“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

Un sobreviviente de la Brigada Aérea de El Palomar y la hija de una secuestrada en la Mansión Seré que logró salir con vida de allí declararon en una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el circuito represivo del oeste bonaerense.

“Esta clase de vivencias no podían ser habladas con nadie en aquellos años. Los efectos están a la vista. Los recuerdos me conmueven como si los hubiera vivido ayer”, relató Daniel Ricardo Diulio, sobre las consecuencias de haber sobrevivido al cautiverio en la Brigada Aérea de El Palomar. La vigésimo quinta audiencia de debate por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, se desarrolló de manera dinámica y rápida, con apenas hora y media de duración.

El primer declarante, Daniel Diulio, participó anteriormente en la instrucción realizada por el Juez Daniel Rafecas. En aquella oportunidad reconoció fotográficamente al imputado de esta causa José Juan Zyska, excabo 1° de la brigada donde estuvo detenido. En la declaración que fue leída durante esta audiencia, Diulio había encontrado similitud entre una fotografía de Zyska por “el corte de la cara, el bigote, y las cejas”, con los rasgos del guardia “que tenía más rango que el resto” y se apodaba El Puma”.

Juan Carlos Rubic, a quien identificó en dicha instrucción como “Capitán Roberts”, fue quien les aseguró que estaban detenidos en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). “Yo me quedé con eso hasta que en mi primera declaración ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) describí el espacio donde estuve detenido. Un especialista determinó que el croquis armado con mis descripciones no tenía coincidencias con la ESMA. Al tiempo me volvieron a llamar, porque el croquis armado con las declaraciones de otra detenida coincidían en espejo con el mío”, relató el testigo sobre el momento en que conoció que sus 15 días de secuestro fueron en la  Brigada Aérea de El Palomar. Tomó sentido así un paño que había visto colgado durante el cautiverio y que le llamó mucho la atención, con la inscripción Fuerza Aérea Argentina.

Diulio relató, además, que fue el mismo genocida quien les explicó que estaban allí porque los “había marcado” Daniel Darío Palomeque. “El Capitán Roberts, a cara descubierta, nos dijo que Daniel era irrecuperable para la sociedad y que lo iban a matar. En cambio, a nosotros como no teníamos nada que ver, nos iban a liberar. A Daniel lo conocía del comedor universitario, había estado viviendo en mi casa un tiempo, y alternativamente en casa de otros compañeros”. El testigo dijo intuir que “aunque nos dijeron que nos liberaron por no estar involucrados con los hechos que ellos consideraban delictivos, estimo que lo nuestro fue en realidad una juntada de gente al boleo, que coincidimos en que Daniel Palomeque nos conocía”, ya que él no reconoció a ninguno de sus compañeros de cautiverio que eran “no menos de 5 o 6 en la habitación”.

Cuando se presentaron en su domicilio de La Plata, ciudad donde estudiaba Medicina, “golpearon la puerta diciendo ser Daniel. Eran más de las 10 de la noche y, como me demoré en abrir, comenzaron a golpear y dar patadas a la puerta hasta que entró un grupo de personas. Me ataron las manos, taparon los ojos y me subieron a la caja de una camioneta. Me hicieron marcar la casa de una compañera de estudios, que por suerte no estaba esa noche. Siguieron con un recorrido de largo rato, dando varias vueltas y subiendo gente a la caja del vehículo”, relató Diulio sobre el momento del secuestro. El suceso fue en el mes de septiembre de 1978, tiempo en el cual declaró no tener militancia. Sin embargo, mencionó que hasta 1974 participó en la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional), “una organización universitaria peronista. Fui militante de superficie, es decir, no colaboré dentro de organizaciones armadas. Cuando se formó la JUP (Juventud Peronista), me aparté”.

El sobreviviente relató que durante los interrogatorios, “me preguntaron por mi filiación política. Para no comprometer mi situación dije que era un estudiante de familia radical. Pero una voz detrás mío me dijo que no mienta, que había participado en una marcha cuando Juan Domingo Perón había vuelto a la Argentina y que era de la Juventud Peronista. Como les había mentido me comenzaron a golpear y pegar. Yo no conocía a esa persona, pero claramente ella sabía sobre mí”. De la habitación con colchones en el piso que compartían con compañeros de cautiverio, era trasladado a otra donde se hacían las sesiones de tortura. Sobre estas, recordó que “me hacían acostar sobre un elástico y desvestir. Me ponían la picana eléctrica en todo el cuerpo mientras me preguntaban por gente y me pedían que diera nombres. Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”.

La segunda declaración de la jornada fue la de Adriana Beatriz Basualdo, testigo del secuestro de su madre Juana Elsa Ulloa, ocurrido el 13 de abril de 1977 en el domicilio de su familia en Ituzaingó. A la vivienda ingresó un grupo de personas “encapuchadas y vestidas de negro, que mataron a nuestros perros. A mis hermanos mayores y a mi padre los golpearon, a mi madre la encerraron en el baño. Mi hermano menor y yo fuimos apartados en otra habitación en la que nos apuntaban a la cabeza con ametralladoras. Sobre mi cama pusieron un bolso lleno de granadas y armas. Yo pedía por mi mamá y recuerdo que un hombre de ojos celestes me dijo que no le iba a pasar nada. Se la llevaron en el baúl de un Ford Falcon después de romper y dar vuelta toda la casa”, explicó la testigo que tenía 12 años al momento de los hechos.

