La ex clase pasiva

La ex clase pasiva

Cada vez más jubilados trabajan para compensar los magros haberes que reciben mensualmente y poder hacer frente a los gastos cotidianos. Historias de canosos con empleo.

La postal de jubilados que se ven en la necesidad de volver al trabajo se repite cada vez más seguido en Argentina. Según la Encuesta Permanente de Hogares, uno de cada seis jubilados (15,47%) sigue en actividad, lo que representa un aumento del 42% en comparación con 2011. La necesidad económica es el principal motor: el haber mínimo ronda los 366 mil pesos, mientras que la canasta básica del adulto mayor supera los $1.200.000.

“Cuando vi que me faltaban cuatro o cinco años para jubilarme dije: ‘¿Qué hago?’ Porque con la jubilación mínima no iba a poder vivir. Entonces me puse a estudiar abogacía y ahora trabajo en eso”, cuenta Lili Kunis, jubilada de 71 años, que trabajó como docente durante 35 años en la provincia de Buenos Aires. Se recibió a los 54 años en la Universidad Nacional de La Matanza y ejerce como abogada laboralista. “Me gustaría no tener la obligación de trabajar. El trabajo que hago me gusta, pero también es correr todo el tiempo, con plazos y escritos. A los 71, me gustaría dejar de correr”.

La situación se agrava por la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de subsidios a los servicios. “Los jubilados hemos perdido con todos los gobiernos, pero esto es brutal”, asegura Kunis. “La quita de los medicamentos gratuitos también nos afecta mucho. En las marchas me cruzo gente llorando porque no puede comprar sus gotas. Me dicen: ‘Si me las compro, no como’”.

«Me parece que están queriendo instalar un discurso: que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”, dice Silvia.

Rosario Sastre, jubilada de 67 años, comparte la misma preocupación. Cobra la mínima y vive de changas: es podóloga, lleva personas con discapacidad al médico, hace compras y cuida enfermos. “Por mes puedo sacar unos 200 mil pesos, y olvídate de comprar carne. Hay gente que me dejó de llamar porque no puede pagarme”, dice. “Una cosa es trabajar por elección, pero yo trabajo porque no me queda otra. Este mes, con el aguinaldo, somos Gardel: cobramos 500 mil pesos. ¡Qué tristeza tener que reírse de eso! Nos sacaron todo”.

Sastre vive en Ciudadela y camina diariamente para ahorrar en transporte. “Estoy cansada, agotada, con bronca. Quisiera pasear con mi nieta, pero tengo que trabajar todos los días”. Su alquiler es de 220 mil pesos. “Con la jubilación se me va el alquiler, y el resto en luz y gas. La mayoría está igual: los que tienen casa propia, no pueden pagar los impuestos; los que pueden, siguen trabajando”.

Silvia Bondareff, de 63 años, y Juan Domingo Redondal, de 72, son una pareja que hace changas de albañilería en Tres de Febrero para poder subsistir. “Me quedaron algunos clientes de cuando trabajaba en la construcción y con la jubilación mínima no podemos vivir, así que sigo en la lucha”, dice Juan Domingo. Silvia es profesora de gimnasia y estudia psicología social, pero lo ayuda en el trabajo: “Lo acompaño para que no le sea tan duro y no tenga que ir solo. Llevo los baldes, hago la mezcla. La gente nos mira como diciendo: ‘¿es la peona o la dueña de la casa?’. Cuando estamos revocando una pared también es raro, porque somos grandes”. Tienen cinco hijos, uno de ellos estudia en la universidad: “Es nuestro mayor gasto. Queremos que termine, que no tenga que dejar por trabajar”, cuenta Juan Domingo. Silvia agrega: “Me jubilé gracias a la moratoria para amas de casa. Siempre trabajé, pero nunca tuve aportes. Pensé que podría hacer lo que me gusta, pintar, él ser profesor de fútbol. Pero nos dimos cuenta de que íbamos a tener que trabajar de nuevo. Me parece que están queriendo instalar un discurso de que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”.

“La dignidad no se vende”

Para Juan Domingo, la lucha sigue: “La mayoría de los jubilados que nos sentamos en el Anexo del Congreso venimos de la década del 70 y nos han cagado a palos siempre. Pero este tipo (en referencia al presidente Javier Milei) rompió las normas. No entienden que no vamos a abandonar las calles. Nos han quitado los remedios, nos han aplastado el sueldo. Lo único que nos queda es la dignidad, y eso no se vende”. Silvia coincide: “Nuestros amigos están vencidos, como que no activan. Algunos votaron a Milei y piensan que hay que esperar. Ahora se ven más jubilados autoconvocados en el Anexo y eso te da ánimo para seguir luchando”. Juan Domingo concluye: “Para este gobierno somos un grano en el culo, nos van a hacer de todo, nos van a meter gases y matar los sueldos, pero no nos van a sacar de la lucha. Ese es el legado que le dejamos a esta juventud. No es solo por nosotros, es por los que vienen atrás”. Silvia agrega: “Voy al Anexo por mis hijos y mis nietos. Algún día se van a acordar, como yo me acuerdo de cuando mi papá iba a la marcha de Norma Plá y yo le preguntaba: ‘¿Para qué vas?’. Ahora lo sé”.

El aumento en la esperanza de vida es otro de los factores que complejiza el panorama. La Fundación Navarro Viola advierte que los sistemas previsionales fueron diseñados cuando la mayoría de las personas fallecían a los cinco años de jubilarse. Hoy, muchas viven 15 o 20 años más. Según el informe, casi un cuarto de los jubilados menores de 70 años sigue trabajando.

