Jun 16, 2020 | DDHH, Novedades
“Cuando me preguntan dónde hay trabajo infantil, yo me pregunto dónde no”, afirma Gustavo Ponce, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y especialista en el tema. La OIT entiende como trabajo infantil a toda actividad que atente “contra la salud y el desarrollo personal” de las y los niños. Se trata de tareas prejudiciales para su “bienestar físico, mental o moral”, o que interfieren con su escolarización, impidiéndoles asistir a clases, obligándoles a abandonar el colegio, o exigiéndoles combinar estudio con una labor intensa. Por eso cada 12 de junio, desde 2002, se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil con el objetivo de “concientizar del problema y promover iniciativas para resolverlo”. Según estimaciones de la organización publicadas en 2017, en el mundo hay 152 millones de menores que lo padecen. Es decir, casi 1 de cada 10 niños y niñas trabaja.
En Argentina, la Ley Nacional N° 26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente”, vigente desde 2008, comprende al trabajo infantil como “toda actividad económica, no económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo”, fijada en 16 años. Entre los adolescentes de 16 y 17 está permitido, pero por menos horas semanales y no puede ser nocturno ni implicar tareas peligrosas.
Sin embargo, según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) publicada en 2018 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 10% de la población del país de 5 a 15 años –unos 763.543 menores– trabaja. Y sobre las protecciones estipuladas para los adolescentes, la EANNA sostiene que “pocas de esas condiciones se cumplen”.
En efecto, la encuesta muestra que ocurre en todas las regiones de la Argentina. En el norte y en las zonas rurales, donde se registran los índices de pobreza más altos, la incidencia es mayor. Aún así, en números absolutos, las cifras más significativas se dan en el Gran Buenos Aires y la región pampeana, en las áreas urbanas y periurbanas. “El asunto está en la cadena productiva. Por ejemplo, las empresas grandes que producen tomate en el país no tienen trabajo infantil en sus fincas. Pero la demanda es muy alta y compran a fincas más pequeñas donde muchas veces todo el grupo familiar trabaja”, explica Ponce.
Según señala, si bien la mayor parte del trabajo infantil se produce en contextos de emergencia económica, otra de las principales barreras a la hora de combatirlo es su valoración social. “No es percibido como un problema. La tolerancia es alta en el mundo. Se ve a los chicos que trabajan y se piensa que no está tan mal porque, de algún modo, van incorporando un oficio, se alejan de las drogas y demás. Esos son argumentos totalmente falsos”, subraya.
A nivel regional, pareciera que en los últimos años los índices han ido disminuyendo. “En el reporte del 2016 vimos que existía un 7,3% de trabajo infantil frente al 8.8% de 2012”, sostiene María Olave, especialista de la OIT en la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una red de cooperación intergubernamental de la que coparticipan 30 países. La Argentina se ubica dentro del grupo mayoritario de naciones que presentan entre un 5 y 10% de trabajo infantil, como Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, el Salvador y Uruguay. En República Dominicana, Honduras y Guatemala los índices se sitúan entre el 10 y 20%. Los porcentajes más elevados se ven en Haití, Bolivia, Paraguay y Perú, por encima del 20%. Sólo Belice, Costa Rica y Panamá indican menos del 5%. Actualmente, la organización se propone la meta 8.7, en un camino que busca “acabar con toda forma de trabajo infantil para 2025”.
En la Provincia de Buenos Aires se calcula que hay unos 250.000 chicos que trabajan.
Trabajar el género
Cada país define al trabajo infantil en base a distintos parámetros: edad, tipo de actividad, cantidad de horas, condiciones en que se desarrolla. Olave remarca la importancia de realizar encuestas específicas para medirlo: “Así voy a encontrar más riqueza de datos y probablemente en un número mayor que el que me da una encuesta como el censo”. Y agrega que “un país que mide las actividades económicas que no son para el mercado, las tareas intensivas dentro del hogar, da como producto un número muy distinto al que no las incluye”.
La EANNA de 2018 fue el primer estudio de este tipo realizado en Argentina y la incorporación de tales categorías fueron determinantes para los resultados nacionales. Contempló dimensiones económicas y no económicas, distinguiendo en actividades dirigidas al mercado (producción de bienes y servicios), que registró un índice de 3,8%; para el autoconsumo (cuidado de la huerta o de animales), un 3%; y tareas domésticas intensas en el hogar (limpieza, cocina, arreglos, cuidado de personas), esta última con el porcentaje más alto, 4,8% y a cargo mayormente de las mujeres, 57,2% en las ciudades y el 59,9% en el campo. Los varones tienen más presencia en actividades para el mercado 62,8% en zonas urbanas y 71,1% en área rurales, así como en autoconsumo, 82,6% y 66,8%.
