La jibarización del salario docente: el caso misionero

La jibarización del salario docente: el caso misionero

La compleja estructura salarial de los docentes cruje por todos lados. Con gobiernos provinciales al límite y un Estado nacional que se corre deja a los maestros en la pobreza.

Desde la asunción del presidente Javier Milei uno de los blancos de los recortes presupuestarios ha sido la educación. La obsesión porque cierren los números de la macroeconomía afecta, no solo a maestras y maestros, sino también a los niños y niñas. De momento, todo indica que peligra el inicio del ciclo lectivo que está estipulado para las próximas semanas.

Todas las provincias se ven afectadas pero Misiones es una de las más golpeadas y resulta un reflejo del sector a nivel nacional. Desde noviembre, los docentes misioneros deberían haber cobrado cerca de $250.000 mensuales tomando como cargo testigo el de maestros de grado de entre 0 y 10 años de antigüedad, según acuerdos de la Paritaria Nacional Docente. Sin embargo, nunca llegaron a ese monto y en los meses siguientes la situación sólo empeoró.

 Hay siete provincias -Misiones, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero- que aducen no poder pagar el mínimo que establece la paritaria nacional.

Dos tramos
El sueldo docente misionero, como también el de otras provincias, está compuesto por distintas partes. Así lo explica Sergio Andrés Rondán, docente: “El gobierno provincial pone de su bolsillo un total de $161.000, de esos hipotéticos $250.000 que nunca se cobraron. El resto lo ponía Nación en concepto de FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y de Conectividad Nacional. Hay siete provincias -Misiones, Corrientes, Jujuy, Formosa, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero- que aducen no poder pagar el mínimo que establece la paritaria nacional. En ese caso Nación, hasta ahora, enviaba lo que se conoce como la garantía nacional para compensar lo que la provincia dice que no podía pagar”. Estos orígenes distintos del salario implicaban que se cobrara en dos partes: lo pagado por el gobierno provincial se cobraba el último día hábil y el resto entre el 18 y 20 del mes.
“A partir de diciembre no cobramos más la garantía ni el FONID. La Conectividad la terminaron pagando en enero. El problema que se termina generando es que el docente de grado está cobrando al día de hoy $161.000, teniendo en cuenta los ajustes de la inflación y la devaluación”, agrega Rondán. Este termina siendo un salario sumamente pobre que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total, e inclusive, se encuentra por debajo de la Canasta Básica Alimentaria ($285.661), que mide el nivel de indigencia.

Una garantía nacional desviada

Frente a lo adeudado del pago de la Garantía nacional del mes de noviembre, diciembre y enero, el frente Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha (FTEL), integrado por sindicatos, agrupaciones y docentes autoconvocados e independientes, investigó la situación.

Jorge Romero, docente e integrante del FTEL, explicaba: “Logramos acceder a información de transferencias no automáticas correspondientes a los últimos meses del 2023, cuando no se pagaron esos conceptos y la sorpresa es que los fondos sí habían llegado. Ya desde enero observamos un corte total, pero en relación a noviembre y diciembre la conclusión es esta: al parecer el gobierno provincial retuvo esos fondos”. No saben qué pasó con esa plata que sí llegó a la provincia pero no a los sueldos docentes y tampoco les dan respuestas.

En una mesa salarial que se organizó la semana pasada, el FTEL llevó toda esta información al Consejo General de Educación (CGE), que es la entidad que le paga a los docentes. En esa mesa ninguna de las autoridades supo dar cuenta de la plata que falta, se hicieron los distraídos”, asegura Rondán. Además, agrega que dentro del salario docente hay dos ítems que no se actualizaron. Uno corresponde a 40 pasajes de colectivos del área urbana de Posadas y el otro a 50 litros de nafta:  “No se actualizaron, quedaron al valor del boleto de Posadas de octubre, que estaba $150 y el litro de nafta de octubre que estaba aproximadamente alrededor de $300. Es más, cuando se les mencionó estos dos ítems, las autoridades dijeron que ‘hubo una decisión política de no actualizarlos’”, añade Rondán

El FONID
Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se llevaron a cabo medidas de desregulación y descentralización del Estado Nacional, incluida la educación. Lo que se hizo fue transferir la gestión de las escuelas a las provincias. En muchos casos estas no tenían los fondos suficientes para costearlo.
El 2 de abril de 1997, frente al Congreso de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires se levantó la Carpa Blanca, también llamada Carpa de la Dignidad, con 50 maestros, convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Luego de 1.003 días, el 30 de diciembre de 1999, la Carpa Blanca se levantó. Durante las primeras semanas del Gobierno de Fernando de la Rúa se sancionó la Ley 25.239 de Reforma Tributaria. Así se incorporó un fondo de 660 millones de pesos provenientes de rentas generales. Implicaba un fondo para la educación, para el financiamiento educativo y promoción cooperativa, así también como el mantenimiento del FONID.
El FONID tenía prevista una vigencia de 5 años, pero se fue actualizando y renovando año tras año mediante decretos y leyes. La última tenía vigencia hasta el 1° de enero de este año, pero el Ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir más”. Esto implica en la práctica la reducción de un 30% de los salarios docentes.
“Hay otro tema con el FONID: es plata que entra en negro. Por eso a la hora de, por ejemplo, calcular el aguinaldo o la jubilación, esos fondos no cuentan”, asegura Rondán.

