Torturados y, encima, endeudados

Torturados y, encima, endeudados

Un grupo de ambientalistas de Chubut denunció apremios ilegales cuando fueron detenidos luego de una manifestación. Ahora los condenaron a pagar 10 millones de pesos, acusados de falsa denuncia, en un proceso lleno de irregularidades.

Cuatro militantes ambientalistas que denunciaron torturas tras la represión del 5 de diciembre de 2019 en Chubut podrían ser obligados a pagar más de 10 millones de pesos en concepto de costas judiciales. Una causa atravesada por irregularidades, silencios institucionales y la avanzada extractivista en la Patagonia.

El 5 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados del gobierno saliente de Mariano Arcioni –quien finalizaba el mandato del gobernador Mario Das Neves tras su fallecimiento– se disponía a aprobar en su última sesión la creación del Ministerio de Minería. Afuera de la Legislatura, cientos de militantes ambientalistas reclamaban por considerarlo un atropello.

Aquella jornada se saldaría con las detenciones de seis manifestantes, referentes en la lucha contra el avance extractivista en la provincia. Cuatro de ellos denunciaron torturas por parte del aparato policial de Rawson. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de pruebas que aportaron los damnificados y otras tantas que fueron descartadas tras procesos judiciales irregulares, finalmente los policías denunciados por torturas resultaron absueltos.

Luego de más de seis años, el Poder Judicial de la provincia ahora pretende que estas cuatro personas paguen una suma de más de 10 millones de pesos en costas judiciales. Se trata de Noelia Silva, peluquera y comunicadora social; Juan Salvador, artesano; Roberta Gogorza y Jairo Epulef, ambos docentes. ANCCOM dialogó con algunos de los protagonistas.

“Lo que se quería aprobar en diciembre de 2019 era un proyecto que vulneraba la Ley 5001, la cual nos protege de la actividad minera”, comentó Noelia Silva.

A raíz de eso, se convocó a una concentración en las puertas de la Legislatura desde las 11 de la mañana. El debate legislativo se extendió hasta cerca de las 11 de la noche. “No nos permitieron ingresar; estaba todo cerrado con candados”, recordó Silva, y agregó: “En un momento, logramos entrar al recinto, y suspendieron la sesión por unos cinco minutos mientras cantábamos”.

Cuando se reanudó la actividad parlamentaria, y pese a que los cánticos continuaban, se aprobó la creación del ministerio. Luego se dio por finalizada la sesión y los diputados comenzaron a retirarse en sus camionetas a través del subsuelo del edificio.

“Cuando salieron, se armó la revuelta”, comentó a ANCCOM Roberta Gogorza. “Salían las camionetas en contramano, atropellando a la gente y a la policía. Era una situación de griterío, confusión y violencia”, agregó.

A partir de la medianoche empezó un violento despliegue de autoridades policiales. Y, en un marco en el que volaban las postas de goma hacia el cielo, comenzó la represión.

“De pronto, el jefe del operativo –el entonces subcomisario Juan García– se le colgó del cuello a uno de nuestros compañeros. Logramos liberarlo, pero inmediatamente después agarraron a otro compañero, Jairo. Lo tuvieron rodeado por más de 20 policías y lo estuvieron ahorcando”, narró Silva.

Minutos más tarde fue detenido Juan Salvador, quien un día después de los hechos, declaró en la oficina judicial: «Me dijeron que me iban a matar y que iba a ser el segundo Maldonado».

“A Juan lo agarraron tres veces mientras él intentaba zafarse; lo arrastraron de las rastas y lo patearon en el piso”, comentó Silva, y agregó: “Cuando una compañera vio esto y se acercó, la detuvieron a ella también. Así empezamos a caer, y terminamos siendo seis personas detenidas”.

A Noelia Silva la arrestaron mientras intentaba ayudar a su hermano, que también fue detenido. “Me golpearon entre siete u ocho policías a patadas para que lo soltara. Finalmente, una oficial me empezó a ahorcar. Cuando sentí que ya no podía más, solté a mi hermano y me redujeron”, comentó.

Las inmediaciones de la Legislatura de Chubut se habían convertido en un escenario de violencia policial desatada. “Nunca viví algo así: soy docente, no estoy acostumbrada a situaciones violentas”, relató Gogorza. “Veía cómo los compañeros trataban de separar, cómo se armaban las rondas policiales, cómo golpeaban a mujeres mayores”, agregó.

En medio del tumulto, se refugió en lo que creyó más útil: registrar lo que sucedía. “Yo me dediqué a filmar, hasta que se volvió imposible. Vi cómo tiraban del pelo a una compañera, cómo su cabeza golpeaba contra el piso”.

La represión no distinguía edades ni géneros. A una mujer mayor le quebraron un dedo. “No quiso denunciar por miedo”, explicó Gogorza. En su caso, la situación escaló rápidamente. “En un momento estaba en el piso, rodeada de policías. Me esposaron solo una mano”, recordó. Observó cómo sus compañeros intentaban acercarse para ayudarla, pero temiendo por su integridad, tomó una decisión desesperada. “Le dije a la policía que me llevaran al patrullero, con tal de salir de ahí”.

Terror puertas adentro

Pero la violencia no terminó con la detención ni con los golpes recibidos dentro del patrullero. Al llegar a la comisaría, el hostigamiento policial se profundizó: empujones, insultos, amenazas y nuevas agresiones físicas marcaron las horas que siguieron.

Gogorza recordó haber visto a sus compañeros Epulef y Salvador ya contra la pared. “Todo el tiempo nos golpeaban, nos obligaban a abrir las piernas, nos encapuchaban”, dijo. Mientras tanto, los patrulleros seguían llegando con más detenidos y detenidas.

Silva contó que los golpes continuaron también en el patio del lugar. “Nos trasladaron a la comisaría, donde volvieron a golpearnos en el patio: a mí y a los dos varones, Jairo y Salvador. A mí me golpearon mujeres”, denunció. Y agregó: “Nos encapucharon, bajo la orden de que ‘no teníamos que ver’, mientras escuchábamos cómo golpeaban a los chicos en una oficina al otro lado de la pared”.

Los gritos que se escuchaban desde el interior eran inconfundibles. “Empezaron a meter a los chicos adentro. Nosotras escuchábamos los gritos desde afuera”, relató Gogorza. La escena se intensificó cuando, en medio de ese caos, ella fue separada del grupo. “A mí me llevaron a un patio oscuro. Sentí que me iban a violar”.