“El cuidado de niños, de enfermos y de personas mayores son actividades que fundamentalmente desarrollan mujeres y en el caso del trabajo infantil, las niñas”, expresa Olave al introducir la perspectiva de género. “Al mirar las cifras, son más niños que niñas quienes trabajan. Pero estas encuestas no están siendo sensibles en el registro a las labores que realizan las niñas”, puntualiza.
Para Olave, estas experiencias son determinantes a futuro. “Después encontrás, en estudios sobre las actividades profesionales en el mercado de trabajo, que hay pocas mujeres en ciencia, tecnología, matemática y estadísticas, y muchas más en docencia, salud y periodismo. Eso también empieza por cómo fue la trayectoria. Mientras que para los niños suelen competir trabajo y escuela, para las niñas suelen competir trabajo, escuela y actividades domésticas”.
Las tareas de cuidado, precisamente, son el eje del programa Cuidado sin Trabajo Infantil que impulsa la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil de la provincia de Buenos Aires (COPRETI), creado en 2008 por la ley N° 13803. Juan Brasesco, secretario ejecutivo del organismo, considera que “la ausencia de espacios de cuidado también es una causa por la cual los chicos desarrollan actividades laborales”. El programa provee este tipo de espacios a niños, niñas y adolescentes fuera del turno escolar. “Muchas veces los niños viven en los mismos lugares de trabajo, como en las quintas de producción hortícola”, ilustra Brasesco.
Las Comisiones Provinciales se establecieron en 2004 por un convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y el Consejo Federal del Trabajo. Hoy existen 23 en todo el país que elaboran, de manera coordinada, diagnósticos por sectores productivos. En Buenos Aires, hay trabajo infantil en el ámbito rural y en el urbano. Si bien no existen mediciones diferenciadas por provincias, Brasesco calcula que en suelo bonaerense “trabajan más o menos 250.000 chicos”.
En el campo, la actividad agrícola y las ladrilleras organizan su actividad como unidades de producción familiar de tipo artesanal. Como el pago suele ser a destajo, participan todos los miembros de la familia. “Los chicos trabajan a la par de los adultos y sometidos a los mismos riesgos”, destaca Barsesco. A menudo, se trata de población inmigrante, en particular de Bolivia, por lo cual el peligro es más grave. “Al no tener documentación, son vulnerables a cualquier forma de explotación”, advierte el funcionario. En las ciudades, es frecuente la participación de menores en recolección de residuos, como el cartoneo en carros.
¿Cuestión de clase?
En el imaginario social, el trabajo infantil acarrea frecuentemente estigmatizaciones negativas. Mucha gente asocia a niñas y niños trabajadores y pobres con figuras de la delincuencia. Además de ser falso, este razonamiento soslaya situaciones que, aunque en menor medida, se desarrollan en contextos deportivos o de entretenimiento. El trabajo infantil artístico en Argentina está permitido siempre y cuando se cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo y supone ciertas pautas y restricciones. “Pero todavía hay algunos grises por mejorar en la legislación –opina Brasesco–, este año pensamos emitir una nueva resolución para contemplar esas cuestiones”.
María Eugenia Rausky, socióloga e investigadora del Conicet en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, plantea la necesidad de profundizar la investigación en este aspecto. “Los chicos de clase media o media alta también trabajan. Y sobre eso no se pone la lupa”, sostiene. Rausky está comenzando una investigación –momentáneamente detenida por la pandemia– que busca comparar las experiencias en sectores pobres y medios. “Hay diferencias en los tipos de trabajo que llevan adelante los niños según la pertenencia de clase y eso tiene que ver con patrones de desigualdades más generales en nuestras sociedades contemporáneas y esto nos habla de modos distintos de configurar la niñez o de problematizar y practicar la crianza de los hijos”, reflexiona.
Para Rausky es imprescindible evitar las generalizaciones y atender a las condiciones estructurales en las que se enmarca la experiencia de trabajo infantil: “El problema no es el niño aislado, hay que ver el contexto en el que se inserta, la red de relaciones en la que participa y cuáles son sus condiciones de vida”, dice y resalta las dificultades en el país para trasladar la teoría enunciada en las normativas al terreno de las prácticas.“El derecho internacional contiene una idea de la infancia que se pretende universal, pero que no lo es. No todos los niños tienen la posibilidad de tener la misma experiencia de infancia. Muchas veces excluyen del análisis los procesos históricos de dominación que son determinantes en la configuración de desigualdad, como los que vivimos en Latinoamérica”, explica.
La crisis económica-social a nivel global agudizada por la pandemia de Covid-19 plantea un escenario preocupante para el trabajo infantil. “Miles de familias van a caer en situaciones de pobreza y esto arrastra a sus hijos. No creo que el futuro sea muy prometedor”, admite Rausky. Todos coinciden en que las consecuencias de este proceso pueden afectar fuertemente a niños, niñas y adolescentes de los sectores de menores recursos de la Argentina. Para Gustavo Ponce, fue el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil “más particular” de todos los que recuerda: “Estamos tratando de que se le preste atención a uno de los integrantes más vulnerables y que después, para la recuperación de la economía, no se apele al trabajo de los chicos”.
