Periodistas y asesores legislativos heridos

Periodistas y asesores legislativos heridos

Duerante la manifestación contra la Ley Omnibus del jueves, más de treinta periodistas resultaron heridos de balas de goma por la desmedida represión policial. Un asesor legislativo también fue impactado y corre el riesgo de perder un ojo.

El jueves, miles de ciudadanos estuvieron presentes frente al Congreso de la Nación Argentina para manifestarse en contra de las medidas que dispone la Ley Ómnibus. Como ocurrió al final de cada jornada durante el debate legislativo, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes y esta vez resultaron heridos con balas de goma periodistas, manifestantes y asesores de diputados.

Fue una jornada de protesta que se había desarrollado en forma pacífica hasta que alrededor de las 20 el grupo motorizado GOM de la Policía Federal comenzó a disparar balas de goma a mansalva contra la multitud que estaba en la plaza Congreso. El saldo fueron 60 heridos, de los cuales más de 30 fueron trabajadores de prensa, y tres detenidos.

Matías Aufieri, abogado del CeProDH/PTS y asesor del bloque de diputados y diputadas del FIT-U, estuvo presente en la protesta como verdor de derechos humanos y fue alcanzado en su ojo izquierdo por un balazo de goma. El letrado fue operado de urgencia pero solo la recuperación dirá si pierde la vista o no por esta grave herida.

Virginia Rom, vocera de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, se refirió así sobre lo sucedido: “Ayer él estaba en la plazoleta, donde está la dársena de los colectivos sobre Hipólito Yrigoyen. Empezaron a disparar a mansalva, para atrás, para adelante y uno de los balazos le dio a él (a Matías Aufieri). Hubo varios disparos: a él le dieron en el ojo e, incluso, me contó que, cuando querían irse y varios compañeros lo estaban asistiendo para llevárselo, les seguían disparando”.

Además, Rom detalla: “No lo dejaban irse, continuó donde estaba”. También señaló lo que pasó en el sanatorio cuando lo llevaron para ser asistido: “Está en una clínica de la obra social, donde hicimos varias consultas. Lo operaron urgente para que no pierda el ojo. Ahora, recién operado, está internado con la presión muy baja. Creo que hoy le van a dar el alta pero los médicos pidieron que no estuviéramos encima porque no se estaba recuperando muy bien de la cirugía y hay que dejar que repose. Igualmente, está fuera de peligro”.

Alejandrina Barry, legisladora porteña del FIT-Unidad, también estuvo presente y señaló que estaba en la plazoleta haciendo relevamiento de los heridos y de la situación. “Fue en la última represión donde la ‘cana’ empezó a tirar directamente a la cara”.

Aufieri intervino en causas por delitos de lesa humanidad, criminalización de la protesta y recientemente en el proceso por el espionaje ilegal al hermano y la familia de Santiago Maldonado.

Los testimonios que circularon en la jornada coincidieron en marcar que los disparos fueron del torso hacia arriba, tal como ocurrió en 2021 en Chile, pero antes aún en la misma plaza Congreso en diciembre de 2017 cuando una multitud que protestaba contra la reforma previsional que pretendía hacer Mauricio Macri fue reprimida ferozmente. Varios de aquellos manifestantes resultaron heridos en sus ojos y los perdieron.

Disparen contra la prensa

Por otro lado, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado en el que repudia la represión contra quienes se manifestaban en el Congreso “mientras se discutían las reformas regresivas para la sociedad contenidas en la llamada Ley Ómnibus.” Además, la entidad gremial desmintió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien justificó los balazos contra los periodistas con el argumento de que no estaban “identificados”, cuando en los hechos casi todos los lastimados tenían chalecos con la insignia PRENSA o en su defecto los cubos en los micrófonos con los isologos de los diferentes medios.

Sipreba difundió la lista de los más de 30 trabajadores de prensa heridos, tanto en la jornada de ayer como en la del miércoles 31 de enero:

  • Victor Carreira, reportero gráfico, Télam, un balazo de goma en la pantorrilla.
  • Alfredo Luna, reportero gráfico, Télam, delegado de SIPREBA, un balazo de goma en el muslo.
  • Lorena Tapia, periodista, TVP, bala de goma en la cintura.
  • Ignacio Petunchi, reportero gráfico, Ámbito Financiero, delegado de SIPREBA, Balazo de goma en la espalda.
  • Bernardino Avila, reportero gráfico, Página/12. Bala de goma en el gemelo.
  • Hernán Nucera, cronista, C5N, cuatro balas de goma.
  • Nicolás Ramos, reportero gráfico, AnRed, dos balas de goma en la pierna y muslo.
  • Susi Maresca, reportera gráfica, recibió tres impactos de bala de goma.
  • Rodrigo Ruiz, reportero gráfico, Cítrica, herida de impacto x perdigón en pierna izquierda.
  • Celeste Alonso, reportera gráfica, freelance. Gas pimienta en la cara.
  • Santiago Loidl, Télam.
  • Daiana Quiroz, Telesisa. Bala de goma.
  • Laki Quispe, Telesisa. Gas pimienta.
  • Bruno Ganje, camarógrafo, Canal 9/IP. Bala de goma.
  • Agustín Maicas, cronista audiovisual, Télam. Aspiró mucho gas y se desmayó.
  • Martín Vega, Revista Crisis, dos balazos de goma, mano y pierna.
  • Juan Santiago Valeiro, reportero gráfico Revista Mu, balazo de goma en el brazo.
  • Sol Erazo, Tramas.ar, varios balazos de goma en la pierna.
  • Kresta Pepe, reportero gráfico, La Izquierda Diario, balazo de goma en la cara.
  • Germán Darío de Los Santos, reportero gráfico, DTL!, bala de goma.
  • Jerónimo Rojas, Télam, golpe en la costilla.
  • Antú Divito Trejo, reportero gráfico, La Retaguardia, gas pimienta en la cara.
  • Daniela María Coradeghini, Afro Decires, bala de goma en la pierna.
  • Movilero de La Garganta Poderosa, cuello quemado con gas pimienta.
  • Ernesto Germán López, freelance. Una bala en el pie, otra en la pantorrilla.
  • Pablo Guillermo Bovet, cuatro balazos de goma.
  • Leandro Teysseire, reportero gráfico, Página/12, gas pimienta.
  • Hernán Vitenberg, fotógrafo freelance, balas de goma.
  • Paula Acunzo, fotógrafa freelance, balas de goma en la pierna y golpes en el cuerpo.
  • Andrés Pelozo, fotógrafo de De Ramos Digital, gas pimienta.
  • Lucas Pedulla, Revista Mu, golpes (reprimido el miércoles 31).
  • Rodrigo Abd, reportero gráfico de The Associated Press, (reprimido el miércoles 31).
  • German Romeo Pena, reportero gráfico, ANRed (gas lacrimógeno el 31/01).

 

La violencia en primera persona

Algunos de los trabajadores heridos dialogaron con ANCCOM. Alfredo Luna, reportero gráfico para Télam y delegado de SiPreBA, contó su vivencia: “Cerca de las 19:30 (los policías) armaron el cordón de Gendarmería sobre Avenida de Mayo y lo que hicieron fue desalojar la calle. Lograron que todos los manifestantes estén sobre la plaza del Congreso. En ese momento se empiezan a dar varios empujones y posteriormente los gases de parte de la Policía Federal. A mí me dio de lleno el gas pimienta en la cara, perdí la visión por el ardor de ojos y me asistieron con limón y agua.”

Bernardino Avila, también reportero gráfico, en este caso para Página 12, no se sorprendió por la represión: “Era de esperar. Poniendo tanta policía en la calle, provocando, y tratando la ley que están tratando, era seguro que en cualquier momento se iba a armar. Reprimen a la prensa, a militantes y a ciudadanos. Es una cuestión de reprimir a todo el mundo, no se fijan (los policías).”

En esas calientes horas, la violencia se trasladó de los gases hacia las balas. “Yo estaba cubriendo para la agencia Télam, pero tenía que volver a mi casa. Fue mi compañero Víctor Carreira a reemplazarme. Nos juntamos en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos cuando a las 20:30, la policía comienza a hacer un círculo, pasa una segunda tanda de motos y siento un roce de una bala de goma. Mi compañero recibe un impacto en el gemelo y luego a mí me dan un balazo de goma en el muslo. Nos replegamos hacia la reja, pero la policía seguía disparando a los colegas”, cuenta Alfredo Luna.

 

Denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por Nicolás Montecinigher

A raíz de la represión policial de las jornadas del 31 de enero y del 1 y 2 de febrero, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia “con la finalidad de solicitar medidas cautelares a favor de los trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes.”

