El ómnibus también atropella a las semillas

El ómnibus también atropella a las semillas

El proyecto de ley enviado por Javier Milei al Congreso también avanza sobre las normas que regulan los usos de las semillas. Perjudica a quienes cultivan para uso propio y a quienes realizan investigaciones genéticas.

En nuestro país el mercado hegemónico de semillas se encuentra concentrado en empresas como Don Mario, Syngenta, Bayer, Monsanto, Bioceres entre otras. Estas firmas, a su vez, controlan la innovación y reproducción de la semilla. En paralelo, de forma regional y más dispersa, existen los sistemas agroecológicos que se manejan con cultivos más diversos e intercambios de semillas.

Dentro de la Ley Ómnibus está contemplado aplicar a UPOV 91, una disposición internacional que viene resistiéndose desde el Mercosur y que impactaría en el desarrollo de semillas para los productores agrícolas, sobre todo en lo conocido como “uso propio”: es decir, que estos, luego de la cosecha, pueden utilizar la descendencia de semillas compradas que tienen protección y propiedad para utilizar en su campo sin que esto implique el pago de regalías extendidas al ente vendedor. Sería el derecho de los productores a controlar su propia semilla. El tema tiene su complejidad y vale la pena hacer un repaso histórico de cómo se manejan las semillas que están en la base de la economía argentina.

Un poco de historia

Desde 1930, Argentina regulaba por medio de créditos, precios mínimos o subsidios la relación entre grandes y medianos productores con campesinos ligados a los complejos agroindustriales, aquellos que encadenan la producción primaria con industrialización para mercado interno y externo. En paralelo, desde 1973 rige en el país la Ley Nacional de Semillas con el objeto de “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas”.

En 1991, con el decreto 2284/91, esta defensa general a la pequeña producción se quebró por la eliminación de organismos reguladores. Diego Domínguez, investigador del CONICET y profesor en Estudios Rurales y Ecología Política (UBA), denuncia que esto significó la “desaparición de casi 100.000 productores”. Para el especialista: “Bajo mediación estatal, el control de la semilla registraba cierta democratización y los productores compartían conocimiento e innovaciones genéticas. En los años 90 se quiebran industrias regionales y se desarticula la participación de los pequeños campesinos y familiares en las cadenas de valor”.

“Hoy el Estado lo que hace es coaccionar la circulación de ese material genético”, en el que tienen permiso “las semillas con trazabilidad corporativa mientras aquella con trazabilidad local y certificaciones de tipo social, no”. Esto, en paralelo al control monopólico del mercado y del desarrollo tecnológico, termina empujando a los productores que, “para garantizar ciertos rindes y costos, deben caer en el paquete tecnológico y semillas digitadas por este andamiaje empresarial” ya que se les exige determinados comprobantes y requisitos. Así los productores abandonan “la reproducción propia de semilla e incorporan semillas producidas por otros”.

Desde 2003, hay debates en torno a la reforma de estas leyes y para el 2012, en el marco de la CONASE (Comisión Nacional de Semillas) se realizaron negociaciones con participación de organismos públicos como el INTA, el Ministerio de Agricultura, y el INASE, entre otros, pero sin considerar otros actores de las semillas como las organizaciones campesinas indígenas o grupos de la agricultura familiar.

Juan O’Farrell, coordinador del área de Recursos Naturales de la organización Fundar, afirma que es necesaria una modificación, pero que su debate se encuentra frenado “a nivel político y entre los actores privados” y que “incluir la adhesión a UPOV 91 es una forma que proponen algunos de resolver esa falta de acuerdos. Es un atajo”. El especialista también advirtió sobre las consecuencias sobre la gestión de la semillas previstas en la Ley Ómnibus.

Marcos legales y UPOV 91

Desde la década del 60 existe la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), un organismo con sede en Ginebra en donde, mediante diferentes convenciones, se establecieron distintos tipos de protección a la producción de semillas. El país tiene adhesión internacional a la UPOV de 1978, cuya disposición protege a los obtentores pero también al uso propio y al fitomejoramiento, en el cual una semilla protegida por derechos de propiedad puede ser usada para fines de experimentación e investigación.

A la vez, en la Argentina, los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetalesse ejercen mediante los derechos del obtentor, contemplados en la Ley de Semillas del 73, que le otorga dicha propiedad sobre una semilla a la persona que la registra a su nombre y es de quien se requiere autorización para utilizarla con fines comerciales. Sobre esta ley pesa una discusión que lleva años y en caso de que se adhiera a la UPOV 91 se ampliaría el derecho de obtentores, pero se perderían dos derechos que ella asegura. Uno es el mencionado fitomejoramiento, que con UPOV 91 se crea la figura de “variedades esencialmente derivadas”, que requiere que el fitomejorador solicite autorización al que la registró.

