El único Banco que pierde

El único Banco que pierde

Con fondos congelados, sin autoridades designadas y bajo control de funcionarios sin formación técnica, el Banco Nacional de Datos Genéticos atraviesa una de las crisis más graves desde su creación. Abuelas de Plaza de Mayo advierte que el Decreto 351/2025 vulnera su autonomía y exige su rechazo en el Congreso.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución clave para la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar, atraviesa una situación crítica. Con el mismo presupuesto de 2023, el organismo enfrenta un vaciamiento que pone en jaque su funcionamiento. Hasta ayer su conducción se encontraba delegada en funcionarios sin formación científica específica, ya que el cargo de su directora se encuentra vencido. Pero mediante un decreto, el Gobierno prorrogó el cargo hasta un llamado a concurso, aún incierto.

Ante esta situación, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una ampliación de las medidas de protección para el BNDG. La alarma se encendió tras la publicación del Decreto 351/2025, el 23 de mayo, que le quita su autonomía y autarquía, pasando a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta decisión se suma al vencimiento de cargos clave y a la imposibilidad de realizar tareas esenciales: entrecruzamientos de ADN, compra de insumos, viajes para toma de muestras y exhumaciones, entre otras.

 

Un pilar en la búsqueda de la verdad y la identidad

Creado en 1987 por la Ley 23.511, el BNDG fue impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo junto a organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de identificar a las niñas y niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, y a lo largo de todos los gobiernos democráticos hasta la actualidad, el organismo se consolidó como una herramienta esencial para garantizar el derecho a la identidad y colaborar en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.

Guillermo Roisinblit, nieto restituido en el año 2000 que pudo reencontrarse con sus abuelas materna y paterna y actual miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, afirma: “Hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos no se ocupa solamente de resolver casos de personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado si no de miles de personas que dudan sobre su identidad. El tema de la identidad sufre y sufrió distintos tipos de delitos en nuestro país. El Banco no solamente tiene que seguir funcionando para preservar las muestras, sino que también para asegurar el Derecho a la Identidad”.

Tras la presentación de Abuelas que pedía a la justicia que interpusiera un recurso de no innovar sobre el Banco, el juzgado respondió que, aunque comprendía la preocupación de la Asociación sobre el caso, no le parecía que el BNDG estuviese en riesgo ya que el gobierno debe sostener el funcionamiento del Banco de acuerdo a la Ley 27742, también llamada Ley Bases.

Villella remarca que tanto el secretario como el subsecretario de los que ahora depende el BNDG carecen de formación específica para conducir un laboratorio de alta complejidad como este. El actual titular del área es Darío Leandro Genua, licenciado en Administración de Empresas junto con José Luís Acevedo, licenciado en psicología.

La respuesta judicial y el rol de la Ley Bases

El Artículo 3 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establece que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de ciertos organismos, entre ellos el BNDG. A su vez, el Artículo 6 prohíbe expresamente su intervención, reforzando la protección legal que impide al Ejecutivo avanzar sobre su estructura y funcionamiento.

Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, advierte que el Decreto 351/2025 es inconstitucional por tres vías: “Primero, porque fue dictado en violación de la obligación genérica que tiene el Ejecutivo de que sea para mejorar y volver más eficaz a los organismos. Después, porque específicamente el Congreso le prohíbe que lo pueda disolver o que lo pueda intervenir. Y en los hechos, esto no es otra cosa que una intervención de facto, al quitarle la autonomía y la autarquía. De esta manera, termina pasando a estar intervenido de forma permanente por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, deja de tener la posibilidad de tomar decisiones, de administrar un presupuesto propio, y todo eso redunda en un entorpecimiento de las tareas que se llevan adelante en el Banco. Porque implica una burocratización mayor y significa que personas que no están especializadas en la temática tengan que tomar decisiones que son fundamentales”.