El escrito, que constó de 30 páginas, alegó el “uso abusivo de armas ‘menos letales’ y de la fuerza”, las “detenciones arbitrarias”, la presencia de personal de seguridad con insignias políticas y el “ataque a trabajadores de la prensa.” Por otro lado, con el artículo 13 de la CIDH en mano, citó que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el principio de universalidad del ejercicio del derecho a la información”, donde “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y aclaró expresamente que su ejercicio no puede ser objeto de censura.” Días atrás había hecho un planteo similar la ONG Naturaleza de Derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se anticipó a la respuesta formal a esos pedidos y emitió un comunicado en el que le recordó al gobierno que “la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas”. Y agregó: “En contexto de protestas, el uso de la fuerza es excepcional y se limita a circunstancias en las que se acredite la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la misma. El actuar de las fuerzas civiles y policiales debe orientarse con estricta observación al respeto de derechos humanos.”

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció el desarrollo de energía verde en la Argentina. La provincia de Río Negro preparó su terreno y legislación para la producción, en asociación con una empresa australiana. Qué demora el desarrollo de lo que algunos denominan energías limpias.

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció la mayor inversión de la historia Argentina en energías limpias. El ex jugador de rugby Agustín Pichot, representante de la firma australiana Fortescue Future Industries, aseguró por entonces que la idea era empezar a producir hidrógeno verde a finales del 2024. Las expectativas fueron enormes, pero ¿qué pasó con el hidrógeno verde?

“El hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica. En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente la emisión de carbono en el mundo”, celebró el ex presidente Alberto Fernández en su discurso durante la cumbre contra el cambio climático realizada en Escocia en 2021. El desarrollo implicaba una inversión de 8.400 millones de dólares de la firma Fortescue Future Industries originaria de Australia, fuertemente fogoneada en los medios por el ex-capitán de los Pumas, Agustín Pichot, como una oportunidad histórica para el país. Las expectativas generadas en ese momento fueron enormes: ¿pero qué se hizo en estos años?

La “energía del futuro”

El hidrógeno verde (H2v) es conocido popularmente como “la energía del futuro”, algo que paradójicamente, se repite desde hace décadas. Para extraer el hidrógeno se usa agua dulce limpia y energía proveniente de molinos de viento o solar: de allí que se lo considere “verde”. La energía se utiliza para producir la electrólisis, un método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno (H) del oxígeno (O) que hay en las moléculas de agua (H2O). Para utilizarlo, el hidrógeno se combina nuevamente con oxígeno para que libere la energía que puede ser utilizada, por ejemplo, para un motor.

El resultado de ese proceso es, claro, agua. La ventaja de esta energía es que no emite gases contaminantes durante la combustión y el proceso de producción, pero como indica Alejandro Machado, Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires “uno de los desafíos que se impone es su almacenaje y transporte dado que, es altamente explosivo”.

Otra cuestión preocupa a Machado: ¿qué tan verde es el hidrógeno verde? El Miembro del Consejo Asesor de la carrera de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA se refiere a que, en un primer análisis, puede ser considerado “verde” por la fuente de energía utilizada, pero yendo unos pasos más atrás vale preguntarse con qué fueron construidas las aspas del generador eólico, su parte mecánica, el generador, su torre de acero, su base. Lo mismo puede decirse sobre los paneles solares, sus componentes, su superficie de vidrio o policarbonato, como se obtuvo el cobre o aluminio de cables y componentes eléctricos.

Se suele escuchar que el mundo está comenzando a demandar un nuevo modo de portar energía para reemplazar el petróleo y el gas, por lo que el hidrógeno, como el elemento con la mayor densidad de energía, es un “motor natural” para esto. Si bien las tecnologías para aprovechar el hidrógeno son una promesa de larga data, en estos últimos años comenzaron a verse señales desde el mercado sobre que el hidrógeno tiene futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Una oportunidad para Río Negro

La ex gobernadora de Río Negro Arabela Carreras comenta en el libro sobre hidrógeno verde publicado por la provincia que desde el año 2020 junto con Nación comenzaron un proceso proactivo de búsqueda de inversiones. Para ello recurrieron a científicos, tecnólogos y luego contrataron al instituto alemán Fraunhofer para un estudio de perfectibilidad que brindó una mirada externa de las ventajas del territorio patagónico y fue así que el ex ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas puso en contacto a las partes interesadas. Luego desde la legislatura provincial se sancionaron dos leyes fundamentales: la que establece las condiciones para llevar adelante el proceso de licitación pública de alrededor de 625.000 hectáreas para el estudio y el emplazamiento de un parque eólico y construcciones necesarias para la producción y, por otro lado, se aprobó la creación de un Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, que se denominó “Corporación Punta Colorada”.

Desde la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro explicaron a ANCCOM que el plan estratégico de hidrógeno verde es el primero en el país y que se está aguardando para su desarrollo la aprobación de un marco regulatorio federal. Además, dentro de sus posibilidades, recientemente, se han impulsado algunos cambios normativos para alentar la concreción del proyecto, como la celebración de un contrato entre Eólic Rionegrina SA (sociedad estatal) y Fortescue Future Industries con el objetivo de avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, que recibió sanción en la legislatura provincial: Ley 5672. El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti manifestó en diversas entrevistas que “esto generará mano de obra y trabajo genuino. Este tipo de inversiones van a traer mucho trabajo en la instalación y la consolidación del parque eólico, siendo una excelente noticia para las y los rionegrinos”.

En Argentina, específicamente en Río Negro, se dan condiciones naturales únicas para convertir la provincia en un actor clave del hidrógeno verde. Para esto se creó la “Mesa de Hidrógeno Verde Rionegrina” mediante Decreto Provincial 342/21. Se trata de un órgano transversal e interdisciplinario, cuya función es “acordar y definir políticas públicas activas y sostenidas en materia de ciencia, innovación, investigación y desarrollo de hidrógeno verde, como así también proyectos de inversión productiva”.

La mayor parte de lo producido se espera que sea exportado a los países en procesos de descarbonización (como el caso de Alemania). Esta forma de producción de combustible sin emisión de dióxido de carbono implica un nuevo nicho de negocios y nuestro país tiene un commodity aparentemente muy valorado por el resto del mundo.

La versión Fortescue

ANCCOM logró comunicarse con la firma australiana Fortescue Future Industries, desde donde alegan que el inicio de la construcción del parque eólico está estimado para el segundo semestre de 2025, cuando hayan finalizado los trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes necesarios de ingeniería y permisos. Según aclaran, las obras demandarán al menos dos años. Por otro lado, consideran necesaria la creación de un marco normativo regulatorio nacional para la industria del hidrógeno verde. Según aclaran, “si bien ya se envió un proyecto de ley al Congreso, es esencial llevar adelante un debate constructivo para la inclusión de puntos claves que aún no están expresados en ese proyecto como son el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional y un régimen impositivo adecuado a las necesidades propias de la industria. Todo ello con el fin de que efectivamente la Argentina sea un país que atraiga inversiones para así poder posicionarse en la región como un país líder en materia de energías renovables”.

Desde Fortescue Future Industries esperan producir 350.000 toneladas anuales de hidrógeno verde en la primera fase del proyecto destinado tanto al mercado interno como externo, generando divisas para la Argentina. De hecho, para 2030 Europa estima que va a consumir 30 millones de toneladas de hidrógeno verde, de las cuáles espera importar 10 millones: una oportunidad para Sudamérica.

Para Fortescue “El país tiene potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, no sólo por su extensión territorial sino también porque en regiones como la Patagonia, abundan condiciones geográficas y climáticas adecuadas para generar energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, fundamentales para la producción de este tipo de hidrógeno verde”.

Sigue verde

Lo cierto es que la inversión en hidrógeno verde fue anunciada con bombos y platillos ante el mundo, se esperaba generar muchos puestos de trabajo y generar divisas de plena estepa patagónica. Hasta el día de hoy esto no se cumplió. El proyecto está a la expectativa de que se apruebe la legislación que permita iniciar el trabajo, pero ya no hay la misma algarabía que hubo durante la presentación en la cumbre contra el cambio climático de Glasgow.

Es cierto que el mercado está en expansión aunque sus números aún no son tan impactantes. Por ejemplo, en el mundo del transporte, en el que genera las mayores expectativas, en 2023 se pusieron en marcha los primeros micros escolares a base de hidrógeno verde en EE.UU. Sin embargo, esa tecnología no llega aún a la Argentina y hoy un auto a base de hidrógeno verde en Europa resulta caro. También el combustible se puede utilizar en la industria pesada o en el campo aeroespacial.

De momento, resulta incierto si la Argentina será pionera en esta tecnología, si generará los volúmenes anunciados y si la clase política podrá evaluar el impacto de este proyecto para el país, para realizar en tiempo y forma una legislación que proteja los intereses nacionales y esté a la altura de los cambios necesario para la preservación del medioambiente en el mundo, como se prometió. De ser así, estamos ante una oportunidad única de estar a la vanguardia de una industria que en el futuro puede ser fundamental en la mejora del ecosistema.

