Jul 14, 2021 | Comunidad, Novedades
“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.
Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.
“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.
Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.
Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.
“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.
“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.
El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.
Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.
Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida. Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.
Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.
“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.
Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.
Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.
Jun 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La pandemia del COVID-19 expuso las desigualdades estructurales de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser el distrito más rico de nuestro país. Con el aislamiento obligatorio, internet se convirtió en una herramienta importante a la que buena parte de la población no puede acceder. Por eso, ANCCOM conversó con los dos organismos que recurrieron a la Justicia para que el gobierno garantice el acceso y lo declare como un derecho humano.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 para que el Estado garantice la conectividad en las villas y asentamientos de la Capital Federal, y que entregue computadoras en préstamo a los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los medios para continuar con las clases durante la cuarentena.
El juez Andrés Gallardo falló a favor y le otorgó al gobierno de Larreta un plazo hasta el 18 de junio para cumplir con las medidas, y tres días más para acreditarlas en la causa. La situación es alarmante, ya que, según lo indicado por ACIJ, más de 300 mil personas de barrios humildes carecen del servicio.
Marcelo Giullitti, que integra área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la ACIJ, explicó el origen de la demanda: “Varias familias no pueden acceder a internet por dificultades socioeconómicas o porque las empresas privadas no proveen el servicio. Hay una ausencia estructural por la falta de urbanización, que hace que el virus afecte de manera diferencial. El Estado debe garantizar que los colectivos más vulnerables puedan acceder a internet porque es un derecho”.
El abogado prefirió no hablar de intencionalidades, pero sí opinó que “hay una falta de políticas públicas del gobierno porteño que resulta discriminatorio porque afecta a los colectivos más humildes”. En esa sintonía, confesó que “cuando se tomaron las medidas de aislamiento, no pensaron en cómo iba a afectar este problema a los que menos tienen, que encima ya venían sufriendo desigualdades estructurales desde antes”.
El letrado fue optimista y aseguró que el cumplimiento de la medida debe y puede acatarse: “El Gobierno cuenta con espacios públicos que tienen internet libre, así que puede hacer una conexión inalámbrica en las villas y asentamientos de la Ciudad”.
Derecho humano
El Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires fue más allá y realizó un pedido para que se reconozca al acceso a internet como un derecho humano. La medida obligaría al Gobierno a garantizar la conectividad digital y a otorgar una computadora a cada estudiante y adulto mayor que no tenga recursos.
La Justicia ordenó la derogación de los requisitos de préstamo de computadoras del Ministerio de Educación porteño por ser restrictivos, la creación de un registro de solicitudes para la entrega de los dispositivos, y garantizar internet por red inalámbrica o datos. Todo esto con plazo de cumplimiento hasta el 18 de junio y tres días más para acreditarlo en el expediente. Hasta el cierre de la edición, no había novedades respecto del GCBA.
“Internet es una herramienta necesaria para garantizar otros derechos. Así como la libertad de expresión garantiza los derechos políticos, y el acceso a la información a la educación y la cultura, el acceso a internet posibilita todos los anteriores. Por eso queremos que sea un derecho humano”, expresó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo.
El titular del organismo agregó que “el problema no está solo en la educación a distancia, sino también en el acceso a internet en general. Los trámites se hacen en casa y por eso necesitás una conexión. Ya no podés buscar internet en el trabajo, en la plaza o en un comercio”.
La dificultad en el acceso, según Baldiviezo, se debe a “una falta de políticas públicas para eliminar la brecha digital y la desigualdad. Esto viola un derecho tan básico como la educación, y también impide que se cumpla la obligación de la escolaridad. Es evidente que si la educación presencial pasa a ser a distancia, vas a necesitar computadoras y conexión a internet. Sabiendo que tu población no tiene los mismos recursos, como gobierno no te podés quedar inmóvil viendo como no se resuelve el problema”, cerró.
Trabas
El titular del Observatorio comentó que “días antes de presentar la demanda, el Gobierno dictó una resolución para prestar las computadoras de los colegios en comodato a los estudiantes, con cláusulas restrictivas y excluyentes”. Los requisitos decían que “cada alumno tenía que pertenecer a una familia que recibiera la AUH o la beca alimentaria, y que no tenía que haber otro dispositivo en el hogar”.
