Ene 17, 2017 | Trabajo
La Policía Federal lanzó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes que se solidarizaban, este martes, con los 380 trabajadores despedidos de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), perteneciente al Grupo Clarín. El delegado Ezequiel Gatti recibió dos perdigonazos en la cabeza y otro en la espalda.
El lunes por la mañana, los operarios llegaron a su lugar de trabajo y lo encontraron cerrado, con un cartel en la puerta que informaba un teléfono para negociar indemnizaciones. Por esa razón, decidieron tomar los talleres ubicados en la calle Corrales 1393 del barrio de Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires.
La gráfica funcionó con normalidad hasta la semana pasada, pero los empleados denuncian una maniobra de vaciamiento premeditada. Un operario del sector de Rotativa, con 15 años en la compañía, denunció que “se llevaron 16.000 bobinas”. Y agregó: “Ni para lavarnos las manos dejaron”. Ante estos hechos, los trabajadores montan guardia para evitar que retiren las máquinas más grandes.
La maniobra del Grupo Clarín viene de antes. “Hace un mes fuimos a hablar con los directivos porque nos dimos cuenta que estaban imprimiendo las revistas Viva, Genios, Miradas -la de Cablevisión- y folletería de Garbarino y Frávega, en otros talleres, pero diciendo que eran de AGR”, cuenta un obrero del sector de Encuadernación con más de 30 años de antigüedad en la empresa. Los directivos argumentaron que había más trabajo del que podían absorber. Tal es el grado de planificación, sostiene, que ya se encuentra impresa toda la tirada de Viva hasta fin de febrero. “Están cubiertos por un tiempo”, dice el operario, junto a un compañero, sentado a la sombra, en la vereda de la fábrica.
El lunes, el grueso de los trabajadores quiso ingresar a sus puestos y se encontró con un operativo policial. Frente a esta situación, ochenta operarios ingresaron y tomaron la planta en defensa de sus puestos de trabajo, mientras el resto quedó del lado de afuera.
Los trabajadores piden la reincorporación de los despedidos, rechazan la indemnización y desconocen el “retiro voluntario” que propone el Grupo Clarín. Daniel Pellegrino, empleado del sector de Control de Calidad, afirma: “Nos dimos cuenta que algo se iba a venir, porque es demasiado el vaciamiento, demasiado el trabajo que se está adelantando acá y el que están mandando a otras gráficas del Gran Buenos Aires”. Otro operario cuenta que en noviembre de 2016 los directivos ofrecieron la desvinculación de 65 trabajadores como parte de un plan de reestructuración, pero ellos se negaron.
La empresa emitió un comunicado en el cual habla de la “reconfiguración que atraviesa el sector de impresión comercial” y la necesidad de una “reestructuración”. De paso, hace responsable al gremio de la situación: “Existen varios sectores industriales que han logrado atenuar dificultades económicas o cambios en la tecnología con acuerdos gremiales-empresarios que posibiliten un horizonte de futuro para la empresa. Incluso ha habido ejemplos en el sector gráfico. Pero en la planta Pompeya desgraciadamente ello no ha sido posible”.
Otro de los motivos que aduce la empresa es el “el rechazo a la realización de trabajos de impresión –por solidaridad gremial–, al provenir de talleres que habían cerrado sus puertas”. Según los trabajadores de AGR, se trataba de trabajos provenientes de la ex Donnelley y la negativa a hacerlos fue en defensa de los compañeros echados de esa imprenta.
Uno de los operarios recuerda que ya en 2004 vivieron una situación similar. En esa ocasión, quisieron despedir a 140 empleados y que gracias a la lucha de la comisión interna redujeron ese número a 80.
Desde que se inició el conflicto, se acercaron referentes políticos y gremiales a la puerta del taller, custodiado por unos cuarenta agentes de la Policía Federal. Entre ellos, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. A partir de las 18 del lunes, la Gendarmería desplegó un cordón de sesenta efectivos con escudos y palos. El dispositivo de seguridad ocupa todas las entradas.