O’Farrell explica: “Esa autorización es problemática porque no está claro y es muy difícil definir, qué es una variedad esencialmente derivada”. Y complementa que esta no-definición puede generar miedo en los fitomejoradores al punto de “no impulsar ciertas agenda con el desarrollo por temor a ser perseguidos legalmente por otras empresas”. El otro es la excepción del uso propio de los agricultores que cuya limitación los obligaría a comprar más insumos de semillas, dolarizadas, encareciendo los costos de producción e impactando en el precio de los alimentos.

La Federación Rural para la Producción y el Arraigo es una organización que nuclea más de 30.000 productores agropecuarios de “sectores históricamente postergados de la ruralidad argentina” como arrendatarios o pequeños y pequeñas productores agrícolas y ganaderos, trabajadores sin tierra, cooperativistas, pueblos originarios, entre otros. Según hicieron saber desde allí, los debates instalados desde hace 21 años para la modificación de la  ley “se tradujeron en tentativas de adherir a la UPOV 91” para que esta sea “adaptada al nuevo marco internacional”. Los anteproyectos que circularon impactaban “en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas”.

Una especialista en semillas de la Federación explica: “Siempre que hablamos de leyes, políticas, acuerdos que implican avanzar en el control sobre las semillas, estamos hablando de un control sobre los alimentos. La discusión de las semillas es una discusión de soberanía alimentaria” y continúa con que “hace mucho tiempo se vienen intentando distintas estrategias para acotar el uso propio”.

Según O’Farrell, muchos analistas consideran a la UPOV 91 como un régimen similar al de patentes y que estos promueven la innovación, pero es un debate aún sin saldar y sin “evidencia clara” de que esa innovación suceda. “Lo que es necesario es tener un debate integral. No estamos hablando solamente de propiedad intelectual y de innovación, sino de cómo estas normas afectan el modelo de producción agrícola en los países donde se aplican.

Este debate hoy está ausente porque se está tratando a las apuradas”, completa. En cuanto a diferencias de protección, cualquier persona que desarrolle una semilla, ya sea un investigador, científico, entidades públicas o privadas, al registrarla a su nombre en el Registro Nacional de Cultivares (RNC), pasa a ser un obtentor. Tanto el derecho de éste, como con una patente, son propiedades intelectuales; la diferencia radica en que mientras el primero se creó para regular la propiedad de las semillas, la segunda tiene un carácter más genérico y aplicable a desarrollos industriales. Esto implicaría que se avale la posibilidad de patentar genes y así que se patente el «evento (semilla) transgénico».

Ambiente, comunidades y desarrollo

El Artículo 241 se inscribe en una larga trayectoria de derechos de propiedad sobre distintas formas de vida: desde la tierra hasta la información genética, pasando por las semillas, ecosistemas, microorganismos. Domínguez asevera: “La semilla, desde la invención de la agricultura hace más de 10.000 años, viene siendo conservada y cuidada por comunidades. Es parte del acervo cultural de los pueblos. Nadie cobró por innovaciones tecnológicas y se vienen haciendo modificaciones en estos diez mil años. ¿Con qué derecho un puñado de empresas, por haber hecho en el último tramo una serie de ‘innovaciones’ se consideran con derecho a patentarlas?”.

“Hay un déficit en la protección que ofrece el marco normativo argentino. Hay cosas que se pueden hacer para darle a los obtentores y a las empresas de semillas más garantías, incentivos a que innoven e inviertan, sin ir hacia un régimen tan restrictivo como el UPOV 91. Sobre todo fiscalizar y evitar lo que se conoce como la bolsa blanca, que es un mercado ilegal de semillas sobre todo en soja y trigo”, explica O’Farrell.

Según el especialista, ese mercado ilegal es “una de las razones por las cuales muchas de las empresas de semillas, que participan de esos mercados, tengan problemas de financiamiento para invertir en I+D”. O’Farrell cree que la producción de semillas en Argentina debería ser considerada como un sector estratégico, por un lado “para aumentar la productividad de la agricultura” y por otro porque “es un sector que demanda cada vez más biotecnología, que genera todo otro tipo de efectos dinámicos sobre la estructura productiva”.

Desde una mirada puesta en el desarrollo, es fundamental promover una estructura diversificada que proteja y consolide al sector de las semillas, que son, al fin y al cabo, el origen de toda soberanía sobre los alimentos, elemento básico para la vida.

En Agricultura Familiar, los despidos son de Ushuaia a La Quiaca

En Agricultura Familiar, los despidos son de Ushuaia a La Quiaca

El desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), reducida de su rango de Secretaría por la reciente reestructuración del Gabinete nacional, no es un caso más en la avanzada del Gobierno contra los empleados estatales. Los 600 despedidos en ese sector dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación eran parte de una estructura de apoyo imprescindible a nivel técnico y metodológico para miles de familias dedicadas a la pequeña producción agrícola.

