«No quiero sacar mi escopeta y tirarle a un docente»

«No quiero sacar mi escopeta y tirarle a un docente»

Un gendarme amenazó a los docentes misioneros que cortaban la ruta en demanda de mejoras salariales y de infraestructura. Son los maestros peores pagos del país.

Marcha docente en la jornada de paro general del 9 de mayo. 

Los docentes de la provincia de Misiones se encuentran, una vez más, reclamando mejoras salariales al gobierno de Hugo Passalacqua. Este conflicto se viene gestando desde antes del ciclo lectivo actual, cuando ninguno de los sindicatos decidió firmar el aumento propuesto por el gobierno, que se terminó aprobando a través de un decreto. Hubo escenas de tensión en los cortes de ruta cuando un gendarme amenazó a los maestros.

Con boletas de luz que significan la mitad de sus salarios, presupuestos ínfimos para comedores y con escuelas que se caen -literalmente- a pedazos, los gremios denuncian que la situación es alarmante y que, lejos de sentirse comprendidos, se sienten señalados, perseguidos y castigados. Por eso hace varias semanas se encuentran desplegando un plan de lucha en toda la provincia, con paros en sus lugares de trabajo, asambleas y cortes de ruta.

En ese marco, el pasado miércoles a la altura de San Vicente, docentes autoconvocados sufrieron las amenazas de un gendarme durante uno de los cortes. El uniformado, aún no identificado, se acercó a los docentes pidiéndoles llegar a un acuerdo, pero de manera instantánea, y en un aparente intento de aplicar el protocolo institucional propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los amenazó con el desalojo y la violencia física: “Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle a un docente”, exclamó, y quedó registrado en un video que luego se viralizó en redes y generó el repudio de toda la comunidad. Ante la amenaza, el grupo de docentes gritó que eso no era legal ni necesario porque el corte se estaba llevando a cabo de manera pacífica, dejando lugar al paso de ambulancias. 

La provincia peor paga

Actualmente, un maestro que recién se inicia en la docencia misionera percibe un sueldo de no más de 250.000 pesos, tres veces menos que los 773.000 que reclaman los gremios. “Desde noviembre hasta acá perdimos más de un 100% con respecto a la inflación y ya estamos por debajo de la indigencia”, denuncia Leandro Sánchez, secretario general de Utem (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones). Por su parte, Estela Mari Genesini, secretaria general de Udnam (Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones), agrega que el dinero existe, solo que no es repartido entre los docentes. “Misiones es una provincia que recibe recursos permanentemente de Nación, aún así somos los peores pagos. Hay una situación muy clara, una decisión política de no pagar y castigar”, dice.

El lunes 13 de mayo, los sindicatos fueron invitados a una mesa de diálogo para debatir el aumento salarial, pero no llegaron a un acuerdo. Los maestros dijeron que se sienten ninguneados porque asistió a la reunión Adolfo Safrán, ministro de Economía de la provincia, por lo que el encuentro, según los docentes, carecía de contenido. Ese mismo día y en las afueras del recinto, se reunió mucha gente que luego caminó hasta el puente que une Misiones con Paraguay, en protesta por lo sucedido. A partir de allí, las protestas se intensificaron. «Sabemos que los cortes son una medida que genera malestar en la sociedad. Terminamos enfrentados pobres contra pobres, pero el gobierno nos obliga a salir a las calles porque la gente está desesperada, no da más», explica Genesini.

Los docentes también exigen por la situación edilicia y denuncian escuelas que se inundan, con paredes repletas de humedad, y obras paradas desde noviembre de 2023: «La educación en Misiones se cae a pedazos, en lo salarial, pero en lo infraestructural también», sostiene Genesini.

Mientras el cartel que indica el ingreso a la provincia de Misiones reza “bienvenidos a la primera provincia Start Up de la Argentina”, en reemplazo del mítico letrero que anunciaba la llegada “a la tierra colorada”, e intenta instalar el relato de una provincia tecnológica, con escuelas inteligentes y robóticas, lo cierto es que solo muy pocos acuden a estos centros educativos. “La realidad es que el resto de las escuelas misioneras están sumidas en la pobreza y el abandono”, agrega la dirigente. Antes, eran los docentes quienes intentaban suplir el abandono del Estado, pero ahora, con salarios totalmente licuados por la inflación, ya no pueden.