La presencia de otra compañera fue lo que probablemente evitó un daño mayor. “Noelia gritó ‘¡qué hacen!’, y en ese instante me devolvieron con las chicas. Eso me salvó”.

Silva también recordó ese momento: “Nos pusieron una guardia masculina a las tres mujeres. A una compañera se la estaban llevando hacia un costado del patio, pero cuando yo grité ‘¿qué hacés?’, pensaron que los estaba viendo y la devolvieron”.

El maltrato continuó durante horas. “Estuvimos así hasta las 4 de la mañana, sin poder tomar agua ni ir al baño”, señaló Silva. Recién cuando fueron liberados, pudieron ver a su abogado. La excusa para la detención fue “resistencia a la autoridad”, según los documentos que las obligaron a firmar. A las mujeres las dejaron en libertad con el argumento de que “no había lugar”, pero a los varones se los llevaron a otra comisaría.

“Estamos denunciando torturas porque, además de los vejámenes, a los chicos los llevaron personas encapuchadas en un vehículo, los cambiaron a otro a las pocas cuadras y los metieron por un camino de tierra, todo mientras los obligaban a mantener la cabeza entre las piernas bajo insultos y golpes”, afirmó Silva.

El clima cambió recién cuando algunos manifestantes llegaron desde la Legislatura hasta la comisaría. “Se empezaron a trepar. Automáticamente, los golpes cesaron, y salieron policías con otro perfil, parecían administrativos”, contó Gogorza.

El proceso judicial

Todo el proceso que continuó a aquella jornada estuvo plagado de irregularidades. El fiscal que armó la causa omitió presentar como prueba un video clave de las cámaras de la Legislatura que demostraba la brutalidad de la detención, alegando que esa prueba no existía.

“Cuando nos presentamos en la oficina judicial, nos informaron sorpresivamente que nos iban a imputar a nosotros también”, declaró Silva. “Nos acusaron de haber lesionado a más de 16 policías y de haberle quebrado la mandíbula al subcomisario García, quien en realidad nos había golpeado brutalmente en la comisaría”, agregó.

Tras ser revisados por un médico forense, que constató las lesiones, presentaron la denuncia por vejaciones y detención ilegal en la Fiscalía de Rawson. “Sin embargo, la causa que ellos nos iniciaron por lesiones, daño y resistencia a la autoridad avanzó rápidamente, mientras que la nuestra no arrancaba”, comentó Silva.

El juicio por aquella denuncia finalmente comenzó en 2023. “El primer día, la abogada de la policía pidió que nuestro propio abogado fuera su testigo, y la jueza Karina Breckle se lo concedió, dejándonos sin defensa a media hora de empezar”, narró Silva. El juicio se reanudó dos días después con un defensor público.

Durante el proceso, ocurrieron graves irregularidades. El médico forense que había certificado las lesiones jamás se presentó a declarar. Además, había elaborado dos informes contradictorios: el primero certificaba las lesiones y el segundo, hecho para la investigación interna de la fiscalía, decía lo contrario.

Las fotos de las lesiones, tomadas por el forense, fueron presentadas en el juicio blanqueadas y con menor claridad. Además, Silva contó: “La persona de la Comisión Contra la Impunidad que yo misma pedí que ingresara para fotografiar mis heridas, negó en el juicio habernos tomado las fotos”.

“Claramente perdimos”, contó Silva. La jueza sentenció que tenían una animadversión ideológica contra la institución policial y que “somos victimarios acusando falsamente a los policías”. Silva declaró que la jueza “justificó nuestras lesiones indicando que pertenecemos a ‘un grupo social que es muy revoltoso’, y que eso ameritó la violencia en las detenciones”.

El miedo como castigo

Tras la represión y el encierro, llegó el hostigamiento silencioso, pero persistente. Gogorza relató que durante meses fue perseguida en la calle, observada desde patrulleros y acosada incluso en redes sociales. “Rawson es chico; sabés quién es quién. Uno de los policías denunciados me mandó solicitud de Instagram. Me hostigaban en la calle, llegando a mi casa”. Las secuelas emocionales no tardaron en aparecer: “Sufrí ataques de pánico, ansiedad, traumas. Dejé de militar. Sentí culpa por haber concientizado, por haber formado parte del proceso que sacó a la gente a la calle”.

El temor la paralizó, pero también la llenó de preguntas. Pensaba en sus hijos, en sus alumnos, en cada persona que había contribuido a informar. “Sentía que los había puesto en riesgo. Me alejé de todo. Ni siquiera podía leer las causas. Iba a las audiencias solo porque tenía que ir”.

Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. “En un momento sentí que no podía seguir callando; que había que hacer algo por quienes confiaron en mí; que no podía permitir que esto siguiera ocurriendo; que si al menos tres de diez policías pensaban que podría haber juicio, algo cambiaría”. La persecución judicial no hizo más que reforzar ese impulso: “Nos están cobrando esta causa más cara que a figuras del poder. Están dando un mensaje: que si te animás a ir contra la policía, vas a pagar. Física, psicológica y económicamente, y todo con el aval del Poder Judicial”.

La fuerza para hablar en público no llegó de un día para el otro. “Cuando hice mi primera entrevista, temblaba. Tenía miedo de equivocarme, de no entender lo legal, de exponerme”. Pero también comprendió que el silencio tiene un precio. “Entendí que el silencio también es cómplice. No me voy a inmolar, no soy la salvadora de nadie. Pero mis compañeros me sostuvieron, y yo quiero devolverles eso”.

Gogorza se animó a hablar para dar una señal: “Creo que es necesario que se sepa. Para mostrar que no estamos solos. Para romper el mensaje de miedo que quieren imponer. Hay medios de otros lugares que nos están mirando. No me voy a callar”.

“Aceptar la vulnerabilidad también es parte de esto. Hoy estoy firme para acompañar y sostenernos como grupo humano. Y porque mis compañeros no tienen que cargar solos con todo esto”, concluyó.

Otra opositora al gobierno presa

Otra opositora al gobierno presa

En nuevo avance de la criminalización de la protesta, la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, Alesia Abaigar, fue detenida en la carcel de Ezeiza acusada de incitar al odio por participar, supuestamente, de un repudio al diputado José Luis Espert. Sus abogados no pueden acceder a la causa y los organismos defensores de los Derechos Humanos exigen su libertad.

Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense y militante del campo nacional y popular, fue apresada el miércoles pasado en un operativo policial en la ciudad de La Plata. Su detención se dio en el marco de una causa judicial que la acusa de participar en una protesta frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, realizada días antes en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

Según la versión difundida por el propio Espert y algunos medios oficialistas, durante la manifestación se habría colgado un pasacalle con consignas políticas y arrojado excrementos en la puerta de su casa. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que vinculen directamente a Abaigar con estos hechos. Tampoco se le permitió a su defensa acceder al expediente completo ni conocer en detalle los cargos por los cuales permanece detenida. “A pesar de ya tener un trámite esta causa, en siete días no pudimos ver el expediente. Defender a ciegas no es algo fácil, ni tampoco es algo tolerable de un hecho de esta naturaleza, que se le ha dado una magnitud que realmente no tiene”, explica Daniel Llermanos abogado defensor de Abaigar.

Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, agregó: “La prisión de Alesia es política; a ella le tocó la cárcel, como a Pablo Grillo le tocó la bala. Hace días de su prisión y todavía no se sabe qué se le imputa, no hay ninguna prueba que vincule a Alesia en el lugar del hecho, por lo que significa que es una presa política. Esto, en consecuencia, genera una sensación de que la justicia está descargando sobre sus ciudadanos todo su poder, sin tener en cuenta los derechos fundamentales de las personas. Es una prisión política porque busca un objetivo político claro: el de aleccionar, atemorizar, estigmatizar, deshumanizar a las personas que buscan un país mejor, con más justicia social”.

José Luis Espert en la sesión diputados de este miércoles. 

Si bien su defensa presentó un pedido de excarcelación, el mismo fue rechazado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro. Desde entonces, la funcionaria bonaerense fue trasladada al penal federal de Ezeiza, donde permanece detenida, acusada de “incitar al odio”. “No todas las conductas que puedan considerarse malas o negativas son delictivas. No está tipificada la acción y la jueza forzó la tipificación del caso para ponerla dentro del concepto global de amenazas que no ocurrieron”, detalló el abogado defensor, Llermanos.

¿Quién es Alesia Abaigar?

Alesia es militante feminista, activista social y actualmente es directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Es reconocida por su trabajo en políticas públicas vinculadas a juventudes y derechos sociales, y por su participación activa en espacios de militancia territorial. Su detención fue interpretada por muchos como un intento de criminalizar a una mujer militante, comprometida con causas populares y con la organización colectiva.

Portos mencionó: “Hay intereses claros que son amedrentar a la militancia, disuadir la protesta social porque el Gobierno sabe que su modelo económico no resiste y que estos pequeños hechos de resistencia, como los miércoles en el Congreso, las grandes marchas universitarias y otros hechos que están ocurriendo van a terminar uniéndose en protestas masivas.”

Conferencia de prensa

El lunes 30 de junio se realizó una conferencia de prensa encabezada por Llermanos donde, además de Portos, también estuvieron la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la periodista Marta Dillon y el militante por los derechos humanos Eduardo Tavani .

“Esto es un compromiso republicano, estar preocupados por alguien que, por un acto político que por más criticable que pueda ser, está muy injustamente privada de su libertad”, comenzó la conferencia de prensa el abogado Daniel Llermanos.  Allí se denunció el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar a la militancia y disciplinar la protesta social. También se advirtió sobre el peligro de avanzar en un modelo de criminalización selectiva, que busca desmovilizar y deslegitimar a quienes se oponen al rumbo político y económico del gobierno nacional.

La detención de Alesia ocurre en un clima político de creciente hostigamiento hacia la protesta social. En los últimos meses, se intensificaron las detenciones arbitrarias, la represión en movilizaciones pacíficas y los discursos estigmatizantes por parte de funcionarios nacionales, en especial, de quienes integran las áreas de seguridad. La frase del propio Espert —“a los militantes kirchneristas les toca cárcel o bala”—, pronunciada semanas atrás, alimenta aún más las sospechas sobre la intencionalidad política detrás de esta causa.

Al respecto, Portos señaló: “La protesta es la forma que tiene el pueblo de accionar cuando se están avasallando sus derechos y se les está aplicando una política de crueldad planificada, que no es aleatoria. Los discursos de odio forman parte de ese plan, protestar tiene que ver con no resignarse ante la autoridad injusta”.

Diversos espacios políticos, sindicales y de derechos humanos continúan organizando actividades para exigir la liberación de Abaigar, entre ellas movilizaciones, acciones legales y campañas de difusión en redes sociales. La consigna es unánime: “Basta de perseguir a quienes piensan distinto, libertad inmediata para Alesia”.

“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

Un sobreviviente de la Brigada Aérea de El Palomar y la hija de una secuestrada en la Mansión Seré que logró salir con vida de allí declararon en una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el circuito represivo del oeste bonaerense.

“Esta clase de vivencias no podían ser habladas con nadie en aquellos años. Los efectos están a la vista. Los recuerdos me conmueven como si los hubiera vivido ayer”, relató Daniel Ricardo Diulio, sobre las consecuencias de haber sobrevivido al cautiverio en la Brigada Aérea de El Palomar. La vigésimo quinta audiencia de debate por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, se desarrolló de manera dinámica y rápida, con apenas hora y media de duración.

El primer declarante, Daniel Diulio, participó anteriormente en la instrucción realizada por el Juez Daniel Rafecas. En aquella oportunidad reconoció fotográficamente al imputado de esta causa José Juan Zyska, excabo 1° de la brigada donde estuvo detenido. En la declaración que fue leída durante esta audiencia, Diulio había encontrado similitud entre una fotografía de Zyska por “el corte de la cara, el bigote, y las cejas”, con los rasgos del guardia “que tenía más rango que el resto” y se apodaba El Puma”.

Juan Carlos Rubic, a quien identificó en dicha instrucción como “Capitán Roberts”, fue quien les aseguró que estaban detenidos en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). “Yo me quedé con eso hasta que en mi primera declaración ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) describí el espacio donde estuve detenido. Un especialista determinó que el croquis armado con mis descripciones no tenía coincidencias con la ESMA. Al tiempo me volvieron a llamar, porque el croquis armado con las declaraciones de otra detenida coincidían en espejo con el mío”, relató el testigo sobre el momento en que conoció que sus 15 días de secuestro fueron en la  Brigada Aérea de El Palomar. Tomó sentido así un paño que había visto colgado durante el cautiverio y que le llamó mucho la atención, con la inscripción Fuerza Aérea Argentina.