En ese sentido, Villella remarca que tanto el secretario como el subsecretario de los que ahora depende el BNDG carecen de formación específica para conducir un laboratorio de alta complejidad como este. El actual titular del área es Darío Leandro Genua, licenciado en Administración de Empresas junto con José Luís Acevedo, licenciado en psicología.

El Banco Nacional de Datos Genéticos adquirió autonomía y autarquía a partir de la Ley 26.548, sancionada en 2009, que estableció una estructura organizativa encabezada por un Director General Técnico —profesional en Bioquímica o Biología Molecular, con reconocida experiencia en Genética Forense— y un subdirector técnico con el mismo perfil. Ambos deben ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante concurso público de oposición y antecedentes. La ley también contemplaba un Subdirector Administrativo, especializado en administración y economía. Sin embargo, con el Decreto 351/2025, este último cargo fue eliminado, y la responsabilidad presupuestaria pasó a manos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

 

El deterioro institucional

A pesar de la normativa vigente, el organismo permaneció acéfalo durante un mes, tras el vencimiento del mandato de la última directora, Mariana Herrera. Recién el 23 de julio, el Boletín Oficial prorrogó su continuidad “hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes correspondiente, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del organismo”.

Villella advierte que, si bien la prórroga del cargo de Herrera permite reactivar ciertas funciones, no resuelve el problema de fondo: “Es una gran noticia porque va a permitir que se pueda seguir trabajando, pero para eso el Banco va a necesitar de un presupuesto, y si se mantiene el Decreto va a tener las facultades recortadas aún”. En la misma línea, Roisinblit señala que la medida “es un parche, es como tratar de tapar con una curita una hemorragia. No hace a la cuestión de fondo, porque el Banco sigue dependiendo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de todo lo presupuestario. Deja de tomar decisiones por sí mismo y pierde independencia. Es insuficiente”.

La estrategia política para frenar el decreto

El Decreto 351/2025 aún no tiene plena vigencia, ya que debe ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso para su aprobación o rechazo definitivo. Desde la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo impulsan activamente su rechazo, llevando adelante gestiones con legisladores y legisladoras de distintos bloques. “Nosotros vamos con estos argumentos y queremos sentarnos con todos los legisladores que nos puedan abrir la puerta y que quieran charlar con nosotros para hacerles saber lo que pasa”, explica Roisinblit.

Villella advierte que es momento de volver a explicar, una vez más, por qué el BNDG es una institución fundamental: “Creemos que es necesario reforzar algunos conceptos sobre la importancia del Banco, para que sea claro lo que está pasando. Y en este caso, es evidente que de esta manera no se mejora su funcionamiento”.

A modo de cierre, Roisinblit recupera la fuerza del legado que los guía: “Nosotros seguimos los pasos de nuestras abuelas. Nuestras abuelas no tenían ningún tipo de experiencia: eran amas de casa, mujeres que en su gran mayoría habían sido criadas para ser madres y que solo querían disfrutar de ser abuelas. No sabían cómo presentar un amparo, un habeas corpus, cómo hablar en organismos internacionales, no sabían nada… no sabían cómo buscarnos. Ellas hicieron el camino que hoy nosotros sabemos cómo recorrer. Si ellas, en medio de la dictadura, pudieron luchar, imaginate nosotros en esta cuasi-democracia”.

Meta problemas

Meta problemas

La Junta de Supervisión interna le exigió a Mark Zuckerberg que respete los derechos humanos en Facebook e Instagram. Así, le dio la razón a organizaciones que plantearon cuestionamientos sobre contenidos distribuidos por las plataformas que incitan a la violencia.

Mark Zuckerberg en el video que publicó el 7 de enero de 2025 anunciando el cambio en las políticas de la plataforma. Captura de pantalla.

La Junta de Supervisión (Oversight Board) de Meta selecciona y analiza en última instancia algunas decisiones sobre qué contenidos circulan o no en Facebook o Instagram. Funciona como una suerte de autorregulación que creó Mark Zuckerberg el 6 de mayo de 2020. Actúa como un organismo de independiente para revisar decisiones de contenido polémicas tomadas por la empresa y ofrecer un proceso de apelación para los usuarios que no están de acuerdo con las mismas. 

