Jun 14, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar
Después de casi 24 horas de sesión en la Cámara de Diputados, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo su media sanción. En las calles, luego de una larga noche fría de vigilia verde, las voces de las mujeres -entre abrazos y llantos- empezaron a exclamar: «El aborto es legal». Todas las consignas que acompañaron las distintas marchas y movilizaciones hoy se materializaron: la ola feminista hoy conquistó un nuevo derecho.
La plaza del Congreso se presentó desde la mañana del miércoles 13 fragmentada: el lado de Av. Rivadavia se tiñó de verde por quienes se manifestaron a favor de la ley que propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y, enfrente, sobre Hipólito Yrigoyen predominó el celeste aunque de aquellos que se promulgaron en contra de dicha regulación pero en la supuesta defensa de las “dos vidas”.
Sobre Av. Callao y Perón se montó un escenario donde desfilaron decenas de artistas que expresaron su apoyo a la ley que se debatía en el recinto. «Estamos reescribiendo la historia como mujeres. ¡Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!», manifestó el grupo musical femenino ‘La Colmena’. Seguidamente, Jimena Barón antes de interpretar su tema «La tonta» expresó que «esto es historia porque nosotras somos historia».
La campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito desplegó tres carpas: una en donde se desarrollaron talleres, charlas y ventas; otra de prensa; y una tercera para el descanso y la logística. Además, a lo largo de Av. Rivadavia las distintas organizaciones sociales y políticas extendieron gacebos con diversas representaciones artísticas: remeras, stencils, entre otras. Lxs estudiantes secundarios también tuvieron una importante participación: en una de las charlas pudieron contar cómo llevan adelante la lucha y la organización en los distintos colegios en pos de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Del otro lado del Congreso y con una mucho menor concentración, el sector que se pronunció en contra de la legalización del aborto se mostró con consignas que manifestaban: «Matar no es un derecho»; «Adopción es la opción»; «Salvemos las dos vidas». Al mismo tiempo pero desde el escenario verde se anunció que «llevamos 10 horas demostrándole al Congreso que tenemos aguante y no nos vamos a ir hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito. ¡Aborto legal en el hospital!»
Mientras en el recinto se debatía sobre el proyecto de la IVE, afuera -en los alrededores de la plaza- una multitud color verde pronunció que «Nosotres ya estamos decidides pero hay que ver qué se decide allá (en el Congreso). Desde acá les marcamos el camino» y, acto seguido, un conjunto brazos con pañuelos verdes se extendió al grito unánime de «Que sea ley».
La noche fue larga y sobre Hipólito Yrigoyen la concentración brilló por su ausencia. Del otro lado, en cambio, entre canticos, bailes, abrazos y muestras artísticas la marea verde siguió bien firme y exigió -sin cesar- «Aborto legal ya».
Fueron miles y miles. Algunas rotaban a pesar del frío invernal de la noche, otras se quedaron hasta los festejos finales. Estallaron con cuando el jefe de la de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dijo: “El proyecto fue aprobado”.
Mirá las fotogalerías de ANCCOM con las imágenes de la vigilia en ambos lados del Congreso:
Jun 6, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar
Horas después de la masiva marcha NiUnaMenos que tiñó de verde la Plaza de los Dos Congresos, el martes 5 se llevó a cabo la anteúltima audiencia por la ley de legalización del aborto en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Concluida la ronda de exposiciones que comenzó el 10 de abril, los diputados y diputadas se reunieron a las 15 para negociar un proyecto común y definir las bases del dictamen que se tratará el 13 de junio en el recinto.
