Abr 19, 2018 | Novedades
Linea Peluda es un colectivo de ilustradoras unidas por el feminismo. A seis días de su nacimiento, ya son más de doscientas ilustradoras de todo el país y su cuenta de Instagram escaló a más de dieciocho mil seguidores. Su primera intervención artística fue en el último #martesverde -convocado por la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito-, en el que formaron parte de las actividades que se llevaron a cabo en las veredas del Congreso para manifestarse a favor del tratamiento del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En la ilustración de Flo Meije dos manos se agarran fuerte, con un pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito entrelazado en la muñeca. Sobre el vientre de una mujer el reclamo “Aborto legal ya”, en el trazo de Maitena Burundarena. Dos chicas sostienen una caja de Misoprostol al tiempo que gritan al unísono “Aborto legal es vida” en la historieta de La Cope.
El perfil de Línea Peluda está plagado de pinceladas verdes de ilustradoras de distintos puntos del país. La propuesta nace en consonancia con una explosión de dibujos y webcomics de autoras mujeres que toman un espacio que históricamente había sido terreno exclusivo de los varones. El humor gráfico hoy encuentra a las mujeres como protagonistas para transmitir su visión sobre el mundo y la lucha por sus derechos.
El proyecto surgió de forma espontánea como iniciativa de Lia Copello, autora de la historieta La Cope. “Nos dimos cuenta de que cada una estaba dibujando sobre lo mismo por su cuenta y dijimos: ‘¿qué pasa si nos agrupamos?’ Empezó siendo un grupo muy reducido, de quince o veinte personas, y de golpe éramos más de doscientas. La convocatoria escaló muy rápido, así que tuvimos que empezar a organizarnos de otra manera, tenemos mucho material para compartir”, cuenta La Cope y agrega que el colectivo se caracteriza por reunir en la diversidad a todo tipo de ilustradoras que llevan en sus obras la lucha por la despenalización del aborto, “Hay ilustradoras, historietistas, tatuadoras, animadoras. Nos une el lenguaje propio de cada una, el haber llevado adelante nuestras ideas solitas, como proyectos personales. Nos une la sensación de querer encontrarnos con la otra que refleja en esto que se dio de un día para el otro y por lo que todas estamos muy emocionadas”.
La primera intervención artística de Línea Peluda fue el pasado #martesverde en la tercera jornada de debate por la despenalización del aborto, que encontró a Maitena Burundarena, La Cope y Flo Meije como representantes del colectivo dibujando en ronda con decenas de mujeres. La vereda del Congreso se colmó de papeles, témperas verdes, lápices y pinceles. Las obras terminadas cubrieron las paredes y más tarde fueron regaladas a algunas de las miles de mujeres que se convocaron. “El martes verde con la ronda de todas dibujando en la vereda del Congreso fue emocionante, por los carteles que se dibujaron y se regalaron a la gente que pasaba, pero sobre todo por el mensaje de inclusión y sororidad de esas mujeres luchando por los derechos de todas”, cuenta Maitena, ícono del humor gráfico hecho por mujeres, y testigo de un cambio de época en el que celebra que haya una explosión de mujeres que ilustran y transmiten mensajes feministas. “La convocatoria de Línea Peluda es un tornado de amor, la forma en que se armó y la pluralidad de voces que forman el colectivo de dibujantas de todo el país es una noticia hermosa”, expresa Maitena.
En los últimos años, con el impulso de la llegada de las redes sociales, se masificó la participación de las mujeres en la ilustración y la creación de humor gráfico. Hoy no sólo hay una explosión de autoras femeninas sino también una deconstrucción de la idea de que la mujer no es graciosa. Así lo explica Flo Meije: “El ámbito del humor siempre fue complicado para la mujer. Cualquier mujer graciosa deja automáticamente de ser sexy. Es muy extraño eso que pasa. La mujer graciosa pasa a ser varón. Siempre te dicen cómo ´ah, hablas como un tipo, pareces un chabón´ y yo pienso: ‘no querido, tengo vagina, hago humor y puedo ser sexy también eh!’ Hay que deconstruir esa idea sobre el humor de la mujer. La mujer se ríe de un pedo, se ríe de la caca, se ríe de todas esas cosas que se ríen también los hombres. Además, puede participar y también tiene una voz.”