Un acuerdo por definir

Los docentes misioneros se juntan todas las semanas en la Plaza 9 de Julio de Misiones desde mediados de diciembre del año pasado, convocados por el FTEL.“En Posadas, en la Plaza 9 de Julio hicimos una marcha y éramos 300 personas, que para Posadas es un montón. El jueves pasado éramos 150 y el 10 de enero éramos 15 personas. Es una movida que está creciendo, que se va activando”, asegura Rondán. La situación se va complicando cada vez más. Se van sumando personas y distritos, dado que “nadie, está llegando a fin de mes, ni siquiera están llegando al día 15 o 20”.

“Uno ve filas de docentes en las casas de los prestamistas, docentes vendiendo cosas por Marketplace, docentes trabajando de albañiles, técnico de aire acondicionado, de lo que sea en sus vacaciones, todos están reventando la tarjeta a más no poder, viven endeudados”, agrega el docente.

El lunes 19 de febrero se realizó una Asamblea Provincial, convocada por el FTEL, frente al Consejo General de Educación. En esta exigieron la cancelación de la deuda, como también una recomposición salarial digna. Romero asegura que: “El panorama es muy difícil, pero seguramente prometedor en cuanto a que habrá organización y lucha para enfrentar estos embates”.

En esta asamblea se definió una marcha provincial para el día 29 de febrero, que busca agrupar a los diferentes sectores docentes dado que “a nivel nacional está todo muy caldeado y a nivel provincial muchísimo más”. También el próximo martes 27 de febrero, a las 18:00, se convocó, desde la Secretaría de Educación de la Nación, a los ministros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a representantes de los gremios con representación nacional para acordar el salario docente.

El sector docente es, históricamente, uno de los blancos preferidos para los golpes de los gobiernos ajustadores. Las condiciones para hacerlo se construyeron gracias al esquema menemista de la descentralización educativa que, en la práctica, dejó a los docentes en manos de los caprichos del Estado nacional. Misiones es un ejemplo de ello, un espejo de lo que atraviesa todo el país.

La larga espera

La larga espera

Docentes bonaerenses aportan un 16% de sus salarios para garantizar su derecho al retiro. Sin embargo, los trámites para jubilarse tienen demoras y plazos inciertos.

 

El Instituto de Previsión Social (IPS) es la caja contributiva de la Provincia de Buenos Aires y se encarga de gestionar la jubilación de los docentes, de los trabajadores municipales, de empleados de la administración pública provincial y del servicio penitenciario. En esta entidad se presentan conflictos en la resolución de los derechos de retiro y los profesionales de educación reclaman un aceleramiento en los plazos y una revisión en las modalidades de pago.

¿Cuándo puede un docente en jubilarse? Según la Ley 24.016, en la Provincia de Buenos Aires, necesita 25 años de servicio para retirarse y tener 50 años cumplidos al momento de presentar los papeles. Luego, restan meses, en algunos casos años, hasta que accede a su resolución definitiva y culmina el trámite.

“Hoy se cumple un año de mi cierre de cómputos, todavía estoy sin jubilarme y sigo en proceso de espera”, afirma María, una docente de colegio privado que desea mantener su identidad resguardada. Los maestros y profesores bonaerenses que se encuentran próximos a solicitar su derecho de retiro deben pedir una certificación digital a sus empleadores, que debe estar firmada por la Dirección General de Cultura y Educación, por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) o por el municipio a la cual corresponda el colegio, dependiendo de las características propias de cada establecimiento.

“Hubo problemas con las certificaciones que estaban enviadas, las rechazaron y tuve que volver a presentarlas. Luego, el IPS cometió un error en las fechas de carga de mis documentos», señala María. Su camino a la jubilación comenzó en noviembre de 2021 con conflictos alrededor de una certificación que acreditara todos sus cargos y años de servicio. Más tarde, en julio de 2022, ingresó en el sistema del IPS. Ya adentro, se encontró con obstáculos en los trámites, gestiones incorrectas en la certificación y se vio en la necesidad de acercarse personalmente a los centros de atención al cliente y a las oficinas centrales en La Plata. “Las dos veces que se movió mi trámite fue porque me acerqué a pedir atención”, remarca.

“Trabajar mientras aguardo la jubilación es muy angustiante –expresa María–, porque tenía otros proyectos o ideas. En este proceso, tengo que trabajar con profesionales los temas de salud que esta espera acarrea. Me habían dicho que podían tardar siete meses o un año”. Mientras aguardan, los docentes de colegios públicos pueden decidir cesar sus actividades cobrando un porcentaje de su sueldo jubilatorio, el cual es aportado por el Estado. Por el contrario, aquellos que ejercen en privados no cuentan con tal beneficio y, en caso de cesar actividades, dejan de percibir un salario hasta que se complete el retiro.

 

La mirada de la ley

La letrada especialista en Derecho Previsional Docente, Micaela Lazzatti, comenta que los abogados tienen la tarea principal de acompañar el trámite “desde el principio al final, terminando con el acto administrativo que establece la resolución definitiva y con la persona cobrando”. La responsabilidad del profesional es “determinar el derecho al retiro y el cargo con el cual se jubila” a fin de presentar los papeles en correcto estado y evitar observaciones o rechazos de las entidades.