El pronóstico es casi de empate. Lejos de arrojar certezas, los cálculos indican que todo puede pasar y la palabra final parece estar en manos de un grupo de 30 legisladores indecisos pertenecientes, en su mayoría, a Cambiemos y al Frente Renovador. En este contexto, diputadas a favor de la despenalización y legalización del aborto anunciaron la posibilidad de realizar algunas modificaciones que flexibilicen el proyecto con el objetivo de ganar adhesiones. Los puntos a reformar tienen que ver con la incorporación de la objeción de conciencia que otorga a los médicos la libertad de negarse a practicar un aborto siempre y cuando estén anotados en un registro público; y la segunda cuestión refiere a la necesidad de asistencia del padre, madre o tutor en el caso de interrupciones de embarazo solicitadas por menores de 13 a 16 años.
El martes 5 se llevó a cabo la anteúltima audiencia por la ley de legalización del aborto en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Victoria Donda fue la primera en tomar la palabra y explicó que “lo que se está debatiendo es un proyecto de ley que tiene muchas miradas. El que llegue al recinto seguramente no coincida con el que queríamos pero es el proyecto posible, es el consenso necesario”. Luego, la diputada de Libres del Sur pidió sinceridad en el debate y se dirigió a los “pro-vida”: “Si defienden las dos vidas presenten un proyecto que derogue el artículo 86 (que actualmente establece las tres causales de aborto no punible) y persigan las clínicas clandestinas, eso es ser sincero”.
Este jueves se realizará la última reunión del plenario de comisiones y se prevé que el dictamen definitivo se dará a conocer el martes 12 para finalmente votar en el recinto el 13.
Se prevé que el dictamen definitivo se dará a conocer el martes 12 para finalmente votar en el recinto el 13.
PRO-aborto
Dos horas antes de la audiencia, a las 13, legisladores y funcionarios del interbloque Cambiemos se reunieron ante la cúpula del Congreso y posaron frente a las cámaras con los pañuelos verdes al viento. Inmediatamente después del flash resonaron los aplausos y el grito “¡a convencer a los indecisos! Sin embargo, fueron varios los funcionarios del PRO que manifestaron su descontento y denunciaron que la fotografía rompe con las reglas de convivencia que rigen al interior del bloque.
Al respecto, Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión Legislación General, dijo a ANCCOM: “Nos sacamos la foto para visibilizar nuestra postura y sumar adhesiones dentro del bloque. Estamos haciendo todo para que salga la ley posible”. Y agregó: “Las presiones para que los diputados no votemos a favor son conocidas por todos, pero cada uno de los legisladores a esta altura debe tener su decisión más que clara. En ese sentido creo que la Iglesia está asumiendo una actitud equivocada.”
Por su parte, Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a los representantes de las dos posiciones dentro de Cambiemos. El diputado Daniel Lipovetzky (a favor) y la diputada Carmen Polledo (en contra) se reunieron en el despacho del presidente quien los felicitó por el debate y pidió que reine la paz y la buena convivencia dentro del bloque.
May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
A una semana de la violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja, los operarios que acampan y mantienen la protesta sobre la ruta 205, a apenas 200 metros de la Planta 1 de la firma en Ezeiza, aguardan una respuesta que nunca llega. La comisión de delegados, los representantes de la empresa Wade S.A. -de Joaquín de Grazia, presidente de la avícola Granja Tres Arroyos- y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y su Jefe de Gabinete, Gastón Granados, se reunieron el lunes en el municipio para poner fin al conflicto con la planta avícola. Mientras se llevaba a cabo la reunión de las partes, se desplegó un gran operativo al mando de Gendarmería, Policía de Prevención Motorizada, Infantería, Policía Montada, Policía de Ezeiza, además de perros y camiones hidrantes. La absurda relación de fuerzas otra vez saltaba a la vista, como ya había ocurrido la semana anterior: cerca de 3.000 efectivos y aproximadamente 300 manifestantes.
Mientras se reunían las partes se desplegó un gran operativo policial .
