Despidos armados

Despidos armados

Un custodio del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños amenazó con desenfundar su arma en medio de un ruidazo de protesta por los despidos en el organismo.

El cuerpo de delegados de la ATE emitió un comunicado este miércoles denunciando el accionar del cuerpo de seguridad de Alberto Baños, actual secretario de Derechos Humanos, quien llegó al cargo luego de ejercer como juez “duro entre los duros” dentro del fuero penal. Según explica el documento, uno de los custodios del exjuez intentó sacar su arma de fuego delante de los trabajadores que se encontraban agrupados de forma pacífica en un ruidazo que protestaba ante la baja de casi cien contratos.

Los agentes de seguridad, vestidos de civil y armados, habían ingresado al predio de la Secretaría buscando impedir el contacto directo con el funcionario, quien se encontraba en el segundo piso del establecimiento.

En medio de la protesta, un policía desabrochó la funda de su arma amenazando con sacarla. La tragedia se evitó gracias al esfuerzo de una de las manifestantes que lo llamó a recapacitar. Una vez calmada la situación, la seguridad se reunió con Baños en su oficina. El ruidazo se dio por terminado, y más de 150 trabajadores volvieron a sus casas sin recibir las respuestas que demandaban.

El cese de los contratos, acompañados por una serie de despidos que data desde principio de marzo, fueron posibles debido a la frágil situación laboral de los trabajadores, quienes aseguraron que “no van a claudicar” a pesar de las amenazas. Como agravante, el hecho tuvo lugar en el mismo Espacio de Memoria y Derechos Humanos, días después de que las calles reclamaran “memoria, verdad y justicia”.

El nombramiento de la figura de Baños para presidir el espacio de Derechos Humanos, desplazando en su función a Horacio Pietragalla Corti -nieto restituido de padres desaparecidos- fue desde un principio centro de polémicas. Y la presencia de oficiales armados en el predio de la exESMA, donde hace años regía un acuerdo de desarme del personal de seguridad, parece una nueva provocación del gobierno. La violencia vuelve a acechar en el lugar más doloroso.

La amenaza de nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos se enmarca dentro de las 15.000 cesantías anunciadas este miércoles por el Gobierno nacional a aquellos empleados del Estado contratados con la modalidad conocida como Artículo 9, una forma de integrar la planta transitoria de los organismos públicos. En verdad, se trata de contrataciones precarias que pueden incluir a personal con más dos décadas de antigüedad. 

Como secuela del hecho, tanto Baños como el cuerpo de delegados evalúan las posibilidades de realizar una demanda: el primero por actos de violencia, y los segundos por la ruptura de este acuerdo.

Ni derechos, ni humanos

Ni derechos, ni humanos

El exjuez Alberto Baños, designado por Javier Milei en la Secretaría de Derechos Humanos, ya firmó el despido de otros 18 trabajadores, a pocos días del 24 de marzo. Desde ATE no descartan que se produzcan más cesantías y denuncian que se trata del vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

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En las vísperas del 24 de marzo llegaron nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que contaba con un plantel de poco más de 900 trabajadores. La notificación de tres ceses llegó este lunes, pero la cifra creció a 18 en apenas dos días. Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no descartan que lleguen más en los próximos días. Desde el gremio, buscaban reunirse con el secretario para resolver los contratos del área, pero no fueron recibidos.

Para Flavia Fernández Brozzi, vocera y parte de la junta interna de la Secretaría de ATE, están vaciando las políticas de memoria y de derechos humanos. “Desde el 10 de diciembre que asumieron no tenemos ninguna directiva, no podemos trabajar -aseguró a ANCCOM-. En el área que era la división de políticas contra la violencia institucional, recibimos denuncias y no podemos hacer nada más que mandar un mail pidiendo información como trabajadoras, ni siquiera como Secretaría porque no tenemos firma. Hay sitios de memoria que no pueden abrir porque no les autorizan el final de obra. En el Regimiento de Infanteria N° 9 de La Plata, sitio de memoria desde 2023, despidieron a todos los trabajadores”.