Víctor C. Amarilla tiene 72 años y es encargado de edificios. Se jubiló hace nueve años, pero sigue en actividad. Cobra un poco más de la mínima: 420 mil pesos de jubilación y 400 mil pesos como encargado. “No me alcanza. La luz y el gas cuestan más de 100 mil pesos. Uno come lo que puede. Me levanto a las 4:30 para trabajar. Estoy podrido. No puedo ir al cine, no puedo salir a pasear. Mis amigos están desesperados: ganan poco y muchos están enfermos. Yo no sabía que iba a tener que seguir trabajando. Pensé que iba a hacer una changuita, pero al final es lo único que me permite vivir”.

En situaciones similares están Ana Montenegro y Luis Relinque. Ana, de 69 años, tiene discapacidad visual y cobra la mínima. Para sobrevivir, intenta vender ropa en ferias barriales, pero enfrenta trabas del Ggobierno de la Ciudad. “Nos sacan como si fuéramos delincuentes. No nos dejan vender. Fui a Parque Patricios, Parque Centenario, Chacarita, Mataderos, y nos sacaron de todos lados. Nos persiguen. Lo único que quiero es vivir tranquila, pero no nos lo permiten. Cobro 350 mil pesos y tengo que trabajar los fines de semana desde las 4 de la mañana. Mis hijos me ayudan, pero no quiero ser una carga. Yo también hice este país, no nos merecemos esto”.

Luis, de 75 años, vende alfajores frente al hospital Evita. Cobra la mínima y vive con su hijo y su nuera. “Me las rebuscaba, pero el último año ya no. Empecé a vender cuatro alfajores por mil pesos. Gano unos 7 u 8 mil pesos por día. Con la jubilación no alcanza: la mitad se me va en servicios. Dejé de pagar los impuestos. Quisiera comer una pizza en Corrientes o ir al teatro con mi nieta, pero no puedo. Antes iba al cine, ahora no. Tengo 75 años: mi vida es hoy, y no quiero pasarla mal”.

Tocaría descansar

El escenario es desolador. La falta de políticas previsionales integrales, la eliminación de la moratoria y la intención de anular regímenes especiales profundizan la crisis. “Los choferes de colectivo, los docentes, van a tener que esperar. Antes uno decía: ‘los jubilados tienen la ayuda de la familia’, pero ahora ni eso. Las familias también están fundidas”, advierte Kunis. “Yo voy a tener que seguir trabajando hasta que pueda. No es por gusto, es por necesidad”.

La jubilación mínima ​​se encuentra actualmente en 296.396 pesos, a esto se le suma el bono de 70.000 pesos, congelado hace más de un año. Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, cobran los haberes mínimos con bonos poco más de 5 millones. La Cámara de Diputados dio media sanción una ley que otorga un  aumento del 7,2% en todos los haberes y una actualización del bono a 110.000 pesos. También repone la moratoria previsional, que venció el 23 de marzo y no fue renovada por el gobierno, dejando a un estimado de 243.000 personas sin poder jubilarse en 2025. Ahora le toca votar al Senado para que entre en vigencia. De todas formas, Javier Milei ya anticipó que de aprobarse, vetaría la norma por lo que la situación de penuria de los jubilados seguiría tal cual está ahora. 

El fenómeno de los jubilados que no pueden dejar de trabajar crece y se expande. La falta de una respuesta estatal deja a miles de personas mayores atrapadas entre el hambre y la precariedad laboral. La imagen de adultos mayores en ferias, limpiando vidrios o trabajando en edificios se multiplica en las calles de todo el país, mientras las políticas de ajuste profundizan un escenario cada vez más injusto.

SiPreBA cumple 10 años

SiPreBA cumple 10 años

En medio de estigmatizaciones y un feroz ataque del gobierno al periodismo mezclado con un nivel de precarización laboral inédito, el gremio de prensa cumplió una década y lo celebró en el teatro Picadero.

En un contexto que atraviesa fuertes tensiones económicas, sociales y políticas, el periodismo argentino enfrenta uno de sus momentos más complejos desde la restauración democrática. Con el gobierno de Javier Milei, las condiciones para ejercer la profesión se vieron erosionadas por una combinación de factores: concentración de medios, reducción de pauta oficial, precarización laboral y crecientes discursos de estigmatización y violencia hacia la prensa crítica. Sin embargo, nada de eso, como tampoco el frío y la lluvia, impidieron que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires organizara el pasado sábado, a una semana del Día del Periodista, un acto en el Teatro Picadero para celebrar sus diez años de vida. A lo largo de la década, ganó la representación gremial y desbancó a la histórica y desgastada Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Matias Colombatti e Ivana Zerman, a cargo de la conducción, presentaron al panel de debate que contó con la presencia de los periodistas Ari Lijalad y Silvia Mercado; Fabian Grillo, padre del fotorreportero herido por un gendarme en la represión a los jubilados del 12 de marzo en Congreso; y Carla Gaudensi, secretaria adjunta de Sipreba y trabajadora de Télam. “Este gobierno quiere silenciar lo que está sucediendo. La única forma de lograr que este ajuste brutal, de que el endeudamiento de todos los argentinos se mantenga oculto es si en una manifestación Patricia Bullrich impide que los reporteros gráficos, los cronistas cuenten lo que está pasando, es intentando disciplinar a los trabajadores de prensa de Casa Rosada para que no pueda decir lo que está pasando ahí adentro”. Para ella, “la libertad de expresión y salarios se relacionan íntimamente. Sin derechos y condiciones dignas, nosotros no podemos ejercer bien nuestra profesión”. El Sipreba se encuentra en una campaña para elevar el salario de las redacciones, con la exigencia de que no pueden seguir estando por debajo de la canasta básica.

