Oct 21, 2021 | Destacado 2, Novedades, Vidas políticas
-Yo no hablaba, todavía me cuesta. Todo lo que digo me sale del alma y de la bronca, del dolor- dice con énfasis Alicia, una de las integrantes de Fuerza de Mujeres.
Para muchas es la primera vez que están en una toma de tierras, que reclaman, que hablan con medios de comunicación o que cortan una calle. Desde el 30 de septiembre, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a más de cien familias que conformaban el asentamiento Fuerza de Mujeres, una toma en el barrio Carlos Mugica, de Retiro, casi todos los días participan en movilizaciones en el Obelisco, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Este último domingo, festejaron el Día de la Madre en el predio del que fueron expulsadas con violencia ejercida por el Estado.
Al principio estaban desorganizadas, no sabían cómo reclamar, pero con la ayuda de distintas agrupaciones se fueron organizando, teniendo siempre en claro que son ellas las que deciden.
Miércoles 13, en el Obelisco: llegaron algunas con sus bebés en brazos, tiraron cartones en el piso, escribieron carteles, y llevaron sus remeras blancas con frases en las que se podía leer: “Basta de desalojos. ¡Vivienda digna Ya!” Después cortaron la calle, parándose una al lado de la otra, usando también los cochecitos de los bebés y haciendo ruido con maracas hechas de botellas con piedritas adentro.
“Vinieron a las siete de la mañana, que los chicos todavía dormían, ni siquiera se habían levantado para ir a la escuela. No esperaron ni siquiera a las nueve para que no estén ellos, lo hicieron con mis hijas ahí —dice Andrea casi sin respirar—. Es más cuando leyeron el papel, nosotras escuchábamos y en eso gritaron, ‘avancen chicos’ y empezaron las topadoras, no dieron tiempo de nada, pegaban patadas y quemaban todo. No dieron un minuto para nada, ni siquiera para despertar a los niños y explicarles lo que estaba pasando. Andrea, todavía se desespera cuando cuenta lo que sucedió con ella y con tantas otras que ese día vieron aplastada la posibilidad de un futuro mejor para sus hijos y ellas.
– ¡Mi bebe, la bebe!
El 30 de septiembre, el grito de Andrea logró clavar la topadora que ya había tirado la carpa y estaba a centímetros de las maderas que formaban la habitación de la casita. El policía descreído entró a retirar solo una de las cuatro camas que había adentro y ahí estaba, la más chiquita de tres hermanitas, durmiendo sin saber que alrededor todo estaba prendiéndose fuego.
-Podrían haber matado chicos o prendido fuego y nunca estuvo la Tutelar del menor -recuerda ahora Andrea, refiriéndose a las autoridades estatales de resguardar los derechos de la niñez y adolescencia
Las mujeres del barrio aseguran que era una orden de allanamiento y no de desalojo, y que las autoridades tutelares solo llegaron cuando ya estaba todo hecho cenizas. Todas coinciden con mucha rabia en lo mismo:
-Ojalá, fuera así con los narcotraficantes, estaría bueno así cuando la policía se va los dejan sin nada.
«Nosotras ya sufrimos violencia de género, venimos de ahí. Que un hombre te hable fuerte otra vez te da pánico. Me dieron ganas de salir corriendo, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, salía y entraba», recuerda Andrea, que, a pesar de parecer mucho mayor por su actitud y su forma de hablar, en su voz y en su rostro jovial se denotan sus tan solo 27 años. Ese día, la amenazaron con sacarle a sus hijas por no querer ir al paradero y agrega indignada: «Me dio mucha bronca, porque mis hijas están sanas y bien cuidadas ¿porque me las van a sacar habiendo tanto chico solo en la calle sin su mama? ¿Por qué no van a recoger esos chicos?»
La policía hizo una muralla para que no pudieran pasar, ni siquiera para sacar sus cosas. «Mis hijos estaban felices, iban a tener una casita, una pieza aparte, los ponía contentos saber qué iba a ser de nosotros», relata Lucy, otra integrante de Fuerza de Mujeres, que contagia con su energía a las demás por su fuerte carácter. Otra de las mamás cuenta que el día del desalojo sus hijos se sintieron muy mal, la más grande fue la que más lo sufrió. Cuando fueron al otro día del desalojo a hacer una conferencia de prensa y ella vio su almohada, quiso rescatarla. Una vecina le pidió a un policía que le dejara pasar, ella entró y la trajo junto con una pantufla que encontró de su hermanita.
