Este martes se hará pública una iniciativa de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatir los discursos de odio y la apología de los crímenes de lesa humanidad. El debate sobre el punitivismo y qué pasa cuando son los funcionarios públicos quienes banalizan un genocidio.
La reciente proliferación del discurso negacionista respecto a lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina preocupa a parte de la sociedad que creía saldada la discusión acerca de los crímenes cometido en el marco del terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad que vienen siendo juzgados y sancionados por la justicia nacional e internacional, desde hace más de 20 años.
Los organismos de Derechos Humanos ven con preocupación expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio, que proliferaron en los últimos tiempos. En ese contexto, el próximo martes 7 de noviembre presentarán un proyecto de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatirlo “a través de la educación, previniéndolo y erradicando los discursos de odio, poniéndole un límite a quienes respaldan el negacionismo como la etapa final del genocidio y defendiendo la democracia que tanto nos costó conseguir y nos cuesta defender”. Carlos Charly Pisoni., referente de H.I.J.O.S Regional Capital y uno de los impulsores del proyecto, explicó: “A partir de comenzar a estudiar y a entender los negacionismos en el mundo, pudimos redactar un proyecto de ley que tiene una base en la educación con derechos humanos, cuyo objetivo es que todos sepamos lo que se vivió en este mundo y que no vuelva a ocurrir, ese es el principal objetivo referido a los crímenes contra la humanidad”.
ANCCOM conversó con investigadores, historiadores y docentes en genocidios para reflexionar sobre cómo frenar esta ola de expresiones que incitan al odio y la negación de crímenes de Estado.
Una posible respuesta se encuentra en el ámbito legislativo; promulgar una ley contra el negacionismo, como proponen algunas organizaciones de derechos humanos. Este es el camino que han tomado países como Alemania, Francia, Austria y Suiza, que cuentan con leyes que penalizan la negación y/o la apología de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo. Actualmente, en Argentina hay tres proyectos de ley que plantean sanciones similares: lapso mínimo de prisión, multas y, en el caso de funcionarios públicos, inhabilitación para ocupar cargos públicos por cierto tiempo. Algunos hablan de establecer una capacitación sobre genocidio y delitos de lesa humanidad obligatoria para funcionarios públicos que ejerzan como máximas autoridades de los tres poderes o que resulten sancionados por la misma ley.
Héctor Shalom, director ejecutivo del Centro Ana Frank, expresó que, en lo que concierne a funcionarios públicos y comunicadores, “el negacionismo en la voz de personas con incidencia en la opinión pública orientadas a la construcción de violencia, a la incitación a la violencia, al odio, a la apología del odio y de la violencia, debe ser sancionada”. Shalom marcó una distinción entre las personas que generan este tipo de discursos y las personas “que lo replican acríticamente”, por lo que también se diferencian las maneras de contrarrestar el negacionismo. Considerando al negacionismo como discurso de odio, y que como tal está fuera de lo que comprende la libertad de expresión, Shalom dijo que, en el caso de los que expresan estos dichos, “el discurso del odio es un acto fáctico que debe tener una respuesta fáctica de sanción” y que no sancionar estos discursos es dar “un mensaje al sujeto y a todos los demás que observan el accionar de ese sujeto”. También señaló que “paralelamente debe haber una estrategia educativa sobre qué significa el discurso de odio, qué significa el negacionismo, la distorsión, la banalización, qué implicancias tiene, qué consecuencias genera”.
Por otro lado, Marcelo Musante, sociólogo y docente que forma parte de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, no parece estar tan seguro de que una ley contra el negacionismo sea el camino y opinó que una consecuencia de promulgar una ley de este estilo sería darle a la gente que promueve discursos negacionistas “espacio para que se victimice, y que termine yendo a los programas de televisión, organizando marchas al respecto”, pero que “quizás en lo que tiene que ver con los discursos de los funcionarios, uno podría llegar a pensar algo que vaya en ese sentido”.
