Sep 8, 2020 | Comunidad, Novedades
El conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se prolongó por más de 60 años y causó unos 8 millones de víctimas (entre muertos, secuestrados, desplazados y desaparecidos), llegó a su fin el 24 de noviembre de 2016, tras la firma de un acuerdo que llevó cuatro años de negociaciones, siempre con la férrea oposición de un sector de la derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A poco de cumplirse el cuarto aniversario del acuerdo, los avances para su implementación no son los esperados debido a la poca visibilidad e importancia que le otorga a lo pactado en La Habana el gobierno del actual mandatario Iván Duque, quien alcanzó al poder mediante la fuerza electoral de Uribe, hoy en arresto domiciliario imputado por sobornos y fraude procesal.
En diálogo con ANCCOM, Víctor Barrera, politólogo y coordinador del área de Estado, Conflicto y Paz en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), con sede en Bogotá, afirma que la ejecución del Acuerdo Final “no está involucrando activamente aquellos componentes genuinamente transformadores que están en el fondo del conflicto armado” y se ha convertido “en una segunda negociación de facto”.
El diálogo por la paz comenzó oficialmente en 2012 cuando el equipo negociador del entonces presidente Juan Manuel Santos se reunió en Oslo, Noruega, con representantes de las FARC. Más tarde, se trasladaron a Cuba, lugar donde se desarrollaron las negociaciones hasta 2016. Sin embargo, el acuerdo rubricado en septiembre de ese año, en el marco de una celebración festiva en la ciudad de Cartagena, fue rechazado al siguiente mes por los colombianos en un referéndum popular muy ajustado. Los promotores del no –sectores religiosos y políticos liderados por el expresidente Uribe– obtuvieron la victoria y lograron dejar en el limbo el Acuerdo Final.
Según Barrera, la dificultad para conseguir un consenso se debió a un dilema de legitimidad que consiste en que “la mayoría de los colombianos quieren la paz y están de acuerdo con que se implementen las reformas más estructurales en el campo y la política, pero la gente odia a las FARC. Y lo que ha hecho la derecha radical expresada en el Centro Democrático (la agrupación de Uribe) es capitalizar el sesgo anti-FARC de la población para atacar directamente los elementos más transformadores del acuerdo de paz”.
«La derecha capitaliza el sesgo anti-FARC de la población para atacar los elementos transformadores del acuerdo de paz».
Luego del rechazo popular, Santos convocó a la oposición para incorporar cambios a lo convenido y en noviembre de 2016 se volvió a firmar el Acuerdo Final en Bogotá. Aun así, la oposición mantuvo su resistencia y dos años después se convirtió en oficialismo cuando Iván Duque ganó las elecciones con un discurso de campaña que apuntaba a realizar cambios al acuerdo y con el eslogan “paz sí, pero no así”.
El acuerdo está organizado alrededor de seis puntos: desarrollo rural; oposición política y participación ciudadana; fin del conflicto armado; narcotráfico y cultivos ilícitos; reparación a las víctimas; y, por último, implementación.
En cuanto a la Reforma Rural Integral, se estableció solucionar la exclusión histórica del campesinado y los problemas surgidos a partir del despojo de tierras que sufrieron los desplazados por la violencia y cuyos títulos de propiedad pasaron a manos de terratenientes y narcotraficantes. Asimismo, se dispuso una transformación del campo para estimular la formalización, la restitución y la distribución equitativa del suelo acompañado de un desarrollo rural con recursos del Estado destinados a proveer servicios públicos, educación, salud, recreación, infraestructura, alimentación y bienestar a la población.
Barrera señala que el partido de gobierno se opone rotundamente a una reforma, aun cuando lo que está incorporado en el acuerdo “no es una reforma revolucionaria, sino una reforma parcial que lo que quiere es garantizar algunos derechos de propiedad para un segmento de la población campesina”.
En 2016, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el histórico acuerdo de paz que pone fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
Con respecto al punto de la participación política, se decidió trabajar en una apertura democrática para que nuevas fuerzas fortalezcan el pluralismo y que la guerrilla deponga las armas. El objetivo es evitar el uso de la violencia como método de acción política y proteger el ejercicio de la oposición de los hostigamientos de grupos paramilitares.