Ese mismo día se había montado un escenario donde se destacó la presencia de Silvia Martínez Cassina, periodista de Canal 13 y delegada gremial de la Comisión Interna de esa emisora, quien hizo una firme denuncia a la precarización laboral a la que se quiere empujar los trabajadores de AGR y a los de todo el Grupo. También estuvieron los dirigentes del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Nicolás Del Caño. Uno de los discursos más aplaudidos fue el del representante de la Federación Gráfica Bonaerense, Mario Abraham, que convocó a un paro general del gremio gráfico para este jueves y llamó a todos los trabajadores del sector a no realizar trabajos provenientes de AGR. Todos los oradores coincidieron en que la tercerización de las impresiones y las “negativas” que plantea la empresa son parte del plan de flexibilización laboral avalado e incentivado por el Gobierno nacional de Cambiemos.
Pablo Viña, delegado de los trabajadores de AGR-Clarín, cerró el acto desde adentro de la fábrica. Agradeció el apoyo de los trabajadores, denunció que la redacción del diario Clarín y el taller de Zepita-Clarín trabajan bajo custodia policial. Viña se dirigió con tono desafiante al CEO del Grupo Clarín: “Si querés combate lo vas a tener, Magnetto”. También denunció que el Ministerio de Trabajo, tanto de este Gobierno como del anterior, no hizo nada frente a sus reclamos. Y desmintió que la empresa no tuviera trabajo: “Por el contrario, hay mucho; son excusas para querer quebrar la empresa”.
Mientras los telegramas de despido iban llegando a cada familia y la toma continuaba, los delegados de AGR fueron convocados el martes a una reunión en el Ministerio de Trabajo. En el encuentro, los representantes de la empresa ratificaron su decisión de despedir a todos los operarios y los delegados gremiales solicitaron que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, una medida habitual en este tipo de conflictos. Insólitamente, los funcionarios de la Cartera Laboral que estaban presentes manifestaron que no estaban habilitados para intervenir.
18/01/2017
Ago 5, 2016 | inicio
Luego de una asamblea en la que debatieron la situación de precarización laboral que están viviendo, los trabajadores de AGEA SA-Grupo Clarín decidieron llevar su reclamo a la calle y cortaron Tacuarí –donde se encuentra la sede de la redacción– con termos, cacerolas y otros objetos que golpearon al ritmo de “No me alcanza, la guita no me alcanza…”. El principal problema, dijeron a ANCCOM los redactores, es que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) firmó un acuerdo paritario que establece una recomposición salarial de 25 a 27 por ciento en 13 meses, mientras que el diario publica en sus tapas que la inflación estimada será alrededor del 45 por ciento interanual. “No solo que no empatás la inflación, sino que además perdés 20 puntos, o sea que estás trabajando prácticamente gratis”, dijo Juan José Marón, periodista de Olé.
Si bien hace tiempo vienen realizando medidas de fuerza para visibilizar su reclamo, en los últimos meses estaban a la espera de una respuesta: “Era un impasse, porque había una mesa de negociación. Pero la propuesta que hicieron fue insuficiente, los sueldos están muy por debajo, incluso algunos pasan la línea de pobreza. Necesitamos que se pongan serios y hagan una propuesta real para todos”, expresó Gerardo Morel, delegado gremial y trabajador de la sección de infografías de Clarín desde hace 25 años.
En un contexto de crisis, tarifazos y creciente inflación, los trabajadores de Clarín encontraron irrisoria la cifra pactada por UTPBA con la patronal. “Tenemos un problema, el histórico gremio de prensa hace mucho tiempo está cooptado por las propias empresas. Este es el tercer año que va a paritarias solo, sin delegados, y que cierra la peor cifra del país. Este año rompió records, porque mientras todos los sindicatos firmaron un promedio de 25 por ciento para 6 meses, la UTPBA firmó entre 25 y 27 por ciento para 13 meses, ni siquiera para un año”, explicó Francisco Rabini, editor de Clarin.com, delegado de AGEA SA, y dirigente del recientemente creado Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Y agregó: “Nosotros lo que denunciamos es que la empresa que publica en la tapa que la inflación interanual supera el 45 por ciento pretende que a nosotros se nos licúe el salario con una recomposición salarial que, anualizada, es menos del 23 por ciento”.