 

Trabajadores  cartoneros

Trabajadores cartoneros

La Cooperativa Cartonera del Sur está conformada por 60 personas que iniciaron su labor de recolección de manera independiente y ahora la cogestionan con la Ciudad. Un modelo de reciclaje reconocido en el mundo pero que a ellos los invisibiliza y los malpaga.

Es el primer día más caluroso del año. En el punto verde de la Cooperativa Cartonera del Sur, en Constitución, los trabajadores y trabajadoras llegan desde Guernica, una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires, para cumplir con sus respectivas tareas. “Actualizo la cuenta del banco cada dos segundos para ver si me depositaron”, se queja entre risas uno de ellos. En ocasiones sucede que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tarda hasta cinco días en pagar sus sueldos.

Después de que se hayan terminado de preparar, alrededor de las 9:30, los recuperadores urbanos —comúnmente conocidos como “cartoneros”— suben al mismo micro que los trajo desde Guernica, con los bolsones que utilizan para recolectar residuos reciclables. Así, se dirigen hacia su lugar de trabajo: la calle. 

Bety termina su cigarrillo y se dirige al micro. Tiene 57 años y hace 15 es cartonera. Forma parte de Cartonera del Sur desde antes que se organizaran en una cooperativa. En el camino aprovecha para conversar con sus compañeros lo que no pudieron durante el viaje desde Guernica hasta al punto verde. Ante las quejas de algunos por las altas temperaturas, Bety responde que prefiere este clima antes que el frío, donde tiene que llenarse de ropa que le impide moverse como el oficio lo demanda.

Generalmente, el recorrido suele ser más largo y consiste de más paradas, pero, como afirmó Maximiliano Andreadis, trabajador directo del Gobierno de la Ciudad en la cooperativa y quien controla el presentismo, hay días en los que algunos no van a trabajar.

Cuando bajan todos en el único destino, Avenida San Juan y Defensa, en el barrio de San Telmo, arman una superficie con ruedas que los ayuda a trasladar sus bolsones durante su trabajo. Esa es la alternativa que encontraron desde que el Gobierno de la Ciudad prohibió los históricos carros. Se separan y cada uno se dirige a la zona que le corresponde para emprender sus cuatro horas de trabajo. Bety comienza su jornada laboral solitaria.

“A nosotros no nos ven”, reflexiona Lidia, a quien todos conocen como Bety. Pero ella se encargó de que, en su área designada, no pase desapercibida. Bety recorre una manzana perfecta: Avenida Garay, Bolívar, Avenida Brasil, y Defensa. Como una manera de marcar territorio y para poder juntar más de lo que su cuerpo puede llevar, ata uno de los bolsones al semáforo de la esquina de Defensa y Avenida Garay.

“Siempre hago el mismo recorrido desde hace ocho años, todos saben que estoy acá, todos saben que este bolsón es mío”. Cuenta que son muy pocas las veces que algún cartonero independiente sacó material de su bolsón. Se cruza con algunos de sus compañeros de la cooperativa con los que no deberían superponerse, pero elige no discutirles.

Andreadis explicaba que los recuperadores que tengan la suerte de que en su zona designada haya algún generador grande de residuos, como alguna cadena de supermercados, podían juntar mucho material sin la necesidad de recorrer demasiado. La primera parada de Bety es el Carrefour Express que debería llenarle más de un bolsón, pero sólo recolecta pocas cajas de cartón. Lo mismo sucede con el supermercado Día de la calle Bolívar, que, aunque a diferencia de otras veces, accede a darle material, es una cantidad no equivalente a lo que produce una empresa de ese porte y hasta se lo entregan sucio y mojado. Para ella, los grandes generadores son otros.

“Buen día, Bety, acá tenés”, la saluda un vecino encargado de un edificio mientras le da una bolsa grande de reciclables. “Él viene a traerme material todos los días, él sí que sabe reciclar”, Bety remarca el gran desconocimiento que tiene la gente sobre la manera de gestionar los residuos.

“Las viejitas”–como las llama ella– del edificio de enfrente del semáforo donde reposa su bolsón, a veces la saludan desde el balcón y otras bajan para alcanzarle las bolsas. El “Supermercado Chino” es otro de sus generadores más grandes y frecuentes, le llena un bolsón y medio cada día. Bety cuenta que costó mucho tiempo e insistencia para convencerlo de que separara los reciclables. Todos los mediodías pasa por la puerta del almacén y el hombre ya tiene preparado su material. Este tipo de arreglos de horarios –y hasta de días– se repite con otros: con un colegio, con una empresa de logística, con un bar y un centro cultural.

Las veredas angostas y el tránsito pesado que caracterizan al barrio de San Telmo, se vuelven un obstáculo para el paso de Bety con su bolsón, y hacen que a veces deba caminar por la calle. Un taxista, por ejemplo, le toca bocina a la par de un grito y una seña de indignación. Bety, sin enterarse de la situación, continúa el recorrido con normalidad.

Tiene nueve hijos y veinte nietos. Asegura que le encanta pasar el poco tiempo que le queda entre el trabajo y las tareas del hogar, con ellos. Llega a su casa muy cansada y sólo alcanza a bañarse y cocinar. Las caminatas con kilos de material encima dejan consecuencias en el cuerpo. Bety tiene problemas en las rodillas y en la cintura y eso le pesa a la hora de trabajar: “Todos los días tomo algún remedio que me calme los dolores porque llega la noche y no puedo ni moverme”.

 

El funcionamiento de la cooperativa

Las cooperativas de recicladores urbanos son asociaciones de cogestión entre sus trabajadores y trabajadoras organizados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cada barrio de la ciudad, opera una cooperativa distinta. Tanto Cartonera del Sur como otras cooperativas como El Álamo, están integradas al Servicio Público de Higiene Urbana de la CABA. Estas se encargan de recolectar –de forma exclusiva– los materiales reciclables secos como cartón, plástico y papel.

Los recuperadores urbanos están formalizados. Pagan un monotributo social que les permite acceder a una obra social y a realizar aportes jubilatorios. Pero Bety asegura que esa jubilación no le va a alcanzar cuando la necesite.

Los elementos necesarios para cumplir con su trabajo, como los uniformes, bolsones, camiones y colectivos, son garantizados por el Gobierno porteño. El hecho de formalizar a los recicladores urbanos estableció una nueva logística en el circuito de los residuos, donde se pasó de la separación de la basura en la vía pública a la clasificación en los centros verdes.

Tanto los materiales reciclables que se depositan en los contenedores verdes de la ciudad como los que son recolectados puerta por puerta por los recuperadores urbanos, son llevados a los centros verdes para su procesamiento. Hoy, existen ocho de estos centros gestionados por las cooperativas de cartoneros.

En el caso de Cartonera a del Sur, algunos trabajadores al finalizar su jornada se acercan hacia el lugar caminando con sus bolsones debido a que trabajan por esa zona. A otros que operan más lejos, los pasa a buscar el micro mientras que a sus bolsones un camión. Una vez que llegan al centro, ubicado en Solís al 1900, cada uno pesa sus bolsones: “Los lunes y viernes junto más de 150 kilos, por ejemplo, pero varía dependiendo el día”, relata Bety.

Además de su sueldo base de 90.000 pesos, los trabajadores tienen un incentivo de 40 pesos por kilogramo de material recolectado. Maximiliano Andreadis asegura que algunos de los recuperadores a veces llegan con mucho menos de lo que juntan porque una parte la venden por su cuenta “para ganar unos pesos de más”. Según Bety, el incentivo que le pagan es muy bajo con relación a lo que sale realmente vender cada material.

Al día siguiente, los operarios de planta –que trabajan ocho horas– se encargan de jerarquizar los materiales que acopiaron los “cartoneros” y clasificarlos según su tipo: plástico PET de color por un lado y transparente por otro; papel de diario; otros tipos de papelwa y cartones. A estos últimos se los enfarda en una pequeña máquina para que se compacte aún más su tamaño y se pueda comercializar a un mayor valor; porque el cartón, cuando se los interviene con esta técnica, se vende directamente a la papelera, sin intermediarios.

Julio Herrera, balancero de la Cooperativa. 

De la cooperativa también forman parte las promotoras ambientales, que pertenecen al Programa Promotoras Ambientales de la Ciudad. Son quienes se encargan de concientizar e informar sobre reciclaje a los vecinos y vecinas de los distintos barrios y también de capacitar sobre diferentes temas a los trabajadores de la cooperativa. Por ejemplo, se ocupan de explicarles a los encargados de los edificios cómo separar los residuos y cuáles son los que le deben dar a los recuperadores urbanos de su zona.

Los encargados cobran un bono por clasificación de residuos que puede llegar a tener un valor de 18.000 pesos. Para cobrarlo, deberían darle un remito al Gobierno que compruebe que le hayan entregado el material a los cartoneros y si no se lo presentan serán multados. Los recuperadores son los que hacen estos remitos para los encargados.