Luego continúo la declaración, ya no con lo que vio en primera persona y la convierte también en sobreviviente, sino a partir de los relatos de su madre sobre lo vivido en el centro clandestino de detención. “A mi mamá la violaron y le lastimaron todo el cuerpo. La interrogaban constantemente y la torturaban con picana eléctrica, principalmente en sus partes íntimas. Incluso hacían simulacros de que la iban a matar. Ella me contó que escuchaba a otras personas detenidas pero que nunca las vio. Recordaba particularmente a una señora que trabaja en un banco y que estaba embarazada. Escuchó cómo a esa mujer le decían ‘¿te sentís más liviana ahora que te sacamos el guacho?’. Mi padre había hecho una denuncia sobre la desaparición de mi madre, pero se la rompieron en la cara. A través de un amigo de la familia supimos que ella estuvo en Mansión Seré.” Aunque fue liberada luego de un mes, “nuestra familia se sintió siempre vigilada”, dijo Basualdo. Juana Ulloa, en aquella época, trabajaba en la Escuela Primaria N°113, “haciendo la comida para los chicos. Conocía y tenía algunos amigos que militaban. Pero no era su actividad”.

Como ya ha sucedido en audiencias pasadas, la Defensa objetó la incorporación de las declaraciones previas de la testigo. Por ello, Manuel Castro, el abogado defensor privado de José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch, comenzó el interrogatorio de Basualdo preguntándole si se consideraba víctima de la última dictadura militar y pidiendo detalles sobre las secuelas del secuestro, la vigilancia y las “visitas” posteriores. Esta actitud de los abogados defensores fue una constante a lo largo de las audiencias: intervenir elevando el tono de voz, tutear a los sobrevivientes y hasta confundir sus nombres. Ya ha sucedido en este juicio que en la misma audiencia, como en esta, coinciden testimonios relatados por primera vez junto a otros que deben volver a revivir el dolor para ser oídos por defensores de bufetes privados cuya estrategia pareciera ser revictimizar y extender al infinito el proceso judicial que involucra a sus clientes alejando a los sobrevivientes de la justicia y la verdad.

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Finalizadas las dos declaraciones, la próxima audiencia de este juicio quedó programada para el 8 de julio a las 12 horas.

“Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas”

“Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas”

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ejecutados en Mansión Seré y el circuito RIBA, declararon el nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro quien, siendo bebé, fue apropiado y criado por el imputado ya fallecido Juan Carlos Vázquez Sarmiento y la sobrina de uno de los imputados, Ernesto Rafael Lynch.

“Por muchos años no quise saber quién era. Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas, pero era abrir una caja de Pandora que no quería afrontar. Nunca pensé que podía ser hijo de desaparecidos”, dijo Ezequiel Rochistein Tauro, uno de los bebés robados durante la última dictadura cívico militar. Hijo biológico de los aún desaparecidos María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, fue apropiado y criado por el imputado de esta causa Juan Carlos Vázquez Sarmiento y su entonces esposa Stella Maris Emaldi.

En la vigésimo cuarta audiencia por la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV declararon cuatro testigos, de los cuales dos relataron sus infancias en entornos militares y de verdades a media. El testimonio de Rochistein Tauro se centró en el largo y difícil proceso de recuperar su identidad, restituida el 1 septiembre 2010, siendo el nieto recuperado N°102 por Abuelas de Plaza de Mayo. “Cuando yo decidí y quise avanzar sobre la verdad, él me fue dando información suelta, acomodando la realidad a su conveniencia. Yo esperaba tener una conversación en la que me dijera cómo había sido todo pero nunca lo hizo. Me costó mucho comenzar a llamarlo Vázquez Sarmiento. Por suerte ahora ya lo tengo bien asimilado. Perdí todo contacto con él en 2013”, relató el testigo, y remarcó la diferente relación que tiene con “la que al día de hoy considero mi madre, Stella Maris Emaldi, quien fue uno de los vértices por los que por muchos años no quise saber de mi identidad”, explicó.

En diálogo con ANCCOM el testigo mencionó que le hubiera gustado declarar cuando aún estaba vivo Vázquez Sarmiento, imputado que falleció en febrero de 2025 cuando cumplía la condena por su apropiación y era juzgado en este juicio por su accionar en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). “Yo esperé a que el Tribunal me convocara y a veces los tiempos judiciales no son los de las personas. Pero también, me hubiera gustado ir a verlo a la cárcel y darle la última oportunidad de que me dijera la verdad. Finalmente no pude. Cuando me contaron que él estaba grave me costó creer. En principio pensamos que era una estrategia de la defensa, pero en verdad estaba senil. Por ese mismo motivo, si yo hubiera ido a verlo al penal tampoco me hubiera dicho nada”, explicó el testigo. Una pregunta que sí pudo hacerle fue por la elección de su nombre. Resultó que Ezequiel era el nombre de guerra que utilizaba Vázquez Sarmiento.

Rochistein Tauro relató el momento en que, en diciembre de 2000, Vázquez Sarmiento recibió la citación a juicio por su apropiación: “Lo primero que leí fue ‘Vazquez Sarmiento y otros por delitos de sustracción de menores’. Pensé que lo estaban citando a él a declarar. Pero más abajo estaba mi nombre. Ahí quedé un poco impactado y comenzaron a cerrarme algunas cosas, en principio desconectadas”, aunque reconoce que no pudo afrontar su verdad hasta 2010. Para abril de 2001, fecha en que debía presentarse a declarar Vázquez Sarmiento, ya se había fugado, situación en la que permaneció por casi dos décadas.