Como explica Lorena Putero, economista e investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “la Secretaría es un derecho histórico de asistencia para una agricultura que es la principal proveedora de alimentos en las grandes urbes. No solo aporta subsidios, sino también asesoramiento técnico, legal y productivo”. A su vez Putero, maestranda en Economía Social y Solidaria en la Universidad General Sarmiento (UNGS), aclara que “los proyectos del organismo permitían una autonomía productiva sin dependencia de importaciones, precios accesibles y un aumento notorio en la calidad de los productos. Ahora, en un contexto de inflación, aumento tarifario y suba del dólar, los productores se quedaron solos”.

En el norte del país, varios trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se vieron tan afectados como poco sorprendidos por los telegramas que materializaron su desvinculación. Tal es el caso de Ana Herrera, quien se desempeñaba como referente de Comercialización en la sede que el organismo posee en Salta. “Desde hace dos años y medio fuimos maliciosamente evaluados por la nueva conducción. El presupuesto disminuyó hasta hacerse inexistente, los vehículos se deterioraron y se vencieron las revisiones técnicas obligatorias”, dice Herrera, quien también fue referente de Comunicación hasta 2012. “Después de 23 años en el sector, en abril me despidieron sin previo aviso, al igual que a otros 25 trabajadores”, concluye.

Hombre mirando al costado junto a cajas con verduras.

Feriazo organizado por familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para vender su producción a $10 en Plaza Constitución, CABA.

Como un efecto dominó, los trabajadores de la tierra se ven directamente perjudicados en este contexto. “Con mi familia nos dedicamos a la cría de cabras para fabricación de queso artesanal, con los técnicos despedidos veníamos trabajando y estudiando el valor agregado del queso. Ahora la persona encargada del sector ni aparece y casi no hay visitas territoriales”, explica Rodrigo Cuevas, pequeño productor de la localidad de Amblayo, en el valle Calchaquí salteño.

En la región Centro, las imágenes no hacen más que repetirse. “Nosotros formulábamos proyectos junto a las familias agricultoras para mejorar la escala de producción y forjar un vínculo directo con el consumidor, evitando intermediarios. También promovíamos la agroecología a través de encuentros y ferias polirrubros con certificación estatal”, describe Ariadna Arrigoni, quien se desempeñó durante 15 años como técnica en la SAF de Córdoba. “De los 52 técnicos que trabajábamos en 2015, solo quedaron 8, hay territorios que ya directamente no tienen asistencia”, explica Arrigoni, quien también era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo.

“Me dediqué toda la vida a la producción de verduras y huertas en las casas. La SAF nos brindó talleres, nos inculcó conocimientos más allá de los que teníamos y promovió ferias para el productor que está a 70 u 80 kilómetros de la ciudad y no se podía ganar el mango. Lo que hizo el Gobierno con la subsecretaría es un desastre”, asevera Servando Conci, agricultor del pueblo Colonia Tirolesa, en Córdoba.

El litoral tampoco escapa a la onda expansiva de despidos en la institución. “En Entre Ríos hubo tres tandas de despidos, 60 en abril de 2016, 16 en abril de este año, y otros 20, incluido yo, en agosto”, detalla Mario Den Dauw, quien trabajaba en la SAF desde el 2001. “Las más afectadas fueron las mujeres y los profesionales que habían ingresado en la época del kirchnerismo. Las listas las armó la Federación Agraria Argentina (FAA), comandada por el senador Alfredo de Ángelis, con el aval del ahora secretario Luis Etchevere. De todas formas esto nos fortalece, porque la solidaridad entre los organismos y los productores, que representan más del 70 por ciento de actividad en la provincia, es irrompible”, asegura Den Dauw, también delegado de ATE.

La situación en Mar del Plata, a su vez, es extrema: hay un cese total de actividades. Como explica Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE en la ciudad costera, “la decisión política fue despedir a nueve compañeras y cerrar las oficinas del organismo. En la provincia de Buenos Aires, los despidos ascienden a 61, afectando tanto la producción como las normativas que regulan la calidad y suprimen la utilización de agrotóxicos”.

En la región más austral del país, el caso de Silvia Crettón, ex agente territorial de SAF Santa Cruz, excede a cualquier lógica, ya que se transformó prácticamente en una trabajadora ad honorem. “Había un listado con el nombre de cinco de los siete trabajadores en la provincia, dentro del cual estaba el mío. Finalmente, en septiembre nos rescindieron el contrato pero nunca tuvimos notificación ni telegrama”. A su vez, Crettón explica que al manejarse en varios territorios no tenía oficina y nadie fue a retirar las herramientas que le brindaba el organismo, a pesar de las presiones recibidas para que las devuelva. “Hay 600 familias productoras registradas a las cuales seguimos asistiendo por una cuestión humana. Somos el único ente estatal que está con los pequeños productores”, asegura.