Maricel Besse, diplomada en Derecho Previsional, explica que la presentación de los papeles tiene una alta demora, ya que “la firma de las certificaciones tarda aproximadamente cinco meses, si es que no es rebotada”. Luego, una vez que ingresa al sistema del IPS, se tarda otros nueve meses o un año para la resolución del expediente.

Los abogados que gestionan el derecho al retiro de este grupo de trabajadores cobran dos haberes jubilatorios completos. A su vez, están autorizados a presentar gestiones a nombre del docente, aunque “se maneja dentro del informalismo, tanto el cliente como el profesional puede realizar los trámites, ya que se trata de la administración pública”, puntualiza Besse.

Si bien la tramitación puede ser llevada a cabo por los mismos docentes, Graciela, una jubilada que se encarga de acompañar a quienes buscan acceder a su derecho al retiro y que prefiere no dar su nombre completo, enfatiza que “los trámites no son sencillos, menos para profesionales que están en actividad y no disponen del tiempo para ocuparse”. También hace una crítica hacia los procesos de trabajo con abogados del Derecho Previsional Docente: “No explican claramente las características del proceso y no acompañan el proceso emocional por el cual se atraviesa”, sostiene. 

 

La voz oficial

l Instituto de Previsión Social fue fundado en base a la Ley 5425, promulgada en 1948. Esta norma fue derogada por la Ley 8587 en 1975, que define a la entidad como la encargada de “recaudar sus recursos, conceder y pagar las prestaciones” en el marco de la previsión y seguridad social. Actualmente, según la directora del IPS, Marina Moretti, cuenta con 335 mil beneficiarios.

En los Centros de Atención Previsional (CAP) hay un flujo constante de atención a las personas que se acercan, que deben aguardar mientras el encargado evalúa su caso y las posibles acciones a llevar a cabo, ya sea para solucionar demoras en los trámites, para gestionar pensiones o para contactarse con áreas de la entidad que puedan colaborar en resolver el caso específico de cada una.

“En el IPS ya no existe más la transitoriedad”, asegura Moretti en referencia a la gestión de resoluciones jubilatorias provisorias. Una vez que los datos consignados por las instituciones empleadoras y el docente son verificados, se accede a la resolución definitiva. La directora del IPS detalla: “Tenemos 30 mil jubilaciones que estamos trabajando para pasar a definitivas”, a la par que señala que actualmente buscan emitir únicamente aquellas que tienen este carácter.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires tienen un régimen especial. A comparación de otros trabajadores que aportan el 11 por ciento de sus sueldos como contribución para el retiro, los docentes aportan un 16%. Según el Decreto-Ley 9650/80, aquellos docentes que acrediten 10 años de trabajo frente a alumnos podrán retirarse a los 50 años y tras 25 años de servicio. “Se reconoce que hay un desgaste mayor”, explica Moretti.

En cuanto a los tiempos, se trata de un tema que atraviesa a todas las áreas y profesionales que participan, afectando principalmente a quienes desean jubilarse. “Se está tardando entre 10 y 11 meses, pero queremos tardar cuatro”, dice Moretti. En cuanto a las personas que aún aguardan su resolución y la garantización del derecho al retiro, reconoce que “con más de un año tenemos cinco mil expedientes. Con más de tres años, no llegan a dos mil”.

Los esfuerzos de la entidad apuntan a la digitalización de los trámites para facilitar su automatización. «El IPS es 80% papel”, confirma Moretti. Con la búsqueda de esta nueva modalidad, confía en que se podrán reducir los tiempos y demorar solamente cuatro meses. “Nos falta todavía, pero estamos encaminados”, ratifica. Se espera que a partir del 1 de marzo, se acceda a la digitalización completa de todos los trámites que se realizan en el Instituto de Previsión Social.

 

Problemas en los pagos

Gladys, quien también desea mantener su identidad en reserva, acarrea un problema que tiene su base en el funcionamiento del IPS. Durante su servicio, se desempeñaba seis horas de trabajo como secretaria, cuatro le eran abonadas dentro de su sueldo y dos como extras. “En su momento hice los aportes en tiempo y forma”, aclara.

Hoy desde el IPS le solicitan que lleve un certificado firmado por la escuela y por escribanos o el banco. Este debe acreditar cuánto estaría cobrando por esa extensión horaria. “Tengo que presentar ese papel en alguno de los centros del IPS cada vez que se genera un aumento, lo cual es tedioso, ya que siempre son en cuotas”, se queja.

“Esperé hasta dos años para que me actualizaran el haber”, relata Amanda, que está en la misma situación, que siempre es, añade, en detrimento de los docentes. Si bien se acercó a hacer reclamos a las sedes del IPS, su experiencia fue negativa. “No nos atienden o no nos quieren atender”, dice.

Marisa, con similar problema, cuenta que “si atienden, dan respuestas ambiguas. Dicen que lo están trabajando o que están evaluando alternativas, pero nunca algo firme”. Todos estos casos quedan catalogados como “extraña jurisdicción” y los documentos habilitantes para acceder a los aumentos deben ser renovados en cada ocasión.