Desde ese día, el nene más chiquito de Alicia les tiene bronca a todos los policías en la calle y les pregunta cada vez que los ve:
– ¿Por qué hiciste ese desastre? ¿Por qué tiraste mi casita?
Su mamá, una mujer fuerte y joven, luchó hasta el mes de enero con un marido violento a quien no le alcanzó con meterse con ella, sino que también marcó a su hijo. Esa violencia fue el límite. Juntó fuerza para abandonar su hogar con sus mellizos de 5 años y un bebé y fue al medio de un basural con ratas, cucarachas y escombros. Fue una de las primeras en llegar la noche de la toma junto con otras cuatro mujeres y sus hijos. Se enteraron de que había una familia que estaba viviendo ahí, hacía más de un año y medio, en un contenedor en el predio y no los habían echado.
La primera noche fueron 50 mujeres con sus familias, los días siguientes se sumaron las demás. «Los primeros meses dejé de trabajar para estar ahí. El último mes tuve que volver al trabajo porque no aguantaba más. Armamos las carpas de nylon primero. Después íbamos en grupos de cinco mamás a buscar chapas y maderas usadas, porque no podíamos comprar algo nuevo, tratábamos de que todas llegaran a tener algo sobre la cabeza, pero a lo último ya estaba más habitable. Tuvimos mucha fuerza para estar ahí, había viento, frío, llovía y estábamos mojadas, los chicos se enfermaban, pasamos hambre”, cuenta Alicia.
Otras mamás recuerdan que cuando recién llegaron había otras familias que tenían fuego prendido. Ellas pudieron traer frazadas para sus hijos, y les prestaron carbón para prender una fogata. Hubo familias que recién la tercera noche pudieron poner paraguas. Cuentan que limpiaron el basural, pidieron prestadas bolsas a organizaciones, para no tener que quemar y generar humo del pastizal. “Había una parte, incluso, que el Gobierno tiraba escombros y los sacamos con la pala, porque no tenemos máquina, fue todo de a poco”, recuerdan orgullosas por todo lo que habían conseguido y tristes por todo lo que perdieron.
Fuerza de Mujeres surgió a partir de la toma, más allá de que algunas tenían pareja, eran las menos. Estar acompañada de otras mamás fue lo que les dio fuerzas, se entendieron y sabían qué era lo que le estaba pasando a la otra, porque todas habían estado en la toma.
«Fuimos de a poco entrando. Yo entré porque me avisaron, estaba una de mis conocidas que está en mí misma situación, sufriendo violencia de género. La mayoría le estábamos poniendo el pecho”, cuenta Lucy mientras se sube en el colectivo que la lleva a la marcha que se hace frente al Ministerio de Desarrollo Social para pedir una solución y sigue contando apurada por llegar:
-Pedimos mesa de diálogo durante los tres meses que estuvimos y nunca nos dieron nada.
Varias mamás tienen subsidio habitacional, pero nadie quiere alquilarles porque los “dueños” no aceptan chicos. «Nosotras dijimos desde el primer momento, no es que necesitamos plata, si todas somos trabajadoras. Yo trabajaba de vendedora ambulante, otras vendían comida, café, o salían a juntar cartón. Eso era un basural que estaba ahí, hace seis años. Nosotras limpiamos y ahora que nos desalojaron a todas quedó de vuelta un basural», cuenta Alicia. En las marchas se la puede reconocer fácilmente por su sonrisa al hablar con sus compañeras y llamarlas al grito de “¡asamblea, asamblea!” para consultar con sus compañeras como continuar y añade:
-No me sirve la plata sino me quieren alquilar con chicos.
Lucy, en la marcha del Obelisco, estaba pegadita a Alicia, atrás de la bandera.
“Siempre le dan prioridad a la gente que tiene plata y a los que no tenemos pareciera que somos invisibles a la hora de recibir créditos o planes para obtener una casa -dice Lucy-. Es como que no existimos, no contamos. Es verdad, no podemos alquilar en el barrio, menos en un hotel familiar o afuera un departamento, porque te piden un montón de requisitos hasta te preguntan de qué color es el pelo del perro y alquilar una pieza es imposible porque nos piden que dejemos tirados a nuestros hijos en la calle».
