y ponen en riesgo su estructura financiera.
Para Guillermo Mastrini, la judicialización del decreto trajo como consecuencia que “la Prestación Básica Universal prácticamente no se usó en este período. La gente que utilizó la prestación básica es prácticamente ínfima”. En relación con esto, ante la cautelar que favoreció a Telecom, Mastrini agrega que “habrá que ver si mantiene esa prestación o directamente la quita”.
Pero quizás lo más relevante de esto es que el mercado de la telefonía queda en desequilibrio, ya que, remarca Mastrini, “Claro y Movistar están ofreciendo la prestación básica”. Los dos competidores de Telecom cumplieron con el decreto y las resoluciones del ente regulador, y fueron arreglando sus aumentos en base a la dirección del Estado.
Un dato curioso sobre la Prestación Básica Universal lo experimentamos desde ANCCOM. Llamamos al canal comercial para solicitarlo y en no pocas ocasiones la comunicación quedó en una espera eterna lo cual no es otra cosa que una denegatoria en la respuesta velada. En otros intentos la empresa respondió que estaban preparando los sistemas para su implementación pero nunca indicaron la fecha y el procedimiento para concretar la solicitud.
Así las cosas, las autoridades del ENACOM bailan un eterno minué mientras la operadoras saben que en tanto no les apliquen sanciones podrán seguir diseñando de facto las políticas públicas en comunicaciones.
Lo próximo a saber es qué pasará con la apelación del Estado sobre la cautelar, y esto marcará seguramente un nuevo capítulo de esta “batalla judicial”.
Continuará…
Dic 13, 2018 | Comunidad, Novedades
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 27 falló contra THX Medios S.A (Infobae) y a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A (Grupo Clarín/TN) por difundir información falsa por la cual incriminaron a Ivana Yolanda Burgos como presunta responsable de agredir en 2016 al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal durante un acto en Mar del Plata. Especialistas en derecho a la comunicación ofrecen sus puntos de vista sobre la sentencia que, de quedar firme, implicaría una multa económica y que ambos medios difundan que publicaron una noticia basada en hechos inexistentes.
El fallo reconstruye que el 8 de agosto de ese año la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una caminata “pacífica, sin ninguna bandera política, ni social” por la Villa 31 a la que Burgos asistió, vestida con una campera roja, tal como atestiguan distintas fotos. Por otro lado, el 10 de agosto Macri, en diálogo con el sitio estadounidense BuzzFeed, había calificado de “desquiciada” a Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo y declarado que no tenía “idea si fueron 9 o 30 mil los desaparecidos” en la última dictadura militar.
Dos días después de esas declaraciones, el presidente se presentó en el barrio marplatense Belisario Roldán junto a la gobernadora Vidal, en un acto en el que anunciaron nuevas obras a realizarse en dicha localidad. Allí se escucharon cánticos de manifestantes contra el mandatario en repudio a sus polémicas declaraciones del día 10, por lo que el evento se acortó y, en un clima de ebullición, tanto Macri como Vidal abandonaron el lugar en medio de insultos y piedras contra el vehículo en el que se retiraban.
El 14 de agosto los portales Infobae y Todo Noticias (TN) publicaron que se investigaba si una “mujer de rojo que estuvo en un acto con Cristina coordinó las agresiones a Macri en Mar del Plata”. Las respectivas notas fueron acompañadas por imágenes en las que se resaltaba con un círculo identificatorio a una mujer con campera roja, que se decía que era Burgos en el acto oficialista. Haber estado en un acto de la oposición y vestir una prenda de ese color bastó como sustento para establecer una infundada conexión entre ambos eventos.
Ante esta situación Burgos realizó una demanda por daños y perjuicios en la que expresa que el “aluvión de falsa información causó un gran alboroto y temor entre familiares, amigos y vecinos que comenzaron a preocuparse por su integridad física y psíquica”. Durante días, Burgos convivió con la “incertidumbre y el temor pensando que en cualquier momento sería detenida o demorada por una falsa imputación”.
