Alarma por el trabajo infantil

Alarma por el trabajo infantil

Jul 1, 2025 | Destacado 2, Trabajo

Las infancias rurales siguen siendo las más afectadas y las cifras confirman lo que ya se sabe: a mayor pobreza, menos acceso a los derechos fundamentales. Especialistas vinculados a la Asociación Conciencia y la Defensoría del Pueblo de la provincia describen el panorama y advierten sobre la urgencia en las niñeces.

Los escasos datos actuales sobre trabajo de niños y niñas ya resultan alarmantes y evidencian la urgencia de un cambio de paradigma que priorice la protección integral de las infancias, de una vez y para siempre.

En Argentina, la crisis social, política y económica constituye un factor estructural que no puede ignorarse. En las zonas rurales, el 19,8% de los niños de entre 5 y 15 años trabaja, al igual que el 43,5% de los adolescentes de entre 16 y 17. La infancia rural sigue siendo la gran excluida: a mayor pobreza, menor acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. Prueba de ello es que el 45,5% de los varones y el 23% de las mujeres que trabajan en el mercado laboral no asisten a ningún establecimiento educativo. En este contexto, se perpetúa un entorno que, lejos de protegerlos, naturaliza y reproduce el trabajo infantil.

Conciencia es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por profesionales especializados en múltiples disciplinas, que desarrolla continuamente programas afines a las necesidades de distintas comunidades del país. Trabajan hace más de 20 años en articulación con instituciones y organizaciones con anclaje territorial, respetando los saberes de sus habitantes, la historia y cultura de cada comunidad. En comunicación con ANCCOM, Salomé San Martín, líder del eje programático -que se suma al de Empleabilidad y al de Participación-, plasma su preocupación: “Nuestra estrategia está vinculada con el trabajo en contexto de ruralidad previniendo, identificando y luchando en contra de situaciones de trabajo infantil y adolescente. Trabajamos principalmente en Misiones, Jujuy y Salta con esta problemática, ya que en las actividades rurales es muy propenso el trabajo infantil, como en la frutihortícola, yerbamate, tabacalera o la floricultura, espacios donde históricamente niños y adolescentes han trabajado”.

«El 20,2% de los estudiantes que cursan sexto grado de la primaria se ausentan a la escuela por tener que colaborar con tareas domésticas, cuidar a familiares o trabajar. Esta proporción aumenta en los últimos años de la secundaria, alcanzando cerca del 50%,» dice Martello.

La representante de la asociación comenta que la deserción escolar está totalmente vinculada al trabajo infantil. Los niños y niñas no contenidos están expuestos al trabajo tanto fuera como dentro de sus casas -viéndose los casos de trabajo doméstico sobre todo en las niñas-, una exposición que se ve profundamente agravada frente a la falta de acceso a comunicación, educación, clubes recreativos y actividades extracurriculares.

“Si bien hoy en día hay políticas y leyes que lo prohíben, no hay tanto control sobre su cumplimiento”, agrega San Martín, y destaca un dato clave: “No hay cifras oficiales porque el trabajo infantil es un delito. Que exista un registro oficial pondría de manifiesto que ocurre en nuestro país, lo cual va en contra de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los que adherimos”.

Según un informe del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la coordinación del Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, el 20,2% de los estudiantes que cursan sexto grado de la primaria se ausentan a la escuela por tener que colaborar con tareas domésticas, cuidar a familiares o trabajar. Esta proporción aumenta significativamente en los últimos años de la secundaria, alcanzando cerca del 50%, y se profundiza especialmente entre los sectores más vulnerables.

“La inasistencia escolar ligada al trabajo infantil no solo vulnera el derecho fundamental a la educación, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades futuras de miles de niños y adolescentes», remarcó Martello, quien también señaló la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar esta problemática. “Es fundamental que se refuercen los programas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, que se garantice el acceso a espacios de cuidado adecuados y se impulse la concientización sobre los graves perjuicios que el trabajo infantil ocasiona en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes», agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Martello también advirtió sobre los reiterados llamados de atención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alertan sobre un posible incremento del trabajo infantil a nivel mundial, particularmente en contextos de crisis económicas y sociales, algo con lo que coincide Salomé San Martín, quien agrega que “es muy importante el acuerdo entre sectores, ya que no es un problema del Estado, ni algo que pueda abordar la sociedad civil o el sector privado en soledad. Se necesitan acuerdos integrales”.

¿Qué hacer ante un panorama tan desalentador? Actuar. En ese sentido, la Asociación Conciencia da el ejemplo. “Para nosotros –resalta San Martín- es muy importante trabajar esta problemática con el Gobierno y con los sectores productivos, que son quienes deben velar principalmente porque en sus producciones no haya trabajo infantil. Por más que acompañemos y generemos talleres y proyectos, son las cabezas de esos negocios y actividades las que tienen mayor responsabilidad. El diálogo con el sector público y privado es fundamental, ya que nuestros proyectos son de gestión integrada”. Con sus proyectos de trabajo territoriales, llegan a lugares y familias donde no llega nadie, casos a 17 kilómetros de la ruta, con camino de ripio. Otorgan becas, trabajan con infancias desescolarizadas, con trabajadores rurales compartiendo estrategias para la prevención de accidentes en el trabajo, enfermedades vinculadas al mismo y el desempleo, abordan una línea de acompañamiento familiar integral, visitando familias para ayudarlas en cuestiones administrativas y el acceso a derechos. Para el 12 de junio, el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, se realizaron dos eventos grandes en Jujuy y Misiones, con diferentes actores, entre ellos COPRET, RENATRE, gobernaciones locales, intendencias y actores del sector privado.

