Otra vez, el Padre Paco fue el blanco de la represión a los jubilados

Otra vez, el Padre Paco fue el blanco de la represión a los jubilados

En un desproporcionado operativo de las fuerzas de seguridad, la policía detuvo al padre Paco Olveira y al joven Fidel Bravo en medio de la tradicional marcha de jubilados en reclamo de aumento de haberes y la restitución de los medicamentos gratuitos. Al religioso, también lo lastimaron en su cabeza.

Para la tarde del miércoles un desproporcionado operativo de seguridad se despliega rodeando el Congreso; centenares de efectivos de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, además de la llamativa presencia de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria se distribuyen bloqueando cada intersección de Avenida de Mayo, Rivadavia y Sáenz Peña desde Ayacucho hasta San José.

Efectivos motorizados, camiones hidrantes en fila ocupando todas la calles aledañas, policías y gendarmes a pie con un caudal de armamento obsceno; escudados en el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, se prepararon para un estallido social que nunca llegó.

 En su lugar, un puñado de jubilados que protestaba como cada miércoles fue brutalmente reprimido mientras reclamaba la recomposición salarial frente a un aumento del 2,08%; con un haber mínimo de $333.085,39 pesos que mantiene las jubilaciones por debajo de la línea de indigencia aún con el bono extraordinario de setenta mil pesos.

La jornada estuvo atravesada por detenciones arbitrarías, entre ellas al Padre Paco Olveira que acompaña los reclamos cada semana. “Es una situación repetida, después de las elecciones están todavía más envalentonados, fue una represión absolutamente desproporcionada e injustificada”, comenta el Padre Paco en diálogo con ANCCOM y describe que como es costumbre, las fuerzas de seguridad comenzaron a vallar cerca de las dos de la tarde para cerrar la plaza del Congreso y así aislar a los manifestantes antes de que comenzara la misa ecuménica convocada para las 15 horas. 

El sacerdote describe: “Un grupo de jubilados, no eran más de diez o doce, decidió dar una vuelta al Congreso por la vereda. Yo los estaba acompañando. Era impresionante la cantidad de policía que nos seguía, como si los diez jubilados fueran un ejército”. Olveira recuerda que dieron la vuelta y cruzaron por el paso de peatones con el semáforo en rojo, sin infringir normas. Se quedaron en la vereda y la policía empezó a empujarlos diciéndoles “Vamos, vamos, pasen para el otro lado” como si los estuvieran acarreando, los jubilados exigieron respeto: “Mira, nosotros somos gente grande. No estamos haciendo nada ilegal”, reproduce el intercambio.

Olveira comenta que aún así las provocaciones continuaron y los siguieron empujando por lo que un jubilado empezó a gritar un poco más y luego comenzaron las detenciones. “Un pibe, creo que de la UTEP, tenía una bandera argentina, se la intentaron sacar, él defendió su bandera y lo terminaron agarrando para llevárselo”, continúa.

El joven es Fidel Tomás Bravo. Ante el temor de que sufriera violencia institucional si se lo llevaban detenido, el padre Paco lo abrazó para que no dejarlo solo. Así, la policía se lo llevó a él también: “Yo me puse al lado, me agarré de él, si lo llevaban me llevaban también, para que no vaya solo si quedaba preso. No debería ser así, pero conmigo se cuidan más porque soy el cura”.

Desde la detención al Padre Paco, los hechos se viralizaron con rapidez. “Nos hicieron una causa por atentado y resistencia a la autoridad y nos soltaron porque está claro que a ellos se les arma si nos dejan presos –explica Paco ya de nuevo en la Plaza del Congreso- . La CORREPI y la Defensoría estuvieron ahí para acompañarnos y tomar la causa, esas son las verdaderas fuerzas del cielo”.

Verónica Arroyo tiene 54 años y es pensionada. Va a las marchas sola, su marido es jubilado pero no puede ir por su situación de salud. Está angustiada pero el enojo la mantiene combativa: “Se llevaron al padre Paco y ahí nos pusimos todos como locos porque no puede ser. Es una manía que te agarran de atrás, te tiran, no estamos en el 76, que nos chupaban. A ver si les queda claro. Estamos en 2025 y todavía siguen con las mismas prácticas de la dictadura”.

Los efectivos tuvieron retenidos a Olveira y a Bravo en Congreso durante una hora.  Luego de atarles las manos con precintos, veinte efectivos comenzaron a golpearlos y aplastarlos hasta dejarlos sin aire, los mantuvieron media hora incomunicados en la vereda, finalmente los esposaron juntos y los subieron otra media hora a un móvil policial. Los manifestantes y organismos de derechos humanos comenzaron a acercarse para exigir que los liberen y luego de realizar las actuaciones los soltaron.

El Padre Paco Olveira tiene un apósito cruzado en la frente y se trasluce una mancha abundante de sangre. Yo iba a rezar en la celebración ecuménica y luego a marchar pero hubo otra forma de rezar que es estar con el pueblo”, señala. Luego de ser liberado, unas horas más tarde, la Policía volvió a reprimir a los manifestantes. Ya liberados, la Mesa Ecuménica había terminado y la marcha de jubilados comenzó a movilizarse alrededor de la Plaza del Congreso. En la cercanía a Sáenz Peña, a las cinco de la tarde, empezaron a detener gente. “Eso fue después, cuando estaba dando la vuelta agarraron un par de pibes y caí en el voleo. No sé si fue con el casco o con el palo que le estaban pegando a la gente, pero me dieron en la frente y me cortaron, se quisieron llevar a unos pibes, hoy estuvieron marcando”, describe Olveira sobre el segundo operativo represivo de la tarde, del que otra vez fue protagonista.

Durante la ronda, en cuestión de segundos detuvieron a tres militantes de La Dignidad y reprimieron con crueldad, golpeando a una persona adulta mayor, que tuvo que recibir asistencia médica al caerse y quedar inconsciente, y a tres fotógrafas que necesitaron primeros auxilios.

 Los manifestantes se trasladaron a sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para resguardarse y recibir atención del CEPA en un clima de enojo, desesperación, gritos y angustia. “Traumados, no tuvieron infancia”, grita alguien con dolor hacia el accionar policial. Una jubilada grita a Fidel Bravo desde la vereda, mientras él cruza la plaza para preguntarle si ya liberaron a los nuevos detenidos y confirma que sí, que la mayoría está bien. De fondo se escucha el pedido de agua para otro jubilado que se descompuso.

La mayor preocupación que resonó entre los manifestantes fue el ensañamiento con determinadas figuras:“Vine acá y me encontré con que había un camión hidrante ¿qué piensan? ¿Qué vamos a hacer? Siempre son ellos lo que provocan”, comenta Araceli Susana Ibarra de 76 años,. Y agrega indignada: “Nosotros no provocamos. Pero siempre hay algún infiltrado. Siempre hay alguien que va a buscar el choque”.