May 21, 2020 | Novedades, Trabajo
“Tenemos contratos anuales con las obras sociales y con el Estado que deben ser cumplidos”, explica el presidente de la Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), Daniel Masuzzo. “Se están olvidando de este sector como se olvidaron siempre, porque la discapacidad es un tema que no quiere abordar nadie”, afirma.
El pasado viernes 15, prestadores de transporte se manifestaron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir el cumplimiento del Programa de Discapacidad. Aseguran que las obras sociales mantienen retrasos de 180 días en el pago de haberes. La manifestación se replicó en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza y participaron diferentes agrupaciones de trabajadores del área.
“Las tareas que realizan los transportistas del programa van desde el traslado de pacientes a las instituciones, hasta el servicio brindado a usuarios con Certificado en Discapacidad (CED). En este último caso, se trata, generalmente, de adolescentes que pasan posteriormente a centros de día y hogares. Además, dan transporte a pacientes que asisten a sesiones de kinesiología”, detalla Masuzzo.
La movilización que realizaron simultáneamente en CABA, Mar del Plata, Mendoza y Santa Fe permitió visibilizar reclamos anteriores del sector. Mariano Perini, secretario general de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe (ACDISFE), sostiene que “hay una emergencia previa al estallido de la pandemia”, ya que el valor del servicio se encuentra desactualizado. “El arancel de los viajes debió actualizarse en enero. Hoy cobramos 27 pesos por kilómetro, y de acuerdo a los estudios de costo que hemos realizado, deberíamos cobrar 60 pesos”, asegura.
El arancel de los viajes es de 27 pesos por kilómetro, para los transportistas debería ser de 60.
La problemática de UTBA se agravó desde la declaración del aislamiento social obligatorio. Los institutos a los que asisten las personas con discapacidad cerraron y optaron por reemplazar las viandas cotidianas que ofrecen en condiciones normales por canastas semanales con alimentos no perecederos. Por eso, los transportistas se vieron forzados a pasar de un servicio diario a uno por semana, trasladando las canastas desde las instituciones hasta los hogares.
Los prestadores repudiaron la medida tomada por obras sociales y entes estatales, quienes les comunicaron que les pagarían únicamente los días que efectivamente realizaran traslado de mercaderías. “Entendemos que quizás todo esto se tiene que acomodar a la pandemia. Lo que no entendemos es por qué nos quieren remunerar sólo los días trabajados. Si sos una contratada de cualquier empresa cobrás igual tu sueldo”, se queja Cecilia Salato, miembra del colectivo.
Para la marcha, que transcurrió de manera pacífica, tomaron ciertas precauciones. Las y los manifestantes llevaban barbijos y mantuvieron la distancia social aconsejada. “Teníamos la seguridad de que había una reunión en la Superintendencia y la Agencia Nacional de Discapacidad y queríamos demostrar que existíamos. Pero así y todo, ellos no frenaron la medida”, remarca Masuzzo. “En Buenos Aires marchamos más de 200 camionetas”, calcula, y señala que en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza también hubo una repercusión importante, con alrededor de 100 vehículos en cada una.
Tras la movilización, las autoridades de la Superintendencia, junto a representantes de obras sociales reunidos en el Directorio, recibieron a dos delegados. “Si no tenemos una contestación favorable, vamos a estar en la calle nuevamente la semana que viene”, advirtieron los transportistas.
Los transportistas reclaman deudas por servicios que se realizaron hace seis meses.
La UTBA nuclea pequeñas empresas y particulares que se dedican al traslado de personas con discapacidad. La organización se formó en noviembre del año pasado ante el retraso de pagos de las prestaciones por parte tanto de las sociales como de entidades estatales. Si bien el aislamiento social empeoró la situación, la desatención hacia el sector de discapacidad por parte de las instituciones del Estado no es novedad.
La familia de Cecilia Salato lleva 30 años en el sector, donde las empresas familiares son la regla. “No te vas a encontrar con grandes monopolios que trabajen con discapacidad, porque no es redituable”, destaca. Además, la mayoría de los beneficiarios pertenecen a sectores de bajos recursos. Como consecuencia, el servicio se convierte a menudo en un trabajo solidario. “Muchas veces tenemos que cumplir ese lugar que falta entre el Estado y la institución. Desde llevar alimento porque no tienen para comer, hasta que te digan ‘Ceci, ¿me podés prestar plata? Tengo que ir a tal lado y no tengo para el colectivo’”.
Desde la agrupación, se diferencian de los transportistas escolares “corrientes”. “Si vos no estás, un chico con discapacidad no se puede subir a un colectivo o tomarse un remis, porque tienen dependencia, o silla de ruedas, o no pueden caminar –describe Salato-. Eso es lo que no entienden el Estado y los entes que regulan esto, es como que les da igual que estemos o no”.
