Francia Márquez, Vicepresidenta electa de Colombia, estuvo de visita en Argentina. En medio de los encuentros protocolares, brindó una conferencia en el Centro Cultural Kirchner.
“Ya me cansé de hablar con las blancas de racismo, no quiero dar más lecciones”, me dice una mujer en el auditorio nacional del Centro Cultural Kirchner mientras esperamos a Francia Márquez-Mina, mujer afrocolombiana, militante, Vicepresidenta electa de Colombia.
El auditorio del CCK está colmado: somos 1950 personas esperando. Francia está en Argentina como parte de una gira sudamericana que empezó en Brasil junto a Lula da Silva, siguió con Gabriel Boric en Chile, pasa ahora por Argentina con encuentros con Alberto Fernández y Cristina Kirchner; y terminará en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca. De vuelta a Colombia, junto con Gustavo Petro, su compañero de fórmula y Presidente electo, asumirán el próximo 7 de agosto.
Negra del Cauca, Francia Márquez-Mina nació en el municipio Suárez. Fue madre a los 16 años, trabajó en las minas de oro como artesana y en las casas de Cali como empleada doméstica. Se recibió de abogada, militó toda su vida por la paz, los derechos humanos y el medio ambiente. Por el respeto a su tierra, el valor de las comunidades afrodescendientes: ese camino fue el que la llevó a ser, a sus 40 años, la segunda mujer Vicepresidenta de Colombia y la primera de origen afro-colombiano en llegar al poder.
Todo eso en un país en el que entre 2005 y 2018 disminuyó un 30,8% el porcentaje de la población que se reconoce negra, afrocolombiana, raizal o palenquera.
En el CCK cuelgan wiphalas, se escuchan reivindicaciones a las mujeres y al derecho al aborto en canciones, pero sobre todo se escuchan a las compañeras afrodescendientes. La impronta de la charla hace evidente que acá las blancas venimos a aprender, a entender lo que nunca vivimos para que ellas no nos tengan que seguir dando lecciones.
Para las 18:15 horas la llegada de la Vicepresidenta electa de Colombia ya es un pedido colectivo. En la sala están presentes el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la titular de INADI, Victoria Donda y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, entre otras personalidades. La presentación está a cargo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Verónica Gago, la periodista designada para entrevistar a Francia, presenta a Pérez Esquivel y entran los dos: un Premio Nobel de la Paz y la primera mujer negra Vicepresidenta de Colombia, de la mano.
“Ustedes nos ven a nosotros pero nosotros no los vemos a ustedes, y queremos verles los rostros, las sonrisas, las miradas”, son las palabras de Adolfo Pérez Esquivel entre los primeros chillidos de un micrófono que estrena el evento, “por favor, ¡enciendan las luces!”, pide.
El auditorio se pone de pie y Pérez Esquivel sonríe como si fuera un mago. “Los pueblos no tenemos que esconder el rostro”, concluye.
Entonces la Ballena reproduce a Galeano como si estuviera ahí: escuchamos “Los Nadies” mientras Pérez Esquivel se retira e ingresa nuevamente Verónica Gago.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
“Vos convertiste estas palabras poéticas de Galeano en un programa político”, dijo la periodista. Y es que el programa que la fórmula Petro-Francia le propuso a Colombia es el que atiende a las minorías por sobre todos los demás. La idea del cambio, esa que ha sido tan vapuleada en los últimos años en la República Argentina, en Colombia hace referencia a un quiebre histórico: el de Gustavo Petro y Francia Márquez es un programa político que rompe con el neoliberalismo que gobierna la región, es la política de los nadies.
En Colombia los nadies “son los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros; las mujeres, la comunidad diversa, las mujeres trans; el pueblo campesino, los niños y niñas que mueren de hambre; los jóvenes a los que asesinan, los trabajadores y trabajadoras que resisten”. De ese lugar viene Francia y la campaña que encararon junto con Gustavo Petro, para gobernar en favor de los y las nadies.
Francia Márquez pasó de ser una tirapiedras a ser electa por el voto popular.
“Soy porque somos, un grito de lucha y de paz” fue el nombre con el que el CCK presenta la charla y también el lema con el que Francia recorrió Colombia durante los meses que duró la campaña electoral. Soy porque somos no es marketing político, es filosofía umuntu: resabios de África, sabiduría en sangre.