Pasada una media hora, la multitud se repuso y volvió a marchar en ronda por la plaza del Congreso. Susana Ibarra, como el resto de los jubilados no se rinde y comentaba mientras caminaba:  “A mí me me resulta vivificante venir. El compartir con la gente y a ellos les pasa lo mismo. El venir y juntarse y conversar con otros te hace sentir vivo, te hace sentir con fuerza, no bajás los brazos”.

Al finalizar la jornada el padre Paco concluía: “Les molesta que diez jubilados le den una vuelta al Congreso porque ellos quieren demostrar que no tenemos derecho a la protesta. Hoy no me duele el cuerpo, me duele el alma. De cómo está nuestro país, de que un 40% haya votado la crueldad de este tipo”. Bravo se acercaba para saludarlo y agradecerle nuevamente haber intercedido y explica su ida anticipada: “Ya me voy porque mañana tengo un parcial”.

Un mujer comunista para enfrentar a la derecha chilena

Un mujer comunista para enfrentar a la derecha chilena

Jeannette Jara, una militante proveniente de una barriada humilde, que desde su adolescencia resistió al pinochetismo desde la izquierda, es la candidata a suceder a Boric. Como su ministra de Trabajo aumentó el salario y redujo la jornada laboral.

La candidata a presidente en plena campaña en Concepción. 

“Hoy vengo a ofrecer mi corazón”, declaró en el estrado Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC), apenas ganó las primarias presidenciales de Unidad por Chile, la coalición de centro-izquierda, continuidad del gobierno de Gabriel Boric. A su espalda aplaudían tímidamente Gonzalo Winter y Carolina Tohá, los candidatos recién derrotados del Frente Amplio (FA) y el Partido por la Democracia (PPD); el uno surgido de la representación universitaria, la otra de una dilatada trayectoria política. Este domingo 16 de noviembre, Jeannette Jara competirá en la primera vuelta como candidata a presidenta de Chile. Por su historia, su candidatura es distinta a las demás.

“Ya lo saben, fui una niña que partió su vida en una familia humilde: de Conchalí a la Moneda”, sentenció Jara, quien después se sonrió: “Gracias mamá por estar acá”. La población El Cortijo queda al noreste de Conchalí, comuna del norte de Santiago, junto a la autopista. Es el resultado de una toma de terreno en 1970, a pocos días de la victoria de Salvador Allende. En un pasaje de tierra, en el patio de la casa de los abuelos, la familia Jara-Román había levantado una mediagua, nombre que le dan los trasandinos a una casa pequeña construida con paneles de madera, donde el año 1974 nacería Jeannette Jara Román, futura candidata a presidenta de Chile.

“Ella nace en el seno de una familia muy humilde pero muy esforzada, esas típicas casas chilenas donde hay mucha influencia de padres, madres, pero también del entorno más cercano, abuelos, etc.”, cuenta Francisco Martorell, periodista y académico chileno, en diálogo a distancia con ANCCOM. “Se cría en un sector muy combativo, de mucha militancia política, de lucha permanente por los derechos de los pobladores, de los trabajadores… Lugares con mucha historia y muy vinculados en esos años en la lucha contra la dictadura. Crece en ese Chile más ideológico, donde el Partido era muy importante, y la presencia de los partidos de izquierda en los sectores populares era muy fuerte”.

Jeannette Jara nació siete meses después del golpe de estado de Augusto Pinochet, y vivió su adolescencia en los años ochenta; la década de la resistencia popular a la dictadura. El Partido Comunista había logrado mantener una militancia activa, a diferencia de otros movimientos de izquierda que terminaron por sucumbir ante la represión. Jeannette Jara, por entonces estudiante del Liceo Valentín Letelier, empezó a asistir a las manifestaciones, participar en juntas vecinales, y se arriesgaba a esparcir pintadas contra el régimen. Fue su formación a fuego en las Juventudes Comunistas (JJCC), que marcaría su vida política en adelante.

“A partir de mayo de 1983, que se inician las protestas, el movimiento poblacional se vuelve muy importante”, sigue Martorell: “Se van convirtiendo en verdaderos colchones de resistencia contra la dictadura, que se empieza a resentir. Y efectivamente estamos hablando de Conchalí y de La Pincoya, que son sectores populares como lo son La Victoria, Villa Francia y distintos lugares donde la protesta fue muy importante. Estamos hablando de enfrentamientos directos de las fuerzas populares con, en ese entonces, las fuerzas represivas: los allanamientos eran permanentes, las cárceles y las relegaciones para los dirigentes tanto sindicales como poblacionales o políticos eran permanentes; es decir, era un riesgo de vida. Estamos hablando de que en algunas protestas morían cien personas, ochenta personas en agosto de 1984. Era una represión muy cruda. Pero además había mucho maltrato a esos sectores comunales: había falsos enfrentamientos, se generaban siempre condiciones para que la dictadura terminara imponiendo el miedo.”

La historia de Jeannette Jara es la de tener que crecer a marcha forzada. A los 14 años entró a militar en la Juventud Comunista y participó en la resistencia a la dictadura. A los 18 años comenzó a estudiar Administración Pública en la USACH (Universidad de Santiago de Chile), y a los 19 se casó con un alumno mayor de Ingeniería Eléctrica, también militante comunista. A los 21 años su marido se quitó la vida. Ese mismo año fue elegida presidenta de la federación de estudiantes de su universidad.

“Tuve mi primer gran amor, fui muy feliz, pero lamentablemente mi marido falleció. Quedé viuda a los 21 años”, contó la propia candidata en el programa “La Divina Comida”, de Chilevisión, “Por eso, cuando en política alguien me dice ‘¿lo estás pasando muy mal?’, yo pienso: esto no es nada. No tienen idea de lo que realmente significa pasarlo mal”

“Que una niña de 14 o 15 años ingrese a militar al Partido Comunista, hoy llama la atención”, complementa Martorell, “En esos años no, porque la participación política en Chile era muy fuerte. Entonces había varias opciones: tú podías estar en una opción de salida moderada de la dictadura, o estabas en una línea más rupturista que tenían parte del Partido Socialista y el Partido Comunista. Ella entra y toma la decisión de hacerlo en el PC, y al poco tiempo se convierte en militante del Comité Central. Estamos hablando de que a los veintitantos años ya tenía una importancia dentro del PC bastante grande. Y además, la historia de vida de ella es bastante fuerte, o sea que ya prácticamente era una mujer hecha y derecha en esos años”.

