Memoria a cada paso

Memoria a cada paso

El mes que viene, la iniciativa Baldosas por la Memoria cumple veinte años de ininterrumpida labor, señalizando en las veredas porteñas los lugares por los que transitaron los militantes desaparecidos. «Tantas veces las rompas, tantas veces la repondremos», proclaman.

El pasado 12 de noviembre a las nueve de la mañana, los vecinos, agrupaciones y comunidad educativa del barrio de Barracas, se reunieron en Plaza España para colocar una Baldosa por la Memoria de Ricardo Cittadini, militante detenido desaparecido. A la mañana siguiente el homenaje amaneció vandalizado, con rastros de haber sido martillado. “La primera baldosa que ponen en Barracas en el espacio público de la plaza, ya la rompieron. En una noche. La idea siempre es volver a colocarlas, tantas veces las rompan tantas veces las pondremos de vuelta”, declaró Pablo Salazar, miembro de Pompeya No Olvida y uno de los asistentes al acto. En el mismo sentido, Sara Pastorino de Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, expresó: “Acá en el barrio tenemos desde el 2009 la baldosa que recuerda a Eugenio Cabib. Cinco veces la tuvimos que colocar, porque alguien la destruye. Pero la volveremos a poner tantas veces como sea necesario”. La militante barrial advierte: “Lógicamente las baldosas sufren las inclemencias del tiempo, están en la vereda, la laca no resiste, pasa gente. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando se ve la destrucción por parte de la mano del hombre”. Al repasar los hechos vandálicos con que se ha intentado destruir los homenajes a los detenidos desaparecidos, Pastorino advirtió: “Siempre actúan ocultándose, por la noche, para que nadie los vea.  Nosotros no. Nosotros hacemos todo a cara descubierta y a plena luz del día”. 

A principios de octubre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires, se propuso colocar una Baldosa por la Memoria en recuerdo de Victorio Paulón, dirigente sindical, militante y  preso político durante la última dictadura cívico militar. El lugar elegido fue la vereda de la actual Secretaria de Trabajo, ex Ministerio. Días antes del acto de colocación, una cuadrilla de la Comuna 1 despejó el espacio donde se pondría la Baldosa. “Antes del acto fuimos a ver si estaba todo bien. Estando ahí vimos cómo tapaban el agujero que habían hecho el día anterior. No era gente de la Ciudad, suponemos que eran de la Secretaría de Trabajo, porque estaban vestidos de otra forma y de otro color”, recordó Salazar. El 7 de octubre, se llevó adelante el homenaje a Paulón con un acto en la vereda de la Secretaría, se volvió a abrir el hueco que habían tapado el día anterior y se colocó la baldosa. Tras el evento, la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello realizó una denuncia por delitos de daño y desobediencia. El imputado fue Daniel “Tano” Catalano, Secretario General de ATE Capital. El dirigente explicó: “De denuncia pasó a ser una causa penal donde se me acusa de resistencia a la autoridad, destrozos y desobediencia”.  En un comunicado, el Ministerio expresó que se rompieron baldosas y no se pidió autorización para la colocación de la pieza intervenida. Hecho que Catalano desmiente: “Nosotros tuvimos dos meses de gestión con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional para poder poner la baldosa. Y fue  la cuadrilla de la Ciudad misma la que preparó el espacio para que se pudiera colocar. El hecho político ya estaba autorizado”.  

La causa llevada adelante por Pettovello contradice las propias disposiciones del Estado. Tanto la Legislatura porteña como el Congreso Nacional declararon de interés la iniciativa de Baldosas por la Memoria. Catalano sostuvo que el motivo “tiene que ver con que Pettovello es negacionista, está convencida de que no son 30.000 y tiene acuerdos con los sectores que justifican la desaparición, la tortura y el secuestro llevado adelante por la dictadura cívico militar”. Salazar por su parte explicó: “Nosotros no tenemos que pedir permiso para colocar una baldosa, solo tenemos que avisar. Como las actividades de Barrios por Memoria y Justicia fueron declaradas de interés cultural, tenemos la venia de la Ciudad”. 

Inicios

En 1996, nació en Alemania la iniciativa de las Stolpersteine, cuyo significado es “piedras de tropiezo”. Estas pequeñas baldosas cuadradas se ubican en las puertas de las casas donde vivieron víctimas del Holocasuto y fueron diseñadas para irrumpir en el trayecto diario de los transeúntes, llevando la memoria de las víctimas a la cotidianeidad del espacio urbano. 

En Argentina, la iniciativa de Baldosas por la Memoria nació en el año 2005 cuando Osvaldo López, sobreviviente del centro clandestino de detención Virrey Ceballos, se propuso contactar a los diferentes barrios que tuvieran relevamiento de las historias de vidas de los detenidos desaparecidos. San Cristóbal, Liniers, Pompeya y Almagro fueron algunos de los pioneros que comenzaron a organizarse en lo que hoy se llama Barrios por Memoria y Justicia.   “La idea fue señalizar las veredas por donde los compañeros y compañeras habían transitado” , recordó Salazar.  