En esos pocos meses (entre la recepción de la citación y la fecha en que debía presentarse), Vázquez Sarmiento comenzó a contarle a Ezequiel versiones diferentes de su origen. En una de ellas le afirmó “que era hijo de Graciela y que había nacido en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Me dijo que la había cuidado y que la salvó sacándola de contrabando. Se jactaba de ser de los pocos de RIBA que tenían nexo con la Armada e iban a ese centro clandestino. Me llegó a decir que Graciela estaba viva y que se la había cruzado en Madrid. A partir de sus relatos, estoy seguro de que fue él quien entregó a Francisco Gómez el bebé de Patricia Roisinblit, Guillermo Pérez Roisinblit”, rememoró el testigo. Agregó que una de las 13 denuncias que recibió Abuelas de Plaza de Mayo sobre su identidad fue realizada por Julio César Leston, cabo 1° de RIBA, también acusado en esta megacausa-. “Afirma que Guillermo Pérez Roisinblit fue entregado a (Francisco) Gómez como yo a Vázquez Sarmiento. Si Leston sabe algo más, me gustaría que me cuente”, dijo mirando al banquillo de acusados. Según lo que recuerda, Leston y Vázquez Sarmiento eran compañeros de promoción.

Rochistein Tauro, mencionó diferentes anécdotas sobre su apropiador con las que ilustró la personalidad militar. “Rotaba constantemente el auto y siempre andaba armado. Se jactaba de participar en la guerra contra la subversión y no ocultaba su vínculo con la represión ilegal. Incluso decía que tenía contacto con Emilio Eduardo Massera”.

Una anécdota familiar que siempre escuchó fue que Vázquez Sarmiento había sobrevivido a un tiroteo. Durante el proceso de conocer su identidad, el militar le contó el resto de la historia. “Quien casi lo mata en ese tiroteo fue Jorge Rochistein. Recuerdo que me dijo ‘tu viejo se rebancaba la tortura’ y que durante las sesiones, Jorge lo había reconocido”.

A pesar del pacto de silencio de su apropiador, Ezequiel pudo reconstruir información de sus padres. La pareja Tauro-Rochistein fue secuestrada el 15 de mayo de 1977 de su domicilio en Hurlingham. “Cuando mi abuela se enteró comenzó a hacer recorridos. Estaba convencida de haber visto el DNI de mi mamá en la Comisaría de Castelar. Ya en democracia, un compañero detenido en la ESMA, le comentó que el embarazo había llegado a término y que yo había nacido. Ahí me empezaron a buscar”. Por sobrevivientes, se sabe que Graciela Tauro estuvo en la Comisaría de Castelar y en Mansión Seré y que fue trasladada para parir a la ESMA. Aún se desconoce el paradero de los padres de Ezequiel, que nació algún día de 1977 y tiene 47 años: “Siempre digo creo, porque no sé cuando nací”, le dijo a la jueza Claudia Moreguese.

A pesar de la oposición por parte de las defensas, también declaró Noelia Raquel Lynch, sobrina por lado paterno del imputado Ernesto Rafael Lynch, exteniente de la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno. La testigo nació en una familia de tradición militar en donde dice que era moneda corriente escuchar expresiones como “zurdos o judíos de mierda”, incluso dirigidas hacia ella. “Mi tío se cuidaba más en sus expresiones, pero en su casa siempre se escuchaba la expresión ‘la defensa de la causa’. Para uno en ese entonces no tenían mucho sentido esas palabras, pero luego las cosas empezaron a cuadrar”. Declaró haber dudado de su identidad “por las características de mi familia”.

Su testimonio estuvo plagado de recuerdos que ilustraron el abuso psicológico y sexual dentro de la familia Lynch, de la cual se alejó cuando tenía 16 años. Por su incomunicación con ellos quedó en shock cuando Manuel Barros, el abogado defensor de su tío, le dio la noticia de que su padre, Héctor Lynch, había fallecido en enero de este año. El comentario fue minutos después de que la testigo relatara escenas de abuso sexual infantil perpetradas por hombres de la familia. Conectados en la virtualidad, Barros y su defendido Lynch dialogaban fumando un cigarro durante la exposición de Noelia Lynch.

“Toda mi vida ha estado supeditada a la búsqueda de la verdad. Lo que relato son vivencias de una niña. A medida que me hice mayor y conocí la historia de nuestro país comencé a pensar que mi familia estaba involucrada. Pero no tenía ningún hecho concreto que lo justificara, salvo algunos relatos, que resultan verosímiles por los movimientos de mi familia”, expresó la testigo que se enteró por los medios de la elevación a juicio de la causa de su tío, hecho que le dio la certeza de que “no estaba loca como ellos me decían”.

Sobre su tío, Ernesto Rafael Lynch, recordó su participación en los levantamientos carapintadas (serie de sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990) y contó anécdotas que le permitieron pensar sobre su accionar ilegal dentro de las Fuerza Aérea. En una ocasión, sus padres fueron detenidos en Moreno por un grupo de camionetas y su madre señalaba que se habían salvado porque “tu tío reconoció a tu papá”. El relató coincide con las camionetas “Las Tres Marías” que utilizaba el Grupo de Tareas 12, cuyo mando se adjudica a Ernesto Rafael Lynch. Algo extraño también sucedió cuando desapareció un matrimonio del edificio donde vivían y la hija de la pareja quedó en su casa. La testigo recordó que por recomendación de su tío “para que quedara todo legal” devolvieron a la niña a sus abuelos mediante escribanía.