El 27 de mayo, Derechos Humanos – América Latina publicó una nota sobre el caso de una publicación realizada por un grupo extremista religioso, La Resistencia, que incitaba a la violencia contra la defensora de derechos humanos en Perú.

La publicación mostraba el rostro de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta de sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y a su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. El posteo alcanzó más de mil visualizaciones y 100 reacciones.

A los tres días, la publicación fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea por estar conforme a esas políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente la queja fue cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.

“Los intermediarios en Internet no deberían desentenderse de la responsabilidad corporativa que tienen sobre el impacto que el uso de sus plataformas conlleva en términos de desinformación, discursos de odio o circulación de discursos discriminatorios, como así tampoco de los efectos que ello puede generar sobre el debate público”, opina Bernadette Califano, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas y regulación de medios.

La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, que contraría la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática, fundamentada en que las barreras que tenía la plataforma contra el contenido violento y la desinformación en sus redes fueron suprimidas.

En un video que publicó el 7 de enero de 2025, Zuckerberg anunciaba un cambio en las políticas de la plataforma. Comenzaba saludando con un “es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión en Facebook e Instagram”. Y presentaba el reemplazo de los Fact–Checkers (Verificadores de Datos) por las Community Notes (Notas de la Comunidad). “Esto hizo Elon Musk en X (ex Twitter). Después de que Trump ganó las elecciones en 2016, los medios tradicionales no paraban de hablar de que la desinformación era una amenaza para la democracia. Nosotros intentamos, de buena fe, abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad. Pero los Fact–Checkers (verificadores de datos) han estado demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que crearon, especialmente en EE. UU”, explica la experta consultada por ANCCOM.

Califano agrega que “el discurso que expresa el CEO de Meta para desmantelar los sistemas de verificación de sus plataformas a favor de la libertad de expresión se revela falaz. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión conlleva responsabilidades específicas.” En su mirada, “es un derecho que está sujeto a restricciones legítimas, tal como lo establecen varios tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Esas restricciones son necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás, la reputación individual, la seguridad nacional, el orden público y la salud pública.”

Otro anuncio de Meta fue que reajustaron los filtros de contenido para requerir un nivel de certeza mucho más alto antes de eliminar publicaciones. “La realidad es que esto implica un equilibrio: significa que detectaremos menos contenido dañino, pero también reduciremos la cantidad de publicaciones o cuentas de usuarios inocentes que eliminamos por error”, dijo Zuckerberg.

Por último, anunció que recomendará más contenido político en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram y Threads; y que trasladarán los equipos de Trust and Safety (Confianza y Seguridad) y Moderación de Contenido, de California a Texas.

No alcanza

Carolina Martínez Elebi, licenciada en Comunicación que investiga el impacto de las TIC en los derechos humanos, afirma que “la diferencia en este caso es que no es solo un veredicto, sino que la Junta de Supervisión le está diciendo a Meta que la flexibilizaron en las políticas de moderación, que propone desde enero de 2025, no cumplen con las normas de derechos humanos dentro de las plataformas que el propio Zuckerberg posee.” Y agrega que “a la Junta le parece que la empresa tomó esas medidas sin hacer el debido análisis en cuanto a derechos humanos y sin evaluar el impacto de estas políticas”.

No solo la propia Junta de Supervisión señaló a Meta, sino que también, hace unas semanas, la gubernamental Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos denunció a Meta de prácticas monopólicas. También sus multas en Europa continúan y su carrera tecnológica con China, a simple vista, no lo muestran como el candidato predilecto a ganar. 