Recibir un subsidio habitacional no les resuelve el conflicto, aunque de las ochenta familias, el Estado solo les entregó un cheque de emergencia a diez. Las familias evitan a toda costa ir a un parador por lo poco habitables que son. El día del desalojo, cuando les ofrecieron esa “solución” contestaron que no, que iban a ver de conseguir alojamiento en la casa de alguna amiga o pariente por esa noche. Entonces, la trabajadora social anotó en el informe que tenían donde vivir y no necesitaban el subsidio habitacional, porque tenían un “alojamiento propio” y cuando volvieron a pedir ayuda del Estado se las negaron.
“En el barrio tuvimos un montón de apoyo. El Gobierno nacional, solamente fue a poner en alta a las que sufren violencia de género con el plan Acompañar. Nos dieron alguna mercadería, dijeron que nos iban a dar un bono, pero todavía nada. Desde el Gobierno de la Ciudad el viernes fuimos a hacer un corte enfrente al Ministerio de Desarrollo y tuvimos una reunión con el encargado, para ver si, aunque sea, nos habilitaban el habitacional, pero ni siquiera eso”, dice Andrea, quien trata de estar bien informada. Todavía está esperando una respuesta del Estado para resolver el conflicto habitacional y se pregunta:
– ¿De qué sirve una escuela en el barrio si mis hijas no tienen donde vivir?
En el predio actualmente hay un cartel que dice que se va a construir una escuela próximamente. Se planea trasladar la Escuela N*11 ubicada en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires dejando a 175 alumnos sin vacante cerca de su casa. «Ni siquiera son capaces de hacer una escuela nueva. Acá en el barrio hay escuelas, también jardines. Lo que necesitamos es una casa. Es importante que los chicos tengan educación, pero para eso, primero necesitan tener un lugar donde vivir», dice una mamá y otra agrega: “Larreta estuvo haciendo campaña en el Barrio, pero nunca habló con nosotras si para él somos invisibles, no le importamos”.
Lo sucedido pone otra vez de manifiesto el problema habitacional que sufre la Ciudad de Buenos Aires. La imposibilidad de acceder a un alquiler o una vivienda propia y cómo esto se agrava cuando los inquilinos tienen menores recursos y aún más cuando son mujeres con niños. El Estado afirma que uno de los sectores más golpeados por la pandemia y la crisis económica son los jóvenes. Se refleja en la toma: la mayoría son mujeres que no superan los 30 años y sus hijos no pasan los 10.
Sep 7, 2021 | Comunidad, Novedades
Luego de 14 días de ocupación, los vecinos y vecinas de la villa 21-24 levantaron la toma de los terrenos ferroviarios, en el barrio de Barracas, luego de un acuerdo, tras participar de una mesa de negociación con representantes de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación.
“Tras una hostil oferta que proponía solamente el desalojo y algunos pocos materiales de construcción, pudimos negociar y plantear las necesidades que tenemos en el barrio. Conseguimos 135 subsidios habitacionales de parte de Ciudad y 135 subsidios de ayuda urgente de parte de Nación, ambos de $50.000 y por única vez”, detalló Nahuel Arrieta uno de los vecinos autoconvocados que participó de la mesa de diálogo convocada por el juez que interviene en la causa por la ocupación de los terrenos, Daniel Rafecas, que terminó con la toma.
De la mesa participaron además de Rafecas, representantes del Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires; y por de los vecinos autoconvocados, tres delegados de la toma, Héctor y Nahuel Arrieta y Eliana Gramajo, acompañados por el cura Lorenzo “Toto” de Vedia, de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé.
Luego de recibida la propuesta, los referentes debatieron en asamblea con todas las familias autoconvocadas y resolvieron aceptar el ofrecimiento, a cambio de desalojar el predio de forma pacífica. “Esto no resuelve el verdadero problema, ni siquiera resuelve los problemas de alquiler, porque terminás gastando todo muy rápido -agregó Arrieta-. Lo que mejor pudimos conseguir, que para mí es lo verdaderamente importante, es una segunda mesa de diálogo, pero con los verdaderos actores que pueden llegar a solucionar el problema de fondo que tenemos: el déficit habitacional”.
El martes 14 de septiembre, los delegados mantendrán una reunión con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a plantear nuestras necesidades, pero también vamos a ampliar el reclamo para poder llegar a pelear la urgente urbanización e integración urbana de la villa 21-24 y Zabaleta”, sentenció el referente.
Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades
El crecimiento de la bioconstrucción se asienta en una base no solo ecológica, sino también económica.
Lo que hoy en día se conoce como bioconstrucción ya existía hace miles de años y forma parte de la historia de la humanidad misma. Después de la Revolución Industrial, el cemento pasó a ocupar el lugar del adobe y se asentó como el único modo de construcción permitido en la mayoría de las zonas urbanas. Actualmente, lo que se vive como un revival del barro puede ser una solución para la crisis habitacional que le impide a muchas personas tener una casa propia y, no por menos importante, en un ambiente saludable.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el déficit habitacional afecta a un tercio de la población argentina. Sumado a que los precios de los materiales convencionales para la construcción están atados a la inflación y los vaivenes económicos, muchas veces el resultado final son casillas o construcciones precarias con muchos riesgos para la salud. Según Alejandro Dominguez, del Programa de Tecnologías Sustentables del INTI, “la industria de la construcción genera el 40 por ciento de los gases del efecto invernadero”. Por este motivo, el boom y los avances de la bioconstrucción que se vienen dando se asientan en una base no solo ecológica, sino también económica: se pueden reemplazar los costosos materiales convencionales por elementos naturales, que, de paso, ayudan a descontaminar el ambiente.
La bioconstrucción, o bioarquitectura -su versión académica-, implica un tipo de relación especial de la vivienda con el medio ambiente, la cultura local y lo social. En contraste con los elementos tradicionales de construcción como puede ser el cemento o los ladrillos, se emplean materiales naturales de fácil acceso en todos lados: madera, piedra, fibras vegetales, barro y mezclas como la tierra cruda, compuesta por arcilla y arena; y el adobe, probablemente el material más antiguo utilizado en la historia. Pero a pesar de sus beneficios, no son pocos los prejuicios que rodean al tema. Uno de ellos es el Chagas, enfermedad que se transmite a través de la vinchuca, insecto que suele asociarse a este tipo de construcciones. Sin embargo, investigaciones del CONICET demuestran que el problema no son los materiales, ya que las probabilidades de adquirir Chagas son las mismas tanto en viviendas convencionales como en bioconstrucciones, siempre y cuando estén mal construidas o presenten grietas en la estructura. Por este motivo, la importancia del entorno saludable es fundamental para cualquier tipo de vivienda, y en cuanto a las bioconstrucciones tampoco hay que olvidar que en esta búsqueda de volver a las fuentes, la seguridad y el mantenimiento son fundamentales, como en cualquier otro caso.
La cooperativa Greda, en Miramar, construye viviendas con los materiales que se encuentran en la naturaleza.
Adobe y agenda pública
Un obstáculo se presenta a nivel gubernamental: en nuestro país existen alrededor de 2.300 municipios y cada uno tiene la potestad de permitir o prohibir la bioconstrucción como alternativa de vivienda. A nivel nacional, recién en el año 2016 se permitió la construcción de estructuras de madera. ¿Cómo se logra poner a la bioarquitectura en la agenda pública? ANCCOM dialogó con una serie de expertos que componen el Programa de Tecnologías Sustentables llevado a cabo por el INTI. Uno de ellos es Ricardo Muir, quien cuenta que “con este equipo empezamos a explorar las formas de la bioconstrucción, que se reveló inmediatamente como un tema de participación de muchos actores, donde aparece de manera muy fuerte lo local, la cultura, la identidad, la demanda, y sobre todo, la estructura económica”. Además, sostiene que el desconocimiento provoca un “enorme desaprovechamiento de los recursos, capacidades y saberes de quienes están en eso, hay un enorme abuso también de los proveedores de materiales que controlan el mercado y en este momento lo desabastecen, por ejemplo; y hay mala calidad de vida en las viviendas que se terminan produciendo”. Con este panorama trabaja el programa, tratando de arrojar luz con el fin de aprovechar los recursos locales y naturales de cada zona del país. “El INTI investiga, desarrolla y certifica, para que esa calidad de vida esté realmente producida en un paradigma de desarrollo endógeno a través de materiales locales. No hay una receta única, cada lugar tendrá sus recursos y sus capacidades y su cultura, buscamos articular todo eso con las normativas que permitan esta construcción y con los actores económicos, con el fin de construir confianza” concluye.