Diulio relató, además, que fue el mismo genocida quien les explicó que estaban allí porque los “había marcado” Daniel Darío Palomeque. “El Capitán Roberts, a cara descubierta, nos dijo que Daniel era irrecuperable para la sociedad y que lo iban a matar. En cambio, a nosotros como no teníamos nada que ver, nos iban a liberar. A Daniel lo conocía del comedor universitario, había estado viviendo en mi casa un tiempo, y alternativamente en casa de otros compañeros”. El testigo dijo intuir que “aunque nos dijeron que nos liberaron por no estar involucrados con los hechos que ellos consideraban delictivos, estimo que lo nuestro fue en realidad una juntada de gente al boleo, que coincidimos en que Daniel Palomeque nos conocía”, ya que él no reconoció a ninguno de sus compañeros de cautiverio que eran “no menos de 5 o 6 en la habitación”.

Cuando se presentaron en su domicilio de La Plata, ciudad donde estudiaba Medicina, “golpearon la puerta diciendo ser Daniel. Eran más de las 10 de la noche y, como me demoré en abrir, comenzaron a golpear y dar patadas a la puerta hasta que entró un grupo de personas. Me ataron las manos, taparon los ojos y me subieron a la caja de una camioneta. Me hicieron marcar la casa de una compañera de estudios, que por suerte no estaba esa noche. Siguieron con un recorrido de largo rato, dando varias vueltas y subiendo gente a la caja del vehículo”, relató Diulio sobre el momento del secuestro. El suceso fue en el mes de septiembre de 1978, tiempo en el cual declaró no tener militancia. Sin embargo, mencionó que hasta 1974 participó en la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional), “una organización universitaria peronista. Fui militante de superficie, es decir, no colaboré dentro de organizaciones armadas. Cuando se formó la JUP (Juventud Peronista), me aparté”.

El sobreviviente relató que durante los interrogatorios, “me preguntaron por mi filiación política. Para no comprometer mi situación dije que era un estudiante de familia radical. Pero una voz detrás mío me dijo que no mienta, que había participado en una marcha cuando Juan Domingo Perón había vuelto a la Argentina y que era de la Juventud Peronista. Como les había mentido me comenzaron a golpear y pegar. Yo no conocía a esa persona, pero claramente ella sabía sobre mí”. De la habitación con colchones en el piso que compartían con compañeros de cautiverio, era trasladado a otra donde se hacían las sesiones de tortura. Sobre estas, recordó que “me hacían acostar sobre un elástico y desvestir. Me ponían la picana eléctrica en todo el cuerpo mientras me preguntaban por gente y me pedían que diera nombres. Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”.

La segunda declaración de la jornada fue la de Adriana Beatriz Basualdo, testigo del secuestro de su madre Juana Elsa Ulloa, ocurrido el 13 de abril de 1977 en el domicilio de su familia en Ituzaingó. A la vivienda ingresó un grupo de personas “encapuchadas y vestidas de negro, que mataron a nuestros perros. A mis hermanos mayores y a mi padre los golpearon, a mi madre la encerraron en el baño. Mi hermano menor y yo fuimos apartados en otra habitación en la que nos apuntaban a la cabeza con ametralladoras. Sobre mi cama pusieron un bolso lleno de granadas y armas. Yo pedía por mi mamá y recuerdo que un hombre de ojos celestes me dijo que no le iba a pasar nada. Se la llevaron en el baúl de un Ford Falcon después de romper y dar vuelta toda la casa”, explicó la testigo que tenía 12 años al momento de los hechos.

Luego continúo la declaración, ya no con lo que vio en primera persona y la convierte también en sobreviviente, sino a partir de los relatos de su madre sobre lo vivido en el centro clandestino de detención. “A mi mamá la violaron y le lastimaron todo el cuerpo. La interrogaban constantemente y la torturaban con picana eléctrica, principalmente en sus partes íntimas. Incluso hacían simulacros de que la iban a matar. Ella me contó que escuchaba a otras personas detenidas pero que nunca las vio. Recordaba particularmente a una señora que trabaja en un banco y que estaba embarazada. Escuchó cómo a esa mujer le decían ‘¿te sentís más liviana ahora que te sacamos el guacho?’. Mi padre había hecho una denuncia sobre la desaparición de mi madre, pero se la rompieron en la cara. A través de un amigo de la familia supimos que ella estuvo en Mansión Seré.” Aunque fue liberada luego de un mes, “nuestra familia se sintió siempre vigilada”, dijo Basualdo. Juana Ulloa, en aquella época, trabajaba en la Escuela Primaria N°113, “haciendo la comida para los chicos. Conocía y tenía algunos amigos que militaban. Pero no era su actividad”.

Como ya ha sucedido en audiencias pasadas, la Defensa objetó la incorporación de las declaraciones previas de la testigo. Por ello, Manuel Castro, el abogado defensor privado de José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch, comenzó el interrogatorio de Basualdo preguntándole si se consideraba víctima de la última dictadura militar y pidiendo detalles sobre las secuelas del secuestro, la vigilancia y las “visitas” posteriores. Esta actitud de los abogados defensores fue una constante a lo largo de las audiencias: intervenir elevando el tono de voz, tutear a los sobrevivientes y hasta confundir sus nombres. Ya ha sucedido en este juicio que en la misma audiencia, como en esta, coinciden testimonios relatados por primera vez junto a otros que deben volver a revivir el dolor para ser oídos por defensores de bufetes privados cuya estrategia pareciera ser revictimizar y extender al infinito el proceso judicial que involucra a sus clientes alejando a los sobrevivientes de la justicia y la verdad.

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Finalizadas las dos declaraciones, la próxima audiencia de este juicio quedó programada para el 8 de julio a las 12 horas.

El único Banco que pierde

El único Banco que pierde

Con fondos congelados, sin autoridades designadas y bajo control de funcionarios sin formación técnica, el Banco Nacional de Datos Genéticos atraviesa una de las crisis más graves desde su creación. Abuelas de Plaza de Mayo advierte que el Decreto 351/2025 vulnera su autonomía y exige su rechazo en el Congreso.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución clave para la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar, atraviesa una situación crítica. Con el mismo presupuesto de 2023, el organismo enfrenta un vaciamiento que pone en jaque su funcionamiento. Hasta ayer su conducción se encontraba delegada en funcionarios sin formación científica específica, ya que el cargo de su directora se encuentra vencido. Pero mediante un decreto, el Gobierno prorrogó el cargo hasta un llamado a concurso, aún incierto.