Para ello, se acordaron garantías a organizaciones y líderes sociales, y además se resolvió que cada una de las zonas afectadas por el conflicto tuviera una banca en la Cámara de Representantes (equivalentes a nuestros diputados) como medida de integración, reparación y construcción de paz. Pero estas 16 curules todavía no han sido asignadas debido a la impugnación de la derecha que ha criminalizado esos territorios.
El enfoque de seguridad humana prometido en el acuerdo ha sido incumplido por Duque. El principio básico de garantizar la vida de líderes sociales, excombatientes y de comunidades a través de una intervención activa de estos sectores en la toma de decisiones de las políticas de seguridad, no ha sido tal, sostiene Barrera. “Lo que ha hecho este gobierno es limitar cada vez más la participación de organizaciones y comunidades y lo que hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, agrega.
«Hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, dice Barrera.
La violencia política en Colombia se remonta a los enfrentamientos que en la década del 40 protagonizaban seguidores de los dos partidos que se disputaban el poder, el Liberal y el Conservador. En 1948, el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán, provocó el levantamiento popular conocido como El Bogotazo, que se extendió por todo el territorio del país. El Estado reprimió duramente a los grupos insurgentes. Este fue el inicio de la escalada bélica en Colombia. La fundación de las FARC data de 1964, luego de una ofensiva militar contra una comunidad autónoma creada por grupos armados y ubicada en la selva denominada como República de Marquetalia. Uno de los campesinos que lideró la defensa fue Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, quien se convertiría en uno de los comandantes de las FARC.
A más de 50 años de estos hechos, uno de los propósitos cruciales del acuerdo de paz era el cese de la acción armada entre la guerrilla y las fuerzas del Estado, para lo cual se impulsó un proceso de entrega de armas, verificada por una comisión de la ONU. Además, se adaptaron zonas transitorias para agrupar de manera segura a los guerrilleros, previo paso a su incorporación como civiles. En función de esto, las FARC se transformaron en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con cinco bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Pese a la intención del gobierno de Duque de imponer un discurso en contra de los resultados positivos del acuerdo, Barrera opina que en ningún proceso anterior con las FARC hubo una desactivación total del aparato de guerra, estructura y componentes básicos del grupo guerrillero. Destaca la verificación hecha por Naciones Unidas que certificó la entrega de una proporción de armas que no se había dado en ningún proceso de desmovilización en Colombia. De los más de 13 mil excombatientes que están acreditados por el Gobierno, apenas a 600 les ha perdido el rastro, sin que eso signifique que hayan vuelto a las armas. En este punto, subraya Barrera, es donde más se ha avanzado, aunque aclara que “más que un cumplimiento adecuado por parte del Gobierno, es un cumplimiento de las FARC”.
A raíz de que el narcotráfico ha financiado el conflicto interno en Colombia, se acordó en el punto cuatro una solución al problema de las drogas. Se constituyó un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los territorios afectados y, además, otro para la prevención del consumo. A su vez, el grupo guerrillero se comprometió a no continuar con el negocio y a dar información sobre las rutas del tráfico.
Sobre este punto, Barrera considera que se está anteponiendo una agenda contraria al acuerdo debido a que el Gobierno insiste en las aspersiones con glifosato y las erradicaciones forzadas, a pesar de que los niveles de resiembra de cultivos ilícitos en los municipios donde se han firmado estos acuerdos voluntarios de sustitución, son ostensiblemente menores.
Con relación a las víctimas del conflicto, el acuerdo dispuso la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como espacio a donde el Estado y las FARC acudirían para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como marco jurídico para investigar y juzgar a los responsables. Esto se haría a través de penas alternativas de acuerdo al reconocimiento de verdad y responsabilidad de los involucrados.
Este punto ha sido el más atacado por el partido de gobierno “porque les resulta inconveniente que se conozcan muchas de las verdades del conflicto armado”, afirma Barrera. “Lo que quieren introducir es que haya unos magistrados que juzguen por separado a los militares y no haya una sola sala que juzgue a todos. Eso es básicamente abrir la puerta para nuevos niveles de impunidad y para ocultar la responsabilidad que han tenido, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los que en su momento fueron sus jefes”, asegura.