La ilustración y el humor gráfico también son un escenario en donde se plasma la lucha que las autoras de las viñetas llevan adelante como mujeres. “Toda militancia va creciendo adentro y de pronto te das cuenta de que todo lo que haces está afectado por eso. A mí me pasó así, al principio tenía una militancia más tímida o creía en cosas que ahora no. Cuando empecé a entender, a crecer y a militar más sentí que tenía que empezar a reflejarlo en mi laburo, fue una consecuencia lógica”, relata La Cope. En el mismo sentido Eugenia Hernández, una de las primeras ilustradoras de ANCCOM e integrante del colectivo y más conocida como Euge Dibuja, agrega: “El feminismo aparece en mis dibujos a partir de la cotidianeidad, de reflexiones que me surgen en el día a día, todo eso trato de bajarlo al papel. A veces me acuerdo de situaciones que me violentaron por ser mujer y cuando me cae la ficha de lo que me pasó siento la necesidad de materializarlo en un dibujo”.
En consonancia con otros colectivos de mujeres artistas unidas por rubro, Línea Peluda nace de la lucha por la despenalización del aborto. Al respecto, Flo Meije concluye: “La despenalización tiene que ver simplemente con una cuestión de derechos. El derecho a vivir, a no pasarla mal. Me parece ridículo y absurdo el discurso que sostiene ´que lo tengan igual´ como si fuera un castigo tener un bebé. Creo que un bebé tiene que ser algo que una desea y disfruta. Hay muchas mujeres que van, lo hacen (el aborto) y no tienen ningún tipo de consecuencia. Y está bien. Pero para la mujer pobre es una condena a muerte segura, y eso es muy triste”. En la misma línea, Euge Dibuja expresa: “Las mujeres siempre abortamos, no es algo nuevo, pero lo hacemos a la sombra de las leyes y en la clandestinidad están muriendo miles. Es momento de que esto pare, de que todas podamos decidir dignamente y tener el control sobre nuestros cuerpos”.
Abr 14, 2018 | Novedades, slider, Te puede interesar
Este jueves finalizó la presentación del alegato de la Asociación Memoria Activa, querella en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, que representa a familiares y amigos de algunas de las 85 víctimas de la explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Al cierre de su tercera jornada de alegatos, Rodrigo Borda, representante legal de la organización, pidió ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 penas de entre tres años y veinte años de prisión para los trece imputados y explicó sus responsabilidades.
Para el exjuez instructor de la causa, Juan José Galeano, Memoria Activa solicitó 20 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por haber negociado una nueva versión de los hechos con el imputado Carlos Telleldín, lo que implicó el pago de dinero y la coordinación de maniobras para el encubrimiento de la primera causa AMIA. La querella de Memoria Activa también lo acusó del delito de coacción, privación ilegítima de la libertad de los 15 expolicías bonaerenses que estuvieron detenidos y acusados de haber cometido el atentado y prevaricato.
Para Eamon Mullen y José Barbaccia, exfiscales de la causa, imputados también como partícipes de la privación ilegal de la libertad de los policías a quienes se incriminó falsamente en el juicio anterior, la querella solicitó tres años respectivamente e inhabilitación absoluta perpetua.
Borda pidió, además, seis años de prisión -la pena máxima para el delito del que se lo acusa- e inhabilitación especial por diez años para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Nación, Carlos Menem, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
En su alegato, Memoria Activa también solicitó diez años e inhabilitación absoluta perpetua para el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, acusado de haber autorizado el uso de los fondos a su cargo para pagarle a un imputado que declarase una versión falsa de los hechos, previamente acordada con Galeano. Y exigió cinco años e inhabilitación absoluta perpetua para el ex agente de Inteligencia Patricio Finnen y seis años de prisión más de inhabilitación especial por diez años para ejercer toda función, cargo o empleo público para el ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar, ambos considerados partícipes necesarios de los delitos mencionados.
Para el ex comisario Jorge «Fino» Palacios- quien sería el brazo operativo del armado de la primera Causa- la organización de familiares de las víctimas pidió cinco años de prisión y cinco años con seis meses para el ex policía Carlos Castañeda, más la inhabilitación especial por diez años para ejercer toda función, cargo o empleo público respectivamente. A su vez, solicitó cuatro años y ocho meses, más inhabilitación absoluta perpetua para el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, acusado de ser partícipe del pago ilegal a Telleldín.