Dardo Villafañe, periodista de Arquitectura, lleva 22 años en la empresa y considera injusto que trabajadores con más de 20 años de experiencia cobren alrededor de 20.000 pesos. Según explicó, la escala salarial es muy variada, incluyendo sueldos de 7.000. “Lo que estamos reclamando es que el acuerdo paritario vergonzoso que firmó la UTPBA no sea tomado como un techo, sino como un piso. Esta situación ya es el colmo. Y cada vez somos más reclamando, pese a que cada día somos menos. Tres o cuatro personas por día se van del diario, porque se cansan y se terminan yendo. De Olé, Genios, La Razón y de los otros productos gráficos. MUY desapareció y se convirtió en una página web”, concluyó.
El delegado Francisco Rabini también denunció la situación laboral de los redactores. “Nosotros reclamamos que al menos ellos ganen la canasta básica total –que incluye alquiler. En abril estaba 19.000 pesos, y nosotros tenemos redactores que hoy en día están ganando en mano 14.000, teniendo en cuenta que actualmente la canasta básica debe estar bastante más que en abril”, dijo.
Frente al reclamo de los trabajadores, AGEA SA y la UTPBA responden con evasiones o soluciones que no condicen con la situación económica actual. “Hace años que vienen rasgándose las vestiduras. Antes era por la pelea con el gobierno. De 2014 a ahora todo es llorar la carta, siempre es crisis. Ahora hablan de la crisis mundial”, denunció Rabini. Y agregó: “La verdad es que los números de la empresa son públicos, porque cotiza en la Bolsa de Londres, y nosotros sabemos que son buenos. Del grupo Clarín ni hablar, pero de AGEA SA en particular, ya el último cuatrimestre del año pasado fue muy bueno, este primer semestre también lo fue, y la perspectiva es que sea aún mejor en el último semestre. Además, hay que tener en cuenta que la competencia del diario está implosionando”.
En el mismo sentido, Sebastián Díaz –periodista de Olé– manifestó: “La idea de la empresa parece ser patear lo más posible la solución del problema, dilatar lo más posible cualquier tipo de conversación porque pasan los días, pasan los meses, y ellos se favorecen: no te aumentan el sueldo, y en el camino a uno se lo va comiendo la inflación”. Por eso, los trabajadores de AGEA SA exigen que sean los representantes de su comisión interna –y no la UTPBA– los que se sienten a negociar con la patronal de Clarín.
El 8 de junio del año pasado, como respuesta a un gremio vaciado, el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) organizó una masiva marcha federal en Buenos Aires. Según explicó Rabini, lo que les falta para poder sentarse a negociar es la personería gremial, ya que la ley argentina establece el unicato: por rama de actividad puede haber muchos sindicatos, pero uno solo tiene la personería gremial, es decir, la exclusividad de la negociación colectiva. De esta manera, hasta que no la consigan, no podrán sentarse a discutir paritarias. “La UTPBA no representa a nadie, nosotros tenemos muchos más afiliados que ellos, pero necesitamos que el gobierno nos dé una compulsa, que el Ministerio de Trabajo haga de árbitro y evalúe quién tiene más afiliados cotizantes. El que tiene más, se queda con la personería gremial”, aclaró el delegado.
Los trabajadores de Tacuarí expresaron su solidaridad con los de Planta Zepita, la otra sede de AGEA SA –encargada de la impresión de los ejemplares de los diarios– que se encuentra hace años en conflicto con la empresa por condiciones de trabajo aún peores. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. Alejandro Ontivero trabaja hace 11 años en esas condiciones y desde que fue elegido delegado en marzo –junto a Bruschini, que es efectivo– no fue llamado a trabajar por 104 días como represalia. Denunciada la empresa por persecución gremial, el Juzgado de Trabajo Nº 4 dictó una cautelar de reincorporación que, como no fue cumplida por el diario, terminó en una multa diaria de 5.000 pesos hasta que Ontivero no fuera llamado nuevamente. Finalmente, la empresa volvió a contactarlo, pero sigue sin ser reconocido como delegado y las condiciones en Zepita permanecen en la misma precariedad.
