Abr 23, 2021 | Culturas, Novedades
La pandemia acentuó la crisis que sufre el sector audiovisual. La falta de inversión privada y la intervención del estado que no alcanza, deja la exhibición cinematográfica en manos de unos pocos.
Tras las medidas de urgencia anunciadas por el presidente Alberto Fernández el jueves 16 de abril por el pico de casos de coronavirus, los cines se pusieron otra vez en pausa por dos semanas. El 26 de febrero se había publicado en el Boletín Oficial la reapertura de las salas y su protocolo correspondiente, luego de permanecer cerrados por un año.
Una tensión constante entre los nuevos sistemas de streaming y la industria de exhibición se pone de manifiesto más que nunca en el contexto de crisis sanitaria. No obstante, ninguna forma parece reemplazar a la otra. Según lo publicado en Cines Argentinos, 399.434 espectadores asistieron a las salas de Argentina el último fin de semana de marzo. Aún así, dos cines de la Capital Federal decidieron no abrir sus puertas.
El Arte Multiplex, ubicado sobre la Avenida Cabildo al 2800 en Belgrano, no retomó su actividad el último mes como si lo hicieron otros pertenecientes a su misma cadena. La familia Feldman es dueña de estos cinco complejos que agrupaban 34 salas en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. El Arte Multiplex es uno de los grandes patrimonios culturales del barrio. Tiene una capacidad de 700 butacas y cinco salas. A diferencia de los otros cines de la misma empresa, su cartelera escapaba de la homogeneidad del cine comercial. El miércoles 15 de abril, la empresa anunció el cierre definitivo de esta sala a través de la cuenta de Twitter.
“Hace un año y dos meses que el cine está cerrado. Viene soportando los costos fijos sin ningún tipo de ingresos durante todo este tiempo y la situación se fue tornando cada mes un poquito más difícil”, explicó Gabriel Feldman, dueño de la cadena Multiplex y del cine Arte Multiplex. En este sentido, Feldman advierte que la particularidad del Arte Multiplex es su cartelera de cine de autor que convoca a un público mayoritariamente adulto. Este público, considerado de riesgo en la pandemia, es el que en consecuencia se cuida más y por ende, no regresará al cine pronto. “Es un cine que se le va a complicar tener la convocatoria necesaria para recuperar sus costos fijos. Sí o sí vendrían tiempos difíciles”, agregó Feldman.
Cruzando la Avenida Cabildo, el cine General Paz también mantiene su fachada con los posters de los estrenos de febrero del 2020 y sus puertas bajo llave. Una cartelera ya abandonada. Un edificio construido en 1940 de color beige y casi sin ventanas, toma la esquina de Pedro Rivera. El viernes 26 de marzo, un periódico zonal difundió la noticia de su cierre.
Los vecinos de Belgrano se movilizaron por el deseo imperioso de mantener la cultura de pie en las calles de su barrio. Iniciaron un petitorio de Change.Org para mantener el cine abierto y crearon una página de Instagram llamada @SalvemoselCineGeneralPaz para hacer pública su propuesta. “Hay un tema económico de no inversión de la empresa en los últimos 10 años y que se complicó aún más con la pandemia”, explicó Pablo Iglesias, impulsor de la organización de vecinos autoconvocados. Los 35 integrantes difundieron una carta abierta al mundo audiovisual y buscan el estado parlamentario de su causa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. “Como mínimo, quisiéramos que se respete el edificio y que no termine en otro emprendimiento inmobiliario más, pensamos en un espacio cultural”, agregó Iglesias.
El protocolo dispuesto por el Ministerio de Cultura de la Nación para retomar la actividad cinematográfica señalaba como puntos principales: el uso obligatorio de tapabocas, el control de la temperatura al ingresar, higiene y sanitización del ambiente, distancia de 1,5 m entre cada burbuja de butacas y una ocupación del 50% con una ventilación a base de extractores que no permita la recirculación de aire.
Fue el Ministerio de Cultura de la Ciudad quien puso como condición necesaria para la reapertura, un 30% del aforo y que la sala cuente con renovaciones de 40 m3/h de aire por persona. Un procedimiento de circulación que solo es posible con tecnologías nuevas de muy alto costo.
Ariel Direse, Director Nacional de Innovación Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación declaró en entrevista con ANCCOM: “El cine fue declarado sector crítico en pandemia y se le dio ATP y postergación de cargas patronales, logramos que entren en los dos beneficios, además sacamos los créditos para las MiPymes culturales. No hubo ni una sola empresa que no haya accedido a esos créditos”. Esta medida fue impulsada en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Cultura de la Nación.