Para Carlos Telleldín, último propietario conocido de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, quien cobró 400 mil dólares por declarar en contra de 15 agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para plantar una pista falsa, la querella solicitó cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Tres años para su ex esposa, Ana Boragni, quien recibió el dinero del soborno, y tres años con seis meses para Víctor Stinfale, el abogado defensor de Telleldín en el momento en que se le pagó el soborno, más inhabilitación absoluta para ambos. Además, la querella pidió accesorias legales y exigió que los imputados solventen los costos del proceso judicial.
Casi 24 años después del atentado terrorista que mató a 85 personas y dejó más de una centena de lesionados tras la explosión de una bomba colocada en el edificio de la calle Pasteur al 633, el hecho aún permanece impune. Una investigación plagada de irregularidades y maniobras ilegales de encubrimiento por parte de las fuerzas policiales, de los servicios de Inteligencia, y de las propias autoridades judiciales del caso condujo a que el juicio por el atentado finalizara en septiembre de 2004 con todos los imputados absueltos. Los autores materiales de la masacre y sus cómplices continúan libres hasta el día de hoy.
Ahora, en el juicio por encubrimiento iniciado en agosto de 2015, aquellos encubridores que privaron de toda posibilidad de justicia a las víctimas del ataque, así como a sus familiares y seres queridos, deben rendir cuentas por sus procedimientos ilegítimos durante el transcurso de la causa AMIA. “A las personas que represento en este juicio no solo las damnificó el atentado a la AMIA, sino son víctimas del atentado terrorista. También son víctimas de la impunidad, de la falta de verdad y de la falta de justicia”, aseveró Borda. “La participación que les atribuimos a los imputados en las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA fue una participación dolosa. Los acusamos por cosas que hicieron de manera intencional para impedir que las víctimas puedan obtener verdad y justicia.”
Presente en cada una de las audiencias, Diana Malamud, referente de la Asociación Memoria Activa y viuda de Andrés, un arquitecto de 37 años que perdió la vida en el atentado expresó: “Ellos son los responsables de que no conozcamos la verdad. Nos quitaron la posibilidad de saber quién mató a nuestros familiares y por eso queremos que paguen por ello”, expresó. En el mismo sentido se manifestó Adriana Reisfeld: “En esta instancia de alegatos, al escuchar a nuestro abogado, nos sentimos reconfortados porque estamos escuchando la verdad”, dijo en diálogo con ANCCOM. Su hermana Noemí, una asistente social de 28 años, estaba en el edificio de AMIA en la mañana del atentado a pesar de que no le correspondía ir a trabajar ese día. La joven había ido a reemplazar a una compañera y falleció en la explosión. “Hoy está clarísimo que todo lo que está diciendo Rodrigo Borda es real. No hay nada para refutarle, ni de parte de los exfiscales ni del exjuez. No sabemos qué va a pasar, pero creemos que esta es la instancia donde la Causa AMIA prácticamente termina, porque en el encubrimiento es donde no nos dejaron saber la verdad.”
Desde el comienzo del alegato, Borda ratificó su intención de acusar a todos los imputados, diferenciándose de la postura de la recientemente disuelta Unidad AMIA, querella que representa al Estado Argentino, que en su alegato no solicitó condenas para los exfiscales Mullen y Barbaccia. Durante su presentación, el abogado querellante refutó el argumento de algunos de los imputados que justificaron su accionar como “inexperiencia”, al atribuir las irregularidades cometidas durante la investigación a la falta de preparación, escaso conocimiento sobre terrorismo y falta de recursos para investigar. Borda también criticó lo planteado por Unidad AMIA para quitar la imputación a Mullen y a Barbaccia, escudada en que su acusación supondría voltear las alertas rojas contra los iraníes. “Es un argumento hipócrita y absurdo porque intenta ocultar las verdaderas razones por las cuales piden la absolución de estos dos personajes, que es lo que dice Cimadevilla, el «amiguismo»”, manifestó Borda, en referencia a la amistad de los exfiscales con el actual Ministro de Justicia Germán Garavano.