La primera Baldosa por la Memoria se colocó el 10 de diciembre del 2005. “Eso significa que en poquitos días nos vamos a convertir en veinteañeros, hace dos décadas que empezamos con esta tarea”, destacó el vecino de Pompeya. El sitio elegido para comenzar el proyecto fue la Iglesia de la Santa Cruz, lugar que fue punto de reunión para los familiares de detenidos desaparecidos durante los primeros años del terrorismo de Estado. En ese sitio, un grupo de tareas secuestró en 1977 a dos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco, a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y al resto de los agrupados que buscaban a sus hijos e hijas. “Aquí secuestraron a 12 compañeros militantes populares detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado”, recuerda la baldosa en homenaje a “Los 12 de la Santa Cruz”. 

 

Algunos compañeros desaparecidos son recordados en más de un sitio: “En un barrio podés encontrar varias baldosas de una misma persona. Acá estudió, acá trabajó, acá vivió, acá lo secuestraron. Es una forma de decir: por acá transitaron”, mencionó Pastorino.

Salazar recordó una escena para ilustrar lo que han sido  estas décadas de militancia por la memoria: “Hace unos años estábamos colocando una baldosa y mientras uno de los vecinos de Pompeya hacía la mezcla, llegó un hombre que se lo quedó mirando, conmovido. Cuando se vieron, se abrazaron y empezaron a llorar”. Ninguno de los dos había sabido nada del otro desde el comienzo del terrorismo de Estado y ese reencuentro les permitió saberse vivos. “Los reencontró la baldosa de un compañero después de años. Fue un momento muy emocionante”, recuerda el militante de Pompeya No Olvida. 

Memoria en la escuela 

Luz Ayuso, Samanta Casareto y Pablo Pineau son quienes llevan adelante el Espacio de Memoria de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El área nació en el año 2009 y busca recuperar la historia de la institución que tiene 151 años y abordar la memoria desde la educación a través del trabajo archivístico y pedagógico. 

Una de las tareas de las que se encarga el Espacio de Memoria es seguir el rastro de los alumnos de la institución que fueron desaparecidos por el terriorismo de Estado. Los primeros 34 nombres de los que se tuvo registro formaron parte de las Baldosas por la Memoria que se colocaron en la vereda de la escuela en el 2012. Este año, se encontraron ocho nuevos casos:  “El trabajo es de rompecabezas, la reconstrucción se hace tendiendo redes”, afirmó Casareto. “Muchos alumnos de acá, luego continuaron estudiando en universidades. Ahí aparece el trabajo de mosaico, porque en el legajo universitario figura el título secundario del Mariano Acosta, entonces nos avisan y comenzamos a buscar. Siete de los ocho nombres aparecieron así. El octavo fue un hijo que vino a decirnos que su papá había venido a esta escuela, y así pudimos encontrarlo”, explicó la docente. El Espacio de Memoria también trabaja en conjunto con organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Equipo de Antropología Forense y las agrupaciones del barrio. “Hay algo casi poético en esa reconstrucción en red, en trabajar en conjunto para recuperar aquello que rompió y desestructuró el Terrorismo de Estado”, manifestó Casareto. 

El sábado 8 de noviembre, alumnos, familias y docentes del Mariano Acosta confeccionaron dos baldosas en las que se plasmaron los nombres de los ocho compañeros desaparecidos cuyo registro se encontró este año. Las piezas se colocarán en marzo del 2026, en los días previos al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

Memoria en la escuela 

Luz Ayuso, Samanta Casareto y Pablo Pineau son quienes llevan adelante el Espacio de Memoria de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El área nació en el año 2009 y busca recuperar la historia de la institución que tiene 151 años y abordar la memoria desde la educación a través del trabajo archivístico y pedagógico. 

Una de las tareas de las que se encarga el Espacio de Memoria es seguir el rastro de los alumnos de la institución que fueron desaparecidos por el terriorismo de Estado. Los primeros 34 nombres de los que se tuvo registro formaron parte de las Baldosas por la Memoria que se colocaron en la vereda de la escuela en el 2012. Este año, se encontraron ocho nuevos casos:  “El trabajo es de rompecabezas, la reconstrucción se hace tendiendo redes”, afirmó Casareto. “Muchos alumnos de acá, luego continuaron estudiando en universidades. Ahí aparece el trabajo de mosaico, porque en el legajo universitario figura el título secundario del Mariano Acosta, entonces nos avisan y comenzamos a buscar. Siete de los ocho nombres aparecieron así. El octavo fue un hijo que vino a decirnos que su papá había venido a esta escuela, y así pudimos encontrarlo”, explicó la docente. El Espacio de Memoria también trabaja en conjunto con organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Equipo de Antropología Forense y las agrupaciones del barrio. “Hay algo casi poético en esa reconstrucción en red, en trabajar en conjunto para recuperar aquello que rompió y desestructuró el Terrorismo de Estado”, manifestó Casareto. 

El sábado 8 de noviembre, alumnos, familias y docentes del Mariano Acosta confeccionaron dos baldosas en las que se plasmaron los nombres de los ocho compañeros desaparecidos cuyo registro se encontró este año. Las piezas se colocarán en marzo del 2026, en los días previos al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

Trabajo artesanal 

Arena, cemento, agua y ferrite componen cada baldosa. Una a una son fabricadas de forma artesanal. “La técnica la fuimos mejorando paso a paso y año tras año, a medida que ganamos experiencia”, comentó Pastorino. También Salazar se expresó en el mismo sentido: “Con el paso del tiempo fuimos aprendiendo cuáles eran las proporciones, cuánta arena, cuánto cemento. Después descubrimos que con ferrite podíamos darle color y cada barrio fue eligiendo uno distintivo, que hace que la baldosa se diferencie del resto de la vereda también”. 