“Las víctimas –añade Barrera– viven en entornos donde están siendo revictimizadas y por ello están enfrentando grandes dificultades para que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición sean efectivos. Recientemente, la JEP había expresado una preocupación alrededor del tema, de la dificultad que tienen muchas víctimas en los territorios para participar en estos procesos, pero también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, precisamente porque no existen condiciones de seguridad”.
El futuro del acuerdo no parece prometedor. Igualmente, el blindaje institucional y el control político con el que está dotado, han impedido la avanzada que el gobierno de Duque y su espacio pretenderían. “La paz que intenta implementar Duque es minimalista”, ironiza Barrera.
“El escenario no es el más alentador y puede tornarse mucho más crítico, teniendo en cuenta que este Gobierno va a contar con mayorías que no tuvo en los dos años anteriores, porque se ha podido recomponer a través de prebendas clientelistas con otros partidos que no se habían sumado a la coalición, y esto le permite ampliar el margen de maniobra en el Legislativo para adelantar aquellas reformas que puedan ir en contravía de la implementación, o simplemente bloquear aquellas que estén en línea con el espíritu reformista del acuerdo de paz”, concluye.
Feb 27, 2020 | DDHH, Novedades
La Fiscalía ya contabilizó 2.248 casos. Los familiares de las víctimas dicen que la cifra puede llegar a 10.000.
“Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a ‘recoger café’, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, afirmó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el 7 de octubre de 2008 en Bogotá. Dos meses antes, también en la capital del país, Jaime Castillo Peña se comunicó con su familia. “La última vez que se supo de él fue el domingo 10 de agosto: llamó a mi hermana, le dijo que iba a almorzar, pero nunca llegó”, comenta Jacqueline Castillo, representante de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), una organización de mujeres que desde hace 12 años busca encontrar la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato de Uribe Vélez.
Jaime Castillo, trabajador ambulante de 42 años, fue visto por última vez subiéndose a un auto rojo. Dos días después apareció acribillado a 600 kilómetros de Bogotá. La Brigada Móvil número 15, perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, lo reportó como baja en combate. Iba a almorzar con su familia, pero un grupo organizado de “reclutadores” (encabezado por Alexander Carretero), personas que “pescaban” civiles en situaciones vulnerables, lo sacó de la ciudad y lo llevó hasta Ocaña, una población del nororiente de Colombia, a más de seis horas de viaje, para entregarlo a militares, quienes posteriormente lo fusilaron, lo reportaron como guerrillero y lo enterraron en una fosa común junto a otros civiles.
“Los ‘reclutadores’ estuvieron haciendo seguimiento porque ellos visitaban los barrios, los parques, y detectaban a las personas para escogerlas”, explica Jaqueline. El exsenador Alirio Uribe sostuvo en el Congreso de la República que fueron más de 450 los “reclutadores” en todo el territorio nacional. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2010, resalta que ese era uno de los patrones detectados: los civiles eran engañados con falsas promesas de trabajo para ser sacados de sus regiones; eran llevados a sitios alejados y allí eran asesinados.
Jacqueline Castillo buscó a su hermano durante dos meses hasta que una investigadora le aconsejó que buscara en Ocaña. “La última vez que me vi con Jaime, me dijo que algún día me iba a pagar el doble de todo lo que yo hacía por él”, rememora. Lo que no sabía Jaime, es que ella entregaría el resto de sus días en la búsqueda de esclarecer los hechos que cegaron su vida. “Tristemente, en el caso de Jaime, ni siquiera pudimos tener audiencia de imputación de cargos. No hay nadie que esté detenido por el crimen de él”, se lamenta.
Según la ONU, las fuerzas de seguridad “han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’”. Jaime, quien cometió el ‘delito’ de ser pobre, es uno de esos casos. Diferentes organizaciones no gubernamentales destacan que estos actos perpetrados por el Estado colombiano se presentaron desde la década de los 80, pero que se agravaron desde 2004 cuando Uribe Vélez implementó la doctrina de ‘seguridad democrática’.
Carmenza Gómez es una de las madres de Soacha, una población al sur de Bogotá, a quien el Estado colombiano le arrebató a dos de sus hijos. El 23 de agosto de 2008, Víctor, un joven que había prestado el servicio militar obligatorio, fue sacado del centro del país para ser llevado, como Jaime, a Ocaña. Carmenza y su hijo John, fueron de los primeros familiares en reconocer a uno de los suyos en las fosas comunes en las que eran sepultados los jóvenes como NN. En 2009, John fue asesinado por buscar la verdad en el caso de su hermano.