“Es una problemática compleja y multifactorial. Tiene un montón de aristas desde las que se puede abordar. La combatimos con el acceso a la salud, a mejorar sus condiciones de vida, a tener una vivienda digna, a la educación… Nuestra perspectiva es desde el acceso a derechos”, concluye San Martín.

Cuarto mes de toma en la gráfica Morvillo

Cuarto mes de toma en la gráfica Morvillo

Jul 1, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Los trabajadores y las 240 familias que vivían de esos salarios se oponen al cierre y exigen la continuidad productiva.

Tras 50 años de actividad, en febrero de este año las máquinas de la gráfica Morvillo dejaron de imprimir. Ante la baja en la productividad, sus dueños presentaron la quiebra. Desde entonces, los trabajadores permanecen en la planta ubicada en Avellaneda en rechazo al cierre y en defensa de sus puestos de trabajo. Ya llevan más de 115 días de ocupación y reclaman la intervención del gobierno provincial para retomar la producción.

“El 25 de febrero nosotros trabajamos hasta las 10 de la noche. A las 23:30 nos llega un mensaje de WhatsApp de la empresa diciendo que cesaban las tareas, que al otro día no teníamos que presentarnos y debíamos esperar instrucciones. En ese momento nos pusimos a discutir la necesidad de volver a la fábrica para ver de qué se trataba”, recordó Enrique Andina, miembro de la Comisión Interna de Morvillo. “Cuando nos hicimos presentes, ya no discutimos qué teníamos que hacer, sino que empezamos a ver por dónde entrar”, continuó.

El comunicado enviado por el directorio anunciaba el cese de actividades a partir del primer turno del 26 de febrero. El texto acusaba una caída del 63% en el volumen de producción debido a la pérdida de varios clientes importantes, aumentos en los precios de los insumos y la exigencia de pago adelantado por parte de los proveedores de papel. El pedido de quiebra fue rechazado en primera instancia por la justicia, pero finalmente fue aceptado tras una apelación.

La principal producción de Morvillo eran catálogos y revistas. Al igual que el resto de la industria gráfica, sufrieron el avance de la tecnología y la digitalización, a la que, en este último tiempo, se sumó la recesión económica.  “Se olfateaba que algo iba a pasar. Nosotros lo veíamos por el lado de los despidos, que era lo que la patronal hacía correr muy fuerte”, señaló Sebastián Rodríguez, quien dedicó más de la mitad de sus 48 años de vida a la empresa y también forma parte de la comisión interna. Luego del anuncio, los dueños no volvieron a aparecer: no se presentaron a la conciliación obligatoria ni dieron mayores explicaciones a sus empleados, cuyas indemnizaciones aún deben resolverse por la vía judicial.

“Abajo la quiebra fraudulenta”, “240 familias en la calle”, “Que ningún taller imprima nuestros trabajos mientras dure el conflicto”, dicen algunos de los carteles pegados en la fachada de la imprenta, que cumple cuatro meses sin operar. La principal demanda apunta a revertir esta situación: que el gobierno provincial intervenga para garantizar la continuidad productiva. “No solamente nos aseguraría el laburo a nosotros, sino que tiene una utilidad pública. Tenemos la capacidad para hacer manuales y libros para los 135 municipios de la provincia. También boletas electorales. Tenemos las máquinas preparadas y gente capacitada para hacer esos trabajos. Hay compañeros con muchísimos años de antigüedad, el promedio de la compañía es de 25, 30 años”, aseguró Andina. 

Luego de idas y venidas, una primera reunión hace aproximadamente dos meses con autoridades del municipio de Avellaneda y una movilización a La Plata donde fueron recibidos por funcionarios de la provincia, los trabajadores pudieron presentar su reclamo. Sin embargo, a más de 20 días de la última reunión, siguen sin recibir respuestas. Por esa razón, el pasado jueves 19 realizaron una manifestación en Puente Pueyrredón, que contó con alta presencia policial.

Los días pasan y en la planta reina la incertidumbre. Son más de 200 los trabajadores que en febrero sufrieron la pérdida de sus empleos. Hoy se enfrentan a las dificultades de volver al mercado laboral con más de 45 años de edad y, muchos de ellos, con problemas físicos por las características demandantes del trabajo en la fábrica. Sus ingresos se limitan a lo provisto por el fondo de desempleo, que en junio tuvo un tope de $313.400. “Nadie vive con 300 mil pesos. Necesitamos sostenernos de alguna manera. Hay compañeros que vienen haciendo changas. Es una situación muy complicada”, afirmó Andina. Ante esta dificultad, crearon un fondo de lucha con el alias morvilloenlucha para recibir colaboraciones y poder continuar con la medida de fuerza.

Mientras esperan la contestación del gobierno de Kicillof, los trabajadores también pelean contra el remate de los bienes de la empresa, patrimonio del que obtendrían las indemnizaciones que les corresponden. “Están tirando abajo los precios de una manera descomunal. Si nosotros no continuamos productivamente y tenemos que cobrar la plata, la cobramos de la venta del inmueble y de los muebles. Con los precios por el piso no vamos a ver ni un peso”, explicó Rodríguez. “Tenemos otra pelea con el síndico, que nos viene diciendo que sobre el inmueble nos correspondería, en cuanto a saldo indemnizatorio, solamente la mitad. Un acreedor puede llegar a cobrar la totalidad de su deuda y nosotros solo el 50%”, agregó Andina. El viernes ambos se presentarán a una nueva audiencia como representantes y miembros del comité de control del proceso de quiebra, donde, según sus testimonios, se seguirá tratando el tema de la tasación.