Jeannette Jara junto con el presdiente Gabriel Boric en junio de este año.

El Chile de los años ochenta y noventa es el de la dictadura y la transición democrática. Es el Chile del plebiscito de continuidad o rechazo del régimen y los spots de La Franja del NO a Pinochet por televisión abierta; del grupo Los Prisioneros con su sonido más punk y de Jorge González como solista. Pero también es el Chile de Pedro Lemebel leyendo Hablo por mi diferencia frente al plenario de hombres del partido, donde la idea de una presidenta mujer no llegaba a ser ni una quimera. Es en ese Chile donde Jeannette Jara, mujer comunista, afirma sus pasos hacia la adultez política. Y es allí donde termina de definir cómo sería su futuro liderazgo.

“Pensemos que el PC en esos años era liderado por Gladys Marín”, explica Martorell, “Por lo tanto, era un partido que, de una o de otra manera, le abría las puertas a la mujer. Y otra característica que tiene la política chilena: más allá de que costó mucho que llegara una mujer a la presidencia de la república con Michelle Bachelet, es un país donde la mujer ha tenido mucha presencia en la política, por distintas razones: la mujer es fundamental en la lucha contra la dictadura, la mujer es fundamental en el triunfo de Patricio Alwyn; incluso, te podría decir, la mujer de derecha fue fundamental en el derrocamiento de Salvador Allende y el golpe de estado del 73. Por lo tanto, las mujeres en Chile no son ajenas a la vida política; están muy presentes y son muy luchadoras. Entonces, ella recoge de alguna manera la imagen de Gladys Marín, y hoy día podríamos decir que también recoge el guante de la figura de Michelle Bachelet.”

“Por supuesto, no puedo hablar de expresidentes sin reconocer al menos un instante el tremendo legado que nos ha entregado la expresidenta Michelle Bachelet”, siguió Jeannette Jara en su discurso, “fue ella quien nos mostró a las mujeres que nada es imposible con talento, con esfuerzo y con pasión. Gracias Michelle por trazar el camino”.

“Es de alguna manera una especie o imagen de Bachelet”, señala Martorell y completa: “Una Bachelet más de izquierda, del Partido Comunista, una mujer de mucho relato, de mucha historia familiar; muy similar a la de Bachelet, pero desde otro grupo social: Bachelet viene desde el ámbito más militar, ella (Jara) viene más desde el tema poblacional. Y va logrando construir acuerdos, de una u otra forma, con distintos sectores. Y entonces la gente la percibe como hacedora, como capaz de tender puentes, de manejarse de tú a tú con el empresariado”.

Egresada de la USACH, Jara entró a trabajar al Servicio de Impuestos Internos (SII). En paralelo estudiaba derecho (abogacía) en la Universidad Central, su segunda carrera. Los años siguientes mantuvo una activa militancia sindical. Por entonces, el diario comunista El Siglo consignó: “Felicitaciones Jeannette por su retorno a las pistas”. Tras su salida del SII, Jara se volcó a su carrera política.

La candidata

El próximo domingo 16 de noviembre se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Todas las encuestas ubican a Jara como primera mayoría. También coinciden en que en un ballotage no tiene opción, cualquiera sea el candidato de derecha que la enfrente. Del otro lado se plantan José Antonio Kast, del Partido Republicano; Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI); y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Juntos bordearían el 60% de los votos.

Francisco Martorell plantea un matiz al respecto: “No tenemos que olvidarnos que el presidente Boric ha tenido en las encuestas un 30% de apoyo y de aprobación ciudadana. Eso, de acuerdo a los tiempos en que vivimos, no es malo. Entonces ella de alguna manera ha tenido que equilibrar ser la continuadora de ese 30% que es muy fiel al presidente Boric y al gobierno, pero también despegarse de algunos hechos para decir que lo puede hacer mejor. Concretamente: seguridad, crecimiento económico, profundizar algunos de los cambios que Boric no ha podido hacer. Y ella fue bastante fuerte, pero siempre con mucha lealtad: a lo que ella ha aspirado en esta campaña es a mostrarse como una mujer de unidad”.

Pero no era Jara la predestinada a ser candidata de la izquierda. Desde el gobierno esperaron hasta marzo de este año por una candidatura salvadora de Michelle Bachelet, cuando se especulaba con un ballotage a dos derechas. La expresidenta descartó su postulación en un video aduciendo que “deben ser otros los que asuman el desafío presidencial”. El poncho le cayó a Carolina Tohá (PPD), exvicepresidenta, diputada y alcaldesa de Santiago, por entonces ministra del Interior de Gabriel Boric. Fue allí que levantó la mano la ministra del Trabajo, una tal Jeannette Jara, en principio de relativamente bajo perfil, pero que contaba a su haber con proyectos como la jornada laboral de 40 horas y el aumento del sueldo mínimo a $529.000 pesos chilenos (US$561).

“Las derrotas duelen en el momento que se producen, pero después hay que hacer algo con eso”, declaró la excandidata Carolina Tohá ante la Televisión Nacional de Chile, y reflexionó: “Sinceramente, aquí no hay dos extremos simétricos: la derecha que estamos teniendo en Chile es una que está radicalizada, que se ha puesto más ortodoxa, más intolerante, más extrema; la izquierda que estamos teniendo hoy en Chile, al revés, es una izquierda que se ha ido moderando, que ha ido integrando a distintos sectores, que ha ido retrocediendo sobre posturas radicales que en algún momento tuvo”.

El 3 de julio del presente año, el candidato de ultraderecha Johannes Kaiser afirmó que apoyaría un nuevo golpe de Estado, “con todas sus consecuencias”, en caso de que se diera una situación similar a la del gobierno de Salvador Allende: la de una presidencia socialista electa por vía democrática. El 23 de octubre, más de 100 representantes de la ex-Concertación por la Democracia (la coalición de centro-izquierda que sucedió a la dictadura), entre los que se incluían altos funcionarios de gobiernos anteriores, firmaron una carta titulada “Nuestra opción por Chile”; una declaración de su apoyo a Evelyn Matthei. Es que el sello del Partido Comunista, así como asegura apoyos, sacude un encono latente en el país trasandino.

“Yo creo que el anticomunismo no es tan fuerte”, matiza Martorell, que elabora: “Vamos a ser un laboratorio para medir cuánto de lo malo que hizo el comunismo en el mundo en algún momento de su historia permea a generaciones que no están vinculadas a esa historia. Ven a un PC chileno que está metido en el colegio de profesores, que trabaja en los gremios, que está en los sindicatos mineros, en la educación y que, en Chile, por lo menos, incluso el que perteneció a la Unidad Popular entre el 70 y el 73 y que ha sido parte de los últimos dos gobiernos, siempre se ha sometido a las reglas del juego democrático. Tenemos ministros de Justicia, de Educación, del Trabajo, que son comunistas, y ninguno ha tratado de imponer la dictadura del proletariado ni mucho menos”.