Los reclamos preexistentes más la cuarentena potenciaron el malestar entre los prestadores, quienes decidieron trasladar su causa a las calles. “No es sólo que no tenemos respuestas, sino que hay una intención de recortar”, opina Masuzzo y agrega: “Durante la pandemia dicen que van a cubrir lo debidamente realizado y nosotros hoy estamos dando alimento, material didáctico. El costo fijo es el que te tira abajo si no llegás a cobrar, porque ya venís con atrasos de valores y de cadena de pagos”.
Mientras tanto, desde la Superintendencia niegan que se hayan interrumpido actividades relacionadas al área de discapacidad. “Los pacientes están recibiendo atención y aquellos servicios que se pueden dar en forma virtual, las obras sociales están respondiendo”, asevera la coordinadora de Prensa del organismo, Vanesa Barraco, quien aduce que los traslados se encuentran suspendidos porque no están funcionando los institutos educativos y que los transportistas deben completar, por lo tanto, una declaración jurada que indique si se encuentran realizando tareas excepcionales, tales como transporte de alimentos y material didáctico.
Para los transportistas, sin embargo, la resolución 85/2020 que reglamenta esta nueva modalidad de contratación, es imprecisa. El documento, emitido por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “tiene un gris en la prestación de transporte y de los profesionales ambulatorios”, asegura Mariano Perini de ACDISFE. “La Superintendencia y las obras sociales –subraya- se valieron de este vacío para interpretar que la resolución no los obliga a pagar, cuando el espíritu de la norma no es ese”.
Para la UTBA, el lunes 18 transcurrió entre incertidumbre y expectativas, a la espera de respuestas concretas. “Superintendencia dijo que iba a cubrir, PAMI que se le complica. Estamos aguardando que salga la resolución. Hasta que no lo publiquen en el Boletín Oficial no tenemos la seguridad de nada”, informaba Masuzzo a principio de la semana.
Los días transcurrieron sin certezas hasta el miércoles 20, cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 145/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo responsable de administrar los servicios del área, dispone que “cada institución que brinde prestaciones de alimentos y/o de entrega de material deberá realizarlo en forma diaria, no pudiendo ser efectuado en una sola entrega semanal”. Así, se asegura que los transportistas continúen prestando sus servicios con la frecuencia previa al inicio del aislamiento obligatorio, con el objeto de “evitar situaciones que les causen un gravamen económicamente irreparable”.
En el artículo 5º se establece que, si las instituciones no cumplen con lo señalado, deberán firmar las Declaraciones Juradas correspondientes, a través de las cuales los transportistas manifiestan haber estado a disposición “cada uno de los días que así lo hicieron”, a pesar de no haberse realizado la actividad. Y se aclara en el documento que se liquidarán y abonarán en su totalidad los servicios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en base a la presentación que deben realizar los prestadores.
La normativa, sin embargo, corresponde únicamente a la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento, ni PAMI ni las obras sociales emitieron comunicado alguno al respecto. “PAMI no quiere acatar la orden de pago y la Superintendencia, por medio de las obras sociales, tampoco. Estamos recibiendo denuncias de los prestadores, que les mandan mails diciendo que no los van a cubrir, que no corresponde”, relata Masuzzo y señala: “Estamos peor que antes. No entiendo para qué se hacen reuniones de Directorio si después no se van a acatar las órdenes. Ahora intentaremos hacerle una nota al Presidente a ver si nos quiere recibir. De lo contrario, tendremos que marchar todos a PAMI y a la Casa Rosada”.
Abr 8, 2020 | Comunidad, Novedades
Muchas trabajadores de los comedores no pueden realizar su tarea porque pertenecen a los grupos de riesgo.
Antes de la pandemia, unos ocho millones personas acudían a comedores comunitarios en todo el país en búsqueda de asistencia alimentaria. Hoy ya son 11 millones. Está claro que para quedarse en casa hay que tener cubiertos los servicios básicos y dinero para afrontar los gastos mientras dure la cuarentena, circunstancias más bien utópicas para gran parte de la población.
Según datos del INDEC del segundo semestre de 2019, relevados en 31 aglomerados urbanos de Argentina, el 35,5 por ciento de la ciudadanía vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, es decir que no logran satisfacer “la totalidad de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”. Dentro de este conjunto, el 8 por ciento se encuentra bajo la línea de indigencia y no cuenta con ingresos para cubrir una canasta de alimentos “que satisfaga un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas”.
La mayoría de los comedores comunitarios nacieron entre mediados de los 90 y principios de los 2000, producto de la aplicación políticas neoliberales. Actualmente siguen existiendo en villas y asentamientos, principalmente en el conurbano bonaerense. Gestionados por organizaciones sociales, políticas o religiosas, su magnitud es diversa. Los más chicos reciben entre 40 y 50 personas por comida y otros hasta 800 o 900.