Jonathan Karszenbaum, politólogo, docente y director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en el mismo sentido que Musante, expresó que «evaluaría si después de cinco, diez años, el efecto de la ley fue que se multiplicaran los recursos negacionistas y las sanciones negacionistas» y afirmó: “No creo que sea efectivo, el punitivismo al negacionismo en general. Sí me parece interesante cuando se trata de funcionarios públicos, y con sanciones, como multas o de prohibición o restricción en la función pública, y tal vez no con penas de cárcel. Porque el funcionario público sí debe reconocerse parte de un Estado con una trayectoria, con una historia y con sus propios reconocimientos”. Quien también coincide con la idea de una ley que no sea punitivista es Alex Hadjian, director de comunicación del Centro Armenio de Argentina, quien señaló que él estaría más a favor de que se tomen medidas como que “no se pueda estar en un cargo público y tener discursos negacionistas. Debe formarse a esa persona que expresa públicamente discursos negacionistas en relación al crimen de lesa humanidad sobre los que se manifestó. No simplemente sancionar a esta persona y que siga pensando igual, que entienda el error que está cometiendo. Me parece tocarlo desde ese sentido”.
En general, los consultados coincidieron en la importancia que tiene la educación a la hora de contrarrestar el negacionismo, tanto como complementando las sanciones a las que daría lugar una ley, como herramienta principal que tendría una ley más pedagógica. El doctor en historia e investigador del Conicet Mariano Nagy explicó: “Las personas más jóvenes no vivieron en dictadura, más de la mitad de la población no vivió la dictadura y le queda lejanísimo” y, por eso, subrayó la importancia de las políticas educativas y la necesidad de seguir generando material pedagógico sobre la última dictadura cívico-militar para acercar a las nuevas generaciones a ese período, ya que la escuela suele ser el ámbito en el que hablan sobre la dictadura por primera vez. Musante coincidió en esto último y planteó que “si queremos avanzar contra estos discursos negacionistas y de odio, se construye con la memoria, con más trabajos en las currículas escolares, con más exposición pública”. Y agregó: “Pero no imagino que una ley lo resuelva”. Karszenbaum también coincidió en que “La alternativa siempre es el camino educativo. El museo es una propuesta y se percibe así, entiendo que toda la tarea que hacen en los sitios de memoria en la Argentina también tiene esa impronta”. Aunque agregó: “La amenaza del discurso negacionista está y es verdad que no se soluciona con una visita al museo”. Aunque duda sobre la eficacia de una ley, sostuvo que prefiere que haya una ley a que no la haya.
Otro punto abordado fue qué genocidios debería abarcar una ley contra el negacionismo. Para Héctor Shalom es sumamente importante que la ley “debe involucrar a los procesos de negación, distorsión y banalización de la dictadura cívico militar más aquellos genocidios, crímenes de lesa humanidad o manifestaciones masivas de discriminación que atraviesan diferentes minorías”. Alex Hadjian también expresó que este punto le “parece sumamente importante ampliarlo y generalizarlo hacia todos los crímenes de lesa humanidad”. Por su parte, Mariano Nagy expresó que “el tema de que incluya procesos locales es fundamental”, refiriéndose a que la ley trate también sobre los genocidios sufridos por los pueblos originarios.
En este sentido, el historiador Marcelo Musante destacó la importancia del abordaje comparativo de los genocidios: “Si uno puede trabajar en los distintos genocidios, como el armenio, como la Shoá, me parece que también nos puede servir. Uno cuando analiza las masacres de Napalpí y de la Bomba, por pensar en dos procesos judiciales que tienen sentencia de crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio, ambas masacres, por ejemplo, tienen cosas muy distintas, perotambién muy similares. El modo en el que la prensa fue construyendo con anterioridad a la masacre la idea de la peligrosidad del indígena, cómo todos esos discursos mediáticos habilitaron efectivamente la represión, y cómo después esos discursos mediáticos la invisibilizaron y la negaron, y que son discursos que podemos ver en lo ocurrido ahora con Rafael Nahuel o cuando fue la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado en el lof en Resistencia de Cuyá. Entonces, me parece que estudiar los genocidios en claves comparativas nos pueden permitir también empezar a ver cuando hay ciertas cosas que empiezan a repetirse”.