El trabajo conjunto es parte fundamental en la actividad de las agrupaciones barriales: “Entre los barrios nos fuimos ayudando en las formas de hacer las baldosas, pero también en cómo hacer el acto de colocación, abrir el micrófono para que todos puedan participar, qué hacer y qué no, fuimos aprendiendo entre todos”, señaló el militante.  “Al principio llevó mucho tiempo de debate y reuniones ponerse de acuerdo hasta decidir un texto común”, explicó Pastorino. Cada baldosa recuerda a militantes populares victimas del terrorismo de Estado. “Hablamos de terrorismo de Estado porque hay desaparecidos que son previos al golpe militar, en manos de la Triple A”, remarcó la militante.  “Buscamos un criterio de unidad respecto a cómo nombrarlos. Llamarlos militantes populares fue una forma de considerarlos a todos desde un igual, una referencia unívoca, porque para nosotros son todos compañeros”, manifestó Salazar. 

Un sin fin

“Además de un homenaje y un reconocimiento a los compañeros, cada Baldosa es algo para las generaciones futuras. Hay que mantener viva la memoria, y esto es parte de eso”, remarcó Pastorino. Desde Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad se nombraron las plazoletas del barrio con los nombres de Madres de Plaza de Mayo desaparecidas en búsqueda de sus hijos, con placas que explican quién fue cada una de esas mujeres. Se colocaron muretes en toda la avenida San Juan y realizaron un mural con los nombres de los 92 desaparecidos del barrio. La militante de Vecinos comentó que el último año, a raíz de la iniciativa “Aquí debería votar” de Nietes, “estuvimos recopilando información y encontramos cuatro compañeros desaparecidos en el barrio de los cuales no sabíamos ni teníamos registro. Este es un trabajo que no termina”, concluyó. 

Las docentes del Acosta remarcaron la importancia que adquiere el trabajo del Espacio de Memoria frente a los embates del Gobierno de la Ciudad y la proliferación de discursos negacionistas. Casareto advirtió que:  “Hay una cuestión concreta que tiene que ver con una disputa del sentido. En este momento se está intentado modificar las currículas de la secundaria y uno de los contenidos que más  están en la mira son los de Historia . Eso es fundamental porque si se dice que la Historia no es importante, por qué es lo que principalmente se quiere cambiar. Qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar son cuestiones a las que hay que estar atentos”. Ayuso por su parte afirmó: “Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad descreen de la educación pública y lo que buscan es  correr el presupuesto y la responsabilidad del Estado, sacarlo de las escuelas y ponerlo en otros lados. Poco a poco, año a año, van atacando la educación pública cada vez más”. Frente a esto, la docente contrapuso: “En cambio lo que uno ve con el proyecto de Memoria es exactamente lo contrario. Apuntamos a construir colectivamente, fortalecer lo público,  armar red con el barrio y con otras instituciones,  trabajar en trama por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para conocer nuestra historia,  para ampliar nuestros derechos.  Es decir, son dos proyectos claramente distintos.  Entonces, el embate es muy fuerte pero la resistencia es grande y la convicción también” 

El Gobierno debió responder sobre los ataques a trabajadores de prensa ante la CIDH

El Gobierno debió responder sobre los ataques a trabajadores de prensa ante la CIDH

En una audiencia solicitada por sindicatos, organismos de derechos humanos y la Carrera de Comunicación de la UBA, realizaron denuncias representantes gremiales, de la sociedad civil y los periodistas Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini y Tomás Cuesta. Debió responder el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien minimizó los hechos y señaló que solo trata de casos puntuales e individuales pero que no hay una política de hostigamiento a la prensa. El ataque a Pablo Grillo como paradigma de una política represiva.

“Ataques a trabajadores de prensa que cubren manifestaciones y protestas sociales, insultos, estigmatización, agresiones y criminalización contra periodistas -especialmente contra las mujeres-, desfinanciamiento de los medios públicos y comunitarios. Estos son golpes directos contra la libertad de expresión”, así alertaba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las implicancias de hacer periodismo en la Argentina de hoy. Ante este context, el gobierno de Javier Milei se enfrentó en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de las restricciones a la libertad de expresión durante su gestión en la Universidad de Miami, Estados Unidos.

La audiencia fue convocada por sindicatos de prensa, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, organizaciones de la sociedad civil y contó con los testimonios de los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, junto con el reportero gráfico Tomás Cuesta, quienes sufrieron afectaciones individuales hacia su trabajo por parte del oficialismo. Mientras que las justificaciones públicas fueron presentadas por Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), comenzó a hablar en representación de la sociedad civil y presentó datos que dan cuenta del deterioro de la libertad de expresión desde que asumió Milei: “El monitoreo de la libertad de expresión de FOPEA mostró un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Y en lo que va del año tenemos un récord histórico: el monitoreo tiene registrados 256 casos. Todo se resume en la elocuencia de la frase del propio presidente Milei replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas””. Al mismo tiempo, describió la narrativa en la que son realizados los agravios de las autoridades públicas: “Llegan a límites aberrantes, como las referencias al sometimiento sexual. Así se crea un enemigo con una retórica que deshumaniza a la víctima, al extremo de asimilarlas con especies animales o cosas ante los ojos de la audiencia”.