El giro trumpista de Meta, como lo menciona Martin Becerra en sus análisis sobre el tema, pareciera que todavía no le dio ninguno de los beneficios que pensó conseguir. Según Becerra, “el objetivo explícito de mimetizarse con Trump se justifica, en palabras de Zuckerberg, por la necesidad de que el Gobierno apoye a las big tech estadounidenses ante la creciente competencia china, que las priorice en contrataciones estatales y que las proteja de multas y regulaciones legales en Europa.”

Martinez Elebi suma que “Meta es una de las plataformas que censuró a Donald Trump cuando fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahora trata de congraciarse con el gobierno de turno para evitar problemas políticos, económicos y legales. Estas plataformas operan y toman sus decisiones en función de capitalizar y acumular poder económico y político”.

Según los reportes oficiales de Meta Platforms Inc. de 2024, el número de usuarios activos en sus redes sociales a nivel global es de tres mil setecientos millones en Facebook, dos mil cuarenta millones en Instagram, dos mil setecientos ochenta millones en WhatsApp, y ciento cincuenta millones en Threads; siendo la población mundial unos ocho mil quinientos cincuenta y seis millones de habitantes. Con estos números, el año anterior, Facebook tenía dentro de sus usuarios casi a la mitad de la población mundial, siendo de esta forma la red social más grande del mundo.

Sin embargo en la página web de Meta, en la sección Noticias, su directora jurídica, Jennifer Newstead, y exasesora jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos titula en un escrito: El caso de la Comisión Federal de Comercio de EEUU contra Meta es débil e ignora la realidad. Y se explaya explicando que la Comisión Federal de Comercio de EEUU para intentar ganar el caso alega que los únicos competidores de Meta son Snapchat y MeWe. Para Newstead, falta tener en cuenta Tiktok, Youtube y X. También suma que: “Es absurdo que la FTC intente desmantelar una gran empresa estadounidense al mismo tiempo que la Administración intenta salvar a TikTok, que es de propiedad china.”

 

Un festival que resiste

Un festival que resiste

Con proyecciones gratuitas y diversidad de voces, vuelve el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, una herramienta para pensar el presente y transformar la realidad. Estrenos exclusivos y más de 50 películas para ver.

Identidad, la ópera prima de Florencia Santucho.

Bajo el lema “Abriendo fronteras”, comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH). El encuentro, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 11 y el 18 de junio, vuelve a posicionarse como una plataforma para la exhibición de filmes con perspectiva crítica y compromiso social. “No sólo proyectamos películas, también proponemos actividades atravesadas por otras artes, el activismo y la academia”, sostiene Maximiliano Rottjer, productor ejecutivo del evento.

Organizado en secciones temáticas como Miradas de Género, Pueblos Originarios, Migrantes, Infancia y Juventud, Panorama y Salud, el festival incluye cortos, medios y largometrajes de ficción, documental y experimental. Las sedes elegidas para la 21° edición son el Centro Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, FADU-UBA (Ciudad Universitaria) y el Teatro Empire. Además de las proyecciones en salas tradicionales, habrá funciones especiales en espacios emblemáticos de la Ciudad como el Centro Cultural 25 de Mayo, el Cine Gaumont -en el marco de Cine Club Núcleo-, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Museo de los Inmigrantes (MUNTREF).

Creado en 1997 por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD), el proyecto cultural apuesta por un cine que funcione como un vehículo para la reflexión colectiva y la construcción de futuros posibles. En esta edición, el foco estará puesto en las fronteras materiales y simbólicas que nos atraviesan como humanidad, más allá de los límites geográficos. “Hoy el concepto de frontera no solo tiene que ver con la migración, también puede pensarse desde los cuerpos, el color de piel o el género”, afirma Rottjer.

Programación comprometida

La película elegida para inaugurar el festival es No Other Land, un retrato íntimo y poético sobre los desplazamientos forzados en Cisjordania. Codirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, la obra fue distinguida como Mejor Documental en los últimos Premios Oscar y surgió de una coproducción entre Palestina y Noruega. “Tenerla en la apertura no es poca cosa: implica una gran negociación, el pago de derechos y, sobre todo, una decisión clara sobre qué tipo de cine creemos que hoy puede atraer al público a las salas”, señala Rottjer.