El plan de reestructuración que les presentó Wade a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo “no cambió ni en una coma”, explicó a ANCCOM Daniel Vega, delegado de Cresta Roja y evidenció que la propuesta de reincorporación de los más de 1.000 trabajadores en etapas, no es nada más que un plan de ajuste: “Son 225 personas por etapa, en tres etapas. No hay un puesto más de laburo, a las 225 personas tenés que descontarle: administrativos, supervisores, encargados; o sea que entrarían 170 o 180 operarios”. Además, confirmó el funcionamiento de la empresa bajo un manto de flexibilización laboral: “Wade está trabajando en negro, sin otorgar relación de dependencia, porque no le hizo contrato a nadie, no están asegurados, no les dio ropa, no les dio botas. Están trabajando diez u once horas, en un turno solo, 180 personas. Cuando es una planta que trabajó hasta hace cinco meses con 420 personas; y estamos hablando de Planta 1, los de Planta 2 estamos todos afuera. 911 personas, afuera”.
La absurda relación de fuerzas fue evidente, cerca de 3.000 efectivos y 300 manifestantes.
Los manifestantes mostraron las dificultades al no contar con un trabajo estable, viéndose obligados “a hacer changas” prescindiendo de una fuente laboral que mucho necesitan. “Al operario que se queda afuera, esperando, le van a dar 10 mil pesos por mes, hasta julio de 2019. Si para esa fecha no entraste en ninguna de las etapas quedás afuera, pero no cobrás más esa plata, y para cobrar la indemnización le tenés que hacer un juicio a Proteinsa S.A., la última empresa que se hizo cargo de Cresta Roja. Proteinsa está fundida, ¿A quién le vas a hacer juicio? ¿A quién le vas a sacar la plata de tu indemnización? A nadie”, respondió Vega, a sus preguntas y a la de sus 1300 compañeros.
El plan de reestructuración lo propuso Wade en marzo y el gremio de Alimentación (STIA) le dijo que no. El plan operativo incluye en las negociaciones a cuatro gremios, si alguno de ellos no está de acuerdo, no se puede implementar. “Nosotros (STIA) no firmamos, firmaron UOMA, UATRE y Camioneros”, repasó Vega y desnudó la poca representación de los gremios a favor del plan operativo: “Esos tres gremios en conjunto no llegan a la cantidad de afiliados que tenemos nosotros con un solo gremio. Camioneros tiene 22 operarios y nosotros, sólo en la Comisión de Delegados, somos 11. Ellos firmaron y eso nos arrastró a esto”.
Hace una semana hubo una violenta represión sobre los trabajadores de Cresta Roja.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores siguen reclamando: “Lo que tiene que hacer Wade (Granja Tres Arroyos) es dar un paso al costado, como nos lo dijo en la reunión que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo”. Allí los representantes de la nueva sociedad anónima -los mismos propietarios de Granja Tres Arroyos- habían manifestado que si el negocio no cerraba, se desvincularía. Pero los delegados de la planta vitivinícola denunciaron: “Estamos viendo que es mentira porque acá siguen con Gendarmería, hicieron una barricada e hicieron entrar a la gente a laburar”.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores de Cresta Roja siguen luchando.
La complicidad con las fuerzas de seguridad también es clara. No solo para que la protesta cese, sino para prevenir cualquier nuevo intento de corte de ruta, como los de las anteriores semanas. “Yo le hablaría al presidente Mauricio Macri también. Tratar a un trabajador así le saca toda la dignidad, y hasta al gobierno le saca la dignidad. Él tiene menos dignidad que yo, porque yo peleo por mi trabajo, no transo con nadie y no voy a dejar a ningún compañero tirado”, señaló Daniel Vega, y luego sentenció: “Él dejó tirado al pueblo que lo votó y al que él mintió. Acá hay mucha gente que lo votó y es parte del pueblo también”.
Las fuerzas de seguridad buscan que cese la protesta.