Posteriormente hizo uso de la palabra Francisco Rabani, dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quien alertó sobre el uso de las denuncias judiciales como herramienta de silenciamiento por parte del Poder Ejecutivo. Por otro lado, habló sobre el desguace hacia los medios públicos, particularmente el de la agencia de noticias y publicidad Télam y los recortes económicos hacia los medios comunitarios. Además, explicó que los trabajadores de prensa también se ven afectados por las políticas económicas de la gestión. “El resultado es un periodismo totalmente precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión que es fundamental para la democracia”, expresó Rabani.

Luego le siguieron los testimonios de los periodistas y fotoperiodistas presentes, en donde cada uno destacó la particularidad de sus amedrentamientos hacia su ejercicio profesional. En primera instancia, Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación, relató que había desarrollado una investigación que revelaba la existencia de un documento secreto del gobierno llamado Plan de Inteligencia Nacional, el cual entreabriría la puerta para desarrollar tareas de espionaje ilegal a políticos, opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Tras su publicación, reveló que sufrió intentos de hackeos en varias de sus plataformas digitales, amenazas telefónicas y, además, que su nombre sea registrado en páginas pornográficas.

Por su parte, Julia Mengolini describió el ataque sistemático que sufrió en redes sociales digitales -encabezado por el propio presidente Milei- y el uso de la Inteligencia Artificial para crear imágenes y videos de contenido sexual sobre ella, acompañados de amenazas de violación y de muerte incluso contra su hija de 6 años. Al mismo tiempo recalcó la violencia que existe hacia las mujeres en el rubro y que esta “busca permanentemente expulsarnos del debate público».

Finalmente, Tomás Cuesta, quién fue demorado por la policía mientras estaba realizando su trabajo como reportero en una manifestación el 21 de mayo, retrató lo que significa cubrir una manifestación e indicó que “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra no porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la policía lo es y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”. Asimismo recordó el caso de Pablo Grillo, reportero gráfico que había sufrido un disparo de gas lacrimógeno en una manifestación el pasado 12 de marzo, el cual lo dejó en terapia intensiva durante varios meses y hasta el día de hoy continúa en rehabilitación. En este sentido, afirmó que dicho acontecimiento significó un antes y un después en su trabajo. “La posibilidad de resultar herido dejó de ser una excepción para transformarse en un escenario que consideramos muy probable. Muchos colegas ya no quieren cubrir marchas por miedo. Sin prensa libre y segura en las calles, la sociedad pierde su derecho a saber”, dijo Cuesta al respecto.

Por otro lado, Baños, en representación del Estado argentino, se manifestó en contra de dichos testimonios. Así sostuvo que el trabajo de la Comisión está orientado a examinar tendencias generales y señaló que las afectaciones individuales no se traducen en restricciones a la libertad de expresión. Además, el funcionario destacó que en la Argentina no existe restricción normativa estructural o intencional dirigida a limitar el ejercicio de la libertad de expresión o la actividad periodística. “El Estado no ha adoptado medidas regresivas ni ha modificado el marco jurídico en detrimento de ese derecho fundamental. Por el contrario, el Poder Judicial mantiene una jurisprudencia consolidada en materia de libertad de expresión, como el caso Campillay y el de Kimel”, esgrimió Baños. Por último, se posicionó a favor de la eliminación de la pauta a los medios de comunicación y subrayó que estos se encontraban mal acostumbrados a vivir de la coacción sobre el fruto del trabajo ajeno.

Tras ambas presentaciones, las organizaciones de la sociedad civil le exigieron a los miembros de la Comisión que establezca un diálogo con el Estado argentino y que monitoree la situación represiva en Argentina. Por su parte, los comisionados celebraron la voluntad de abrir estas instancias de diálogo entre ambas partes e indicaron que la libertad de expresión en Argentina es un tema al que le vienen dando especial atención y señalaron que han alertado un detrimento de la misma a través de los comunicados de prensa que han sacado y tras la audiencia realizada el año pasado sobre el derecho a la protesta.

 

El represor que tocaba la guitarra

El represor que tocaba la guitarra

El sobreviviente de la ESMA Carlos Loza declaró en la segunda jornada del juicio contra Chispa Sánchez, miembro del grupo de tareas que secuestró y asesinó a Rodolfo Walsh.

Durante la mañana del miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo, de manera virtual, la segunda audiencia del juicio a Gonzalo “Chispa” Sánchez, acusado de ser uno los secuestradores del periodista y miliante Rodolfo Walsh durante la última dictadura, prófugo durante más de dos décadas hasta su extradición en el año 2020. La decisión de continuar el proceso sin público generó malestar entre familiares, organismos y militantes que pretendían acompañar el testimonio de Carlos Loza, uno de los sobrevivientes de la ESMA.

A sus 72 años, Loza volvió a declarar porque el Estado argentino sigue necesitando reconstruir aquellos hechos aberrantes ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Antes de comenzar, el fiscal general Félix Crous pidió disculpas al declarante, quien ya dio testimonio en múltiples tramos de la megacausa ESMA, la más grande de la historia judicial argentina. Sabe también que, para las víctimas, volver sobre estos recuerdos no es un acto administrativo: es un esfuerzo físico y emocional muy grande.