Sobre la reciente disolución de la Unidad AMIA y la designación de Mariano Fridman como nuevo abogado de la querella, Malamud declaró: “Me parece bochornoso, escandaloso. Fridman fue abogado de la DAIA, después fue abogado de la querella de DAIA y AMIA, durante el anterior juicio, y sigue en contacto con ellos. Es como si pusiesen a investigar la causa AMIA de nuevo a Galeano. Me da vergüenza ajena tener un Ministro de Justicia como el que tenemos.”
Entre los argumentos esgrimidos para acusar a los imputados de encubrimiento, Borda resaltó el pago ilegal a Telleldín, para que declarara en contra de 15 policías de la Bonaerense, acusados de integrar la “conexión local” y de haber recibido de Telleldín la camioneta Trafic que supuestamente llevaba la bomba. De esta manera se plantó una hipótesis falsa y se desvió la investigación de la llamada “pista siria”, que vinculaba al empresario de origen sirio Alberto Kanoore Edul, allegado al entonces presidente Carlos Menem, y al mullah (clérigo musulmán) y ex agregado cultural iraní en Argentina, Moshen Rabbani. Esta maniobra orquestada por el destituido magistrado Galeano, que según Borda fue “una acción falsa y coordinada”, habría sido avalada por los ex fiscales de la causa y contaría con la complicidad de los agentes de la ex SIDE imputados, y el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja. “Galeano tuvo un rol fundamental en todo el suceso: propició el contexto, acordó la declaración con Telleldín, solicitó a Anzorreguy y a Finnen los fondos públicos para pagar por esa declaración, negoció las condiciones del pago, y dispuso y coordinó con la SIDE el operativo clandestino para darle a esos fondos un destino ajeno a la administración pública”, repasó el abogado. Sobre la participación de Beraja en el encubrimiento, agregó: “No era un dirigente cualquiera. Era el más importante de la comunidad con un enorme poder político. Él mismo reconoció que tenía un trato cercano con el presidente de la Nación y acceso a ministros, legisladores y jefes de policía. Era una persona muy influyente por lo que es significativo el apoyo y la cobertura que dio Beraja desde su posición de poder al emprendimiento delictivo que llevaron a cabo Anzorreguy y Galeano”.
Borda también denunció que Galeano, además de tomar como pruebas las declaraciones falsas de Telleldín, basó su acusación contra los policías de las brigadas de Lanús o de Vicente López en los dichos de testigos coaccionados. “Galeano no era un juez que buscaba la verdad, que pretendía chequear lo que Telleldín y sus testigos decían. Lo que importaba era que avalaran la versión que vendió Telleldín”, expuso el abogado y añadió: “Galeano no presentó ningún elemento que probara la entrega de la camioneta (Trafic) a la policía. Fue una resolución prevaricadora. Más allá de estos testimonios falaces que se pagaron, no había ninguna prueba de que los policías se hubieran llevado la Trafic”. Luego aseguró que los exfiscales eran funcionales al armado de la maniobra policial y a los métodos ilegales que usó Galeano para darle algún sustento a esta pista, ya que sabían que le había pagado a Telleldín. Por este motivo, Borda sostuvo que Mullen y Barbaccia “son responsables no sólo por omisión sino que hicieron una contribución material a la maniobra de encubrimiento del atentado con la construcción de una pista falsa y un pago ilegal”.
Por último, el abogado se refirió a la participación del expresidente Menem en las maniobras de encubrimiento. “Queda en evidencia la parálisis que sufrió esta pista (sirio-iraní) entre agosto del 94 y febrero del 2000, pues entre esos años solo se produjeron medidas superficiales que no aportaron mayores elementos y, sobre todo, se omitieron medidas esenciales para avanzar en las pesquisas. En este contexto surge inevitablemente la siguiente pregunta: ¿por qué se paralizó la pista Kanoore Edul a pocos días del atentado para retomarla recién varios años después? Y la respuesta no puede ser otra más que la intervención del entonces presidente Carlos Menem para que se desvinculara al nombrado de la investigación por el atentado a la AMIA. Esta maniobra de encubrimiento cesó recién luego de que Menem había concluido su mandato presidencial.”, enfatizó Borda y argumentó que Menem incidió sobre los encargados de la investigación del atentado a la AMIA para que favorecieran personalmente a Kanoore Edul, sustrayendo medios de prueba y falseando documentos. “De esta manera se malogró todo resultado que pudiera representar un efectivo avance respecto de esta persona”, aseguró. “Si bien se ha dicho que a partir del año 2000 se reactivó la investigación de la pista sirio-iraní, es decir la pista Kanoore Edul, y se ordenaron numerosas medidas de prueba, esto no implicó deshacer los daños del encubrimiento que se había cometido con esa pista durante todos esos años anteriores.”