Cuenta Bety que una vez le vinieron a pedir constancia sin siquiera haberle entregado un cartón. “Hasta que no me des algo, no te voy a dar ningún papel”, le dijo Bety al encargado y lo recuerda con gracia. Si nadie los controla, los materiales reciclables que por ley deberían juntar todos los vecinos de un mismo edificio no terminan su cadena de reciclaje.

“Estoy segura de que algunos encargados me dan solamente la basura que hacen ellos y no la de todos los vecinos. Piensan que somos ignorantes o analfabetos porque trabajamos en la calle y que por eso no entendemos cómo funcionan las cosas”, señala.

 

Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa. 

Historia larga

“Yo era costurera y mi pareja cartoneaba por Constitución, abajo del puente. Cuando me dejó de rendir ese oficio, él me convenció para que hiciera su mismo trabajo”, explica Bety sobre sus comienzos como recuperadora. Así conoció a Graciela, la que tiempo después fundó, junto a otras compañeras, la cooperativa. “Graciela siempre fue la jefa”, cuenta sobre la que hoy es la presidenta de Cartonera del Sur.

Graciela, Bety y otros cartoneros y cartoneras venían desde Guernica en el tren Roca. Todos juntos con sus carros ocupaban un vagón entero. En su ciudad, el trabajo, para ese entonces, escaseaba. Ser cartoneros fue la salida más redituable que encontraron. “Tiraban los carros” abajo del puente y volvían a sus casas. Al ser informales, no tenían un lugar donde dejarlos ni tampoco un recorrido asignado.

“Un día vi un cartel en un edificio del Gobierno que decía algo sobre una cooperativa, dejé mi carro afuera y entré a preguntar qué significaba, cuando me explicaron supe que quería armar una”, señala Graciela. Después de eso, reunió a muchas de sus compañeras –la mayoría, mujeres– y las convenció de buscar la forma para lograr ese objetivo.

Supieron que se tenían que presentar a un Concurso Público y para eso debieron escribir un proyecto. Con la ayuda de muchas personas ajenas al grupo de recuperadoras, escribieron 180 páginas y participaron. “Llegué con mis 180 hojas y veía a otras personas con cajas enormes llenas de documentos. Me dio vergüenza, quería volverme”, confiesa Graciela. Por eso, al momento de enterarse que ganaron, no lo podía creer.

La historia no finalizó ahí. Una vez que se constituyeron como cooperativa, en 2012, necesitaban un lugar propio donde funcionar como grupo de trabajadores. Así es que algunos meses después, emprendieron su búsqueda: consiguieron un edificio en la calle Solís al 1900, alguna vez utilizado por el GCBA como depósito de protocolo y ceremoniales. “Rompimos el candado, nos metimos y nos recibieron millones de pulgas”, destacó la presidenta de la cooperativa. Como el Gobierno no lo usaba, se los asignaron como espacio de trabajo y funcionamiento del centro verde.

Una de las promotoras ambientales denuncia que, aunque en la Ciudad de Buenos Aires los recuperadores urbanos estén formalizados e incorporados al sistema, hay una invisibilización constante de su existencia en las campañas oficiales del Gobierno. Mientras que el sistema de reciclaje de CABA es premiado y reconocido globalmente por su funcionamiento, los recuperadores urbanos, las personas fundamentales en este proceso, consideran que su trabajo necesita ser más reconocido públicamente. La lucha todavía no terminó.

La amenaza del asbesto

La amenaza del asbesto

Ya son más de 80 trabajadores afectados, seis con cáncer y tres fallecidos, pero ni la empresa concesionaria del servicio, Emova, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dan una solución; al contrario, la dilatan.

Más de medio millón de personas transitan cada día bajo tierra en la Ciudad de Buenos Aires sin pensar en el peligro invisible que las rodea. Algunas esperan el subte para ir a trabajar. Otras trabajan ahí mismo, donde la atmósfera es más densa. El suelo vibra y se aproxima un tren amarillo de la Línea B. Los asientos son únicos, de una pana roja que lleva 50 años acumulando el polvo. La mayoría ignora que la pintura que reviste el interior, los componentes del tren y el aire que respiran tienen asbesto, y que el asbesto mata.

Maxi tiene 37 años y desde hace 19 es conductor de esta línea, la más contaminada. Para él, enterarse de la amenaza del asbesto fue “un baldazo de agua fría”. Junto con otros compañeros, participa de las convocatorias que organiza el sindicato porque sabe lo que está en juego. “Vivir con esto te come el bocho, no es sólo que vos te podés enfermar, sino que podés llevárselo en la ropa a tu familia”, afirma el maquinista pensando en su hija y su pareja.

Sobre una puerta de madera, en la calle Carlos Calvo 2363, en el barrio de San Cristóbal, se lee: “Al lado entrada al sindicato”. Es un miércoles como cualquier otro para quienes integran la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Un pasillo conecta la recepción con las oficinas y, hacia el final, con un amplio salón. Las paredes, adornadas con un enorme papel escrito con fibra, dan cuenta de los reclamos que siguen siendo desoídos: “Reducción de la jornada laboral”; “Vamos por los dos francos”; “Basta de muertes. Saquen el asbesto del subte”.

“Plantear la desasbestización es poner sobre la mesa una problemática mucho más grande. Es una cuestión de salud pública, porque todos estamos expuestos, trabajadores y usuarios”, sostiene, en la oficina de salud de la entidad gremial, Federico Batini. Él trabajó en el Taller Rancagua –ubicado debajo del Parque Los Andes, en Chacarita– sin saber que estaba en contacto directo con el mineral que le puede costar la vida. Como a Jorge Pacci, el primer trabajador del subte fallecido tras enfermar de un cáncer de pleura, causado por el asbesto. La foto de Pacci, colgada en la pared, es un recordatorio punzante de la urgencia de la problemática. Los otros fallecidos fueron Jorge Bisquert, que se desempeñaba en las subestaciones eléctricas, y Juan Carlos Palmisciano, que por haber estado jubilado la empresa no reconoce entre las víctimas.

En el primer examen que el sindicato logró que se realizara, se analizaron 130 compañeros y a 11 los diagnosticaron con neumoconiosis, primer efecto del asbesto en el cuerpo humano. La mayoría eran asintomáticos. “Como trabajadores, pagamos un costo muy alto. Los responsables materiales de todo esto, de las muertes y de los afectados, son la empresa y el Gobierno de la Ciudad. Lamentablemente, la estadística indica que habrá más compañeros afectados. Para nosotros, es una cuestión de vida o muerte”, expresa Ramón Acuña con una seriedad que trata de no darle lugar al dolor. Él trabajó nueve años en Taller Rancagua.

El asbesto, también conocido como amianto, es fibroso: tiene hebras finas, maleables, duraderas y flexibles. Cuando el material, tanto en estado natural como en piezas, se deteriora con el tiempo o recibe algún impacto, las fibras vuelan por el aire. Exhalando las palabras, como si así pudiera ventilar el pesar, Acuña agrega: “Hay compañeros afectados que estuvieron trabajando menos tiempo que yo, seis años. Técnicamente, con entrar sólo una vez al taller, puede ingresar una fibra a tu sistema respiratorio. No hay un parámetro seguro”.

En el siglo I, el naturalista, escritor y militar romano Plinio el Viejo, descubrió y documentó que los esclavos que trabajaban en las canteras del Imperio extrayendo este elemento, morían jóvenes, debido a enfermedades pulmonares. La bautizó como “la enfermedad de los esclavos”. Pese a que se conoce su peligro desde hace casi dos mil años, es una problemática vigente. En el aire, flota una pregunta: ¿cuánto cuesta la vida de un trabajador?

“En la actualidad se encuentra disperso en toneladas de productos manufacturados. Desde la década del 1920 hasta la de 1980 inclusive, fue utilizado en muchas industrias por su carácter resistente térmico y eléctrico”, explica la doctora en Geología Leticia Lescano, docente en la Universidad Nacional del Sur. Ella formó parte del equipo que en 2018 detectó el mineral en las piezas que los metrodelegados les enviaron para analizar, tras las negativas de la empresa.

“Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”,  subraya Ledesma.

Ese año se abría “la caja de Pandora” para los trabajadores del subte. Compañeros del metro de Madrid denunciaban que enfermaron tras exponerse al asbesto en los trenes que ahora circulaban en la Línea B de la Ciudad de Buenos Aires, luego de su negligente compra en 2011. Para ese momento, el mineral estaba prohibido desde hacía nueve años, los manuales técnicos informaban sobre su presencia en los vagones y la empresa concesionaria se negaba a entregar los planos originales, donde se leía claramente “placas de amianto”.