Por su parte, Gabriel Vaccaro, periodista y parte del equipo del INTI, señala que dentro de los objetivos del programa, se busca la “reincorporación permanente de actores a un modo de trabajo que intenta ser colaborativo y de código abierto. El futuro es seguir ensayando estos modelos y que puedan replicarse”. Ya se elaboró un proyecto de bioarquitectura aplicado a un edificio público sustentable que se realizará en Córdoba. También diseñaron el Manual del Baño Seco, un sanitario que no utiliza agua y composta los desechos humanos.
“En un país donde los sistemas de saneamiento están colapsados o no existen, el surgimiento de una tecnología tan sencilla de saneamiento descentralizado es una opción posible que ahora está homologada”, explica Mónica Tedesco, parte del proyecto de bioarquitectura del INTI.
En definitiva, lo que se busca es combinar lo ancestral y lo contemporáneo. “La palabra quechua quincha, que tiene su equivalente en casi todos los idiomas del mundo, tiene que ver con el cobijo humano que utilizó los materiales que tenía más a mano: la madera, la tierra, las fibras vegetales. Hay muchas cosas no dichas y muchos fantasmas que no promueven y no construyen estos saberes. Hay que incrementar la posibilidad de pensar los materiales que de algún modo enfrían el planeta, por ejemplo la madera que está captando carbono, que es lo que queremos quitar de la atmósfera”, concluyó Tedesco.
La naturaleza provee
La bioconstrucción cuenta con la nobleza de los materiales que se encuentran en la naturaleza, permitiendo construir con costos más baratos, de manera que muchas más personas puedan acceder a una vivienda propia.
Adrián Mancuso, parte de la organización civil Otromodo que participa de la construcción colectiva de viviendas ecológicas, conversó con ANCCOM y contó el origen de su organización: “Nuestra línea fue trabajar en igualdad de condiciones y considerar a la vivienda como algo más abarcativo que la mera construcción física. Había un entorno social, cultural y ecológico; y todo eso tenía que estar de alguna manera incorporado en lo constructivo. Otromodo surge en la construcción de mi casa con la gente que vino a poner el hombro, como algo orientado a la autoconstrucción o a la construcción autónoma”. Según Mancuso, esta idea de autonomía es fundamental para entender el resurgimiento de la bioconstrucción, donde lo social cumple un rol muy importante y se ve a través del trabajo en equipo que se hace en las mingas, donde niños, mujeres y hombres colaboran juntos en la construcción de las viviendas. “La problemática de la vivienda no es particular, es un problema social y como sociedad nos involucra a todos. Es un derecho a recuperar y a sostener”.
Existen diferentes técnicas de bioconstrucción en relación a las necesidades climáticas de los entornos.
En las bioconstrucciones de los humedales del Delta, en Tigre, se utiliza tierra cruda como reemplazo del cemento. Según Mancuso, el problema del cemento radica en que tiene “un impacto bastante fuerte en lo que respecta a concentración de capitales, consumo energético y dependencia económica, y también tiene gran desperdicio”. Además, sostiene que si bien no es un fundamentalista del barro, el material es “un recurso super valioso, porque permite construir más allá de la capacidad de esfuerzo de cada uno, acceder a un material de bajísimo impacto ambiental y de saludable impacto en la salud. Sobre todo para la zona que nosotros habitamos, ya que también lleva a cabo la regulación de la humedad ambiente.” ¿Cuáles son los beneficios de habitar una vivienda hecha de manera sustentable? Este es uno de ellos: según el clima de la zona, se puede adaptar la vivienda para que controle la humedad, previniendo el síndrome del edificio enfermo. También es posible aislar acústicamente, refrigerar o calefaccionar a través de distintas técnicas, según la necesidad de cada zona y estación del año. Otra gran aplicación es el método del techo vivo, que actúa en las tormentas habituales donde todo suele inundarse rápidamente, logrando regular la velocidad del agua, lo cual reduce bastante el impacto de las inundaciones. En climas más secos o con menos lluvias, permite el mejor aprovechamiento del agua. Además, como señala Mancuso, “es una manera de revertir el intercambio de gases de oxígeno con la atmósfera, que uno retira cuando construye una casa. No es un detalle menor, sobre todo en ciudades o en lugares que proyectan un crecimiento rápido”. En cuanto al efecto ambiental, no hay comparación: los materiales naturales tienen bajo impacto ecológico, bajo costo energético en su fabricación, no producen escombros ni desechos que no sean biodegradables, y los elementos de construcción no son peligrosos ni tóxicos para la salud. Además, la bioconstrucción permite ganar autonomía: “Es una cuestión emancipativa. El derecho de existir implica un dónde e implica un cómo”.