Tras dos años de investigación, el fallo firmado por el juez Juan Martín Alterini el pasado 20 de noviembre dictaminó que Burgos no tuvo ninguna participación en los hechos ocurridos en Mar del Plata, por lo que ambos medios deberán abonar la suma de 150 mil pesos en un 50 por ciento cada uno, en el término de 10 días a partir de que la sentencia se encuentre firme. Además, la resolución dispuso que los portales Infobae y TN tendrán que publicar “por el lapso de cuatro días” como primer artículo “la siguiente noticia que contendrá la foto de la actora: “Condenan a Infobae y a TN por difundir una noticia falsa. La señora. Ivana Yolanda Burgos fue erróneamente implicada por este medio en los hechos de violencia en que resultó agredido el Presidente de la Nación y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. (…) Se estableció que era falso y que ninguna participación tuvo en el suceso con el Presidente. Quedó también probado que Burgos no estaba en el lugar cuando ocurrieron esos hechos lamentables (…)”.
Luis Lazzaro, especialista en educación, lenguajes y medios y docente de Derecho a la Comunicación en las universidades nacionales de Moreno y de Avellaneda, sostiene que el fallo es “ejemplar y oportuno en el contexto de la concentración de soportes informativos y creciente indefensión de la ciudadanía ante la manipulación informativa. La concentración editorial coincide con una convergencia tecnológica que ha creado condiciones ideales para anteponer intereses corporativos por encima de la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que es el derecho del público a recibir noticias libremente de fuentes diversas”. El académico agregó: “La verdad periodística cede así el lugar a la construcción editorial, que se apoya en medias verdades o en apariencias de los hechos para construir escenarios de opinión”.
En este sentido, Lazzaro, , destaca el análisis del juez Alterini cuando denuncia la actitud “negligente e irresponsable (del Grupo Clarín e Infobae) al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, lo que ha de entenderse sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado”.
Sin embargo, Damián Loreti, abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), asegura que “en términos de análisis comparado en materia de derecho de libertad de expresión tiene algunas cosas preocupantes”. Entre ellas, enumera “la efectiva mención como responsable o no en la nota”, que “el fallo dice que el daño moral se presume por la sola publicación, es decir que no necesita ser probado, lo que va en contra de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión”, y “la mención en el fallo que la tesis de la responsabilidad objetiva como factor de atribución de la responsabilidad del medio o el periodista basado en el ‘riesgo de la cosa’”, esto es considerar que un medio de comunicación es una cosa riesgosa y que, aunque no haya voluntad de agraviar, provoca daños a terceros y hay que hacerse responsable. “Puesto como un paradigma, esto es un retroceso”, afirma Loreti, que además critica que el fallo se sustente en “la aplicación de reglas de defensa del consumidor para evaluar los derechos de quienes ven los programas o leen el diario”.
Germán Angeli, editor jefe de TN, en diálogo con el sitio Chequeado.com, confirmó que apelará el fallo “porque la nota no asevera que se trate de la misma persona sino que dice que la Justicia ‘investiga’ esa posible identidad e incluso cita fuentes judiciales. Tampoco menciona a persona alguna”. En este sentido, “no es falsa la noticia publicada y cumple con los estándares que la jurisprudencia de la Corte estableció para la tarea periodística”. De todas formas, ahora queda por ver cómo sigue el recorrido del fallo en las otras instancias del Poder Judicial.
Ene 24, 2018 | Novedades, Trabajo
Después de los primeros dos años de gestión macrista, las transformaciones en en el campo de la comunicación se suman al cúmulo de medidas generales que evidencian su concepción de modelo estatal, su relación con las corporaciones empresariales y con los sectores más vulnerables. ¿El resultado? Una creciente concentración mediática que favorece a los grandes grupos económicos del sector audiovisual y de telecomunicaciones y que perjudica no solo al sector no comercial, sino también a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.
Marcha «La Ley de Medios no se toca» en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Diciembre de 2015.
El año pasado finalizó con la firma de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aprueban la compra de Cablevisión por parte de Telecom, una fusión que contiene una realidad innegable: el Grupo Clarín pasó a ser un gigante de las telecomunicaciones. Y aunque “las políticas de comunicación podrían mitigar estos procesos de intensificación de la concentración, lo que hacen es profundizarlo”, explicó María Soledad Segura, docente e investigadora de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con la consigna “convergencia tecnológica” el gobierno avala la fusión de empresas que históricamente fueron separadas por barreras regulatorias. Y con artilugios legales se saltean instancias parlamentarias para que la legislación entre en vigencia. Con el DNU 267/15, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se vio modificada y desmembrada en algunos artículos fundamentales. Por un lado destruyó la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA), así como también diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
En consecuencia, creó el ENACOM, un organismo que incluye en su directorio siete personas, de las cuales cinco son elegidas por el poder ejecutivo. Damián Loreti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abogado especializado en derecho a la información y uno de los principales impulsores de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que esta medida “va en contra tanto del procedimiento como del contenido que los estándares interamericanos de Derechos Humanos señalan sobre autoridades de aplicación”.