A la par del reclamo por la continuidad productiva está la posibilidad de entablar un vínculo con Desarrollo Social para que atienda las necesidades específicas de los despedidos. Muchos padecen alguna enfermedad o tienen familiares enfermos con necesidad de tratamiento y perdieron la cobertura médica. Las problemáticas que enfrentan desde el cierre de la imprenta son numerosas. Para los trabajadores, la permanencia en la planta y la custodia de los medios de producción, ya sea para retomar la actividad o cobrar una compensación, es la única manera de velar por sus intereses, aún cuando no cuentan con el apoyo de su sindicato. “No se puede obviar el rol de la Federación Gráfica Bonaerense. No sólo no mueve un dedo, sino que milita activamente contra nuestra lucha”, denunció Rodríguez, y afirmó que solo los incitan a esperar el cobro por la venta del inmueble.

El cierre de la gráfica no solo tuvo consecuencias económicas, sino también emocionales. “Vos armás tu vida en función al trabajo. Se te cae el organizador social y se te descalabra un poco todo. El nuevo escenario sin un peso en la calle es muy complicado. Eso afecta emocionalmente, de hecho tenemos compañeros afectados que empezaron tratamiento psiquiátrico”, dijo Rodríguez. 

Alejandro Mereles llevaba más de 30 años en la empresa. Falleció a los 20 días de ocupación. “Fue un golpe muy duro para él el tema del cierre. Esos primeros 20 días fueron los más álgidos, nadie sabía qué iba a pasar y Ale estaba firme ahí. Fue uno de los pioneros en la organización de la fábrica. Perdimos a un gran compañero”, comentó Andina. La bandera con el rostro de Mereles acompaña a los trabajadores de Morvillo en todas las actividades y movilizaciones.

Unidad de los trabajadores

A pesar de todo, la lucha dentro y fuera de la planta continúa. En estos cuatro meses se realizaron festivales, plenarios, manifestaciones y otras actividades en pos de visibilizar estos reclamos. Los trabajadores destacan el apoyo que han recibido de parte de familiares, vecinos, organizaciones sociales y obreros que corrieron la misma suerte que ellos con otras empresas, como fue el caso de Secco. “Nosotros venimos acompañando varias luchas, así como a nosotros nos vienen acompañando, porque eso hay que mencionarlo, la solidaridad es enorme”, sostuvo Andina. En las movilizaciones pueden verse carteles en apoyo a los jubilados y los médicos del Garrahan. Las banderas colgadas en la entrada de la gráfica apuntan a la unidad de todas las demandas obreras. “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro” se lee en una de ellas.

“O te resignás o luchás. A los trabajadores no nos queda otra que salir a luchar”, sentenció Rodríguez. Los trabajadores de Morvillo afrontan cada nuevo día, cada turno de vigilancia en la gráfica, cada audiencia, cada actividad con esa misma convicción.

¿Se acabó el desempleo?

¿Se acabó el desempleo?

Jun 18, 2025 | Destacado 3, Trabajo

El índice de desempleo no crece al ritmo de la crisis económica. La salida laboral a través de las plataformas digitales, como los servicios de delivery, maquillan la desocupación. Sin embargo, ante el aluvión de personas que se vuelcan a esta tarea, los ingresos comienzan a mermar y esa salida ya no parece tan apetecible.

Argentina atraviesa actualmente una contracción económica profunda. La actividad cayó un 1,8% en 2024 mientras el consumo se derrumbaba un 18%, en comparación con el año anterior, que a su vez ya había sido también marcado por una fuerte crisis. A esto se suma una inflación todavía elevada —aunque menos visible en las estadísticas oficiales— y un fuerte ajuste fiscal equivalente al 4,7% del PBI.

Estos indicadores no son solo números: tienen consecuencias concretas en la vida de las personas. Los ingresos pierden poder de compra, el empleo formal disminuye y cada vez más personas se ven obligadas a buscar formas de subsistir fuera del mercado laboral tradicional.

Una salida que se repite

En este escenario, miles de personas recurren al trabajo a través de plataformas digitales como Rappi, Uber, PedidosYa o Mercado Libre para generar ingresos de forma inmediata. Son empleos sin relación de dependencia, con horarios flexibles, pero también sin derechos laborales básicos ni garantías de estabilidad.

Este fenómeno recuerda, de alguna manera, lo ocurrido durante la crisis de 2001. En ese momento, la caída del régimen de convertibilidad —establecido por el gobierno de Carlos Menem en 1991— dejó a millones de personas sin empleo. El “uno a uno”, que había equiparado el peso al dólar, se volvió insostenible y colapsó en medio de una de las peores crisis económicas y sociales del país.

Con un Estado que se corría y no daba respuestas, miles de personas despedidas buscaron subsistir a través del autoempleo: muchos utilizaron sus indemnizaciones o ahorros para comprar un taxi, remis o para abrir pequeños comercios, kioscos y almacenes. No eran proyectos soñados, sino salidas de emergencia en un contexto de alta inestabilidad. Hoy, el trabajo en plataformas cumple un rol similar: ofrece una solución rápida frente a la falta de empleo formal, aunque con condiciones laborales precarias y bajo el control de un algoritmo.

Trabajar para Rappi, Uber o PedidosYa se instaló en los últimos años como una forma de manejar los propios tiempos, de ser tu propio jefe. También representa una alternativa temporal para quienes fueron despedidos o buscan evitar caer en la desocupación, “para no caerse del mapa”. Así lo explica Belén D’Ambrosio, repartidora y secretaria del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, el empleo en plataformas reemplaza una parte de los puestos perdidos tanto en el mercado registrado como en el informal. “Por eso el nivel de ocupación varió poco”, señala. La desocupación no creció al mismo ritmo que la crisis económica, pero sí aumentó la subocupación. Dentro de ese grupo se encuentran muchos repartidores y conductores que figuran como monotributistas o directamente trabajan sin registrar, sin aportar al sistema de seguridad social.

El informe “¿Recuperación ilusoria?”, del instituto de investigaciones sociales Gino Germani, explica este fenómeno: “La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral.”