Conchalí

Jeannette Jara apareció en el gobierno por recomendación de la vocera Camila Vallejo. En la coalición de gobierno habían acordado el Ministerio del Trabajo para el Partido Comunista, pero el nombre que surgía era Fernando Carmona, hijo de Lautaro Carmona, dirigente y eminencia del PC. Y fue Camila Vallejo, amiga personal del presidente Boric desde sus épocas de militancia universitaria, quien deslizó el nombre de Jeannette.

“Unidad, es verdad, unidad”, coreaba Jara desde el estrado; la Jeannette militante y candidata. Esa unidad le costaría roces internos en su propio partido, incluidas las críticas públicas del mismo Lautaro Carmona. “Una situación típica de la política”, como la califica Martorell, pero que ha sido objeto de escrutinio mediático: un partido que debe afirmar a sus bases frente a una candidata que le habla a un público más amplio. Por ahora, Jeannette Jara eligió conservar su militancia, pero dijo estar abierta a congelarla de ser pertinente para un ballotage.

“No obstante algunos me han preguntado si pensaba que esto alguna vez iba a pasar en la vida, y lo había dicho: no estaba dentro de mis pensamientos”, seguía el discurso de Jara. Es que Chile no ha sido un país donde abunden historias como la de ella, de ser elegida. De la comuna de Conchalí han salido futbolistas, reggaetoneros y cantautores de baladas, pero no presidentes, ni menos presidentes comunistas. El hecho de pasar a segunda vuelta ya podría considerarse una anomalía, y es un escenario que se da casi por hecho en el actual panorama electoral.

“A veces uno piensa que la vida es muy curiosa, y hoy es uno de esos días”, se sonreía Jeannette Jara; la candidata que no debería estar ahí. Tuvieron que cruzarse tantos factores, tantas tragedias, decisiones y mensajes susurrados al oído, para plantar en ese estrado metálico a una mujer de la población El Cortijo, junto a la autopista. “Pero también quiero decirles algo –sentenciaba-: Estamos preparados. Sabemos gobernar”.

La elección presidencial de Chile 2025 celebrará su primera vuelta el día domingo 16 de noviembre. Los chilenos residentes en la Argentina podrán consultar su domicilio de votación en la página del Servicio Electoral de Chile (SERVEL).

 

«El futuro es antineoliberal»

«El futuro es antineoliberal»

El sociólogo y politógo Emir Sader analiza la matanza de Río de Janeiro, el avance de Milei en Argentina y el futuro del bolsonarismo en Brasil. La geopolítica que viene.

La masacre policial de la semana pasada en el complejo de favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro, captó la atención de todo el mundo y dejó a la vista el regodeo de la ultraderecha en el continente por las represiones mortales. ANCCOM dialogó sobre el suceso y su trasfondo con el politólogo y sociólogo Emir Sader, quien analiza además la relación de los últimos tiempos entre Brasil y Argentina, determinante para el continente. “Todo avance de progreso de Latinoamérica se dio en alianza entre los dos países, un punto de inflexión de la historia reciente –dice–. No sólo Lula y Néstor (Kirchner), sino también con Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros”.

Desde esos tiempos fundacionales, explica, se consolidó una alianza que transformó el mapa político y económico del continente, impulsando una década de gobiernos progresistas. Hoy, sin embargo, la situación es otra. “Desde hace tiempo no había un desfase tan grande de políticas entre ambos países”, advierte. Mientras Brasil, bajo el liderazgo de Lula Da Silva, recupera niveles de empleo y consolida un modelo con horizonte social, “en Argentina se ve miseria, concentración de renta, desigualdad y exclusión social, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, y agrega que “el que más sufre lo que sucede en Argentina es Lula, por la relación que tuvo siempre con Cristina y con el pueblo argentino”.

En relación al reciente operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos, lo describe con crudeza: “Fue un fracaso brutal. Basta decir que hay como 120 muertos y 85 presos, se vieron las fotos tremendas de los cadáveres en fila y no hay información de quiénes son. Lo que se sabe es que no ha sido un golpe muy duro en los narcotraficantes, porque esto es nacional, y tiene vínculos en otros sectores de la sociedad. Golpear las favelas es brutal, terrible, pero no es donde están los jefes de todo. Como dijo el ministro de Economía (Fernando Haddad), los jefes están hasta en Miami y están en lo que en São Paulo se llama la Feria Lima, donde está la sed empresarial de São Paulo”. Con esto también advierte sobre el costado político de la violencia: «Esto a su vez significó para la derecha lanzar un candidato –dice en referencia al gobernador bolsonarista Cláudio Castro–. Ellos no tienen candidato para competir con Lula, entonces a lo mejor es un nuevo héroe de la derecha, que dice que va a hacer nuevas operaciones en la región. Esto para los derechos humanos fue un fracaso. Sin embargo, las encuestas demuestran que a los sectores de opinión pública mayoritariamente les gusta. Él quiso proyectarse políticamente para ser senador el próximo año con un tipo de operativo que muestra una imagen para la gente de que han matado a traficantes”.

Consultado por la situación de Jair Bolsonaro, Sader fue tajante: “Bolsonaro está liquidado, está preso en domiciliaria y seguro irá a cárcel común al menos por un tiempo”. Pero sorprendido aclara que, aunque su líder esté preso, “el bolsonarismo sobrevive, es un misterio, hay que estudiarlo con los medios de comunicación, porque Bolsonaro no dejó ninguna herencia positiva de nada. Él sólo ganó porque habían tomado preso a Lula, entonces fue en una circunstancia muy anómala e irregular, sin embargo al igual que en varias partes del mundo, el bolsonarismo sobrevive, incluso en sectores medios y populares”. Su mirada se extiende hacia nuestro país y dice: “Si esta entrevista fuera al revés yo te preguntaría: ‘¿Explicame la victoria de Milei?’, sería algo similar. Por qué sobrevive una extrema derecha con un presidente que dice que entre la mafia y el Estado prefiere la mafia, y gana las elecciones”. “El que más sufre por lo que sucede en la Argentina es Lula”, repite.

Sader considera que Argentina atraviesa “un momento anómalo y extraordinario” dentro del continente. “Está aislada, porque sus aliados son Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, Brasil, Chile, Uruguay y otros países tienen políticas muy distintas. Argentina no tiene por dónde circular regionalmente”, sostiene.