Por el otro lado, el DNU relajó las barreras de control de concentración a través de tres vías explícitas: “Primero, aumentó la cantidad medios que se puede tener. Segundo, sustrajo el cable a las reglas de los servicios de comunicación audiovisual, pensando que eso los hace convergentes. Tercero, prohibió a DirecTV hacer otra actividad que no sea la televisión satelital, y eso tenía como destino fortalecer a Cablevisión, al limitarle la competencia a DirecTV, cosa que corrigieron por presiones del gobierno norteamericano”, explicó Loreti.
En este sentido, Luis Lazzaro, periodista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y ex coordinador del antiguo AFSCA, aseguró: “No hay nada que jurídicamente impida que esto sea resuelto desde un Congreso. Se trata de una situación claramente inconstitucional, de ningunear al Congreso argentino, de invocar pretextos que no tienen razón de ser ni de necesidad ni de urgencia”, refiriéndose a los DNU que dictó el Poder Ejecutivo desde fines de 2015 y a lo largo de su gestión.
Para María Soledad Segura, “esas medidas transitorias están reestructurando al mercado de manera muy profunda y esto va a tener implicancias muy difíciles de revertir, incluso con la mejor ley que podamos imaginar basada en el paradigma de derechos humanos”. Tal es así que la situación de los medios comunitarios, quienes tenían una expectativa de participación muy grande tras la sanción de la ley 26.522, se ve agravada. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que para el gobierno “los medios comunitarios son innecesarios porque no generan productividad de mercado”. No obstante, para ella, quien además trabaja como asesora de estrategias en gestión de políticas de medios de comunicación comunitarios y populares, “el impulso que se dio durante estos seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha dejado mejor parado al sector. De hecho, se han creado muchos medios y estos se han agrupado. Lo que tienen ahora es un ahogamiento económico”.
Allanamiento del AFSCA en diciembre de 2015.
Lo dicho anteriormente se evidencia con la suspensión de los llamados a concurso y de los pagos para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): “Están impagos FOMECA del 2015, están impagos la mayoría de los FOMECA 2016. El concurso de ese año se llamó recién en octubre. Y el concurso a los FOMECA 2017 se va a llamar recién en febrero del 2018 con lo cual ya tienen un retraso en los pagos y en la realización de los concursos muy importante”, confirmó Segura. Y como contrapartida -agrega- existen “emisoras sin fines de lucro, que están en situación de ilegalidad también producto de la inacción estatal, a las que se les realizó intimaciones y allanamientos”.
La promesa oficial de una nueva Ley de Convergencia Tecnológica que repararía los abusos cometidos por el exceso de DNU sigue en pie tras una tercera solicitud de prórroga por 180 días para dar a conocer el proyecto. Si bien el constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó el proyecto que la comisión destinada a tal fin había presentado en marzo de 2017, después de un año de trabajo, “todo parece indicar que al gobierno no le cerró y quedó cajoneado hasta este momento”, sostuvo María Soledad Segura. Sobre el contenido de ese primer borrador, Lazzaro concluyó: “No está mal encaminado porque retoma mucho de los principios de la ley 26522 y 27078, aunque se ve de nuevo que trata de preservar los intereses de Grupo Clarín y companía”. Desde otra perspectiva, Villamayor criticó que en el anteproyecto “el sector social no está representando”.
El año 2017 y los comienzos de 2018 mostraron cierres de medios como Agencia DyN; la revista El Gráfico; los diarios La Razón y La Mañana de Córdoba, entre otros, y miles de despidos en medios tanto públicos como privados, además de graves atrasos en el pago de salario como ocurre en Radio Del Plata o las crisis como la del Grupo Indalo. La responsabilidad de la política comunicacional de Cambiemos es evidente. Para Loreti “el panorama es más que sombrío y la responsabilidad es más que obvia”. El mal manejo de la pauta oficial sumado a una economía cada vez más recesiva parecen ser los detonantes de la situación de crisis que atraviesan no solo las pequeñas empresas, sino también algunos grandes grupos económicos: “Para algunos medios se aumentó más de un 500 por ciento la pauta y para otros ni siquiera se respeta el porcentaje mínimo que la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública dice que hay que cumplir. A esto se suma la cantidad de plata que el gobierno está poniendo en redes sociales y en medios digitales”, finalizó Loreti.