Además, los maestros también denuncian por el dinero destinado a los comedores: “Tenemos un presupuesto de 220 pesos por alumno, en jornada completa, cuando por cada estudiante universitario envían 1200. Esa brecha también es parte de nuestro reclamo”, sostiene Sánchez, mientras añade que Misiones no escapa al empobrecimiento de los niños que existe en este país, por lo que el presupuesto es cada vez menor, pero la demanda mayor.

Los sindicatos también acusan persecución de parte de las autoridades, quienes intentan negar el conflicto salarial. “Ellos amenazan mucho con descuentos por días de huelgas, pero lo cierto es que la gente ahorra más no yendo a trabajar, por el tema del combustible y los pasajes, que por esos descuentos que ellos puedan llegar a hacer”, afirma Genesini.

Con todo, en este conflicto hubo algunas “pequeñas victorias” gremiales. Hasta el pasado viernes 10 de mayo, en la provincia del norte regía la Resolución 241/24 del Consejo General de Educación (CGE), que incluía dos artículos que la comunidad educativa logró dar de baja, uno que establecía que si un docente titular obtenía licencia por 15 días, no fuera reemplazado, y otro que sustituía los 15 días brindados de reposo ante alguna enfermedad, por 14 días. «Todos los docentes afiliados, aún los más partidarios, salieron a las calles en rechazo a estos dos artículos. Al gobierno no le quedó otra que dejar sin efecto esa resolución”, señala la Secretaria General de Udnam.

¿Cómo sigue?

Mientras la huelga continúa, con asambleas, paros y cortes, los docentes aguardan al próximo martes, cuando serán recibidos por el gobierno para volver a conversar sobre este conflicto. Genesini (Udnam) cuenta que existirá otra reunión previa, un día antes, con los sindicatos más allegados a las autoridades, y teme que los dejen afuera de lo que vayan a negociar. Por su parte, Sánchez (Utem) afirma que, hasta ahora, solo han recibido ofertas insuficientes y, si se guía por lo ofrecido a los policías, quienes también se encuentran peleando por su salario, su presentimiento parece estar justificado. 

En síntesis, en un país donde 7 de cada 10 niños son pobres y la educación es fuertemente desfinanciada, Misiones, lejos de ser una excepción, contribuye a esa regla. Por más que el gobierno intenta instalar la instalación de escuelas “inteligentes”, los docentes pierden cada vez más su poder adquisitivo.

 

ATE se manifestó contra los «dueños» de la Argentina

ATE se manifestó contra los «dueños» de la Argentina

Trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde la Secretaría de Trabajo de la Nación hasta las oficinas del Grupo Techint para protestar contra el ajuste y visibilizar el vínculo de Paolo Roca con el Gobierno nacional.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una movilización este jueves al mediodía desde la Secretaría de Trabajo hacia las oficinas centrales del grupo empresarial Techint. La medida fue votada por unanimidad en la asamblea general del sindicato. Al respecto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en diálogo con ANCCOM explicó: “Nos manifestamos frente a Techint para poner en evidencia a quienes realmente están gobernando en Argentina, es interminable la lista de funcionarios designados por Paolo Rocca”, dijo en referencia al CEO del Grupo Techint, que domina Tenaris, Ternium, y otras compañías que operan en ingeniería, construcción, y el sector energético.
En esta línea, Daniela Francie, Secretaria General de ATE Trabajo, profundizó: “Es el grupo empresario al que se le ha entregado el control del organismo -en referencia a la Secretaría de Trabajo- cuando es una de las partes con la cual nosotros tenemos que mediar”. Los testimonios hacen alusión a la designación de Julio Cordero, vinculado a la empresa, como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La convocatoria se realizó a las 11:30 en la puerta de la Secretaria de Trabajo de la Nación, ubicada en Alem 650, y acudieron distintas secciones del conurbano como las de Avellaneda, Lanús y General Rodríguez. A esta última pertenece el referente Policarpo Sosa, quien afirmó: “Venimos a solidarizarnos con nuestros compañeros que han sufrido despidos y recortes, es una situación que requiere presencia de todos los sectores”. Además, Cristian Hoet, delegado de ATE en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) explicó la situación del ente: “La idea principal del gobierno es que no existamos más, por ahora intentan llevar a cabo un recorte del 50 por ciento, pero también no contamos con los recursos necesarios para realizar nuestras tareas”.