Ellas son sólo algunas de las damnificadas que no pueden acceder correctamente a su derecho a jubilarse. Marisa lo sintetiza así: “Con esta modalidad de reclamar lo que es propio, no nos están cuidando”.

 

 

 

“El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja”

“El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja”

“La Universidad de Buenos Aires nos obligó a convertir todas nuestras clases presenciales en virtuales, de un día para el otro”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGDUBA) y agrega: “El desgaste físico, laboral y psicológico al que hemos estado sometidos los docentes, estudiantes y las familias, ha sido enorme”.

ANCCOM también dialogó con Daniel Ricci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA): “Los docentes nos vimos atravesados por una situación de emergencia, pero entendimos que mutar a las clases virtuales era una opción para que los estudiantes no perdieran años de cursada. Nosotros siempre defendimos que primero está la salud antes que la educación”.

“Todo el año pasado hemos trabajado nosotros, los estudiantes, los no docentes y las familias en mantener la vinculación pedagógica. Los docentes trabajan en las peores condiciones, con conectividad y equipamiento que pagan de sus propios bolsillos, lo que niega la supuesta gratuidad de la universidad pública”, se queja Celotto.

AGDUBA realizó una encuesta en mayo de 2020, que respondieron 1890 docentes, para relevar la situación. Con respecto a la modalidad virtual, un 77,2% contestó que se siente más precarizado, contra un 22.8% que respondió que no. La carga horaria laboral se vio afectada: pasan horas detrás de la pantalla para dar clases, corregir parciales y trabajos prácticos, y atender consultas de los estudiantes. “Se produjeron situaciones de agotamiento, de estrés y depresión muy marcadas. No tuvimos feriado ni derecho a la desconexión –reflexiona Celotto–. Hubo un montón de docentes que comenzaron sus trámites jubilatorios, porque no querían dar más clases de esta forma”.

Según Ricci, “la profesión docente es elevadamente flexible, donde no hay ni hubo nunca límites de horarios. El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja, porque más allá del aula, hay un tiempo de corrección, preparación de clase, reuniones de cátedra”. Sin embargo, la pandemia “agudizó esta situación, se observó una ansiedad por parte de los alumnos porque mandaban un mail a las doce de la noche de un domingo”.

“Entre ADUBA y la Secretaría Académica de la UBA hicimos un curso sobre especialización en docencia virtual para brindar herramientas y capacitación a los docentes, participaron cerca de ochocientos”, destaca Ricci. No obstante, desde AGDUBA sostienen que no hubo tal capacitación y “muchos docentes tuvieron que adecuarse a usar programas nuevos a la fuerza o viendo tutoriales por Internet”.

“Lo que pasó ya pasó, habría que haber actuado de otra manera antes del comienzo del cuatrimestre”, expresan desde AGDUBA, pero hacia adelante reclaman que “la UBA o el Ministerio de Educación tome la responsabilidad del equipamiento tecnológico, que se reglamente el derecho a la desconexión y se cumpla con la carga horaria de trabajo”. Desde ADUBA coinciden y plantean que “el Estado, a través de las universidades, es el que tiene que darle las herramientas tecnológicas a los docentes para que puedan cumplir adecuadamente su trabajo”.

Ricci cuenta que desde la Asociación pidieron que se reactive el plan Conectar Igualdad pero que se incluya a los docentes y estudiantes universitarios: “Es una opción para poder dictar las clases virtuales. Por eso, debe ser trasladado a todos los niveles educativos”.

Ambas entidades gremiales defienden la presencialidad en las aulas. “No creemos que se pueda reemplazar lo presencial con lo virtual: lo que se genera en el aula, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, el vínculo entre docente y alumno”, opina Celotto y se pregunta: “¿Cómo se genera eso cuando muchos alumnos tienen problemas de conexión y el docente habla con cuadraditos negros?”.

Ricci cita a Paulo Freire, el pedagogo brasileño del que se cumplen en septiembre cien años de su nacimiento: “Todos aprendemos en el aula y eso es irremplazable”. Pero con respecto a lo virtual, considera que “las plataformas tienen que ser una herramienta que debe estar a disposición para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un cambio tecnológico, como en su momento fue la imprenta, pero hay que utilizarla desde lo pedagógico”, y rescata que lo virtual puede ser beneficioso en algunas circunstancias: “Pienso en una clase de exposición que dicta un docente en la presencialidad, con doscientos alumnos, allí se pierden las voces, no se escucha bien, no cabe lugar para todos los oyentes. En cambio, en ese caso, la plataforma virtual permite mejores condiciones”.

Las clases virtuales no son posibles para todas las facultades de la UBA, hay muchas que por sus características requieren sí o sí una presencia en las aulas. “Hicimos un acuerdo con las autoridades de la Universidad, siempre protegiendo la salud tanto de docentes como los no docentes y estudiantes, para construir protocolos para aquellas materias que tengan que cursarse en laboratorios o referidas a la salud”, afirman desde ADUBA y añaden: “¿Qué pasaría si uno va a atenderse con un médico u odontólogo que se recibió de manera virtual?”. AGDUBA confirma esta situación y destacan que “ya hay clases presenciales en carreras como Farmacia, Medicina, Agronomía, Veterinaria, Odontología, Ingeniería, sobre todo en materias que tienen mucho trabajo de campo”. Allí se dictan tanto clases virtuales y presenciales, con un aforo estricto y cumplimiento de protocolos.