En diciembre, un director de Prensa dijo que iba a reestructurar el área, tardó dos meses en mandar el proyecto, pero el 1º de marzo nombró a cinco personas para que se queden en Prensa y que las otras diez sean reubicadas. “Como cada vez que se achica el Estado, se habla de ñoquis y de militancia, pero se despide a trabajadores con años de formación, compromiso y dedicación en sus tareas -declaró Horacio Pietragalla Corti, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo y exsecretario del área-. Nos solidarizamos con cada compañero que se esforzó para tener un país que lucha contra la violencia institucional, un país con un museo que es Patrimonio de la Humanidad, con más atención y contención a las víctimas, con más memoria, más verdad y más justicia”.

El sindicato tuvo una reunión el lunes 4 de marzo con Alberto Baños, encargado de la Secretaría, y a los días presentaron una propuesta con la reubicación de los compañeros en áreas que los necesitaban. “Desde el día que lo presentamos al viernes no tuvimos respuesta. Hicimos un ruidazo y no nos recibió. Teníamos apuro porque toda esta semana Baños iba a estar en Costa Rica. La respuesta fueron los telegramas con fecha del 8 de marzo”, relató indignada Fernández Brozzi.

“El martes, ya con los despidos notificados, el Ministerio de Justicia sacó una búsqueda interna para cubrir cuatro vacantes en el área de Prensa de la sede central, con perfiles similares a los compañeros despedidos. Esta nueva gestión tiene un alto nivel de crueldad y cinismo”, añadió Fernández Brozzi. Los primeros despidos fueron en el área de Prensa, pero a menos de una semana, también cesaron a trabajadores de Leyes Reparatorias, de provincias y delegaciones federales y del Archivo Nacional de la Memoria. De ellos, trece están afiliados a ATE, tres a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y dos no tienen afiliación gremial.

A nivel nacional, el 31 de marzo termina la renovación de los contratos de 70 mil trabajadores del Estado. Estas contrataciones se renovaban anualmente, pero esta nueva gestión sólo los renovó por tres meses. En esta situación están 100 trabajadores de la Secretaría, muchos de los cuales trabajan en los Sitios de Memoria Nacional (como Club Atlético, ESMA, el Faro de Mar del Plata, Automotores Orletti y la Escuelita de Famaillá en Tucumán), donde además de la atención a los visitantes, se realizan tareas de investigación y conservación de los espacios.

Marcela Perelman, directora del equipo de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo en diálogo con ANCCOM que «seguimos con preocupación los despidos en el Estado, que están afectando también a las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Nos preocupan las fuentes de trabajo, y las consecuencias que los despidos y recortes puedan tener en las políticas de memoria, verdad y justicia, en las reparaciones, así como en el sostenimiento de los diferentes sitios de memoria a nivel federal».

En esa línea, los trabajadores del exCentro Clandestino de Detención y Totura (CCDyT) El Olimpo se expresaron en un comunicado: “Los puestos de trabajo están en peligro, y con ellos peligra la continuidad de las políticas de memoria”. Así, consideran que este vaciamiento requiere que estén en estado de alerta y movilización hasta que se garantice el trabajo de todes.

«Si no hay una respuesta satisfactoria, volveremos a las calles»

«Si no hay una respuesta satisfactoria, volveremos a las calles»

Continúa el conflicto por los 48 despidos en Clarín. Este miércoles, hubo una manifestación y una radio abierta frente al diario.

Este miércoles 28 de abril se llevó a cabo una manifestación en frente a las oficinas de Clarín a causa del despido de 48 periodistas del matutino. La convocatoria a una radio abierta y “camarazo” desarrollada sobre la calle Tacuarí al 1800, en el barrio de Barracas, contó con la participación de representantes de Canillitas, Fatpren. Ciprem, extrabajadores de AGEA-Clarín y partidos políticos como el Frente de Izquierda y el Nuevo Más, quienes se reunieron desde las 13 hasta las 15 en reclamo por la reincorporación de sus colegas despedidos.

Esta movilización forma parte de una serie de protesatas en el marco de vulneraciones a los derechos de los trabajadores del medio. La desvinculación de empleados con la excusa de reestructuración y adecuación tecnológica de la empresa fue la principal fuente de repudio y, desde SiPreBA y sus voceros, se desmintió que las causas de los despidos se trataran de medidas económicas u operacionales. Por su parte, desde la totalidad de asociaciones y partidos se sostuvo que se trató de medidas de disciplinamiento político. 