El horizonte de la bioconstrucción se extiende cada vez más como una alternativa para combatir un mercado de la construcción sumamente costoso y una huella de carbono que día a día se hace más grande en la atmósfera. ¿Qué es lo que se necesita para que todos puedan optar por una vivienda bioconstruida? Fundamentalmente, la expansión del marco normativo a nivel nacional y de los conocimientos de manera formal, para que haya más profesionales especializados. Y con el tiempo, la revolución del barro llegará para quedarse.
Mar 11, 2021 | Comunidad, Novedades, slider
La Autopista 3 fue un proyecto de la dictadura cívico militar de construir una vía rápida que atravesara la ciudad.
“Lo que estamos pidiendo es igualdad ante la ley”, dijo Mirta Sánchez, una de las representantes de las familias que viven en el Sector 4 de La Traza, a ANCCOM. Por eso, la primera semana de marzo se presentó una nueva acción judicial ante la Legislatura porteña para solicitar que se avance con el proyecto de renovación urbana, de viviendas sociales y con la petición de que sea un proceso que incluya la participación ciudadana.
La traza de la ex autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura militar que planeaba unir Saavedra con Puente Alsina, atravesando barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires. Más de 900 inmuebles fueron expropiados, muchos de ellos demolidos, cuando en 1981 el intendente de facto Brigadier Osvaldo Cacciatore canceló la iniciativa junto con el Plan de Autopistas. La fragmentación en sectores generó que algunos de ellos, ubicados en zonas más codiciadas para los negocios inmobililarios en la ciudad, recibieran respuestas, como los y las habitantes del sector 5 -que concentró cerca de la mitad de los inmuebles afectados- contenido por catorce manzanas entre las calles Donado, Holmberg, Congreso y Av. De los Incas. Pero el Sector 4, que abarca Villa Ortúzar, Chacarita y Villa Crespo, en el límite con Colegiales y Palermo, hoy nuclea a las familias que siguen exigiendo soluciones habitacionales definitivas.
La Ley 324, sancionada en el año 2000, convirtió a las y los vecinos de La Traza en beneficiarios de soluciones como créditos de compra sobre la vivienda que habitan, créditos para la autoconstrucción o para la compra de viviendas que no son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Jonatan Baldiviezo, abogado que forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quien continúa acompañando a las familias, le contó a ANCCOM que en el año 2007, durante el gobierno porteño de Mauricio Macri, tuvieron que presentar acciones judiciales para frenar desalojos. Las negociaciones con el Sector 5 se llevaron a cabo una década después de sancionada la primera ley y con una segunda –la 3396/09– específica para el sector. No ocurrió sin discusiones, demoras ni presiones por parte del gobierno hacia las familias para que tomaran subsidios y se fueran de La Traza.
Vista del sector 5 de la traza durante la implantación de la Ley 3396 en 2010.
En este sentido, Sanchez explicó: “Si hubiera una decisión política no tendríamos por qué estar corriendo. Lo único que queremos es que manden un censor nuevo y vean los nuevos beneficiarios”. Por decisión política se refiere al miedo, siempre presente, de que el gobierno avance con la venta de tierras que, en realidad, deberían disponerse para solución habitacional.
El Sector 4 queda como la gran deuda ya que fue en el año 2010 cuando se reanudó el compromiso para hacer un plan similar al del Sector 5. “Ese plan que tenía 60 días para ser presentado, nunca llegó a la Legislatura. Entonces hay todo un sector abandonado que hace 10 años está esperando este nuevo proyecto de gobierno”, explicó Baldiviezo. Con el amparo presentado se exige que se active la mesa de seguimiento del proyecto y se cumpla con lo establecido.
Con el avance de estas actividades, las familias recuperan la esperanza que buscan hace años: “Cuando íbamos a Legislatura a pelear por el terreno estaba la gente del Sector 5, entonces a nosotros no nos escuchaban, porque nos decían ‘no, todavía no le toca al Sector 4’. Ahora vamos a pelearlo. Si uno no pelea nunca tiene nada. De arriba no te viene nada”, dice Ramona Cavia, vecina de La Traza.