 

El testimonio

Se enciende la cámara de Loza y él saluda con la mirada en alto y una calma característica en su voz que mantendrá durante toda la declaración. Por otro lado, en otra de las cuadrículas de la pantalla, el rostro del genocida Gonzalo “Chispa” Sánchez mira, casi en todo momento, hacia abajo.

La tarde del 16 diciembre de 1976, mientras Loza estaba reunido con tres compañeros, un grupo de tareas los secuestró. Primero los llevaron a la Comisaría 30 de Barracas y más tarde a la ESMA. Apenas ingresaron al sótano, los golpearon, los sometieron a un simulacro de fusilamiento y los mantuvieron tirados en el piso. Dos días después los pasaron a “Capucha” en el tercer piso del ex Casino de Oficiales; así se llamaba al altillo con techo a dos aguas donde alojaban a los desaparecidos.

Luego, el 22 de diciembre los trasladaron a “Capuchita”, otro altillo, pero más chico. Allí se cruzaron con otros detenidos. Hernán Abriata, secuestrado el 30 de octubre de ese mismo año, les dijo que ellos (Loza y sus compañeros) probablemente serían liberados porque tenían “capucha blanca”. Viviana Martini y Claudio César Adur, ambos militantes y secuestrados en noviembre del mismo año, estaban allí también. El testigo recuerda con claridad la sed que les hacían pasar en ese lugar. A veces subía alguien a dejarles un sándwich (un pedazo de pan con algo que no sabían qué era), agua o un balde para hacer sus necesidades. Nada más.

Loza había logrado ubicarse temporalmente tras escuchar comentarios de los guardias en relación a la final del Campeonato Nacional de fútbol que enfrentó a Boca Juniors contra River Plate, que él sabía, iba a ocurrir el 22 de diciembre.

Además, el testigo también sumó a su declaración un testimonio que había compartido con ANCCOM en el patio de los Tribunales de Comodoro Py, luego de que finalizara la primera audiencia: a ese grupo de detenidos de la ESMA que se encontraba en el mismo lugar que él, se había sumado un hombre en muy mal estado que para identificarse gritaba: “Oficial primero, montonero, médico”. Cada vez que se quitaba la capucha lo golpeaban. En los últimos días de diciembre, Loza recuerda haber escuchado ruidos extraños: pasos, arrastres, murmullos y, después, un silencio absoluto. Los golpes de esa noche fueron tan brutales que el hombre murió. “Lo mataste”, escuchó que alguien dijo. La víctima era Jorge Mendé, militante de Montoneros y médico cordobés, ahijado de Eva Perón. Ese día, que estima fue el 28 de diciembre de 1976, fue la última vez que supieron de él.

Loza fue liberado junto a sus tres compañeros. Pero Abriata, Martini y Adur jamás volvieron a aparecer. Hoy, se hacen presentes a través de las fotografías que el testigo pide mostrar frente a la cámara, una imagen que uno de sus represores, Gonzalo “Chispa” Sanchez, no puede evitar mirar.

¿Cómo descubrió que estaba en la ESMA?

“Por los sonidos supe que estaba ahí”, explica el testigo. Los aviones que aterrizaban y despegaban en Aeroparque, el paso del Ferrocarril Belgrano, el eco de la ciudad. Y porque Abriata se lo había confirmado.

Por su parte, Adrián Krmpotic, representante de la querella de Carlos Lordkipanidse, Patricia Walsh e integrantes de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), le pide al declarante que cuente lo que recuerda sobre los represores. Loza señala que en sus declaraciones anteriores, en ESMA II y III, ya había mencionado dos apodos que se repetían: “Rata” y “Chispa”. Que nunca pudo verlos porque estaba encapuchado, pero que los escuchaba hablar entre ellos. Que recién durante el pedido de extradición pudo unir ese apodo con el nombre “Gonzalo Sánchez”. En este sentido, y tal como señaló Ariel Noli en diálogo con ANCCOM, cabe destacar la importancia de que el acusado, pese a no haber declarado durante la primera audiencia, haya reconocido su apodo.

Durante la declaración, Loza recuerda una escena mínima, casi absurda si no fuera trágica: después de la muerte de Mendé subió un joven, se sentó frente al ventiluz del altillo y tocó un par de temas de rock nacional en la guitarra. Loza se pregunta si no habrá sido Sánchez, que, según detalla una investigación de Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino, tocaba la guitarra en la ESMA.

Memoria, verdad y justicia

“Agradezco a los familiares y a los sobrevivientes que sostienen estos juicios. El mes que viene se cumplen 49 años de lo que pasó. El Estado está fallando”, sostiene Loza y le reclama al tribunal que los procesos se aceleren: “Es necesario saber dónde están los cuerpos; muchos sobrevivientes están muriendo y los represores también”. Lleva menos de una hora de declaraciones, pero ya fue más que suficiente.

Los días seguirán su curso hasta el miércoles 3 de diciembre a las 9:30, cuando sea la próxima audiencia. Ese día también se recuperarán testimonios que intentan abrir una puerta que la impunidad intentó cerrar. Y mientras el paso del tiempo se vuelve un enemigo más, las voces de los sobrevivientes continúan exigiendo memoria, verdad y justicia.

El tribunal que juzga los crímenes en la Mansión Seré sumó los cargos por delitos sexuales

El tribunal que juzga los crímenes en la Mansión Seré sumó los cargos por delitos sexuales

En cambio, rechazó imputar a los acusados por los delitos cometidos contra las infancias y otros familiares de los desaparecidos. Todo hace prever que no habrá sentencia este año.