En 2022, la desocupación fue del 6,3%, y en 2024 se ubicó en 6,4%. Muy lejos del 18,3% alcanzado en 2001. La diferencia principal es que hoy es más fácil acceder a un empleo (o algo parecido), aunque sea mal pago y riesgoso. Por eso, está lejos de ser cierto —como asegura el diputado radical Martín Tetaz— que “el desempleo se terminó”. Estos nuevos trabajos no ofrecen estabilidad ni protección a largo plazo: son solo una forma de no quedarse sin ingresos.

Sin embargo, en la medida de que más gente recurre a las plataformas que solo responden a las leyes de la oferta y la demanda para asignar salarios y tareas, resulta cada vez más difícil ganarse la vida con ellas. Para las plataformas, más empleados significa más competencia entre ellos y más posibilidades de reducir costos.

“Se acabó el mito de ser tu propio jefe”, explicita D’Ambrosio. Las aplicaciones ya no pagan lo que pagaban antes por la sobreoferta de trabajadores, a los cuáles las empresas nunca reconocieron como tales. Por eso no tienen cobertura de ART, vacaciones, obra social, aguinaldo ni un sueldo básico que brinde una mínima seguridad. En el mejor de los casos, ganan un poco más si llueve. Pese a esta precariedad, muchos se inscriben como monotributistas, por lo que figuran en las estadísticas como cuentapropistas, aunque estén lejos de tener autonomía real.

 

Gig economy

 Las plataformas operan bajo el modelo de la economía colaborativa, o gig economy. Básicamente, lo que antes llamábamos changas y trabajos por encargo, sin un contrato permanente. Son trabajos flexibles, con todo lo bueno y lo malo que eso incluye. Dan cierta libertad de elección respecto de en qué días y horarios trabajar. Sin embargo, esa libertad se ha vuelto otra pequeña mentirita del capitalismo neoliberal que habitamos porque, como dice Manuel, conductor de Uber desde hace dos años y exrepartidor de Rappi, “terminás trabajando en los horarios de alta demanda, para cubrir los gastos del auto y para llegar a fin de mes”. Enrique, que reparte para Pedidos Ya los siete días de la semana, con jornadas de más de 10 horas cuenta: “Hacemos lo que haga falta para juntar para el alquiler, la comida, el celular”.

Lautaro también trabaja para PedidosYa, pero en moto, y, al sumarse a la conversación, aclara que gana mucho más que cuando andaba en bicicleta, pero también gasta mucho más: “Los gastos fijos de la moto son otra cosa. Cuando repartía en bici, era toda para mí, ahora tengo que pagar la nafta, los arreglos. Hace un mes me chocaron y tuve que trabajar más los fines de semana para cuadrar esos extras”.

En moto, Lautaro hace hasta 40 mil pesos diarios y hasta 4 entregas por hora, en promedio, gana 160 mil pesos a la semana. Cuando repartía en bici, también por 5 días a la semana, estaba más cerca de los 70 mil semanales, pero solo tenía algún gasto ocasional de la bici. Manuel lo confirma, y cuenta que su mentalidad en bici era la de un atleta, “solo gastaba en Gatorade y pedaleaba 50 kilómetros diarios”.

 

Las crisis cambian el trabajo

Ottaviano explica que “los trabajadores de plataformas son reconocidos legalmente como cuentapropistas, pero las características de su trabajo son objetivamente de dependencia. Más allá del tipo de organización horaria del trabajo en plataformas, los conductores y repartidores dependen de que las distintas aplicaciones les asignen pedidos y viajes”. También dependen de que el algoritmo no los bloquee y de que les paguen en tiempo y forma por los servicios prestados.

Estas aplicaciones ejercen tácticas de control, seguimiento y premiación -o, por el contrario, castigo a los riders que rechazan viajes o tardan demasiado en hacer una entrega o se salen de la ruta recomendada- y demuestran lo que D´Ambrosio y el SiTraRepA denuncian hace rato: que no se trata de socios colaboradores, ni de autónomos, sino de trabajadores bajo dependencia de las empresas de aplicaciones de reparto.

“Estas empresas actúan como fantasmas, porque los riders no podemos hacer ningún reclamo respecto de las condiciones laborales. Están encubriendo una precarización laboral muy marcada: pagan entre 1.000 y 2.000 pesos por pedido entregado”, remarca D’Ambrosio. ¿Por qué pagar más si hay muchos trabajadores que saben que no pueden volver a sus casas con las manos vacías? Aquellos que acepten un mayor grado de explotación serán los que terminen trabajando.

Tanto los conductores como los repartidores coinciden en que la demanda de viajes ha bajado en los últimos meses, a tono con las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei y la caída del consumo que esta implica, algo empeorado por la sobreoferta de trabajadores que ofrecen esos servicios. La caída en la demanda, además, obliga a los repartidores “a trabajar durante más horas y en las zonas de más alta demanda”, para cubrir sus necesidades básicas, y “llegar a los 800 mil pesos de un sueldo mínimo”, relata Ramón, repartidor de Cabify, que entrega los pedidos de delivery de Mercado Pago Envíos.

En este nuevo esquema, la promesa de autonomía y libertad que ofrecen las plataformas contrasta con las condiciones reales de quienes trabajan en ellas. Lejos de ser socios, los repartidores y conductores cumplen funciones vitales para las plataformas que, además, son extranjeras y se llevan las divisas que escasean en el país. Además, las plataformas modifican sus algoritmos sin dar explicaciones.

Tal como advierte un reciente informe del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, “los trabajadores argentinos están sosteniendo su subsistencia mediante el deterioro de su calidad de vida, sacrificando tiempo personal, bienestar físico y reservas económicas”. Esta no es una recuperación: es una forma de sobrevivir en un mercado que ofrece menos derechos, más inestabilidad y que desplaza el riesgo hacia quienes menos pueden afrontarlo.