A pesar de todas las ayudas, el sector viene golpeado hace años y la pandemia lo dejó a los gritos de una declaración de emergencia cultural. Gabriel Feldman, dueño del Arte Multiplex, agrega “Hubo ayudas para el sector, pero son compromisos que en algún momento vamos a tener que responder y no alcanza para mantener semejantes estructuras sin funcionar”. El panorama de los cines de Belgrano deja en evidencia la facilidad de las grandes cadenas cinematográficas internacionales para subsistir a la crisis y el aprieto de las pequeñas y medianas empresas. Con el adiós a estos cines, quedan encendidas en Belgrano 10 pantallas pertenecientes a una cadena internacional y 8 pantallas del Múltiplex. Buenos Aires, aquella urbe cultural del siglo XX, se despide de 11 salas de exhibición cinematográfica.
Abr 23, 2021 | Novedades, Trabajo
Gracias a la difusión pública que tomó el despido de dos docentes en la sede Montañeses de la Escuela ORT, el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria y exigió a la institución educativa a que retrotraiga la medida.
Este jueves por la mañana se realizó una reunión en la cartera laboral donde estuvieron presentes los representantes de UTE Mariano Mango y Angélica Graciano, el delegado gremial de la escuela Sacha Unamuno, las dos docentes despedidas –Violeta Sznaider y Mariana Sampaiño- y, en representación de la ORT, su director ejecutivo, Adrián Moscovich y el director adjunto, Julio Nieva Moreno.
Al principio de la audiencia, la escuela había solicitado 48 horas para revisar la situación, pero de todas maneras el Ministerio ordenó la conciliación obligatoria y, al menos mientras esta se extienda, tanto Szanaider como Sampaiño deberán ser reincorporadas a sus funciones.
Las docentes habían sido despedidas el pasado 14 de abril por adherir al paro docente que exigía el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictaminados en el marco de la pandemia del covid 19. La Escuela ORT Argentina ya tiene antecedentes de conductas antisindicales y de avanzar sobre el derecho de agremiación: en diciembre de 2019, una decena de profesores fue despedida por intentar organizarse para defender sus derechos laborales.
Abr 22, 2021 | DDHH, Novedades
Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con su balance de 2020 a marzo de 2021. ANCCOM conversó con referentes de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina sobre la situación en el país.
Que el covid-19 haya dejado en evidencia problemáticas preexistentes y que las haya profundizado no es ninguna novedad. La llegada de la pandemia agravó de manera considerable la economía de nuestro país, como así también lo hizo con el resto del mundo. Al comenzar 2020, el continente americano era la región más desigual del mundo. Luego de iniciada la pandemia, la situación empeoró significativamente, sumando 22 millones de personas en la pobreza y 8 millones en la pobreza extrema. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina), en diciembre del año pasado el 40% de la población del país vivía bajo la línea de la pobreza y el índice de desempleo trepó al 11%.
Como señala el informe, las medidas tomadas para frenar la propagación de la pandemia impactaron en la vulneración de algunos derechos. En Argentina se advierte un aumento de la violencia contra mujeres y niñas -según datos relevados en 2020 se cometieron al menos 298 femicidios-; proliferación de denuncias por desapariciones forzadas; abusos por parte de los Estados; vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; como así también quebrantamiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, afirma que desde la organización estuvieron alertas sobre los distintos impactos de la crisis de la pandemia. “Desde Amnistía relevamos más de 30 casos de violencia institucional durante el 2020. La mayoría tuvieron relación con las medidas restrictivas y de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien sabemos que la violencia institucional no es un problema exclusivo de la pandemia y es algo histórico en nuestro país, el aumento de facultades a las fuerzas policiales, sobre todo en el ASPO, incrementó el problema”, asegura. El informe relata los incidentes ocurridos en la provincia de Formosa, el 5 de marzo de 2021. Allí describe que las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a manifestantes que salieron en protesta por las medidas restrictivas que estaba tomando la provincia. Según datos relevados por Amnistía, más de 100 personas resultaron heridas y 80 detenidas. Se difundieron imágenes de heridos de bala de goma en múltiples lugares, impacto en ojos, cara, pecho y brazos. Como así también denuncias de golpes mientras estaban siendo detenidos, estando ya reducidos.
«La violencia institucional se incrementó en el ASPO», dice Garone.
La pandemia además impactó de lleno la situación de los migrantes y refugiados. “En Argentina hicimos una encuesta a principio de la pandemia respecto al acceso de migrantes a asignaciones sociales o al ingreso familiar de emergencia (IFE) y sólo un 20% de pudo acceder al IFE”, afirma Garone y agrega como algo positivo la derogación de un DNU del año 2017, que modificaba la Ley de Migraciones, introduciendo reformas regresivas en términos de derechos de personas migrantes.