 

“Para mí, la libertad de expresión es un tema colectivo y el mayor ataque que recibe son los salarios de mierda que pagan la mayoría de los medios, que cobramos la mayoría de nosotros, porque eso deteriora nuestra posibilidad de hacer periodismo”, dijo Lijalad, denunciado por escribir una columna de opinión y respaldado por más de 600 periodistas. “El problema de Milei no es con periodistas individuales, lo que busca es imponer miedo y autocensura. No nos dejan recorrer la Casa Rosada, quieren que hagamos gacetillas, solo con sus fuentes oficiales. Deslegitiman nuestro trabajo con ataques permanentes a quienes hacemos periodismo”, denunció el periodista de El Destape. Durante el acto se proyectó un anticipo de Redactores, documental a 50 años de los principales convenios colectivos de trabajo de la actividad, del estatuto que firmó Juan Domingo Perón poco antes de que la dictadura interviniera los medios. 

Asimismo, la directora bonaerense de Empleo, Claudia Lazzaro, participó del panel en donde se abordaron temas como la precarización laboral, la libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto actual, atravesado por el hostigamiento del Gobierno nacional. Allí se presentaron datos socioeconómicos sobre la situación del trabajo en prensa de la provincia de Buenos Aires.

Fabian Grillo, muy emocionado y agradecido por el cariño que viene recibiendo, comentó sobre el estado de salud de su hijo Pablo: “Los profesionales me dicen que es un milagro la enorme mejoría de Pablo, y no tengo dudas que es por esto. Por todo el amor que le dan y le llega a el”. Este hombre de barba canosa y grandes ojeras, que se convirtió en un símbolo del repudio a las represiones cotidianas del gobierno de Milei y Bullrich, expresó que “estamos en un gobierno que necesita de la mentira como herramienta de acción y quiénes la revelan son muy peligrosos, una foto es un arma terrible para ellos”. Y apuntó: “En el caso de mi hijo, lo juzgaron e intentaron ejecutarlo, en el mismo momento. Definieron que ser fotógrafo periodista es un delito, o sea que legislaron”.

A su turno, el secretario general del Sipreba Agustín Lecchi dijo: “Consolidamos un sindicato que lucha por un periodismo con salarios justos y condiciones dignas para garantizar el derecho a la información”. Si bien el propio dirigente calificó este momento de la prensa como uno de los peores, fue enfático al decir que no hay margen para la resignación. “¿Cómo no pelear y resistir después de ver lo que el gremio fue capaz de construir en estos primeros diez años?, expresó. “Sin democracia no hay libertad de expresión para que volvamos a tener una democracia con justicia social necesitamos un sindicato fuerte con propuestas, nosotros tenemos ideas para recuperar los medios públicos, para fortalecer los medios populares y para eso necesitamos salarios justos

Al finalizar el evento, la Comisión Directiva entregó el reconocimiento Osvaldo Bayer a referentes históricos del gremio, y el “SiPreBA10años” como muestra de agradecimiento a distintas organizaciones y figuras del sindicalismo, la política, la comunicación y los derechos humanos que fueron fundamentales en este recorrido acompañando las luchas del gremio. Así, subieron al escenario del Picadero referentes de Argra, el Cels, la Correpi y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, con la presencia de su directora, Larisa Kejval y del exdirector y actual vicedecano de Sociales, Diego de Charras. Hicieron lo propio representantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda; dirigentes de las principales centrales sindicales como Maia Volcovinsky (CGT), Hugo Yasky (CTA-T), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A) y Alejandro «Peluca» Gramajo (UTEP); la legisladora porteña Victoria Montenegro; la ministra bonaerense de la Mujer, Géneros y Diversidades Estela Díaz y los exministros nacionales Jorge Ferraresi, Carlos Tomada y Raquel Olmos.

Entre el público pudo verse al abogado de derechos humanos Pablo Llonto, al abogado laboralista León Piasek, a la expresidenta de Télam Bernarda Llorente, al periodista Carlos Ulanovsky, a la periodista y exdefensora del Público Miriam Lewin, a Fernando “Tato” Dondero, uno de los fundadores del sindicato junto al fallecido Rubén Schofrin, y a Carlos Rodríguez, histórico delegado de Página12 y símbolo del redactor comprometido con lo social y lo colectivo en detrimento de los egos que abundan en el oficio.

Desde las bases

El Sipreba se fundó el 7 de junio de 2015, luego de un amplio plebiscito en el que participaron más de 2000 trabajadores y trabajadoras de redacciones, canales de televisión y radios. “Tomamos la decisión de reconstruir el sindicato de prensa para todos los medios —privados, públicos y autogestionados— sin importar su orientación política o el sector al que pertenecieran”, expresaron en enero de 2023, tras lograr la histórica obtención de la personería gremial. El sindicato se fue consolidando como un actor clave en las negociaciones paritarias del sector y mantiene una fuerte presencia en medios de alcance nacional como Telefé, América, A24, El Trece, TN, La Nación, Infobae, Olé, Noticias Argentinas, Página/12, Cronista, Perfil, Ámbito, Futurock, Radio con Vos, Radio Nacional, TV Pública, Radio Continental, Letra P, Diario AR, entre muchos otros.

Nacido de comisiones internas que habían quedado huérfanas de estructura sindical, durante esta década, el SiPreBA peleó contra el vaciamiento del Grupo 23 y apoyó la recuperación cooperativa de Tiempo Argentino; revirtió los 357 despidos de 2018 en Télam y acampó cuatro meses en 2024 para resguardar los puestos de trabajo de esa agencia; logró reincorporaciones y sostuvo la organización sindical en Clarín a pesar de un centenar de despidos entre 2019 y 2023; se organizó frente a la represión de Patricia Bullrich en el macrismo y en la actualidad. El flamante sindicato superó la pandemia y reconstruyó la Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) apostando a la unidad nacional de prensa. Entre otras tantas luchas, confluyó con los movimientos feministas, de derechos humanos y sindicales, convirtiéndose en partícipe y protagonista de todas las reivindicaciones populares por la ampliación de derechos.