En ese sentido, Carlos “Charly” Pisoni, explicó que el proyecto de ley contra el negacionismo que se presentará mañana busca “tipificar el negacionismo en el Código Penal, que esa tipificación sancione a los funcionarios públicos que nieguen, relativicen, minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado Argentino, y que la pena sea la inhabilitación en el cargo de seis meses a cuatro años”. Y aclaró que el proyecto “busca la educación en derechos humanos dándole al INADI la funcionalidad de poder trabajar el tema en sus misiones y funciones. Que se implemente una ley de capacitación obligatoria para todos los funcionarios del Estado, como la Ley Micaela”, ejemplificó. Y destacó la amplitud del proyecto: “No es una iniciativa solamente de organismos de derechos humanos, sino que al implicar los negacionismos de todos los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado es un proyecto muchísimo más amplio”.
Este lunes 26 de abril se cumplen 30 años de la muerte del joven Walter Bulacio en ocasión de la privación ilegal de la libertad que sufrió por parte de fuerzas policiales al asistir, por primera vez, a un show de Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras.
El concierto había tenido lugar el viernes 19 de abril de 1991; antes y durante el recital fueron detenidas por la Policía Federal 73 personas en las cercanías al estadio en el marco de una razzia. El brutal operativo policial fue desplegado por agentes de la Comisaria 35 de Núñez, al mando del comisario Miguel Ángel Espósito, alias “el Aguilucho”.
En el expediente judicial figura que la intervención policial fue por los desmanes que venían suscitándose en los últimos conciertos. Sin embrago, la presencia de las fuerzas de seguridad resultó desproporcionalmente numerosa. Al margen de varios móviles policiales y carros de asalto, también, hubo un colectivo de la línea 151 estacionado en la puerta del estadio. El objetivo era claro: trasladar la mayor cantidad posible de detenidos.
Como explica María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio:
“En la causa penal está perfectamente acreditado que la Policía Federal organizó –dentro del sistema de servicios adicionales- un operativo para el recital que tenía como objetivo que nadie ingresara a Obras sin entrada. En ese marco la Policía aprovechó para realizar además un plan B: tumbar un par de boliches de la zona que venían parándose de manos al comisario y no le pagaban la cuota mensual de ‘protección’ policial. Si revisás la lista de los 73 detenidos y detenidas ingresados a la comisaria, más de la mitad de los mayores de edad que fueron detenidos lo fueron dentro de esos boliches”.
Como más tarde se probó, ninguna de esas personas fue detenida por un delito específico. En el caso de los mayores de edad, el motivo de la detención fue registrado como averiguación de antecedentes o por contravención en el marco de los entonces vigentes edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires.
La detención de los menores de edad fue justificada por su presencia en la calle de noche. El procedimiento aplicado, “Memo 40”, consiste en una disposición interna a la fuerza que permitía al comisario decidir qué hacer con los “sospechosos” en franca colisión con las normas entonces vigentes que requerían para dichas acciones la consulta a un juez de Menores.
Semejante atropello, tal vez, hubiera quedado en la nada de no ser que entre esos detenidos estaba Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi de 17 años que, luego de medio día de estar detenido en la comisaría, salió con un grave cuadro neurológico de origen traumático, y murió, tras una semana de estar en coma.
“En la primera autopsia no se estableció la causa de la muerte. No obstante, hubo una segunda en la que quedó claro que Walter había sufrido un accidente cerebrovascular que le había reventado un vaso sanguíneo en la cabeza. Eso se llama aneurisma y, en una persona de 17 años, en general, la causa es traumática. Sumado a esto, las historias clínicas, los estudios médicos, y demás; permitieron determinar que la causa de la muerte fue el padecimiento de un traumatismo encéfalo-craneano”, relata Verdú.
Walter era alumno del quinto año del Colegio Bernardino Rivadavia de Capital Federal y trabajaba de caddie en el Campo Municipal de golf para juntar el dinero con el que pensaba financiar su viaje de egresados a Bariloche.
María del Carmen Verdú.