Ante esta situación, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una ampliación de las medidas de protección para el BNDG. La alarma se encendió tras la publicación del Decreto 351/2025, el 23 de mayo, que le quita su autonomía y autarquía, pasando a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta decisión se suma al vencimiento de cargos clave y a la imposibilidad de realizar tareas esenciales: entrecruzamientos de ADN, compra de insumos, viajes para toma de muestras y exhumaciones, entre otras.

 

Un pilar en la búsqueda de la verdad y la identidad

Creado en 1987 por la Ley 23.511, el BNDG fue impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo junto a organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de identificar a las niñas y niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, y a lo largo de todos los gobiernos democráticos hasta la actualidad, el organismo se consolidó como una herramienta esencial para garantizar el derecho a la identidad y colaborar en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.

Guillermo Roisinblit, nieto restituido en el año 2000 que pudo reencontrarse con sus abuelas materna y paterna y actual miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, afirma: “Hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos no se ocupa solamente de resolver casos de personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado si no de miles de personas que dudan sobre su identidad. El tema de la identidad sufre y sufrió distintos tipos de delitos en nuestro país. El Banco no solamente tiene que seguir funcionando para preservar las muestras, sino que también para asegurar el Derecho a la Identidad”.

Tras la presentación de Abuelas que pedía a la justicia que interpusiera un recurso de no innovar sobre el Banco, el juzgado respondió que, aunque comprendía la preocupación de la Asociación sobre el caso, no le parecía que el BNDG estuviese en riesgo ya que el gobierno debe sostener el funcionamiento del Banco de acuerdo a la Ley 27742, también llamada Ley Bases.

Villella remarca que tanto el secretario como el subsecretario de los que ahora depende el BNDG carecen de formación específica para conducir un laboratorio de alta complejidad como este. El actual titular del área es Darío Leandro Genua, licenciado en Administración de Empresas junto con José Luís Acevedo, licenciado en psicología.

La respuesta judicial y el rol de la Ley Bases

El Artículo 3 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establece que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de ciertos organismos, entre ellos el BNDG. A su vez, el Artículo 6 prohíbe expresamente su intervención, reforzando la protección legal que impide al Ejecutivo avanzar sobre su estructura y funcionamiento.

Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, advierte que el Decreto 351/2025 es inconstitucional por tres vías: “Primero, porque fue dictado en violación de la obligación genérica que tiene el Ejecutivo de que sea para mejorar y volver más eficaz a los organismos. Después, porque específicamente el Congreso le prohíbe que lo pueda disolver o que lo pueda intervenir. Y en los hechos, esto no es otra cosa que una intervención de facto, al quitarle la autonomía y la autarquía. De esta manera, termina pasando a estar intervenido de forma permanente por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, deja de tener la posibilidad de tomar decisiones, de administrar un presupuesto propio, y todo eso redunda en un entorpecimiento de las tareas que se llevan adelante en el Banco. Porque implica una burocratización mayor y significa que personas que no están especializadas en la temática tengan que tomar decisiones que son fundamentales”.

En ese sentido, Villella remarca que tanto el secretario como el subsecretario de los que ahora depende el BNDG carecen de formación específica para conducir un laboratorio de alta complejidad como este. El actual titular del área es Darío Leandro Genua, licenciado en Administración de Empresas junto con José Luís Acevedo, licenciado en psicología.

El Banco Nacional de Datos Genéticos adquirió autonomía y autarquía a partir de la Ley 26.548, sancionada en 2009, que estableció una estructura organizativa encabezada por un Director General Técnico —profesional en Bioquímica o Biología Molecular, con reconocida experiencia en Genética Forense— y un subdirector técnico con el mismo perfil. Ambos deben ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante concurso público de oposición y antecedentes. La ley también contemplaba un Subdirector Administrativo, especializado en administración y economía. Sin embargo, con el Decreto 351/2025, este último cargo fue eliminado, y la responsabilidad presupuestaria pasó a manos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

 

El deterioro institucional

A pesar de la normativa vigente, el organismo permaneció acéfalo durante un mes, tras el vencimiento del mandato de la última directora, Mariana Herrera. Recién el 23 de julio, el Boletín Oficial prorrogó su continuidad “hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes correspondiente, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del organismo”.

Villella advierte que, si bien la prórroga del cargo de Herrera permite reactivar ciertas funciones, no resuelve el problema de fondo: “Es una gran noticia porque va a permitir que se pueda seguir trabajando, pero para eso el Banco va a necesitar de un presupuesto, y si se mantiene el Decreto va a tener las facultades recortadas aún”. En la misma línea, Roisinblit señala que la medida “es un parche, es como tratar de tapar con una curita una hemorragia. No hace a la cuestión de fondo, porque el Banco sigue dependiendo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de todo lo presupuestario. Deja de tomar decisiones por sí mismo y pierde independencia. Es insuficiente”.

La estrategia política para frenar el decreto

El Decreto 351/2025 aún no tiene plena vigencia, ya que debe ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso para su aprobación o rechazo definitivo. Desde la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo impulsan activamente su rechazo, llevando adelante gestiones con legisladores y legisladoras de distintos bloques. “Nosotros vamos con estos argumentos y queremos sentarnos con todos los legisladores que nos puedan abrir la puerta y que quieran charlar con nosotros para hacerles saber lo que pasa”, explica Roisinblit.

Villella advierte que es momento de volver a explicar, una vez más, por qué el BNDG es una institución fundamental: “Creemos que es necesario reforzar algunos conceptos sobre la importancia del Banco, para que sea claro lo que está pasando. Y en este caso, es evidente que de esta manera no se mejora su funcionamiento”.

A modo de cierre, Roisinblit recupera la fuerza del legado que los guía: “Nosotros seguimos los pasos de nuestras abuelas. Nuestras abuelas no tenían ningún tipo de experiencia: eran amas de casa, mujeres que en su gran mayoría habían sido criadas para ser madres y que solo querían disfrutar de ser abuelas. No sabían cómo presentar un amparo, un habeas corpus, cómo hablar en organismos internacionales, no sabían nada… no sabían cómo buscarnos. Ellas hicieron el camino que hoy nosotros sabemos cómo recorrer. Si ellas, en medio de la dictadura, pudieron luchar, imaginate nosotros en esta cuasi-democracia”.