Durante la audiencia 36° del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y el circuito RIBA, el tribunal presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín, junto a la jueza Silvina Mayorga y el juez Walter Benditti, comunicó su decisión unánime respecto al pedido de ampliación de la acusación solicitado por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. En una jornada procesal breve y mayormente informativa, el fallo determinó una resolución dual que, si bien admitió la incorporación de múltiples cargos por delitos sexuales, rechazó de forma sistemática la solicitud de considerar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad.

La solicitud de ampliación formalizada por el fiscal general Félix Crous y la fiscal auxiliar Nuria Piñol en la audiencia 33°, y posteriormente apoyada y ampliada por las querellas en la audiencia 34°, buscó incluir decenas de nuevos casos y cargos relacionados con delitos de agresión sexual y crímenes conexos cometidos contra infancias y familiares de las víctimas. Los fiscales basaron su solicitud en el Artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, argumentando que si bien los hechos no eran “estrictamente novedosos, sí lo son para el debate”, ya que no habían sido tipificados de manera autónoma en la elevación a juicio.

El eje de la violencia sexual apuntaba principalmente contra los represores Ernesto Rafael Lynch y Juan Carlos Herrera. La Fiscalía argumentó que los abusos sexuales en el contexto concentracionario no eran “conductas de arranques criminales individuales de los agresores”, sino que formaban “parte del plan sistemático”. El eje de las infancias promovía el reconocimiento de niños, niñas y familiares allegados como víctimas directas de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. El fiscal Crous afirmó que negarles la categoría de víctima implicaría reducirlos a la “condición jurídica de cosas”. La querella de Moreno por la Memoria incluso se enfocó en el caso de Mario Valerio Agustín Bellene, imputando torturas intrauterinas.

En la audiencia 35°, las defensas de Lynch, Herrera, Leston y Zyska rechazaron la ampliación, sosteniendo que afectaría las garantías constitucionales. El abogado de Herrera, Leonardo Miño, se opuso alegando que el Artículo 381 “veda la posibilidad de introducir hechos que ya eran conocidos en la etapa de instrucción” y que aplicarlo hubiera sido “darle una segunda oportunidad a la fiscalía”.

Durante la audiencia 36° del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y el circuito RIBA, el tribunal presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín, junto a la jueza Silvina Mayorga y el juez Walter Benditti, comunicó su decisión unánime respecto al pedido de ampliación de la acusación solicitado por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. En una jornada procesal breve y mayormente informativa, el fallo determinó una resolución dual que, si bien admitió la incorporación de múltiples cargos por delitos sexuales, rechazó de forma sistemática la solicitud de considerar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad.

La solicitud de ampliación formalizada por el fiscal general Félix Crous y la fiscal auxiliar Nuria Piñol en la audiencia 33°, y posteriormente apoyada y ampliada por las querellas en la audiencia 34°, buscó incluir decenas de nuevos casos y cargos relacionados con delitos de agresión sexual y crímenes conexos cometidos contra infancias y familiares de las víctimas. Los fiscales basaron su solicitud en el Artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, argumentando que si bien los hechos no eran “estrictamente novedosos, sí lo son para el debate”, ya que no habían sido tipificados de manera autónoma en la elevación a juicio.

El eje de la violencia sexual apuntaba principalmente contra los represores Ernesto Rafael Lynch y Juan Carlos Herrera. La Fiscalía argumentó que los abusos sexuales en el contexto concentracionario no eran “conductas de arranques criminales individuales de los agresores”, sino que formaban “parte del plan sistemático”. El eje de las infancias promovía el reconocimiento de niños, niñas y familiares allegados como víctimas directas de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. El fiscal Crous afirmó que negarles la categoría de víctima implicaría reducirlos a la “condición jurídica de cosas”. La querella de Moreno por la Memoria incluso se enfocó en el caso de Mario Valerio Agustín Bellene, imputando torturas intrauterinas.

En la audiencia 35°, las defensas de Lynch, Herrera, Leston y Zyska rechazaron la ampliación, sosteniendo que afectaría las garantías constitucionales. El abogado de Herrera, Leonardo Miño, se opuso alegando que el Artículo 381 “veda la posibilidad de introducir hechos que ya eran conocidos en la etapa de instrucción” y que aplicarlo hubiera sido “darle una segunda oportunidad a la fiscalía”.

Próximos pasos

Una vez comunicado el fallo, el tribunal anunció que, tras la resolución, el juicio deberá reanudarse de manera formal para los imputados con nuevos cargos. En un primer momento fue propuesta la fecha del 2 de diciembre para continuar, pero Manuel Barros, el abogado defensor de Lynch y Zyska, solicitó una “postergación de una semana más para poder preparar la defensa”. En caso de que el tribunal lo acepte, la fecha para la lectura de cargos se postergaría para el 9 de diciembre.

El fiscal Crous anticipó en la transmisión de La Retaguardia que, debido a la magnitud de la ampliación y el pedido de prórroga de la defensa, “la posibilidad de tener sentencia antes de fin de año se esfumó” e incluso es “bastante incierta la posibilidad de que tengamos alegatos durante este año”.