Antes de la cuarentena, ocho millones de personas concurrían a comedores, hoy ya son 11 millones.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los provee de financiamiento –el monto se calcula por cantidad de personas y comidas preparadas por día–, o bien, de alimentos frescos y secos. Como parte de las medidas de prevención del coronavirus, se les distribuyó una cartilla sobre manipulación de alimentos y una serie de recomendaciones de higiene. Sin embargo, debido al desborde de la situación, algunas sólo quedan en las buenas intenciones.
Fuentes de Desarrollo Social reconocen que el número de asistentes a los comedores no para de crecer y lo atribuyen a que el 40 por ciento de la población está empleada de manera informal. Personas que vivían de changas, vendedores ambulantes y feriantes se encuentran sin trabajo y, en consecuencia, se han sumado a los comedores.
La pandemia alcanza a estos espacios en condiciones de extrema precariedad luego de cuatro años de macrismo. Hambre, falta de trabajo y hacinamiento marcan la realidad de los sectores vulnerables. Desde Desarrollo Social, afirman que por esto la población de los barrios no logra adaptarse a las medidas de prevención y a las recomendaciones que bajan del organismo.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la Argentina hay un 40 por ciento de trabajadores informales.
El movimiento social Barrios de Pie cuenta con 15 comedores y 40 merenderos sólo en la Ciudad de Buenos Aires, a los que asisten más de 2.500 personas. Dos de sus referentes, Julieta Di Stefano y Lilian Susana Gómez, en diálogo con ANCCOM, detallan los obstáculos que deben atravesar por estos días
Para Di Stéfano, coordinadora de la Red de Comedores y Merenderos Comunitarios de Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires, el gran problema hoy es el hambre. En sus espacios, debieron incorporar listas de espera porque no logran cubrir la demanda de comida, hasta que se habilite más mercadería o aumenten las raciones. “Es así de duro. Hay familias en lista de espera por un plato de comida. ¿Y mientras tanto qué?”, se pregunta Di Stéfano.
Gómez es la responsable de “Corazón Abierto”, un comedor de la villa 21-24, enclavada en la triple frontera entre Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, en Capital Federal. El espacio funciona hace casi ocho años y ofrecía merienda y cena. A partir de la cuarentena, la afluencia de familias creció y se vieron obligados a sumar una comida diaria. “Agregamos almuerzo para que la gente se sostenga un poco”, cuenta Gómez.
En medio del aislamiento, los comedores deben seguir funcionando y redoblar sus esfuerzos, pero con menos trabajadores y trabajadoras, muchas de las cuales son personas mayores o con enfermedades preexistentes que discontinuaron sus labores por formar parte de la población de riesgo. La mayor parte de ellas son mujeres, quienes dedican medio día de su vida de lunes a viernes, incluso sábados, a cocinar y realizar tareas de cuidado de forma voluntaria.
Di Stéfano remarca que este trabajo, de por sí altamente demandante, se ha visto perjudicado aún más por la pandemia y esto se refleja en el ánimo de las responsables de los comedores. Con frecuencia, deben lidiar con tensiones y violencias de los demandantes insatisfechos, que sospechan que “se guardan la comida”. “La presión es mucha y eso las afecta –sostiene-. Hay que contener no solo en la presencia en territorio sino también en charlas: en cómo te sentís, cómo estás, en lo subjetivo de la persona”. Con más bocas hambrientas y menos manos para repartir, los comedores rozan el colapso.
Durante los primeros días de la cuarentena, también hubo roces con la policía. Di Stéfano explica que en algunos barrios el control de la documentación es más fuerte. El problema es que muchos trabajadores y trabajadoras no cuentan con teléfono celular, ni acceso a Internet, y finalmente tuvieron que imprimir sus permisos. Por las presiones de las fuerzas de seguridad, Corazón Abierto cambió el horario de la cena. “Se estaba dando de 18 a 19, pero ahora la estamos dando de 17 a 18, porque la policía a partir de las 19 te empieza a atajar”.
El aumento abrupto de la demanda, junto con el incremento de los precios, condujo a que los comedores deban introducir cambios en sus menús a fin de volverlos más económicos y rendidores, a veces en desmedro del valor nutricional. Frutas, verduras y carnes son reemplazadas por –o combinadas con– hidratos. “El pollo al horno lo hacemos guiso. En lugar de milanesas, hacemos guiso de arroz o estofado con papa. Tenemos que hacer magia para dar la comida diaria”, asegura Gómez y Di Stéfano lo subraya: “Es increíble el esfuerzo que hacen para sostener esos lugares y poder estirar las viandas y darle de comer a más personas”.
Con la cuarentena, Barrios de Pie adoptó las recomendaciones de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. En condiciones normales, la mayoría de los comedores prepara la comida en su espacio y recibe a las personas para que coman ahí. Hoy Corazón Abierto entreg viandas y solo acoge a un número reducido de personas. Para evitar la aglomeración en sitios cerrados, el Ministerio aconsejó esta modalidad que consiste en llenar de comida los táper de quienes se acercan y que coman en sus casas. Otra posibilidad es el bolsón, la entrega de algunos productos seleccionados para que la familia prepare su alimento. Sin embargo, solo una minoría de los comedores pudo hacerlo. Y en los casos en que se entregan viandas, sigue produciéndose concentración de personas en la puerta.