Gabriel Leston, hijo del imputado Julio Cesar Leston, fue citado a declarar por pedido del abogado defensor de su padre, Nicolas Aguilar. Le tomó más tiempo en el banquillo virtual la presentación de la causa y lectura de formalidades sobre sus derechos por parte de la jueza, que su escueta declaración en la que desmintió la del sobreviviente Norberto Urso, quien había declarado que su encuentro con Leston fue concretado a través de una llamada atendida por su hijo Gabriel Leston, lo cual fue desmentido por el declarante finalizando su presentación.

La última declaración de la audiencia fue la de Roberto José Estrampres, que junto a otros dos amigos, José Francisco Quevedo y Noemí Graciela Colombo, fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 por estar haciendo música en las inmediaciones del centro clandestino Mansión Seré. “Un grupo de personas salió y nos llamó. Cuando estábamos cerca sacaron armas largas y nos metieron en la casa. Nos separan de Graciela, a quien subieron por una escalera”. Fueron liberados pasadas algunas horas y trasladados en el baúl de un auto hasta las cercanías de la Brigada Aérea de Morón. Sin embargo, al día siguiente, personas vestidas de civil allanaron su casa: “Por suerte no estaba ese día. Pero a Graciela la volvieron a llevar, en esa ocasión a la Comisaría de Castelar”, relató Estrampres, sobre su amiga que fue liberada nuevamente luego de 5 días de detención ilegal.

Con este cuatro testimonio finalizó la vigésimo cuarta audiencia de esta megacausa que nuclea 130 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en diversos centros clandestinos de detención del oeste del conurbano bonaerense. La próxima audiencia de este juicio quedó programada para el martes 24 a las 9 horas en modalidad virtual.

«A mi marido le dolía recordar»

«A mi marido le dolía recordar»

En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino Mansión Seré y en el circuito RIBA, declararon un sobreviviente y la mujer de un secuestrado.

“¡¿Pero vos entendes pendejo que te podemos matar y no se entera nadie?!”, relató Gustavo Daniel Romano, sobreviviente del excentro clandestino Mansión Seré, sobre el simulacro de juicio que debió padecer mientras padeció su secuestro. ”Me llevaron a una habitación donde éramos varias personas y me dieron tres opciones de lo que podrían hacer conmigo: matarme, hacerme pagar una culpa que al día de hoy desconozco, o liberarme. Yo les dije taxativamente que me liberen”, relató el primer declarante de la audiencia número 23 por la causa 4.118, conocida como Mansión Seré IV y RIBA II. Romano declaró en dos oportunidades anteriores, en el juicio a las Juntas Militares de 1985 y en el año 2009. Este martes volvió a relatar con un testimonio rápido, detallado y preciso, casi sin atisbos de dolor, los padecimientos provocados por la privación ilegítima de su libertad.

El testigo había sido secuestrado con 18 años, el 5 de octubre de 1977, de su domicilio en Boedo: “Mi casa era un lugar de encuentro, nos dedicamos a la actividad social”, dijo el militante de la Juventud Peronista. Recordó el ingreso violento de cuatro civiles portando armas largas, que preguntaban por él. “Me dijeron que me iban a llevar pero sin especificar ningún motivo. Me vendaron los ojos y me pusieron en la parte de atrás de un auto. Luego de un largo viaje, me subieron por una escalera y me tiraron en una cama, y alguien caminó por arriba de mi espalda”. Sobre las torturas explicó, de manera general, que solían ser con electricidad.

“Nuestro oído estaba agudizado, a lo que nosotros dábamos importancia que era la llegada de La Patota, antesala de una nueva sesión de tortura. Había mucha diferencia entre quienes nos cuidaban y La Patota”, relató el sobreviviente. Sobre la estancia en la mansión del terror recordó la comida “de olla” una vez por día, la falta de higiene y la imposibilidad de ir al baño: “Me bañaron una sola vez con una manguera”, dijo. Compartió lugar de encierro con Alejandro Astiz y luego con Juan Carlos Brid. En relación a Brid, recordó que “habíamos acordado que el primero en salir iría a la casa del otro para avisar que estábamos vivos. Al momento de mi liberación, yo no tenía mis zapatillas y solo estaban los zapatos de Juan Carlos. Me los llevé puestos”.

Para su liberación, Romano, fue trasladado a la comisaría de Haedo en el baúl de un auto. “Me metieron en un calabozo, que al recordarlo ahora me genera claustrofobia, pero en ese momento estaba feliz porque significaba volver a la vida. Allí un policía me tomó los datos y tuve visitas de familiares, incluso ellos me vinieron a saludar: ‘Chau Romano, portate bien’, me dijeron. Estuve dos meses allí y luego en la cárcel de La Plata, hasta que me liberaron por un decreto del Poder Ejecutivo. Con el tiempo rehice mi vida, voy camino al medio siglo de aquello”, finalizó su declaración el sobreviviente.

La segunda declaración de la audiencia fue la de María Alejandra Hernández, testigo del secuestro de su esposo Gustavo Mensi. “Lo secuestraron el 23 de noviembre de 1977, yo tenía 21 años y él 22.”, relató Hernández.