Es entender la lógica colectiva, el pasado y la identidad a la vez: “no hay posibilidad de existencia de la vida humana sin la vida de la naturaleza”, dice Francia. Porque Petro-Francia es, según la Vicepresidenta, la fórmula del cambio real, colectivo y sobre todo, en favor de las minorías colombianas y la naturaleza.
Francia Márquez está vestida de un amarillo intenso, lleva consigo un bolsito bordado de colores como quien llega de un viaje de larga distancia sin tiempo para desensillar. Tiene unos aros dorados que imitan la silueta del mapa colombiano; pulseras de hilo encerado, una wiphala en la muñeca y un peinado que ninguna funcionaria tuvo antes.
Es latinoamericana y es afro, de eso se trata la cosa: cuenta que en campaña se la pasó discutiendo sobre cómo se peinaba o qué se ponía en el pelo, “porque para mí eso es parte de una representación”, explica, “se trata de cambiar el color y las imágenes en la representación del poder”.
Es que viene de un territorio de disputas políticas y luchas imposibles de ignorar. El Cauca vivió la esclavitud, “aún se llama Ciudad Blanca por un pensamiento colonial que la habita”, explica la Vicepresidenta. Dice que su abuela le enseñó que el territorio en el que vivían no había sido un regalo, sino producto de dar batalla.
Su abuela y su madre, que fueron las primeras que le enseñaron la resistencia, le inculcaron el amor por la tierra y la importancia del arraigo, porque “la gente negra del norte del Cauca aprendió que sin territorio no hay libertad ni autonomía”.
Cuando habla, el auditorio oscila entre el silencio absoluto y los aplausos ensordecedores. Hay frases que son frases de campaña, pero donde se cuela a la vez una autenticidad que le sale por los poros.
Francia ganó con un programa feminista, ambientalista y antiracista: ganó con la experiencia de lucha que lleva consigo. Sabiendo que su nombre y su vida no son casuales, porque lleva las marcas de la conquista, del colonialismo y la exclusión en su historia.
Por eso aprendió sobre “la interseccionalidad de raza, clase y género”, dice que al principio no lo teorizaba pero después conoció a Angela Davis. Con esos aprendizajes, y con la certeza de que “las mujeres negras no están haciendo la lucha para romper el techo de cristal, sino para ponerse de pie y caminar con sus hermanas porque ellas siempre han estado de rodillas”, Francia Márquez Mina se propone gobernar Colombia.
Con el amor por la tierra como bandera, el mismo que la hizo enfrentarse a proyectos minero-energéticos que, dice con una risa segura, un poco pícara, que ahora que es gobierno le toca mirar cómo es que van a hacer.
Hay algo en Francia que habla de ser dirigente pero también de haber sido pueblo, militante, “civil”. Esa desconfianza a los políticos, la experiencia de haber sentido la corrupción, la desesperanza. Lo que intenta dejarnos claro es que gobernar no es fácil, pero que va a intentar escapar de las fórmulas conocidas que los pueblos le adjudican a la política de hoy.
Sin embargo entiende que la correlación de fuerzas no se modifica con mero voluntarismo, porque es consciente de que su presencia “es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados” y tiene que luchar por ellos, pero también dice que “se puede hablar bonito, pero la realidad es que las reformas se hacen con dinero”.
Con esa frase se da lugar al cierre, a cargo de Beatriz Pichi Malen, que recrea el canto ancestral de la cultura mapuche y nos deja intentando entender por qué nadie nos enseñó esto en la escuela.
También sube Maria Elvira Solis, representante de la comunidad afrodescendiente del Pacífico, que nos trae música sabrosa. Junto con Francia, cantan la música del Cauca, de su tierra, con una alegría que hace volar wiphalas, pañuelos del aborto y revistas de La Garganta Poderosa en simultáneo.
Francia Márquez-Mina le propone al pueblo colombiano y a los países de la región latinoamericana vivir sabroso, que es parecido a esto y también es un derecho; es vivir con dignidad, con alegría y sin miedo.
Cuando Elvira se va, Francia Márquez queda parada en el escenario y sonriendo dice: “espero que en 4 años, cuando terminemos el gobierno, podamos seguir mirándolos a la cara con dignidad; y que mi corazón siga estando bien puesto”. Con el puño en alto, pañuelos verdes, selfies y una placa de reconocimiento por su lucha antiracista, se retira.