La muerte de Jaime Castillo sigue en la impunidad, pero no es la única, “hay varios de los casos de Soacha que nunca se esclarecieron”, comenta Jacqueline. El informe de la ONU resalta que la injusticia es una de las causantes de estas prácticas estatales: “La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%”. Un informe entregado por la Fiscalía señala que fueron 2.248 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, pero hasta el momento ningún militar de alto rango ha sido condenado.
En febrero de 2019, Human Rights Watch había denunciado que los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) habían sido ascendidos por el presidente uribista Iván Duque. Por ejemplo, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue designado como Comandante del Ejército Nacional de Colombia aún cuando sobre sus espaldas cae la responsabilidad de 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005 en donde era segundo al mando.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [la justicia creada luego de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC y a la cual se acogieron muchos militares] resalta que el fenómeno de los ‘falsos positivos’ se presentó en todo el territorio nacional. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa para ese entonces, y Mario Montoya Uribe, General del Ejército entre 2006 y 2008, nunca han reconocido esa práctica como una política de Estado, pero hay datos que contradicen sus versiones.
En 2008, cuando las Madres de Soacha hicieron visible la problemática, el Ejército de Colombia estaba dividido en siete brigadas y en todas se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales. Colombia tiene 33 divisiones territoriales (32 departamentos y un distrito capital, Bogotá) y en 32 de ellas se presentaron reportes de ‘falsos positivos’. “Hemos encontrado patrones a nivel nacional: buscaban personas que no tenían trabajo, personas de bajos recursos sin posibilidades de solventar su vida y los engañaron con falsas propuestas”, ilustra Jacqueline.
“Recibimos mensajes a través del Twitter y del Facebook, de personas de la Guajira, Ibagué, Pereira, de los Llanos Orientales, de Medellín y de varias regiones en donde nos dicen: “A mi hijo le sucedió lo mismo”. Hace poco hemos tenido contacto con otras personas en Bogotá, en el barrio Juan Rey, en la salida a Villavicencio, comentándonos que para el 2008 hubo desapariciones masivas”, afirman desde MAFAPO y complementan que muchos casos permanecen en la oscuridad por el miedo de las familias a denunciar (estiman que puedan ser alrededor de 10.000 asesinados).
La condición socio económica era determinante a la hora de seleccionar sistemáticamente las personas para ser ejecutadas. No hay otro rasgo de carácter ideológico, racial y/o religioso que tengan en común los ejecutados. Soraida Muñoz, madre de Jony Duvían Soto Muñoz, otro de los jóvenes de Soacha acribillado en Ocaña, señaló en audiencia pública ante la JEP que su hijo prestó el servicio militar y que soñaba con seguir una carrera en el Ejército de Colombia. Su testimonio concuerda con el de otras víctimas, que enuncian que los jóvenes asesinados pertenecieron a la institución en el pasado.
Otro factor que determinó el asesinato de civiles fue la presión impuesta por el General del Ejército, Mario Montoya Uribe, durante el periodo 2006–2008. “Existen vínculos entre los militares y los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada. Como las unidades militares locales no quieren entrar en combate con los grupos ilegales con los que cooperan, el asesinato de civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos hace parecer que las unidades militares están tomando medidas contra ellos”, señala el informe de la ONU.
Mario Montoya Uribe fue vinculado al Macro-proceso número 003 que se adelanta en la JEP y que cobija a las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ya que fue mencionado por más de once de exmilitares. En un documento firmado por el General cuando era el hombre más importante del Ejército se puede leer: “Las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército.Las bajas no es lo más importante, es lo único”.
Ante la JEP el militar de más alto rango que ha sido llamado para rendir su versión libre no quiso aceptar su responsabilidad y culpabilizó de lo sucedido a sus subalternos: “Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos». Desde MAFAPO creen en “el proceso que está haciendo la JEP porque ha sido bastante importante, y pueden tener la oportunidad de saber la verdad”, pero reconocen que tristemente “hay varios de los militares, que no están aportando verdad”.
