Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Mientras que Javier Milei anuncia ajuste a las pensiones, Sergio Massa aseguró que las personas con discapacidad «no son un número» y aseguró que forman parte de su proyecto. ¿Qué opina el director de la Agencia Nacional del sector?

En su discurso al interior del complejo Artmedia tras conocer los resultados del escrutinio de la primera vuelta electoral y nuevamente para la militancia que estaba celebrando en la calle, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, repitió que las personas con discapacidad forman parte de su proyecto de gobierno. “No son un número”, subrayó para diferenciarse de su contrincante, Javier Milei, que habló de ajustar las pensiones. Pero, ¿cuáles son los ejes centrales de la agenda en materia de discapacidad? En diálogo con ANCCOM, el director del Observatorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, Germán Ejarque, contó sobre el nuevo proyecto de ley.

“Se postergaron por décadas las necesidades de un colectivo invisibilizado”, según afirmó Ejarque. Con un proyecto de ley que espera ser presentado en el Congreso de la Nación, problematizó sobre la falta de políticas públicas para esta parte de la población, entre las que destaca la necesidad de más apoyo para una vida independiente, el acceso a viviendas y mayor cupo laboral.

Sólo el 32,2% de este sector tiene empleo, según el último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad elaborado por el INDEC. El cupo laboral se aplica únicamente en el ámbito público, con una reserva al menos a un 4%. Sin embargo, el también contador público insistió que “históricamente no se ha cumplido”. 

Ejarque explicó que hay un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno nacional, elaborado tras una consulta pública, que contempla el cupo laboral para discapacidad también en el sector privado. Desde el sector, buscan la sanción de una nueva normativa sibre discapacidad que reemplace la Ley 22431, ya que esta fue aprobada en 1981 por la última dictadura militar y, según el sitio oficial del Gobierno, entiende a la persona como un “sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego de quedar primero en la primera vuelta de las elecciones y entrar en el balotaje, aseguró que buscará conformar un gobierno de unidad nacional que promueva más inclusión. Entre los diversos grupos aludidos  en su discurso mencionó a las personas con discapacidad «porque no son un número». Previo a las elecciones ya había advertido que «hay que eliminar la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo». Se espera que cuando Alberto Fernández vuelva de su gira por China emita un decreto sobre esta cuestión.

“Este colectivo fue postergado porque no salió, se quedó en casa y no por decisión propia, sino porque la sociedad no lo estaba incluyendo”, advirtió el director del Observatorio. También cuestionó el uso de términos relacionados a la discapacidad como insultos por el partido La Libertad Avanza y las políticas de recortes en las pensiones que buscan aplicar en su afán por el ajuste. En su plataforma electoral, Javier Milei proyecta realizar una «reforma previsional para recortar el gasto del estado en jubilaciones y pensiones», agregó Ejarque.

“Las pensiones son totalmente insignificantes en cuanto al monto”, sostuvo Ejarque. Esta asignación siempre es el 70% de una jubilación mínima y en octubre de 2023, tuvo un valor de 61.221 pesos, al que se le agregó un bono de 37.000. También reclamó que es en este indicador y en el programa de salud donde los gobiernos de derecha deciden hacer ajustes, mientras recordó cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri eliminó 160.000 pensiones por invalidez “con medidas totalmente arbitrarias”. 

Ejarque también resaltó que la verdadera traba que se presenta para las personas que desean involucrarse en el mundo laboral es la incompatibilidad expresada por la Resolución 36/2021, la cual afirma que los titulares de pensiones que accedan a un empleo formal verán suspendido temporalmente el beneficio, y no caducado. “Hay empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad y se encuentran con que están cobrando una pensión no contributiva. La persona, ante la incertidumbre propia del mercado laboral y el miedo de perder esta asignación, decide no ingresar en un trabajo”, concluyó.

Sobre las condiciones de vida, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) dispone el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El  funcionario aseguró que desde el colectivo luchan hace años para mejorar políticas públicas que garanticen la aplicación de la legislación y contó que la autonomía es una preocupación a largo plazo que tienen las familias y los padres de hijos pertenecientes a este sector.

Ejarque enfatizó que las políticas públicas de apoyo a la vida independiente y el acceso a la vivienda colaboran con la creación de puestos de trabajos y evitan la situación en que una persona con discapacidad quede institucionalizada en hogares o geriátricos tras quedar sin amparo familiar.

El 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, según el último estudio de INDEC. Por eso, se impulsa la promoción de asistentes personales que puedan colaborar con las actividades de la vida diaria de este colectivo, donde el eje sean las actividades de interés de la propia persona y no únicamente el cuidado de la salud, diferenciando la figura de un asistente terapéutico. 