Ramona pasó por muchas situaciones hostiles, atravesó varios juicios que intentaron desalojarla pero salió sobreseída, aunque con exigencias. “Nos dijeron que teníamos que hacer mejoras. Todo lo que nos decían, nosotros hacíamos. Hasta me hice la casa de material”, explicó. Pero también recordó otras situaciones: “Cuando entramos a la audiencia del juicio civil el fiscal nos trató de negros” y “la vecina de al lado siempre me gritaba ‘usurpadora’ pero yo no soy usurpadora porque yo este lugar lo pagué, porque estoy pagando luz, teléfono. Yo tenía miedo de decir que era mi casa porque ellos me trataban de usurpadora. Con los años que tengo acá, ya no soy ocupa. Aunque sea voy a pelear por mis hijos, que pasaron frío, lluvias y aun así terminaron la secundaria viviendo acá. Voy a pelear por una vivienda digna”.
Los fondos recaudados por la venta de tierras en el Sector 5 no contemplaron las soluciones habitacionales del Sector 4.
Alejandra Ortega, otra de las vecinas que espera desde hace años, llegó a La Traza en 1995 pero en 2010 tuvo que dejar su vivienda. Desde entonces, no tuvo un lugar fijo donde quedarse. “Nos fuimos porque tuvimos un episodio de violencia muy fuerte con mi papá; hacia mi mamá y hacia mí. Cuando exponemos ante la policía, nos dicen que al no tener un papel o algo que nos adjudique que nosotras vivíamos ahí, no teníamos nada que hacer. Y nos quedamos en la calle”. No accedió a ninguna solución porque no figuraba como beneficiaria, aun siendo hija de personas que sí. Su madre figuraba en los registros pero falleció meses después sin que una resolución pudiese tomar forma. “La sorpresa mía fue cuando nos atendieron en la oficina (de la Unidad Ejecutora) y me dijeron que yo ni figuraba”, contó. Cerca del año 2000, recordó, hubo un censo en La Traza en el que se la había anotado a ella y a sus cuatro hijos: “Me habían hecho llenar una planilla aparte y me habían dicho que lo que estaban haciendo era un desglose de beneficiarios. Yo creía que tenía algo iniciado”.
Baldiviezo dejó en claro que la violación del derecho de las familias está comprobada y agregó que esto se da como consecuencia de gobiernos que han tenido únicamente miras en la especulación inmobiliaria. Manifestó que en la Ciudad desatienden cualquier intento de que exista un régimen integral de política de vivienda. “No se concibe como derecho humano y por lo tanto tampoco como servicio público. La cuestión de la vivienda se sigue concibiendo como un conflicto, como un tema entre privados”.
En este sentido, las ventas de tierras del Sector 5 iban a un fondo particular para financiar el programa y, si algo sobraba, debían ser destinadas al Sector 4. “Obviamente no sobró nada, lo derivaron para hacer más pasos a nivel y ahí se acabó la plata. Las que están vendidas en el Sector 4 no tienen esta disposición de que tienen que ir a un fondo particular que es tangible y que solamente tiene un uso que está destinado a satisfacer las necesidades de La Traza: eso no existe”, explicó Baldiviezo.
Los y las que viven en La Traza no son ajenos a esto y por eso Sánchez sostuvo: “En el Sector 5 dieron mucha plata porque el poder inmobiliario que tenía ese sector era mucho más comparado a lo que tenemos nosotros. Entonces todo es una carrera”. Ortega agregó que “hablar de esto a nadie le conviene, todos pierden. Nadie quiere perder. Pero mientras, el de abajo sigue siendo marginado, sigue siendo golpeado contra el piso por un montón de factores”.
Sánchez recalcó que lo único que quieren es que se le exija al gobierno que se presente un proyecto a debatir en la mesa de seguimiento, que les corresponde por ley y que con el tiempo se dejó de llevar a cabo. No se piden soluciones de inmediato aunque la problemática demande urgencia; no se reclama algo “totalmente gratis”. “Todos tenemos el derecho a tener un techo; a tener las mismas posibilidades de adquirirlo. Nadie quiere vivir de arriba”, cerró Ortega.