Una de las localidades en las que Crettón desarrollaba su actividad era Comandante Luis Piedrabuena. Javier Lemos, oriundo de la zona y fabricante de cerveza artesanal, explica que “hay proyectos con mi familia y la gente del pueblo para hacer plantaciones de lúpulo, un producto escaso y cotizado. La asistencia de gente como Silvia es fundamental no solo en lo técnico, sino también en lo anímico”. Esto parece no importarle al gobierno nacional, que sigue cercenando puestos laborales e historias de vida desde Ushuaia a La Quiaca.

Otra agricultura es posible

Otra agricultura es posible

La Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) impulsa “la agroecología como transformación social productiva y política”. A través del Almacén de Ramos Generales comercializan sus productos a los que consideran que tienen precios justos y fijos, con el objetivo de fortalecer el trabajo en el campo y el consumo responsable en las ciudades.

Recientemente, la UTT abrió otro espacio de venta de frutas y verduras sin agrotóxicos, en el barrio de Almagro. Se trata del cuarto Almacén de Ramos Generales, caracterizado también por tener una vinculación directa entre consumidores y productores. Los otros se ubican en las localidades de Esteban Echeverría, Berazategui y San Vicente.

“El objetivo es crear un canal de comercialización directo de las familias productoras con el consumidor, organizadas por la UTT, fortaleciendo la producción agroecológica y la creación de cooperativas y trabajo libre y sin patrón”, expresa Nahuel Levaggi, Coordinador Nacional de la UTT. Y agrega: “La situación del sector es crítica, lo venimos denunciando y luchando hace rato. Entre la situación macroeconómica que genera condiciones adversas para el sector, ya que por un lado se produce a precio dólar y se vende en pesos, se suma por otro lado el desmantelamiento de todas las estructuras del Estado que acompañaron el proceso de los agricultores familiares, como el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y la quita del Monotributo Social Agropecuario”.

A través de su página de Facebook, el Almacén de Ramos Generales expresa: “Las familias trabajadoras de la tierra estamos en estado de crisis, y se suma este temporal que arruina nuestros invernaderos. Desde el temporal de febrero de 2017 que venimos exigiendo al Estado políticas públicas para el sector, pero como respuesta nos quitan el Monotributo Social Agropecuario, desarman la Secretaría de Agricultura Familiar y hacen oídos sordos a nuestros reclamos como pequeños productores. Nuestra respuesta es organización, agroecología y comercialización sin intermediarios”.

“La idea es darle una salida comercial a los pequeños productores. Hay muchos que son del interior del país y no pueden llegar a Capital, entonces esto les abre una puerta”, comenta Lucas Levaggi, empleado del Almacén de Ramos Generales de Almagro. Y con respecto a la venta de los productos, explica: “Por un lado, le ofrecemos al cliente una facilidad para llegar a estos productos, y por otra parte le decimos la verdad, ya que hay productos en el almacén que son agroecológicos y otros que no. Entonces cuando un cliente se lleva un producto que no es agroecológico se lo aclaramos, y le explicamos por qué no hay. Los productos no deben ser sí o sí agroecológicos para estar acá, pueden ser también de pequeños productores”.

La venta de estas frutas y verduras agroecológicas, junto con alimentos cooperativos y productos regionales se relaciona con el desarrollo de una agricultura responsable. Al respecto, Nahuel Levaggi afirma que “una agricultura responsable tiene que ver con escapar al paquete tecnológico de las multinacionales, utilizando una tecnología agroecológica que nosotros entendemos que se basa en el cuidado del suelo y en la no utilización de agroquímicos. Es una agricultura dinámica, por un lado, pero por otra parte responsable en la cuestión social, ya que también existe la producción orgánica certificada, que muchas veces está producida bajo relaciones de explotación. Por eso nosotros no hablamos de ‘orgánico’ sino de ‘agroecológico’, que además de toda la cuestión del paquete tecnológico liberador, es también fruto del trabajo digno y de la agricultura familiar”.

La Unión de Trabajadores de la Tierra se organiza y busca visibilizar que otra manera de producir y comercializar es posible. De este modo, el último mes también realizó una serie de “feriazos” en Plaza de Mayo, Plaza Constitución, Plaza Retiro y Plaza Once, para mostrar la remarcación de precios desmedida llevada a cabo por parte de los intermediarios en la venta de los productos, por la obtención de una soberanía alimentaria y precios justos tanto para los productores como para los consumidores.