Si bien aún hay dificultades, el responsable del Observatorio aseguró que en la cuestión laboral hay muchas empresas que están dando un efecto contagio al incluir a personas con discapacidad. Además, herramientas como el teletrabajo y la virtualidad facilitaron el acceso al ámbito laboral, a la vez que cada vez hay más oportunidades disponibles para el colectivo.

Ahora resta esperar a la segunda vuelta para que las personas discapacitadas encuentren en la promesa de Massa la sanción de un proyecto de ley que mejore su calidad de vida 

Un ataque a los más vulnerables

Un ataque a los más vulnerables

El Cottolengo Don Orione de Claypole enfrenta una situación crítica debido a la falta de pago de las prestaciones provenientes de las obras sociales de internos. Esto dificulta el pago a los proveedores de alimentos y de medicamentos necesarios para las más de 370 personas que residen en la institución.

Fernando Montero, psicopedagogo y coordinador técnico del Cottolengo sostiene que “el atraso es muy importante, con lo cual no podamos sostener adecuadamente lo que es el mantenimiento del servicio que prestamos. La situación es bastante angustiante, para el personal sobre todo. Para los residentes todavía no tanto, porque el personal viene a trabajar igual pese a estas dificultades, y se trabaja con la misma intensidad”. Montero reclama: “Necesitamos una solución de fondo, que es la sistematización de los pagos y la actualización de los aranceles. Tenemos una inflación tremenda, y no hay una actualización real de los aranceles. Necesitamos un 35 por ciento mínimo de actualización, lo cual no se está dando en este momento”. Además, la falta de insumos es otro de los golpes a la entidad, que han podido corregir recientemente, mediante una medida de amparo, la cual fue apelada en varias oportunidades.

Desde su fundación en 1935, el Pequeño Cottolengo Don Orione trabaja para mejorar la calidad de vida de sus residentes, quienes reciben atención constante por parte de empleados, voluntarios y religiosos. Actualmente 373 personas residen allí, con discapacidades muy heterogéneas y un amplio rango etario que abarca desde los 12 hasta los 90 años. La gran mayoría son pacientes denominados “de alta dependencia”, ya que debido a las dificultades físicas que presentan, requieren asistencia constante para realizar todo tipo de actividades, incluidas las más básicas.

“El problema del atraso de pagos se agrava a su vez en un contexto inflacionario. No es nada fácil”, comenta Miguel Rama, director médico del Cottolengo. “Lamentablemente, el golpe que esto produce es sobre las personas más vulnerables, y ese es el problema. Porque los ricos no sufren. Estos chicos justamente están acá porque son vulnerables”, agrega.

La mitad de los residentes son beneficiarios de Incluir Salud, un programa nacional de asistencia a personas con discapacidad, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde hace siete meses no abona las prestaciones que el Cottolengo necesita para funcionar con normalidad. Pero por otra parte, y debido a que se trata de una institución caritativa, el Cottolengo recibe también a personas que no cuentan con una cobertura médica. En este sentido, el principal ingreso de la institución proviene de las obras sociales de los residentes, y en menor medida, de las donaciones brindadas por empresarios o vecinos de la zona. Además, la entidad lleva a cabo campañas mensuales para cubrir determinadas necesidades dentro de cada mes, a las que aportan quienes deseen ayudar.

“La situación es de mucha preocupación y tristeza. Al no poder cobrarse las prestaciones en tiempo y forma, esto hace que muchos proyectos o muchas planificaciones anuales que se tienen se vean truncadas por la falta de dinero. Esto repercute directamente en la calidad de los tratamientos que nosotros pretendemos ofrecer a las personas con discapacidad que viven en la institución”, expresa Jorgelina Leis, coordinadora del Área de Orientadores y de Terapia Ocupacional del Centro Educativo Terapéutico del Cottolengo. “Somos un poco la voz de ellos, nosotros junto con las familias, porque estamos todos los días trabajando con ellos. Hay mucha gente con discapacidad, y eso no está visualizado”, agrega Leis.

La institución expresó a través de un comunicado que “las autoridades del Programa Federal Incluir Salud han asumido el compromiso de cancelar las prestaciones con regularidad para asegurar la previsibilidad y el normal funcionamiento de nuestra organización”. Además, sostienen que si bien pudieron cumplir con sus obligaciones laborales correspondientes al mes de agosto, “los aranceles de las prestaciones brindadas se encuentran desactualizados”. El comunicado finaliza reclamando a las autoridades del Programa Federal Incluir Salud que se disponga a “solucionar todos los problemas planteados”.