Respecto al aumento de la violencia a mujeres y niñas por el aislamiento, la línea 144 de denuncias aumentó un 39% del promedio diario de sus llamadas, correspondiendo el 89% a casos por violencia doméstica. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, asegura que hay una cifra que no es transparente respecto a los abusos sexuales infantiles. “El encierro, no poder salir, ha provocado que no puedan conectarse con el afuera y no pueden contarle a nadie lo que les pasa. Se ha vuelto tan intradoméstico que no se lo pueden contar a nadie”, asegura. Entre 2018 y 2019, según un informe publicado por UNICEF, 46% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sucedieron dentro del hogar de la víctima, el 5% en la vivienda de un familiar y el 90% de los agresores son de género masculino. “Lo que falta en la Argentina son lugares de atención”, asegura Schulman y agrega que muchas veces las niñas víctimas de abusos sexuales hacen la denuncia, pero se ven movilizadas dentro de un sistema que no logra atenderlas de la manera que correspondería: “No puede ser que una niña que es víctima de un abuso sexual haga una denuncia, vaya al hospital y no la atiendan, después la mandan a un juzgado y del juzgado la mandan a otro lado. Al final, hay casos de niñas que ya no quieren hablar más: ´Ya lo conté un montón de veces´, dicen. Todo esto se ha agudizado muchísimo como problema”.
A las situaciones de abuso también se le suma la distribución desigual en las tareas de cuidado. Según los datos relevados, el 64,1% de las tareas domésticas fueron realizadas por mujeres, como así también las tareas de apoyo escolar y de cuidado de personas, siendo estas el 74,2% y 70,3% respectivamente. Sobre esto, Schulman afirma que aumentó considerablemente el doble trabajo. Sumándole al trabajo formal el doméstico. Según datos del informe, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto bruto interno si fuera remunerado. “Al estar más tiempo en casa, se las carga más de responsabilidades domésticas: darle de comer al hermanito, ayudarlo con los deberes y los quehaceres de la casa son trabajos que desde hace muchísimos años se les atribuye a mujeres y niñas”, cierra.
Según el INDEC, la pobreza en la Argentina superó el 40%.
Respecto de los derechos de las comunidades indígenas el informe resalta que estos grupos fueron una de los más afectados, profundizando su situación de vulnerabilidad y discriminación. Durante el último año, Amnistía Internacional registró más de 20 casos en los que las comunidades indígenas se vieron afectadas en sus derechos, sumándose a más de 200 casos que vienen registrándose en los últimos años. Claudia Gotta, secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la Regional Rosario, asegura que es una deuda histórica la situación territorial de las comunidades. Si bien se puso en juego, desde el año 2006 la Ley 26160 -que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país- demanda la necesidad de dar solución al registro de todas las comunidades y de los territorios de las comunidades para evitar los desalojos: “La situación territorial varía según el lugar del país en el que analicemos esta situación. De norte a sur se repiten los desalojos, los despojos y los saqueos de la mano del capital y del mercado, el avance del sistema neo extractivista implica para muchos de nuestros hermanos la amenaza constante a sus territorios. Por supuesto que la pandemia trajo consigo una situación mucho más agravante”.
Durante 2020 el gobierno declaró a la minería como sector esencial, esto trae una gran preocupación dentro de las comunidades debido a los proyectos para extracción de litio. “En Salinas Grandes, las comunidades indígenas seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua”, asegura el informe. Noelia Garone advierte que en Jujuy reclaman por la falta de información adecuada para poder dar su consentimiento informado sobre posibles proyectos en sus comunidades. Sobre la situación socio-sanitaria, Gatto agrega que el avance del modelo hegemónico productivo está haciendo estragos en muchas de las territorialidades de las comunidades: “El modelo transgénico sojero no solamente ha garantizado la tala sistemática del monte nativo, sino que al avanzar con este modelo unívoco ha envenenado suelos y aguas”, asegura.
El informe rescata como buenas noticias la sanción de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, también destaca las dificultades de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Melina Ceccato, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, advierte que desde su organización realizaron un relevamiento y se encontraron con que, en el contexto de pandemia, hubo un aumento de las barreras al acceso de derechos de salud sexual y reproductiva por varios factores. En primer lugar, la pérdida de sentido de la temporalidad. “Al principio de la pandemia parecía que el mismo día se repetía día tras día al estar en el confinamiento en las casas”, asegura. Como así también un retraso al acceso a métodos anticonceptivos por no estar incluidos como una prestación esencial en los efectores de salud. Agrega también una dificultad al acceso a estos métodos en los confinamientos que se hicieron en los hoteles, en donde se hacían seguimientos médicos a cada persona que se encontraba aislada, se proveían medicaciones prescriptas pero los anticonceptivos no estuvieron contemplados. Se produjo una demora en las consultas de salud sexual debido a las restricciones de circulación y al mismo tiempo, la dificultad debido a las brechas tecnológicas. “En muchos efectores de salud se comenzó a brindar información sobre funcionamiento y también atención a través de medios digitales y una gran parte de la población que no tiene acceso quedó por fuera de eso”, asegura Ceccato.