En el Centro Cultural Kirchner todos y todas parecen haber recuperado algo que en la Argentina de los últimos meses es cada vez más difícil encontrar: la esperanza.
La apertura democrática de la década de los ochenta en América Latina posibilitó la participación de nuevos actores en el escenario político. Para los evangélicos, un sector en crecimiento, fue la oportunidad para igualar los beneficios que recibía la Iglesia católica por parte de los Estados, representar los intereses de sus parroquias y posteriormente servir como defensores de valores ultraconservadores.
En América Latina, y especialmente en Colombia, este tipo de discursos cobraron fuerza en los últimos años. La derecha ha encontrado un apoyo especial en los feligreses quienes durante las recientes movilizaciones han utilizado sus preceptos religiosos para estigmatizar y deslegitimar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Harold Segura, pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y de la Junta Internacional del Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud (MJNJ), explica que estos sectores se han mostrado en contra de las movilizaciones debido a ciertos referentes teológicos característicos de la religiosidad evangélica popular latinoamericana: Dios es un Dios del orden, por lo tanto la protesta en el marco del desorden, no es de Dios. En segundo lugar, la creencia de que toda autoridad ha sido puesta por Dios por lo que solo él puede quitarla, como menciona una parte de la Biblia; y tercero, la mirada dualista que explica la realidad a partir de lo bueno y lo malo. A partir de estos preceptos, muchos pastores y feligreses han deslegitimado las movilizaciones.
“Esos referentes construyen una filosofía política que surge también de esas lecturas populares de las Escrituras, una lectura muy simple y muy plana que funciona muy bien para los evangélicos pero que arruinan el testimonio evangélico porque desconocen realidades y procesos sociales”, agrega Segura.
Durante las negociaciones del Acuerdo de Paz en el año 2016, fueron los sectores evangélicos quienes más se opusieron. El triunfo del No en el plebiscito para su implementación se debió en gran parte al disciplinado voto de esa congregación, el cual en medio de la discusión por la paz en Colombia logró hacer foco en el aspecto de la “ideología de género”, supuestamente presente en 315 partes del texto de los acuerdos. Luego de este triunfo, este sector vio con buenos ojos la posibilidad de crear un partido político como plataforma para promover sus ideales en contra de la legalización del aborto y de la libertad sexo-genérica, principalmente. A finales de 2017 se creó el partido Colombia Justa Libres y, en menos de un año de su fundación, logró llegar al Congreso con tres senadores y a la Cámara con un representante gracias a los casi 500 mil votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2018. Muchos de los votantes fueron feligreses de las mega iglesias evangélicas pastoreadas por los fundadores del partido. Incluso el senador y presidente del partido evangélico, John Milton Rodríguez, es pastor de una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Cali llamada Misión Paz a las Naciones, la cual cuenta con 25.000 miembros. En los púlpitos de estas iglesias no solo se declama la Biblia, también se habla de política; en época electoral parece ser ese el sermón de todos los domingos.
Precisamente el senador John Milton Rodríguez y toda la bancada del partido evangélico votó en contra de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada desde la oposición por la sistemática violación de derechos humanos durante las movilizaciones en Colombia. Esa decisión confirmó el apoyo de dicho partido al gobierno de Iván Duque durante las elecciones presidenciales del 2018, en esa ocasión los preceptos religiosos en línea con la defensa por la vida y la familia funcionaron muy bien entre los evangélicos para restar apoyos al candidato de izquierda Gustavo Petro.
No obstante, en diálogo con ANCCOM, el senador y pastor evangélico John Milton Rodríguez reconoce su intención personal de separarse de la coalición de gobierno debido a que como partido no tienen ninguna participación en las decisiones, posición que contrasta con la de su agrupación. Por eso, el legislador ya da como un hecho su candidatura a la presidencia, incluso señala que en unos días tendrá una sesión fotográfica para su campaña.