Borda cerró su alegato con el pedido al Tribunal de que investigue “hasta las últimas consecuencias. “Si bien esperamos que no haga falta un cambio de gobierno para que se investigue a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia denunciados, los familiares, tal como lo hemos demostrado, tenemos paciencia, perseverancia y sobre todo memoria. Lo único que nos falta es justicia y eso sí se lo pedimos a ustedes, señores jueces”, finalizó.
En las próximas audiencias continuará con la exposición de los alegatos del resto de las querellas y de las defensas de los 13 imputados. Recién entonces, en el plazo de unos meses, se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel- y se sabrá si las víctimas de del peor atentado terrorista cometido en nuestro país recibirán algo de justicia, luego de más de dos décadas de impunidad. Y si bien hay expectativas entre los integrantes de Memoria Activa de ver a los encubridores tras las rejas, las esperanzas de que los autores del atentado reciban el castigo que merecen son prácticamente inexistentes luego de tanto tiempo. “Ya a esta altura hay varios de los imputados iraníes que ya hasta fallecieron y que ni sabemos si realmente esa es la pista. Entonces esperar y pensar que va a haber justicia en esa área, por el atentado en sí, es imposible. Y menos que menos un juicio en ausencia”, sentenció Reisfeld.
“Si de algo son culpables todos estos delincuentes que están siendo juzgados hoy es precisamente de haber impedido eso, de habernos alejado de la posibilidad de que los verdaderos autores del crimen, los que pusieron la bomba y mataron a mi marido y a otras 84 personas algún día estén entre rejas. Hicieron todo mal desde el primer día, así que uno ya no cree en nada de lo que hicieron”, concluyó Malamud. “Queremos que no vuelva a ocurrir esto, que no haya ningún otro familiar reclamando justicia durante tantos años como nosotros. En la Causa AMIA la Justicia ha fracasado como tal, como institución encargada de brindar justicia.”
Abr 6, 2018 | Géneros, Novedades
“Es nuestra responsabilidad presionar a las personas que tienen el poder de decidir y que no hacen nada al respecto. La ley (de interrupción voluntaria del embarazo) tiene que salir independientemente de lo que piensen los representantes”, afirmó Iñaki García Ribas, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires.
Iñaqui Garcia Ribas (Presidente del centro de estudiantes) y Sol Rodriguez Marrapodi (Consejera de convivencia y forma parte de la comisión de género del colegio).
Iñaki, Gaia Gordin y Sol Rodríguez, integrantes del Centro, coincidieron en el diagnóstico: la emergencia del tema del aborto y la apertura social a discutirlo confluyen en que la despenalización en el mediano plazo es inevitable. “Quizás cuando se trate en estas legislativas no se apruebe, pero creo que más allá de la discusión que se está dando en el Congreso, el tema ha calado fuerte en la discusión social y eso es irreversible, porque cada nueva generación es incluso más feminista que la anterior. Eso hace que tarde o temprano el aborto sea legal en nuestro país y es nuestra responsabilidad intentar apurar a las personas que tienen el poder de decidir”, sostuvo Iñaki.
En los últimos días, múltiples organizaciones estudiantiles secundarias, terciarias y universitarias, organizadas en conjunto y sin acompañamiento de las instituciones educativas, se congregaron en asambleas con el objetivo de armar un plebiscito por la legalización del aborto seguro y gratuito. Un hecho que fortalece este reclamo en estado de emergencia es la adhesión de colegios secundarios, ya que abarca adolescentes de 12 a 18 años, sentando una postura en forma activa. El objetivo fue uno y claro: dar la discusión hacia afuera, dejar sentada la posición de los adolescentes y jóvenes sobre el tema, y darla a conocer a la sociedad y los representantes en el Congreso.