En este décimo aniversario, y en un contexto especialmente crítico para el periodismo y la democracia, sus dirigentes reafirmaron su compromiso con el futuro “por el trabajo en prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión” y reivindicaron la organización colectiva, la pluralidad y la unidad”. En ese momento, el teatro entero cantó “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”.

Pese a todo, cientos de periodistas continúan ejerciendo con compromiso su labor informativa, resistiendo desde la trinchera del oficio y apelando a nuevas formas de financiamiento y colaboración. Plataformas independientes, cooperativas de prensa y medios autogestionados resurgen como espacios de resistencia profesional y ética. La idea de que en tiempos de incertidumbre, el periodismo se reafirma como pilar indispensable para la democracia fue la que sobrevoló el acto. Pero para que pueda cumplir ese rol, necesita libertad, recursos y respeto. Y eso, con un gobierno que promueve el odio se vuelve una pelea cotidiana.

 

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Ministerio de Salud echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Sindicatos y profesionales denunciaron la sangría de la salud pública: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, el principal centro de salud pública de alta complejidad del país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Salud a través de las redes sociales, bajo el argumento de “injustificadas inasistencias laborales”. La noticia generó un inmediato rechazo por parte de sindicatos, profesionales y agrupaciones, que denuncian un nuevo capítulo en el vaciamiento del sistema sanitario público. En respuesta, durante la mañana de este viernes realizó una asamblea en el hall central del hospital.

Desde el Ejecutivo, los despidos fueron presentados como parte de una política de “ordenamiento del Estado”. “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que también anunció el descuento salarial a quienes participaron de medidas de fuerza en apoyo al Hospital Garrahan.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, cuestionó el comunicado del Ministerio de Salud que anuncia despidos en el Hospital Posadas y descuentos por los días de paro en el Hospital Garrahan: “Otra vez, el comunicado no tiene firma. Simplemente dice ‘Ministerio de Salud’ y responde al giro autoritario que vienen aplicando las autoridades del hospital, sin mostrar ninguna voluntad de resolver el conflicto”.

Además, señaló que el Gobierno desconoce un conflicto legítimo: “La asfixia salarial que están imponiendo a los trabajadores y trabajadoras afecta directamente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos apelando a la justicia y preparando amparos, frente al abandono y la desatención del Estado en lo que es su obligación: garantizar el derecho a la salud de la población y un salario digno para quienes la sostienen. Son derechos constitucionales”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que los despidos son una represalia contra quienes exigen salarios dignos y mejores condiciones laborales: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo. Quienes dirigen Salud son dueños de clínicas privadas. La plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”, advirtió en diálogo con este medio.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires – Hospital Posadas, denunciaron que ya pasaron cuatro direcciones sin respuestas estructurales y que aún no se ha confirmado la designación de un nuevo director. En ese marco, llamaron a los pacientes y a la sociedad en su conjunto a respaldar el trabajo cotidiano del hospital: “Son testigos del trabajo que se lleva adelante día a día en un hospital donde se resuelven miles de consultas, estudios diagnósticos y cientos de internaciones los siete días de la semana”, señalaron en el comunicado.

Los 110 despidos en el Posadas se suman a los más de 120 ejecutados durante 2023 y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de achicamiento del Estado no se detiene y genera rechazo en distintos sectores del sistema de salud.

Desde la Asamblea de Residentes también se expresaron en contra: “Cada trabajador y trabajadora cumple un rol esencial en el sostenimiento de la salud pública. Estos recortes profundizan el deterioro de las condiciones laborales y sobrecargan aún más al personal”.

Y cuestionaron el anuncio del bono por parte del Gobierno: “Representa un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo: el déficit presupuestario del sistema de salud. Reclamamos una recomposición salarial justa, sostenida y sin exclusiones, que no implique recortes en otras áreas ni fragmentación del equipo”.

Para los gremios, el caso del Posadas no es un hecho aislado. Denuncian una estrategia sistemática de ataque a la salud pública que también se manifestó en el reciente conflicto del Hospital Garrahan, donde —según advierten— se difundieron mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y en el intento frustrado de cerrar el Hospital Bonaparte. Los despidos en el Posadas se conocieron inmediatamente después de la masiva jornada nacional de lucha en defensa del Garrahan y la salud pública.

Frente a esta avanzada, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advirtió que el Gobierno “no debe confundirse”, y recordó que los derechos de huelga, asociación y acción sindical están protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Ningún decreto de necesidad y urgencia puede estar por encima de esos derechos”, subrayó.

Una médica del Hospital Posadas, que prefirió no dar su nombre, expresó a ANCCOM: “Acá trabajamos con miedo. Sabemos que si hablamos o reclamamos, podemos estar en la próxima lista de despidos. Pero no podemos seguir en silencio mientras desarman la salud pública”.

“Está claro que no les interesa la salud de la gente. Solo se acuerdan cuando hay paro. El programa de gobierno de Milei en materia sanitaria era este: destruir la salud pública y que sólo se curen los que tienen plata. Los hospitales públicos funcionan hoy exclusivamente por el esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores”, señaló Rodolfo Aguiar.

Mientras crece la conflictividad, las y los trabajadores de la salud aseguran que no dejarán las calles. El reclamo no es solo por salarios y condiciones laborales: es también por el futuro de un sistema que está siendo desmantelado en nombre del ajuste.