Corazón Abierto también incorporó pautas de higiene. “Poniéndonos guantes, barbijos. Los delantales, como corresponde. Y el distanciamiento de las personas”, explica Gómez. Con el financiamiento de Desarrollo Social, los comedores pudieron adquirir lavandina, detergente y alcohol en gel. Barbijos, cofias y delantales son fabricados en el Polo Textil de Barrios de Pie.
Los recursos del Estado no son suficientes. Además, las actividades que las organizaciones realizaban para conseguir fondos extra, como talleres y festivales, quedaron suspendidas. “Estamos apelando a las donaciones porque estamos sobrepasados, se triplicó la demanda en comedores y merenderos”, expresa Di Stefano.
Si bien el virus puede alcanzar a cualquiera, la pobreza estructural en los barrios más humildes plantea un panorama más complejo para sus habitantes. “No es lo mismo hacer cuarentena en clase media que en sectores populares, donde tal vez en una misma habitación viven varias personas”, opina Di Stéfano y concluye: “Todo está atravesado por la cuestión de clase y si bien esta pandemia nos puede tocar a todes, las herramientas y la respuesta a esta enfermedad es distinta de acuerdo a la clase social”.
Mar 18, 2020 | Comunidad, Novedades, slider
Los móviles policiales recorren las calles pidiendo a los habitantes por megáfono que permanezcan en sus hogares.
En la capital fueguina alguna que otra persona camina sola por las calles, va hacia su casa o a comprar pan. También es posible ver algún auto circulando. Al fondo, más allá de las luces de Ushuaia, entre las montañas violáceas, el faro Les Éclaireurs contempla la ciudad. Muchos negocios permanecen abiertos, pero desde el lunes 16 de marzo sus vitrinas y puertas tienen un cartel que en letras blancas y rojas que dice: “Atención”. Quien lea, se enterará que temporalmente sólo podrá comprar por delivery, que se han establecido horarios especiales para los grupos de riesgo, o que la capacidad habilitada de personas dentro del local ha sido reducida.
Los móviles de la Policía provincial, desde el martes 17, salieron a recorrer las calles pidiendo a los habitantes por megáfono que permanezcan en sus hogares y eviten las reuniones. Este mismo día las fuerzas federales y provinciales custodiaron a micros de turismo para trasladar a cruceristas que llegaban de la Antártida al aeropuerto de la capital fueguina, tras la orden de que dejaran la ciudad cuanto antes.
“Vivimos momentos muy duros. No solo nosotros, nuestro país, el mundo entero, ante una enfermedad que día a día va creciendo”, anunció el gobernador Melella, cuando llamó a los fueguinos a detener sus quehaceres cotidianos y a permanecer en sus casas. La provincia austral y Chaco se convirtieron así en las primeras del país en sancionar por decreto una medida semejante.
Además de la suspensión de todo tipo de actividades públicas y privadas, el decreto 0468/20 prohibió que niños, niñas, adolescentes y grupos de riesgo salgan de sus domicilios. Para eso, cada familia deberá designar un adulto responsable, quien sólo podrá salir por cuestiones laborales, para concurrir a centros sanitarios, comprar alimentos, asistir a personas pertenecientes a grupos vulnerables, o dirigirse a entidades financieras por causas de fuerza mayor o a puertos, aeropuertos y otros centros de transporte y asistencia esenciales.
“Sólo le vamos a ganar a este virus si nos detenemos, si nos quedamos en nuestros hogares”, sostuvo el mandatario.
Asimismo, el gobierno provincial pidió a los turistas que vuelvan a sus lugares de origen y solicitó que no vengan a quienes lo tenían planeado. “Es cierto que esto trae problemas económicos, pero también es cierto y mucho más doloroso que pone en riesgo la vida de muchos”, declaró el gobernador.
Cada familia debe designar un adulto responsable, quien sólo podrá salir por cuestiones indispensables.
Nicolás tiene 26 años y vive en Ushuaia. En diálogo con ANCCOM, asegura que la decisión no fue tan inesperada para la población, que seguía las noticias por medios masivos y redes sociales: “El domingo ya se hablaba por todos lados de lo que estaba ocurriendo”.
Hasta el momento, en la ciudad austral se confirmaron dos casos de coronavirus. Se trata de una madre y su hijo, ambos ushuaienses, quienes se contagiaron en un viaje a Francia. Cuando llegaron, se pusieron en cuarentena y evitaron contagiar a otros. “Fueron muy responsables y los dos están evolucionando, no tienen síntomas” asegura Ignacio Chávez, periodista del diario Ushaia24.