El presidente de SBASE, la sociedad del Gobierno porteño encargada del subterráneo, contestó cínicamente que era mucho material como para poder garantizar su lectura. Respecto a esta adquisición, Federico Batini puntualiza: “El precio era el de un desecho, eso ya era sospechoso. Yo trabajaba con esos trenes, eran una porquería. De los seis que llegaron, andaban nada más que dos. Se tuvieron que reformar mucho, porque no estaban en condiciones de circular”.

La confirmación de que los trenes estaban contaminados fue el comienzo de la investigación que se abrió en todas las líneas. Por su antigüedad, la red subterránea cuenta con asbesto en instalaciones fijas: tableros eléctricos de cuartos de bombas; ductos viejos de ventilación de fibrocemento; bandejas portacables; depósitos de baños; el techo del cuarto de descanso de conductores del premetro, o las pastillas de freno de escaleras mecánicas de la Línea E. Además, se le suma el material presente en componentes de determinadas flotas como CAF series 5000 y 6000, Mitsubishi y Fiat.

Las mediciones comprueban que hay fibras de asbesto en el aire. Desde la empresa ya no pueden negar la problemática, pero argumentan que los resultados están por debajo del límite ambiental permitido. Según la regulación nacional vigente del 2001, debe estar en 0,1 fibra por centímetro cúbico (f/cc). Hace un mes, la Unión Europea sancionó que el límite sea 0,01.

Pero se trata de mediciones indirectas. “Hay que evaluar el estado en el que está el material: lo tenemos que sacar, o lo tenemos que encapsular. El tema del límite es un concepto trampa. Por un lado, la medición es como una foto: se realiza en un momento determinado, bajo ciertas condiciones. A la hora, eso puede cambiar –explica Batini–. Además, médicamente no existe la exposición segura a un cancerígeno: una fibra tiene la capacidad de enfermar. Imagínate que una fibra mide un micrón. O sea, entra 100 veces en un pelo. Hay una página que te hace la cuentita de cuántas fibras respirás por hora estando por debajo del límite, y te da algo de 80 mil fibras por hora con una respiración normal. Por eso, el límite es una mentira”. El objetivo, subraya, debería ser eliminar la fuente del contaminante.

De a poco, el sindicato logró que las concesionarias del subte, Metrovías (1994-2021) y Emova (actualmente) saquen 100 toneladas de material. “Con un costo muy alto de parte nuestra, hemos forzado a la empresa a tomar medidas. Todavía no de prevención, porque no han eliminado todo el material contaminado. Hay que acelerar eso para tener la menor cantidad de daño posible”, añade Acuña.

“Seguimos sin el proceso finalizado de la licitación de la compra de nuevos trenes. Después, mínimo tardará un año y medio hasta que lleguen. Mientras tenemos que seguir con los viejos. Si bien se cambiaron componentes, hay otros que son imposibles de remover”, detalla Batini. Su compañero y secretario de Salud Laboral, Francisco “Pancho” Ledesma, sentencia: “Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”. En la búsqueda de exigir respuestas, presentaron una carta a la Organización Internacional del Trabajo pidiendo su intervención. Esperan que, al tratarse de convenios internacionales, el Ministerio de Trabajo de la Nación pueda intervenir.

“Cuando al trabajador se le dice que tiene contaminación por asbesto, aunque no tenga síntomas, uno le pone el San Benito arriba y piensa ‘en qué momento me toca a mí’. Capaz se muere de otra cosa, pero vive con esa presión psicológica”, reflexiona Ariel Rossi, médico especialista en medicina legal y laboral. Trabaja en el sindicato desde 2012, en el equipo de salud por patologías y accidentes.

A raíz del conflicto del asbesto, se formó un comité cuatripartito integrado por médicos de la empresa, la aseguradora, el sindicato y el centro asistencial del Hospital Británico, del que Rossi es parte por AGTSyP. “Todos los lunes nos reunimos a revisar los estudios de los trabajadores que se hicieron la semana anterior. Ahí, en conjunto, se decide si se aprueba o no, si se necesitan más estudios de cada empleado. Es estrictamente científico: no hay discusión, la empresa tiene que aguantar lo que se dicta allí”, remarca Rossi.

Más de tres mil trabajadores están incluidos hoy en el Relevamiento de Agentes de Riesgo, el registro que obliga a la ART a efectuar los estudios anuales. Al principio, EMOVA no tenía en cuenta a los conductores. Actualmente, continúa el reclamo sindical por la inclusión de todo el personal. Federico Batini lo dice con simpleza: “Es para cubrirse, porque admitir que el boletero puede enfermarse abre la puerta a pensar que el usuario también”.

“Aparecen las afecciones que sólo se iban a ver si pasaba más tiempo. Es una enfermedad de larga evolución”, explica Rossi. La empresa se niega a dar los listados de jubilados. Si bien el sindicato se contactó con algunos por su cuenta, hay un sinnúmero que se desconoce cómo ubicarlos para que se les garanticen los controles.

Lilian Capone es médica y secretaria de salud laboral de la CTA. Como parte del comité cuatripartito, cuenta que el sindicato organiza reuniones con los compañeros afectados, pero que también está habilitado el consultorio de patología ocupacional del Instituto Vaccarezza de la Universidad de Buenos Aires. “Estoy jubilada, pero cada 15 días voy con la titular del consultorio y los volvemos a ver en los casos donde hay dudas o vienen con algún familiar afectado”, dice. La mayoría, según Lilian, son trabajadores y familiares. No necesariamente tiene que haber un contacto tan cercano con el material: una mujer que trabajaba en un puesto de comida en medio de los andenes fue derivada con fibrosis pulmonar. Ganó el juicio contra la concesionaria porque había placas pleurales en su tomografía. Ya no hay bares en los subtes.

Para Ramón Acuña, asumir la enfermedad le llevó tiempo. “No caí hasta la pandemia, que nos dio mucho tiempo para pensar. Cuando me enteré, estábamos trabajando, no sabía cómo tomarlo. Es algo raro: tengo inflamación de pleura, pero no tengo problemas para respirar ni correr. Lo primero que se me vino a la cabeza fue pelear para que otros compañeros no se enfermen, que retiren el material. La lucha te da fortaleza para encarar tu situación de otra manera”, destaca con un brillo en los ojos.

Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, refuerza esta idea: “Todo esto del asbesto lo aprendimos en el cuerpo. Cuando nos enteramos, los compañeros no quieren saber. Lo primero que hacemos es negar; después es el pánico, porque empezamos a entender con qué estábamos, vivimos con un rayo X mirando: ´Esto tiene asbesto’. El tema es entender de qué se trata y tener una política para sacarlo”.

Sobre avenida Rivadavia, frente a las oficinas del Congreso de la Nación, unas 40 personas se agrupan y charlan. “Hoy vinimos con 20 compañeros del taller. Es un alimento muy grande para los compañeros afectados: nos ayuda a seguir adelante”, se emociona Ramón Acuña mientras mira la pantalla que transmite lo que pasa adentro, donde ocho dirigentes sindicales y funcionarios políticos presentan el proyecto de Ley Nacional de Detección, Recolección y Disposición Final del Asbesto Instalado para realizar un mapeo federal y generar una estrategia para su eliminación.

“El asbesto es muy especial: no tiene olor, pasa desapercibido. Es casi parte de nuestro mundo, nuestro hábitat. Para quienes practicamos salud ocupacional es como trabajar y dormir con el enemigo: más de tres mil productos contienen este contaminante, que no tiene umbral de protección”, asegura el higienista Armando Chamorro para las más de 80 personas que están escuchando su exposición en la sala.

Para cerrar, Pianelli toma la palabra: “El glifosato de la ciudad es el asbesto. Solamente saber, entender que estamos rodeados de asbesto, que estamos expuestos y que ni siquiera tenemos el control de nuestra salud, es un paso muy grande para poner en evidencia este problema nacional, no buscando culpables, pero sí evidenciando a las patronales, que son conscientes, trayendo el asbesto sabiendo que era asbesto asesino. El sujeto colectivo capaz de empujar para que alguna vez nuestros hijos vean una ciudad desbestizada, son las organizaciones sindicales en conjunto con toda la sociedad. Desgraciadamente, seguiremos engrosando la innecesaria lista de muertes y enfermedades de compañeros, poblaciones enfermas sin diagnóstico claro. Merecemos una vida más digna”. Entre aplausos, Pianelli alza la voz mientras deja el micrófono: “Esto recién empieza”.

«La tendencia va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores»

«La tendencia va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores»

Elina Escudero y Pablo López Fiorito compilaron una serie de artículos que ponen en común una reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro del trabajo.

El trabajo en tiempo de apps. Relatos y análisis urgentes frente a la precaricación laboral es uno de los últimos lanzamientos de Ediciones CICCUS, primer tomo en la colección Construyendo Soberanía. Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, y Pablo López Fiorito, licenciado en Sociología, realizaron esta compilación de artículos que agrupa autores de diversas trayectorias académicas, profesionales y sindicales que ponen en común una reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro del trabajo.