La radio abierta inició a las 13 con una contextualización de los reclamos y, media hora después, se cedió la palabra a distintos voceros de asociaciones, sindicatos y partidos políticos. El primero en tomar la palabra fue Pablo Lombardi, representante del gremio de Canillitas, quien denunció los poderes fácticos detrás de la censura y represión de voces disidentes. “A la semana de la Gestapo sindical nuestro sindicato fue intervenido” declaró Lombardi y continuó su denuncia contra la influencia del poder acumulado de los dueños de medios y sectores productivos del país. Desde una postura de lucha, y luego de ser interrumpido por una persona que se mostró en contra de la organización sindical, retomó la palabra y aclaró que, desde la organización sindical, “no vamos a regalar ninguna de las conquistas que hemos tenido hasta acá”.

Karina Niebla, una de las trabajadoras despedidas. 

 

Luego de Lombardi tomaron la palabra el diputado Nicolás Del Caño y la diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda (FIT). Los voceros del FIT centraron sus postulados en la denuncia en contra de las grandes patronales mediáticas y su rechazo a la adecuación de salarios para sus trabajadores. La búsqueda de productividad y la pérdida de la calidad periodística se sumó al contexto descripto por los diputados. “Es un ataque antisindical, una acción de disciplinamiento en un año electoral” se afirmó desde el bloque de izquierda y concluyeron su discurso con una puesta en valor del accionar de SiPreBA junto a un cuestionamiento a la inacción de la CGT.

Enseguida llegó el turno de Pablo Gimenez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y adjunto de la Fatpren, junto a Mariana Mandakovic, secretaria general del Cispren, adjunta de la CTA Autónoma y referente de la Fatpren. Los representantes de sindicatos de prensa compartieron las medidas de lucha que fueron y serán llevadas a cabo en el interior del país. “Tenemos que tener dos o tres laburos, no ver a nuestros hijos, no vemos a nuestra familia por estar todo el día en la calle”, recalcó el representante de prensa de Santa Fe en concordancia con los reclamos por salarios competitivos. Gimenez mencionó otros casos de despidos de periodistas en Córdoba, Rio Negro y Santa Fe que se suman a los de Clarín y sentenció que se trata de “un primer paso de una serie de etapas cuyo objetivo es destruir cualquier tipo de organización o de resistencia, preparándose, quizá, para los que vienen”.
Seguido a esa declaraciones habló sobre una medida de lucha en Santa Fe para el 27 de abril donde se movilizarán “en contra de patronales sin sensibilidad y dispuestas a todo” frente al diario El Litoral. Esta no fue la única medida de lucha mencionada ya que, momentos después, tomó la palabra Mariana Mandakovic quien notificó sobre una movilización que se estaba desarrollando en Córdoba de forma paralela a la convocatoria del SiPreBA. “En un contexto inflacionario y de devaluación este grupo (Clarín) banca políticas económicas que no son para el pueblo”, declaró la secretaria general del Cispren y alegó que “un país que no tiene políticas de comunicación clara, no es soberano; por lo que hay que seguir construyendo organización y unidad para poder llevar a una lucha que esté de acuerdo con los intereses que necesitamos el pueblo y su conjunto”.

Luego se pronunciaron voces que incluyeron a periodistas, personal de la defensoría del público, miembro del Foro de Trabajo, asociaciones de enseñanza terciaria hasta representantes de organizaciones políticas. Las declaraciones concordaron que el conflicto por los despidos en Clarín excede a la cuestión de los despidos y se sumaron a un plan de resistencia sindical a nivel nacional en contra del ajuste, la inflación y el poder concentrado.

Para finalizar el encuentro se le cedió la palabra a Karina Niebla, exempleada de Clarín afectada por los despidos, quien contó su experiencia. En su declaración, al ser consultada por el mail de despido, calificó de “cínica” la justificación de la reconversión tecnológica, ya que “hubo despidos de personas jóvenes sumamente capaces de realizar labores tecnológicas e, incluso, algunos encargados de redes sociales”. Niebla contó que vivió la experiencia siendo consciente de la vulnerabilidad de su puesto de trabajo, principalmente debido a los despidos ocurridos en el 2019, aunque remarcó como aspecto positivo la atribución de personalidad gremial del SiPreBA y la conciliación obligatoria obtenida por el sindicato. En declaraciones para ANCCOM contó que siguen en pie de lucha para lograr reincorporaciones y, tras ser consultada por sus expectativas personales, ratificó que el reclamo por los despidos exceden los intereses o preferencias individuales, ya que se busca “mostrar la fuerza de la unión y pedir en bloque las 48 reincorporaciones”. “Yo tengo esperanzas de que se pueda seguir negociando; es algo inédito ya que es algo que nunca pasó y todo es mérito del sindicato” concluyó la periodista.

Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA, fue el último en tomar la palabra, retomó la falta de pruebas para los despidos por readecuaciones tecnológicas y habló sobre la capacidad económica de la empresa para sostener esos empleos. “Ese mensaje político es nefasto y esconde que hay un gran desprecio hacia sus propios trabajadores y trabajadoras”, comentó Lecchi. Posteriormente detalló el plan de acción del sindicato en el futuro: el próximo viernes se llevará a cabo una reunión con el Ministerio de Trabajo y el martes van a estar en el diario El Perfil con un reclamo por una compensación salarial. “El viernes va a terminar una etapa del conflicto, la empresa nos puso una fecha extorsiva, pero el conflicto no termina el viernes […] después de la audiencia con AGEA-Clarín vamos a definir otras acciones, esperemos una propuesta superadora que nos satisfaga y si no es así vamos a volver a las calles” afirmó el secretario general de SiPreBA y dio como finalizado el encuentro.

 

Tras amagar con incumplir la conciliación obligatoria, Clarín acató la medida

Tras amagar con incumplir la conciliación obligatoria, Clarín acató la medida

El lunes la empresa no asistió a la mesa de diálogo ni reincorporó a los 48 despedidos, como le ordenó el gobierno. El martes dio marcha atrás y se abrió una instancia de negociación.

Después de no asistir a la primera audiencia de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo ni retrotraer la situación de los periodistas despedidos como indicaba la orden gubernamental, Clarín finalmente aceptó sentarse a la mesa de negociaciones. “Se abrió una instancia de diálogo con el gremio”, manifestaron en el SiPreBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

No obstante, SiPreBa sostiene el estado de alerta y movilización y continuará con las medidas previstas en todo el gremio para exigir una recomposición salarial. Por eso, anunció para el próximo viernes un cese de tareas en la prensa escrita entre las 14 y las 18, así como también una asamblea general frente a la redacción de Clarín, en Tacuarí al 1.800.

La mañana de este martes había comenzado con una conferencia de prensa llevada a cabo por los miembros del SiPreBA y de la Comisión Interna de Trabajadores de AGEA (Grupo Clarín), luego de que en un principio Clarín incumpliera la conciliación obligatoria.

SiPreBa convocó a un cese de tareas en todas las redacciones para el próximo viernes entre las 14 y las 18.

Como respuesta a los despidos de 48 trabajadores del diario Clarín, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días que debía llevar a retrotraer las desvinculaciones y convocó una audiencia entre la empresa y SiPreBA para el día de ayer. Clarín desacató ambas medidas. “Se cree que está por encima de la ley”, había declarado en la conferencia Sebastian Díaz, delegado de SiPreBA en la puerta del diario.

Lo que dicta la conciliación obligatoria es que los trabajadores despedidos continúen con sus actividades habituales, ya sea de manera presencial, remota o mixta. A pesar de que Clarín mandó un correo electrónico a sus empleados asegurando que acataría la medida, el edificio continúa vallado y los despedidos no fueron admitidos. “Recién intenté entrar porque supuestamente hoy es mi día presencial y el de seguridad me dijo ‘tenés que conectarte remoto’”, comentó Sandra Commisso, una de las redactoras despedidas por el medio.

Durante la conferencia de prensa, se hicieron oír las voces de algunos de los trabajadores despedidos como Cecilia Vecchiarelli, editora de video que había sido víctima de los conflictos de 2019, que aseguró estar acostumbrada a ese trato por parte de la empresa, “a sentir que somos simplemente un número para ellos”. Según Rodolfo Del Percio, encargado de armar el estudio de televisión dentro de la redacción, ya no importa la idoneidad de los trabajadores sino que sean obedientes.

Sandra Comisso, una de las periodistas despedidas, llevaba 31 años trabajando en Clarín.