Un año de apuesta a la producción comunitaria

Un año de apuesta a la producción comunitaria

Los integrantes del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, en el partido de Ituzaingó, cuentan cómo decidieron reunirse para trabajar y hacer frente a la crisis con un proyecto colectivo. El resultado: una cooperative textil, otra de reciclaje y una tercera de ceramistas.

“Adrián es el responsable textil, pero los jueves maneja el camión de La muchachita”, comenta Julián Aceituno, coordinador del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, mientras fuma un cigarro sobre la calle Suboficial Perdomo del partido de Ituzaingó. Ahí, a pocas cuadras de la unión de la autopista Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, funcionan tres cooperativas: la de reciclado La Muchachita de Los Toldos, la Textil de Ituzaingó y la de cerámica Lesjade. Cada una con distintos oficios, distintos recorridos e historias, pero con un objetivo común: apostar al trabajo y a la producción como motor del crecimiento comunitario.

En el mes de junio el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco cumple un año de su inauguración. “Ante un contexto complejo de apertura de importaciones, este es un lugar de militancia y resistencia que sirve para demostrarle a la comunidad que estas formas de producir son viables y se pueden sostener en el tiempo», indica Aceituno. La pared que mira a la vereda exhibe un mural dedicado a la economía popular en tonos rojos y azules. Manos que trabajan telas, moldean vajillas y reciclan residuos envuelven una frase del sumo pontífice argentino que reza y resume lo que ocurre puertas adentro del polo productivo: «Desde las periferia olvidadas se crean soluciones dignas para los problemas acuciantes de los excluidos».

Después de un par de maniobras, el camión quedó estacionado de culata en la entrada del Centro: una construcción grande de ladrillos de hormigón y techos de chapa. Al ingresar por una puerta doble hoja color ladrillo y mirar hacia arriba se pueden ver los colores de la bandera argentina enrollados en la baranda del entrepiso donde funciona la cooperativa textil y, justo en la columna del medio, un cuadro blanco y negro de Evita recibe a todos con una sonrisa.  Contra el costado izquierdo, la escalera de madera por la que sube Adrían Mamami todos los días para trabajar. Ahí arriba se puede realizar de principio a fin el proceso de producción de una prenda de vestir. “El núcleo mínimo de trabajo es Adri y su familia. Cuando hay mayor demanda y aumenta el volumen de producción, se suma más gente”, indica Aceituno. En el fondo, la esposa de Adrián dobla buzos y los coloca en bolsas plásticas mientras su hijo, sentado en una máquina de coser, le da las últimas puntadas a un pantalón. “Ahora estamos produciendo uniformes para un colegio de Pilar”, comenta Mamani.

El espacio es amplio, luminoso y está colmado de hilos y retacitos de tela de diversos colores y texturas. Cuentan con numerosas máquinas de coser y una mesa de corte de diez metros de largo para trabajar a escala. Aceituno apoya su mano sobre la mesa y explica: «Acá se puede hacer todo. Se pone el rollo de tela, se extiende y se realiza el corte con la moldería correspondiente. Después se confecciona e incluso podemos estampar» y agrega: “La realidad es que hay una cantidad muy grande de talleres textiles familiares que funcionan en casas particulares en muy malas condiciones de trabajo. Nuestro propósito es que esos talleres salgan de las casas y que sean los centros textiles los que, al hacer todo el proceso de producción, puedan ofrecer las prendas directo a las fábricas, empresas y marcas, sin intermediarios”.

Un proyecto que está en marcha y dando frutos: a partir de un trabajo articulado entre el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco, la murga uruguaya Agarrate Catalina y Pirca producciones, la cooperativa textil de Ituzaingó confeccionó camisetas para colaborar de forma solidaria con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Al vivenciar esta experiencia colectiva que conjugó trabajo cooperativo, arte y memoria, Mamani comenta: “Nos llena de orgullo haber participado de esta iniciativa. Producimos varias tandas de remeras y tuvimos la posibilidad de entregarlas en persona a las Abuelas”.

“Este lugar es una muestra de que se puede dar respuesta a un problema de un sector que ya ni es explotado, sino que se autoexplota. Al tener la capacidad de absorber más producción, también podemos negociar mejores condiciones laborales”, indica Aceituno mientras tanto, justo debajo de sus pies, se escucha el pitido del montacargas moviéndose en planta baja: son los trabajadores de la cooperativa de reciclaje La muchachita de Los Toldos que cargan el camión que dejó estacionado Mamani en la entrada del Centro. “Cuando terminen de acomodar todo nos vamos para González Catán a realizar una entrega. La muchachita le vende cartón a una fábrica que produce maples de huevo”, acota Mamani entre el ruido de las máquinas y reflexiona: “Acá convivimos las tres cooperativas y entre todos tratamos de darnos una mano. En cierto punto funcionamos como una familia”.

En planta baja hay una radio prendida que musicaliza el ambiente: al ritmo de la cumbia, trabajadoras y trabajadores de La muchachita separan vidrio, cartón, plástico, papel y demás residuos sólidos. Entre bolsones y cajas se arman los pasillitos por donde circula el material que llega, se separa, luego se enfarda en la máquina compactadora y queda listo para su comercialización. “Trabajamos con varias empresas, algunas nos traen residuos para separar y a otras les vendemos el material para reciclar. También recolectamos de puntos verdes y de la zona abastecedora de Ituzaingó”, comenta Rodolfo Herrera, coordinador de La muchachita de Los Toldos, quien de muy chico empezó a cartonear en la calle y por su cuenta. “El proceso de organización de la cooperativa nos llevó mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Ya hace un año que estamos acá y es mucha la diferencia en cuanto a condiciones de trabajo porque tenemos herramientas, la vestimenta adecuada y los días de lluvia podemos trabajar sin mojarnos”, agrega Herrera y reconoce que el trabajo de todos los compañeros es necesario para que todo funcione.