Las víctimas han criticado constantemente el sistema judicial colombiano porque dicen que beneficia a los verdugos. “En la justicia ordinaria nunca se avanzó porque los abogados de los militares siempre obtenían disculpas y se aplazaban las audiencias”, recuerdan desde MAFAPO y cuestionan que cuando ellas han pedido permisos o aplazamiento de algunas diligencias estos no han sido concedidos. Además, reconocen que las siguen amenazando: “A través de las redes sociales hemos recibido mensajes bastante incómodos”.
Los familiares de los asesinados admiten que lo más difícil de todo este proceso es que ya cumplieron 12 años de larga lucha y los militares, que se acogieron a la JEP, están todos en libertad. “Sentimos que estamos otra vez en cero”, cierra Jacqueline, pero no pierde la esperanza de que sean llamados a declarar Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez para ver si por fin cuentan la verdad de la desaparición de los pobres a los que mató el Estado para engordar las cifras del Ejército.
Oct 19, 2016 | Entrevistas
“Qué terrible un intelectual diciendo esto, pero lo único que nos queda es tener fe”, dice la politóloga colombiana Gina Paola Rodríguez en torno a la situación de su país. Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales (UBA) y especialista en violencia política y cambio social en América Latina, se refiere al panorama incierto que dejó el rechazo al acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional, que preside Juan Manuel Santos. Las negociaciones entre las partes, llevadas adelante en La Habana, datan de noviembre de 2012; en septiembre pasado se firmó el histórico acuerdo, en procura de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, el 2 de octubre el pueblo colombiano votó por el “no” y rechazó pacto. No obstante, cinco días después, la Academia sueca le daba al presidente Santos el Premio Nobel por la Paz.
“Dentro de los sondeos más pesimistas, ganaba por estrecho margen el “sí” a la paz en Colombia, de manera que fue una sorpresa enorme –explica Rodríguez-. Pero si uno lo ve en una perspectiva de mediana duración, teniendo en cuenta lo que ha sido históricamente la participación política de los colombianos, no sorprende. Esta participación bajísima en las elecciones es estructural, no es algo que tenga que ver con esta votación específicamente”.
El jueves pasado Santos anunció que extenderá el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre de este año, hecho celebrado por las FARC. Mientras tanto, el ex presidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Tenemos toda la disposición, como lo dijimos en campaña, en trabajar para que se modifiquen los acuerdos”.
¿Cuáles son los orígenes del acuerdo?
Desde tiempos del gobierno de Uribe, cuando Santos era su ministro de Defensa, se habían empezado a producir algunos acercamientos y charlas informales con el secretariado de las FARC. El paso definitivo se dio cuando las dos partes encontraron un lugar para discutir: Cuba. El gobierno de ese país, y en aquel momento el presidente Hugo Chávez, fueron los principales impulsores de ese encuentro. Ha habido adicionalmente un acompañamiento del gobierno de Noruega. A partir de allí, hubo un proceso largo que dio lugar a este acuerdo de 297 páginas sobre seis temas muy importantes: la reforma rural integral, la participación política de las FARC, la reparación de las víctimas, el tema de las drogas ilícitas, el tratamiento que se va a dar respecto al narcotráfico y, finalmente, los mecanismos de deportación de armas y refrendación de los acuerdos. 297 páginas que tomaron cuatro años, por eso es una situación tan especial y tan urgente.
¿Cuáles son los sectores a favor y en contra del acuerdo?
El gobierno de Santos era el más interesado en que este plebiscito ganara. Pero también hubo una campaña por el “no” liderada por Uribe con mucha circulación mediática. Tuvo a uno de los principales canales privados fogoneando esa campaña, el canal RCN, y una gran inversión en propaganda de radio y televisión.
Uno puede hacer lecturas en muchos sentidos. Son criterios económicos pero también políticos. Por un lado, Uribe nunca se ha destacado por ser un gestor de paz en Colombia. El agravamiento del conflicto interno durante su presidencia fue notable junto a un aumento indiscriminado de las violaciones a derechos humanos -como los casos de los falsos positivos, jóvenes que eran secuestrados y extraídos de barrios populares y después aparecían muertos-. Son innumerables e inconfesables los crímenes que se cometieron por parte de la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo, cuya responsabilidad es de Uribe.
Por otro lado, el uribismo ha construido su riqueza a costa del despojo de miles de campesinos de todo el país. Por lo tanto, las nuevas economías extractivas ven pernicioso la devolución de todos estos territorios a la población desplazada.