Su compañero de banco, Miguel Ángel Vilche, cuenta que el apodo de “el Largui” obedecía a que era un pibe alto y flaco. También, recuerda Vilche, “manejaba el humor con mucho sarcasmo. Era muy divertido cuando metía humoradas pero en sí bastante callado y tímido. Le gustaba mucho el rock. Iba a la cancha, era fanático de San Lorenzo. Yo soy de River y nos cargábamos mutuamente. Era muy familiero. Los dos entramos en cuarto año porque yo venía de un industrial. Como éramos los nuevos, nos sentábamos juntos y nos hicimos muy amigos”.
Vilche nos habla de ese día: “En esa época, los Redondos tocaban un fin de semana por mes, siempre en Obras. A nosotros nos gustaba mucho ir los viernes. Los chicos del secundario parábamos en Castro y De las Casas con algunos amigos de Boedo. Nos juntábamos ahí, nos tomábamos unas birras y nos íbamos caminando hasta la parada del 15 para ir al estadio. Ese día Walter nos había dicho que quizás venía a juntarse con nosotros para ir al concierto pero si no llegaba se iba con la gente de Bonzi en el micro. Así que, como no llegó, dijimos ‘Se fue con los pibes de Bonzi’. Efectivamente, se había ido en el micro pero nunca entró al show. Transcurrimos todo el recital cuando vimos que estaban los chicos de Bonzi pero nos enteramos recién el lunes a la mañana lo que había pasado y que estaba internado”.
Durante una semana la mayoría de los compañeros de división fueron a visitar a Walter al hospital: “Estuvimos toda la semana casi durmiendo ahí. Una semana exacta después, el viernes 26, me levanté para ir al hospital como todos los días y por la radio me enteré que había fallecido. Pudimos verlo, y todos fuimos testigos de que tenía el cuerpo golpeado y moretones en las costillas. Obviamente, la conmoción fue tremenda, teníamos todos 16, 17 años y en esa edad vos pensás que la muerte es cosa de viejos. Esto fue un golpazo”, cuenta Vilche.
La muerte de Walter provocó la reacción solidaria de muchas personas, entre ellas la abogada María del Carmen Verdú que comenzó a organizar marchas y festivales junto a la familia del joven para visibilizar el caso. Ese fue el germen de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Miguel Ángel recuerda especialmente el suceso: “Fue muy conmocionante para chicos tan jóvenes como nosotros que, hasta ese momento, no teníamos actividad política. Empezamos a ir a los diarios, a las radios que nos hacían entrevistas todo el tiempo. Fue un año intenso que, obviamente, nos cambió la vida a todos”.
El ex comisario Miguel Angel Espósito fue condenado con una pena menor en 2013.
Como recuerda Verdú: “Lo más importante fue el saldo organizativo, en un momento en el que estábamos en un escenario de completa desmovilización, a fines de los 80 principios de los 90. La irrupción del caso Bulacio generó todo un movimiento juvenil de organizaciones estudiantiles con mucha presencia en la calle. La movilización permitió visibilizar la militancia que veníamos perdiendo contra el gatillo fácil, contra las torturas en lugares de detención, contra las muertes en lugares de detención, contra las detenciones arbitrarias en la Ciudad de Buenos Aires, en muchísimos barrios del Conurbano, y en el ámbito nacional. Este caso le puso cara a una pelea que sigue hasta el día de hoy”.
Así nació un grito colectivo: “Yo sabía/yo sabía/que a Bulacio/lo mató la policía”. Grito que perdura en las marchas contra la represión pero, también y sobre todo, en los barrios, las canchas, los recitales y en la garganta de jóvenes que no habían nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal.
“A pesar de todo eso, de que en 2003 la causa generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado argentino derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias. A pesar del tardío e incompleto juicio oral al comisario Miguel Ángel Espósito que recién llegó en 2013, de su ridícula condena (fue condenado a la pena de tres años y medio de prisión en suspenso, por lo que no fue detenido). A pesar de que no hay juez, fiscal o cámara que de vez en cuando no cite el Caso Bulacio y que se estudie en las facultades, lo cierto es que hoy, en 2021, no sólo estamos igual en materia de detenciones arbitrarias en Argentina si no que estamos peor”, plantea el comunicado en la página web de la CORREPI en ocasión del aniversario del caso este año.