En el plesbicito el 91% se manisfestó a favor de la despenalización del aborto.
En el Nacional Buenos Aires los estudiantes pasaron con urnas por las aulas para recoger el voto de los 2000 adolescentes que allí cursan. El resultado fue rotundo: el 91% se manisfestó a favor de la despenalización del aborto. En este sentido, Gaia reflexiona: “Siendo una votación tan grande y de todo el colegio siento que se pudo visibilizar la magnitud del asunto, que la cantidad de gente que entiende que el aborto legal es un reclamo legítimo y urgente, y que los jóvenes tenemos una posición clara en el asunto, que estamos informados”.
El plebiscito fue pensado en consonancia con una política de género que hace años lleva adelante el Centro de Estudiantes: “Creemos que tener una verdadera política de género es que sea transversal a todo lo se haga, que no se aborde como un tema particular, sino que atraviese todas las discusiones. El feminismo no es algo a lo que darle prioridad solo el 8 de marzo, cuando se da la discusión por el aborto o en las marchas del Ni Una Menos; es algo que se vive todos los días en el colegio, y todo lo que hacemos se piensa desde esta perspectiva”, expresa Iñaki.
En lugar de vivir el presente como una transición en el paradigma, los adolescentes ya se sienten parte de este momento histórico, más crítico en lo que respecta a las cuestiones de género. El interés de los estudiantes es creciente en este tipo de reclamos, algo que no sucede con la política a nivel general en los secundarios. “Personas que nunca se habían acercado a un centro de estudiantes, que no se habían movilizado, encuentran en Género (un espacio dentro del mismo Centro) un lugar para participar, para empoderarse. Eso le da una perspectiva a los movimientos políticos, no sólo estudiantiles, sino también a todo el resto”, analizó Iñaki. Gaia también se expresa con orgullo respecto a las adhesiones: “Cada vez los pibes de años menores están más concientizados y son más curiosos, dispuestos a cuestionarse lo ya establecido. Tengo mucha fe en las generaciones que vienen para que el feminismo fluya a través de ellas”.
Colegio Nacional Buenos Aires.
La ausencia de las autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires en materia de género -denuncian los estudiantes- se deja ver en la no implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y del protocolo ante situaciones de violencia de género. En esta línea, Sol expresó: “Cada vez hay más casos de abusos y de acosos que están saliendo a la luz, pero se quedan en el escrache porque no hay un acompañamiento por parte de la institución. Las veces que las autoridades del colegio se involucraron en los casos manejaron mal la situación y la hicieron pública, sin respetar los tiempos de la víctima”. Sol denuncia la falta de asesoramiento y contención. En el mismo sentido, Iñaki reclamó: “Hay un protocolo ante situaciones de violencia de género que la institución no aplica. Lo que queremos aprender es cómo acompañar a la víctima. Tenemos esa responsabilidad, tenemos victimarios dentro de la institución: ¿qué hacemos con esas personas? Ahí es que falta la presencia de las autoridades”.
En cuanto a la no implementación de la ESI, Gaia sostuvo: “Tenemos educación sexual junto a Biología, en segundo año, pero no va más allá de lo biológico y no aborda perspectivas de género. El colegio debería garantizar que se traten temas de educación sexual de manera transversal a todas las materias, como bien explica la ESI”, e Iñaki agregó: “Las relaciones sexuales son tabú, sobre todo para los adolescentes. La mayoría de los docentes tienen alrededor de 50 años y les parece incorrecto hablar con nosotros sobre estos temas. Nosotros necesitamos hablar de sexualidad y sentirnos cómodos”. En la misma línea Sol reflexionó: “Como adolescentes deberíamos ser los primeros en poder recibir información en estos temas y no se nos permite porque atrás hay toda una sociedad retrógrada y machista que no quiere que hablemos de esto para que siga siendo todo como ellos quieren”.
Mar 25, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Con una Plaza de Mayo colmada en su mayor parte por ciudadanos autoconvocados, se celebró ayer el acto central por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 16.30, con la lectura de un documento que duró aproximadamente una hora, los organismos de derechos humanos recordaron a los 30 mil desaparecidos, volvieron a denunciar el plan sistemático de desaparición de personas y la complicidad civil y subrayaron el “retroceso en las conquistas de los derechos humanos” durante el gobierno de Mauricio Macri. “Cuando hay voluntad política los Derechos Humanos puede ser política de Estado”, enfatizó la presidenta de Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto.