¿Qué otros sectores estaban por el “no”?
Las fuerzas militares, porque debían verse abocadas a confesar los crímenes que cometieron, a decir en dónde se encuentran esas víctimas, a pagar penas de cárcel, a verse expuestos. Muchos de estos militares actualmente están en retiro, entonces no tienen ningún interés en que esa verdad se sepa. Hubo también una participación muy importante de las iglesias cristianas evangélicas que decidieron bajar línea a toda su feligresía para que votaran masivamente por el “no”. En definitiva, el “no” ganó por desinformación, ganó porque hubo abstencionismo, ganó porque quizás, también, le faltó al “sí” una campaña más contundente, más masiva. También es cierto que hay un enorme resentimiento en el país frente a las FARC, y eso no es fácil de superar. Las FARC fueron un actor armado que le hizo mucho daño al país y eso parece que persiste en la memoria de los colombianos.
¿Cómo fue el resultado del plebiscito en el extranjero?
Afuera ganó la gente que apoyaba la paz. Lo increíble es que la gente más progresista en Colombia está en el exterior. Cuando uno habla de cerebros fugados, acá es absolutamente patente. Otro rasgo relacionado con la votación en países extranjeros es que hay muchos jóvenes. Los que están intentando actualmente que el proceso continúe son los jóvenes y los estudiantes.
¿Cuál es el impacto del triunfo por el “no” en Latinoamérica?
Muchos ciudadanos latinoamericanos teníamos una esperanza enorme puesta en los acuerdos de La Habana frente a lo que ha sido esta avanzada de la derecha neoconservadora en la región. Y eso no quiere decir que Santos sea un presidente progresista o de izquierda -es un presidente de derecha, neoliberal-, pero ha marcado un precedente ya que, en un marco como el colombiano en el cual la ultraderecha está representada por el guerrerismo de Uribe, llevar adelante un proceso como el de La Habana era un alivio y era una buena señal para la región. Máxime cuando las conversaciones se produjeron en Cuba y tuvieron el apoyo de Venezuela, de Noruega, y de todos los países de América Latina. Por otro lado, el conflicto armado colombiano no afecta solo a ese país, ni militar ni económicamente. Colombia, desde hace muchos años, se ha vuelto una exportadora de refugiados. Muchos atraviesan las fronteras de Ecuador, de Venezuela, de Perú, huyendo por la violencia. Y nosotros no podemos seguir cargando a nuestros hermanos con los que compartimos frontera de esa responsabilidad. También Colombia se ha vuelto un exportador de violencia, porque en las zonas de frontera, por ejemplo con Venezuela, ha habido claramente una acción del paramilitarismo muy marcada, que incluso ha secuestrado, asesinado y extorsionado a ciudadanos venezolanos. Es un conflicto que fue más allá de las fronteras de nuestro país y afecta seriamente a nuestros vecinos, con el agravante de que el combustible de todo esto es el narcotráfico, que ya tiene un alcance, no sólo regional, sino mundial. Algo que parecía una negociación con una guerrilla, en realidad, tiene una repercusión enorme para toda América Latina y, yo diría, que para todo el globo porque las redes de narcotráfico, de terrorismo, de armas, son globales. Desarticular a uno de estos actores a nivel global realmente era un avance y un aporte de Colombia para hacer de este mundo un lugar con un actor violento menos.
¿Qué puede pasar en los próximos meses?