A pesar de la sentencia internacional, en nuestro país, siguen vigentes códigos contravencionales y regulaciones policiales que desconocen las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que se hace necesario continuar con el trabajo de concientización iniciado. En este sentido, Verdú explica: “Estamos lanzando la nueva campaña en contra de las detenciones arbitrarias exigiendo el cumplimiento de la sentencia que no solamente serviría para garantizar la libertad de tantas personas en la República Argentina sino que, además, sería una garantía para la integridad física de las personas. Porque el 50% de las personas muertas en comisarías en los últimos 35 años, de acuerdo a nuestro archivo de casos, no fueron detenidas por un delito sino por algunas de esas herramientas arbitrarias: averiguación de antecedentes, identificación, contravenciones, razzias. Para cumplir con la Corte Interamericana, el Estado argentino debería haber derogado esto hace más de 17 años y acá estamos, con un sistema incluso más amplio de lo que era en 1941”.
Y mientras tanto, la imagen de Walter nos sigue sonriendo en carteles, remeras y pantallas. “Walter es la cara de la lucha organizada de la juventud contra la represión estatal”, asegura Verdú. Y sus amigos, bien lo saben: “Veo todo el tiempo la imagen de él. He visto esténcil, la figura del Che hecha con la cara de Walter. Aparte fue el primer muerto en las barbas del rock en época de la democracia. Después de la muerte de Walter, en los recitales de los Redondos a los que asistimos, vimos chicos que tenían remeras con su cara, algo que no era tan común en esa época. También, gente cantando, y su imagen en las banderas”, reflexiona Vilche. Por su parte, otro amigo, Cristian Ottaviano, sentencia: “Walter se convirtió en el mártir, en la imagen del gatillo fácil, la gente no se olvidó que no hayan pagado los responsables”
Pero la memoria trasciende lo visual, Vilche cuenta: “Estoy en un proyecto, escribiendo sobre Walter. Es un libro de no ficción, más intimista que periodístico, y trato de contar nuestra historia con él que incluye todo lo que tiene que ver con el caso. La idea principal es que no se olvide”.
Sin embargo, más allá del loable proyecto personal de Vilche y sus compañeros de división, Walter Bulacio nunca será olvidado porque siempre será una página importante en la historia argentina de las luchas por el derecho a la integridad personal y a la libertad.
Lo acontecido alrededor del caso de M. mostró, con total crudeza, cómo lo más estremecedor de la pobreza existe -y resiste- en los rincones de la ciudad más rica de la Argentina. De repente, se puso sobre el tapete la realidad de este colectivo de personas absolutamente despojado de derechos. Y la ceguera que afecta a la sociedad en general parece cesar, al menos por unos días, al menos por unas horas.
Un censo realizado por distintas organizaciones e instituciones sociales en 2019 reveló que en ese momento había 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 871 eran niños y 40, mujeres embarazadas. Son innumerables las problemáticas que confluyen en estos números: entre ellas, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, la exposición extrema y constante a situaciones de violencia por razones de género, a consumos problemáticos y un tristísimo etcétera. La cifra, coinciden todos los actores involucrados, creció –aún sin relevamientos precisos- de manera exponencial tras la pandemia
En este contexto, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en CABA, en diálogo con ANCCOM explicó que es urgente la creación de “Centros de Integración que puedan recibir, contener y acompañar a las personas. Alguien que está hace años en la calle, tiene que aprender todo de vuelta porque justamente es una persona que fue expulsada del sistema social, económico y laboral en el que vivimos”. A su vez, dado que ya hay segundas o terceras generaciones en la calle, en muchos casos se trata de personas que nunca tuvieron una primera instancia de integración social.