A las 13 en un acoplado que hacía las veces de escenario, los principales dirigentes del gremio tomaron la palabra y dieron los motivos y las razones de la movilización. “Venimos para reclamar al gobierno nacional que convoque inmediatamente a paritarias y que otorgue un aumento salarial que en una sola cuota permita recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido”, expresó Aguiar como últimas palabras para luego emprender la marcha hacia las oficinas de Techint en Bouchard 557. En la puerta del edificio, los trabajadores se manifestaron con cánticos, bombos, fuegos artificiales y banderas, ante la mirada de los trabajadores de la empresa que bajaron a mirar a través de las vidrieras de ingreso.

La medida de fuerza se llevó a cabo ordenadamente pese a la masiva presencia policial debido al protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Por último, desde el sindicato remarcaron la necesidad de organizarse de cara al tratamiento de la denominada Ley de Bases impulsada por el gobierno. “Hemos votado un paro y una movilización al Senado para evitar que se apruebe la ley porque consideramos que atenta contra los trabajadores estatales y cede los recursos del Estado a estos grandes grupos empresariales”, manifestó Daniela Francie.

La desconcentración comenzó antes de las 14 y se realizó sin inconvenientes pese al contexto de ajuste y recorte. El operativo motosierra del gobierno sigue activo pero los trabajadores aseguran que están dispuestos a resistir. “Los estatales seguimos en la calle porque el superávit fiscal que anuncia el gobierno, además de ser mentiroso, se funda sólo en un recorte brutal sobre los jubilados y en un ajuste sin precedentes en el empleo público”, concluyó Aguiar.

La memoria en donde ardía

La memoria en donde ardía

Un grupo de operarios inició este sábado una limpieza en el extaller clandestino de Luis Viale al 1200, donde hace 18 años murieron seis personas, entre ellos niños y una mujer embarazada. Una sobreviviente logró impedir que arrojaran lo que quedaba de ellos a un volquete.

En Luis Viale 1269 grandes carteles del Gobierno de la Ciudad tapan el horror de una masacre. Detrás de maderas apenas agarradas con alambre, se encuentra la puerta al extaller clandestino donde esclavizaron a 65 hombres, mujeres y niños. Seis de ellos fallecieron en un incendio evitable. Los empresarios responsables de ese local, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, siguen impunes tras 18 años. 

“El día 4 de mayo ingresaron para ‘limpiarlo’ a pedido de Fishberg, dueño esclavista del lugar. Han ultrajado y pisoteado la memoria de una mujer embarazada y cinco niños que murieron aquí calcinados por el fuego de la codicia patronal”, relata Alfonsina, integrante de la Comisión Luis Viale que organizó la conferencia. Junto a ella se encuentra Lourdes Hidalgo, sobreviviente. Cuando toma la palabra, unas 40 personas escuchan con atención sobre la vereda. Corre un viento otoñal, el sol ya no calienta a las cuatro de la tarde.

-Siento mucha impotencia y tristeza por lo que pasó el sábado. Vi los restos que quedaron en este lugar. Vi el cochecito donde descansaban los niños. Vi las mantitas- su dolor da lugar a una pausa eterna y el silencio pesa en el aire. Recuerda el volquete donde días atrás escarbó desesperada para rescatar las pertenencias de sus compañeros que, como basura, eran arrojadas entre los escombros. Piedras, polvo, pero también documentos de identidad, etiquetas de ropa, retazos de jean, que daban cuenta del sometimiento sufrido.