La vuelta a las clases presenciales durante los próximos cuatrimestres puede ser una opción. La Facultad de Derecho comenzó este cuatrimestre con la iniciativa y pueden sumarse otras el próximo año. “Queremos una presencialidad con condiciones sanitarias, epidemiológicas y de infraestructura –enfatiza Celotto–. Ojalá podamos tener contralada la pandemia, estar vacunados tanto docentes como estudiantes y que las variantes del covid-19 se hayan esfumado”. Desde ADUBA, Ricci piensa que “el año que viene se va a comenzar a recuperar la presencialidad, pero las clases virtuales no van a desaparecer”.

Otra de las luchas del sector son los salarios: “Tuvimos una paritaria baja, nos castigaron con los sueldos. Un mes antes de comenzar la pandemia, el Gobierno nos anuló la cláusula gatillo que habíamos conquistado el año anterior, y que nos iba a equiparar el salario con la inflación hasta febrero 2020, y recién nos dieron un reconocimiento de gastos en abril del 2021, pero fue sólo mil pesos por mes de abril hasta diciembre”, subraya Celotto.

“En este momento, hay una reapertura de nuestra paritaria, teniendo en cuenta que el acuerdo salarial que firmamos por este año es de un 35% pero producto del proceso inflacionario ha quedado atrasado, y lo que nosotros estamos pidiendo ahora es incorporar 10% más entre septiembre y octubre, así por lo menos empatar a la inflación”, sintetiza Ricci.

A clase y sin vacunas

A clase y sin vacunas

En el marco de los debates por el sostenimiento de las clases presenciales en el AMBA, resulta relevante introducir la variable de cantidad de personas vacunadas en un sector que se describe como esencial pero no termina de recibir la protección necesaria para llevar adelante su tarea. ANCCOM dialogó con sindicatos docentes provinciales y cotejó las informaciones registradas, hasta el momento, sobre el plan de vacunación del sector que hace semanas se encuentra en el centro de la agenda mediática. La campaña de vacunación para el personal de la educación iniciada federalmente el 3 de marzo, a partir de la distribución de 492.400 dosis de la vacuna Sinopharm, no parece avanzar de igual modo en todos los distritos. 

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó antes de dar comienzo al operativo que el sector educativo asciende a las 1.458.083 personas en la República Argentina. La organización de la vacunación, estipulada por el Consejo Federal de Educación, se divide en cinco etapas: directivos, inspectores, nivel inicial, primer ciclo, educación especial; personal no docente; segundo ciclo del nivel primario; nivel secundario; educación superior. El repaso de la situación en distintos puntos del país ofrece un panorama de la actualidad de un grupo de trabajadores que, pese a su relevancia y lugar central en el debate público de estos tiempos, no parece protegido.

Ciudad de Buenos Aires

La vacunación del personal educativo es un foco de críticas recurrentes de los sindicatos y docentes de CABA. Jorge Adaro, Secretario Adjunto de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), señala que las autoridades  iniciaron la campaña con los grupos correspondientes a la primera etapa como corresponde pero “no lo terminaron de completar, y no hubo nunca más una noticia sobre vacunación”. Basándose en los datos oficiales, Adaro afirma que únicamente el 14% de la docencia de la Ciudad está vacunada. El gobierno porteño ofrece en su página web  estadísticas actualizadas de la vacunación, en las que el personal docente se enmarca bajo la categoría de “personal estratégico”: por el momento, son 15.752 los educadores inmunizados con la primera dosis (el 34,36% de los empadronados del sector para vacunarse). Fuentes del ministerio de Educación confirman que la comunidad educativa en la Capital ronda las 110 mil personas. Es decir, el 41,67% se encuentra inscripto y solo un 14,32% fue inoculado.

La reprobación hacia el manejo de la inmunización para los docentes es compartida por Wenceslao Costa Díaz, maestro en la escuela Blas Parera de Palermo: “La campaña de vacunación es rara, no tenemos información. A mis compañeros les fueron avisando de golpe que tenían que vacunarse. Pero después hubo un parate, dejaron de vacunar”. A esta falta de avances se suma el descontento por el nulo trabajo de acondicionamiento en las escuelas públicas y la escasez de insumos sanitarios tales como termómetros, tótems de alcohol y máscaras. “Hablan mucho de la presencialidad pero no se mueven para vacunarnos, ni para que las escuelas estén mejor. En todo el año pasado no se hizo nada”, remarca Costa Díaz, quien sigue esperando su primera dosis al ser docente de séptimo grado.

“Hablan mucho de la presencialidad pero no se mueven para vacunarnos», subraya Costa Díaz, maestro porteño.