«Hay una visión muy idealizada de pensar que todo se organiza solo y no, no es así. El rol de la militancia es muy importante para generar organización, discutir decisiones y acompañar estos procesos. Ninguno podría solo, en cambio al estar todos juntos, este proyecto es posible y viable de sostener. Hay todo un laburo detrás de articulación con la comunidad», señala Aceituno quien, al ser uno de los responsables del Movimiento Evita en Ituzaingó, pone en valor el trabajo de todos sus compañeros de militancia y agrega: «Es importante que el Estado también acompañe estas experiencias colaborativas y comunitarias. Actualmente, esto lo estamos sosteniendo contra viento y marea. Imaginate que con un poco de viento a favor, podríamos generar muchos más puestos de trabajo». Todo listo y preparado, Mamani pone en marcha el camión, Herrera se sube a su lado en el asiento del acompañante y parten rumbo a González Catán.

El sol de otoño se mete sin permiso por la puerta entreabierta de la cooperativa de cerámica Lesjade, un proyecto que empezó a tomar vida en pandemia y hoy cuenta con un equipo de trabajo conformado por mujeres ceramistas. Con sus manos y minuciosa creatividad, se encargan de amasar, moldear, colar, emprolijar, hornear, encerar, esmaltar y volver a hornear vajilla de gres, un tipo de cerámica cocida a alta temperatura. Sentada en la mesa de trabajo y rodeada de utensilios, Nicole Montaña emprolija una taza, mientras tanto su compañera, Sandra Grunfeld, hace equilibrio arriba de un banquito. Con ambas manos y sumo cuidado, acomoda una fuente en la parte más alta de los estantes donde exhiben la vajilla. La elaboración artesanal hace que ninguna pieza sea igual a la anterior, se trata de modelos únicos e irrepetibles.

 

Alicia Callegaro viste un delantal que lleva bordado “El barro de la patria grande”, habla por teléfono con un cliente y revisa el calendario que está colgado en la pared. Ella es la responsable de coordinar el trabajo en Lesjade. Principalmente producen vajillas personalizadas para cafeterías y casas de té de la zona y también organizan seminarios y talleres para difundir el oficio y formar ceramistas. Luego de finalizar la llamada, Callegaro explica: “Es un orgullo vivir de esto, porque este es un trabajo habitualmente invisibilizado ¿Alguna vez te pusiste a pensar de dónde viene la taza que usas para desayunar? ¿O en qué condiciones se produjo el plato en el que comes todos los días?”. Junto a sus compañeras también destaca la importancia de los lazos que se generan en la cooperativa: “Nos repartimos las tareas, pero compartimos las alegrías y las tristezas. Así todo se hace más llevadero”.

El Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco es la suma de historias de vida, trayectorias colectivas y luchas organizadas en el seno de la economía popular. Con avances y retrocesos está de pie, activo y en movimiento. «Más allá de las personas que trabajan acá, esto es un proyecto político y una muestra concreta de que podemos hacer un trabajo cooperativo a partir de la organización en comunidad», concluye Callegaro.

«Basta de ataques a la prensa»

«Basta de ataques a la prensa»

Cronistas y reporteros gráficos se reunieron en Plaza de Mayo para reclamar contra la violencia gubernamental y su in crescendo represivo en las manifestaciones públicas. Organizado por ARGRA y SiPreBA, el acto concluyó con la pegatina en las vallas de la Casa Rosada de grandes fotografías que registran el ensañamiento de las fuerzas de seguridad.

“La tarea periodística tiene un rol fundamental, específicamente en Argentina donde prosperan las fakes news y la desinformación, y donde es tan importante contar con medios de comunicación plurales para que la sociedad pueda elegir dónde informarse y poder chequear la mala información que busca tapar todas las medidas económicas que están implementando”, sostuvo Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) este mediodía, frente a la Casa Rosada. Junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), estas entidades convocaron a una foto colectiva por el Día del Periodista, que se conmemora cada año el 7 de junio. “Basta de ataques a la prensa”, fue la consigna.

“Esta propuesta surgió la semana pasada cuando hicimos una asamblea después de la detención de dos fotógrafos: Tomás Cuesta, que fue liberado, y Javier Iglesias, quien pasó toda la noche detenido injustamente”, comentó al respecto Noailles. Y continuó: “Surgió la idea de hacerlo en frente de la Casa Rosada porque los ataques vienen del Poder Ejecutivo de distintas maneras. Desde los ataques directos del Presidente hostigando a los compañeros hasta la represión con la que venimos siendo blanco desde que asumió este gobierno”.

“El periodismo es un ejercicio de libertad. La práctica periodística te permite conocer otras realidades que son ajenas a las tuyas, te permite dar voz a quien no la tiene, te permite discutir con otros”, afirmó Belén del Huerto, del Grito del Sur. Decenas de trabajadores de prensa, siguiendo el código de vestimenta negro, se reunieron a las 12.30 en Plaza de Mayo para tomarse la foto en conjunto. Al mismo tiempo, elevaron diferentes carteles y fotografías que mostraban la brutal represión que están sufriendo las y los trabajadores de prensa y a fin de reclamar en contra del ajuste, la desinformación, el doxeo, la violencia, la persecución y el silenciamiento que está sufriendo este colectivo, entre otros reclamos. “Primero, reprimen a quienes se quieran manifestar y, segundo, si a nosotros nos reprimen no vamos a poder mostrar, no vamos a poder informar correctamente y eso afecta al derecho a la información”, añadió Noailles. Y finalizó: “Las fuerzas de seguridad disparan directamente a quienes estamos registrando esas protestas con el objetivo de que no se visibilicen. Su búsqueda es menos libertad de expresión, menos democracia. Por eso tenemos que defendernos entre todos y todas”.