En el piso de arriba dormían las familias, provenientes de Bolivia, que cosían sin parar y vivían hacinadas con un solo baño disponible. Desde allí se extendieron las llamas aquel 30 de marzo de 2006, producto de un cortocircuito en un televisor. En la planta baja estaba la oficina de los cómplices de las muertes, los capataces. Lugar por donde este sábado empezaron “la limpieza”.

-Ha sido una buena excusa, una gran mentira para borrar las evidencias. Pero no vamos a callar, tendrán que pasar sobre mi cadáver- exclama Lourdes aferrada al micrófono. 

Con esa convicción impidió que los trabajadores enviados por Fischberg terminaran su tarea, tal como relata Manuel Saralegui, secretario del PJ de Caballito, y vecino: “Intentábamos frenar la situación y explicarles lo que estaban haciendo, entonces llegó a Lourdes y cuando se paró en la puerta del taller su testimonio fue tan potente que no se pudo volver a entrar”.

En la actualidad, según cuenta la abogada Paula Alvarado Mamani, dos causas permanecen abiertas: una en el ámbito civil, en el fuero Contencioso Administrativo contra el GCBA, y una sucesión. Además, aunque se cerró una causa penal y los dueños de las empresas fueron sobreseídos, todavía se prohíbe sacar cosas del inmueble. En los expedientes no figura ningún informe ni orden de limpieza, afirma Paula. En base a esto, interpusieron el lunes pasado una cautelar de protección al espacio.

Desde temprano, una patrulla de la policía del GCBA se encuentra estacionada a media cuadra. Monitorean, no vaya a ser que el tránsito se vea interrumpido. “Suelen pasar caminando, es la primera vez que vienen con camioneta”, comenta Alfonsina con la mirada perdida en la luz azul de la sirena. Otras patrullas pasaban por el mismo lugar años atrás. Lejos de denunciar lo que veían, cuenta Lourdes que los oficiales pedían sus talles de pantalón y los cargaban en el baúl. La misma actitud tenían los inspectores que decidían aprobar la habilitación del lugar.

“Expropiación y patrimonialización ya” es el reclamo que se lee en pancartas y en un mural sobre la construcción. De la conferencia participa Mónica Macha, diputada nacional. Junto a Paula Penacca presentaron el proyecto para convertir el lugar en un Sitio de Memoria. “Seguimos trabajando en el Congreso para lograr el tratamiento. Era complicado hasta el año pasado, más difícil ahora por el contexto político, pero no vamos a dejar de pelearla- declara Macha al respecto-. Es importante en la búsqueda de la justicia y para sentar un testimonio de lo que ocurrió y en las condiciones que los hacían trabajar”.

En este contexto, el oficialismo busca aprobar en el Senado la Ley Bases, que implicaría un retroceso en materia de derechos laborales. Desde la comisión sostienen que lo ocurrido el fin de semana representa “un ataque a todo el movimiento obrero, a todos los que hoy luchan contra los despidos, por un salario y un trabajo digno contra este gobierno”.

Para dar cierre al acto, Lourdes invita a los presentes a que la acompañen en una vuelta a la manzana: ”Hagamos una ronda, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. No cortemos la calle , mas que nada por la persecución y discriminación hacia nosotros , migrantes extranjeros, como nos llaman. Buscan la excusa de armarnos causas y deportar, pero yo estoy orgullosa de mi piel morena. Orgullosa de mis tradiciones. Vine con orgullo al mundo, con orgullo, moriré junto a ustedes por nuestros compañeros y sus hijos”.

Lourdes se ubica delante de la columna, junto a Mónica Macha, y juntas sostienen una tela que reza “La memoria de las víctimas de la masacre de Luis Viale no se toca”. A sus espaldas, el resto toma carteles con frases y máquinas de coser pintadas. Una compañera reparte  telas con tinta roja, como la sangre que mancha la ropa de Fischberg y Geiler.

La marcha comienza en dirección a la calle Paysandú. Algunos automovilistas se quedan mirando, leen en los carteles: “Migrar no es delito”, “la precarización laboral mata”. Otros pasan con indiferencia. Alfonsina se encarga de gritar con un megáfono los nombres de las víctimas: “Juana Vilca de 25 años y embarazada de ocho meses , Wilfredo Quispe de 15 años, Luis Quispe y Rodrigo Carabajal de cuatro, Elias Carabajal de diez años y Harry Rodríguez de tres años”.