Y aunque parece contradictorio, Rodríguez justifica su votación en apoyo para evitarle el juicio político al ministro de Defensa: “Yo fui elegido para ejecutar y aplicar la Constitución y la ley en mi entorno como legislador. No puedo, simplemente basado en el malestar de las personas o en las ideas de la gente, tomar decisiones constitucionales”. Niega, además, que haya una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y aunque considera legítima la protesta, responsabiliza a la extrema izquierda por exacerbar los odios entre ricos y pobres y del Estado contra la ciudadanía. Asimismo, denuncia la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en las movilizaciones.
Durante los primeros días de las restricciones impuestas por la pandemia en 2020, a través de sus redes sociales, Rodríguez hizo un pedido de auxilio al presidente Iván Duque para que ayude a las iglesias evangélicas que se vieron obligadas a cerrar sus templos. Un par de meses después, a través del Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, el Ejecutivo de Colombia creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el objetivo de proteger los puestos laborales y ayudar a las empresas que vieron una reducción de su facturación facilitando el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que estuviera contratado formalmente. Según un documento oficial del Ministerio de Hacienda, el apoyo estatal no solo estuvo destinado para empresas de los sectores que dinamizan la economía del país, sino también para las iglesias evangélicas que en Colombia no pagan impuestos y cuentan con colaboradores sin contratos de trabajo formalmente establecidos. Decenas de iglesias fueron priorizadas por encima de PyMES que no obtuvieron ningún tipo de ayuda y muchas de ellas tuvieron que cerrar.
Consultado por los subsidios, el senador destaca que las iglesias, sus fundaciones, colegios y universidades generan alrededor de un millón de empleos formales. Además, es enfático en afirmar que sí pagan impuestos de IVA sobre productos y asumen los costos de seguridad social de sus empleados sin ningún tipo de beneficios como sí los reciben otras empresas. “Si las iglesias no existieran, los impuestos para los colombianos deberían crecer entre unos 20 o 30 puntos más debido a que la ayuda social que brindan las iglesias tendría que ser acogida por el Estado”, añade.
Según explica, el comunismo y el progresismo quieren acabar con las iglesias: “El comunismo quiere estatismo para que el Estado sea el dueño de la ciudadanía y así perpetuarse en el poder. En el cristianismo en cambio, el ciudadano depende de Dios, la familia es responsable de sí misma. El cristianismo lo que le enseña la gente es a ser autónoma e independiente y no estar dependiendo de los subsidios del Estado”.
Curiosamente, la iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali, pastoreada por el senador John Milton Rodríguez, recibió la ayuda estatal que duró casi un año. Pero no solamente se benefició del auxilio estatal, sino también las mega iglesias de Bogotá cofundadoras del partido evangélico como Manantial de Vida eterna y Casa sobre la Roca. Asimismo, se favorecieron otras iglesias con sedes en todo el país que aportaron los votos de sus feligreses como Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios y Centro Misionero Bethesda. De la misma manera, el Gobierno benefició con el PAEF a la iglesia Carismática Internacional fundadora del primer movimiento político evangélico a finales de los ochenta, ahora extinto Partido Nacional Cristiano, capital político que se trasladó al partido Cambio Radical, actualmente aliado de Duque.
En total, fueron más de 230 iglesias evangélicas en todo el país que recibieron el subsidio, muchas de ellas aliadas de varios de los partidos de derecha que apoyaron la candidatura y facilitaron la elección de Duque como presidente. Y es que más del 20% de la población en Colombia se afilia a alguna religión protestante, por lo que la derecha encuentra en ellos un gran caudal de votos digno de ser bendecido.
Pablo Moreno, investigador, rector de la Unibautista, licenciado en historia y candidato a doctor en Teología e Historia por la Universidad Libre de Amsterdam, señala que los evangélicos en Colombia fueron históricamente una minoría perseguida que logró participar en la redacción de la última Constitución de 1991 a través de la cual ganaron ciertos derechos. Sin embargo, con esto no fue suficiente, por eso “durante los noventa y las dos primeras décadas de este siglo hicieron alianzas con diferentes partidos para tratar de sobrevivir y flotar en el ámbito político”, agrega el investigador.
Está alianza entre evangélicos y los partidos de derecha –según Moreno– se da gracias a que los partidos de derecha tienen un reconocimiento de que el factor religioso es muy importante, a diferencia de los sectores de izquierda que tienden a ser muy laicistas y lo subvaloran. “Ellos (los políticos de derecha) no tienen ningún problema en ser profundamente católicos y al mismo tiempo ir a un templo evangélico a hacer todo lo que les digan con tal de que esa población pueda ser una un electorado cautivo para ellos”, concluye Moreno.