Y en el caso de Brasil, en un análisis del actual gobierno brasileño, Sader recuerda una conversación con el propio Presidente: “Cuando terminó el mandato anterior le pregunté a Lula: ¿qué había aprendido más? Y me dijo que no se podía gobernar sin mayoría”. Actualmente tienen un Congreso con minoría: “Hay muchas dificultades, cada iniciativa hay que negociarla, entonces, la pelea más grande va a ser elegir un gobierno mejor”, consideró. Además, combina el reconocimiento con la advertencia: “Aunque sea un gobierno muy positivo en el punto de vista de política social, es el peor Congreso que ha tenido Brasil hasta ahora”. El politólogo insiste en que el desafío central sigue siendo el mismo, romper con la hegemonía del capital financiero: “Y en Brasil aunque existan todos los avances del gobierno del PT, el capital financiero de carácter especulativo sigue siendo dominante en la economía, como es en Argentina. Hay que romper con eso, espero que sea un objetivo importante y fundamental del próximo gobierno. Como digo yo, salir del antineoliberalismo para el posneoliberalismo”.

El sociólogo amplía el foco para pensar en la geopolítica mundial: “Para quien vivió o conoció Brasil en la mitad del siglo pasado, con hegemonía total de Estados Unidos, esta mitad del nuevo siglo es fundamental porque es el período de decadencia de la hegemonía norteamericana”. El ascenso de China y el fortalecimiento de los BRICS marcan, según Sader, una nueva correlación de fuerzas global: “Mientras que el gran fenómeno político del siglo XXI son los BRICS, que es la alianza entre China, Rusia, Brasil y otros países, incluso ahora, China negocia con México, un país que siempre fue difícil de incorporar por sus fronteras”. Con respecto al país norteamericano aclara: “Estados Unidos con Trump tiene un gobierno que es suicida y se ven las consecuencias; Trump mismo tiene un nivel muy bajo de apoyo. La victoria electoral de Mamdani en New York es muy significativa, es un nuevo líder político, imagínese, la mayoría de la colonia judía votó a un musulmán, que nació en África. Y esto fue muy significativo para Estados Unidos, que aparezcan nuevos líderes, donde los demócratas se preparan para ganar, y donde al mismo tiempo, Trump no puede ser candidato de nuevo, él no está para las próximas elecciones. Es un período de declive acentuado de la hegemonía norteamericana en el mundo y de sus aliados también, como Europa, decadente y penetrada por la extrema derecha, y Japón muy rezagada con respecto a China, por ejemplo”.

Sader considera que el liderazgo de Brasil y México es clave para consolidar un bloque alternativo en la región: “Sólo falta Argentina, que se debilita. Otros ejemplos son Uruguay, Honduras, Colombia, Venezuela que tienen gobiernos progresistas. Este es un siglo muy fuerte para América Latina».

Sader realiza un cierre reflexivo, de deseo aunque también de análisis: «La última década del siglo pasado, fue una década brutalmente neoliberal en América Latina, salvo Cuba. En esta mitad de siglo, América Latina es más progresista. El futuro es antineoliberal, ese modelo está decadente, y prometió cosas que no pudo entregar”.

Al final de la conversación, su tono se suaviza: “Espero volver pronto a Argentina”, dice con una sonrisa. Y quizás en esa frase sencilla se condense todo: la certeza de que, pese a las situaciones distintas de los países hermanos como Brasil y Argentina, América Latina sigue siendo un territorio donde el futuro y la esperanza, nunca se rinden del todo.

 

 

Otros impuestos son posibles

Otros impuestos son posibles

Uruguay aprobó en Diputados un gravamen del 15 por ciento a las multinacionales, un tributo que ya existe en varios países europeos. ¿Dejará de ser un paraíso fiscal para las grandes empresas argentinas?

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

Uruguay plantea cambios en el escenario tributario para el 2026. El presidente Yamandú Orsi, del Frente Amplio, en mandato desde el 1 de marzo de este año, busca modificar el sistema fiscal a través del Congreso. Entre los ajustes que impulsa, se destacan la incorporación de un impuesto del 15 por ciento para multinacionales, limita el “Tax Holiday”, cómo se llama a los beneficios impositivos de quienes mudan su residencia fiscal a Uruguay y comienzan a tributar allí. El proyecto también suma el IVA para compras en el exterior e incluye gravámenes a la renta y a las ganancias de capital generadas en el exterior. Con estos cambios, el país charrúa busca alinearse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para ir camino hacia una tributación más equitativa.

Según pudo saber ANCCOM, en diálogo con Rodrigo Alonso, diputado suplente por el Espacio 1001 dentro del Frente Amplio (FA), economista y columnista en Brecha y La Diaria, “si bien el objetivo del presupuesto es la convergencia fiscal, es decir ir hacia el equilibrio fiscal primario antes del pago de intereses de deuda hacia 2029, lo hace evitando hacer un ajuste en términos del gasto público en proporción al PBI. Pretende alcanzarlo por el aumento de casi 1.5 puntos del producto”.

El economista detalló que “la mitad de ese aumento se compone de recuperar los niveles de eficiencia de la agencia recaudadora (DGI) que había en 2019 y el 0,75 por ciento restante sería mediante modificaciones tributarias que se sitúan en la franja de mayor poder adquisitivo de la población”.

Este último 0,75 por ciento es el que suma a Uruguay a implementar el Impuesto Mínimo Global que recomiendan países de la OCDE. Lo pagan aquellas empresas multinacionales con facturaciones superiores a los 750 millones de euros. En comparación con Argentina, que tiene una veintena de empresas que estarían en condiciones de pagar el impuesto, Uruguay tiene cerca de un centenar de empresas en esa condición no porque su economía sea más grande sino, justamente, por lo atractivo que resultaba su sistema impositivo respecto del de sus vecinos. Para Alonso, la recaudación de este 15 por ciento significaría “entre 350 y 500 millones de dólares” y representa “el 60 por ciento de los nuevos ingresos por vía impositiva que va a tener el presupuesto nacional”.

El Proyecto de Ley de Presupuesto uruguayo ya se trató en Diputados y fue aprobado aún en un contexto adverso porque el Frente Amplio carece de mayoría en la cámara, donde le faltan sólo dos diputados para alcanzarla. Por eso, sumó a través de un acuerdo a los diputados de Cabildo Abierto, un joven partido populista y de derecha. “Ahora se está discutiendo en el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, por lo que es esperable que se mantenga la aprobación de estas medidas impositivas”, destacó Alonso.

El proyecto tiene otros puntos fuertes como “el impuesto a la variación del precio de los activos que tienen los uruguayos en el exterior, modificaciones en la tributación de propietarios de empresas uruguayas no residentes en el país y la incorporación del IVA a las compras por internet que provienen de plataformas como Temu”, especificó Alonso. Esta última incorporación se debe al crecimiento de las operaciones por esta vía y no incluye plataformas on-demand como Netflix y es algo que están haciendo numerosos países para evitar la llegada de miles de paquetes diarios que no pagan tributos.