El grito de “¡Presentes!” hace avanzar al grupo hasta detenerse frente a Galicia 1241. A solo 150 metros, Daniel Fischberg todavía tiene en funcionamiento otro taller. “Asesinos”, descarga de repente un vecino desde la esquina. Mientras, una joven y sus perros quedan atornillados en su lugar cuando ven a Lourdes tomar el megáfono:  “Señores vecinos sepan que en esta calle tienen a los responsables de las muertes de mis compañeros y sus hijos. Fishberg y Geiler mataron por su ambición. Memoria y justicia por las víctimas. El taller de Luis Viale no se toca”.

 

«Fue un paro contundente»

«Fue un paro contundente»

La CGT realizó su segundo paro nacional en rechazo a las medidas del Gobierno de Milei contra los trabajadores. Se registró una alta adhesión en las grandes ciudades, principalmente en los sectores del transporte, la educación, la salud y la industria.

El paro nacional de 24 horas convocado por las centrales obreras fue contundente, con una masiva adhesión del sector del transporte. En conferencia de prensa, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que encabeza la CGT, subrayó que “el ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables y se cortaron los planes asistenciales de todos los comedores”, incluyendo la suspensión de planes de ayuda alimentaria y la cancelación de numerosas obras de infraestructura urbana que afectaron a trabajadores y cooperativas.

“Y con este proyecto de ley (en referencia a la Ley Bases), si se llegara a aprobar, una cantidad de trabajadores pasarían de la formalidad a un esquema legal de informalidad”, agregó. También enfatizó la necesidad de que Diputados derogue el decreto 70/23: «El DNU es el instrumento que le da legalidad a lo que pretenden hacer con la empresa Télam o lo que están llevando adelante con un montón de instituciones del Estado”, manifestó.

El dato más significativo de la jornada fue la interrupción casi total del transporte público. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad y Metrodelegados demostraron su compromiso con la medida y colectivos, trenes y subtes no estuvieron prácticamente en funcionamiento.

Por su parte, Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y otro de los integrantes del triunvirato, elogió a las delegaciones regionales de la CGT del interior del país por el alto acatamiento al paro en muchas provincias. «Fue un paro contundente», afirmó. “Han abierto algunos negocios, pero estuvieron vacíos, los colectivos también iban vacíos”, añadió, en alusión a las empresas que desafiaron la medida de fuerza, y sugirió que, pese a la presión gubernamental sobre ellas, la gente en general mostró su respaldo.

Moyano también le apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Le dolió el paro –dijo–, si hubiera sido tan fracaso o débil, como dijo la ministra, no tendría necesidad de responderlo». Según Moyano, hay un creciente rechazo social y un descontento generalizado en la población. «Todas las movilizaciones de distintos sectores de la sociedad son cada vez más masivas», señaló.

 

El 80 por ciento de las estaciones de servicio adhirieron al paro, tal cual indicó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, el tercer triunviro de la CGT, en diálogo con ANCCOM. Acuña alertó sobre la discrepancia entre los aumentos generalizados y la falta de homologación salarial: «Hoy nos están negando un 9 por ciento de aumento, cuando ellos aumentaron el combustible el 400 por ciento en el año». Anticipó además que su gremio se encuentra negociando con la patronal y tienen una cita el 20 de mayo en el Ministerio de Trabajo para fijar la paritaria. “Estamos facultados para convocar un paro en la venta de combustible a nivel nacional si no se alcanza un acuerdo”, aseveró.

Los trabajadores de la salud, la educación y la industria se plegaron masivamente al paro. Tanto los hospitales públicos como los privados operaron con personal mínimo y atendiendo sólo emergencias. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó que la suspensión de clases en todas las escuelas públicas del país fue total. Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), expresó su preocupación por la reducción sin precedentes en el presupuesto educativo y los salarios que apenas cubren las necesidades básicas. “Hay provincias que están con un salario mínimo de 200 mil pesos», contó. La ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello, a cargo del área educativa, les prometió «recomponer el ámbito paritario”. “Espero que se cumpla, porque necesitamos esa negociación”, puntualizó Romero. El 90 por ciento de los docentes del país adhirieron a la medida de fuerza.

