Nov 20, 2019 | Comunidad, Novedades
Santiago Quintana es sociólogo, maestrando en Sistemas de Salud y Seguridad Social y docente universitario. Además trabaja como consultor de obras sociales y mutuales. “Hincha de Racing y peronista”, agrega en Instagram. “17 de octubre de 2019” es la fecha de impresión que figura en la última página de Crónicas de lucha. Mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina, su primer libro. Quintana afirma que “nunca antes había imaginado escribirlo”, pero sucedió.
A los 23 años, ingresó a trabajar en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, donde llegó a coordinador de Vinculación con Defensorías del Pueblo y Asociaciones de Defensa al consumidor y subgerente de Articulación de los integrantes del Sistema de Salud. Así conoció a las y los protagonistas de su libro.
Son ocho relatos sobre leyes sancionadas en la última década: la N° 27.351 de Electrodependientes; la “Ley Justina” de donación de órganos, tejidos y células; la 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación; la 26.914 de Protección a las Personas con Diabetes; la 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado; la Ley de Reproducción Humana Asistida; la 27.350 sobre uso medicinal del cannabis, y la “Ley Johana” de violencia obstétrica.
Estas historias “acercaron temas sensibles a la sociedad y, de alguna manera, nos atraviesan e interpelan a todos”, sostiene Quintana. Excepto la Ley de Vacunas, sancionada por un acuerdo científico e institucional, el hilo conductor de estas crónicas reside en el hecho de haber sido iniciadas por la sociedad civil. “Esto habla de una ausencia del Estado nacional en general y de la cartera sanitaria en particular”, remarca el sociólogo.
La impotencia ante la falta de respuestas y recursos por parte de un sistema de salud que los aturdió entre burocracia y profesionales faltos de tacto, funcionó tiempo como disparador para que estas personas tomaran las riendas en el asunto. Las redes sociales y los medios masivos fueron el lugar predilecto a través del cual denunciar estos vacíos legales.
Tal fue el caso Mauro Stefanizzi, que impulsó la ley de Electrodependientes a partir de su hijo Joaquín, quien necesita del suministro de luz para vivir. Una catarsis de Stefanizzi en Facebook sobre el vacío legal existente se viralizó hasta llegar al periodista Víctor Hugo Morales, que lo entrevistó en C5N. Más tarde, Marcelo Tinelli le dedicaría unos minutos en la final del Bailando. “Al otro día lo llamaron de Diputados y al siguiente se sancionó la ley”, resume Quintana.
Las redes y los medios conectaron a estas personas con otras que atravesaban situaciones similares. Junto a profesionales de la salud comprometidos, conformaron grupos de apoyo que concentraron fuerzas y lograron hacer de cada causa una legislación. “Estos casos ponen en jaque a aquellos que no actuaron de antemano”, subraya Quintana.
El objetivo del libro es “generar algunos interrogantes, muchos de ellos sin respuesta, acerca de qué sistema de salud queremos los argentinos”. Quintana no cree que la sanción de leyes a partir de casos particulares sea lo ideal. “Tenemos que ir hacia un sistema integrado, federal y nacional que aborde antes estas situaciones”, opina.
Crónicas de lucha también estará disponible en formato audiovisual a principios del año que viene. Al autor le pareció que filmar los encuentros podría ser útil para la escritura y se contactó con la productora de unos amigos. Durante la tercera entrevista, Quintana imaginó un documental. Así espera “entrar por otro lado”.
En Lomas de Zamora el libro fue declarado por el Concejo Deliberante “de interés municipal” y el largometraje será transmitido en escuelas secundarias. El trailer y las ocho historias por separado están finalizados, y algunos de los cortos pueden encontrarse en Youtube.
A un mes de la presentación del libro, Quintana ya trabaja en otro que además será la tesis de su maestría y abordará la legislación sanitaria argentina en el macrismo. El autor destaca el “impacto simbólico y material” que implicó la desjerarquización del Ministerio de Salud a Secretaría. “Simbólico, porque fue un mensaje a la ciudadanía de que la salud no interesa. Material, porque se reflejó en baja de programas, desinversión y desfinanciamiento”.
Al respecto, Quintana dice que los integrantes del Gobierno de Cambiemos “no son seres maquiavélicos” sino que pecaron de “impericia y desconocimiento acerca del funcionamiento del Estado”. Según el autor, este descuido de la salud excede el ámbito del Ejecutivo: “No está en la agenda mediática, ni política, ni siquiera entre las principales preocupaciones de los argentinos”.
Frente a un sistema de salud “fragmentado, segmentado e inequitativo -explica Quintana- hay cosas que tendrán que cambiar”. Uno de los objetivos del próximo gobierno debería ser generar “políticas tendientes a la articulación de los sectores, que no funcionan como compartimentos estancos”.
Oct 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas
El presidente Sebastián Piñera tuvo que dar marcha atrás con el aumento de tarifas.
El conflicto comenzó la primera semana de octubre con el anuncio del aumento del transporte público. Desde entonces, se encendieron pequeños focos de manifestación impulsados por organizaciones de colegios secundarios con la consigna de saltar los molinetes. Se eligió el Metro de Santiago como escenario porque es de vital importancia en la capital trasandina; el subte había pasado de costar 800 pesos chilenos a 830 en hora pico (unos 67 pesos argentinos).