Provincia de Buenos Aires

El distrito más poblado del país cuenta con números que superan la media en la inmunización de docentes. Elisa Semino, Secretaria de Comunicación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) declara que “la campaña de vacunación está avanzando muy bien”. Nicolás Riedel, docente en San Miguel, destaca la puntualidad y el trato en los centros de vacunación –recibió la primera dosis de Sinopharm, al igual que un 30% de sus compañeros–. Sin embargo, considera que el manejo del gobierno provincial fue “bastante improvisado” e identifica como origen de la inmunización la falta de aprobación de Sinopharm para ser aplicada a mayores de 60 años: “en cuanto las habilitaron, la campaña de docentes se detuvo y todavía no se reinició”. En diálogo con ANCCOM el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que el porcentaje de docentes vacunados en la provincia es del 53%. Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación de la Nación, son 213.371 educadores vacunados sobre un universo de 401.875. Se trata de un asunto tomado con importancia por el distrito de Buenos Aires en el que, como resalta Santamaría, “los chicos tienen más burbujas y circulan más, lo cual dificulta el aislamiento necesario”. Por su parte, el docente Nicolás Riedel advierte sobre las implicancias de la llegada del invierno: “No considero a las aulas un lugar seguro. Más allá de los protocolos, es mucho tiempo de corrido con los alumnos en un mismo recinto que muchas veces no está bien ventilado”. Semino, de SUTEBA, concuerda: “Los docentes están expuestos a tratar con grupos rotativos y burbujas que, a su vez, están en contacto estrecho con diferentes familias y miembros de la comunidad”.

 

Santa Fe

Los números alcanzados en este distrito en materia de inmunización de la comunidad educativa dan cuenta de una campaña que se ha mantenido constante en el tiempo. El 5 de abril, la ministra de Salud provincial Sonia Martorano había declarado que todas las personas abarcadas por las primeras tres etapas –60 mil aproximadamente– recibieron su primera dosis. Como resultado, próximamente los docentes de escuelas secundarias y universidades comenzarían a ser inoculados. La información brindada por la titular de la cartera sanitaria es corroborada por Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). “La campaña se hizo en toda la provincia con mucho éxito, cuidado y eficacia. Actualmente está llegando al 90% del sistema educativo”, destacó. Según datos oficiales, el personal docente de Santa Fe cuenta con un total de 88.419 personas vacunadas, lo que representa el 81, 61% del personal de la educación está inoculado.

Mendoza solo vacunó al 25% de los docentes.

Mendoza

La Dirección General de Escuelas le comunicó a este medio que 52 mil docentes y ocho mil celadores conforman el personal de la educación en Mendoza. A partir de lo establecido por el Consejo Federal de Educación, el primer grupo (compuesto por 15.500 personas, el 25,83% del total) fue vacunado, y la provincia aguarda la llegada de dosis para continuar con el operativo. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) la cantidad de educadores inmunizados es considerada “ínfima”, y desmienten la información oficial: “Solo se completó la primera dosis para directivos y Nivel Inicial, y una parte del primer ciclo del Nivel Primario”. El gremio docente expresa su disconformidad respecto al detenimiento de la campaña de vacunación y la falta de información, y denuncia que “los celadores, que son quienes más expuestos están, fueron excluidos de la primera etapa”.

Córdoba

Según datos obtenidos del Ministerio de Educación cordobés, aproximadamente 80 mil docentes están inscriptos en el registro para recibir la inmunización, de los cuales el 40% (correspondientes a la primera etapa de vacunación) han sido efectivamente inoculados. Las estadísticas dadas a conocer recientemente por el ministro Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que recopilan la información proporcionada por los gobiernos provinciales, muestran que más de 12 mil educadores no se encuentran anotados: de un total de 92.259 docentes, 33.972 se encuentran inmunizados, lo que reduce la proporción de vacunados al 36,82%. Miembros de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) coinciden con los datos numéricos, pero manifiestan su descontento con el progreso actual de la campaña: “Viene muy lento, porque son pocas las dosis y no alcanzan a cubrir la demanda del sector”.

Tucumán

Al igual que en el caso cordobés, el Ministerio de Educación de Tucumán informa un padrón de 31.500 docentes registrados, menor al total de 41.828 trabajadores que exponen los datos proporcionados por el ministerio de Educación de la Nación (https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-28-at-23.16.50.jpeg). Coinciden, sin embargo, en la cantidad de inmunizados: 10 mil docentes, que representan el 31,74% de los inscriptos y el 23,9% del sector. La ministra de Salud Rossana Chahla anunció que el 3 de mayo dio inicio a la aplicación de las segundas dosis para concluir con la primera etapa de vacunación del colectivo docente tucumano.

La Pampa ya vacunó a más del 31 por ciento de los docentes.

San Luis

El Secretario General de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Daniel Gozainy, resalta que “la provincia viene con un ritmo ordenado y acelerado de vacunación”, con cerca de ocho mil trabajadores de la educación puntanos que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm y comenzaron a recibir la segunda a partir del 29 de abril. Las estadísticas enviadas por las autoridades provinciales a Nación coinciden con lo anunciado por Gozainy: son 7.949 los docentes vacunados en San Luis, lo que supone el 49,22% del total de un personal educativo conformado por 16.151 personas.

La Pampa

En el último reporte publicado por el gobierno provincial se especifica que un total de 3.698 docentes pampeanos accedieron a la vacuna, de los cuales 3.021 únicamente recibieron la primera dosis. Dado que el total de inscriptos del sector es de 11.703, el segmento de inoculados es del 31,59%. El secretario de Salud Laboral de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), Darío Muñoz, destaca la aplicación ágil de las vacunas a partir de su llegada al distrito pero advierte que un grupo de docentes en actividad aún no se ha inscrito para la inmunización: según esta estimación, por lo menos 5.200 educadores restarían anotarse. Además, aclara que la primera etapa sigue en curso: “Los directivos y la conducción de las diferentes escuelas están en su mayoría vacunados, no así los que están en las aulas”.