“Hoy lo que hay son lugares deficitarios y que encima son escasos. Techo y comida. Punto. Claramente va a volver a pasar, que vuelven a la calle y ahí aparecen los discursos -que ignoran la problemática- que dicen que hay personas que eligen vivir en la calle”, narró Guillén y agregó: “Es una barbaridad, ¿quién elige pasar frío, hambre, tener que llegar a hacer colas de una hora y media o dos horas para pedir un plato de comida? Esa humillación, nadie la quiere. No hay un mínimo de empatía en todo eso.”
En cualquiera de las dimensiones de la problemática, las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas o, directamente, inexistentes, así lo remarcó la referente del MTE: “Por abordar solo uno de los ejes: al Instituto de la Vivienda de la Ciudad lo vaciaron, no hay presupuesto, entonces ¿cuál es la política de vivienda? ¿Cuál es el trabajo que se está dando para revertir la situación de los hoteles que son una mafia? No hay control, no hay regulación sobre eso y ni hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en Buenos Aires”. A su vez, cuestionó que “cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones legislativas del Gobierno de la Ciudad este año dijo que hay que criminalizar a las personas que trabajan en la vía pública: ¿qué hacemos con esa gente a la que no están dejando trabajar?”.
El caso de M. puso en escena la emergencia habitacional en la ciudad más rica del país.
En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, manifiestó que “el caso de M. debería ser un antes y un después pero a nivel nacional. Obviamente, el lugar donde hay más cantidad es en la Ciudad de Buenos Aires, no hay dudas. Pero nosotros siempre hemos insistido en esto de que la situación de calle no es solamente en CABA. Hemos viajado a otras provincias y hemos visto la situación de compañeros que es lamentable. Estamos cansados de la falta de respuesta a nivel nacional también”.
Un abordaje integral, nacional y colectivo
A partir de los acontecimientos, y en una urgencia repentina por querer resolver y aplacar la situación, se desató un sinfín de manuales paternalistas que intentan explicar e indicar qué es lo que se debería hacer. Instrucciones y dedos acusadores que ignoran absolutamente la realidad de calle y que lejos están de contemplar a las personas involucradas como actores activos y con capacidad de transformación.
“Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento, que nos apoyen en nuestra lucha, pero no necesitamos que sean nuestros voceros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo venimos demostrando hace muchos años, pero necesitamos que nos den las herramientas y los recursos”, afirmó Ávila y agregó: “Vos me podes decir que te duele mucho el frío de las calles y yo te entiendo y lo respeto y lo valoro, pero yo te puedo decir cómo se siente el frío de la calle: hay una diferencia. Queremos que eso se respete. Todo lo que se armó estos días en relación a nosotros sin que fuéramos partícipes, fue malísimo”.
Con respecto a la cobertura en los medios de la problemática en las últimas semanas, Guillén aseguró que además “la discusión que hay que dar ahora es cómo se tratan estos casos. Porque no se puede decir ‘mala madre’ a una persona que tiene un problema serio de salud mental, un problema serio de adicción. Además, los vínculos y la maternidad en calle son completamente distintos a la idiosincrasia que podamos llegar a tener los de clase media. Entonces hay que acompañar eso desde todos los ejes y tiene que haber un abordaje más humano de lo que hay hoy”.
En este sentido, Nicolás Silva, referente de Red Puentes -organización que aborda casos de consumo problemático y problemas de salud mental-, agregó que “el consumo problemático casi que va de la mano con la situación de calle. No es estigmatizar a las personas pero vivir en la calle es una situación muy extrema, que deteriora la vida en todos los aspectos. Nos encontramos con muchos casos también de padecimiento de problemas de salud mental graves: tratamos de abordarlos pero también tenemos un límite. Hay casos que necesitan una intervención fuerte del Estado, desde los hospitales, desde la salud pública”.
El Centro de integración Monteagudo es parte de Proyecto 7. Fotografía de archivo.
Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7, una organización que cuenta con cuatro centros de integración, participaron en el diseño del proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, presentado en septiembre de 2020 por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli. Si bien es evidente que una problemática con tantas aristas no se resuelve con una sola ley, “son varias las líneas de trabajo y acciones concretas que planteamos en el proyecto -sostuvo Fagioli-. Me atrevo a decir que es una ley muy pragmática. Está claro que hay una fundamentación basada en conceptos éticos y profundamente humanos pero, como siempre, avanzamos con lineamientos claros y concretos”.