El paro nacional fue parte de un plan de lucha que continuará. Pablo Moyano dejó abierta la posibilidad de una nueva movilización cuando se trate el proyecto de Ley Bases en el Senado. “Todos los sectores lo están pidiendo”, concluyó.

Con un centenar de despidos en ACUMAR, retroceden las políticas de saneamiento del Riachuelo

Con un centenar de despidos en ACUMAR, retroceden las políticas de saneamiento del Riachuelo

Para hacerle frente al ajuste, sus trabajadores se organizan entre jornadas de visibilización y asambleas. La calidad de vida que pierden los vecinos de la cuenca del río Matanza.

“Están destruyendo las capacidades del Estado, están destruyendo el saber hacer”, declaró el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis, que se acercó a apoyar la protesta contra el desguace de Acumar, el organismo que se ocupa del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y de asistir a los pobladores asentados a su vera. “Acá hay ingenieros, arquitectos, compañeros y compañeras que saben lo que significa desarrollar política pública, sanear en este caso el Riachuelo, construir obras de mucha envergadura –señaló a ANCCOM–. Y a ese saber hacer la actual gestión nacional lo está destruyendo. Eso es lo que tenemos que poder evitar, porque cuando despiden a cientos de trabajadores están destruyendo capacidades del Estado. Me parece que hay que estar en la calle, que hay que hacerse presente, que la política tiene que estar acompañando para que realmente los trabajadores no estén solos”.

En los últimos días, más de un centenar de trabajadores de ACUMAR fueron echados de sus puestos de trabajo, muchos otros desde el 22 de marzo que están siendo intimados y los telegramas de despido siguen llegando. Sin embargo, las justificaciones de las autoridades rayan en lo insólito. Ante esta situación, los trabajadores se han organizado para realizar una serie de medidas a lo largo de toda la semana, que ayuden a visibilizar y dar batalla ante la situación acuciante que están atravesando. También adhirieron al paro de este jueves, y tienen pautada una asamblea para el viernes 10.

Ante la sede del organismo, en el centro porteño, ayer se manifestaron para visibilizar la gravedad de la situación. Débora Fretes, delegada de ATE, por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo expuso que “la argumentación para los despidos no tiene lógica, porque le piden que justifiquen a trabajadores de territorio, cargas horarias que ellos mismos no han registrado, si bien hay planillas para quienes trabajamos en el campo, no han sido cargadas por Recursos Humanos o por quien correspondía en ese momento”. A su vez, hizo hincapié en la tarea social que llevan a cabo los trabajadores, que se encargan de visitar barrios carenciados y profundamente vulnerados: “Por cada trabajador que es desvinculado de su puesto de trabajo, es un vecino y una vecina menos que tiene nuestra asistencia respecto a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la cuenca, que quedan despojados de todos los derechos que se vinieron ganando hasta ahora; porque sin Estado no hay nada que el pueblo pueda tener”. Además, agregó que “esta lógica que hay detrás de la pugna por el achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de todos los organismos, tiene que ver con las políticas de esta nueva derecha que es colonial, para ellos lo único que importa es venir y llevarse toda la que puedan, y después irse como si no hubiese pasado nada, que también nos trae recuerdos con respecto a la época del menemismo”.

 

Acumar, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un organismo público interjurisdiccional creado en 2006 que se encarga del saneamiento, regulación y recomposición ambiental de la zona que engloba 14 municipios de AMBA y CABA. Esta cuenca es una unidad territorial delimitada donde existe una gran contaminación, provocada principalmente por industrias y cloacas residuales, que afecta considerablemente la calidad de vida de millones de personas que viven al noreste de la provincia. Con la reconstrucción de la zona, llevada a cabo por el organismo, se han mejorado áreas de la zona y parte del ecosistema de los márgenes del Riachuelo, con su fauna y su flora.