La ex clase pasiva

La ex clase pasiva

Jun 18, 2025 | Destacado 2, Trabajo

Cada vez más jubilados trabajan para compensar los magros haberes que reciben mensualmente y poder hacer frente a los gastos cotidianos. Historias de canosos con empleo.

La postal de jubilados que se ven en la necesidad de volver al trabajo se repite cada vez más seguido en Argentina. Según la Encuesta Permanente de Hogares, uno de cada seis jubilados (15,47%) sigue en actividad, lo que representa un aumento del 42% en comparación con 2011. La necesidad económica es el principal motor: el haber mínimo ronda los 366 mil pesos, mientras que la canasta básica del adulto mayor supera los $1.200.000.

“Cuando vi que me faltaban cuatro o cinco años para jubilarme dije: ‘¿Qué hago?’ Porque con la jubilación mínima no iba a poder vivir. Entonces me puse a estudiar abogacía y ahora trabajo en eso”, cuenta Lili Kunis, jubilada de 71 años, que trabajó como docente durante 35 años en la provincia de Buenos Aires. Se recibió a los 54 años en la Universidad Nacional de La Matanza y ejerce como abogada laboralista. “Me gustaría no tener la obligación de trabajar. El trabajo que hago me gusta, pero también es correr todo el tiempo, con plazos y escritos. A los 71, me gustaría dejar de correr”.

La situación se agrava por la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de subsidios a los servicios. “Los jubilados hemos perdido con todos los gobiernos, pero esto es brutal”, asegura Kunis. “La quita de los medicamentos gratuitos también nos afecta mucho. En las marchas me cruzo gente llorando porque no puede comprar sus gotas. Me dicen: ‘Si me las compro, no como’”.

«Me parece que están queriendo instalar un discurso: que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”, dice Silvia.

Rosario Sastre, jubilada de 67 años, comparte la misma preocupación. Cobra la mínima y vive de changas: es podóloga, lleva personas con discapacidad al médico, hace compras y cuida enfermos. “Por mes puedo sacar unos 200 mil pesos, y olvídate de comprar carne. Hay gente que me dejó de llamar porque no puede pagarme”, dice. “Una cosa es trabajar por elección, pero yo trabajo porque no me queda otra. Este mes, con el aguinaldo, somos Gardel: cobramos 500 mil pesos. ¡Qué tristeza tener que reírse de eso! Nos sacaron todo”.

Sastre vive en Ciudadela y camina diariamente para ahorrar en transporte. “Estoy cansada, agotada, con bronca. Quisiera pasear con mi nieta, pero tengo que trabajar todos los días”. Su alquiler es de 220 mil pesos. “Con la jubilación se me va el alquiler, y el resto en luz y gas. La mayoría está igual: los que tienen casa propia, no pueden pagar los impuestos; los que pueden, siguen trabajando”.

Silvia Bondareff, de 63 años, y Juan Domingo Redondal, de 72, son una pareja que hace changas de albañilería en Tres de Febrero para poder subsistir. “Me quedaron algunos clientes de cuando trabajaba en la construcción y con la jubilación mínima no podemos vivir, así que sigo en la lucha”, dice Juan Domingo. Silvia es profesora de gimnasia y estudia psicología social, pero lo ayuda en el trabajo: “Lo acompaño para que no le sea tan duro y no tenga que ir solo. Llevo los baldes, hago la mezcla. La gente nos mira como diciendo: ‘¿es la peona o la dueña de la casa?’. Cuando estamos revocando una pared también es raro, porque somos grandes”. Tienen cinco hijos, uno de ellos estudia en la universidad: “Es nuestro mayor gasto. Queremos que termine, que no tenga que dejar por trabajar”, cuenta Juan Domingo. Silvia agrega: “Me jubilé gracias a la moratoria para amas de casa. Siempre trabajé, pero nunca tuve aportes. Pensé que podría hacer lo que me gusta, pintar, él ser profesor de fútbol. Pero nos dimos cuenta de que íbamos a tener que trabajar de nuevo. Me parece que están queriendo instalar un discurso de que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”.

“La dignidad no se vende”

Para Juan Domingo, la lucha sigue: “La mayoría de los jubilados que nos sentamos en el Anexo del Congreso venimos de la década del 70 y nos han cagado a palos siempre. Pero este tipo (en referencia al presidente Javier Milei) rompió las normas. No entienden que no vamos a abandonar las calles. Nos han quitado los remedios, nos han aplastado el sueldo. Lo único que nos queda es la dignidad, y eso no se vende”. Silvia coincide: “Nuestros amigos están vencidos, como que no activan. Algunos votaron a Milei y piensan que hay que esperar. Ahora se ven más jubilados autoconvocados en el Anexo y eso te da ánimo para seguir luchando”. Juan Domingo concluye: “Para este gobierno somos un grano en el culo, nos van a hacer de todo, nos van a meter gases y matar los sueldos, pero no nos van a sacar de la lucha. Ese es el legado que le dejamos a esta juventud. No es solo por nosotros, es por los que vienen atrás”. Silvia agrega: “Voy al Anexo por mis hijos y mis nietos. Algún día se van a acordar, como yo me acuerdo de cuando mi papá iba a la marcha de Norma Plá y yo le preguntaba: ‘¿Para qué vas?’. Ahora lo sé”.

El aumento en la esperanza de vida es otro de los factores que complejiza el panorama. La Fundación Navarro Viola advierte que los sistemas previsionales fueron diseñados cuando la mayoría de las personas fallecían a los cinco años de jubilarse. Hoy, muchas viven 15 o 20 años más. Según el informe, casi un cuarto de los jubilados menores de 70 años sigue trabajando.