En diciembre del año pasado Argentina renovó su compromiso en el marco del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otorga mayores compromisos a los países desarrollados, como mayores responsables de la crisis climática. Garone remarca que es un compromiso exigente, teniendo en cuenta que nuestro plan productivo económico sigue dependiendo de los combustibles fósiles, cuando la crisis climática requiere de un abandono de este tipo de combustibles por energías mucho más limpias y sostenibles. “La salida de la pandemia es una buena oportunidad para avanzar de manera definitiva en una acción coordinada entre todos los países porque la crisis climática es como la pandemia, no puede ser la acción de un solo país. Se necesita de una cooperación internacional entre todos los países, donde todos se comprometan a mejorar sus compromisos, y que lo hagan en la práctica”, cierra.
Abr 22, 2021 | Comunidad, Novedades
Durante el Mes del Compostaje, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos buscaron promover el abono orgánico en todas sus formas para concientizar sobre sus beneficios y difundir su práctica.
La campaña se extendió del 22 de marzo, Día del Agua, al 22 de abril, Día de la Tierra, y a ella se sumaron las huertas comunitarias que cada vez ganan más terreno. Una de las que participó en la iniciativa fue Raíces Urbanas, ubicada en una terraza del barrio porteño de Almagro, donde conviven especies diversas de plantas, flores e insectos. Las ramas y las hojas crecen al sol y, aunque rodeado de edificios, en este pulmón verde un grupo de personas produce alimentos. En esta labor es fundamental el compost, aquella materia rica en nutrientes que necesita la tierra para darle frutos a las plantas que luego comemos.
“El suelo es la base de todo. Un suelo sano son plantas sanas que después son alimentos sanos para nuestro cuerpo”, afirma Daniela González, licenciada en Gestión Ambiental Urbana de la Universidad Nacional de Lanús e integrante de Raíces Urbanas. En la huerta aprenden y comparten conocimientos, y todos los materiales que usan para plantar y compostar son reutilizados, como cajones de verdura, pallets y envases plásticos. Bajo la misma premisa –los residuos son recursos– trabaja el Colectivo Reciclador que fabrica las macetas de su huerta urbana y sus composteras con cubiertas, tachos y telgopores. Nada se pierde, todo se transforma, de eso trata la economía circular.
Raíces Urbanas está en una terraza del barrio porteño de Almagro.
Aunque la Ley N° 25916 propone como objetivos “lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, y promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados”, esto no se refleja en las políticas públicas. Son las organizaciones de huerteros y huerteras por una seguridad y soberanía alimentaria las que actúan para reducir los residuos, desarrollan nexos comunitarios, promueven un uso eficiente del espacio público y generan beneficios ambientales. González afirma que las gestiones municipales no actúan al ritmo de la exigencia ciudadana.
Raíces Urbanas tiene su origen en el proyecto ecológico de un movimiento juvenil del Centro Comunitario Tzavta, ubicado en la Comuna 5 (Almagro y Boedo), una de las que tiene menos espacios verdes. En 2015, gracias al Programa ProHuerta del INTA, dieron el primer taller sobre compost, siembra y plantas medicinales. En 2016 eligieron un nuevo nombre para la huerta con el objetivo de formar una organización independiente del movimiento que funcionaba en el edificio. “Empezamos a vincularnos con otras organizaciones y a dar talleres, pero no sólo con el objetivo de que la gente aprenda a cultivar sino para usar la huerta como una herramienta de educación ambiental, que permita cuestionar hábitos cotidianos en la ciudad y trabajar diferentes temáticas como la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la generación de residuos y el vínculo como habitantes urbanos con el entorno”, relata González.
El ecosistema generado en la huerta permite observar que toda planta y todo insecto es importante y cumple una función para mantener el equilibrio. Raíces Urbanas impulsa un cambio de mirada: “Hay que trabajar en los hábitos de consumo y reducir, porque no sirve reciclar si no reducimos todo lo que producimos. También tenemos que replantearnos cuestiones que en la vida cotidiana resultan habituales y que se pueden modificar. Consumir es un acto político. Hay que resignificar lo que ya generamos como un recurso que se puede volver a usar y no como algo a descartar”, concluye.