Al frente de la columna de periodistas y al lado de una figura de cartón de Pablo Grillo, se encontraba Fabián Grillo, padre del fotógrafo gravemente herido durante una represión policial en la marcha de los jubilados el pasado 12 de marzo. “Esa violencia que empezó siendo verbal desde la campaña se manifiesta ahora en los hechos. Y si siguen estos tipos van por más, pueden haber otros pablos”, expresó el padre del fotoperiodista en diálogo con ANCCOM. Luego de 84 días, ayer Pablo Grillo fue dado de alta en terapia intensiva. “Ahora él depende de los profesionales que lo hacen trabajar, de él mismo y de nosotros que lo apoyamos por atrás. Está cansado porque viene de tres meses de terapia, pero está encarando esto”, anunció su padre al respecto.

Grillo también manifestó la urgencia de que las protestas se den de forma conjunta. “Hay miles de luchas, pequeñas, medianas, grandes. Todas esas tienen que empezar a confluir. En la calle es el momento de unificar y buscar la forma de lucha. Es lo que pasó siempre en nuestra historia”, sentenció. Al mismo tiempo, pidió que las instituciones se pongan a la altura de situación y que desde ellas hagan converger los reclamos: “Las instituciones deberían ser las encargadas de hacer confluir esas luchas. Por ahora no parece que nos estén representando del todo como trabajadores. Me parece que no están a la altura de la gente, tal vez esté equivocado”.

Esta búsqueda por la unidad en la calle es un pedido recurrente entre las y los periodistas y trabajadores de prensa. “Este año, todas las organizaciones hablamos. Cada una tiene su movida pero también todos participamos en las de los demás. Esta bueno juntarse, hay que hacerlo”, afirmó Claudia Regina Martínez, periodista del Diario AR y delegada de SiPreBA. “Creo que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, o como dijo Lucrecia Martel el otro día: ‘Hay que inventarnos un futuro que nos guste ya’”, recitó Martínez.

Finalizado el retrato grupal, los carteles y fotografías elevadas durante el acto fueron pegados por los presentes en las vallas que se encontraban en frente de Casa Rosada, armando una especie de mural que da cuenta y deja constancia de todos los ataques de los cuales las y los trabajadores de prensa están siendo foco. “Hoy más que nunca no hay que quedarse de brazos cruzados y hay que seguir mostrando lo que suceda, por más que cueste la realidad, por más que sean imágenes fuertes. Es horroroso, pero está sucediendo hoy acá en Argentina”, aseguró Juan Manuel Foglia, trabajador por casi 30 años del diario Clarín y ahora colaborador de la Agencia de Noticias Argentinas.

A su vez, el fotoperiodista aludió a las modificaciones que tuvo que implementar al momento de realizar su labor periodística. “La forma de trabajar cambió absolutamente. Yo al comienzo solamente llevaba el equipo y la credencial, pero después de la Ley Bases adopté una máscara anti gas porque si no es imposible para cualquiera poder estar”, se explayó Foglia al respecto.

“Hoy nos juntamos acá para dar un mensaje fuerte de que los trabajadores que estamos detrás de las cámaras y de los micrófonos estamos recibiendo también este amedrentamiento del gobierno y es necesario parar porque vienen por la libertad de expresión”, proclamó Belén del Huerto. En referencia al reciente desalojamiento de la redacción del Grito del Sur del Espacio para la Memoria Virrey Ceballos y el vaciamiento de este lugar, la periodista concluyó: “Sufrimos un ataque, pero entendemos que, si ellos son el enemigo, estamos bien. Nosotros representamos todos los valores en contra de este gobierno. Nuestro único delito es poner la voz en las personas que están sufriendo el ajuste de Milei”.

 

Ceramistas neuquinos sin gas

Ceramistas neuquinos sin gas

A Zanón y Cerámicas Neuquén les cortaron el suministro de gas, imprescindible para producir. Cortes de ruta y protestas de los trabajadores que denuncian al gobierno provincial.

Las fábricas ceramistas Zanon, con más de 20 años de autogestión, y Cerámica Neuquén enfrentan un nuevo obstáculo: el corte del suministro de gas. Sus operarios denuncian que se les ha quitado el derecho al trabajo y reclaman una respuesta urgente del gobierno provincial, mientras sostienen movilizaciones y organizan un fondo de lucha para resguardar 200 puestos laborales.

El lunes 26 de mayo, los trabajadores de ambas fábricas llegaron como cada día a sus puestos, pero la jornada no pudo comenzar ya que el suministro de gas había sido interrumpido. La advertencia había llegado semanas atrás, pero las gestiones que se realizaron para evitar el corte y las reuniones con representantes de Camuzzi (la empresa distribuidora), la Secretaría de Energía provincial y el Ministerio de Gobierno, no tuvieron ningún efecto.

Frente a la situación, los trabajadores se dirigieron a Casa de Gobierno provincial en busca de explicaciones. No obtuvieron respuestas. “Nos dirigimos nuevamente a Casa de Gobierno, no nos respondieron, y por eso cortamos la ruta. Fue la única herramienta que tuvimos a nuestro alcance. Sabemos que esto repercute, que presiona al gobierno. Pero que también genera malestar en la comunidad», expresó Andrés Blanco, diputado del FIT y trabajador de Zanon.