Desde 1977, una de las heridas que dejó la dictadura militar es perpetuada y profundizada por los sucesivos gobiernos, dejando a las y los vecinos a la espera interminable de una vivienda digna, de la concreción de políticas públicas. 44 años pasaron y más que una solución habitacional definitiva, lo único que logró construirse fue una de las tantas desigualdades urbanas y espaciales de la Ciudad de Buenos Aires.
Oct 30, 2020 | Comunidad, Novedades
Unas 1.400 familias fueron desalojadas del predio que ocupaban desde julio en Guernica. Casi 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense formaron parte del operativo liderado por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. “Llegaron de noche, y a eso de las cinco de la mañana (de hoy) empezaron a reprimir. No dejaron salir a la gente, ni se nos dejó agarrar nuestras cosas. Nos sacaron como perros, quemaron nuestras casillas y nos tiraron con balas de goma”, relata Juana Acuña, referente del Barrio La Lucha, en diálogo con ANCCOM. Además, hubo heridos y más de 30 detenidos -entre ellos dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires- que lograron la libertad en el transcurso de la tarde.
Acuña estuvo desde el inicio de la toma y dice, con angustia, que cuando habían pasado los dos primeros meses pensó “que el Gobierno se iba a solidarizar”. “Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna –afirma–. Si sos laburante como yo, sabés que cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar el alquiler, y si ganás 20 mil pesos, ¿qué hacés con eso? Nada, o comés o alquilás”. Esta es la realidad de muchas familias que ocupaban el predio y hoy se encuentran peor que hace unos meses: no tienen nada. Algunos vamos a estar de prestados con nuestras familias, pero otros tienen que ver cómo se la arreglan porque no tienen a dónde ir”.
Antes del desalojo se conformó una mesa de diálogo con los referentes y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, donde se estuvo cerca de un acuerdo. Acuña asegura que se les ofreció reubicar los barrios por bloques, pero todo cambió “cuando nos dimos cuenta que en el acta no figuraba ninguna información acerca de dónde íbamos a ir a parar, sólo que eran unos lotes. No nos dieron ninguna garantía real y, a raíz de este rechazo, se desató todo esto”.
El desalojo comenzó a las cinco de la mañana, con topadoras y fuego que destruyeron las casillas.
La coordinadora del Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, subraya que las condiciones estaban dadas para que el desenlace fuera otro. En las últimas semanas, “se había logrado un acuerdo al que adhería la gran mayoría de las personas que formaban parte de la toma, pero cuando faltaban sólo detalles para la reubicación, el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juez, Martín Rizzo, consideraron que los tiempos ya estaban agotados”. Hoy el escenario fue totalmente diferente al que se venía planificando: la represión a los ocupantes se extendió por varias horas dejando a su paso no sólo detenidos y heridos, sino también cientos de familias a la deriva sin ninguna solución a su problema.
Para Miguens, el problema de procesar los conflictos sociales tan complejos mediante causas penales, hace pensar que se trata de una cuestión de legalidad o ilegalidad, y si se lo entiende así es difícil lograr una solución. “El Gobierno debe sostener la propuesta que tanto esfuerzo llevó construir y adaptarla al nuevo contexto para dar una respuesta definitiva a las familias que estuvieron durante tres meses en las peores condiciones posibles. Esto muestra que se trata de un problema estructural, gravísimo y urgente. El Gobierno tiene los nombres y apellidos, toda la información sobre estas familias, por lo tanto, sería inaceptable que se desentienda. Existen predios donde todavía pueden instalarse de manera transitoria. Y hay en marcha una solución definitiva con un predio donde podrían irse a vivir”
La mesa de diálogo que había creado el gobierno provincial, fracasó.
Cuarenta y ocho horas antes del desalojo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció el lanzamiento del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional que contempla una ayuda económica de 50 mil pesos que podrá ser recibido hasta seis veces por beneficiario. El objetivo es que sea destinado a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como fin resolver el problema existente.
Si bien significa una respuesta ante la emergencia, tiene sus límites. “En la provincia de Buenos Aires es un problema estructural más allá del contexto, hace falta política pública que genere oferta de suelo accesible para sectores medios y bajos. La provincia tiene la Ley de Acceso Justo al Hábitat que reconoce herramientas valiosas para cambiar las dinámicas estructurales y hacer que esos procesos de producción de la ciudad no estén sólo orientados a los negocios inmobiliarios, sino que contemplen la demanda habitacional real”, concluye Miguens.