La programación, compuesta por 56 títulos, es el resultado de una curaduría rigurosa realizada por un equipo de más de 15 personas. El proceso de selección partió de más de mil postulaciones internacionales y dio como resultado una muestra representativa de 37 países, con obras que promueven la pluriculturalidad y el respeto por la diversidad. “El contenido que proponemos es muy enriquecedor porque permite conocer la visión que tienen del mundo en distintos lugares”, asegura el productor.

Una de las novedades que reafirma el compromiso del festival con la equidad de género y la diversidad en el cine, es que la mitad de las obras seleccionadas están dirigidas por mujeres. “Creemos que, para que las cosas cambien, tenemos que hacerlas nosotros y no esperar a los demás”, sostiene. Entre estas producciones se destacan Una casa, un documental de Agustina Moras que reconstruye el paso de cuatro mujeres en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar; y La Cárcova, de Ludmila López Pérez, una pieza que muestra cómo una biblioteca popular de José León Suárez se convierte en un pilar de identidad y cultura.

También sobresale el estreno del documental Identidad, la ópera prima de Florencia Santucho, que narra la historia de su hermano Daniel, quien fue apropiado y pudo reconstruir su historia gracias al trabajo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo. La pieza, que cuenta con la codirección del corresponsal de guerra Rodrigo Vázquez Salessi, no sólo explora la búsqueda del nieto 133 sino también el entramado de adopciones ilegales y el plan sistemático de desaparición de personas llevado adelante en Argentina entre 1976 y 1983. La proyección será el domingo 15 a las 20 en el Centro Cultural San Martín.

Una casa, un documental de Agustina Moras.

Actividades especiales

Con el objetivo de fomentar el intercambio y la reflexión colectiva, cada proyección contará con la participación de directores y referentes vinculados a las distintas temáticas. “Poder hablar con quien hizo la película es el otro lugar tan enriquecedor que ofrece este festival, eso no pasa en Cinépolis o en el cine comercial”, destaca el productor. Al igual que en ediciones anteriores, el FICDH contará con invitados internacionales. En colaboración con la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Buenos Aires, participará la activista Lucía Hellín Nistal; mientras que, junto al Instituto Italiano de Cultura, estará presente la cineasta italiana Claudia Brignone.

El festival además ofrecerá una serie de actividades paralelas que promueven la reflexión sobre los desafíos del presente desde una perspectiva de construcción común. Entre las propuestas se destaca Activar la memoria, proyectar lo común, un conversatorio que tendrá lugar tras la proyección de Trans Memoria (Suecia, 2024) y Nada menos que la igualdad, un corto documental realizado por Fundación Huésped. La propuesta invita a reconstruir colectivamente los procesos de organización y metodologías sociales de transformación en torno a los derechos de las identidades trans y las diversidades sexuales. “Hace ya un tiempo que en Argentina se percibe como una necesidad urgente visibilizar cómo se está violentando a la diversidad, y en particular al colectivo trans”, señala.

El FICDH contará con tres Competencias Oficiales: Largometrajes Internacionales, Corto y Mediometrajes Internacionales, y Documentales Latinoamericanos. También, se hará entrega del Premio RAFMA «Edgardo ‘Pipo’ Bechara el Khoury» (Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales), y una mención elegida por el voto del público.

 Celebración colectiva

Sostener un festival de esta magnitud en el contexto actual no es fácil. Con la falta de convocatorias nacionales, dificultades en la financiación y aumentos de los costos, los organizadores se enfrentaron a un escenario complejo. “En esta edición la creatividad en la búsqueda de fondos fue clave, ya que tuvimos que buscar empresas que nos patrocinen, algo que en otro momento no era necesario”, explica Rottjer.