Aunque hoy comparten el mismo conflicto, las trayectorias de ambas fábricas son distintas. Zanon, una de las ceramistas más reconocidas del país, se convirtió hace más de dos décadas en un emblema de la autogestión obrera. Recuperada por sus trabajadores tras la quiebra del antiguo dueño, funciona desde entonces sin patrones ni subsidios estatales. “En 25 años nunca tuvimos ningún tipo de beneficio, ni siquiera los que se les daban a empresarios del mismo rubro”, explica Blanco.

Las cerámicas autogestionadas requieren un altísimo consumo energético para mantener en funcionamiento los hornos industriales. Con maquinaria cada vez más desgastada, esa necesidad se convierte en una desventaja estructural. Aún así, Zanon atravesó todas las crisis con una prioridad clara: garantizar los puestos de trabajo. “En su momento no nos resignamos a una indemnización. Nos pusimos a producir. Fue en defensa de la fuente de trabajo”, recordó Blanco. Desde entonces, reclaman tarifas diferenciadas y créditos energéticos que les permitan sostener la producción.

Cerámica Neuquén, en cambio, tiene otra historia. “Nosotros somos distintos a Zanon. Ellos tuvieron contrato con una proveedora hasta que llegó el gobierno de Macri; ahí dejaron de pagar el gas contratado y empezaron a acumular deudas. En nuestro caso pasó algo similar, pero fue con la antigua patronal», explicó Bernardo Retamales, obrero de la fábrica. “Perdimos materia prima por los sucesivos corte de lus, como esmalte que debería estar agitándose constantemente, también arcilla. Sin energía, todo eso se echa a perder», añadió Retamales. 

Hay una causa judicial iniciada por Camuzzi en el juzgado federal contencioso administrativo en el cual se pidió hacer el corte de suministro de gas, pero el amparo fue rechazado por el juzgado. Luego apelaron y también fue rechazado por la Cámara de Apelaciones. Actualmente presentaron un recurso que está en trámite ante la Corte Suprema. “No tienen ninguna medida judicial que respalde su accionar: el corte de suministro que llevaron adelante es totalmente ilegal”, sostuvo Mariano Pedrero, abogado de sendas plantas.

Los obreros ceramistas denuncian que hay pedidos concretos que llevan semanas sin respuesta. “Hace 40 días que estamos intentando concretar una reunión con alguna empresa petrolera para poder tener un contrato y resolver la situación del suministro de gas. Pero hay una inacción total del gobierno provincial. Buscan terminar con las gestiones obreras evitando que generen producción”, advirtió el abogado. 

A la ruta

El martes 27, tras no obtener respuestas, los trabajadores volvieron a cortar la Ruta Nacional 7. “Fue un corte duro”, relató Blanco. La medida había sido votada en asamblea para continuar el miércoles, pero ese día se encontraron con un operativo policial de gran magnitud. “En la asamblea decíamos que nunca habíamos visto un despliegue así. Esto es el gobernador Rolando Figueroa aplicando el protocolo de Bullrich”, denunció. La policía montó controles, identificó a quienes bajaban de los colectivos y registró sus documentos. “Incluso yo, siendo diputado, les preguntaba dónde estaba la orden que autorizaba esa barbaridad”, agregó. Para los ceramistas, este operativo marcó un punto de inflexión: “El gobierno de Neuquén inauguró una nueva etapa: poner el operativo represivo a disposición de mantener la ‘paz social’. Es la única forma que tienen de gobernar sin que nadie los moleste”. concluyó Blanco.

El impacto del corte de gas no es sólo una traba momentánea ya que amenaza con colapsar por completo el proceso productivo. “La imposibilidad de continuar con la producción provoca primero la rotura de maquinarias, sobre todo en los hornos, que requieren un enfriamiento de al menos una semana. Además, como en toda fábrica, se rompe la cadena de pagos: no se pueden vender productos ni comprar materias primas”, explicó Pedrero. Aseguró que la situación afecta a más de 200 familias y que “es angustiante”. Advirtió también sobre el riesgo de cierre: “La decisión de los compañeros y compañeras es seguir, y esa voluntad de pelear está. Pero el riesgo es real. Exigimos que atiendan los reclamos de los ceramistas”. Según agregó, el conflicto se enmarca en un contexto más amplio. “Las políticas de ajuste son en todo el país. En ese escenario, las gestiones obreras no pueden escapar” afirmó.

Desde las fábricas también apuntan directamente al gobierno provincial. Las críticas no se limitan al accionar puntual ante el corte de gas, sino que ponen en cuestión todo el modelo económico que impulsa la gestión de Figueroa. “Neuquén es presentada como provincia modelo, pero tenemos un 37% de pobreza. Se rompen récords de producción pero ¿y los trabajadores? Incluso en la industria petrolera, que es una elite, los laburantes la están pasando mal”, denuncia Blanco. También cuestionan la alianza del oficialismo con el proyecto económico nacional: “El gobierno de Figueroa sólo se diferencia en el discurso. Dicen que hay un Estado presente, que invierten en educación, y es mentira”. En ese mismo sentido, concluyen: “Venden el verso de la ‘neuquinidad’, que vamos a cuidar lo nuestro. Pero los únicos beneficiados siguen siendo los empresarios. El pueblo trabajador queda marginado”.

Frente al ajuste, los ceramistas no se resignan. Y siguen organizándose: “Esta semana ya definimos acciones: el lunes 3 se va realizar una volanteada, y el miércoles 5 una movilización con caravana”, anunció Bernardo Retamales. En paralelo, decidieron impulsar un fondo de lucha: “Porque el gobierno no está tomando ninguna iniciativa ni haciendo ninguna gestión concreta para resolver esta situación”.