Desde la resolución del día 16, uno de los puntos más conflictivos habría sido la prohibición del ingreso de turistas, junto con el cierre de escuelas: “La ciudad es una de las más turísticas del país y es habitual encontrarse con miles de extranjeros en el centro”. En el instituto donde Nicolás trabaja como profesor de Educación Física, las clases quedaron totalmente suspendidas.
El gran problema fue que el pedido a los turistas desembocó en la congestión del transporte aéreo. Muchos vuelos habituales se destinaron a trasladar en primer lugar a turistas extranjeros, dejando varados en la provincia a argentinos que habían llegado de visita o por otros motivos temporales. Esta situación es particularmente crítica teniendo en cuenta que la provincia es una isla. Como tal, “el transporte terrestre es mínimo, depende en un 90% de los aviones”, explica Chávez.
La medida contempla sanciones para quien la quebrante. Sin embargo, desde el primer momento los fueguinos respetaron la cuarentena. Ignacio afirma: “Se entendió que lo que ayer era un beneficio económico hoy puede ser una catástrofe, considerando que la situación de los hospitales es la misma que en el resto del país”. Tan es así que los establecimientos sanitarios de Ushuaia y Río Grande tomaron medidas especiales para minimizar la concurrencia de personas.
Respecto a los comercios de alimentos y almacenes, el decreto permitió que permanezcan abiertos cumpliendo ciertas regulaciones. No obstante, “muchos decidieron directamente cerrar sus puertas hasta fin de mes”, señala Chávez.
Salvando las distancias, el panorama durante los últimos días en los hipermercados del fin del mundo se asemeja a lo acontecido en Buenos Aires, donde fueron notorias la circulación de changos llenos y las góndolas vacías. En Ushuaia, “arrasaron con los tres supermercados que hay, Carrefour, La Anónima y Diarco”, cuenta Chávez. Los productos más comprados habrían sido los de higiene y alimentos no perecederos.
El periodista explica que, si bien el abastecimiento está garantizado, muchas veces no se llega a reponer la mercadería. No obstante, los entrevistados concuerdan en que a grandes rasgos los fueguinos permanecen tranquilos. “Solo que la gente sigue yendo a los supermercados por temor a los cierres”, observa Chávez, mientras que para Nicolás la gente está asustada “porque circula mucha información que quizás no es real”.
“No tenemos que entrar en la desesperación”, sostuvo el gobernador. Por el momento, pareciera que los habitantes de la provincia adoptaron la postura de Nicolás: “Hay que mantener la calma y cumplir con las medidas de precaución para el bien de todos”.
Dic 12, 2019 | DDHH, Novedades
El filme abordara las vivencias de Germán y dos compañeros en el hospital, desde la perspectiva de los pacientes.
El documental Los fuegos internos. El arte de salir del manicomio narra la amistad entre tres pacientes neuropsiquiátricos que logran externarse. Producido por un colectivo integrado por artistas, usuarios del hospital y especialistas en salud mental y ciencias sociales, relata el vínculo entre Germán y sus dos compañeros de la sala, Miguel y Daniel. En diálogo con ANCCOM, Laura Lugano, una de las cuatro directoras de la película, y Jorge Deodato, ex interno y quien interpreta a Germán, cuentan sus experiencias durante el proceso de realización.
El Cisne del Arte es un dispositivo de arte y salud mental en el que participan voluntarios de disciplinas artísticas y sociales. Allí se desarrollan talleres creativos y de comunicación que, orientados por el psicoanálisis, están destinados a personas en proceso de externación o internadas en el Hospital “Dr. Alejandro Korn” de Melchor Romero, en La Plata. Para Deodato, funciona como “un espacio conjunto donde compartir un mate, una comida, una charla, en los que se puede expresar lo que uno quiere”. Los fuegos internos nació en este marco.
En 2012, Germán Cauwlaert se encontraba en tratamiento cuando el psicólogo Alberto Justo le propuso desplegar uno de sus oficios –el de filmar– para El Cisne. Cauwlaert aceptó. Junto con otros miembros del espacio conformaron un equipo y asumieron los distintos roles del proyecto para llevar adelante la idea. La pregunta fue qué historia contar.
Se decidió que el filme abordara las vivencias de Germán y dos compañeros en el hospital, desde la perspectiva de los pacientes. La dirección estuvo a cargo de Laura Lugano, Ana Santilli Lago, Ayelén Martínez y Malena Battista, antropólogas y amigas desde su paso por la licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata. Laura Lago, coordinadora general de El Cisne, asumió la producción.
“Cuando estuve en el hospital no se apagaron mis fuegos internos”, fue la frase de Cawlaert que bautizó a la película.
El título estuvo desde el comienzo. Según Lugano, en una de las charlas preliminares, Cauwlaert dijo: “Por suerte, cuando estuve en el hospital no se apagaron mis fuegos internos”. Laura explica que él veía a esos fuegos como una especie de motor que lo empujó a salir, y que aquella imagen resultó tan fuerte que definió el nombre. “Pudimos ir viendo los fuegos internos como ese lugar subjetivo que abre posibilidades. Esa decisión y potencialidad de lanzarse a la acción”, subraya.