Sobre el boulevard de la calle Carlos Pellegrini, Elsa Lombardo va y viene, corretea por ahí con su nieta Micaela bajo una pequeña arboleda que oxigena la avenida 9 de Julio. Juegan. Ríen. Después de un rato se sienta en un banco, con la respiración un poco agitada recuerda: “Yo trato de reírme todo el tiempo, pero estuve en el infierno”.
Elsa fue secuestrada la noche del 28 de julio de 1978 en la casa en que vivía con sus compañeros Enrique Ghezan, Isabel Fernández Blanco y su bebé de 40 días, en Munro. La brigada operativa de El Olimpo, un centro clandestino de detención, la secuestró cuando cocinaba polenta con chorizos. “Una vez que me tuvieron reducida se comieron la comida, se iban turnando”, recuerda.
A casi 40 años de su peor pesadilla, ofrece un taller literario en ese mismo lugar. “A mí me costó mucho volver al Olimpo, empecé a ir de a poco hasta que en un momento se me ocurrió dar un taller literario, y me dijeron: un solo día no, los talleres son de marzo a noviembre. Y así empecé a ir”. Algo emocionada, confiesa estremecerse cada vez que entra, “pero cuando estoy ahí digo: `Acá estoy compañeros, acá estoy´”.
Abrazo, lágrimas, sonrisas, familias y cánticos acompañaron al colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía, integrado por hijos y nietos de represores que condenan los crímenes realizados durante la dictadura por sus propios padres. Fue su primera movilización como colectivo un 24 de marzo. El grupo tiene menos de un año, se fundó después del fallo judicial que habilitó -temporalmente- la aplicación del 2×1 para los crímenes de lesa humanidad.
En la intersección de Lima y Avenida de Mayo, la directora del documental La guardería, Virginia Croatto, toma mate, charla y se ríe como una ciudadana más que va a la Plaza de Mayo a pedir Memoria, Verdad y Justicia. “Lo que más me atrapó era ver cómo nos afectaba a los niños lo que estaba pasando”. El documental muestra el exilio de los hijos de los militantes en Cuba, del cual Croatto fue parte. “Creíamos que teníamos un tío que iba a hacer aparecer a todos nuestros familiares que habían desaparecido”.
Las noticias que llegaban al país caribeño no eran las mejores y tener que contárselas a un niño no era una tarea sencilla. “Cada vez que había que contarle a un chico que un familiar se había muerto, se esperaba a que venga otro familiar a darle la noticia, había mucho respeto en ese sentido”. No obstante, el espíritu de la niñez seguía latente en la guardería: “Nosotros mismos convertimos la información que nos daban los grandes en relatos infantiles. A nuestra manera entendíamos la revolución y los ideales de nuestros padres. Igualmente, sabíamos que estaban desaparecidos, pero creíamos que iba a aparecer, que iban a volver”.
La principal noticia de la mañana del sábado fue la liberación del ex secretario de legal y técnica de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini y del dirigente Luis D’Elía. ANCCOM habló con él en medio de la marcha: “No pasé por mi casa, del penal me vine directo para acá”, cuenta el dirigente que aún permanece imputado en la causa del memorándum con Irán. Sobre esa causa afirmó: “Está herida de muerte”.
Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos y diputado nacional habló de una mezcla de sensaciones: “Nos levantamos alegres con la libertad de Zannini y D’Elía, pero a la vez te pones triste por tener que festejar la liberación de dos compañeros mientras hoy hay un gobierno que está haciendo pura política de retroceso en Derechos Humanos, discutiendo si los genocidas tienen que estar en cárcel común, en domiciliarias como pretende el ejecutivo”.