Sobre la noche del secuestro, recordó que varias personas primero pasaron por la casa de sus suegros, donde Mensi había vivido hasta antes de casarse. “Luego fueron a nuestra casa, tocaron el timbre, mi marido se despertó y fue a abrir. No lo volví a ver por un mes”, expresó la testigo angustiada por la reminiscencia de los hechos. “Una vecina luego de muchos años, nos contó que había visto como a Gustavo lo subían a una camioneta blanca, en la que había más de cuatro personas, que eran las que habían ingresado en la casa vestidos de verde. Los que entraron, comenzaron a revolver, me pedían las libretas de teléfono y me preguntaban por antiguos compañeros de militancia que mi marido había conocido en el secundario. Yo tuve lo mío en Devoto, pero ambos dejamos la política en 1975”. En la habitación, contemplando el interrogatorio a su madre, estaba el hijo del matrimonio, Pablo Mensi, de un año y medio. “Por esas cosas raras del destino no me llevaron a mí, ni a mi hijo”, argumentó la testigo.

Durante el mes de secuestro de Mensi, Hernández realizó averiguaciones de todo tipo para encontrarlo, así le llegaron a confirmar que “se lo habían llevado los de aviación”. Tuvo incluso un encuentro con el Vicealmirante de la Marina, Rubén Chamorro. “Ellos sabían todo sobre nosotros, mi militancia en Devoto y la de Gustavo. Me dijeron ‘podría haber sido usted también´. Se sentían todopoderosos”, relató la testigo.

“El 22 de diciembre de 1977, cuando volvíamos con mi hijo del jardín, lo encontramos sentado afuera de la casa. Lo habían dejado en la zona de San Martín, en las vías del tren, con unas monedas que usó para tomarse un colectivo que llegaba a la casa de sus padres. Estaba extremadamente flaco, con la misma ropa que se había ido”. Pese al paso del tiempo su marido habló muy poco del tema. “Le dolía recordar”, dijo, pero algunas de las vivencias que alguna vez él le contó fueron reproducidas por Hernández en su declaración: “Gustavo supo que había llegado a la Mansión por las declaraciones de un antiguo compañero de militancia a quien habían torturado hasta matar. Ese era su mayor miedo”. También le contó que se había dado cuenta que “en las sesiones de torturas ellos tenían unas fichas y cuando se equivocaba le volvían a golpear, como si supieran todas las respuestas”, añadió en su declaración.

Para finalizar su testimonio, Hernández relató las secuelas posteriores que afrontó la familia, como la enfermedad de su suegra o las pesadillas recurrentes de su hijo, presente en el momento del secuestro. “Cuando abrió la CONADEP fuimos a hacer la denuncia, pero había tanta gente que Gustavo no pudo hacerlo, teníamos mucho miedo. Por lo mismo, durante varios años no tuvimos DNI: no podíamos pisar una comisaría o un juzgado”.

Luego de una audiencia dinámica, los inconvenientes se sucedieron cuando la jueza y presidenta del Tribunal Federal Ora N 5l, María Claudia Morgese, comenzó a leer a la testigo parte de una declaración previa. A esto se opusieron el defensor oficial Leonardo Miño, quien suele repetir los destratos hacia la magistrada, y el abogado defensor Mauricio Castro, quien manifestó su adhesión al pedido de no lectura aludiendo a que la jueza estaba “ejerciendo una actividad propia de la acusación que no se corresponde con la imparcialidad por la que debe velar este tribunal”. Por su parte, el fiscal Félix Crous, con la adhesión de las querellas, manifestó que la declaración de Hernández debería incorporarse al juicio: “No tengo objeción de que se lea la declaración que ya debería estar incorporada” y recordó que esto no sucedió por la oposición de los abogados defensores. Al respecto, volvió a pedir al tribunal que revise los motivos de las objeciones de la defensa para evitar “escenarios en que las personas deben exhibir su dolor, y aún con gratitud de estar frente al sistema judicial para hacer justicia. Sé que algunos disfrutan con el dolor ajeno, para eso hay un significante: sadismo”, concluyó. Luego de los ida y vuelta generados, la jueza cerró de manera directa la audiencia recordándole al defensor oficial Miño que, si así lo consideraba, podía elevar una petición sobre su accionar como magistrada.

 

La próxima audiencia de este juicio será el martes 17 de junio, y se adelantaron cómo próximas fechas el 24 del mismo mes y el 8 de julio.

¿Dónde está Luciana?

¿Dónde está Luciana?

Luciana Muñoz Aguerre desapareció hace diez meses en la ciudad de Neuquén. Hay un solo detenido, pero es por falso testimonio. El Estado no da respuestas mientras su familia la busca.

Luciana Muñoz Aguerre desapareció el 13 de julio del año pasado en el barrio Gran Neuquén Norte. Cumplió 21 años a un mes de estar desaparecida. A casi un año de su desaparición, su familia todavía no sabe dónde se encuentra ni tiene acceso al estado de la causa judicial. Desde la policía neuquina afirman que están investigando pero Mirta Muñoz, abuela paterna de Luciana, declaró que no recibe información alguna y consideró que la búsqueda está estancada. Encima, mientras la familia la busca es hostigada por fuerzas policiales y de seguridad.

Hoy Neuquén es la provincia con la tasa más alta de feminicidios en el país y en muchos de ellos, no se hallaron culpables ni responsables. En el caso de Luciana, tanto su familia como las organizaciones que las acompañan aseguran que a Luciana la secuestraron. Ante la falta de respuestas, la familia está pidiendo que el caso pase a la justicia federal.