Sin embargo, una de las decisiones más firmes del equipo fue mantener la gratuidad de todas las funciones, con excepción de dos proyecciones en el Cine Empire, cuyas entradas tienen un valor simbólico de $3000 para poder apoyarlo tras haber estado cerrado por mucho tiempo. En ese esfuerzo por pagar para ver una película, los espectadores también contribuyen al sostenimiento de un teatro histórico del circuito alternativo. “Estar presentes en estos espacios es un acto político, de resistencia y de transformación”, asegura.

Durante ocho días, el público podrá acceder a una programación diversa que trasciende lo cinematográfico y se proyecta como una plataforma de diálogo, pensamiento crítico y acción colectiva. “Buscamos que el público vuelva a enamorarse de un cine que tiene otros lenguajes y un fuerte compromiso social”, concluye.

La programación completa del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se puede ver en: www.ficdh.imd.org.ar

 

Desalojo y silenciamiento

Desalojo y silenciamiento

Los trabajadores de El Grito del Sur denunciaron que el gobierno nacional pretende desalojarlos del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, donde funcionan desde 2017, como una manera de silenciar voces disidentes a la gestión oficial.

Trabajadores del medio digital y autogestivoEl Grito del Sur realizaron una conferencia de prensa, ayer, en las puertas del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos -donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura- lugar en donde es sede la redacción desde 2017, para denunciar los abusos y atropellos por parte del gobierno nacional, que busca desalojarlos.

“El gobierno de Javier Milei, a través de la nueva directora de Sitios, Emilse Gallo, informó a la redacción su expulsión del lugar vía WhatsApp”, indicó el director de El Grito del Sur, Yair Cybel. Como es sabido, el desmantelamiento de los Espacios de Memoria forma parte de la cotidianidad política del gobierno de La Libertad Avanza.

El funcionamiento de la redacción de El Grito del Sur en el Espacio para la Memoria Virrey Cevallos está respaldado por un convenio suscripto por Osvaldo López, excoordinador del lugar. Este acuerdo se enmarca en lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria (Ley 26.691), que tiene como objetivo principal proteger, preservar y conservar los espacios vinculados con el terrorismo de Estado. Dicha norma declara de interés nacional la señalización y preservación de los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio, así como de otros espacios representativos de la memoria.

Los trabajadores presentaron un amparo administrativo para que cese el hostigamiento a la redacción, ya que consideran que se están vulnerando tanto el derecho a la libertad de expresión como lo establecido por la Ley de Sitios. “Estamos ejerciendo el periodismo, dándole voz al pueblo que está sufriendo el ajuste de Milei”, declaró la trabajadora Belén del Huerto. La conferencia de prensa contó con el acompañamiento de SIPREBA, diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, universidades y referentes políticos de distintos espacios, además de otros medios digitales.

Victoria Montenegro, quien asistió a la conferencia de prensa, declaró: “Esta es una nueva investida por parte del gobierno nacional: la decisión de cercenar todo, el derecho a la memoria, a la comunicación, el derecho de que otras voces que no sean las que ellos quieren imponer puedan multiplicarse. Que la redacción funcione en un sitio de memoria tiene que ver con la apropiación del sector por parte de la comunidad”.

Lucía Cámpora, secretaria general de La Cámpora, también declaró su apoyo a los trabajadores de la redacción: “El Grito visibiliza situaciones de injusticia que los grandes medios no le cuentan a la sociedad, por eso al gobierno nacional le interesa sacarlos, además de continuar con su política de censura y desmantelamiento de los espacios de memoria”.

Gabriel Solano, actual legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Partido Obrero, también expresó su apoyo: “El Grito informa con una mirada distinta a la mirada de los medios oficiales. Necesitamos medios que informen a la población sobre lo que realmente pasa. El desalojo de la cooperativa comunicacional es especial, forma parte del vaciamiento más amplio en los Espacios de Memoria”.