El Club del Compostaje es una de las líneas de acción del Colectivo Reciclador, liderado por Carlos Briganti, conocido como El Reciclador Urbano. “Hace tres años comenzamos a acercarnos un conjunto de personas heterogéneas como ingenieros agrónomos, arquitectos, artistas, diseñadores gráficos, vecinos y vecinas, en un contexto de emergencia alimentaria en el país y donde la problemática ambiental, principalmente en las ciudades, era cada vez más visible”, cuenta Agustín Reus, miembro del colectivo y licenciado en Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El Reciclador Urbano le abrió las puertas de su terraza a esta comunidad para pensar maneras de salir del entorno propio y poder ofrecer a la sociedad el trabajo que hacían. “El primer acercamiento fue a instituciones, hogares de día, escuelas, parques, centros comunitarios, espacios de gestión cultural, lugares donde íbamos con la simple premisa de reciclar nuestros orgánicos y utilizarlos para el compostaje, tener una soberanía alimentaria a través de una semilla propia y generar alimentos hortícolas o frutales”, cuenta Reus.
Daniela Gonzalez de Raíces Urbanas.
Antes de la pandemia, iniciaron un proyecto de composteras comunitarias con tachos industriales de 200 litros donde vecinos y vecinas podían aportar sus residuos orgánicos y equilibrarlos con “secos”, virutas de madera u hojas. La separación de residuos en origen incluye preservar los cartones y papeles, limpios y secos, para los recolectores y recuperadores urbanos, ya que es su insumo y fuente de trabajo. Luego de esta experiencia, la comunidad comenzó a compostar en sus casas, aprendieron y compartieron con otros sus conocimientos y generaron menos residuos. La campana verde de secos empezó a tener una separación de mayor calidad y de mejor disposición de los residuos, y la campana negra se redujo en cantidad.
“De las 7.500 toneladas diarias de residuos, la fracción orgánica es la mitad. Ese residuo ineficiente y de gran impacto para el ambiente después se rellena en un basurero. Podría evitarse el gasto de hidrocarburos que genera la recolección y la logística, y el impacto del dióxido de carbono. En los rellenos sanitarios del CEAMSE hay un proceso anaeróbico, o sea falto de oxígeno, y se produce la putrefacción que en consecuencia genera metano, 28 veces más captador de calor que el dióxido de carbono. Tenemos un efecto invernadero por donde se lo mire. Encima estamos trasladando agua de los orgánicos que cuando se pudre en los basurales o en los rellenos –donde en teoría no sucede porque tienen un nylon que los filtra o deja estanco ese lixiviado- se lixivia en las napas, contaminándolas y acidificando océanos y ríos”, sostiene Reus.
El Vivero Huerta Tierra Salud también forma parte del Club del Compostaje y es un espacio de revinculación social y desarrollo productivo que forma parte de la red del Programa de Emprendimientos Sociales perteneciente a la Dirección de Salud Mental de la Ciudad. Adriana Pérez, terapista ocupacional y responsable de la huerta, explica que el objetivo del proyecto es ayudar a las personas con padecimiento mental a recuperar o adquirir las capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de una vida cotidiana en la comunidad de la manera más autónoma posible y digna. Por lo cual “promociona la salud y la integración sociolaboral utilizando como medio la producción, la capacitación en tarea y la comercialización” de la mano de licenciados en terapia ocupacional y técnicos huerteros.
Como agrega Pérez, la producción de compost orgánico surge de promover un espacio autosustentable de huerta y plantas nativas donde la materia prima fundamental, abono y nutrientes se obtienen de un proceso natural donde participan todos. “El modelo agroecológico es un modo de vida que promueve relaciones tanto en lo productivo como en lo social y comercial”. Con la llegada de la pandemia y los protocolos de cuidados, muchas de las actividades y salidas dejaron de hacerse. “Si bien entendemos esenciales los dispositivos de emprendimientos en el proceso de rehabilitación, comprendemos que por el contexto de cuidados por el Covid-19 se debe disminuir la circulación”, señala Pérez.
Compostar en grande
Otras de las acciones para reducir el impacto ambiental negativo de la “basura” son los proyectos cooperativos “Compostario” y “Reciclario” del Grupo Asuma. En él participa un equipo interdisciplinario de arquitectos, diseñadores industriales y ambientólogos que desarrollan desde el diseño y la perspectiva ambiental, propuestas integrales a problemáticas socioambientales, enfocadas en la sustentabilidad popular. Esto quiere decir que ambos proyectos tienen su raíz en la valorización de residuos a partir de estrategias descentralizadas, comunitarias y enmarcadas en una economía social y solidaria. En diálogo con ANCCOM, miembros del equipo remarcan que el Compostario busca ser una herramienta de transformación no solo para la gestión y recuperación de residuos orgánicos sino también para implementar e informar estas prácticas en instituciones, escuelas, clubes y centros comunitarios. No obstante, esta alternativa sustentable presenta ciertas dificultades sobre todo vinculadas al acceso de financiamiento: «La organización y la previsión son difíciles con la situación que atraviesa el país y el mundo entero. Al mismo tiempo, creemos que va a ser un producto muy demandado porque con las innovaciones que lleva, optimiza el proceso de compostaje y facilita las tareas asociadas a la fabricación del compost. Además, por la desventaja que presentan los productos importados frente a los nacionales”, indican.