May 23, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Mañana del lunes 14 de mayo. Sarmiento 3120. Entre Anchorena y Ecuador. Barrio de Once. Migrantes senegaleses, haitianos y dominicanos. Desalojados. 37 familias fueron violentamente expulsadas del hotel donde vivían. La medida fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de la Defensoría de la Ciudad, teniendo como principales afectados a vendedores ambulantes. Desalojados y denigrados.
Jackson, miembro de la comunidad senegalesa que se hizo presente en el lugar, expresó su indignación al respecto: “No saben dónde llevar a sus hijos, ni dónde dejar sus cosas. Hay niños discapacitados. Esto es realmente horrible”. Se les impide trabajar, y además se les obstaculiza su situación habitacional. “Es un ensañamiento particular del Gobierno hacia las familias extranjeras de color”, expresaba una mujer de paso, que se encontró siendo testigo involuntaria del hecho.
Este acontecimiento fue de mayor gravedad al sucedido hace un mes, durante la mañana del sábado 14 de abril, cuando luego de una serie de violentos incidentes que involucraban a la Policía y a los manteros senegaleses, se desató una reacción popular en el barrio porteño de Flores que tuvo como consecuencia la detención tanto de vendedores senegaleses, como de testigos que pasaban por el lugar.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres, afirma que “este tipo de persecuciones son comunes en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.
Todos los detenidos de aquel sábado de abril, hicieron una denuncia colectiva en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde Demian Zayat es el coordinador de un programa contra la violencia institucional. “Está operando muy bien, y se articula con nosotros y los vendedores para recibir las denuncias y demás”, afirmó Guaraz.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.
Pero el episodio del lunes 14 y su predecesor del mes de abril fueron tan sólo los más mediáticos del último mes. Guaraz afirma que la represión hacia los manteros data del año 2011: “El Gobierno de la Ciudad contrataba barras para pegarles y sacarles la mercadería. Sin embargo ellos resistieron porque están hechos de la ‘necesidad’, de la situación que les tocó vivir. Los senegaleses son muy solidarios entre ellos y son duros. No los van a sacar fácilmente”. Vendedores Libres está pensando en tomar medidas de fuerza para visibilizar la situación y crear lazos solidarios con los compañeros cuyos derechos están siendo vulnerados.
El mayor peligro con que amenaza este gobierno es el que afecta a la vida. Muestra de esto es el asesinato de Massar Ba, uno de los más fervientes representantes de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), el 7 de marzo de 2016. La causa se encuentra sin avances al día de la fecha.
Una de las premisas de la política migratoria de la República Argentina consiste en reconocer derechos fundamentales de los seres humanos, sin importar su origen, sin embargo la realidad de las leyes demuestra lo contrario. Es el caso de los migrantes de origen senegalés, que no cuentan con regulación migratoria que les facilite radicarse en el país de forma legal, debido a la inexistencia de una embajada de su país en la Argentina. Esto les impide a su vez, poder trabajar en blanco (siendo la relación de dependencia requisito excluyente para los inmigrantes extra-MERCOSUR) e insertarse plenamente en la sociedad, además de la imposibilidad de acceder a los mismos beneficios que otros migrantes.
«Los senegaleses son una parte invisibilizada de la sociedad», dice Omar Guaraz, de Vendedores Libres.
Los hombres senegaleses escapan de situaciones de extrema pobreza, arribando al país sin otra opción que refugiarse en la ayuda de sus propios compatriotas y en las organizaciones sin fines de lucro sostenidas por ellos. En la actualidad, la comunidad ronda las cuatro mil personas, entre las que se destacan mayormente hombres de entre dieciocho y veinticinco años, que llegan para instalarse y establecer una base en la ciudad para, después de un tiempo, al lograr cierta seguridad económica, regresar a Senegal. Generalmente se desarrollan en el sector informal, en gran medida en la venta ambulante (la actividad que más se realiza en su lugar de origen), aunque algunos ocupan puestos en seguridad privada y servicios gastronómicos u hotelería. Unos pocos, además de trabajar durante todo el día en las calles, realizan una carrera universitaria porque sueñan con un futuro mejor. Residen en todo el territorio nacional, pero su presencia es mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Trabajan principalmente en los barrios de Once, Palermo, Liniers, Flores y San Telmo, lugares donde sufren las redadas policiales y el decomiso de las mercaderías. Sin dejar de lado, además, la discriminación que sufren por parte de la sociedad en general.