Víctor C. Amarilla tiene 72 años y es encargado de edificios. Se jubiló hace nueve años, pero sigue en actividad. Cobra un poco más de la mínima: 420 mil pesos de jubilación y 400 mil pesos como encargado. “No me alcanza. La luz y el gas cuestan más de 100 mil pesos. Uno come lo que puede. Me levanto a las 4:30 para trabajar. Estoy podrido. No puedo ir al cine, no puedo salir a pasear. Mis amigos están desesperados: ganan poco y muchos están enfermos. Yo no sabía que iba a tener que seguir trabajando. Pensé que iba a hacer una changuita, pero al final es lo único que me permite vivir”.

En situaciones similares están Ana Montenegro y Luis Relinque. Ana, de 69 años, tiene discapacidad visual y cobra la mínima. Para sobrevivir, intenta vender ropa en ferias barriales, pero enfrenta trabas del Ggobierno de la Ciudad. “Nos sacan como si fuéramos delincuentes. No nos dejan vender. Fui a Parque Patricios, Parque Centenario, Chacarita, Mataderos, y nos sacaron de todos lados. Nos persiguen. Lo único que quiero es vivir tranquila, pero no nos lo permiten. Cobro 350 mil pesos y tengo que trabajar los fines de semana desde las 4 de la mañana. Mis hijos me ayudan, pero no quiero ser una carga. Yo también hice este país, no nos merecemos esto”.

Luis, de 75 años, vende alfajores frente al hospital Evita. Cobra la mínima y vive con su hijo y su nuera. “Me las rebuscaba, pero el último año ya no. Empecé a vender cuatro alfajores por mil pesos. Gano unos 7 u 8 mil pesos por día. Con la jubilación no alcanza: la mitad se me va en servicios. Dejé de pagar los impuestos. Quisiera comer una pizza en Corrientes o ir al teatro con mi nieta, pero no puedo. Antes iba al cine, ahora no. Tengo 75 años: mi vida es hoy, y no quiero pasarla mal”.

Tocaría descansar

El escenario es desolador. La falta de políticas previsionales integrales, la eliminación de la moratoria y la intención de anular regímenes especiales profundizan la crisis. “Los choferes de colectivo, los docentes, van a tener que esperar. Antes uno decía: ‘los jubilados tienen la ayuda de la familia’, pero ahora ni eso. Las familias también están fundidas”, advierte Kunis. “Yo voy a tener que seguir trabajando hasta que pueda. No es por gusto, es por necesidad”.

La jubilación mínima ​​se encuentra actualmente en 296.396 pesos, a esto se le suma el bono de 70.000 pesos, congelado hace más de un año. Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, cobran los haberes mínimos con bonos poco más de 5 millones. La Cámara de Diputados dio media sanción una ley que otorga un  aumento del 7,2% en todos los haberes y una actualización del bono a 110.000 pesos. También repone la moratoria previsional, que venció el 23 de marzo y no fue renovada por el gobierno, dejando a un estimado de 243.000 personas sin poder jubilarse en 2025. Ahora le toca votar al Senado para que entre en vigencia. De todas formas, Javier Milei ya anticipó que de aprobarse, vetaría la norma por lo que la situación de penuria de los jubilados seguiría tal cual está ahora. 

El fenómeno de los jubilados que no pueden dejar de trabajar crece y se expande. La falta de una respuesta estatal deja a miles de personas mayores atrapadas entre el hambre y la precariedad laboral. La imagen de adultos mayores en ferias, limpiando vidrios o trabajando en edificios se multiplica en las calles de todo el país, mientras las políticas de ajuste profundizan un escenario cada vez más injusto.

SiPreBA cumple 10 años

SiPreBA cumple 10 años

Jun 16, 2025 | Destacado 5, Trabajo

En medio de estigmatizaciones y un feroz ataque del gobierno al periodismo mezclado con un nivel de precarización laboral inédito, el gremio de prensa cumplió una década y lo celebró en el teatro Picadero.

En un contexto que atraviesa fuertes tensiones económicas, sociales y políticas, el periodismo argentino enfrenta uno de sus momentos más complejos desde la restauración democrática. Con el gobierno de Javier Milei, las condiciones para ejercer la profesión se vieron erosionadas por una combinación de factores: concentración de medios, reducción de pauta oficial, precarización laboral y crecientes discursos de estigmatización y violencia hacia la prensa crítica. Sin embargo, nada de eso, como tampoco el frío y la lluvia, impidieron que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires organizara el pasado sábado, a una semana del Día del Periodista, un acto en el Teatro Picadero para celebrar sus diez años de vida. A lo largo de la década, ganó la representación gremial y desbancó a la histórica y desgastada Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Matias Colombatti e Ivana Zerman, a cargo de la conducción, presentaron al panel de debate que contó con la presencia de los periodistas Ari Lijalad y Silvia Mercado; Fabian Grillo, padre del fotorreportero herido por un gendarme en la represión a los jubilados del 12 de marzo en Congreso; y Carla Gaudensi, secretaria adjunta de Sipreba y trabajadora de Télam. “Este gobierno quiere silenciar lo que está sucediendo. La única forma de lograr que este ajuste brutal, de que el endeudamiento de todos los argentinos se mantenga oculto es si en una manifestación Patricia Bullrich impide que los reporteros gráficos, los cronistas cuenten lo que está pasando, es intentando disciplinar a los trabajadores de prensa de Casa Rosada para que no pueda decir lo que está pasando ahí adentro”. Para ella, “la libertad de expresión y salarios se relacionan íntimamente. Sin derechos y condiciones dignas, nosotros no podemos ejercer bien nuestra profesión”. El Sipreba se encuentra en una campaña para elevar el salario de las redacciones, con la exigencia de que no pueden seguir estando por debajo de la canasta básica.