Los momentos más eufóricos del discurso de los organismos de Derechos Humanos fueron cuando se repasaron las medidas del gobierno y la justicia. “Le reiteramos al gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria, verdad y justicia. Ni un paso atrás ni un genocida suelto”, enfatizó Carlotto y Nora Cortiñas, de Madres Línea fundadora, llenó de aplausos la Plaza de Mayo cuando pidió por “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Hacé click en la fotogalería y mirá los dípticos de la memoria realizados por ANCCOM:
Mar 1, 2018 | Novedades, Trabajo
El comienzo de 2018 fue más que negativo para muchos trabajadores de organismos públicos en Argentina, y no solamente para aquellos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. De los 258 despidos en INTI, 50 corresponden a unidades de extensión en las provincias. En SENASA, en tanto, hay 130 despedidos a lo largo del país. A su vez, el cierre de Ferrobaires deja en estado de incertidumbre a 1.500 trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Tres casos que grafican la destrucción de puestos laborales a nivel estatal.
Desde hace 60 años, el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia (INTI) promueve el crecimiento industrial de diferentes ramas a lo largo del país. Los despidos afectan estructuralmente su trabajo. Juan Nicastro trabajaba en INTI desde 2008. Comenzó a cargo del Área de Comunicación en la región de Patagonia para luego ocuparse de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, hasta que a comienzos de año lo dejaron sin trabajo. En territorio cordobés, los despidos afectan principalmente las unidades de extensión de Cruz del Eje, Bell Ville y el Centro Aeronáutico Espacial.
Con respecto a la causa de los despidos, Nicastro cree que “esta es tan sólo la primera parte de una reforma del INTI”. La segunda parte de la reforma consistiría en la venta de activos para transferir los servicios del instituto: “Esto sería que las actividades de los laboratorios o controles de calidad del INTI pasen a ser llevado a cabo por empresas privadas, pero ¿quién garantiza que estos controles sean hechos con la misma rigurosidad?”, se pregunta.
Manifestación por los más de 250 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Mientras esta cuestión permanece sin respuesta, los despidos debilitan las tareas que deben hacer otros organismos estatales. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Mercedes García está cargo del Área de Prensa del organismo y trabaja en las plantas del Centro Regional Metropolitano desde hace 15 años. Su convivencia con el cuerpo técnico le permite vislumbrar el riesgo que los 130 despidos y la privatización de los servicios frigoríficos implican para el país: “Nosotros llevamos a cabo el control fitozoosanitario de todos los productos orgánicos que se mueven por el país y se exportan”, afirma. Según García, “el personal de SENASA es de justo a pobre, porque los programas que se ejecutan para que no entren enfermedades sostienen el status sanitario del país. Si se exportan productos que transmiten una enfermedad, se cierran los mercados de exportación. Hoy en día el país exporta a más de 100 compradores, y costó mucho llegar a esta situación”.
Los despidos abarcan los centros regionales de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe (principalmente el norte de la región y la ciudad de Rosario), Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Tucumán, Río Negro y el área metropolitana de Buenos Aires. García señala: “Se trata de personas que brindan servicios hace más de 20 años al Estado, calificadas de manera positiva por sus superiores y con conductas excelentes”.
Aún continúan las tratativas con las autoridades para revisar los despidos. Diferente es lo que ocurre en el caso de Ferrobaires, que parece tener la suerte echada. El 22 de enero de 2018, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el Decreto 1100 que establece que a partir del 15 de marzo el Estado provincial transferirá los servicios a la empresa nacional SOFSE.
Este pasaje de los dominios de la provincia a la Nación implica 1500 nuevos desempleados, de los cuales al menos 175 corresponden a las líneas de Bahía Blanca, Saldungaray, Pringles, Sierra de la Ventana, Necochea, Madariaga, Tandil y Mar del Plata.
Si bien desde la Unión Ferroviaria se lucha por transferir esos puestos a la Nación, el panorama es engorroso: la empresa apela a la posibilidad de retiros voluntarios a cambio de indemnizaciones que, según sostienen los empleados, no alcanzan para sostener una economía familiar.
Esta situación es crítica para José García, que lleva 29 años como ferroviario en Junín (donde habría más de 75 despidos) y 5 como Secretario General de la Unión Ferroviaria. “Es una forma de arriar a la gente y que se vaya por sus medios. No se quieren hacer cargo de la cantidad de gente que se queda sin trabajo. Nosotros solo queremos seguir trabajando”, se lamenta el trabajador. Lejos del centro político del país, la destrucción de puestos de trabajo en el Estado no se detiene.