Neuquén

Desde el Ministerio de Salud provincial se informa que “la población objetivo estimada del personal de educación es de 33.860 docentes” (número que incluye a todos los niveles), mientras que “la cantidad vacunada con la primera dosis es de 4.668”, esto es, el 13,78%. La Secretaria Adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN Provincial), Susana Delarriva, agrega que aproximadamente 23.500 del total corresponden al sistema educativo público, de los cuales cerca de seis mil aún no se han inscripto. Si bien el sindicato contempla el criterio proporcional de distribución de las dosis y la prioridad que deben tener las personas en situación de riesgo, Delarriva comenta que le han pedido al gobierno que considere al sector educativo. Próximamente se reunirán con las autoridades de la cartera educativa provincial para debatir la cuestión.

Río Negro

Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), denuncia la existencia de desigualdades en la distribución de vacunas en la provincia: “Hay zonas con docentes que ya recibieron la segunda dosis, mientras que en otras todavía aguardan por la primera”. Desde el sindicato se le exige al Ministerio de Educación un cronograma de vacunación preciso para quienes aún no fueron inmunizados. En cuanto a datos, Ponce declara que aproximadamente son 24 mil docentes en la provincia, de los cuales 5.905 (24,6%) recibieron la vacuna.

Tierra del Fuego

El proceso de inmunización de la comunidad educativa fueguina se inauguró recién en la semana del 26 de abril, según informa el Secretario Gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF), Julio Beriau. “Antes hubo algunos docentes vacunados por ser población de riesgo, pero ahora empezó la vacunación específica para el sector con los que tienen más de 45 años”, agrega. Por el momento, el porcentaje de educadores inmunizados en esta provincia es el más bajo en todo el país. Las 664 vacunas aplicadas que revelan los datos oficiales representan el 9,22% de un grupo que, según estimaciones del SUTEF, comprende a 7.200 trabajadores.

Santiago del Estero

En abierta oposición a la información suministrada por el gobierno santiagueño, el Secretario General del Círculo de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS), Darío Toledo, denuncia el hermetismo informativo respecto a la vacunación del personal docente: “El Consejo General de Educación está intervenido desde 2016, el poder está muy concentrado y obtener datos oficiales reales es difícil”, dice. El gremialista indica que la cantidad de educadores vacunados en la provincia, según el gobernador Gerardo Zamora, no es cierta e ilustra el manejo del gobierno con lo ocurrido en una ciudad: “Empezaron a vacunar en el departamento de Choya y se olvidaron de la Escuela N°30, y después aparecieron casos de Covid”. Según los números oficiales, 14.434 trabajadores de la educación, que representan el 38,62% de los 37.373 docentes totales, están inmunizados.

Formosa

“La información acá la conseguimos a través del intercambio con nuestros delegados, ni siquiera los gremios oficialistas se toman el trabajo de exponerlas”, cuenta Sebastián Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de Docentes Autoconvocados de Formosa. En el marco de una campaña organizada con un criterio que prioriza los lugares de mayor contagio y en la cual los docentes acceden a la aplicación de las dosis principalmente según el grupo etario que se esté vacunando, Patitucci acusa “errores y selecciones sospechosas” en la convocatoria para la inmunización en las escuelas. “En el colegio Gobernador Juan José Silva la dirección del nivel secundario hizo un filtrado de las listas y sacaron a un montón de gente arbitrariamente”, amplía. Según los datos presentados por la cartera comandada por Trotta, 8.793 docentes formoseños de 22.278 (el 39,47%) fueron vacunados.

En base a los números provenientes de Nación se advierte que 3.878 maestros chubutenses (22,15% de 17.506) y 1.840 santacruceños (20,65% de 8.910) fueron inoculados en la Patagonia. La provincia de San Juan es la que vacunó al mayor porcentaje de docentes en todo el país detrás de Santa Fe, con 13.286 inmunizados de 23.880, es decir, el 55,56%. En la región del Litoral, Entre Ríos vacunó a nueve mil docentes de 47.891 (18,79%); Corrientes inoculó a 9.231 educadores de 36.201 (25,50%); Misiones inmunizó a 17.984 maestros de 43.482 (41,36%); 17.144 docentes chaqueños de 39.637 tuvieron acceso a la vacuna (43,25%). En el noroeste argentino 4.120 docentes riojanos de 13.834 (29,78%) han sido vacunados, y lo propio ocurrió con 2.536 catamarqueños (de 16.298 personas, el 15,56%) y 16.373 salteños (de 40.199, el 40,73%). El gobierno de Jujuy es el único que no reveló dato alguno acerca del progreso de la campaña de vacunación, aunque sí se conoce la cantidad de trabajadores que conforman el sector educativo en la provincia: 22.857.

En medio de la contienda por las clases presenciales, el número creciente de casos de coronavirus y la discusión acerca de la efectividad de los protocolos, pasa inadvertido el problema de la inmunización: los datos del ministerio de Educación de la Nación indican que el 59,25% de los educadores restan ser inoculados. En un contexto de cambios constantes, la tendencia general, reflejada por las estadísticas, muestra que la vacunación docente no parece ser prioritaria en muchas provincias.