 

“Para mí, la libertad de expresión es un tema colectivo y el mayor ataque que recibe son los salarios de mierda que pagan la mayoría de los medios, que cobramos la mayoría de nosotros, porque eso deteriora nuestra posibilidad de hacer periodismo”, dijo Lijalad, denunciado por escribir una columna de opinión y respaldado por más de 600 periodistas. “El problema de Milei no es con periodistas individuales, lo que busca es imponer miedo y autocensura. No nos dejan recorrer la Casa Rosada, quieren que hagamos gacetillas, solo con sus fuentes oficiales. Deslegitiman nuestro trabajo con ataques permanentes a quienes hacemos periodismo”, denunció el periodista de El Destape. Durante el acto se proyectó un anticipo de Redactores, documental a 50 años de los principales convenios colectivos de trabajo de la actividad, del estatuto que firmó Juan Domingo Perón poco antes de que la dictadura interviniera los medios. 

Asimismo, la directora bonaerense de Empleo, Claudia Lazzaro, participó del panel en donde se abordaron temas como la precarización laboral, la libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto actual, atravesado por el hostigamiento del Gobierno nacional. Allí se presentaron datos socioeconómicos sobre la situación del trabajo en prensa de la provincia de Buenos Aires.

Fabian Grillo, muy emocionado y agradecido por el cariño que viene recibiendo, comentó sobre el estado de salud de su hijo Pablo: “Los profesionales me dicen que es un milagro la enorme mejoría de Pablo, y no tengo dudas que es por esto. Por todo el amor que le dan y le llega a el”. Este hombre de barba canosa y grandes ojeras, que se convirtió en un símbolo del repudio a las represiones cotidianas del gobierno de Milei y Bullrich, expresó que “estamos en un gobierno que necesita de la mentira como herramienta de acción y quiénes la revelan son muy peligrosos, una foto es un arma terrible para ellos”. Y apuntó: “En el caso de mi hijo, lo juzgaron e intentaron ejecutarlo, en el mismo momento. Definieron que ser fotógrafo periodista es un delito, o sea que legislaron”.

A su turno, el secretario general del Sipreba Agustín Lecchi dijo: “Consolidamos un sindicato que lucha por un periodismo con salarios justos y condiciones dignas para garantizar el derecho a la información”. Si bien el propio dirigente calificó este momento de la prensa como uno de los peores, fue enfático al decir que no hay margen para la resignación. “¿Cómo no pelear y resistir después de ver lo que el gremio fue capaz de construir en estos primeros diez años?, expresó. “Sin democracia no hay libertad de expresión para que volvamos a tener una democracia con justicia social necesitamos un sindicato fuerte con propuestas, nosotros tenemos ideas para recuperar los medios públicos, para fortalecer los medios populares y para eso necesitamos salarios justos

Al finalizar el evento, la Comisión Directiva entregó el reconocimiento Osvaldo Bayer a referentes históricos del gremio, y el “SiPreBA10años” como muestra de agradecimiento a distintas organizaciones y figuras del sindicalismo, la política, la comunicación y los derechos humanos que fueron fundamentales en este recorrido acompañando las luchas del gremio. Así, subieron al escenario del Picadero referentes de Argra, el Cels, la Correpi y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, con la presencia de su directora, Larisa Kejval y del exdirector y actual vicedecano de Sociales, Diego de Charras. Hicieron lo propio representantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda; dirigentes de las principales centrales sindicales como Maia Volcovinsky (CGT), Hugo Yasky (CTA-T), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A) y Alejandro «Peluca» Gramajo (UTEP); la legisladora porteña Victoria Montenegro; la ministra bonaerense de la Mujer, Géneros y Diversidades Estela Díaz y los exministros nacionales Jorge Ferraresi, Carlos Tomada y Raquel Olmos.

Entre el público pudo verse al abogado de derechos humanos Pablo Llonto, al abogado laboralista León Piasek, a la expresidenta de Télam Bernarda Llorente, al periodista Carlos Ulanovsky, a la periodista y exdefensora del Público Miriam Lewin, a Fernando “Tato” Dondero, uno de los fundadores del sindicato junto al fallecido Rubén Schofrin, y a Carlos Rodríguez, histórico delegado de Página12 y símbolo del redactor comprometido con lo social y lo colectivo en detrimento de los egos que abundan en el oficio.

Desde las bases

El Sipreba se fundó el 7 de junio de 2015, luego de un amplio plebiscito en el que participaron más de 2000 trabajadores y trabajadoras de redacciones, canales de televisión y radios. “Tomamos la decisión de reconstruir el sindicato de prensa para todos los medios —privados, públicos y autogestionados— sin importar su orientación política o el sector al que pertenecieran”, expresaron en enero de 2023, tras lograr la histórica obtención de la personería gremial. El sindicato se fue consolidando como un actor clave en las negociaciones paritarias del sector y mantiene una fuerte presencia en medios de alcance nacional como Telefé, América, A24, El Trece, TN, La Nación, Infobae, Olé, Noticias Argentinas, Página/12, Cronista, Perfil, Ámbito, Futurock, Radio con Vos, Radio Nacional, TV Pública, Radio Continental, Letra P, Diario AR, entre muchos otros.

Nacido de comisiones internas que habían quedado huérfanas de estructura sindical, durante esta década, el SiPreBA peleó contra el vaciamiento del Grupo 23 y apoyó la recuperación cooperativa de Tiempo Argentino; revirtió los 357 despidos de 2018 en Télam y acampó cuatro meses en 2024 para resguardar los puestos de trabajo de esa agencia; logró reincorporaciones y sostuvo la organización sindical en Clarín a pesar de un centenar de despidos entre 2019 y 2023; se organizó frente a la represión de Patricia Bullrich en el macrismo y en la actualidad. El flamante sindicato superó la pandemia y reconstruyó la Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) apostando a la unidad nacional de prensa. Entre otras tantas luchas, confluyó con los movimientos feministas, de derechos humanos y sindicales, convirtiéndose en partícipe y protagonista de todas las reivindicaciones populares por la ampliación de derechos.