“Son la parte invisibilizada de la sociedad, aunque no son los únicos”, explicó Guaraz. “La justicia fue colonizada y transformada en ‘injusticia’. Te pueden privar de tu libertad, te pueden procesar, te pueden armar causas judiciales. Lo mismo que les está pasando a los manteros le va a pasar a la sociedad”, concluyó.
El Decreto Migratorio de enero del 2017 avala la deportación de toda persona extranjera ingresada en el sistema penal, independientemente de ser culpable o inocente y siendo el margen de apelación mínimo. ¿Se toman prevenciones para que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los vendedores no terminen resultando funcionales a las políticas migratorias del gobierno?
Para protegerse del accionar del Estado, desde Vendedores Libres se apuesta a la organización como plan de lucha para sobrevivir, involucrando a la mayor cantidad de trabajadores posible, organizándolos, buscando testigos, armando grupos de Whatsapp para compartir las denuncias con legisladores, diputados y con la Defensoría de la Ciudad, entre otros.
La mayoría de los inmigrantes senegaleses trabajan en la venta ambulante.
Por otro lado, Moustafa Sene, representante y vicepresidente de la Asociación de Residentes Senegaleses de la Argentina, se mostró en desacuerdo con la postura de Vendedores Libres y otras organizaciones que alientan manifestaciones de protesta: “La lucha es desde otro lugar y de otra forma. La noción de prevención es muy importante. Los que vivimos dentro de la comunidad, sabemos y sentimos lo que pasa. Nosotros ya fuimos varias veces a esas comisarías, al juzgado y a la Defensoría. Lo que podemos hacer ahora es buscar otra alternativa. Ver cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad, cómo podemos hacer para que los chicos se capaciten y sepan que ‘el lugar prohibido es prohibido’ y no se puede seguir luchando para seguir en la calle. No se puede mandar a la gente a enfrentarse con la policía, sabiendo que no podés pararlos. Porque lo que generas son antecedentes penales para esa gente que hoy ya está en problemas (ya sea con la venta, con la vivienda). La violencia de la policía es otra cosa, y en cualquier momento que ellos cometan una infracción contra uno de nosotros de manera injusta, estaremos listos para denunciarlos. Pero no vamos a acompañar a nadie en esa forma de lucha porque no es nuestro modo. Hubo varios jueces que se preocuparon frente a la cantidad de causas en estos últimos años cuando la comunidad era una de las más tranquilas. Uno de los pedidos de Migraciones, es que eviten las causas judiciales, ya que frente a ellas tendrán serias dificultades para negociar una amnistía. Ahora, llevar a cabo ciertos actos es darle una mano a la criminalización del migrante senegalés. ¿Quién sabe de lo que es capaz la policía si te tienen en la mira? Son capaces hasta de plantarte delitos”, sentenció Sene.
Sólo en el mes de abril, se registraron más de 50 detenciones contra vendedores senegaleses en el barrio de Flores. La venta ambulante es una picazón que el gobierno no para de rascar. Vendedores Libres denuncia una política de exclusión, violencia y xenofobia extremas orquestada mediante un accionar ilegal. Y como una parte más de este plan, sin pan, sin trabajo, y ahora sin techo. Desprotegidos. Denigrados. Desalojados.
May 18, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
La Marcha de antorchas convocó a docentes, investigadores y estudiantes de todo el país.