En Colombia, debido a la lucha sindical, las y los trabajadores han logrado derechos básicos como el salario mínimo, el aguinaldo, el pago de horas extras y dominicales, y las vacaciones remuneradas. Sin embargo, las cifras de agremiación en el país son de las más bajas en el mundo: menos del cinco por ciento está afiliado.
Una causa es la violencia que han su sufrido, por décadas, los militantes gremiales. Según un informe presentado por los sindicatos ante la Comisión de la Verdad –espacio creado por los Acuerdos de Paz para esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado–, entre 1973 y 2020 se presentaron más de 15 mil casos de violaciones a la vida, más de 3 mil homicidios y casi 2 mil desplazamientos forzados de los representantes de los trabajadores.
Prueba de ello es Humberto Correa Gómez, vicepresidente de la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC) y secretario de Derechos Humanos de la CGT de ese país, quien hoy se encuentra refugiado en la Argentina luego de recibir amenazas de las fuerzas militares y paramilitares. El líder sindical cuenta que se enteró de los planes en su contra a través de los medios y de una llamada de un exagente investigador que lo alertó. “Yo no sabía que unos carros que había siempre cerca de mi casa eran del Ejército”, señala.
El Estado colombiano, además, ha sido incapaz de esclarecer más de la mitad de los 89 asesinatos contra referentes sindicales que se perpetraron entre 2017 y 2020. Solo 9 de los 42 casos resueltos obtuvieron sentencia definitiva, los otros siguen en juicio. “Hay una cultura de decir que si mataron a alguien por algo será. El victimario era el que salía libre y la víctima jodida”, sostiene Correa Gómez.
La violencia contra los líderes sindicales fue iniciada por los grupos paramilitares, apoyados políticamente por los ultraderechistas que comenzaron a vincularlos con la insurgencia, explica Correa Gómez y agrega que se intensificó durante el fragor de las privatizaciones del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez a las que ellos se opusieron férreamente. “Siempre presentan a los sindicatos como los destructores de empresas, que no generan empleo y que son aliados de la insurgencia”, afirma.
El Estado colombiano esclareció menos de la mitad de los 89 asesinatos contra referentes sindicales perpetrados desde 2017
Las políticas neoliberales de fines de los 90 y principios de este siglo redujeron drásticamente las posibilidades de que los sindicatos se afianzaran. Proliferaron los contratos por prestación de servicios y los pactos colectivos, un mecanismo de negociación entre empleador y trabajadores no afiliados. Como consecuencia, la informalidad laboral en Colombia es casi del 50 por ciento y en los últimos meses ha ido en aumento.
No obstante, los sindicatos han sido un actor clave para impulsar las protestas que llevan casi un mes. Correa Gómez también dirige el gremio de los licoreros en Cali, capital del Valle del Cauca, que ha liderado las movilizaciones en la zona del Paso del Comercio, un barrio ubicado al noreste de la ciudad, en donde se encuentra una de las principales estaciones del sistema de transporte urbano. Desde allí, relata Correa Gómez, su sindicato ha salido con las barriadas y por eso, pese a la distancia, se mantiene atento a lo que suceda. Incluso habla de la situación como si estuviera presente: “La gente que sale con nosotros es totalmente pobre, no tienen ni siquiera para comer y lo único que les queda es pelear”.
Correa Gómez denuncia la violencia en todo el Valle del Cauca y apunta contra el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional de Colombia, por un pacto que, asevera, suscribió con la cúpula empresarial para restablecer el orden a través de la represión.
La informalidad laboral en Colombia es casi del 50 por ciento y en los últimos meses ha ido en aumento.
Una mentalidad colonial
Olga Berardinelli, médica general de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ha visto con sus ojos las marcas de la violencia en Cali. Por eso, con un grupo de colegas y otros profesionales decidieron ayudar a las personas de “primera línea”, denominadas así por estar al frente de las movilizaciones y que han terminado heridas por la represión policial. Crearon un fondo para obtener medicamentos y alimentos y repartir en los principales puntos en donde se han concentrado las protestas. “Es una situación muy difícil porque el Estado, en vez de protegernos y cuidarnos, nos está atacando”, asegura.