Damian Loreti en una charla por la Ley de Medios, clase de Derecho Constitucional a cargo de Andrés Gil Domínguez.
Movilización de los medios comunitarios frente al ENACOM en el edificio donde funcionaba el AFTIC.
Actualizado 24/01/2018
Jul 6, 2017 | Trabajo
El viernes pasado, a última hora, la Comisión Nacional de Valores anunció la fusión entre las empresas de Telecom Argentina (Fintech Advisory) y Cablevisión Holdings (Grupo Clarín). Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aún no se expidió sobre el caso, fuentes cercanas al organismo dejaron trascender que la autoridad regulatoria no se opondría a la operación, con lo cual la responsabilidad podría quedar en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia luego de que las dos empresas formalicen la fusión por absorción. ANCCOM dialogó con los especialistas en materia de comunicaciones, Glenn Postolski, Fernando Krakowiak y Diego Rossi, para comprender el impacto social y político de esta fusión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en Argentina.
«La fusión con Telecom constituye la consumación definitiva del triunfo político del Grupo Clarín sobre quienes buscaron impulsar una regulación capaz de ponerle freno a la concentración del mercado audiovisual. Si bien el desmembramiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya había significado un punto de quiebre, esta compra posiblemente convertirá a la sociedad que surja de la fusión en la empresa argentina más grande del país”, explicó Krakowiak, periodista de Página/12 y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En la misma línea, Rossi, maestrando en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y profesor de la UBA, opinó que “desde el DNU 267 de 2015, el gobierno de Cambiemos fue tomando medidas que permitieron que esto sea posible. Invocando la libre competencia, han producido una concatenación de compromisos políticos que vienen desde la campaña presidencial. Puede ser un buen negocio para Clarín y David Martínez (empresario mexicano titular de Fintech), pero si lo vemos desde el lado de lo público existe un conflicto de intereses. Los que perdieron fueron todos los argentinos. El gobierno negoció su autonomía y su capacidad regulatoria en función de los intereses de estos medios”.
Por su parte Postolski, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, sostuvo: “que el principal grupo multimedios se posicione como una de las empresas dominantes, formando un conglomerado de comunicaciones que pasa a ser una de las principales empresas del mercado, -tanto en la producción de contenidos como en la distribución- distorsiona o genera condiciones para que las corporaciones tengan cada vez mayor peso”.
Socios desde 2005 por la compra de Cablevisión, la composición accionaria de la nueva firma tendrá como accionista mayoritario a Fintech, con un 41% de las participaciones, mientras que el Grupo Clarín obtendrá un 33% del capital accionario. El resto de las posesiones cotizarán en el mercado. La nueva unión entre las empresas apunta a una estrategia de complementariedad de servicios que le permite reforzar sus posiciones en el mercado. El Grupo Clarín, a través de Cablevisión Holdings, ingresará definitivamente al mercado de la telefonía móvil; en tanto que Telecom, podrá acceder al segmento de televisión por cable. “En realidad es la primera vez que va a suceder, porque regulatoriamente estaba prohibido que las telefónicas brinden televisión paga; con esa prohibición efectiva el cuádruple play no se podía brindar – apuntó Krakowiak -. Lo que estableció el ente regulador es que a partir de enero de 2018 las telefónicas puedan brindar televisión paga, entonces en este caso Telecom/ Clarín van a poder ofrecer un combo (eventualmente, no digo que lo vayan a ofrecer) en el cual incluyan televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija y banda ancha. Ahí estaríamos frente a la oferta de lo que se conoce como cuádruple play”.
Monopolio en el interior del país:
Los tres especialistas coincidieron en que uno de los principales puntos de conflicto que traería la consolidación de esta nueva estrategia de negocios por parte de ambos conglomerados comunicacionales sería que, en muchas zonas del país, la empresa puede funcionar como la única prestadora del servicio de internet por banda ancha. “Hay muchas localidades del país donde Telecom y Cablevisión son las únicas dos empresas que ofrecen el servicio, y en esos casos va a quedar un solo operador –señaló Krakowiak-. Es probable que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al momento de evaluar la aprobación de la operación de concentración económica resuelva fijar algunas exigencias para la aprobación y puede ser que desinviertan en algunas de estas localidades o ver la posibilidad de que ese mercado sea desafiable por otros operadores. Todo dependerá de la voluntad política del gobierno. Hasta ahora no ha demostrado ser muy exigente para con ese grupo”.
