Sobrevivir al ajuste

Sobrevivir al ajuste

Compras al por mayor, endeudamiento financiero y solidaridad barrial son algunas herramientas de las clases populares para enfrentar la realidad que impone el gobierno de Milei.

Durante las cada vez más habituales crisis económicas que afectan a la Argentina, la población ha desarrollado recursos de supervivencia que se capitalizan como parte de la memoria colectiva. Sin embargo, luego de la estampida de precios ocasionada tras la última devaluación y el freno a la distribución de alimentos a comedores populares, el escenario se modificó a una velocidad que hace difícil la adaptación. Según el informe de enero del Observatorio Social de la Universidad Católica, 27 millones de personas de argentinos son pobres, el 57% de la población y un 8% más que el mes anterior. Frente a esta realidad, los sectores medios y populares necesitan actualizar sus estrategias de supervivencia.

En la actualidad, quienes pueden, se abastecen con compras mayoristas para resguardarse de aumentos futures y obtener mejores precios. Según diferentes analistas económicos, estos comportamientos traen consigo un contrapeso abrumador para la clase media y baja de la Argentina: la deuda.

En un artículo publicado recientemente en El Dipló, la politóloga e investigadora, Verónica Gago, explica cómo el “ejercicio permanente de endeudamiento y compra en cuotas se dedica a alimentos, gestionado a través de una panoplia de tarjetas de crédito, préstamos de billeteras virtuales y lugares de crédito barrial”. En su análisis de la situación social actual, Gago afirma que “la ecuación escasez-saqueo logró evitarse gracias a dos factores: las redes financieras y las redes de la economía popular organizada”.

“Yo puedo solo”

 Sin limitarse al efecto material de la crisis, Verónica Gago describe la manera en la que la deuda transforma discursivamente a los trabajadores empobrecidos en consumidores libres. Las interpelaciones individualizantes activan una «nueva racionalidad y afectividad colectiva», una de las claves para reflexionar sobre lo que la investigadora denomina «neoliberalismo desde abajo». Gago resalta la manera en que este sistema se arraiga en las subjetividades que, para avanzar, se ven forzadas a enfrentar condiciones críticas de desposesión de capital e infraestructura pública.

Esta propuesta de una salida individualizada tiene como faro al oficialismo actual, quien mejor representa a este tipo de discursividades. Actualmente, dado a la búsqueda por “transparentar la política alimentaria”, el Ministerio de Capital Humano mantiene en cero los fondos atribuidos a una parte importante de comedores y espacios comunitarios. Esta medida impacta drásticamente a un estimado de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares.

Tras preguntarle por la situación actual, Sofía Servián, coautora del libro Cómo hacen los pobres para sobrevivir, explica cómo “la ayuda comunitaria, redes de contención o reciprocidad es lo único que explicaba en ese momento [durante el gobierno de Alberto Fernández], y más aún ahora, cómo hacía la gente para sobrevivir”. En cuanto al “sálvese quien pueda”, Servián aclara que en los barrios populares “no se pueden dar el lujo de no necesitar de nadie” y que “se ha acrecentado aún más la ayuda mutua o cooperación como, por ejemplo, ir a comer a la casa de los familiares”. 

La investigadora detalla la importancia de estos vínculos: “La red de parientes, desde lo más lejanos hasta los más cercanos, es la que sostiene en momentos difíciles. Aquellos que están en una ‘mejor’ situación económica ofrecen a los otros changas, alimentos, se prestan plata”.

Al comparar el contexto en el que fue escrito el libro (2019) y la actualidad, la investigadora destaca que en ese momento “era una preocupación no poder comer milanesas o carne más seguido, pero ahora directamente se está jugando la posibilidad de comer o no comer”.

“En la Argentina es un privilegio comer”

Según cifras del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) se registró un aumento del 69,72% en el Índice Barrial de Precios (IBP) durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Esto, traducido a los gastos de una familia tipo de cuatro personas, implica un aumento de un 66,57% en la canasta básica total y, por consiguiente, una caída rotunda de las expectativas de consumo de las clases populares.

En una charla abierta del medio Tiempo Argentino, el Padre “Toto”, de la parroquia de Caacupé del barrio de Barracas, y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, describieron cómo se vive en carne propia la crisis en los barrios populares.