Distintos sectores se acercaron a apoyar la lucha de los trabajadores. Entre ellos estaba el diputado nacional por la Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, para quien en esta y otras redacciones hay una esclavitud laboral y persecución enormes. Para el diputado, el caso de Clarín debe quedar como un “conflicto testigo” para que la historia no se repita en otras empresas. Este conflicto, cabe aclarar, se da también en el marco de la lucha salarial convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

Otro de los despedidos, también de la sección audiovisual, Leo Torresi, desacreditó que la medida se deba a una reconversión digital ya que ésta “empezó hace más de veinte años cuando Clarín tuvo su primera página web”. Desde sus comienzos como redactor en la empresa, hace casi 29 años, tuvo que adaptarse muchas veces: “Si no nos hubiéramos reconvertido, no podríamos haber estado laburando hasta ahora”.

SiPreBA también negó que los despidos se debieran a razones económicas ya que, como declaró el delegado Martín Cervilla, “la masa salarial del total de los compañeros despedidos equivale solamente a 5 pesos de cada 100 que ganan los directivos del Grupo Clarín”. Como afirmó el secretario general del sindicato, Agustín Lecchi, se trata de un mensaje político contra todo el gremio y los trabajadores que, por primera vez, en el marco de la lucha salarial, iban a discutir paritarias.

Carla Gaudensi, la secretaria general de Fatpren, afirmó que no es casual que la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad quiera convocarlos a una audiencia —desconociendo que el problema salarial es a nivel nacional—, sino que se debe a que, a diferencia de 2019, esta vez el Ministerio de Trabajo reaccionó frente a los pedidos: “Esto es plenamente político y disciplinario para el movimiento obrero, nos quieren de rodillas en un año electoral”.

Por el momento, Clarín declaró vía correo electrónico que su ausencia ante el Ministerio de Trabajo se debió a la presencia de inspectores en el edificio de la redacción. “Nosotros somos ocho en la Comisión Interna y pudimos estar en los dos lugares”, denunció Díaz.

Clarín lo hizo de nuevo

Clarín lo hizo de nuevo

Como en el año 2000 y en el 2019, ejecutó un despido masivo de sus trabajadores. Tras las 48 desvinculaciones forzadas de redactores y fotógrafos, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria durante 15 días. SiPreBa había llamado a un paro gremial que quedó en suspenso.

A casi cuatro años y con el mismo modus operandi del último despido masivo, en la madrugada de hoy, Clarín notificó vía correo electrónico el despido de 48 de sus redactores y reporteros gráficos con la justificación de que la empresa necesita adaptarse al periodismo digital. Matías Cervilla, delegado del diario y secretario de asuntos profesionales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), declaró que esta decisión es una tradición periódica de la empresa que reduce costos, ataca a los trabajadores y atenta contra la libertad de expresión y la democracia.

“Hasta ayer a las cinco de la tarde estaba trabajando”, comentó Sandra Commisso, ahora exredactora de Clarín. Ella desaprobó la manera “violenta y desubicada” con la que la empresa les notificó del cese de sus actividades en el diario en tanto que no tuvo la oportunidad de entrar a su correo para ver el aviso porque se lo habían bloqueado y se enteró de su despido vía llamada telefónica. A pesar de la tristeza inicial, Sandra se demostró tranquila y concentrada en “mirar para adelante”.

Con respecto a la sección de Fotografía, Clarín despidió a seis de sus trabajadores, entre ellos a la última mujer que quedaba desde 2019, cuando despidieron a diecisiete de sus colegas. Esto se suma a que la sección se fusionó con la de video este mismo año. “Nos están matando”, declaró Mariana Berger, delegada de Fotografía.

Colegas de diferentes medios se han solidarizado por redes sociales demostrando su desprecio frente al diario que valló el edificio ubicado en el barrio porteño de Barracas. Allí la Comisión Interna de trabajadores de AGEA junto a SiPreBA realizaron una asamblea en la que se decidió por unanimidad convocar a un paro general con la finalidad de exigir la reincorporación de los despedidos y abrir una mesa de negociaciones. Como afirmó el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi: “Los compañeros y compañeras tienen que estar tranquilos” porque tienen el respaldo del sindicato y el apoyo de trabajadores de distintos sectores que los llevará a “revertir estos despidos como sea”.

En respuesta a la convocatoria al paro, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria durante 15 días, medida que retrotrae los despidos y pone en suspenso toda medida sindical mientras que obliga a Clarín a garantizar una instancia de negociación con los trabajadores del gremio de prensa que, por el momento, seguirán con sus actividades habituales. Mientras tanto, mañana 17 de abril se realizará la primera audiencia entre la empresa y SiPreBA en el Ministerio de Trabajo.