Sin embargo, el gran obstáculo de estos proyectos, como subrayan desde la Asociación, es demostrar a través de la planificación la enorme factibilidad y potencialidad a mediano y largo plazo: «Lo que verdaderamente se necesita es muchísima planificación, inversión económica, tiempos extendidos, pruebas piloto, y ahí sí, una vez alcanzado todo ello, una gran voluntad política para masificar las propuestas y, por lo tanto, las soluciones». Estas soluciones indudablemente cobran relevancia si interviene el Estado ya que se trata de proyectos ideales para articular con las políticas públicas. “En el caso del Compostario estamos cerca de tener la capacidad de producirlo para ser incorporado en este tipo de programas y podría ser complementado su uso con capacitaciones y asesoramiento técnico a los municipios. La pandemia retrasó estas iniciativas en la implementación en ámbitos públicos porque significó reasignaciones presupuestarias a la emergencia, derivando al sistema de salud y de asistencia social”. En este sentido, tanto la cooperativa como diversas organizaciones, manifiestan la necesidad de gestionar políticas públicas y una correcta normativa para ordenar, promover y regular programas y proyectos que utilicen el compostaje como herramienta fundamental en la gestión de esta corriente de residuos.
En una coyuntura difícil para mantener el lazo comunitario, donde se incrementaron las problemáticas socioambientales así como la desigualdad y la desnutrición, el Colectivo Reciclador impulsó dos acciones relevantes. El 27 de mayo presentaron el proyecto de ley “Sistema de Huertas Públicas Agroecológicas” en las comisiones de Ambiente y Presupuesto de la Legislatura porteña, con el acompañamiento de la legisladora por el Frente de Todos Cecilia Segura. La iniciativa propone una política pública donde se sistematicen huertas en espacios públicos y privados, de índole demostrativa y educativa, con un conocimiento público abierto y producidas de manera agroecológica. Pero el 3 de diciembre del 2020 se impuso la mayoría del oficialismo en CABA –representado por Vamos Juntos en alianza con el bloque UCR Evolución– a favor de la Ley de Agricultura Urbana, proyecto presentado por Roy Cortina. Agustín Reus explica que no se dio el debate al interior de las comisiones y aunque la ley votada tiene buenas consideraciones, no hay claridad ni regulación respecto al uso del espacio público con fines de lucro privado, razón por la que el colectivo e InterHuertas, la red que nuclea a las huertas agroecológicas, comunitarias y urbanas del país, no acompañaron el proyecto.
La segunda acción fue el desarrollo de huertas en la vereda, preservando el acceso a rampas y el libre tránsito por el espacio público. Al cuidado de la comunidad, actualmente hay más de 25 huertas en los barrios de Villa Santa Rita, Parque Chas, Coghlan, Chacarita, Villa del Parque, Villa Devoto, zonas donde las veredas son más propicias. Agustín Reus explica que aportan extensiones verdes, superficies absorbentes para las lluvias torrenciales, son un buen atractor de polinizadores y benefician el equilibrio del medio ambiente. Además, la reutilización de las cubiertas permite reducir su impacto ambiental, ya que anualmente se tiran en el país 130 mil toneladas de neumáticos y el 60 por ciento corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde más se utilizan y más se desperdician. Luego de un año la experiencia favoreció la educación ambiental y se generaron conocimientos de base para el cultivo de alimentos. Además, lograron sentar un precedente al impedir que el Gobierno de la Ciudad retirara las cubiertas de las veredas, dialogando con la Comuna y con el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, y explicándoles su funcionalidad educativa. “La ley dice que estamos haciendo un mal uso del espacio público pero la historia nos demuestra que las leyes se empiezan a adaptar a las problemáticas, necesidades y demandas sociales”, opina Reus.
Estas organizaciones que trabajan de manera descentralizada coinciden en que el compostaje y las huertas son acciones indispensables al menos para detener la emergencia climática. Implica tomar conciencia de nuestros recursos valiosos como lo orgánico y reducir, reciclar y reutilizar. “Somos siempre partidarios de las políticas públicas, entendemos que es la única forma de la transformación real, pero la acción ciudadana es también la que le muestra el camino a ese tomador de decisiones. No podemos quedarnos sentados a esperar que surjan las iniciativas. Tenemos que hacer algo más que solamente no contaminar. Hay que accionar en búsqueda de soluciones”, dice Reus.
Abr 22, 2021 | Novedades, Trabajo
La Escuela ORT con sede en Belgrano despidió a dos profesoras que se habían adherido al paro masivo del miércoles 14 de abril. En el momento más delicado del rebrote reclamaban la suspensión de la presencialidad y que se continúe de forma virtual. La institución, con antecedentes similares, no respetó el derecho a huelga.