En el marco del debate presupuestario también se instaló la posibilidad de gravar al 1 por ciento más rico de la población para financiar un plan de abatimiento de la pobreza infantil que hoy ronda el 30 por ciento. Para Alonso “es un debate que no está planteado en el presupuesto pero lo está dando la sociedad y eventualmente se puede retomar una vez que se apruebe el presupuesto porque permite empujar una discusión más integral sobre la posibilidad de una nueva reforma a 20 años de la última transformación tributaria que tuvo el país”, en referencia a la Ley 18083 que impulsó el gobierno de Tabaré Vázquez.

El marco internacional

 Actualmente, los 62 países más ricos pertenecientes a la OCDE implementan el Impuesto Mínimo Global. Para Verónica Grondona, economista, exdirectora de fiscalidad internacional en AFIP y asesora en tributación corporativa internacional en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) “la implementación de este impuesto (a las multinacionales) en los países europeos se convierte en una oportunidad para revisar los incentivos tributarios que tenés en otros países”.

Colombia fue el primero en implementar un impuesto del 15 por ciento, aunque sin fijarse en el diseño de la OCDE. Lo segundó Brasil y ahora se está tratando en Uruguay. Según detalló Grondona, “Francia, Alemania, España, Italia, incluso Irlanda, están cobrando desde 2024 el `top-up-tax`, el impuesto complementario a multinacionales que pasan por Uruguay para evitar tributar”.

El país charrúa es elegido por muchos como parte de lo que llaman una “ingeniería impositiva” y que podría resumirse como “evadir impuestos”. María Julia Eliosoff Ferrero, economista, directora de Proyectos Económicos y Relaciones Internacionales de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y docente de la UBA y la UNLP, analizó que los cambios tributarios “parecen ser buenas noticias para Argentina porque Uruguay se mostró como una plaza financiera para atraer capital extranjero, lo que nos ha traído problemas con varias firmas que se establecen allí y que son beneficiadas por un régimen de muy baja tributación”.

En comparación con Argentina donde deben pagar un 35 por ciento de ganancia, en Uruguay pueden llegar a tributar hasta solo un 3 por ciento. “Son brechas muy importantes. El sistema de Uruguay facilita las empresas offshore”, y agregó que “si se empieza a desarmar este mecanismo, va a ser positivo para Argentina, para la región y a nivel global porque muchas firmas que están en Uruguay son de capitales europeos”. En sintonía con esto, Rodrigo Alonso sostuvo que “en la medida que Uruguay se incorpore correctamente al Impuesto Mínimo Global, puede ser uno de los pocos países que lo hace a nivel regional y por tanto traccionar a que otros países lo hagan”.

El caso argentino

 

Mientras el país vecino va camino a la implementación de impuestos progresivos, el gobierno argentino se sitúa en las antípodas, idea un plan para bajar 20 impuestos porque “son un robo” y dice que los evasores son “héroes” que “no hicieron nada malo”. Hasta ahora, ese paraíso fiscal que deberíamos imitar estaba cruzando el charco.

“Las últimas reformas tributarias que hubo en nuestro país están en camino hacia el Uruguay anterior a la reforma: tuvimos bajas en bienes personales o el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI). Uruguay está caminando hacia lo que se está discutiendo a nivel internacional y nosotros estamos alejándonos”, consideró Eliosoff Ferrero. La economista remarcó que en este contexto “es difícil pensar en un sistema más justo y más equitativo en nuestro país”.

Hecha la ley, hecha la trampa. El FMI publicó un paper con recomendaciones para evadir en jurisdicciones de bajos impuestos Deciphering the GloBE in a LowTax Jurisdiction. Vietnam fue uno de los primeros países en plantear la reconversión de sus incentivos tributarios en subsidios: lo que recibían por el cobro del 15 por ciento, iban devolverlo en forma de subsidio a las empresas como forma de incentivo. La OCDE advirtió que iba a calificar negativamente este proyecto. No vale todo.

Por su parte, Julián Denaro, economista, profesor de la UBA y autor de varios libros sobre política económica y temáticas impositivas, al ser consultado sobre la situación de empresas argentinas con radicación fiscal en Uruguay, consideró que “las grandes corporaciones procedieron siempre a hacer esas triangulaciones para no pagar impuestos”.

Denaro explicó que “las dictaduras y los gobiernos neoliberales sacaron los impuestos al comercio exterior que eran gravámenes progresivos” y citó como ejemplo las presidencias de Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei. También recordó con respecto a otro gravamen progresivo que “el impuesto a los bienes personales Macri lo bajó del 2,5 al 0,5, Alberto Fernández restituyó lo que hizo Macri, y lo volvió a bajar Milei”.

El economista puntualizó el problema de la evasión fiscal: “Conforme va aumentando la evasión fiscal, las grandes corporaciones dejan de pagar y entonces a mayor evasión, mayor regresividad fiscal, porque el Estado deja de cobrar el dinero que cobraría de las bases imponibles más altas, de las actividades que más tributan, de los sectores más ricos de la economía”.

Además, sobre la situación argentina, Denaro señaló que “en los momentos en los que mejoró la progresividad tributaria aumentó la actividad y en los cuales hubo una mayor regresividad tributaria, disminuyó la actividad y empeoró la distribución del ingreso porque la actividad va ligada al empleo”.

¿Hay alternativas?

 De cara a los debates que se vienen en el Congreso Nacional, la Fundación Ebert y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) están trabajando en propuestas para una reforma fiscal alternativa. “Incluso antes de las reformas de Milei, ya el sistema tributario era muy injusto, nosotros tenemos un montón de propuestas para pensar y discutir un sistema tributario más equitativo como revisar las escalas del impuesto a las ganancias, quiénes pagan IVA, los impuestos a la riqueza que podríamos tener y que a nivel global están vistos como la única forma de desconcentrar la riqueza…” adelantó Eliosoff Ferrero.

Cuando la tendencia regional parece encaminarse hacia una progresión impositiva y a mejorar las condiciones laborales, Argentina vuelve a un sistema decadente que atrasa y el gobierno de Milei siempre va a contramano. 

Pluriempleados y agotados

Pluriempleados y agotados

Un informe de la Fundación Germán Abdala revela que dos tercios de los trabajadores públicos tienen más de un empleo. Cómo impacta esa realidad en la vida cotidiana, la salud mental y las capacidades del Estado.