El proyecto propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del ‘parador’ al que entran a las 8 de la noche para a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo -desarrolla el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”.
El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. “Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó con diferentes ministerios y junto a organizaciones y compañeros en situación de calle, que también saben cómo resolver el problema. Ese laburo, articulado con las organizaciones tiene que seguir estando, porque la problemática no se labura de otra manera que no sea articulando y de manera integral”, comentó Silva, de Red Puentes.
“Nosotros no podemos seguir cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo el Estado -advirtió Guillén, del MTE-. Por eso también es necesario proponer políticas públicas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la trinchera y no termina siendo transformador, que es lo que buscamos. Pero acá no hay que inventar ninguna rueda: el Estado tiene que poner los recursos para potenciar y mejorar lo que ya se viene haciendo”.
En este sentido, Fagioli expresó que “no es cierto que la realidad no se puede transformar, o que las cosas sólo pueden ser de una manera. Las organizaciones sociales vienen a destaparnos los ojos porque nos muestran con hechos concretos, específicos, que se pueden construir proyectos solidarios, colectivos y que realmente cambien el estado de las cosas”.
Con respecto al tratamiento del proyecto, el diputado aseguró que “hubo algo clave en estos días que fue la visibilización de la problemática, que nos tiene que ayudar para empujar esta ley y cambiar de una vez por todas esta realidad. Esperemos que la indignación y las ganas de transformar no se diluyan cuando el tema desaparezca de las pantallas”. Por su parte, Ávila mencionó que, en caso de ser aprobado, “necesitamos que nuestros compañeros sean protagonistas absolutos, si no otra vez va a haber un montón de gente, que no entiende nada, hablando por nosotros”.
Una problemática tan compleja, intrínseca y potenciada por las lógicas del neoliberalismo y enraizada, a su vez, a una historia de egoísmos de unos pocos que, como siempre, azotan las vidas de muchos, no puede menos que obligar a la Argentina toda a reflexionar, de una vez por todas, que no se trata de “empezar a mirar” algo que siempre estuvo pero que “nadie vio”, sino de dar lugar a quienes la viven, la padecen y, por ende, la comprenden en su total profundidad.
“Ojalá que en algún momento no existamos como organización: eso significaría que no hay más personas en situación de calle”, expresó Ávila y concluyó: “Mientras tanto, mejor es que seamos protagonistas y no actores o actrices secundarios. Queremos ser artífices de nuestras vidas y no que el resto nos diga lo que tenemos que hacer”.
«La gran pregunta es por la gobernabilidad y cómo de Cambiemos pasamos a otro nombre: ‘Lleguemos’”, reflexiona Diego Sehinkman.
Con el 98,8% de mesas escrutadas, las contundentes cifras que tardaron en aparecer el domingo por la noche no se modificaron sustancialmente durante el lunes. Las fuerzas presidenciales que superaron el piso del 1,5% en las PASO fueron El Frente de Todos (47,66%), Juntos por el Cambio (32,08), Consenso Federal (8,23%), Frente de Izquierda (2,86%), Frente Nos (2,63%) y Unite por la Libertad y la Dignidad (2,18%). Esta amplia mayoría del Frente de Todos no fue el único elemento que sorprendió a analistas y consultores. Todas las provincias se tiñeron de celeste a excepción de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, ambas sostenidas por Juntos por el Cambio, pero con una diferencia menor a la prevista. “Buenos Aires era el distrito más peleado y Juntos por el Cambio había puesto todas las fichas en Vidal que logró el 29,88%. Sin embargo, el Frente de Todos arrasó con un 50,65%. No sé si se esperaba que Kicillof ganara con tanta diferencia, incluso llegando a sacar más puntos que Fernández”, describe el politólogo Mateo Nielsen Obieta.