Acribillados en la cancha

Acribillados en la cancha

«Los fusilados de Racing» es un documental de Rodolfo Petriz que indaga sobre el asesinato de seis desaparecidos frente a las boleterías del estadio del club de Avellaneda durante la última dictadura militar por efectivos de La Bonaerense.

Se estrena el documental que reconstruye el fusilamiento y posterior desaparición de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en las puertas del estadio de Racing, en Avellaneda, en durante la noche del 22 de febrero de 1977. Tras cuatro años de trabajo, el documentalista y periodista Rodolfo Petriz trata de esclarecer los sucesos de un caso que se mantuvo oculto durante cuatro décadas en documental Los fusilados de Racing. La identidad de las víctimas de esta masacre y el lugar donde se encuentran sus restos aún sigue siendo una incógnita.

“Lo único que se sabía del caso era la nota de la periodista Micaela Polak, publicada en 2017. Cuando la leí me pareció un tema interesante para seguir indagando”, dice Rodolfo Petriz, el director del documental y quien se encargó de llevar adelante la investigación, en diálogo con ANCCOM. “El documental no está pensado para que sólo lo vean los racinguistas –agrega Petriz– sino que explica cómo funcionó todo el aparato y el circuito represivo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la zona de Avellaneda. Es un relato policíaco donde voy encontrando pistas que me permiten avanzar en el desarrollo de la investigación.”

Habían pasado casi cuarenta años y del caso no se sabía absolutamente nada. Corría el año 2016, y Rafael Barone fue llamado a declarar por otra causa, la Masacre de Piñeiro. En medio de su testimonio por aquel caso, en el que presenció el fusilamiento de un grupo de jóvenes ingresados a la Comisaría 2° provenientes del Centro Clandestino de Detención Puente 12 relató que días después había visto seis cadáveres que yacían abandonados en las boleterías de la cancha de Racing, sobre la calle Colón. Lo que dijo el testigo no podía quedar impune, y desencadenó en una investigación que se propuso echar luz en un caso donde no había presuntos testigos del hecho, y que velaba en los retazos de un pasado enigmático.

Barone fue la primera persona contactada por el director. Con noventa años, narra los hechos con claridad y certeza. Le contó a Petriz que después de una noche de borrachera, caminaba hacia el estadio junto a su gran amigo Omar Oreste Corbatta, una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol argentino, que vivía en la pensión ubicada en el playón de la cancha. Cuando estaban por llegar, se toparon con cuerpos acribillados, brutalmente desfigurados e irreconocibles. Al otro día, ya no estaban los cuerpos, pero sí las manchas de sangre. ¿Ningún vecino había visto nada o callaron por temor?

Además de Barone, el documental se nutre de testimonios que aportan información enriquecedora al caso: el director habló con la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda, con especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense para rastrear la posible ubicación de los cuerpos, y con muchas otras voces e instituciones que hasta hace poco habían sido pasadas por alto.

El documental abre una serie de interrogantes que intentan resolver el caso y le presenta al espectador la cartilla completa de posibles desenlaces. Una de las hipótesis trazadas por Pablo Llonto, abogado de la causa donde Petriz es el querellante, es que el modus operandi fue el mismo en ambas masacres (la de Piñeiro y la de Racing). Los secuestrados llegaban de centros clandestinos de detención y se desalojaban los calabozos de presos comunes. Allí se quedaban unas horas hasta que se hacía la madrugada, donde los ejecutaban en la vía pública. Después, los mismos policías grafiteaban la pared con pintadas peronistas para simular que se había tratado de un enfrentamiento. La justicia es la que debe determinar si el caso de Racing se inscribe en esta lógica, donde las comisarías funcionaban como depósitos transitorios de los presos políticos, al trabajar en conjunto la patota de Inteligencia del Ejército con la policía local, que coordinaba la logística.

«Lo valioso de nuestro trabajo es que la causa esté siendo investigada por el juzgado, que tomó medidas de prueba y llamó a indagatoria a varias personas”, dice Petriz.

 

Asimismo en un momento histórico donde se había corrompido el sistema democrático, muchos nombres fuertes de la política se exiliaron al fútbol, donde los clubes invitaban a sus socios a participar de las elecciones presidenciales. El director plantea y se interioriza en la posibilidad de que el lugar del fusilamiento no fue casual, sino que se trató de un mensaje a modo de advertencia del jefe de la Policía Bonaerense, Ramon Camps, dirigida al mandatario de Racing Club, en ese entonces, Horacio Rodriguez Larreta (padre), con fuertes vínculos en el Movimiento de Integración y Desarrollo presidido por Arturo Frondizi.

“Es muy difícil conseguir información certera acerca de estos crímenes. La conclusión después de tantos años de investigación, con los recursos que tengo, es que no iba a poder avanzar más –dice Petriz–. Lo valioso de nuestro trabajo es que la causa esté siendo investigada por el juzgado, que tomó medidas de prueba y llamó a indagatoria a varias personas”. Por eso el director resalta la importancia del estreno del documental, donde “quizá aparezca alguien más. Por eso hay que darle visibilidad”.

El preestreno de Los fusilados de Racing se dio en el excentro clandestino El Infierno, de Avellaneda, convertido en Espacio Municipal de la Memoria. El estreno oficial será en el Cine Gaumont el domingo 16 de noviembre, a las 20. Además, el jueves 20 de noviembre a las 18 se va a proyectar en la Ex Esma con entrada gratuita, donde asistirán el director, el periodista deportivo y autor de Los desaparecidos de Racing Julián Scher y Gladys Zalazar, hermana de otro rancingista también desaparecido.