Maestra del aula, de la vida y de la resistencia

Maestra del aula, de la vida y de la resistencia

Debora Kozak exponiendo en la audiencia por el cierre de los Institutos Docentes, el 24 de abril del corriente año.

La docente y rectora del Normal 1, Débora Kozak, murió la noche del lunes producto de una repentina encefalitis. Fue una de las máximas referentes de la comunidad educativa porteña en la lucha contra el proyecto UniCABA. Familiares, amigos y compañeros de trabajo la despidieron en un emotivo acto. El discurso de Darío Sztajnszrajber

“Todavía no lo podemos creer, fue todo muy repentino. La última vez que la vi fue el día anterior a que se votara UniCABA, en el acampe. Luchó hasta el final”, cuenta a ANCCOM una compañera de trabajo de Débora Kozak. La docente y rectora del Normal 1 murió la noche del lunes producto de una encefalitis repentina, generando conmoción en toda la comunidad académica. En un emotivo acto, familiares, amigos y colegas despidieron ayer a las 19 a una de las principales referentes de la lucha contra la reforma educativa del PRO en la Ciudad.

“Me dio un beso y un abrazo, me acuerdo. Era muy afectuosa”. Como vicepresidente del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Kozak estuvo a la cabeza de la lucha contra UniCABA, la punta de lanza del ajuste en materia educativa impulsado por el oficialismo porteño. La iniciativa que procuró el cierre de 29 institutos de formación superior docente se convirtió en ley el pasado 22 de noviembre, luego de ser aprobada en la Legislatura de la Ciudad. Meses antes, en abril, Kozak advertía a ANCCOM las implicancias que este proyecto traería para la educación superior porteña: “Si tenés una sola universidad que promueve el pensamiento único, un sólo enfoque, una sola mirada, claramente hay un empobrecimiento del conocimiento, porque se afecta la diversidad”.

Tras confirmarse su fallecimiento, el CESGE emitió un comunicado donde afirmó comprometerse a “seguir su ejemplo y honrar su legado”. «Debora luchó contra la ignorancia, la hipocresía y la falta de humanidad en la educación», escribieron sus compañeros y agregaron: «Nos comprometemos a seguir su ejemplo y honrar su legado».

Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad se decretó el cese de actividades de este miércoles para la totalidad de los 29 institutos de nivel terciario.

Huellas

Ayer por la tarde, familiares, colegas y estudiantes de Kozak colmaron la sala velatoria del barrio de Belgrano donde se le dio el último adiós. En un homenaje sentido, se la recordó como gran docente, madre y militante.

Entre los presentes estuvo el filósofo Darío Sztajnszrajber​, quien conoció a la experta en educación en la lucha contra la implementación de la UniCABA. Emocionado, el ensayista brindó un breve discurso donde habló de la vida, la muerte y la “huella” de la docencia. A partir de esa reflexión, Sztajnszrajber​ subrayó la necesidad de continuar con la lucha por la educación pública.

A continuación, el discurso completo:

“El sinsentido de la muerte de alguna manera parece poder compensarse con el sentido que uno construye en la vida. Como formadora de formadores, Débora construyó la posibilidad de que muchos otros construyan sus propios sentidos, y eso tiene un valor agregado, porque está en otro plano. La vida de Débora fue un acontecimiento político porque apostó a esa construcción del sentido de manera democrática, igualitaria, para que todos, sin ningún tipo de distinción, pudieran acceder a su propia formación. Un docente, una docente deja huellas. Esa es la primera tragedia que tenemos los docentes: nuestra devoción por el otro nos vacía, hay un despojamiento absoluto en la apuesta por ese otro. La muerte siempre llega a destiempo pero hay destiempos que duelen y tal vez la mejor manera de homenajear a Débora es poder culminar con sus pendientes. Por ejemplo, muchos de los que estamos acá como comunidad docente, realizar el pendiente de Débora que es continuar la lucha que la encontró en los últimos tramos de su vida. Acá estamos algunos de los suyos. Hay un filósofo que se llama Jacques Derridá que dice que los ojos, más que un órgano que sirve para mirar, son un órgano que sirve para llorar. Tal vez en este llanto común, Débora, nosotros te sigamos viendo.”

Parte del pensamiento de Kozak puede encontrarse en el blog Pensar la Escuela, donde escribía asiduamente. El último texto que publicó fue para el portal de noticias Infonews y se titula “Lo que oculta la ley de UniCABA”.

En la nota afirmaba que la ley “apunta a la destrucción del sistema de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires” y “esconde un feroz ajuste presupuestario y también un negocio inmobiliario que ya ha empezado a manifestarse con la decisión de trasladar el Profesorado de Educación Física “Enrique Romero Brest”, cuyos terrenos en Núñez son muy codiciados”.

En su cuenta de Twitter, Kozak se definía como “educadora y madrex3”. En su biografía de esa red social, un corazón verde abortero acompaña su nombre; debajo se puede leer en forma de hashtag “No a la UniCABA”, la frase que sintetizó la resistencia contra la reforma educativa. Kozak eligió que pese a la sanción del proyecto, se mantuviera en su perfil público. Como si fuese una bandera. Una declaración de principios.