Los trabajadores

En la jornada de visibilización hablaron con ANCCOM dirigentes gremiales y trabajadores atravesados por el vaciamiento del Estado. “ACUMAR te enseña otras realidades que detrás de un escritorio no las tenés –se posiciona Mónica, sensibilizada con la situación tras diez años de trabajo abocada al saneamiento de la cuenca y sus implicancias–. Se entienden en la acción. Es uno de los pocos organismos que llega a las comunidades más olvidadas, a las familias en situación de indigencia, empobrecidas. Esto se consigue en la calle, caminando en el barrio, pateando el barro, es lo que hacemos. La ACUMAR, más allá de la limpieza de los márgenes del Riachuelo, tiene una acción muy importante en la salud, que no es tenida en cuenta por este nuevo gobierno, que cree que todo se soluciona a través del mercado. El mercado no se ocupa del indigente, no se ocupa de la olla vacía, no le interesa y está de más”.

En esta misma línea, comentando otras tareas que también desempeña el organismo, se pronuncia Mónica Miranda, una de las trabajadoras intimadas: “Hacemos talleres en escuelas, concientización ambiental, prevención contra el dengue, articulamos con actores sociales, para formar mesas de trabajo en los barrios. En el trabajo de promotora de salud me tocó ser trabajadora social también. En Acumar estás dedicado exclusivamente a los barrios más vulnerables: este desguace va a dejar a esa gente fuera del sistema de salud o va a producir un sistema más exclusivo, sin poder brindarle una asistencia adecuada a muchas familias y chicos que no están siquiera escolarizados”. Por su parte, Laura, también trabajadora intimada, comentó que “ver que no podés llegar a ayudar en la contaminación y el ordenamiento habitacional que implica la salud de los habitantes de la cuenca es muy preocupante”.

Este proceso de desfinanciamiento ya tiene su correlato en el proceso de saneamiento a la Cuenca-Riachuelo-Matanza y peligra la transformación que vienen encauzando desde la conformación del organismo hace 17 años. Ante estas medidas de recorte de fondos y personal de distintas áreas, sumado a la finalización del contrato de cooperativas que se encargan de la limpieza del Riachuelo, Natalia, trabajadora territorial del área de intervención social, atravesada por la situación, expuso que “las consecuencias del desfinanciamiento ya se vieron este año, porque muchos de los barrios donde intervenimos se inundaron mucho más que años anteriores: es que justamente los cooperativistas son quienes garantizan la limpieza. Al mismo tiempo va a decaer todo lo que tiene que ver con urbanización, soluciones habitacionales, relocalización a la población que está cercana al río. El organismo existe hace años porque el nivel de contaminación que tiene el Riachuelo amerita una intervención sostenida en el tiempo: retirar toda esa intervención, esa plata, esos recursos humanos y materiales, va a generar un desmejoramiento cuando sabemos que la miseria hace que cada vez más gente, termine siendo empujada a vivir en esa zona”. 

Trabajadores despedidos, víctimas sin derechos

Trabajadores despedidos, víctimas sin derechos

El gobierno de Milei echó al 26 por ciento del personal de la línea 137, que atiende casos de violencia sexual y familiar, incluidas la explotación de niñas, niños y adolescentes y el grooming.

Desde que asumió la gestión libertaria, la línea 137 del Ministerio de Justicia de la Nación, que brinda asistencia los 365 días del año a las víctimas de violencia sexual y familiar, está siendo vaciada de personal y, por tanto, dejando de garantizar derechos a quienes requieren de asesoramiento legal, psicológico y administrativo.

De diciembre a hoy son 19 los profesionales despedidos sin justificación del Programa las Víctimas contra las Violencias de la línea 137, lo que representa “el 26 por ciento del total, mientras que el resto enfrenta una incierta situación laboral con vínculos contractuales hasta junio de 2024”, señala el petitorio de los trabajadores a las autoridades de la cartera de Justicia en reclamo por su reincorporación inmediata.

El programa existe hace 18 años, tiene alcance nacional y es gratuito. Está conformado por un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que, en articulación con redes de acompañamiento y contención territorial, es el que actúa ante situaciones de violencia y urgencias.