El libro se publicó con el apoyo de la Mutual Manuel Baldo mero Ugarte que, con esta colección, busca “generar un espacio donde se junten distintas corrientes y discutan acerca de un tema estratégico. La idea de la mutual es ir pudiendo generar una síntesis de esas miradas de todos los sectores subalternos”. En el panorama nacional incierto, estas reflexiones se vuelven urgentes para pensar las dinámicas laborales en las plataformas y el rol que juegan tanto los Estados como los sindicatos en escenarios cada vez más complejos. El libro puede descargarse en forma gratuita en el siguiente link: El trabajo en tiempo de apps (2023) Ediciones CICCUS.

¿Por qué eligieron Construir Soberanía como el título de la colección? ¿Cuál es la conexión entre construir soberanía, el trabajo y los derechos laborales?

Pablo López Fiorito: Construir Soberanía porque justamente presuponemos que hay que construir la soberanía, que no es algo que esté predeterminado o una cuestión esencial que existe de por sí. Y hay que construirla con los sectores subalternos. Los trabajadores en un sentido muy amplio, el obrero fabril, los trabajadores de la economía popular, las clases medias profesionales. Después tenés otros cruces, como el tema de las cappas y la soberanía. La dependencia de cappas de afuera a las cuales les tenés que pagar regalías y tenés que mandar cosas afuera para un declive.

Elia Escudero: Son todas tecnologías las que posibilitan formas de trabajo que están organizadas por un capital global. A partir de ahí no solo imponen formas de trabajo, que en este caso es la gestión algorítmica como la expresión más avanzada de esas tecnologías. En el caso del e-commerce, el compañero de comercio [en el libro] explica cómo a partir de la pandemia penetró abruptamente la digitalización en el sector y se llevó puesto un montón de puestos de trabajo y de tareas y reconfiguró absolutamente el día a día de los trabajadores. Pensemos en un vendedor o vendedora que cobraba una comisión por venta, hoy lo vende la plataforma y esas ganancias no son tan identificables como antes. Se invisibilizan las personas y las maneras en que se generan ganancias para esas plataformas. ¿Quiénes se apoderan de esa ganancia? ¿Son capitales extranjeros? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cómo juegan en los precios? Hay toda una complejidad detrás de la penetración de estas tecnologías, sobre todo en América latina, que ya veníamos precarizados, y esto vino a profundizar estas condiciones de trabajo y a monopolizar y extraer ganancias de la precarización.

En uno de los artículos se cuenta que en 2019 trabajadores de las apps de delivery tomaron las oficinas de Pedidos Ya, pensando que iban a parar la operación, y se dan cuenta que esto no sucedió. Los servidores son llevados a otro lado y el funcionamiento sigue, algo totalmente nuevo.

E: Absolutamente. ¿Dónde están esos servidores? ¿Cómo es que la plataforma sigue operando por fuera de sus bases o no hay ningún control soberano sobre los datos, las interacciones, las ganancias? Ni siquiera se puede multar a estas empresas. Uber siguió trabajando sin tener habilitación durante muchos años. Tienen una capacidad de lobby estas empresas que todo el tiempo están socavando la soberanía nacional e imponen sus condiciones, en términos de monopolio. Está totalmente deslocalizado y fragmentado, entonces se complejizan las cadenas de valor y cómo juegan esas cadenas en imponer condiciones de los capitales foráneos en los países en los que desembarca.

Estas tendencias laborales que se aceleraron con la pandemia, ¿cómo creen que van a evolucionar teniendo en cuenta la coyuntura actual y la asunción del nuevo gobierno?

P: Entiendo que esto se va a profundizar de una manera gigantesca. La tendencia para mí va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores, generar distancias cada día más desreguladas y la pérdida de derechos laborales cada día más.

E: Hay una situación compleja que ya se venía configurando con el macrismo, sobre todo. Y me parece que es posible que evolucione a una desregulación, que de hecho ya se había impuesto para algunos sectores. Es probable que se vaya hacia una regulación de las empresas, realizada en este contexto más a medida de las empresas que de los trabajadores. Pero yo creo que la estrategia es dejar cristalizado algún tipo de reglas de juego en una normativa que les brinde la seguridad jurídica que necesitan para continuar el negocio.

¿Cuáles consideran que son las cuestiones más urgentes a resolver en materia laboral?

P: Para mí ¿qué le pediríamos al Estado? sería la pregunta. Por un lado, lo que va a pasar es lo que dijimos antes: la desregulación, el trabajador desprotegido, eso va a ser una tendencia general. Hay que ver qué le pone freno a esa tendencia y si algo le pone freno. Claramente lo que se le pide al Estado es un Estado que esté presente y defienda a los más débiles, eso siempre, pero no va a pasar con este Estado. Con lo cual me parece que la actitud habitual va a ser más defensiva de proteger lo poco que nos queda que de exigirle al Estado algo.

E: Creo que la ley de contrato de trabajo, flexibilizada, probablemente, vaya a ser un piso mínimo de condiciones y de ahí en adelante es una gran oportunidad para complejizar el plexo normativo y mirar las complejidades y las especificidades sectoriales. En el peloteo entre el Estado y la organización sindical me parece que este Estado se retira y en ese retirarse, es una oportunidad para los sindicatos de avanzar, de fortalecer y complejizar el convenio colectivo. Porque me parece que se puede, Comercio, por ejemplo, lo viene haciendo, su convenio con Facebook que tiene muchos derechos mucho más de avanzada que la Ley de Contratos de Trabajo. Se viene reclamando mirar las complejidades de cada rama de cada actividad y, a su vez, dentro de cada actividad de cada rama. Y hay que atender todas esas complejidades que hoy en día quedan por fuera o sujetos a la discrecionalidad del cuerpo de delegados específicos, o de las ganas de la empresa de dar o no dar ciertos beneficios. También se pueden avanzar hacia nuevos sistemas de inclusión de estas personas que están quedando por fuera de los convenios colectivos, como pasó con los monotributistas por ejemplo, brindarles mayores servicios, beneficios. Me parece que los sindicatos tienen un margen de acción y tienen que saber aprovecharlo estratégicamente.

El artículo ¿Cómo protestar contra el algoritmo? Los desafíos de la organización gremial en la era digital cierra diciendo: “lo digital llegó para quedarse y las armas históricas del movimiento obrero analógico en este mundo no sirven para nada”. ¿Qué aspectos del movimiento obrero y sindical deberían cambiar para luchar por mejorar las condiciones laborales en este contexto de digitalización que es totalmente distinto al panorama de décadas atrás?

E: Creo que los sindicatos tienen que invertir más en la investigación y cristalizar una secretaría dentro de su estructura que esté dedicada a investigar las implicancias de estas tecnologías y adelantar los posibles impactos de la automatización, la digitalización, la robotización, todo tipo de tecnologías que se puedan llegar a implantar o se estén utilizando en otras partes del mundo. Como la temática de medio ambiente, creo que es fundamental los impactos del cambio climático sobre los empleos y las tecnologías como respuesta a esos impactos. El mundo se ha complejizado, los sindicatos deben complejizar su estructura también.

P: Ahí me parece que hay otra cosa que es la relación entre la universidad pública y los sindicatos. Habitualmente es una relación bastante instrumental y hay que construirla como algo orgánico. Las universidades no tienen otra que tener una relación vincular con el movimiento obrero. Y el movimiento obrero no tiene otra que tener una relación orgánica con las universidades públicas, por esto mismo que dice Elina. Pero pongo el acento en las universidades públicas y en la relación de que no puede ser una relación de sujeto-objeto, vengo a verte y a estudiarte, sino que tiene que ser una relación de diálogo de saberes. Donde hay distintos niveles de saberes y donde hay que saber escucharse y escuchar al otro. Sin esa vinculación veo muy poco posible la continuidad de la universidad pública tal cual la conocemos y veo muy poco posible la continuidad de los sindicatos tal cual los conocemos.

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

La flexibilidad y el acceso al mercado laboral vs. la precariedad y la vulnerabilidad. Los repartidores comparten sus experiencias y plantean un debate: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para progresar?

Es martes por la tarde en Capital Federal, a pesar del frío y el viento, el punto Rappi de Humboldt y Costa Rica se va colmando de camperas naranjas, combinadas con gorras y cajas de delivery del mismo color. Los que llegan se saludan entre sí y se sientan frente al local. Charlan, fuman y esperan.

Félix Vázquez hizo de todo, fue plomero, albañil, paseador de perros. Por muchos meses buscó un trabajo para mantener a su familia, y así fue como llegó a las oficinas de Rappi en Villa Crespo. El representante le explica que no será un empleado, sino que se unirá al equipo, será “colaborador”, no realizará repartos, sino que prestará un servicio. Sin contrato, sin horarios, sin objetivos de rendimiento —y sin derechos laborales, también—. “Hace tres años que trabajo en Rappi, a base de arriesgar mi bicicleta, mi celular, mi integridad. No tenemos leyes laborales que nos amparen, si no salís a laburar, no cobrás”, comenta Félix trabajador de Rappi, en diálogo con ANCCOM.