El 64% de quienes trabajan en el Estado tiene al menos otro empleo para subsistir. La cifra, que surge del documento titulado “¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado”, elaborado por la Fundación Germán Abdala, expone un fenómeno estructural: el pluriempleo se consolida como estrategia de supervivencia frente a la caída del poder adquisitivo y la pérdida de derechos laborales.

“Una característica distintiva del pluriempleo estatal, a diferencia del privado, es la fuerte presencia de trabajadores y trabajadoras con alta calificación profesional”, explicó en diálogo con ANCCOM Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación de ATE y coautora del estudio junto a Emiliano Bisaro. Además, agregó: “Lo vemos reflejado en que el 35% de las personas encuestadas declara desempeñarse en prestaciones educativas, como el dictado de clases, talleres, investigación o consultoría, y otro 35 % en emprendimientos propios o familiares”.

“Esto podría explicarse por el perfil de recursos humanos del Estado, en áreas vinculadas a políticas sociales, donde históricamente se concentra personal con formación universitaria, pero con salarios más bajos y menor desarrollo de carrera”, sostuvo la investigadora. Para ella, en este grupo se encuentran “trabajadores calificados que no sólo no son reconocidos salarialmente, sino que tampoco encuentran en el Estado un horizonte claro de proyección profesional”.

El 35% de los empleados públicos encuestados declara desempeñarse en prestaciones educativas, como el dictado de clases, talleres, investigación o consultoría, y otro 35% en emprendimientos propios o familiares.

Otra de las aristas que resulta del estudio es que el pluriempleo tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida, el descanso y la salud de los trabajadores estatales. Piccirillo considera los datos que salieron de la encuesta como “preocupantes”: solo el 22% dice poder conciliar trabajo y vida personal; un 50% lo logra a veces y un 28% directamente no puede. “Este cuadro permite suponer un fuerte nivel de sobrecarga que afecta no solo el tiempo disponible para el descanso o el ocio, sino también el bienestar general y los vínculos sociales. Todo esto repercute, a su vez, en la calidad del servicio público que se presta y, por ende, en las capacidades del Estado para cumplir sus funciones”, advirtió.

Esta sobrecarga también limita la posibilidad de participar de espacios colectivos, tales como la vida sindical o la organización política. Para Piccirillo “hay una pérdida de tiempo disponible para la acción, lo cual debilita las posibilidades de disputar mejoras laborales y de construir fuerza organizada”. Por otro lado, los problemas de salud mental también entran en juego, y en el caso del sector público “se ven agravados por la precarización, los bajos ingresos y la necesidad de tener más de un empleo para sostener lo básico”.

Entre los hallazgos del estudio, uno llama la atención: el salario aparece recién en tercer lugar entre los atributos positivos del empleo estatal, detrás de la estabilidad y los aportes. Piccirillo aclaró que “si bien el salario estatal está lejos de cubrir las necesidades básicas y es una de las razones principales por las que muchos trabajadores deben recurrir al pluriempleo, podemos entender que siga siendo valorado positivamente en relación con otros sectores del mercado laboral en los que se insertan esos trabajos complementarios”. “No se trata tanto de cuánto se cobra, sino de la previsibilidad del ingreso frente a un contexto de alta inestabilidad e informalidad”, sentenció.

La investigadora consideró que el fenómeno exige una respuesta política y sindical. “Es necesario repensar las políticas de empleo público en relación directa con las políticas públicas que el Estado pretende ofrecer. No se puede garantizar salud, educación, buenas prácticas de atención, eficacia, ni derechos sociales con trabajadores mal pagos, agotados o precarizados”.

Para ella, entre las prioridades está recuperar la pertenencia de los trabajadores con el proyecto de Estado: “Que el empleo público vuelva a ser un espacio de pertenencia, de entusiasmo, de transformación real de las condiciones de vida de otros. Además, es necesario “fortalecer el compromiso con las políticas públicas, ofreciendo condiciones dignas de trabajo”, lo que implica “discutir la modernización de las carreras, los sistemas de ascenso, la movilidad interna, el reconocimiento de la formación continua, con el salario como un eje central”.

Macri espió a los familiares de las víctimas del ARA San Juan pero no es culpable

Macri espió a los familiares de las víctimas del ARA San Juan pero no es culpable

La Corte Suprema sobreseyó al expresidente y, sin siquierla tratarla, convalidó la tesis de Casación que sostiene que la persecusión fue por una cuestión de seguridad nacional. Habla Luis Taglapietra, padre de una de las víctimas.

La Suprema Corte de Justicia confirmó que Mauricio Macri y los espías de la AFI no enfrentarán consecuencias legales por el seguimiento físico y el monitoreo cibernético a los familiares de los 44 marinos que perdieron la vida en el submarino ARA San Juan en 2017. De esta manera parece cerrarse un caso de espionaje estatal a la sociedad civil, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior.

 El submarino ARA San Juan desapareció en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 con 44 marinos a bordo. El hecho trascendió a la prensa a la noche del día siguiente y fue informado oficialmente dos días después. En los días y semanas directamente posteriores a la desaparición del sumergible, la Armada y el Estado fallaron en informar y acompañar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Un año después, la nave fue hallada a 907 metros de profundidad por una empresa privada, muy cerca del punto donde había perdido contacto. El caso estuvo rodeado de sospechas de negligencia, contradicciones en los informes oficiales, conflictos internos en la Armada y tensiones con los familiares, que reclamaron transparencia y respeto hacia los marinos fallecidos.

En 2020 se confirmó que la AFI había espiado ilícitamente a los familiares de los tripulantes que pedían justicia. Cristina Caamaño, interventora del organismo desde 2019, halló en la sede de Mar del Plata tres discos con pruebas de seguimientos, fotos y grabaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando los familiares reclamaban públicamente. La Justicia determinó que esas actividades que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri no contaban con los permisos correspondientes. ANCCOM entrevistó a Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.

La Corte sobreseyó a Mauricio Macri en la causa en su contra por espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. ¿Qué pensás al respecto como papá de Alejandro? ¿Y en tu rol como abogado y querellante?