El vaciamiento comenzó el 29 de diciembre. Ese día, dos trabajadoras de la línea 137, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica, (GDE), recibieron un mensaje de un renglón en el que las informaban que su contrato no sería renovado. En ese momento, una de ellas estaba acompañando a una mujer embarazada y la otra asistiendo a una adolescente que había sido abusada sexualmente.

 

Mariana Vázquez es trabajadora social y estaba con licencia por ART cuando la despidieron después de 12 años. Se enteró en Semana Santa a través de la lista que circuló por el GDE. “Hasta el momento no tengo telegrama de despido ni notificación”, afirma.

Ella fue una de las profesionales que brindó capacitación a la Policía Federal en materia de género. “Desde el programa pudimos armar una cátedra en la que capacitamos tanto en la Universidad de Rosario como en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, en Villa Lugano, y en la comisaría de Chacarita”, cuenta. Con la línea 137, además, se encargaba de las formaciones del Ministerio Público Fiscal y de instituciones de salud como el Garrahan y el Hospital Elizalde, donde se atienden en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

En el petitorio que presentaron los trabajadores de la línea 137, también exigen la garantía de estabilidad laboral y derechos para todos sus pares del Programa las Víctimas contra las Violencias, y el compromiso de las autoridades del Ministerio de Justicia de “velar por la integridad y continuidad de los programas estatales destinados a combatir la violencia familiar y sexual, reconociendo su importancia en la protección y asistencia de las víctimas”.

Según el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, en el último año se recibieron más de 6.100 llamados a la línea 137 por violencia familiar.

Laura Boggon es psicóloga, trabaja en el programa desde 2010 y es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Explica que la iniciativa de este acompañamiento surgió como respuesta a la necesidad de asistir a las mujeres victimizadas sexualmente en la vía pública. “Cuando las víctimas acudían a hospitales o comisarías, las revictimizaban. En ese contexto, la psicóloga Eva Giberti, actual coordinadora del programa, creó lo que devino en las Víctimas contra las Violencias, que trabaja tanto en situaciones de violencia familiar como sexual”, detalla Boggon.

Según el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, en el último año se recibieron más de 6.100 llamados a la línea 137 por violencia familiar. En estos casos “se necesita el acompañamiento de un equipo para hacer una denuncia en la oficina correspondiente, o trasladar a la mujer que salió de su casa, o cuando los chicos y chicas quedan con el agresor. Entonces, denuncia mediante, asistimos para que autoricen a retirar a los niños. Solemos acompañar todo ese proceso –comenta Boggon–. Cuando son situaciones de violencia sexual, ya sea que actúen fiscalías o juzgados, también piden nuestra intervención, que vayamos al lugar donde está siendo asistida la persona, y hacemos un informe que pasa a formar parte del expediente judicial. En una segunda instancia nos citan para dar testimonio en los juicios. Hay un despliegue para brindar la mayor protección que puede lograrse y que no estemos marca la diferencia”.

La línea 137 es federal y brinda asistencia en todo el país. Los equipos profesionales tienen dos sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la metodología ha sido replicada en Chaco y Misiones. “Los llamados que llegan de otras provincias se intentan articular con el 911 de ese lugar donde está ocurriendo el hecho, para dar protección a esa persona. A veces nos encontramos con la traba de que quien llama no se anima a dar sus datos o tiene miedo, muchas veces son vecinos y no quieren quedar expuestos. Entonces, desde el programa, relatamos lo que se nos informa, los aspectos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, y elevamos un acta que es enviada a los organismos locales de protección. No es una denuncia, pero es informar para que se comience a intervenir”, puntualiza Boggon.

El Ministerio de Justicia de la Nación todavía no responde al reclamo de reincorporación de los despedidos de la línea. Sus trabajadores, mientras tanto, sostienen reuniones gremiales y actividades para visibilizar el conflicto, como una radio abierta y la proyección del documental de la línea Cada 30 horas de la directora Alejadra Perdomo. “Desde la gestión manifiestan interés en el programa, pero lo están vaciando de personal –refiere Boggon–. No sé cómo pretenden que se mantenga cuando es un trabajo de 24 horas, todos los días, en torno a una temática tan compleja”.