Citan a declarar al ex juez Guillermo Rivarola por delitos de lesa humanidad

Citan a declarar al ex juez Guillermo Rivarola por delitos de lesa humanidad

Por primera vez un magistrado declara en los Tribunales de Comodoro Py por delitos de lesa humanidad. El ex juez está imputado por la Masacre de Pabellón Séptimo.

Sobrevivientes de la masacre del Pabellón Séptimo junto a familiares de las víctimas e integrantes de la obra Nogoyá, basada en el texto de la abogada Claudia Cesaroni en la primera audiencia del Juicio en 2024.

El pasado martes 15 el juez Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria al ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, imputado por su participación en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978, en plena dictadura.

“Mucha emoción después de que nuestra querella lo reclamara por años el juez Daniel Rafecas resolvió citar a prestar declaración indagatoria al ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, imputado por su participación en un crimen de lesa humanidad como fue la masacre del pabellón”, expresó la abogada querellante Claudia Cesaroni. Rivarola estaba a cargo de la instrucción de la causa número 8137 caratulada “Instituto de Detención de la Capital s/averiguación homicidio, lesiones en riña, incendio, daños y resistencia a la autoridad”, y, según la abogada, este magistrado estaba al tanto de los delitos cometidos durante el incendio. Sin embargo, omitió denunciar tales hechos cuando, en condición de juez federal en ese entonces, debía hacerlo. A raíz del relevamiento de estos datos, se lo llamará a prestar declaración en la parte del expediente que continúa en etapa de instrucción. La otra es la que se está juzgando en proceso oral y público por parte del Tribunal Oral Federal 5.

 

“Finalmente podremos decirle al juez que recorrió la cárcel de Devoto cuando los cadáveres de decenas de presos estaban tirados en el pabellón y los pasillos, que esas vidas, el dolor de los sobrevivientes y el padecimiento de las familias, valían y valen. Y que tiene que responder”, manifestó Cesaroni.

En diálogo con ANCCOM, la abogada querellante comentó que se trata de un pedido que lleva años solicitándolo. Sin embargo, en los últimos meses se entregó nueva información gracias a una revisión de la causa antigua. “Agregamos en nuestra última presentación testimonios de detenidos que expresamente decían que le habían contado a Rivarola todo lo que había sucedido, y obviamente Rivarola no había dicho nada”,  comentó. Después de largos períodos de insistencia ante el juez Rafecas finalmente se produjo la medida solicitada.

 

La citación a declarar se realizaría el martes 20 de mayo a las 12 del mediodía y se trataría de la primera vez que se cita a un juez a indagatoria, es decir en condición de acusado, en Comodoro Py donde funciona el mismo fuero en donde se está tratando el juicio de la Masacre del Pabellón Séptimo, que Anccom viene cubriendo desde su inicio a finales del año pasado.

En respuesta a cómo percibe los avances del juicio, Cesaroni expresó dificultad para dar un pronóstico, sin embargo compartió que le parece evidente “que todos los testimonios que hasta ahora se han vertido en el juicio, de sobrevivientes, de familiares y de ex presas y presos políticos, confirman que allí hubo primero una masacre, ningún motín”, comentó. Además, añadió que el servicio penitenciario actuó subordinado al ejército argentino, tratándose de una decisión que forma parte del aparato terrorista estatal “que no actuó de forma clandestina sino a la vista de todo el mundo”.

A su vez, agregó que el tratarse de presos comunes demuestra que sufrieron una condición de vulnerabilidad mucho mayor, la cual facilitó al servicio penitenciario y a la dictadura ejecutar una masacre que, si en su lugar se hubiese tratado de presos políticos, hubiera generado un “escándalo internacional” que al ser presos comunes no generó.

El pasado miércoles 16 continuaron realizándose audiencias que incluyeron más declaraciones testimoniales, en donde se presentó un ex preso político y 4 ex presas políticas: Alberto Elizalde, Patricia Bianchi, Graciela Draguicevich, Silvia Ontivero y Adriana Beade. La próxima audiencia será el miércoles 23 a las 12 del mediodía.