En este décimo aniversario, y en un contexto especialmente crítico para el periodismo y la democracia, sus dirigentes reafirmaron su compromiso con el futuro “por el trabajo en prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión” y reivindicaron la organización colectiva, la pluralidad y la unidad”. En ese momento, el teatro entero cantó “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”.

Pese a todo, cientos de periodistas continúan ejerciendo con compromiso su labor informativa, resistiendo desde la trinchera del oficio y apelando a nuevas formas de financiamiento y colaboración. Plataformas independientes, cooperativas de prensa y medios autogestionados resurgen como espacios de resistencia profesional y ética. La idea de que en tiempos de incertidumbre, el periodismo se reafirma como pilar indispensable para la democracia fue la que sobrevoló el acto. Pero para que pueda cumplir ese rol, necesita libertad, recursos y respeto. Y eso, con un gobierno que promueve el odio se vuelve una pelea cotidiana.

 

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

Jun 13, 2025 | Destacado 4, Trabajo

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Ministerio de Salud echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Sindicatos y profesionales denunciaron la sangría de la salud pública: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, el principal centro de salud pública de alta complejidad del país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Salud a través de las redes sociales, bajo el argumento de “injustificadas inasistencias laborales”. La noticia generó un inmediato rechazo por parte de sindicatos, profesionales y agrupaciones, que denuncian un nuevo capítulo en el vaciamiento del sistema sanitario público. En respuesta, durante la mañana de este viernes realizó una asamblea en el hall central del hospital.

Desde el Ejecutivo, los despidos fueron presentados como parte de una política de “ordenamiento del Estado”. “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que también anunció el descuento salarial a quienes participaron de medidas de fuerza en apoyo al Hospital Garrahan.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, cuestionó el comunicado del Ministerio de Salud que anuncia despidos en el Hospital Posadas y descuentos por los días de paro en el Hospital Garrahan: “Otra vez, el comunicado no tiene firma. Simplemente dice ‘Ministerio de Salud’ y responde al giro autoritario que vienen aplicando las autoridades del hospital, sin mostrar ninguna voluntad de resolver el conflicto”.

Además, señaló que el Gobierno desconoce un conflicto legítimo: “La asfixia salarial que están imponiendo a los trabajadores y trabajadoras afecta directamente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos apelando a la justicia y preparando amparos, frente al abandono y la desatención del Estado en lo que es su obligación: garantizar el derecho a la salud de la población y un salario digno para quienes la sostienen. Son derechos constitucionales”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que los despidos son una represalia contra quienes exigen salarios dignos y mejores condiciones laborales: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo. Quienes dirigen Salud son dueños de clínicas privadas. La plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”, advirtió en diálogo con este medio.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires – Hospital Posadas, denunciaron que ya pasaron cuatro direcciones sin respuestas estructurales y que aún no se ha confirmado la designación de un nuevo director. En ese marco, llamaron a los pacientes y a la sociedad en su conjunto a respaldar el trabajo cotidiano del hospital: “Son testigos del trabajo que se lleva adelante día a día en un hospital donde se resuelven miles de consultas, estudios diagnósticos y cientos de internaciones los siete días de la semana”, señalaron en el comunicado.

Los 110 despidos en el Posadas se suman a los más de 120 ejecutados durante 2023 y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de achicamiento del Estado no se detiene y genera rechazo en distintos sectores del sistema de salud.

Desde la Asamblea de Residentes también se expresaron en contra: “Cada trabajador y trabajadora cumple un rol esencial en el sostenimiento de la salud pública. Estos recortes profundizan el deterioro de las condiciones laborales y sobrecargan aún más al personal”.

Y cuestionaron el anuncio del bono por parte del Gobierno: “Representa un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo: el déficit presupuestario del sistema de salud. Reclamamos una recomposición salarial justa, sostenida y sin exclusiones, que no implique recortes en otras áreas ni fragmentación del equipo”.

Para los gremios, el caso del Posadas no es un hecho aislado. Denuncian una estrategia sistemática de ataque a la salud pública que también se manifestó en el reciente conflicto del Hospital Garrahan, donde —según advierten— se difundieron mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y en el intento frustrado de cerrar el Hospital Bonaparte. Los despidos en el Posadas se conocieron inmediatamente después de la masiva jornada nacional de lucha en defensa del Garrahan y la salud pública.

Frente a esta avanzada, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advirtió que el Gobierno “no debe confundirse”, y recordó que los derechos de huelga, asociación y acción sindical están protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Ningún decreto de necesidad y urgencia puede estar por encima de esos derechos”, subrayó.

Una médica del Hospital Posadas, que prefirió no dar su nombre, expresó a ANCCOM: “Acá trabajamos con miedo. Sabemos que si hablamos o reclamamos, podemos estar en la próxima lista de despidos. Pero no podemos seguir en silencio mientras desarman la salud pública”.

“Está claro que no les interesa la salud de la gente. Solo se acuerdan cuando hay paro. El programa de gobierno de Milei en materia sanitaria era este: destruir la salud pública y que sólo se curen los que tienen plata. Los hospitales públicos funcionan hoy exclusivamente por el esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores”, señaló Rodolfo Aguiar.

Mientras crece la conflictividad, las y los trabajadores de la salud aseguran que no dejarán las calles. El reclamo no es solo por salarios y condiciones laborales: es también por el futuro de un sistema que está siendo desmantelado en nombre del ajuste.