En Tacuarí, la semana próxima se realizará la elección de delegados. “Es el miércoles que viene, y nosotros pretendemos que la empresa nos dé un lugar para hacerla, nos de los padrones, y nos reconozca como legítimos representantes de nuestros compañeros”, dijo Rabini. “Creo que la empresa debería entender que la forma de trabajar mejor, generar mejores contenidos, y tener a la gente bien, es darles condiciones dignas. Es básico, en cualquier trabajo”, agregó el periodista de Olé Juan José Marón.
Actualizada 05/08/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.
Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.
Alejandro Ontivero
“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.
El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.
Persecusión sindical
Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.
El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.
Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Diego Bruschini
Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.
Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.
La lucha llegó a Zepita
Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.
Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.
Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin
Actualización 15/06/2016
Abr 19, 2016 | inicio
Más de 140 trabajadores de distintas sucursales de la empresa Nextel han sido despedidos por la empresa en lo que va de 2016. En tanto, delegados de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) denunciaron que la firma incumple la conciliación obligatoria, dictaminada el 31 de marzo por el Ministerio de Trabajo de la Nación, al trabar la reincorporación de los trabajadores desvinculados.
Andrea Espíndola representa a los empleados del edificio que Nextel posee en Paseo Colón 523, en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM revela: “La empresa se niega a cumplir las disposiciones de la conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo, que incluye retrotraer la situación al estado anterior a los despidos, con la toma de servicio en cada lugar de trabajo”. Asimismo, la delegada de Foetra agrega: “A los compañeros se les está negando, con personal de seguridad y vallado policial mediante, la entrada a los edificios correspondientes”.
Otro de los delegados de la sede de Paseo Colón, Sebastián Gutiérrez, informa que la cifra total de despedidos supera las 140 pero todavía es incierta debido a que aún “no están contabilizados todos los compañeros. El viernes 8 de abril supimos que despidieron a dos trabajadores más, y así puede haber muchos más que no se nos acercaron”. Gutiérrez puntualiza: “Fueron cesanteados algunos rangos altos y medios y trabajadores de casi todas las áreas: del sector de Ventas, de Crédito, que atraía nuevos clientes, gente de Call Center, de Marketing y Publicidad, de Servicio Técnico, entre otras. No solo en Buenos Aires sino que también en Mendoza y especialmente en Rosario, donde se desmanteló casi una sucursal entera”.
El delegado conoce la experiencia de luchar por la fuente laboral, ya que fue reincorporado en 2014 tras haber sido despedido por la compañía ese mismo año. “Hasta febrero teníamos contabilizados 71 personas despedidas; supervisores, gerentes, gente dentro del convenio y fuera del convenio. En marzo se agregaron más despidos, el gerente de Recursos Humanos Gerardo Brizuela, por ejemplo. El lunes 28 de marzo la empresa desvinculó a 21 personas que no estaban en el convenio”, señala el representante gremial.
Gutiérrez cuenta que 250 compañeros se manifestaron en la sede de Paseo Colón el miércoles 30 de marzo ante el incumplimiento por parte de los mandos de Nextel/Cablevisión de la conciliación obligatoria. “En presencia de un montón de policías nos manifestamos apoyando a los compañeros. De Paseo Colón nos fuimos hasta la central en Puerto Madero. Esa misma tarde despidieron a dos compañeros más, que habían sido reincorporados en 2014, y a los que habíamos logrado defenderles sus derechos. Los despidieron directamente, como si dijesen ‘te toco a los que parecían intocables’. Y esa misma noche también a otros compañeros les informaron que estaban desvinculados. Lo cual asumimos casi como un mensaje mafioso, como una medida de disciplinamiento por parte de la empresa”, remarca.
En tanto, Espíndola señala que muchos despidos fueron comunicados mediante llamados telefónicos. ”Los supervisores les avisaban a los compañeros por celular que no se presenten a trabajar, porque tenían que esperar la carta documento a su domicilio con la formalización del despido”, indicó la delegada. Los trabajadores decidieron apagar los celulares para evitar los despidos. “Decidimos que seguiríamos yendo a trabajar, pero en Paseo Colón el personal de seguridad del edificio nos pedía la credencial y el nombre, y si estábamos en una lista nos impedía el ingreso. Así, más de 50 compañeros fueron desvinculados el día jueves 31 de marzo”.