Todo el poder a la policía

Todo el poder a la policía

Un decreto del Poder Ejecutivo modificó el estatuto de la Policía Federal. Bajo el pretexto de modernizarla y convertirla en un cuerpo de investigación, se le permiten detenciones arbitrarias, ciberpatrullaje y mayor laxitud en la represión.

El Gobierno redefinió el rol de la Policía Federal Argentina (PFA) con nuevas atribuciones que amplían, aún más, el margen de discrecionalidad policial e incrementa gravemente los niveles represivos.

El martes 17 de junio mediante el Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se dio a conocer la nueva medida del gobierno de Javier Milei que impacta en las garantías ciudadanas, los derechos humanos y los principios democráticos. 

La nueva normativa fue firmada por Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina. Se trata de un estatuto que casi todo el arco político coincidía en que debía ser cambiado ya que nació del Decreto 333 de 1958. Pero muy lejos de buscar un nuevo marco policial en favor de los ciudadanos, en su afán de crear un “FBI argentino”, el gobierno de Javier Milei otorga atribuciones a los policías federales que tienden a sostener un tinte represivo. 

Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), coincidió en que la PFA necesita una transformación, aunque claramente en sentido opuesto a la iniciativa oficial. “Identificamos que la Policía Federal necesita una reestructuración hace muchos años. El decreto ley que regía es del 58. En el medio, la policía participó tanto en gobiernos constitucionales como en dictaduras. Es una policía que sostiene una estructura de inteligencia que, incluso en democracia, generó infiltraciones en organizaciones políticas, como el caso reconocido del agente infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh”, dijo Pomares refiriéndose al espía Américo Balbuena.

Antes de este decreto, la Policía Federal tenía funciones mixtas tales como las judiciales, las preventivas, y las de seguridad ciudadana. A partir del nuevo Artículo 3, su misión principal pasa a ser la investigación de delitos federales y complejos, y la protección del Estado nacional. “El objetivo principal ya no es cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires, ahora es una Policía Federal de investigación” dijo Bullrich, ministra de Seguridad, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. La funcionaria aseguró que buscan estructurar una Policía «moderna y orientada a la investigación».

Este cambio de perspectiva es fundamental: deja de priorizarse el vínculo con la ciudadanía para asumir una lógica de inteligencia y control estatal. La supuesta modernización hacia una fuerza orientada a la investigación no cuenta con un plan claro, “en el texto del decreto no hay claras nociones sobre cómo se va a establecer esa reforma”, advirtió Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“No estaría mal crear una policía de investigación en función judicial, que investigue cuando lo necesite y habilite la justicia —señaló Pomares—, pero le dieron facultades que no tienen nada que ver con una policía de investigación”. Por eso el Estatuto está lleno de contradicciones. 

Sin orden judicial

Uno de los artículos más controversiales del decreto es el Artículo 6, que amplía de forma significativa el poder de acción de la Policía Federal. Autoriza detenciones sin orden judicial por simple sospecha o falta de documentación, cacheos sin autorización previa, vigilancia de redes sociales abiertas y confección de registros sobre personas vinculadas a actividades “reprimibles”. También habilita el acceso a bases de datos públicas para investigar a los ciudadanos. 

“Con estas facultades extraordinarias nos referimos a inteligencia sin orden judicial y sin salvaguardas. Nos referimos también al espionaje en el ciberespacio, esto es, páginas de internet, redes sociales, con la sola mención de la prevención de un delito, que es una expresión muy poco clara, que le da amplios márgenes de discrecionalidad a la intervención policial. Por otra parte, en el decreto se establece que la policía puede hacer detenciones sin orden judicial cuando no hay una situación de flagrancia”, explicó Darraidou a ANCCOM. Organismos y especialistas coinciden en que este artículo no solo abre la puerta al espionaje sin control, sino que establece condiciones legales para prácticas violatorias de derechos que ya se encuentran en curso.

Por otra parte, esta reforma no está sola: forma parte de un entramado más amplio de políticas regresivas que afectan derechos civiles básicos. “Se agrega a una sumatoria de leyes que se vienen debatiendo y aprobando, como la reforma del Código Penal, el Artículo 34, que legaliza los protocolos para que la policía pueda disparar en cualquier momento, es decir, la legalización del gatillo fácil. Además están intentando bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Hay un cuerpo de legislación muy nocivo para las libertades democráticas”, advirtió Valeria Mustoni, integrante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional),

¿Contenido o forma?

La preocupación no se limita al contenido del decreto, sino también a su forma. El nuevo estatuto fue aprobado mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) sin debate parlamentario. “El Poder Ejecutivo modifica una ley mediante un decreto. Además de arbitrariedad, hay violación al principio constitucional de división de poderes”, denunció Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Darraidou coincide en este punto: “Vemos como problemático la forma en la que se toma esta decisión, mediante un decreto”, lo que obstaculiza la construcción de una fuerza policial democrática. 

El anexo del decreto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, se basa en un enfoque de “seguridad del Estado” que habilita la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, y el ciberpatrullaje masivo sin control judicial. En la misma línea, Pomares alertó que “esto puede derivar en represión directa a los sectores opositores”.

Torremare advirtió que “todas esas son situaciones que pueden llevar al avasallamiento de los derechos y garantías que hoy contamos los ciudadanos por imperio de la Constitución Nacional”. A su vez hizo hincapié en que varias de estas acciones ya están siendo ejercidas por el gobierno, pero ahora podrá hacerlo libremente en un marco de presunta legalidad. “No se trata de que habrá más casos de abuso policial; esos ya existen -aclaró Pomares desde la CPM-. Lo preocupante es que ahora esas prácticas se legalicen y se consoliden sin criterios objetivos, habilitando detenciones por motivos políticos, sociales o ideológicos”.

Mustoni agregó que “hay un apuro con este decreto y ampliar las facultades para intervenir en todo el territorio nacional que tiene que ver con que se vencen las facultades extraordinarias delegadas que se le habían otorgado al presidente. Intentar hacer todo lo más rápido posible para tener en control las calles”.

Estas prácticas no surgen de manera aislada, sino que encuentran antecedentes claros en la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad al igual que ahora. Durante ese período se consolidó la llamada «doctrina Chocobar», que legitimó el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad incluso en situaciones sin riesgo inminente. Se aprobaron protocolos que ampliaban el uso de armas de fuego, reduciendo los controles institucionales sobre la actuación policial. A su vez, se profundizó la criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales, tratándolas como amenazas a la seguridad pública más que como actores políticos y sociales. 