Ambos califican a la situación como “angustiante” e “indignante” y señalaron con preocupación la falta de interés por parte de la dirigencia política actual ante «comedores desbordados”. “No tuvimos respuestas. Cerramos un 2023 sin alimentos, sin diálogo”, señaló Sánchez. “La ministra [Sandra Pettovello] no nos quiso recibir, nunca vimos a una dirigente burlarse así de la gente”, contaba la dirigente. Según Sánchez, la ministra de Capital Humano, “que de humano no tiene nada” en palabras de la entrevistada, interpeló burlonamente a quienes solicitaban alimentos con frases cómo “¿Quién tiene hambre?”, para posteriormente cerrarles las puertas. “Volvimos a una Argentina donde se discute el alimento”, concluyó.

El Padre “Toto” hizo hincapié en la situación de las mujeres en los barrios populares. “La pobreza tiene cara de mujer”, afirmó. En su intervención hizo referencia a la problemática de quienes, al tener que incrementar sus horas de trabajo, debían dejar solos a sus hijos. “Es una libertad asquerosa, es individualismo”, afirmó indignado el párroco. “Algunos pueden elegir si viajar o no, nosotros tenemos que elegir si no almorzar o no cenar”, concluyeron los entrevistados.

Los colaboradores de comedores comunitarios en el barrio Padre Mugica cuentan que “desde la llegada del nuevo gobierno aumentó la cantidad de vecinos que viene a los comedores. Muchos de ellos son jóvenes de 20/30, varones que vienen a poder comer algo, sumados a las familias numerosas que siempre hubo, al igual que madres solteras”. Este último grupo de personas, según las fuentes consultadas, “al final son las que más sufren, porque hay madres solteras que al no tener ayuda de un padre ausente no pueden darle una buena alimentación a sus hijos”. Debido a que son el único sostén económico de su grupo familiar “necesitan alimentar a su familia porque no llegan con los gastos como para gastar en carne o pollo”, afirman.

La bendición de comer

Por su parte, vecinos de la Villa 21-24 destacan la presencia de la Iglesia como factor decisivo a la hora de afrontar la crisis: “En estos mismos momentos hay un comedor de emergencia y tiene mucha demanda. Hay muchas familias en condiciones limitadas a las que les sirve mucho”, cuentan. Según algunos comentarios del barrio, la iglesia siempre ayuda a quien lo necesita, forjando una relación recíproca con la gente. “La Iglesia suele recibir ayuda, pero muchas veces no alcanza, cuando eso pasa les pide a los que puedan colaborar un paquete de fideos o lo que sea… así se sustenta día a día” relatan.

Desde las altas cúpulas eclesiásticas se ha advertido sobre la falta de apoyo a las instituciones religiosas para afrontar la crisis. Recientemente el presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, ha hecho declaraciones sobre el deterioro en las condiciones de vida de los más pobres y de la clase media. El representante de la Conferencia Episcopal se pronunció en contra de las medidas que descontinúan la asistencia del gobierno a centros de ayuda comunitaria: “Para hacer llegar el pan a los barrios es necesario no discontinuar a los grupos ya existentes que están trabajando. Todo lo que atente a que los bienes primarios, como son los alimentos, no lleguen a nuestra gente, no es bueno”.

En este escenario marcado por la incertidumbre económica y social, la supervivencia ante el ajuste se vuelve cada vez más precaria para las clases trabajadoras. La falta de apoyo estatal a redes comunitarias agrava la crisis en los sectores más vulnerables. En este contexto, a pesar de todo, la solidaridad y la resistencia colectiva emergen como elementos fundamentales para enfrentar los desafíos venideros, aunque queda la duda de hasta cuándo se puede sostener la situación bajo estos términos.

Ni pan duro

Ni pan duro

En l os últimos doce meses el pan aumentó un 251 por ciento. Los panaderos se quejan de que no pueden evitar los incrementos y cuentan que la clientela ya no compra como antes.

El consumo de pan se ha convertido en una tradición en la mesa de los argentinos. La profesión de panadero se vio fortalecida con las inmigraciones europeas que se asentaron en el país y brindaron sus recetas. Mignones, figazas, milongas, tortugas, rosetas, baguettes y focaccias son algunas de las variedades que se consiguen en casi cualquier panadería tradicional, sin mencionar la inmensa variedad que conlleva la pastelería nacional. ¿Pero qué sucede con la venta de pan en este contexto de inflación descontrolada y licuación de los salarios? El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), publicó un informe que indica que en los últimos 12 meses el precio del pan aumentó un 251,2%.