La situación del monopolio, según Postolski, traería como una de las consecuencias que “sólo ellos tendrían capacidad de llegada y capacidad de imponer los precios, lo cual es un condicionante para el acceso a la información de una buena parte de la sociedad, en particular de esas localidades”. En tanto, Rossi consideró que este escenario “es insostenible porque existen zonas donde no habría competencia”, de modo que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería anularlo y exigirles a los actores abrir el panorama, si no se produce una convergencia asimétrica”.
Espectro y convergencia, sus flexibilizaciones
La asignación de espectro dispensada por el Estado en los últimos meses, según indicó Krakowiak, “si bien se hizo en el marco de una negociación, fue de manera poco transparente la forma en que el gobierno la llevó a cabo tanto con Clarín como con las tres grandes telefónicas, una de las cuales ahora es de Clarín”. El problema es que el espectro fue asignado – aunque aún no adjudicado- por el Estado tanto a Clarín como a las telefónicas, a demanda y no mediante una licitación pública, en donde debe haber una puja por el precio, para que de esa forma el Estado pueda incrementar los ingresos del activo que vende. Krakowiak explicó que “con Clarín hubo una jugada polémica porque compró unas empresas que tenían un espectro destinado a un determinado uso y una vez que tenía asignado ese espectro y esas empresas, pidió el cambio de función de ese activo”. Es decir, el espectro que compró no era apto para brindar telefonía móvil, pero una vez adquirido pidió cambiar su función y utilizarlo para esos fines. “Cuando lo compró lo pagó a un precio mucho más bajo que lo que se tendría que haber pagado si se vendía para brindar telefonía móvil”, subrayó el especialista, y agregó: “No está mal, de por sí, otorgar el espectro a las empresas, el tema es qué contraprestaciones se fijan a cambio de ese espectro. No sólo en cuanto a lo que pagan esas empresas para hacerse de ese activo, sino también por los posteriores compromisos de inversión que asumen para mejorar el servicio a partir del uso de ese espectro”.
Si bien no hubo muchas declaraciones por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, expresó en el programa radial «Y ahora quién podrá ayudarnos», que estaba de acuerdo con que hay que tener cuidado con la concentración de medios pero que “hoy en el mundo tener servicios de Internet separados de los de la telefonía no tiene futuro, esto es la convergencia».
En referencia a esto Postolski explicó que “lo que aparece como parte de un discurso tecnológico, donde la convergencia es una panacea, en realidad se busca por detrás que exista una empresa con una posición cada vez más consolidada en los distintos sectores del mercado de las telecomunicaciones y la comunicación, lo cual termina siendo una barrera para la aparición de otros competidores”.
En relación a este tema, Krakowiak aclaró que “no necesariamente brindar servicios convergentes es sinónimo de brindar servicios de manera monopólica o dominante. Podrían brindar servicios convergentes varias empresas. Está claro que en el mundo no hay decenas de empresas en los mercados que se repartan en porciones iguales, siempre son dos, tres o cuatro y depende de la regulación y de los límites que se impongan a la concentración del mercado”. Para el caso argentino, explicó, “esos límites que ponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se flexibilizaron, y entonces la responsabilidad de regulación que tiene el gobierno queda en manos de la Oficina Nacional de Defensa de la Competencia”.
En cuanto al rol del Estado como interventor, Postolski sostuvo que “tiene como objetivo mejorar el servicio y evitar posiciones monopólicas. Yo creo que en un mercado que concentra cada vez más la lógica de negocio, donde todo está pasando por la telefonía celular, bien vendría repensar cuál debería ser el rol de la intervención del Estado en ese sector. Regularlo y generar condiciones de servicio universal y de abaratamiento para mejorar el servicio para el conjunto de los ciudadanos”.
Actualizada 06/07/2017
Ene 25, 2017 | Trabajo
La medida de fuerza de los empleados de AGR –propiedad del Grupo Clarín– lleva más de una semana. Atrincherados en el taller grafico, ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, los trabajadores denuncian el vaciamiento de la empresa. La gerencia de AGR aduce no tener trabajo suficiente para mantenerlos en sus puestos. Lo cierto es que, durante estos días de toma, otros talleres recibieron llamadas del Grupo Clarín para encargarles parte del trabajo que antes realizaban en AGR. Tal es el caso de la Cooperativa Poligráfica del Plata. “Necesitaban imprimir y coser urgentemente”, afirma Rodolfo Pugliese, integrante de Poligráfica, y agrega: “Pero cuando nos enteramos que era trabajo de AGR lo rechazamos inmediatamente”.