Costo político internacional 

Argentina ha asumido compromisos a través de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la obligan a respetar límites claros ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta situación implica un incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado argentino”, explicó Darraidou, citando fallos clave de la Corte como Bulacio y Fernández Tumbeiro, que establecen límites estrictos a las detenciones arbitrarias y la necesidad de proteger a grupos vulnerables. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno anterior modificó la legislación interna para evitar las detenciones arbitrarias, tal como planteó la Corte Interamericana en el caso Bulacio.

Los organismos desde la asunción del nuevo gobierno conformaron la Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia. A su vez están a la espera de respuestas por parte de la CIDH mientras reclaman visibilidad e intentan advertir a los ciudadanos sobre las nuevas leyes que rigen en nuestro país. “Ya desde varias organizaciones venimos haciendo presentaciones en organismos internacionales, sobre las situaciones de represión, en las movilizaciones y el uso de todo este armamento nuevo como los  gases químicos que se están utilizando mediante el protocolo de Patricia Bullrich” comentó Mustoni. 

El decreto en la práctica

Las consecuencias del nuevo marco legal para la Policía Federal –que se llamará DFI (Departamento Federal de Investigaciones)– ya comenzaron a quedar expuestas. “El martes, en Rosario, varias personas fueron detenidas por colgar un pasacalle con críticas hacia el Gobierno nacional”, contó Mustoni. En la ciudad de Buenos Aires, durante la masiva movilización a favor de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner, un transeúnte fue demorado por expresar en voz alta su opinión sobre el presidente. Además, diversos colectivos que se dirigían a la manifestación fueron detenidos en la ruta y requisados sin orden judicial, en operativos donde las fuerzas de seguridad registraron mochilas, celulares y documentación de los pasajeros, únicamente por su intención de participar de la protesta. 

 

“En definitiva, el decreto no es serio ni está encaminado a resolver lo que hoy está operativamente pendiente, que es la necesaria inversión pública en investigación criminal y la mejora de los recursos para auxiliar eficientemente a la justicia”, concluyó Torremare. Así, lo que se presenta como un avance hacia una policía moderna puede terminar siendo, en los hechos, un retroceso institucional que normaliza la excepción, amplía la discrecionalidad policial y limita las libertades en nombre del orden, en abierta violación a las leyes que desde el inicio de la democracia prohibieron la participación de uniformados en tareas de vigilancia y persecución de la población.

 

“Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas”

“Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas”

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ejecutados en Mansión Seré y el circuito RIBA, declararon el nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro quien, siendo bebé, fue apropiado y criado por el imputado ya fallecido Juan Carlos Vázquez Sarmiento y la sobrina de uno de los imputados, Ernesto Rafael Lynch.

“Por muchos años no quise saber quién era. Me voy a arrepentir toda la vida de no haber preguntado muchas cosas, pero era abrir una caja de Pandora que no quería afrontar. Nunca pensé que podía ser hijo de desaparecidos”, dijo Ezequiel Rochistein Tauro, uno de los bebés robados durante la última dictadura cívico militar. Hijo biológico de los aún desaparecidos María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, fue apropiado y criado por el imputado de esta causa Juan Carlos Vázquez Sarmiento y su entonces esposa Stella Maris Emaldi.

En la vigésimo cuarta audiencia por la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV declararon cuatro testigos, de los cuales dos relataron sus infancias en entornos militares y de verdades a media. El testimonio de Rochistein Tauro se centró en el largo y difícil proceso de recuperar su identidad, restituida el 1 septiembre 2010, siendo el nieto recuperado N°102 por Abuelas de Plaza de Mayo. “Cuando yo decidí y quise avanzar sobre la verdad, él me fue dando información suelta, acomodando la realidad a su conveniencia. Yo esperaba tener una conversación en la que me dijera cómo había sido todo pero nunca lo hizo. Me costó mucho comenzar a llamarlo Vázquez Sarmiento. Por suerte ahora ya lo tengo bien asimilado. Perdí todo contacto con él en 2013”, relató el testigo, y remarcó la diferente relación que tiene con “la que al día de hoy considero mi madre, Stella Maris Emaldi, quien fue uno de los vértices por los que por muchos años no quise saber de mi identidad”, explicó.

En diálogo con ANCCOM el testigo mencionó que le hubiera gustado declarar cuando aún estaba vivo Vázquez Sarmiento, imputado que falleció en febrero de 2025 cuando cumplía la condena por su apropiación y era juzgado en este juicio por su accionar en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). “Yo esperé a que el Tribunal me convocara y a veces los tiempos judiciales no son los de las personas. Pero también, me hubiera gustado ir a verlo a la cárcel y darle la última oportunidad de que me dijera la verdad. Finalmente no pude. Cuando me contaron que él estaba grave me costó creer. En principio pensamos que era una estrategia de la defensa, pero en verdad estaba senil. Por ese mismo motivo, si yo hubiera ido a verlo al penal tampoco me hubiera dicho nada”, explicó el testigo. Una pregunta que sí pudo hacerle fue por la elección de su nombre. Resultó que Ezequiel era el nombre de guerra que utilizaba Vázquez Sarmiento.

Rochistein Tauro relató el momento en que, en diciembre de 2000, Vázquez Sarmiento recibió la citación a juicio por su apropiación: “Lo primero que leí fue ‘Vazquez Sarmiento y otros por delitos de sustracción de menores’. Pensé que lo estaban citando a él a declarar. Pero más abajo estaba mi nombre. Ahí quedé un poco impactado y comenzaron a cerrarme algunas cosas, en principio desconectadas”, aunque reconoce que no pudo afrontar su verdad hasta 2010. Para abril de 2001, fecha en que debía presentarse a declarar Vázquez Sarmiento, ya se había fugado, situación en la que permaneció por casi dos décadas.

En esos pocos meses (entre la recepción de la citación y la fecha en que debía presentarse), Vázquez Sarmiento comenzó a contarle a Ezequiel versiones diferentes de su origen. En una de ellas le afirmó “que era hijo de Graciela y que había nacido en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Me dijo que la había cuidado y que la salvó sacándola de contrabando. Se jactaba de ser de los pocos de RIBA que tenían nexo con la Armada e iban a ese centro clandestino. Me llegó a decir que Graciela estaba viva y que se la había cruzado en Madrid. A partir de sus relatos, estoy seguro de que fue él quien entregó a Francisco Gómez el bebé de Patricia Roisinblit, Guillermo Pérez Roisinblit”, rememoró el testigo. Agregó que una de las 13 denuncias que recibió Abuelas de Plaza de Mayo sobre su identidad fue realizada por Julio César Leston, cabo 1° de RIBA, también acusado en esta megacausa-. “Afirma que Guillermo Pérez Roisinblit fue entregado a (Francisco) Gómez como yo a Vázquez Sarmiento. Si Leston sabe algo más, me gustaría que me cuente”, dijo mirando al banquillo de acusados. Según lo que recuerda, Leston y Vázquez Sarmiento eran compañeros de promoción.