La convocatoria a las protestas fue creciendo gracias a las redes sociales. A las y los jóvenes se sumaron otros sectores y el Gobierno respondió saturando de carabineros las estaciones. Así transcurrieron los días hasta el viernes 18 de octubre.
“Llegué de la Facultad al centro [de la ciudad] y ya todos sabíamos que ese día iba a ser un colapso”, asegura a ANCCOM Noelia Espinosa Valenzuela, una estudiante argentina de la Universidad de Chile que vive en el país vecino hace seis años. A esa altura todos los barrios estaban en caos, el tránsito cortado y comenzaron los enfrentamientos contra la policía.
Las fuerzas de seguridad trataron de apagar las movilizaciones con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Horas más tarde, en cada comuna había edificios y vehículos incendiados y, por la noche, la gente armó barricadas.
“No poder salir a la calle motivó que la gente saliera”, señala un periodista chileno.
Al día siguiente, sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera declaró la anulación de la suba de tarifas y decretó el Estado de Emergencia, durante el cual el Gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Acto seguido, el general Javier Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, ordenó el toque de queda que se extendió hasta las primeras horas del miércoles 23.
Sin embargo, el pueblo continuó reclamando. “Chino”, un periodista radial de Valparaíso que prefirió conservar su anonimato, afirmó que “no poder salir a la calle motivó que la gente saliera aún más, pero hubo mucha represión”.
Un estudiante universitario que vive en Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, al sur de Santiago, quien también pidió mantener en reserva su nombre, relata: “Ayer, estando fuera de Protectora de la infancia [una estación de Metro de Santiago], los carabineros empezaron a tirar gases de la nada, sin provocación alguna. Nosotros empezamos a escapar a las villas. En esa manifestación había niños y abuelos, les importó un carajo. Tiraron gases a las calles, los departamentos, las casas. Y no conformes, empezaron a disparar balines de goma y de acero”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad estatal autónoma, contabilizó hasta hoy 1.692 personas detenidas, entre ellas 210 niñas, niños y adolescentes. El INDH constató que 123 se encuentran hospitalizadas por heridas de arma de fuego y que cinco fallecieron por la presunta acción de agentes del Estado.
“El descontento es generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones y agua”, dice el periodista.
El aumento del Metro fue el detonante de un problema más profundo. “La raíz es un descontento social generalizado. Todo está privatizado: salud, educación, pensiones, incluso el agua”, explica Chino. Pía Argagnon, socióloga, comunicadora y militante del Partido Convergencia Social, considera que la Constitución chilena, que data de 1980, en plena dictadura de Pinochet, propuso un modelo neoliberal que hasta la actualidad “constituye un Estado que no entrega garantías a la ciudadanía”.
El Gobierno nacional, a través de los principales medios, busca criminalizar la protesta social. Durante la mañana del domingo, en conferencia de prensa, Piñera dijo que Chile se encuentra en guerra contra un enemigo que “está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.
Argagnon opina que el Presidente quiere configurar un escenario de miedo para el pueblo: “La pregunta es por qué. Mi visión es que esto solo podría justificarse por la necesidad de este propio régimen de mayores niveles de inseguridad y violencia, que lleve a una mayor opresión para sostener un modelo que no puede hacerlo por sí mismo”.
Voceros del oficialismo responsabilizan a la población por esta crisis. En diálogo con ANCCOM, una periodista del diario La Tercera, Johanna Watson, es categórica: “Los medios de comunicación solamente muestran un lado de los hechos, donde el villano siempre es el pueblo manifestándose”.
A contramano de la versión oficial, en las redes se alzan las voces que denuncian presuntos montajes de las fuerzas de seguridad y circulan videos que muestran a carabineros cometiendo actos de vandalismo.
Más allá de estas narrativas en disputa, Chile experimenta una crisis política y social producto del hartazgo de la ciudadanía y los oídos sordos de la clase dirigente. Para Chino, las manifestaciones por las tarifas “fueron un despertar en una población dormida durante 30 años”. En las plazas y en las calles se canta “Piñera escucha / ándate a la chucha”.
Pero las demandas exceden el pedido de renuncia del Presidente y de algunos de sus funcionarios, como Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública y primo de Piñera. Para Lucas Cifuentes, secretario general de Convergencia Social, los mayores reclamos tienen que ver con un cambio en el orden estructural y la garantía de los derechos sociales, la nacionalización de recursos naturales, del sistema de pensiones y de un nuevo código laboral.
Si se quiere recuperar la paz, “la única forma sería que el Gobierno baje la guardia y acate los requerimientos del pueblo”, sostiene Watson y agrega: “La ciudadanía está en llamas y convencida de que esto no puede seguir”.
Si bien no hay un desenlace claro y “la oposición es muy amplia”, como indica Argagnon, “ha habido diversas muestras de rechazo a la intervención militar”. Pero en medio de la represión y la incertidumbre, hay una certeza: Chile despertó.