Los compañeros de Germán, Daniel Degol y Miguel Godoy, encarnan los personajes homónimos que además están inspirados en sus historias. Cauwlaert prefirió permanecer tras la cámara. Deodato, que lo interpretó, señala que “el personaje terminó siendo una fusión entre las experiencias de los dos”. El acostumbramiento al hospital funcionó como el hilo conductor entre una y otra.
Deodato nunca había actuado antes. Estaba en tratamiento cuando el psicólogo Justo –que también aparece en el documental– lo impulsó a intentarlo. “Me vino a visitar en momentos que yo estaba muy alejado del alta. Pero él veía como una posibilidad que lo obtenga”, recuerda Deodato.
A la voluntad inicial se sumó el aporte de Julia Portella, quien enseñó a todo el equipo técnicas de videodanzas para mejorar la actuación frente a cámara. Deodato considera que estos aprendizajes fueron muy importantes: “Me fue dando pautas de un lenguaje artístico corporal según lo que quería expresar”, remarca.
El documental comenzó a realizarse en 2012 y terminó de filmarse este año.
El documental comenzó a rodarse en 2012 y se terminó este año. El Cisne del Arte nunca se había embarcado en un proyecto así. “Fue un desafío plantearse una creación colectiva de estas dimensiones”, dice Lugano. Sin embargo, confiando en que tenían cubiertas las condiciones simbólicas, las y los mentores del film se embarcaron en la búsqueda de insumos materiales.
A fines de 2012, el equipo obtuvo una beca de creación grupal del Fondo Nacional de las Artes (FNA). “Fue el puntapié que nos permitió iniciar el proceso”, explica. Pero con el tiempo el documental crecía y el dinero se agotaba. Había material suficiente para realizar un largometraje, pero la beca no alcanzó para costear por completo la idea inicial.
Sin perder las esperanzas, se embarcaron en una nueva búsqueda de financiamiento. En 2016, otra vez gracias al FNA, recibieron una beca de Formación Grupal en Montaje Cinematográfico. Ese año ganaron el subsidio Quinta Vía Digital del INCAA. Para afrontar la edición, también lanzaron una campaña de financiamiento colaborativo a través de la plataforma Ideame.
Las directoras fueron descubriendo a posteriori las referencias teóricas que habían guiado su trabajo: la didáctica del juego, la educación popular, y las perspectivas de la antropología. En cambio, sí encararon una investigación previa de referencias cinematográficas. “Vimos qué recursos artísticos nos servían para contar la historia que queríamos. Un documental que nos marcó bastante fue The Devil and Daniel Johnston”, comenta Lugano.
El mensaje a transmitir fue acordado en sucesivas charlas. Lugano lo presenta como “una visión al mismo tiempo alentadora y crítica sobre las problemáticas de salud mental” y opina que se distingue de las pocas producciones cinematográficas que existen sobre el tema de la locura en tanto que se posiciona en el punto de vista de los pacientes. “Fue contribuir al reconocimiento de las personas que están atravesando esta situación y desde otro lugar, no desde los estigmas o del diagnóstico patologizante que suelen tener las instituciones y la sociedad”, sostiene.
Según Deodato, el documental sirve para mostrar la dinámica que se vive en los hospitales y el rol del acompañamiento mutuo en esas circunstancias. “Es muy importante que (los médicos) hayan tomado la decisión de escuchar. Yo estaba muy mal y ni siquiera tenía la idea de que existía otra forma de salir”, recuerda.
A días de arrancar el nuevo año, resulta curioso que en la película se habla de la Ley de Salud Mental, la cual dispone que para 2020 deberían cerrar todos los manicomios. “Lo que encontramos ahora es una realidad muy lejana”, manifiesta Lugano. Más aún, las medidas políticas tomadas en los últimos cuatro años implicaron un retroceso. “Además de falta de recursos, hubo una vuelta a la lógica más manicomial”, asegura.
Si bien para ella la existencia de la ley es positiva, las posibilidades materiales de concretar sus objetivos parecen escasas. “Faltan recursos y voluntades políticas”, afirma, aunque confía en los profesionales, colectivos de trabajadores y acompañantes terapéuticos activos que están trabajando para lograr “una transformación desde adentro”.
Deodato no tiene planes de seguir actuando, pero continúa en El Cisne del Arte, participando de un programa de radio y un taller de música. A quienes estén atravesando un proceso similar al suyo, recomienda: “Que no aflojen nunca con el tratamiento ni con lo que a uno le gusta hacer. Que resistan cuando quieran imponerles algo por la fuerza. Que sepan que tienen el derecho a ser oídos y respetados”.
Los fuegos internos puede verse en el Gaumont desde el 12 hasta el 18 de diciembre inclusive.