Cualquier cosa. Fíjate lo que fueron estas semanas. El domingo 2 de octubre nos mataron con el “no”. El lunes siguiente Santos cita a Uribe, que no va. Se encuentran el miércoles, día en que Uribe hace una declaración en la que no dice nada, no propone ningún acuerdo alternativo, no tiene ningún argumento de peso para negar la validez de los acuerdos de La Habana. El jueves habló el jefe de campaña por el “no”, haciendo unas revelaciones que parecen de wikileaks, sobre cómo se produjo toda la estrategia de manipulación. Terrible. Este hombre renunció ese jueves al centro democrático del partido de Uribe. Y el viernes le dieron el Nobel a Santos. En el medio, ha habido una enorme manifestación de los jóvenes en Colombia. Se han movilizado en marchas del silencio, en marchas con antorchas solicitando la paz. Todo depende de qué ocurra de aquí al 30 de octubre. El espaldarazo del Nobel le dará agallas a Santos para retomar las riendas del proceso, y para no delegar el futuro al uribismo. Santos, en su calidad de presidente, es el llamado naturalmente a salvar ese proceso. Creo que ahora haría falta una mayor presión internacional para que exista un convencimiento. Otro escenario que han planteado es el de una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa ya me parece una estrategia demasiado ambiciosa. Si nosotros no logramos juntar censo electoral para votar un plebiscito, menos para reformar la carta constitucional. Segundo, es engorroso procedimentalmente. Tercero, dilata excesivamente los tiempos decisión: esta paz hay que lograrla ahora. El futuro del acuerdo depende de Santos, del liderazgo que él tenga, de que decida definitivamente que los acuerdos sigan. Por otro lado, hay que esperar porque Uribe y los sectores reaccionarios de la derecha colombiana no se van a quedar de brazos cruzados, pueden salir con cualquier cosa. En este momento, el panorama es muy incierto, pero no debemos tirar a la basura este acuerdo que tanto costó lograr.
Actualizado 19/10/2016
Oct 12, 2016 | Entrevistas
Paola Salgado Piedrahita es abogada y activista por el derecho al aborto. Feminista y defensora de los derechos humanos. Joven y luchadora. En Rosario, en medio de la Plaza San Martín, punto principal del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), habla con una y otra persona, se pasea entre los puestos de la feria y llega a la radio feminista montada bajo un gazebo y una montaña de cables. Enfrenta el sol tajante con una visera y unos lentes, y toma el micrófono con fuerza para hablarle a las mujeres argentinas mientras, en algún recuerdo no tan lejano, imagina estar frente a sus colegas colombianas. El exilio es nostálgico. Paola aterrizó en Argentina en octubre de 2015, veinte días después de haber salido de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde permaneció detenida, acusada de “terrorista” por su militancia en el Congreso de los Pueblos y su tarea como coordinadora de un programa de salud reproductiva. “Caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía. Me vincularon a un proceso judicial por terrorismo. Hubo una judicialización no sólo policial, sino también mediática”, reconstruye.
¿Desde cuándo te considerás feminista?
Fue en 2005, cuando empezó a hacerse más fuerte la campaña por la legalización del aborto. Ahí comencé a informarme, a reunirme en grupos de estudio y participar de las discusiones. Estudiaba derecho en la Universidad pública y al principio me involucré en organizaciones como activista de los derechos humanos, frente a la realidad que vivíamos en Colombia. Pero en 2005, con el reclamo por el derecho al aborto, decidí vincularme con la lucha feminista.
¿En qué agrupación empezaste a participar?
En estos once años de lucha, he trabajado dos ejes importantes: el aborto legal y la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Empecé con un proyecto de base estudiantil que se llamó Escuela Feminista, y luego participé de la fundación de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una red nacional de mujeres campesinas que está en distintas ciudades y que es parte del movimiento social Congreso de los Pueblos. Con la red, la idea fue salir de lo académico y de lo intelectual para aportar al movimiento popular en Colombia y combatir el conflicto armado en el país.
Desde 2005 estás en la campaña por la legalización del aborto, ¿cuánto se avanzó en esta causa?
Por ahora hay tres caudales legalizados: peligro de la vida de la madre, malformaciones o incompatibilidad del feto con la vida y violación sexual. Si bien en los hospitales públicos todavía no se ha logrado implementar la ley como se debe, en Colombia hay prestadores privados legales que brindan la atención médica debida, con un enfoque social que permite a las mujeres más pobres poder acceder, acompañadas de programas estrictos de educación sexual y de anticoncepción. Sabemos que las mayores barreras para un aborto legal y seguro están en el mismo cuerpo médico, porque si bien se modifica la ley, no se modifica la forma de pensar.
¿Cuál era el rol del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del cual estabas a cargo en Bogotá?
El trabajo está en lograr que los profesionales de la salud tengan la mayor claridad posible sobre qué hacer en los casos de aborto, y que entiendan que tienen un rol protagónico para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Nosotras los ayudamos a elaborar los protocolos y los apoyamos en el proceso de formación. Como profesionales nosotras tenemos que hacer cumplir la ley, y por eso queremos que los trabajadores de la salud entiendan que somos sus asesoras y sus acompañantes, que queremos que lo hagan bien y que cumplan el rol que tienen que cumplir.