Como suele ocurrir en estos casos, la búsqueda es encabezada por Lila Aguerre, madre de Luciana, y su abuela Mirta, acompañadas por sus amigas, tías y activistas. “Nos gustaría que ya se supiera en todo el país y afuera también”, declaró Mirta. 

El pasado sábado 24 de mayo ella y un grupo de mujeres que se reunieron para seguir pidiendo la aparición de Luciana, hicieron una panfleteada en el puente de Cipolletti. Las que ponen el cuerpo en las manifestaciones están decididas a continuar pero se sienten intranquilas y poco seguras. “Nos tienen muy vigiladas. Ese día hicimos una protesta pacífica sin siquiera cortar el tránsito y nos mandaron patrulleros, estaba la Gendarmería y la policía provincial. No vamos a pintar ni vamos a romper nada, esa es la consigna que tenemos. Somos conscientes de que si hacemos eso van a decir que estamos locas. Nosotras no tenemos la culpa, nosotras no sabemos nada.”  Mirta sigue al frente de la lucha con la firmeza de una Abuela de Plaza de Mayo: “No voy a parar hasta que aparezca mi gorda. Queremos que aparezca viva y si no, queremos el cuerpo, para que termine este trago amargo que estamos viviendo”, expresó.

Buscándola sin parar

La madrugada en que desapareció, Luciana salió de su casa para encontrarse con Isaías Catalán, a quien había conocido por Facebook y que vivía en el Barrio Gran Neuquén Norte. Mirta reconstruyó los primeros días de angustia que vivió su familia tras no tener noticias de ella: “Luciana se perdió un sábado y el domingo a la noche anduvimos buscándola toda la noche, el lunes todo el día. El martes volvimos y ahí no paramos más”, relató visiblemente afectada. Desde entonces, la familia emprendió una pesquisa incansable por su cuenta: “Estuvimos preguntando, investigando, buscándola, porque no decíamos ‘se la llevaron’. Lo primero que pensamos fue que la gorda se había quedado a dormir en algún lado”.

La familia de Luciana consiguió en aquellos días una filmación que habría sido uno de los últimos registros en cámaras de seguridad de la chica. Allí, se la veía caminando apresurada y tropezando, en la intersección de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, a las 7 de la mañana del día de su desaparición. “Vimos los videos y no la volvimos a ver más. Ahí empezamos a sospechar de todo”, contó Mirta.

Catalán aseguró haberla dejado a las 9, pero el horario no coincidía con las imágenes. “Ella no iba tranquila y no tenía que ir a ninguna parada: estaba a cuatro cuadras de su casa”, explicó su abuela. “Nunca nos dejaron ver las cámaras oficiales”, contó Mirta refiriéndose al domo de cámaras de seguridad ubicado en la rotonda donde habrían capturado a Luciana. 

Un detenido, cero pistas

La investigación tuvo un giro con la detención de Maximiliano Avilés, exnovio de Luciana, quien permanece como el único imputado en la causa. La fiscalía lo acusa de haber brindado falso testimonio y de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Fue detenido el 28 de agosto de 2024, a 46 días de la desaparición, y atravesó distintas instancias: primero arresto domiciliario, luego prisión preventiva tras incumplir las condiciones del beneficio, y finalmente un retorno a la domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Avilés mintió en al menos dos oportunidades clave: una ante la Policía el 27 de julio, y otra el 23 de agosto ante la Fiscalía. Además, en uno de los allanamientos realizados en su domicilio, se hallaron rastros de sangre en el piso, un par de zapatillas y un palo de golf dentro de un vehículo. Si bien los análisis confirmaron que la sangre no era de Luciana, el hallazgo y las contradicciones en su testimonio mantuvieron la imputación en su contra.

“A Avilés lo tienen detenido por haber mentido, pero como si solo hubiera mentido en no haber tenido una relación amorosa con Luciana. Él dijo que hacía dos o tres meses que no la veía, pero Luciana estuvo en su casa el día que desapareció”, comentó Mirta sobre el joven. A pesar de las pruebas forenses que no vinculan directamente a Avilés con la desaparición, la justicia decidió sostener la investigación sobre él como única pieza del caso.

El Estado abandona y encubre

En cada paso de la búsqueda, las respuestas del Estado no fueron sólo insuficientes, fueron obstáculos. Cuando la familia señalaba posibles lugares donde podía estar Luciana, la respuesta era siempre la misma: que no había orden judicial, que no se podía ingresar, que no correspondía verificar.

Las sospechas sobre casas vinculadas al narcotráfico, donde se decía que habían visto a Luciana, tampoco fueron atendidas. Una y otra vez, la familia y quienes las acompañaban veían cómo la información era descartada o simplemente no se investigaba. La sensación de que el caso estaba siendo silenciado se transformó en certeza. “No podemos descansar porque hay un Estado cómplice, que calla, que deja que todo pase, que garantiza impunidad a muchísimas personas”, contó a ANCCOM Paula Carbajal, docente y militante en Mujeres por la Libertad, una agrupación que acompañó a la familia de Luciana durante toda la búsqueda.

Desde el inicio, las tareas de búsqueda recayeron en mujeres: la familia, las amigas, las vecinas. Sin apoyo ni protección, con miedo. “Las amigas de Luciana ya se han apartado porque no ven nada serio. Porque sienten que si se perdió Luciana, se puede perder cualquiera”, explicó Mirta.