Marcelo Quinteros, afónico por los nervios que le provoca esta situación, trata de poner en palabras lo que están viviendo sus compañeros y él. Sobre la represión que sufrieron el martes pasado, considera que fue una acción premeditada entre el Gobierno porteño y las fuerzas de seguridad. “Da la casualidad que ese martes nos convocan a una reunión urgente con la persona que intervenía en este conflicto en el Gobierno de la Ciudad. Cuando salieron los colectivos a manifestarse al Ministerio, instantáneamente la policía se empezó a replegar y quiso vallar a unos 20 ó 30 metros de los portones. Querían aislar a los que habían quedado dentro del taller”. En la vereda, se encuentran acompañando familiares de los empleados que están en el interior de la planta. “A la policía esto no le importó -cuenta Quinteros-: le pegaron a chicos, mujeres, gente adulta. Por suerte, pudimos resistir la embestida y evitar el vallado”, añade.
Momentos antes de la represión, a los trabajadores los sorprendió la presencia del gerente industrial de AGR, Andrés Wertheim, quien se acercó a mirar lo que sucedía de manera desafiante. A esta provocación, le respondieron con cánticos. Hasta ahora, ni la Policía ni Gendarmería intentaron desalojar el edificio, pero los operarios, igualmente, mantienen guardias permanentes por si quisieran hacerlo.
Sobre la reunión del jueves pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, Quinteros sostiene: “Fue trunca. El Gobierno sigue dándonos la espalda. Nos dijeron que no pueden dictaminar nada, que lo que está haciendo la empresa es legal”. El viceministro Ezequiel Sabor se negó a llamar al jefe de la Cartera, Jorge Triaca, pero tras la presión ejercida por la comitiva de AGR terminó prometiendo un futuro encuentro.
La única comunicación de la empresa ha sido el papel pegado en la puerta el lunes 16 con la información de que la planta cerraba y que todos los empleados tenían su indemnización a disposición. Ningún directivo se puso en contacto para buscar una solución al conflicto. Los trabajadores, mientras tanto, se mantienen unidos y ninguno aceptó la propuesta de la compañía. Debido a esto, un estudio jurídico comenzó a llamar a los despedidos recomendándoles aceptarla porque, según les dicen, a fin de mes vence. La oferta es de 120% de lo que le corresponde a cada trabajador, más prepaga por un tiempo determinado. “Lo peor es que piensan que somos ignorantes, porque te dicen que si no aceptás solo van a pagar el 50% de la indemnización. Y eso no corresponde de ninguna forma”, relata Quinteros indignado. Cada vez que una familia recibe el llamado, le avisa a la comisión interna para decidir, entre todos, qué hacer en cada caso. Hasta hoy, la actitud es no responder ni ir a la cita. Como si el despido no hubiera sido suficiente, hasta la mañana del viernes los trabajadores tampoco habían cobrado la primera quincena de enero.
En medio de todo esto, Quinteros valora el apoyo recibido: “Que te des vuelta y veas la columna que te sigue, tan numerosa, que día a día venga gente diferente preguntando `¿con qué podemos ayudar, qué necesitan?`… No tenemos conciencia de la magnitud que está abarcando esto, Clarín tampoco. No tienen noción de hasta dónde estamos llegando”. Ocho días de toma se sostienen con solidaridad: las familias que acompañan, las agrupaciones sindicales, políticas y estudiantiles que acampan en la puerta del taller. “Nos han traído cajas de pollos, ropa, ahí están entrando colchones nuevos, agua mineral, de todo nos traen”, enumera.
El sábado último se realizó un plenario en la calle en el que la asamblea resolvió realizar este martes una jornada de lucha por la reapertura de AGR en diferentes edificios de Clarín. Un pedido de reunión con la CGT, acompañados por la Federación Gráfica Bonaerense, es otro de los pasos previstos, a la vez que impulsan un fondo de huelga para sostener el reclamo y la extensión del acampe en la puerta del taller de Corrales 1393.
“Somos 380 familias que estamos en la calle, estamos dispuestos a pedir reuniones con el Presidente, el Papa, con quien sea. Estamos dispuestos a todo para defender nuestro trabajo”, concluye Quinteros.
24/01/2017