Carlos Vázquez tiene 40 años, es el dueño de la panadería Lyon ubicada en Chile y Entre Ríos, en el barrio porteño de Congreso: “Hoy a nosotros nos aumenta todo lo que es materia prima, eso nos incide mucho en los precios. La manteca, la margarina, la harina, los huevos; todo incrementa, por eso tenemos que subir todo el tiempo los precios. El momento en el que más se sintió fue no bien asumió Milei, esa semana todo aumentó casi el doble, aumentamos los precios de golpe y no se vendía nada”. Además dice: “Nosotros vendemos comida también, nos aumentaron los elementos que utilizamos para cocinar y hoy la gente lleva menos, antes venían por un sandwich de milanesa o la tarta y hoy esa misma gente viene con el tupper para comprar solamente el pan, se llevan solo lo justo y necesario. Antes era común que se lleven un kilo de pan y hoy se llevan cuatro o cinco pancitos nada más”.

Las ventas en las panaderías han disminuido en el último tiempo. Esta es una de las consecuencias que trae consigo la pérdida del poder adquisitivo por la inflación que asfixia a los trabajadores

Nélida Guzmán, de 56 años, es cajera en la panadería llamada La Familia del barrio de Pompeya, a pocos metros del puente Ezequiel Demonty ( exPuente Alsina). En diálogo con ANCCOM asegura: “Yo creo que hay clientes que hoy deciden amasar algunas cosas y hacerlas por su cuenta, como las prepizzas por ejemplo. Ya no tengo recuerdos de cuál era el precio del pan hace unos meses y me cuesta aprenderme los valores nuevos porque todo el tiempo tenemos que remarcar de nuevo.”

La trabajadora agrega: “Las masas finas y las tortas hoy son un lujo que se da la gente, sobre todo los sábados y domingos que son los días donde más productos se venden por fuera de lo que es pan. Las docenas de facturas salen esos días, durante la semana llevan en menor cantidad, solo lo justo y necesario”.

En la panadería Caris, ubicada en Microcentro, Carabelas y Presidente Perón, un empleado, que llamaremos Enzo para preservar su identidad real, comenta: “Esto de la inflación viene hace rato. La diferencia con otros años es que ahora el porcentaje subió muchísimo en poco tiempo, llegamos a aumentar un 30% en un solo mes. Ya de por sí esta zona viene en decadencia hace mucho tiempo. Este era un lugar donde antes había muchas oficinas y hoy quedaron pocas; la cantidad de masitas finas o facturas que antes se llevaban para un evento o reunión cayó muchísimo, además de la comida que vendemos en el sector de confitería”. Enzo finaliza con la siguiente reflexión: “Las cargas sociales y de impuestos que afrontan los locales de panaderías son muy altas, tener a los empleados en regla y como corresponde cada vez es más difícil con una situación así. Y los ingredientes para los panificados aumentan un montón y los gastos por fuera de eso también, todo lo contrario de lo que pasa con las ventas

La cosecha del veneno

La cosecha del veneno

Vecinos de Pergamino denuncian que la producción agrícola contamina con glifosato el agua que consumen. Señalan altos índices de cáncer en la población.

A 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino es uno de los núcleos sojeros más importantes del país, con las tierras más cotizadas de Argentina. Estas condiciones traen aparejada la presencia de las empresas más poderosas del agronegocio, que en función de sus intereses económicos utilizan sustancias sumamente contaminantes, no solo para el medio ambiente, sino también para los habitantes de la localidad.

Argentina lidera el ranking mundial en lo que respecta al uso del glifosato, superando los 300 millones de litros cada año. Fernando Sánchez, ingeniero agrónomo, subraya que “el producto mayormente usado para fumigar es el glifosato, con lo que matamos el 95 o 96 por ciento de las malezas”.

Alejado de los ruidos del centro, donde se despliega la mayor parte de la vida pergaminense, se encuentra Santa Julia, un barrio calmo al sur de la ciudad. Con sus veredas arboladas y sus casas de mitad de siglo XX, después de las 16, cuando culmina la hora de la siesta, los negocios locales abren sus puertas, los niños salen a jugar a la calle o se encuentran en la placita del barrio, y los vecinos se sientan en las puertas de sus hogares con sus reposeras rayadas a charlar con quien pase por allí, hasta que el sol comienza a caer. Pero, tras esta fachada encantadora, se oculta una realidad que muchos, consciente o inconscientemente, ignoran: el agua que beben y usan está contaminada con 19 agrotóxicos diferentes como consecuencia de las fumigaciones que se realizan en los campos cercanos.