El circuito empieza cuando un cliente pide algo por la aplicación y abona con tarjeta o efectivo. El pago siempre es para Rappi, quien le liquida al restaurante a los 15 días de realizada la compra, pero se queda con un porcentaje del producto. “A mí me conviene porque llego a más clientes, aumenta la demanda, aunque le tenga que dar 20% a la app tengo publicidad y no me encargo del costo de distribución y los chicos del delivery”, explica Yasmín Merlo, encargada de un local de hamburguesas de Palermo. 

Radiografía del mercado

El trabajo en plataformas no cuenta con estadísticas oficiales ni estudios exhaustivos periódicos que den cuenta de la situación de los trabajadores. Hasta el momento se ha realizado en 2018 y en 2021 la Encuesta de Trabajadores de Plataforma (ETP). Según el primer informe, realizado durante 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estiman 160.000 empleados de plataformas digitales en todo el país, de los cuales unos 60.000 serían de reparto. En un estudio más reciente, publicado en 2022 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se realizó la segunda edición de la encuesta. Por el volumen de transacciones y cantidad de trabajadores las dos empresas principales son PedidosYa y Rappi.

La idea de PedidosYa nació en 2008, cuando Ariel Burschtin y Álvaro García eran alumnos de la universidad ORT de Uruguay. Como trabajo para una materia sobre emprendedurismo, les dieron la consigna de inventar un negocio desde cero en 30 minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y diseñar cómo podría ser su implementación. 

Por su parte, Rappi fue fundada en 2015 en Colombia, por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Ambos eran empleados de la startup Grability que permitía que los consumidores compren productos del supermercado online. Se dieron cuenta de que existía un cuello de botella en el envío, la entrega podía demorar días, hasta semanas. Vieron que los clientes tenían una necesidad de recibir compras como comida, medicina o antojos en su casa y en poco tiempo, así fue como decidieron crear una plataforma que brindara esa solución.

Comparando las encuestas mencionadas, se observa que la edad de los trabajadores disminuyó significativamente: la edad promedio en la ETP 2018 era de 38 años, y en la ETP de 2021 cae a 31 años. También se observa que las plataformas comienzan a absorber a una población de menor nivel educativo. En la ETP 2018 el 87,3% de los encuestados tenía al menos el nivel secundario completo, mientras que ese porcentaje disminuye al 79,2% en la ETP 2021.

En cuanto a la población migrante, hay una caída relativa respecto a 2018, los datos mostraban sólo un 23,8% de trabajadores argentinos, mientras en la ETP 2021 pasan a ser la nacionalidad mayoritaria con un 58,1%. Esto a su vez se corrobora en la antigüedad de los trabajadores, aquellos que hace más tiempo que trabajan son en su mayoría venezolanos y los que ingresaron hace menos de un año, son en su mayoría argentinos. 

Esto coincide con las fechas de aumento exponencial de la migración (fundamentalmente desde Venezuela). Mientras que, en 2008-2009, la inmigración venezolana se ubicaba en séptimo lugar en términos de las radicaciones en nuestro país, en 2019 ocupaba el primer lugar, con el 34,5% de radicaciones. Esto se puede observar en este gráfico interactivo, una producción propia a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Hecha la ley, hecha la trampa

El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, autor de libros clave para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, define esta situación como la “uberización de la economía”, un proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad. Un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de ‘prestación de servicios’, invisibilizando la relación de asalariado y de explotación del trabajo. Se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los trabajadores aparecen como “emprendedores” o “colaboradores”. 

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos, quien presentó un proyecto para la regulación de este tipo de trabajo, en diálogo con ANCCOM, describe: “Es una situación laboral fraudulenta. Se etiquetan como colaboradores, aunque es evidente que existe una relación de dependencia encubierta, manifestada por la necesidad de la aplicación en términos económicos para llevar a cabo las entregas».

Hebert Nontero, repartidor de Rappi lo describe: “Somos trabajadores, no somos microempresarios, ni trabajadores independientes. Eso es mentira. Somos totalmente dependientes de la empresa”. El conflicto está en que se presentan como meras intermediarias y así logran eludir todas las regulaciones laborales e impositivas. “La falta de transparencia en el funcionamiento de las empresas que gestionan aplicaciones forma parte de un innovador modelo de negocio que ha modificado las normas en cuanto a la explotación laboral”, explica Plaini.

El senador afirma que, «gracias a la gestión algorítmica, las plataformas funcionan con costos prácticamente inexistentes, sobre todo en lo que respecta a los costos laborales». Esta realidad coloca a los repartidores en una situación de «extrema fragilidad y precariedad», ya que carecen de salario mínimo, seguro de accidentes laborales y cobertura médica.

Mi jefe es un algoritmo

Tanto Félix Vázquez como Ezequiel Rojas, dos repartidores de Rappi, trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Van en bicicleta o moto y reparten de todo: desde pizza y hamburguesas, hasta artículos de farmacia, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente le tiene que hacer llegar a alguien.   

Ezequiel Rojas describe: “Necesitamos trabajar, pero a veces sentimos que usan la tecnología en nuestra contra. Avalan la esclavitud moderna”. Y cuenta cómo fueron los inicios en este trabajo que necesita, pero descubre esclavizante: “Empecé hace unos meses a trabajar en Rappi, mi primer día hice $15.000, estaba contento porque calculé lo que podía ganar en un mes y era más que el salario mínimo. Al tiempo noté que me llegaban menos pedidos o me mandaban muy lejos”. Con el tiempo el algoritmo lo empezó a desengañar: “Capaz la app te dice que (el pedido) está a 2 kilómetros, pero cuando lo pones en maps es mucho más lejos”. Los repartidores tienen la opción de liberar el pedido en caso de tener algún inconveniente. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando por una hora, a veces hasta tres días, si liberas dos pedidos. Te obligan a tomar un pedido que no quieres o no puedes”, comenta furioso. 

El teléfono de Ezequiel comienza a vibrar. “Tenemos un pedido perfecto para ti”. Retirar en Palermo y entregar en Villa Crespo. Se pone la caja naranja en la espalda y el cronómetro de la aplicación le dice: “Tiempo para llegar a la tienda, 10 minutos”. En Rappi no hay tiempo para la furia. O sí: arriba de la bicicleta.

 El hecho de que las plataformas se reserven el derecho de «dar de baja» o desconectar al usuario/trabajador en cualquier momento es una de las manifestaciones más evidentes de la insensibilidad de este sistema de empleo y de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que buscan obtener ingresos a través de él. “Muchas veces te pueden poner en pausa, te cierran las cuentas, y no siempre queda claro los motivos por los que lo hacen. Lo peor es que no tienes la posibilidad de derecho a réplica”, afirma Francisco Ojeda, otro repartidor.  

¿Bronce, Oro o Diamante? 

“Rappi tiene un sistema de categorización que nos divide como Bronce, Oro y Diamante. En este último, dan mayor prioridad para elegir horarios, aunque el pago sigue siendo el mismo para todas las categorías”, explica Ojeda, repartidor desde hace seis años. “Si en Rappi no acepto un pedido pasaré a ser de la categoría Bronce; lo que me implica tener menor prioridad al momento de elegir horarios”.  

Según relata Ojeda, PedidosYa tiene un sistema mucho más estricto. Se asignan posiciones desde el nivel uno (el más alto) al seis, y el ranking clasifica en base a las ausencias. ¿Qué número de ausencias tuviste durante la semana en tu horario? ¿Llegaste tarde o llegaste puntual? “A un repartidor del nivel uno le pagan más que a un repartidor de los niveles inferiores. La competencia entre nosotros es constante e injusta a mi parecer. Sobre todo, porque muchas veces te asignan pedidos a zonas peligrosas o de muy largas distancias a precios que no son convenientes ni por seguridad ni por insumos nuestros (nafta, peajes, comida). Entonces, por el simple hecho de rechazar un pedido o no querer hacerlo, la aplicación te bajará de nivel y con ello todo lo que implica”. 

La organización vence al algoritmo

Estas modalidades de empleo, en las que las calificaciones y clasificaciones juegan un papel fundamental para asegurar mejores oportunidades, condiciones laborales e incluso la permanencia en la plataforma, limitan el ejercicio de los derechos laborales. Ejercer cualquier derecho colectivo puede perjudicar a los propios trabajadores, la posibilidad de ser «despedido» fácilmente mediante la simple desactivación de la aplicación aumenta el temor a represalias. A pesar de ello, los trabajadores han optado por una variedad de estrategias para promover la acción colectiva, asegurar la libertad de asociación y avanzar en la regulación efectiva de su trabajo. 

Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que actualmente cuenta con más de 2.500 afiliados, relata: “Empezamos en 2020, en el contexto de pandemia. Era contradictoria la situación, por un lado, tenías que presentar un permiso que te diga que eras de los trabajadores esenciales para poder circular por la calle, pero por otro lado no teníamos ningún derecho como tales. Ahí nació el sindicato, nos empezamos a organizar en paradas solidarias a charlar y comentar la situación que vivíamos”. 

 Y remarca: “En un punto las empresas quieren instalar la competencia entre compañeros, eso veíamos en las paradas. Quieren que sea un sálvese quien pueda, que vas a estar mejor si pedaleas toda la semana sin parar y subís el puntaje. Así llegas a repartidor Diamante y tenés mejores tarifas y estas por encima de los demás trabajadores. Buscan que no haya solidaridad entre nosotros, un individualismo extremo”, remarca Ramiro. Y reflexiona: “No son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de explotación. Se aprovechan del vacío legal y esquivan la ley. Están haciendo cosas ilegales, no hay derechos básicos y fundamentales».

 Las personas nucleadas en SiTraRepA buscan ser reconocidas como trabajadores y tener los mismos derechos: obra social, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. “Si un repartidor se quiere ir de vacaciones tiene que poner a un amigo a manejar y usar la app en su nombre, o llevarse la bici y la mochila a la costa y repartir ahí. Es triste, pero si no lo haces te quedás sin puntaje, el algoritmo te puntúa todo el tiempo. Es como si fuese un juego, según el ranking que tengas vas a ganar más o menos plata”, describe Ramiro. 

 Las posiciones sobre la sindicalización laboral son diversas. Francisco Ojeda, por su parte, opina: “Por lo que hablamos en el grupo de repartidores, prácticamente ninguno está de acuerdo con que haya una sindicalización del sector porque, aunque nos puede traer beneficios como la jubilación, las vacaciones pagas, también nos va a generar mayores obstáculos, vamos a tener que cumplir un horario obligatoriamente, una asistencia y vamos a perder cierta flexibilidad de la que ahora disfrutamos”. 

 Otra de las posiciones es la de Vázquez, quien manifiesta: “Es necesaria la intervención del Estado para regularizar nuestra situación laboral, no solo de repartidores de Rappi, todas las empresas Uber, Glovo, Cabify son iguales. Necesitamos que se pronuncien los políticos, estamos totalmente precarizados”. 

 Según Manini, la sanción de una ley para regular este tipo de trabajo es una deuda pendiente, y opina que la falta de jurisprudencia en torno a reconocer la relación de los trabajadores con las empresas como laboral lo frena bastante. “La influencia de las empresas es real, tanto para impedir el debate en el Congreso como para impedir la organización y sindicalización de los trabajadores. No quieren regulaciones económicas como tienen todas las empresas que trabajan en el país. Hay una grave falta de transparencia a la hora de cobrar y a la hora de recibir sanciones o penalizaciones. Y como los trabajadores no tienen contrato, no se sabe cuáles son las consecuencias de rechazar pedidos o cuánto van a ganar por repartir. Una ley no va a transformar el mundo, pero sí será una conquista enorme”, sostiene Manini.

Millones para unos pocos

Juan, repartidor de Rappi, repite este deseo como un mantra para soportar la lluvia intensa y la frustración mientras ve cómo el cliente regresa al ascensor con su pizza. Rápido y seco. Mientras tanto, Juan da un paso hacia el borde de la vereda y se empapa nuevamente. Las gotas caen con fuerza sobre su campera naranja. Cierra la caja y se escapa la última bocanada de aire caliente que dejó la pizza antes de irse. Caliente y puntual. 

Los trabajadores de estas plataformas son formalmente considerados trabajadores autónomos, y no se les reconoce una relación de dependencia. Siguiendo una argumentación similar a la de la pionera Uber, empresas como Rappi y PedidosYa también se autodenominan «empresas de tecnología». En ambos casos, estas plataformas argumentan que simplemente proporcionan una herramienta informática, una base de datos para conectar clientes con prestadores de servicios individuales, con el objetivo de evitar cualquier relación de dependencia y eludir el cumplimiento de las protecciones laborales establecidas por la legislación. La intención de no reconocer las actividades desempeñadas por sus repartidores como trabajo se refleja en el propio lenguaje que utilizan las empresas para promover el espíritu emprendedor y el autoempleo. Utilizan términos como «red de consumidores», «red de productores», «colaborador». En este contexto, los términos «trabajo» y «trabajadores» se usan rara vez. Un informe de la OIT plantea los indicadores de existencia de relación laboral en el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina.

 Las empresas argumentan que no hay una relación de dependencia, mientras que los «rappitenderos» recorren la ciudad sin protección, sin ningún tipo de seguro. “Nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente, y no se hace responsable ni la empresa ni ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros y decirnos ´ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros´”, comenta Angie León, repartidora de Rappi. Debido al vacío regulatorio y legal en el que se desarrolla esta actividad, las empresas eluden el pago de beneficios laborales, suministros de trabajo, compensaciones por accidentes laborales y cualquier obligación relacionada con la seguridad social. Mientras tanto, los repartidores pueden trabajar hasta más de 8 horas diarias y muchas veces no llegan al salario mínimo. 

El derrotero político

La discusión sobre la regulación de las plataformas de reparto se está dando a nivel mundial. 

El camino de búsqueda por la regulación en Argentina comenzó en 2020, cuando el gobierno oficialista de Alberto Fernández elaboró un proyecto “Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda” pero que no fue presentado. Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y abordaba, entre otras cuestiones, la regulación de la jornada laboral: “Artículo 18.1. Una jornada de labor que no supere las 9 horas. La distribución del horario será por acuerdo de parte entre la Plataforma y la persona trabajadora”, aclara el proyecto.. Respecto al salario mínimo, el Artículo 12 dice que el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales (CNTPD). También se incluían temas como la retribución por viaje, envío, entrega o distribución en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, entre otras cuestiones. 

 El senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley del legislador Omar Plaini, que establece en su Artículo 2° la creación de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)”. Fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial en 2023, luego de haberse frenado por varios meses a causa de la presión de las empresas. 

En los Artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Poder Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá” exigir a las personas jurídicas y empleadores que denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Sin embargo, aún se busca regular una ley a nivel nacional. En septiembre de este año la exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos aseguró que estaban desarrollando un proyecto de ley para enviar al Congreso. Según declaraciones en El Destape Radio, la iniciativa es parte de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía: «Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos», destacó la ex funcionaria. Todo lo contrario, parece, se propone la gestión desreguladora de Javier Milei.

Delivery de derechos 

Las tecnologías digitales generaron cambios en el trabajo y el empleo. La “algoritmización”, les permite a las plataformas operar con costos prácticamente nulos, esto mejora la eficiencia y, en particular, se ve una reducción de los costos laborales. Las nuevas modalidades de empleo en la economía digital se destacan por la desregulación y la flexibilización de los límites en muchos niveles. Mientras que los trabajadores hacen malabares con sus tiempos de trabajo para obtener buen puntaje, la gestión algorítmica produce sobrecarga de trabajo, además, de los riesgos que implica para la salud y la seguridad (accidentes, robos, etc.), trabajar en la calle. Todos estos elementos unidos no se ven recompensados con un salario. 

Los repartidores responden con organización y acciones colectivas para fortalecer su representación y capacidad de acción. La sindicalización, las redes sociales, los grupos de WhatsApp son iniciativas destinadas a promover tanto los derechos como la comunicación entre los trabajadores, además de crear conciencia sobre la necesidad de establecer un marco legal que mejore las condiciones laborales y defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.

 

Dariannis Linares, repartidora venezolana, destaca la importancia del compañerismo entre los “redes”. “Fue en el 2021, en Lomas de Zamora a las 20. Fui a buscar un pedido a una casa de pastas de Don Cotrone, mientras esperaba llegaron unos chicos en una moto chiquita, uno de ellos sacó un arma blanca y me amenazó. Cuando me iban a quitar la moto, aceleré y me fui súper asustada, mirando para todos lados a ver si encontraba algún policía o una comisaría para hacer la denuncia. Encontré la Comisaría 9A de Lomas de Zamora, me estacioné y escribí en nuestro grupo de WhatsApp porque no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Algunos de mis compañeros que estaban cerca llegaron a la comisaría para cerciorarse de que estuviera bien y saber qué me había pasado. Fueron ellos quienes le escribieron al soporte de PedidosYa, mientras yo hacía la denuncia en la comisaría. Me sentí contenida por mis compañeros, porque como repartidores andamos solos y expuestos a los peligros de la calle”. 

La solidaridad de clase entre los naranjas y los colorados se siente. Cuando las piernas no les dan más, tienen un problema, llueve o hace frío y no recibieron nada de propina, cruzarse con el saludo o la ayuda de un compañero les da un respiro en la línea del frente de batalla.