Rochistein Tauro, mencionó diferentes anécdotas sobre su apropiador con las que ilustró la personalidad militar. “Rotaba constantemente el auto y siempre andaba armado. Se jactaba de participar en la guerra contra la subversión y no ocultaba su vínculo con la represión ilegal. Incluso decía que tenía contacto con Emilio Eduardo Massera”.

Una anécdota familiar que siempre escuchó fue que Vázquez Sarmiento había sobrevivido a un tiroteo. Durante el proceso de conocer su identidad, el militar le contó el resto de la historia. “Quien casi lo mata en ese tiroteo fue Jorge Rochistein. Recuerdo que me dijo ‘tu viejo se rebancaba la tortura’ y que durante las sesiones, Jorge lo había reconocido”.

A pesar del pacto de silencio de su apropiador, Ezequiel pudo reconstruir información de sus padres. La pareja Tauro-Rochistein fue secuestrada el 15 de mayo de 1977 de su domicilio en Hurlingham. “Cuando mi abuela se enteró comenzó a hacer recorridos. Estaba convencida de haber visto el DNI de mi mamá en la Comisaría de Castelar. Ya en democracia, un compañero detenido en la ESMA, le comentó que el embarazo había llegado a término y que yo había nacido. Ahí me empezaron a buscar”. Por sobrevivientes, se sabe que Graciela Tauro estuvo en la Comisaría de Castelar y en Mansión Seré y que fue trasladada para parir a la ESMA. Aún se desconoce el paradero de los padres de Ezequiel, que nació algún día de 1977 y tiene 47 años: “Siempre digo creo, porque no sé cuando nací”, le dijo a la jueza Claudia Moreguese.

A pesar de la oposición por parte de las defensas, también declaró Noelia Raquel Lynch, sobrina por lado paterno del imputado Ernesto Rafael Lynch, exteniente de la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno. La testigo nació en una familia de tradición militar en donde dice que era moneda corriente escuchar expresiones como “zurdos o judíos de mierda”, incluso dirigidas hacia ella. “Mi tío se cuidaba más en sus expresiones, pero en su casa siempre se escuchaba la expresión ‘la defensa de la causa’. Para uno en ese entonces no tenían mucho sentido esas palabras, pero luego las cosas empezaron a cuadrar”. Declaró haber dudado de su identidad “por las características de mi familia”.

Su testimonio estuvo plagado de recuerdos que ilustraron el abuso psicológico y sexual dentro de la familia Lynch, de la cual se alejó cuando tenía 16 años. Por su incomunicación con ellos quedó en shock cuando Manuel Barros, el abogado defensor de su tío, le dio la noticia de que su padre, Héctor Lynch, había fallecido en enero de este año. El comentario fue minutos después de que la testigo relatara escenas de abuso sexual infantil perpetradas por hombres de la familia. Conectados en la virtualidad, Barros y su defendido Lynch dialogaban fumando un cigarro durante la exposición de Noelia Lynch.

“Toda mi vida ha estado supeditada a la búsqueda de la verdad. Lo que relato son vivencias de una niña. A medida que me hice mayor y conocí la historia de nuestro país comencé a pensar que mi familia estaba involucrada. Pero no tenía ningún hecho concreto que lo justificara, salvo algunos relatos, que resultan verosímiles por los movimientos de mi familia”, expresó la testigo que se enteró por los medios de la elevación a juicio de la causa de su tío, hecho que le dio la certeza de que “no estaba loca como ellos me decían”.

Sobre su tío, Ernesto Rafael Lynch, recordó su participación en los levantamientos carapintadas (serie de sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990) y contó anécdotas que le permitieron pensar sobre su accionar ilegal dentro de las Fuerza Aérea. En una ocasión, sus padres fueron detenidos en Moreno por un grupo de camionetas y su madre señalaba que se habían salvado porque “tu tío reconoció a tu papá”. El relató coincide con las camionetas “Las Tres Marías” que utilizaba el Grupo de Tareas 12, cuyo mando se adjudica a Ernesto Rafael Lynch. Algo extraño también sucedió cuando desapareció un matrimonio del edificio donde vivían y la hija de la pareja quedó en su casa. La testigo recordó que por recomendación de su tío “para que quedara todo legal” devolvieron a la niña a sus abuelos mediante escribanía.

Gabriel Leston, hijo del imputado Julio Cesar Leston, fue citado a declarar por pedido del abogado defensor de su padre, Nicolas Aguilar. Le tomó más tiempo en el banquillo virtual la presentación de la causa y lectura de formalidades sobre sus derechos por parte de la jueza, que su escueta declaración en la que desmintió la del sobreviviente Norberto Urso, quien había declarado que su encuentro con Leston fue concretado a través de una llamada atendida por su hijo Gabriel Leston, lo cual fue desmentido por el declarante finalizando su presentación.

La última declaración de la audiencia fue la de Roberto José Estrampres, que junto a otros dos amigos, José Francisco Quevedo y Noemí Graciela Colombo, fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 por estar haciendo música en las inmediaciones del centro clandestino Mansión Seré. “Un grupo de personas salió y nos llamó. Cuando estábamos cerca sacaron armas largas y nos metieron en la casa. Nos separan de Graciela, a quien subieron por una escalera”. Fueron liberados pasadas algunas horas y trasladados en el baúl de un auto hasta las cercanías de la Brigada Aérea de Morón. Sin embargo, al día siguiente, personas vestidas de civil allanaron su casa: “Por suerte no estaba ese día. Pero a Graciela la volvieron a llevar, en esa ocasión a la Comisaría de Castelar”, relató Estrampres, sobre su amiga que fue liberada nuevamente luego de 5 días de detención ilegal.

Con este cuatro testimonio finalizó la vigésimo cuarta audiencia de esta megacausa que nuclea 130 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en diversos centros clandestinos de detención del oeste del conurbano bonaerense. La próxima audiencia de este juicio quedó programada para el martes 24 a las 9 horas en modalidad virtual.