La justicia, en lugar de acompañar, cerró puertas. No hubo protección para quienes investigaron por su cuenta. No hubo transparencia en los procedimientos. “Queremos marcar que acá estamos, que no se van a llevar a cualquier piba como quieran y cuando quieran. Si el Estado es cómplice y se calla, vamos a organizarnos para que eso no pase más”, sentenció Paula.

Por otra parte, tampoco confían en la asesoría legal que tienen porque no eligieron a su representante ellas mismas, sino que un hombre le ofreció sus servicios directamente a Lila. “Llegó de la nada y a mí no me genera confianza”, aseguró Mirta. Investigando, encontró que se trataba de un abogado de la Uocra, Alfredo Cury. Ante los medios locales, el querellante se mostró muy comprometido con la causa pero puertas adentro siguió sin brindarle los datos más relevantes de la investigación. “Me es sospechoso porque nosotros le damos un nombre y él va a avisarle a esa persona que le van a hacer allanamiento. A nosotras no nos está cuidando.”, declaró Mirta.

Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres que buscan a Luciana y debilita la fuerza con la que pueden hacerse oír ya que de algún modo las expulsa de espacios que les corresponden. “Mañana creo que va la madre a la fiscalía. Va con el abogado.Yo no voy a ir porque no me siento representada por él. Si no, iría.”, expresó Mirta. 

Sin embargo, la abuela sigue haciéndose escuchar, presentándose en medios locales y nacionales para contar su historia y reclamar a su nieta. “Estoy acá en Cipolletti porque vamos a hacer una radio abierta por el tema de todos los casos que están pasando en estas provincias, que están tan relacionados”, comentó Mirta, entendiendo que lo que le pasó a su nieta no es un caso aislado, sino parte de lo que definió como “una red de complicidad entre el narcotráfico y la prostitución, que se da acá en la ruta del petróleo”.

Según su abuela, Luciana quería construir otra vida, alejada de los consumos y los peligros de la calle. Había retomado sus estudios y más adelante pensaba estudiar abogacía. La joven cursaba en el CPEM 76, una secundaria vespertina de jóvenes y adultos. A pesar del tiempo transcurrido, en la escuela todavía nombran a Luciana. Ahí, los docentes y compañeros llevan adelante actividades de concientización sobre trata y desaparición de jóvenes, entretejiendo una mayor visibilización y contención entre los habitantes del barrio. 

Docentes y feminismo

En medio de la ausencia estatal y la falta de respuestas judiciales, un grupo de mujeres comenzó a tejer una red de acompañamiento, visibilización y sostén. Son docentes, muchas de ellas parte del colectivo Mujeres por la Libertad, con experiencia en acompañar causas de violencia machista desde mucho antes de que se hablara de feminicidios en los medios.

La historia de Luciana llegó al grupo a través de una vecina, amiga de la madre. Desde ese momento, el compromiso fue inmediato. No como profesionales, ni como especialistas, sino como mujeres que entendieron que la desaparición de una chica en un barrio atravesado por el narcotráfico y la pobreza no podía quedar en silencio. “Lo único que podíamos hacer era difundir, que todo el mundo supiera que Luciana estaba desaparecida”, contó Paula. “La docencia se ha convertido en una tarea de riesgo. Todo eso —los narcos, la venta, la pobreza— rebota en la escuela. Y ahí estamos, tratando de tejer redes, de crear lazos”.

Desde el sindicato, desde los espacios feministas, desde la calle y las marchas, Mujeres por la Libertad fue uno de los pocos brazos reales de acompañamiento para la familia. Para Mirta, la abuela de Luciana, no se trató solo de una ayuda logística: “Si no hubiera sido por ellas, yo hubiera estado sola luchando. Porque la madre por ahí se me queda, está abrumada. Entonces le digo, arrimate a mí. Entre las dos somos más”.

En la práctica, ese acompañamiento fue completo: emocional, político, cotidiano. Desde un llamado para preguntar cómo está hasta una escucha profesional. “Yo tuve que buscar a una mujer de esas agrupaciones, que es psicóloga. Le dije que me tratara porque no me quiero poner chapita. Y ella me atendió, sin problemas”, recordó Mirta.

En un barrio golpeado, donde la justicia se retira y la policía amedrenta, el rol de estas docentes organizadas se convirtió en una trinchera. Un espacio donde la lucha por Luciana no solo se sostiene, sino que insiste en convertirse en memoria activa y en demanda colectiva.

 

La ESMA conmemoró su décimo aniversario como sitio de memoria en medio del hostigamiento gubernamental

La ESMA conmemoró su décimo aniversario como sitio de memoria en medio del hostigamiento gubernamental

El mismo día que en el Boletín Oficial se publicó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subecretaría y el traspaso administrativo del Sitio de Memoria, el espacio -declarado patrimonio de la humanidad- recordó que lleva una década manteniendo viva la memoria. Durante la gestión de Milei el personal se redujo de 42 a 28 personas.

Mayki Gorosito, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente y Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido número 68. 