Por estos días tienen prevista una actividad para brindar apoyo médico y psicológico en Siloé, una de las villas de emergencia más pobres de la ciudad y más violentadas durante las movilizaciones. A principio de mayo, en medio de una “velatón” organizada para conmemorar a las víctimas de la represión, la fuerza pública irrumpió en el barrio, asesinó al menos a cinco personas, hirió a decenas e incluso algunas continúan desaparecidas.
El sur de Cali, una de las zonas más opulentas de la ciudad, también fue escenario de la violencia contra la comunidad indígena. La represión contra la minga –así se autodenominan como sinónimo de resistencia– fue perpetrada por fuerzas de seguridad estatal y además por civiles armados que abrieron fuego contra los manifestantes.
Los grupos indígenas, igual que los sindicatos, han sido históricamente estigmatizados por la derecha colombiana y asociados con la insurgencia y los grupos guerrilleros. Durante las últimas protestas, figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y miembros de su partido, el Centro Democrático, han lanzado acusaciones en tal sentido, incitando así a las fuerzas de seguridad y a la población civil a recibirlos con violencia.
Uno de los puntos de los Acuerdos de Paz, firmados en 2016, está dedicado a los derechos de estas comunidades. Desde entonces hasta hoy, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados, según la ONG Indepaz. Y si bien en su Constitución, cuya reforma data de 1991, Colombia se reconoce como país multiétnico e igualitario, los grupos indígenas que representan un 5 por ciento de la población se sienten segregados social, económica y políticamente.
Desde 2016, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados.
Israel Zúñiga, actual senador nacional y ex miembro de las FARC, ahora partido Comunes, afirma que esto se debe a una mentalidad colonial de los dirigentes políticos sobre los pueblos indígenas y sus territorios. “Colombia es un país eminentemente centralista que mira con menosprecio a la periferia y que no ha logrado vincular al proyecto de nación a los pueblos del Cauca, del Chocó, de la Guajira, y mira a esas regiones con la misma mirada del conquistador”, plantea Zúñiga entrevistado por ANCCOM.
Y afirma que existe una deuda histórica con los sectores que reclaman la necesidad de autonomía de sus territorios y el reconocimiento del derecho a la etnoeducación: “No es posible que los territorios de la periferia, en donde ancestralmente han habitado, sean los elementos de saqueo de una política extractivista que no tiene en cuenta el tejido social, las afectaciones ambientales ni la relación de nuestros pueblos con sus entornos”.
La Ley de Solidaridad Sostenible, como llamó el Gobierno eufemísticamente a la reforma tributaria, fue presentada en el Congreso el pasado 15 de abril con el objetivo de mitigar la crisis económica causada por la pandemia que provocó una caída del 6,8 por ciento del PBI en 2020. Entre los artículos más polémicos se encontraban la aplicación del IVA del 19 por ciento a los servicios públicos para las clases medias y altas, y la ampliación progresiva de la base gravable del impuesto de renta para pensionados, según el salario. Estas medidas, para los analistas, provocarían una suba indirecta de los alimentos y afectarían principalmente a la clase media.
La sociedad salió a las calles a mostrar su descontento. Ante la presión ciudadana, el Gobierno decidió quitar del Parlamento la reforma fiscal y el Ministro de Hacienda, impulsor de la ley, tuvo que dimitir. A pesar de estas decisiones, el Ejecutivo no logró calmar los ánimos de la población y las movilizaciones siguieron. El accionar represivo de la fuerza pública y la ira de los manifestantes han provocado un recrudecimiento de la violencia.
Según la periodista Rosalba Alarcón, directora de AlCarajo.org y de la Corporación Puentes de Paz – Voces para la Vida, se trata de una continuidad del estallido social que se vivió en la región durante noviembre de 2019 y que a causa de la pandemia tuvo una pausa hasta reanudarse en el mismo mes de 2020. Señala, además, que “las movilizaciones no son fortuitas y se dan en un contexto de consecutivas violaciones de derechos humanos, laborales y de precariedad del sistema de salud”.