 El espionaje se dio en medio de una situación particular. Nosotros, los familiares, empezamos a reclamar que se busque el submarino, ya que en los primeros días nos mintieron acerca de lo que verdaderamente había pasado. Nos fuimos enterando a través de los medios, que la situación era mucho más grave de lo que nos decían oficialmente. Al momento de constituirnos como querellantes en la causa judicial que investigaba los hechos, empezaron estas tareas de seguimiento ilegales que no tenían nada que ver con la seguridad del presidente, como se argumentó, y que fueron una verdadera invasión a la privacidad. No me puedo disociar porque la realidad es que yo siempre me moví de una manera más emocional que como profesional. Aunque ahora estoy más tranquilo y pienso todo de una forma más racional, en aquel momento actué de una forma muy emocional. Respecto de mi rol de padre, yo lo único que quería era encontrar a mi hijo y con vida. Yo no tomaba dimensión de lo que estaba pasando. Para marzo del 2018, el ciberataque que recibimos se volvió tan grotesco que hice la denuncia en Caleta Olivia. Y en ese interín, no solo pasó esto, sino que hubo falsas denuncias, falsos testimonios, pasaron muchas cosas…

 La causa fue a juicio en el 2020 porque la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia denunció el espionaje a los familiares del ARA San Juan. La primera vez que se trató el tema, la Cámara Federal no negó las tareas de vigilancia física y electrónica, sino que las justificó en nombre de la Seguridad Nacional y la seguridad del entonces presidente. ¿En qué se basa la justificación presentada? ¿Y por qué vuelven a sobreseer a los imputados?

 Hubo una acumulación de denuncias. En lo personal, denuncié por primera vez en marzo de 2018, durante una jornada en donde se tomó una audiencia testimonial que duró muchas horas. Había que dejar el teléfono afuera, apagado, en un sobre cerrado y firmado, para evitar que alguien los manipule. Cuando terminamos esa jornada y al encender mi teléfono, vi que tenía varios mensajes de Google, 5 o 6, de que habían ingresado a mi cuenta de correo electrónico desde direcciones IP del sudeste asiático. Estaba con el fiscal general de Caleta Olivia al lado e inmediatamente hice la denuncia. Aporte toda la data que tenía, pero la investigación no avanzó demasiado porque la prueba era difícil de hilvanar con la trama de espionaje. Después se sumaron a la causa la doctora Arias y la doctora Carreras, en representación de otros familiares. Todos empezamos a darnos cuenta de que, desde un principio, desde diciembre del 2017, nos pasaban cosas que no eran normales con nuestros teléfonos celulares. Individualmente, pensábamos que era un problema del teléfono de cada uno y después nos dimos cuenta que nos pasaba a todos.

Esas denuncias quedaron abiertas, con las pericias estancadas hasta que el juez federal de Dolores, el doctor Ramos Padilla, recibe información de un allanamiento en las oficinas de la AFI de Mar del Plata que se había realizado para otra causa totalmente diferente, la del D´Alessio Gate [una organización criminal dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática]. En este allanamiento en la AFI de Mar del Plata, la interventora secuestró computadoras y una que tenía los discos rígidos borrados contenía las pruebas del espionaje que nos habían realizado.

Al peritarse, se recupera el material y la información digital que tenían y era nuestra. Con ese material, la doctora Camaño hace esta nueva denuncia que se une a la nuestra y termina en el procesamiento de Macri y demás imputados. La postura que establece que el espionaje ilegal se realizó en pos de la seguridad nacional no solo es contraria a la verdad, sino que es contraria a la ley porque, en el hipotético caso de que efectivamente un miembro de la AFI pensara que nosotros podíamos representar un riesgo para la seguridad del presidente, tendrían que haber hecho la debida denuncia ante un juez federal para que nos investiguen. Eso no pasó en por lo menos un año, que fue lo que duró la producción de este material ilegal que se encontró, porque puede haber habido mucho más material privado nuestro que se borró eficientemente. Y nosotros estamos seguros de que había más material en otras jurisdicciones de la AFI y otras agencias involucradas en el espionaje, como los servicios de inteligencia de la Armada. Las pruebas encontradas lo fueron por pura casualidad y aún así demostró que la vigilancia ilegal fue tan indiscutible que los jueces federales y luego lo de Casación no pudieron desconocerlo. Ante la imposibilidad de desconocerlo, inventaron esta argucia de que lo hicieron por una cuestión de seguridad nacional.

En 2021, el juez federal Martín Bava dijo que el espionaje se había realizado para anticiparle al entonces presidente cuáles serían los reclamos de las familias. ¿Te parece una apreciación adecuada?

 Con la investigación en ciernes, el juez se vio obligado a trazar motivos. De la prueba surge claramente que mucha de la información que recabaron se utilizó para eso, para ver cuál sería nuestro curso de acción. Esto quedó en evidencia en las transcripciones que se mandaban a la Casa Rosada. Yo entiendo que es irracional que el presidente usara el aparato de inteligencia nacional para intentar quedar bien con nosotros y anticiparse a nuestros pedidos porque, realmente, nunca hizo ese intento. Nunca quiso congraciarse o satisfacer nuestros requerimientos. No creo que haya sido únicamente para anticiparse a nuestros pedidos. Es más, considero que eso fue algo secundario o terciario del cual tomaron provecho, pero no el motivo principal.

 Incompetencia intencionada

 La realidad es que hubo muchas idas y venidas con la causa y, en 2020, cuando esta se elevó a la Cámara de Casación, el fiscal federal José Agüero Iturbe opinó que había más interés en sobreseer a Macri que en investigar qué había pasado con las víctimas. Me gustaría que me cuentes más al respecto.

Después de lo que significó el procesamiento de Macri y de todas las autoridades y miembros de la AFI, por supuesto, las defensas apelaron. Cuando la causa por espionaje va a la Cámara Federal, que fue la primera que intervino, se sentaron las bases de cómo terminaría la cuestión. Ahí determinan que las tareas de espionaje se hicieron porque las pruebas son indiscutibles, pero bueno, era en pos de la “seguridad nacional”. Eso es una barbaridad, porque va en contra de lo que dijeron los propios responsables de la seguridad del presidente Macri. El equipo de la Policía Federal y la Casa Militar no recibieron los informes con nuestros datos. Además, nos confirmaron que nosotros no estábamos dentro de lo que ellos consideraban personas riesgosas para la seguridad.

Es ridículo lo que ha hecho la Corte. En la tercera y última instancia, en el Máximo Tribunal, ni siquiera se tomaron el trabajo de analizar la causa. Mi planteo lo rechazan por el artículo 280, que entiende que la casación no es materia para la Suprema Corte porque esta última se encarga de cuestiones constitucionales y de revisar condenas firmes. Yo entiendo que nuestra causa describe una situación violatoria del Artículo 19 de la Constitución Nacional, que vela por nuestra vida privada e intimidad. La otra querella la rechazaron por no utilizar la cantidad de líneas y la tipografía que exige la corte.

De todos modos, lo importante es que no quisieron expedirse sobre el fondo de la cuestión y los comentarios del señor fiscal en 2020 reflejan eso: que la preocupación estuvo en encontrarle una vuelta de tuerca para hacerlos zafar porque las pruebas recogidas, ya que seguro hay más que no se han descubierto, son tan contundentes que era imposible discutirlas.