Las razones por las que las terceras fuerzas quedaron desdibujadas se pueden explicar con la polarización buscada entre el oficialismo y el Frente de Todos. Según el politólogo Darío Rubinstein esta última fuerza fue moderada y apuntó hacia el centro, en cambio, Juntos por el Cambio decidió refugiarse en su electorado más duro. “Muchos sectores criticaron esta polarización, pero no me parece que sea un fenómeno criticable en sí, siempre que tengamos en cuenta que no signifique un giro hacia los extremos. Además, los que cuestionan la polarización curiosamente se declaran grandes admiradores de sistemas políticos donde la polarización es una constante desde hace décadas”, cree Rubinstein. Así todos los analistas consultados por ANCCOM piensan que la posibilidad de que la fórmula Fernández-Fernández no sea vencedora en las próximas elecciones generales es remota, por lo que las estrategias electorales ya casi no tienen sentido a esta altura. “Sabemos que, salvo un milagro sumamente improbable, el ciclo de Macri estaría terminado. Ahora la gran pregunta es por la gobernabilidad y cómo de Cambiemos pasamos a otro nombre que es, ni en la peor pesadilla soñada, ‘Lleguemos’”, reflexiona Diego Sehinkman, psicólogo y periodista.
En este sentido, vaticinan que los números actuales no se moverán demasiado en octubre y que si la transición de un gobierno a otro será tranquila o caótica dependerá de la actitud que tomen las dos fuerzas principales. Por un lado, para Rubinstein Alberto Fernández debe mantener el discurso moderado que esgrimió ayer, más allá de su lógica euforia por semejante triunfo. Por otro, Sehinkman opina que estos primeros días son críticos para saber la capacidad de resiliencia que tiene Juntos por el Cambio para estabilizar la economía al menos hasta diciembre. “Ahora va a girar todo alrededor del precio del dólar y cuánto se puede llegar a espiralizar la inflación. Estamos en un momento de shock room, una sala de emergencia de terapia intensiva. Hoy el problema primario es que estás en medio de un terremoto y empezás a no tener piso”, advierte Sehinkman.
“El resultado de la encuesta termina siendo sesgado porque los que contestan el teléfono fijo son en general jubilados y amas de casa de clase media o media-alta·, explica Rubinstein.
Una de las principales polémicas que se repitió en estas elecciones fue la baja credibilidad que poseen las encuestadoras debido a su gran distancia con el resultado de los escrutinios. Este último problema se debe a varios factores y uno de ellos es que si bien existe la capacidad técnica de hacer encuestas fidedignas, estas son costosas debido a que requieren una modalidad presencial y bien distribuida. En cambio, suelen predominar encuestas que sólo se realizan a teléfonos fijos y esto resulta en un problema por la disminución de su uso en los hogares. “El resultado de la encuesta termina siendo sesgado porque los que contestan esos teléfonos fijos son en general jubilados y amas de casa de clase media o media-alta. Por último, hay una cuestión de quién contrata la encuesta porque es el que decide lo que se publica”, profundiza Rubinstein.
Otro de los debates que aparecieron se refirió a las PASO como sistema, debido a la gran cantidad de boletas únicas presidenciales que se presentaron. Sin embargo, Néstor Leone, sociólogo y periodista, recuerda que anteriormente le sirvieron a la izquierda para que pueda unirse en 2011 bajo lo que hoy es la coalición consolidada del Frente de Izquierda, pero también valió para que en 2015 Cambiemos pudiera solventar su diferencias en una interna entre las tres fuerzas que la constituyeron. La eficacia de las PASO radica así en su capacidad de ordenar la oferta y permitir que se reduzca la fragmentación del sistema político. Volviendo a las elecciones recientes, Rubinstein rescata que en 17 de 24 distritos hubo candidaturas municipales y listas de legisladores que se resolvieron gracias a esta instancia. Si bien no se resolvieron grandes candidaturas, no se descarta que esto pueda ocurrir en próximas elecciones, aunque más allá de esto, para él existe un significado más importante: “Me parece que votar siempre es bueno. Es un ejercicio que siempre es saludable y discutir una elección por su costo siempre nos pone en el borde de entrar a discutir cosas más profundas y que están en el límite del cuestionamiento de la decisión popular”, finaliza Rubinstein.