Hacia fines de 2019, distintas organizaciones sociales que integran el Comité Nacional del Paro, entre las que se encuentran movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas, de mujeres, la comunidad LGBTIQ y sindicatos, convocaron a movilizarse y posteriormente se estableció una mesa de diálogo en la que presentaron un pliego de peticiones al Gobierno. Exigían garantías para el ejercicio de la protesta social, derechos económicos y sociales: educación, salud y trabajo, políticas para el cuidado del medio ambiente y la implementación de los acuerdos de paz. Pero vieron incumplidas sus peticiones y decidieron manifestarse de nuevo en noviembre de 2020, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria.
El debate por la reforma tributaria convocó otra vez a los manifestantes por tercer año consecutivo con nuevas exigencias para paliar la actual crisis económica y social que tiene al 42.5 por ciento de la población sumergida en la pobreza. Entre las demandas destacan una renta básica de un salario mínimo para los hogares –hoy reciben del Estado menos de la tercera parte–, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas en un país en donde la educación es arancelada, y la eliminación de una reforma a la salud que el Gobierno todavía no hace oficial.
Para Diana Guzmán, doctora en Derecho de Stanford University, profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia y subdirectora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, lo que se está viviendo en Colombia no responde a una única causa ni una única lógica: “Es una convergencia de distintas agendas de reivindicación social que se conectan con demandas históricas frente al Estado y también reflejan un profundo descontento frente al Gobierno actual, tanto por la forma como respondió a la pandemia, como por la falta de implementación adecuada de los acuerdos de paz”.
El malestar social se ha desatado debido al incremento de la acción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes, por eso las organizaciones han solicitado una reforma policial. En Colombia, a diferencia de otros países de la región, la policía forma parte del Ministerio de Defensa, esto conlleva a que la institución esté atravesada por una lógica militar y que a su vez sus delitos sean investigados por la justicia militar sin control civil. Según cifras de la ONG Temblores y la Defensoría del Pueblo, dependiente del Estado, durante las movilizaciones de los últimos días se han recabado casi dos mil casos de violencia física y sexual por parte de la fuerza pública, con 37 muertos, 87 desaparecidos y casi mil detenidos arbitrariamente. Además, por orden del Gobierno, las fuerzas militares se han desplegado en todo el territorio nacional para reprimir a los manifestantes. Incluso las denuncias llamaron la atención de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza.
Guzmán explica que la policía responde a una serie de patrones que en septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia había dejado expuestos tras la muerte de Dylan Cruz, un joven asesinado por las fuerzas de seguridad durante las marchas de 2019, a saber: la intervención sistemática, violenta y arbitraria en las manifestaciones, la estigmatización, el uso de armas letales y las detenciones arbitrarias.
“Las fuerzas policiales están cada vez más armadas, cada vez menos preparadas para lidiar con asuntos de convivencia y más para lidiar con asuntos de seguridad, y eso genera mayor predisposición al uso de la violencia. Incluso al interior de la institución hay resistencias frente a lo que significan derechos humanos y libertades, porque casi que asumen tales discursos como de izquierda o de guerrillas”, asegura Guzmán.
Para Rosalba Alarcón, la fuerza pública provoca los hechos de violencia mientras el pueblo se moviliza pacíficamente. Ambas, Alarcón y Guzmán, coinciden en que los grandes medios y líderes políticos reproducen discursos estigmatizantes acusando a los manifestantes de estar nucleados a través de organizaciones al margen de la ley, lo cual origina riesgos para quienes salen a la calle. “La narrativa estigmatizadora funcionó muy bien cuando el conflicto armado estaba activo porque era mucho más fácil quitarle apoyos sociales diciendo que era simplemente una expresión de la guerrilla”, asevera Guzmán.
Alarcón afirma que el país ha dejado el miedo atrás y quiere apostar a un cambio ante la resistencia del Ejecutivo: “El presidente Iván Duque no quiere reconocer que el sistema de democracia representativa ya cambió en Colombia, ahora se está movilizando una democracia participativa y protagónica, como él se resiste a ese cambio, está reprimiendo al pueblo”.
Y si bien en este momento hay distintas fuerzas llamando al diálogo y a la reconciliación para frenar la violencia, Guzmán destaca que el descontento social ha ido escalando debido a la represión policial y sostiene que mientras haya represión “no existe una salida clara, sino un aumento de las razones por las cuales protestar”.