El Museo y Sitio de Memoria ESMA abrió sus puertas un 19 de mayo de 2015, consolidandose como un espacio de memoria y denuncia del terrorismo de Estado. El lugar constituye en sí mismo una prueba judicial sobre los crímenes cometidos, utilizada en los juicios de lesa humanidad. Desde 2023 el espacio es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado, un espacio que durante la dictadura funcionó como centro de comando de las Fuerzas Armadas. La sala estaba colmada. En las primeras filas se ubicaron los oradores de la jornada: la directora ejecutiva del Museo Sitio, Mayki Gorosito, el arquitecto Martín Capeluto, la exjueza María Roqueta, Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido número 68 y figuras destacadas como Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, la nieta recuperada y exdiputada Victoria Donda, el embajador japonés Yamauchi Hiroshi y el embajador español Joaquín María de Arístegui Laborde.

 

Gorosito dio inicio al acto con unas palabras de agradecimiento: “Gracias por compartir, por estar presentes hoy, en este contexto tan triste y difícil”. La referencia a la situación en la que se encuentran los Espacios de Memoria estaba clara: desde la asunción del gobierno de Javier Milei han sido constantemente atacados mediante desfinanciamientos y despidos. Desde hace varios meses las y los trabajadores denuncian la falta de pagos de salarios y de presupuesto para el mantenimiento de los espacios.

El miércoles 21 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 344/2025, que establece la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo ESMA, los cuales pasarán a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Según el decreto, la medida busca “una gestión más eficiente, coordinada y racional en materia de concientización sobre el respeto de los derechos humanos y preservación de la memoria histórica”. Aunque se garantiza la continuidad de las actividades la incertidumbre institucional fue un tema presente en todos los discursos.

 

«Hoy, frente a nuevos desafíos que amenazan estas políticas, este sitio representa una conquista que debemos proteger, porque los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos: son instrumentos concretos para fortalecer la democracia e impedir el regreso del horror con otros rostros”, dijo Roisinblit.

El legado

Para Roisinblit: “La ESMA es un espacio donde cada pasillo y cada rincón confrontan el horror del pasado con el legado que decidimos preservar juntos. Yo nací aquí, y esa frase tan simple y al mismo tiempo asombrosa enseña toda la magnitud de lo que este sitio representa. Gracias a decisiones políticas fundamentales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se decidió preservar, investigar y transmitir. Las políticas públicas desarrolladas durante estas décadas transformaron las herramientas científicas en instrumentos de recuperación. Mi identidad recuperada demuestra que la memoria, asumida colectivamente, tiene poder para mantenerse. Hoy, frente a nuevos desafíos que amenazan estas políticas, este sitio representa una conquista que debemos proteger, porque los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos: son instrumentos concretos para fortalecer la democracia e impedir el regreso del horror con otros rostros”.

Por su parte, la sobreviviente ‘’Rosita’’ Soffiantini afirmó que las políticas del oficialismo ‘’no son sólo medidas administrativas, son claras intenciones para debilitar nuestros logros en derechos humanos, debilitar nuestras convicciones democráticas. Este lugar es un testimonio. El mundo entero lo reconoció como patrimonio de la humanidad. Hoy están quienes quieren borrar la memoria de lo que ocurrió acá como en casi 700 o más sitios que fueron centros clandestinos de tortura y exterminio. Debemos seguir defendiendo y exigir al Estado nacional políticas públicas que procuren, defiendan y desarrollen los derechos humanos en la Argentina. Este museo se sostiene gracias a todo el equipo, junto a nosotras y nosotros, junto a los organismos de derechos humanos y al recuerdo de lo que debemos hacer. Debemos crear más memoria: eso es un acto de justicia. La memoria es un derecho y sin memoria no hay democracia. Más memoria que nunca. Nunca más el olvido y, como dice siempre Vera, nunca más en silencio”.

Reconocimiento internacional

A pesar de que la ESMA posee un gran reconocimiento a nivel internacional en materia de derechos humanos y que su inclusión por parte de la UNESCO como patrimonio de la humanidad le otorga cierto resguardo institucional, no está exenta de la incertidumbre provocada por las políticas de ajuste actuales que ponen en peligro su continuidad al igual que la del resto de los sitios de memoria que siguen siendo vaciados.

Antes del cierre oficial, la directora Gorosito compartió: “Éramos 42, ahora somos 28 trabajadores y trabajadoras. Los aliento a seguir, a no dar un paso atrás en lo que hemos aprendido y logrado. Somos una institución del Estado argentino, no de un partido, no de un gobierno. Una institución que simboliza y testimonia lo que nunca más debe suceder. Una institución reconocida por el mundo por hacer, como hacemos, lo que es nuestra obligación y nuestra convicción. En esta coyuntura triste, lamentable y compleja para las políticas públicas de derechos humanos, renovemos nuestro compromiso y nuestra convicción traducida en acción: que instituciones como el Museo Sitio de Memoria ESMA son imprescindibles para la democracia”.

 

Tras estas palabras, uno de los asistentes entonó la consigna: “Treinta mil compañeros detenidos y desaparecidos, ¡Presentes!, ¡Ahora y siempre!”, acompañado por todos los invitados.

El cierre incluyó la proyección de un video que repasó los juicios y condenas obtenidos en el país gracias al trabajo de espacios como la ESMA en articulación con los testimonios de sobrevivientes.

Hoy, la memoria colectiva de Argentina vuelve a estar en riesgo ante un gobierno que intenta borrar el pasado. En este contexto, espacios como la ESMA viven en una gran incertidumbre acerca de su destino. El acto fue un claro llamado a la sociedad a seguir: defendiendo estos sitios como espacios de construcción de memoria, a sostener la lucha por la verdad y la justicia, y a reafirmar, una vez más, que el “Nunca Más” no es una consigna del pasado, sino un compromiso del presente.