En 2015 tuviste que abandonar la coordinación del Programa, ¿Qué pasó?
Estuve desde el 2013 hasta el 2015. El 8 de julio del año pasado caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía que me vincularon a un proceso judicial por terrorismo, donde hubo una judicialización no sólo policial sino también mediática. Conmigo se llevaron a otras doce personas. Estuvimos en prisión dos meses, y aún sigue el proceso judicial. Tenemos el riesgo de ser condenados a 30 años de cárcel por terrorismo, por haber sido vinculados a una protesta estudiantil en la Universidad Pública. Entre los 13 detenidos hay estudiantes y además personas vinculadas a diversos sectores. La única coincidencia es que todos pertenecemos al Congreso de los Pueblos. Lo que entendemos es que fue una excusa para criminalizar al movimiento».
En 2003 el gobierno de Álvaro Uribe, actualmente principal crítico del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC y líder de la campaña por el “no”, logró que el Congreso aprobara el Estatuto Antiterrorista en Colombia. Este documento modifica cuatro artículos de la Constitución que dejan el camino libre para que unidades especiales de la policía judicial y también fuerzas militares puedan interceptar a los ciudadanos sin previa orden judicial, además de ejecutar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios. En 2006, aún bajo la gestión de Uribe, este documento se formalizó en la ley 1121, por la cual se dictan normas para la “prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.
Mencionás que uno de los ejes es la violencia contra las mujeres dentro del conflicto armado, ¿A qué te referís?
Cuando la militarización ocupa un pueblo sucede como en las guerras medievales. Llegan a reclamar el territorio a través de la violencia, y con la misma violencia toman el cuerpo de las mujeres. Entonces, la mujer se convierte en un instrumento en disputa por parte de los guerreros. Castigar a las mujeres es igual a castigar al enemigo.
¿Qué pasa con esas mujeres después de las situaciones de violencia?
Para las mujeres que sobreviven de la desaparición forzada de sus familiares queda la marginalidad, la exclusión social y la pobreza. Estas mujeres víctimas de la guerra que son desplazadas de sus territorios, terminan engrosando las redes de prostitución y de explotación en el trabajo doméstico informal.
¿Cómo se puede revertir esta situación?
Lo que hay que hacer es apropiarse de la participación política, de los espacios públicos. Construir la paz en Colombia implica construir transformaciones sociales y duraderas que abran espacio a la voz de las mujeres.
Y ahora que en el referéndum se votó el “no”…
La campaña por el “no” utilizó un discurso misógino y un discurso de discriminación. Nos surge la preocupación de que se construya un modelo ideológico de derecha en el país, que entendemos que nace del miedo de que las mujeres salgamos de la casa a la calle a reclamar, a dejar los lugares tradicionales, y también miedo a que la enseñanza de género en las escuelas pueda transformar en homosexuales a los niños. En definitiva es lo mismo que ocurre en Brasil en el golpe contra Dilma. Si no se transforma el modelo de país, y en esto las mujeres tienen un rol importantísimo, el conflicto armado no va a desaparecer. Hay una frase que tiene que ver con esto y que decimos mucho allá: en Colombia es más fácil armar una guerrilla que armar un sindicato.
El 11 de septiembre del 2015, el Juzgado N°44 declaró que el procedimiento de captura de los trece integrantes del Congreso de los Pueblos era ilegal y que la orden de prisión preventiva no tenía fundamento jurídico, no había argumentos legales. Sin embargo, tanto Paola como los demás continúan relacionados al proceso judicial.
Desde que saliste de la cárcel estás viviendo en Argentina. El exilio, ¿es decisión personal o es decisión política?
Es personal y política. Política porque la situación es complicada de afrontar allá, en especial por una serie de condiciones de riesgo que no vale la pena asumir. Y personal porque fue una recomendación tanto del Congreso de los Pueblos como de los organismos de derechos humanos que nos acompañaron en el proceso. La refrendación de los acuerdos de paz abría una posibilidad para regresar porque la jurisdicción especial de paz incluía algunos beneficios para referentes sociales judicializados que nos daban la posibilidad de regresar. Con el “no” eso queda en el limbo y nos toca seguir esperando.
Actualizado 12/10/2016