Días previos a que se haga público el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, los gremios docentes organizaron un paro masivo para el miércoles 14, reclamaron la suspensión de la presencialidad debido al aumento de casos en la Ciudad y la -cada vez más cerca- saturación del sistema de salud. Fue un paro anticipatorio a lo que dos días después iba a anunciar el presidente Alberto Fernández. Para el día que se expuso el DNU, las dos docentes de la ORT habían sido despedidas por reclamar en un paro lo que acababa de ordenar el Presidente.
La medida de fuerza gremial tuvo una adhesión del 90%, y Mariana Sampaiño al igual que Violeta Sznaider fueron unas de las tantas docentes que se sumaron al paro. Sus nombres se hicieron públicos entre los demás colegas por lo que les sucedió en los días posteriores. Cuando después del paro quisieron volver a trabajar se enteraron de manera insólita que las habían despedido. “El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional –dijo Sampaiño a ANCCOM-, sin una causa aparente y sin ningún telegrama. El miércoles fue el único día que no me presenté, me adherí, entendiendo que la situación actual es extrema”. Sznaider sufrió las mismas consecuencias. “Me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana” dijo y señaló que se enteró por sus colegas que no se trataba de un error en el sistema. De parte de la institución nunca se comunicaron, decidieron bloquear los correos y acceso al campus virtual. “Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre” se quejó Sznaider.
Las docentes cuentan con una experiencia de más de 10 años en la ORT. Sznaider tiene estudiantes de Historia, Formación Ética y Ciudadana de 3º y 4º año. Sampaiño, además de dar las mismas materias y también Geografía de 2º a 4º, acompaña a los estudiantes que participan en las Olimpíadas de Historia.
El paro fue en defensa de la salud y la vida, se basó en la evidencia actual y en lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación el 2 de julio de 2020, que dictamina un protocolo para que sean posibles las clases presenciales, siempre y cuando no exista un alto riesgo de contagio y se cumplan los 9 puntos enunciados, que tienen que ver con condiciones y protocolos sanitarios. Se pueden dictar clases presenciales en distritos donde exista un riesgo bajo de contagio, es decir, donde la razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas sea menor a 0,80 y donde la ocupación de camas sea menor al 60%. Parámetros que han sido ampliamente superados en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha del paro docente.
La Escuela ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina, cuenta con dos sedes en la Capital Federal y tiene tres niveles educativos. Si bien tiene sus orígenes dentro de la comunidad judía, se ha ampliado y abierto a la comunidad en general. Pero estos cambios no parecen regir con los docentes, “hay una persecución ideológica y un intento de regimentar”, asegura Sampaiño. Siguiendo la misma línea, para Sznaider los despidos arbitrarios son un claro ejemplo de persecución e “intento de querer callar a quienes defendemos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, y en este paro en particular quienes queremos defender la salud de estudiantes, familias y docentes”.
Las profesoras sostienen que la institución se manejó ilegalmente, ya que en el marco de la situación de emergencia actual el Gobierno de la Nación prohibió los despidos y suspensiones sin causa justa, entre otros. Esta reglamentación fue prorrogada en enero de 2021. Los despidos que violen la prohibición del Gobierno, en teoría, no producirán efecto alguno, se deberán mantener las laborales existentes, y es por esto por lo que Sacha Unamuno, quien es delegado en la escuela, asegura que están analizando las medidas. “Hicimos una presentación en la justicia, también está circulando un petitorio para que sean reincorporadas y estamos sumando apoyo de toda la comunidad”, contó a ANCCOM.
Y agrega que la decisión de la escuela viola un derecho constitucional como es el derecho a huelga, dejando a la vista la persecución hacia los trabajadores. “No vamos a dejar pasar estos despidos porque son ilegales, son arbitrarios y son discriminatorios”, es el mensaje que quieren hacer oír Mariana Sampaiño, Violeta Sznaider y quienes apoyan su causa.
Las docentes vienen trabajando desde principio de año de manera presencial sin estar vacunadas. “Estamos adentro de la escuela desde el 17 de febrero y nadie en la escuela media en CABA está vacunado, salvo los directivos, en la ORT somos más de 400 docentes y ninguno con su vacuna”, detalla Sampaiño. Se debe aclarar que la escuela cuenta con las herramientas y pudo garantizar satisfactoriamente la educación a distancia en el 2020.
Sampaiño no puede dejar de relacionar lo sucedido con lo que pasó en 2019 en un marco diferente, “es claramente vinculable con los 10 despidos de diciembre de hace dos años, es toda una persecución ideológica, reclamamos derechos elementales y en una situación excepcional, donde nos afecta ya que vivimos de nuestro salario, esos 10 compañeros no tuvieron nunca una respuesta”, cuenta a ANCCOM. Luego de esos despidos se había abierto un espacio de diálogo con las autoridades de la escuela, esto permitió la mejoría en algunas condiciones de trabajo.