Por su parte, el pasado jueves 7, más de 2600 trabajadores y trabajadoras del sector telefónico se reunieron en Plaza de Mayo para marchar en señal de repudio a los despidos a la central que Nextel posee en Olga Cossettini 360, en el margen del Dique 4 de Puerto Madero, Capital Federal.
Durante las manifestaciones por los despidos se llevó a cabo un operativo de seguridad policial desproporcionado, según comentaron los delegados de Foetra y los trabajadores echados. La mayoría de los empleados despedidos tenían una antigüedad de entre ocho y nueve años en la compañía; e incluso hay algunos casos de un vínculo de 18 años, es decir, que están presentes desde que la empresa se asentó en la Argentina en 1998. Estos despidos se iniciaron a partir de que la cableoperadora Cablevisión Fibertel y su subsidiaria Televisión Dirigida, perteneciente al Grupo Clarín, compraran la totalidad de las acciones de la firma Nextel, a fines de enero pasado.
Santiago Callone es uno de los desempleados que cumplía funciones en el sector Créditos de Nextel/Cablevisión. “Me despidieron de una forma fea y poca ética: por teléfono. Hubiera querido que fuera cara a cara. Nos tiraron las cajas con nuestras pertenencias a la calle. Por eso, no volvería nunca más a trabajar en una empresa como Nextel”, comentó Callone, quien se desempeñaba en la empresa hace diez años.
Según recuerda el trabajador despedido, el conflicto de los empleados de Nextel/Cablevisión se remonta a 2014: “El 25 de febrero de ese año fueron echadas 150 personas. Después de esto hubo persecuciones a los trabajadores. También hubo problemas cuando nos sindicalizamos en FOETRA, antes estábamos por el Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces, la empresa como que nos metió adentro de una grieta a nosotros mismos, porque nos terminamos dividiendo en empleados por sindicato, que es la minoría, y los empleados por fuera del convenio, que es la mayoría, y están más desprotegidos en cuanto a derechos laborales”.
Además, agregó su opinión sobre el rumbo que está tomando el Grupo Clarín desde que adquirió la totalidad de las acciones de la firma: “Lo que están haciendo es un vaciamiento de la empresa. Cablevisión/Grupo Clarín compró también Telecom/Personal y se quiere quedar solo con esta. Nextel es un piojo al lado de Personal. Si llegan a reincorporan es para volver a echar, que es lo que ya ha pasado”.
Otro de los desvinculados es Edgardo, quien integraba el sector de Ventas hace seis años. “Desde que el Grupo Clarín tomó las riendas la empresa está en un proceso de achicamiento de todo su plantel. Ni pensó en un plan alternativo más que usar a sus empleados como medida de ajuste”. Por su parte, Valeria, quien cumplía funciones en Atención Telefónica hace más de nueve años declaró: “Fui echada el 30 de marzo junto a 30 compañeros del mismo sector, bajo el pretexto de una reestructuración por parte de la empresa. Pero hay que decir que la empresa hoy se encuentra en plena expansión de crecimiento amplio del negocio, con lo cual entiendo que no hay justificación que amerite estos despidos que se vienen dando”.
Por otra parte, los trabajadores son conscientes de la escasa cobertura mediática del conflicto. “Lo que está pasando en Nextel está invisibilizado porque la empresa hoy pertenece Cablevisión que es el Grupo Clarín, el multimedios más grande del país. Entiendo que ellos no van a mostrar un conflicto que tienen dentro de su propia empresa. Sería más democrático y plural que sí lo hagan”, afirmó el delegado de FOETRA Gutiérrez.
En tanto, la delegada Espíndola agregó: “Esto no solamente afecta a los desempleados de Nextel sino que es parte de lo que sucede a nivel nacional. Ha habido a lo largo de estos cuatro meses más de 100 mil despidos, y no sale en ningún lado. Por eso apelamos a difundirlos en las redes sociales, con una buena repercusión”.
A fin de seguir promoviendo el conflicto, los trabajadores de Nextel/Cablevisión crearon en la web una petición por la reincorporación de los compañeros desvinculados este año.
Actualizado 19/04/2016