Eran las cinco y media de la tarde cuando la comunidad universitaria empezó a tomar la calle. La multitudinaria “Marcha de antorchas” convocó ayer a docentes, investigadores y estudiantes de todo el país bajo un mismo lema: la defensa de la educación pública y el salario docente. La movilización -preludio de la Marcha Federal convocada para la semana próxima- fue motorizada por las federaciones gremiales docentes Conadu y Conadu Histórica, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), junto a las agrupaciones de cientifícos y centros de estudiantes de todo el país.
La protesta se gestó ante el rechazo de la propuesta del gobierno de un aumento salarial a los profesores universitarios de un 15% abonable en cuatro cuotas y sin aplicación de cláusula gatillo. Los gremios exigen un 25% de aumento y aplicación de cláusula gatillo.
En ese contexto, la masiva movilización de este jueves quedó ampliada a una dura crítica a la política económica oficial, los tarifazos y las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diálogo con ANCCOM, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, comentó que “la protesta no es únicamente por el salario ni por el presupuesto sino por una Universidad inclusiva y democrática que hoy, desde el gobierno, se pretende transformar en elitista y para pocos”. Además, advirtió la preocupación de la comunidad educativa por la vuelta al FMI. “Ya conocemos las consecuencias de esto, sabemos que se viene más ajuste en el Estado y que va a impactar fuertemente en las universidades”, anticipó.
Las antorchas se hicieron visibles cuando empezaba a anochecer.
La movilización hacia la Plaza de Mayo se mezcló en un tramo con el reclamo convocado por movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos en rechazo al acuerdo con el FMI. Alrededor de las 18:00, docentes, estudiantes e investigadores -y también algunos dirigentes políticos- comenzaron a avanzar lentamente detrás de una bandera que rezaba “en defensa de la Universidad pública”. Media hora después, cuando ya empezaba a anochecer, se encendieron las primeras antorchas, muchas de ellas fabricadas en caña y con un mechero. Otras, portadas por estudiantes y autoconvocados, eran más improvisadas: una vela y una botella cortada, una latita con aceite en un palo, un tachito con una vela en el medio. Las banderas gremiales, los carteles, la música del camión que sirvió de palco para el acto de cierre, algunos bombos y pirotecnia acompañaron el camino. En los carteles se veían varias caras: el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ex titular de Economía, Domingo Cavallo; el presidente Mauricio Macri; y de la cara visible del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. La presencia policial fue escasa y se concentró en el ordenamiento del tránsito.
A las 19:00 el camión llegó frente a la Plaza de Mayo junto al Cabildo, y el acto comenzó con el Himno Nacional Argentino. Antes de que hablaran los referentes sindicales, la marcha entera gritó a coro y varias veces “viva la Patria, viva la Universidad, viva la educación pública” y “Patria sí, colonia no”.
La movilización se amplió a una dura crítica a la política económica oficial, los tarifazos y las negociaciones con el FMI.
Los oradores fueron Roberto Baradel, secretario adjunto de CTERA; Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica; Alejandra Lopez, secretaria general de SADOP; Ricardo Mozzi, paritario de FAGDUT, y De Feo. Todos manifestaron un efusivo rechazo a las políticas del gobierno, cuestionaron con énfasis las negociaciones con el FMI, e hicieron hincapié en la necesidad de la lucha “en conjunto” de toda la comunidad educativa.
“Tenemos que defender la educación pública y luchar por paritarias sin techo, pero también por la inversión educativa y el financiamiento. El acuerdo con el FMI es menos educación y más pobreza. Y por eso lo rechazamos”, subrayó Baradel.
Las banderas, los carteles y las antorchas se alzaron en defensa de la educación pública.
Unas horas antes de la protesta, el gobierno anunció un aumento del 5 por ciento a cuenta de los futuros incrementos que se definan en la negociación salarial. La Conadu cuestionó la medida por “unilateral”.
El acto finalizó con una desconcentración pacífica. Para las 20:30, la columna principal ya se había disuelto, pero algunas de las muchas antorchas se resistían a apagarse.