“Casi ninguna familia pudo cumplir con los requisitos. Más de 30 mil hogares que están en el Programa Ciudadanía Porteña quedaron excluidos por ser incompatible con la AUH. La medida es inconstitucional y obstaculiza la igualdad de oportunidades”, concluyó Baldiviezo.
Pasaron tres meses del aislamiento y miles de familias de la Ciudad no pueden acceder a internet. El gobierno porteño parece no estar interesado en solucionarlo.
Feb 19, 2020 | Comunidad, Novedades
Los usuarios de las villas se quejan de que deben acudir a servicios más caros ante las deficiencias de Telefónica.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a Telefónica por no brindar información sobre el servicio de telefonía e internet que brinda en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la organización está motivado en la queja constante de los usuarios que no tienen un servicio de calidad en sus hogares.
“A partir de los reiterados reclamos de los habitantes que pudimos conocer por nuestro trabajo territorial en villas, en febrero de 2019 decidimos solicitar a la empresa Telefónica que brinde información sobre la forma en que presta servicios de telefonía y de internet en las villas”, dijo el abogado Marcelo Giullitti Oliva. Al no recibir una respuesta por parte de la empresa, ACIJ formuló un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (ANAIP). La institución avaló el reclamo y el 16 de septiembre se pronunció, exigiendo a Telefónica que en el plazo de diez días presente la información completa solicitada. Para este pedido, la Agencia se apoyó en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley Argentina Digital N° 27078.
Giullitti Oliva argumentó que si bien existe actualmente un debate sobre si la prestación del servicio de internet es de carácter público o no, lo cierto es que la información que presenta la empresa es de interés público. El abogado dijo a ANCCOM que “el carácter público de la información se sostiene en dos cuestiones distintas. Por un lado, la Ley de Acceso a la Información Pública (27275) reconoce en su artículo 7°, inciso “i” como sujetos obligados a brindar información pública por un lado a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos y también a los concesionarios y permisionarios de uso del dominio público”. El letrado agregó: “Telefónica, por lo tanto, es sujeto obligado porque por un lado es concesionaria de servicios públicos -que es el servicio de telefonía básica- y por otro, es licenciataria de tecnología de la información. Por otro lado, la propia información del servicio reviste carácter público en tanto la Ley Argentina Digital declara de interés público el desarrollo de estas tecnologías de la información”.
La empresa respondió con información incompleta e imprecisa ante la exigencia de la ANAIP, según informaron desde ACIJ. Consecuentemente, la organización presentó el 3 de febrero una demanda a Telefónica S.A., que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra.
ACIJ sostiene que Telefónica incumple con las leyes de Acceso a la Información Pública y Argentina Digital.
Mariela Baladrón, docente y graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magister en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), expresó su interés por el caso: “Es un hecho que no tiene precedentes en la Argentina. Lo interesante son los motivos legales que permitieron a ACIJ hacer una demanda a Telefónica para que brinde información de relevancia social”. Baladrón realizó varios trabajos sobre el acceso a internet en Argentina. Sobre este punto, dijo que la desigualdad en acceder a la Red se encuentra vinculada también a otras inequidades preexistentes: sociales, etarias, de género. En un trabajo previo, la investigadora estudió el acceso a internet en Villa 20 y observó, al igual que ACIJ, que las quejas sobre el servicio eran una constante. La razón, según los usuarios, era que las empresas no poseían infraestructura en las zonas de sus hogares. Por esta razón, explica Baladrón, muchos terminan contratando planes a empresas independientes o microemprendimientos que son notoriamente más caros que los provistos por las firmas más grandes, aumentando de esta manera la desigualdad social.
La falta de acceso a telefonía e internet de calidad por parte de los habitantes de las villas habla de una discriminación social, aseguran tanto Baladrón como Giullitti Oliva. “Hay una negativa de las empresas a prestar el servicio en las mismas condiciones de igualdad que en el resto de la ciudad”, formuló la investigadora. A su vez añadió: “Considerando que existen más de 4 mil barrios populares en Argentina -según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP)- esto es de gran relevancia social y es necesario un tratamiento adecuado sobre la problemática”.