El juicio por los crímenes en la Mansión Seré se acerca al final

El juicio por los crímenes en la Mansión Seré se acerca al final

En la audiencia de esta semana, las defensas rechazaron el pedido de la Fiscalía para que se amplíen los cargos a los imputados para que las penas contemplen los delitos sexuales y los daños ocasionados a las infancias y familiares de desaparecidos.

En la 35° jornada del juicio Mansión Seré IV y RIBA II se pronunciaron los alegatos de las defensas de los imputados en respuesta al pedido de ampliación de la acusación formalizado por el Ministerio Público Fiscal y acompañado por las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Todas habían pedido en la audiencia anterior que también se contemplen en las penas los delitos sufridos por las infancias y familiares, así como también los crímenes de índole sexual.

Sin embargo, los defensores de los imputados -Ernesto Rafael Lynch, Juan Carlos Herrera, Julio César Leston y Juan José Zyska- se opusieron con argumentos mayormente técnicos, sosteniendo que la ampliación de la acusación afectaría las garantías constitucionales de los acusados.

Inicio del debate

Fue durante la audiencia 33° cuando comenzó formalmente el debate sobre la ampliación de los cargos, a partir de la solicitud del fiscal general Félix Crous y la fiscal auxiliar Nuria Piñol. El pedido se basó en el Artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, buscando garantizar un tratamiento jurídico completo del terrorismo de Estado. Argumentaron que si bien la información se había recabado a lo largo de las audiencias anteriores y los hechos no eran «estrictamente novedosos, sí lo son para el debate,» ya que no habían sido tipificados de manera autónoma en la elevación a juicio.

La Fiscalía destacó la necesidad de investigar la violencia sexual con perspectiva de género, afirmando que “los abusos sexuales en el contexto concentracionario forman parte del plan sistemático y no de conductas de arranques criminales individuales de los agresores”. El otro eje fundamental de la ampliación fue el reconocimiento de niños, niñas y familiares allegados como víctimas directas de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. Negarles la categoría de víctima implicaría reducirlos a la “condición jurídica de cosas”, afirmaron.

En la audiencia siguiente, las querellas adhirieron y ampliaron el pedido fiscal. La Subsecretaría propuso reconocer como víctimas a todos aquellos que “estuvieron presentes en los operativos” y recurrió a la figura de la autoría mediata para sostener la imputación de la responsabilidad. Por su parte, Moreno por la Memoria se enfocó en el caso de torturas intrauterinas a Mario Valerio Agustín Bellene.

La respuesta de las defensas

En esta última audiencia, las defensas de los acusados expusieron sus argumentos para rechazar la ampliación. El primero en tomar la palabra fue Leonardo Miño, abogado de Juan Carlos Herrera, quien tuvo un enfoque mayormente técnico al oponerse a la ampliación alegando que no se cumplen los requisitos del Artículo 381 del Código Procesal Penal. Miño sostuvo que la ampliación no procede porque “el Artículo 381 veda la posibilidad de introducir hechos que ya eran conocidos en la etapa de instrucción. Esto es por razones muy claras, que es evitar darle una segunda oportunidad a la Fiscalía y a los acusadores cuando han omitido realizarlo en las etapas procesales pertinentes”, oponiéndose a que los fiscales tengan la oportunidad de “subsanar errores cometidos” en la etapa anterior.

El abogado también se refirió a la figura de la autoría mediata. Señaló que la aplicación de esa figura requiere verificar concretamente el elemento de la fungibilidad del ejecutor y el dominio del hecho en la organización, y que no es de “aplicación automática a toda persona que intervino en algún tipo de sistema”.

A su vez, Juan Martín Barros, abogado defensor de Ernesto Rafael Lynch y Juan José Zyska, adhirió totalmente a lo dicho por Miño pero tuvo una postura más política sobre los procedimientos en los juicios de lesa humanidad. Barros sostuvo que en este tipo de procesos se observan “muchas excepciones”, las cuales, a su entender, “van en detrimento de derechos fundamentales de los imputados”, afectando tanto las garantías procesales como las constitucionales. Además, coincidió con Miño en considerar que la ampliación es una “inclusión con forceps” porque los hechos “no son novedosos” y la Fiscalía junto con las querellas ya tenían conocimiento de los mismos.

El último en hacer uso de la palabra fue Nicolás Aguilar, abogado defensor de Julio César Leston. Como punto de partida pidió disculpas “por la demora institucional del Ministerio Público” en presentar la ampliación de forma “por demás de tardía” y adhirió a los argumentos de sus colegas. Aguilar sostuvo que la ampliación es improcedente porque no se puede torcer el debido proceso y el principio de congruencia. “Si este juicio no es justo y se altera el objeto y se prescinde de la prueba, dejamos de hacer justicia y empezamos a constituir condenas políticas”, concluyó el defensor del represor.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín N° 5 dará a conocer la resolución por la ampliación de las acusaciones el 18 de noviembre. El doctor Barros adelantó que, en esa misma fecha, sus defendidos, Lynch y Zyska, “están dispuestos a ampliar la declaración indagatoria” antes de los alegatos. Una verdadera rareza dado que los represores no suelen declarar en los juicios y resguardan a rajatablas su pacto de silencio.