Al momento que se publica esta nota existe un panorama confuso en la Ciudad, han abierto colegios dispuestos a dar clases presenciales y otros que han acatado el Decreto de Necesidad y Urgencia. La directiva de la Escuela ORT no ha dado respuesta por los despidos de Mariana Sampaiño y Violeta Sznaider y se ha dispuesto a seguir sin muchos cambios. “Solo enviaron un comunicado organizando las clases de manera híbrida, con presencialidad en el turno noche”, cuenta Sacha a ANCCOM.
Abr 21, 2021 | Comunidad, Novedades
Pese a las diferencias que existen en los criterios y estrategias para enfrentar la pandemia, todos coinciden en que la prioridad son las poblaciones de riesgo. Lo curioso es que, pese a que ya se superaron los siete millones de vacunados, nadie se acuerda de incluir en el plan a la población en situación de calle, que en la CABA supera las 7.500 personas, según el censo realizado por un conjunto de organizaciones sociales en 2019 y que todas ellas coinciden en que durante la pandemia esa cifra trepó de manera sustantiva.
“Ningún gobierno contempla a las personas que viven en situación de calle”, dice Bárbara Alegre, quien está a cargo de la Asociación Civil Acción Comunitaria y forma parte de la Comunidad Cristiana Nueva Vida. Hace ya 11 años, además, puso en marcha Sopa de Letras, un proyecto que se encarga de entregar viandas todos los días a quienes viven en situación de calle.
“Porque acá en Ciudad, más allá de que no hayan vacunas, no hay un proyecto de vacunación -asegura Alegre-, y en Provincia donde la vacunación fue más rápida tampoco existe la manera de que se puedan vacunar aquellos que están en situación de calle.”
Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, la organización de la que forma parte y muchas otras no dejaron de salir a realizar sus habituales recorridas. Tuvieron que adaptarse a la emergencia sanitaria de manera inmediata para suplir, una vez más, los huecos que deja el Estado. “Ese 20 de marzo –recordó Bárbara- decidimos no hacer nuestra recorrida de noche, salimos al mediodía porque no queríamos esperar, salimos lo más temprano que podíamos. Sabíamos que viendo las calles vacías muchos se iban a asustar. Son pocos los que tienen acceso a la comunicación, algunos pueden bajar un cable de algún palo y conectar un televisor, pero son los menos.”
Si bien el Gobierno Nacional puso a disposición varias medidas paliativas para beneficiar los bolsillos de este sector, el acceso a las mismas también necesitó de la intermediación de las organizaciones. Con el IFE, muchos voluntarios se organizaron y pusieron su celular, e incluso acompañaron a cobrarlo.
Desde la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle se inició una campaña para exigirle al Estado la vacunación de esta fracción de la población.
La intención es que exista un proyecto, en última instancia, algo que indique que hay una política pública contemplándolos.
“Nosotros no venimos a cubrir lo que el Estado no puede, no es nuestro rol –asegura contundente Mónica Farías, de la Asamblea Plaza Dorrego-. Nuestro rol es exigirle que cumpla con la satisfacción de los derechos vulnerados. Tenemos una serie de demandas específicas: que los compas en situación de calle entren en el circuito de vacunación establecido por el gobierno. Las organizaciones acompañan, actúan como ligazón pero el Estado debe realizarlo”.
La sistemática invisibilización de la población arrojada a la calle se alimenta de las políticas que les dejan al borde. Una gran arista de esa invisibilización persistente incluye la falta de datos concretos sobre cantidades, información que no ha sido sistematizada y por ende, no permite sean efectuadas las medidas básicas de cuidado. Si se desconocen las características de la población y la dimensión del problema difícilmente pueda pensarse una política pública. Jorgelina Di Iorio, psicóloga e Investigadora del CONICET explica que “el fragmento de la población que vive en situación de calle es población oculta o de difícil acceso. Sus prácticas de subsistencia son consideradas ilegítimas y negativizadas. Eso hace que las personas tengan que moverse como modo de cuidarse o protegerse.”
“Hay muchos obstáculos administrativos y geográficos que llevan a que la persona no acceda a las vacunas. El problema no es la especificidad de la población sino la voluntad política de pensarla como una población que “vale la pena” de ser mirada, del valor de sus vidas”, sostiene Di Iorio.
La vacunación no es el fin último, forma parte de un cúmulo de necesidades vitales insatisfechas. Sin vacuna, sin techo, sin agua corriente, sin ser tenida en cuenta, es muy difícil sobrevivir, con pandemia o sin pandemia.
“No podés presentar un proyecto –sostiene Alegre- o una política pública que ampare a alguien que vos no ves, que no tenés en cuenta, que no sabés que existen o, tal vez peor aún, que sabés que existen y preferís que mueran.”