Alejandra Bianco es una prueba viviente de ello. Docente, vive en el barrio desde hace casi 30 años, a la vuelta de la parroquia. “Yo tomo consciencia de lo que estaba pasando cuando se enferma Sergio, que era mi pareja –recuerda–. Sergio empezó a tener problemas de salud hasta que, finalmente, le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado, y fue el médico que iba a hacerle la biopsia quien me dijo si yo no tenía alguna sospecha de que lo que sucedía no era una cosa aleatoria, que no podía ser casual que toda mi familia estuviera sufriendo alguna patología, todas diferentes, mis dos hijos, Sergio, y yo”.

Alejandra comenzó denunciando el mal funcionamiento de un transformador cerca de su hogar, luego de recibir aviso de un empleado de la Cooperativa Eléctrica. “Lo denuncio primero en una radio, y al día siguiente viene un canal local a hacerme una nota, donde sacaron al aire la imagen del transformador”. La escena, transmitida a través de Canal 2 de Pergamino, llegó al otro lado de la ciudad hasta Sabrina Ortiz, habitante del barrio Villa Alicia, quien llevaba ya varios años denunciando las fumigaciones que se realizaban a pocos metros de su casa y que habían enfermado a todos los integrantes de su familia.

Después de oír el relato, Sabrina decidió contactarse y no dudó en tenderle una mano a Alejandra. Nadie mejor que ella sabía lo que era levantarse en contra de las compañías más poderosas del agro en una localidad donde el campo es “palabra santa”, y donde quien decide enfrentarlo, encuentra su mayor adversario en el silencio cómplice de todos aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. “Hablo de los médicos, de los abogados, de todos los que tienen una voz autorizada, no hay toxicólogos, que no es casualidad, no hay un área ecológica, que en una ciudad de producción sojera donde están contaminadas todas las napas de agua no haya una historia clínica ambiental no es algo azaroso”, expresa Sabrina, indignada.

La misma indignación se instaló en la vida de Alejandra, luego de que Sabrina le explicara que, muy probablemente, los problemas de salud que sufría su familia y el número creciente de fallecidos de cáncer en Santa Julia se debieran a los agrotóxicos aplicados en zonas cercanas. De esta manera, y frente a la indiferencia y la inacción del Municipio, decidió llevar adelante una encuesta dejando en los negocios barriales unas planillas para que completaran quienes hubieran padecido alguna enfermedad o fuesen cercanos a algún fallecido por el mismo motivo. “En mi cuadra era muy llamativo, porque los vecinos de al lado de mi casa murieron los dos de cáncer, otro vecino que aún vive tiene cáncer en los intestinos, al lado de ellos otra mujer que ya falleció hace dos años y medio, el señor de la casa de al lado de ella con leucemia, también fallecido, y así te puedo nombrar infinidad de casos”, detalla Alejandra, mientras cuenta con los dedos. Los resultados fueron estremecedores: en dos manzanas se habían registrado 53 casos de personas con enfermedades diversas.

 

Volver justa la injusticia

Desde 2014, una ordenanza prohíbe fumigar en los primeros 100 metros cercanos a las urbes y 500 metros donde sólo se permitía aplicar productos que fuesen menos nocivos. Sabrina, decidida a salvar a su familia, se recibió de abogada, y en 2018 logró que su caso llegara a la justicia federal. “Acá hay abogados, pero ninguno de los que se hacen llamar ambientalistas me quiso acompañar, porque son los mismos que hacen los contratos agrarios, que asesoran a las empresas, y son los mismos que hoy representan a quienes están procesados por envenenamiento”, sostiene.

La participación de Alejandra en el juicio contra la Municipalidad comenzó después del acercamiento de Sabrina. “Ella me ofreció trabajar juntas, y como yo estoy en la otra punta de Pergamino, ser querellante de la causa por el Barrio Santa Julia”, puntualiza Alejandra. Así empezó, se encargó de recolectar y llevar a la ciudad de San Nicolás 30 historias clínicas de diferentes vecinos, las cuales fueron presentadas ante el juez Villafuerte Ruzo, a cargo del expediente, quien ordenó la distribución de agua apta para el consumo en el barrio de Alejandra. La medida fue apelada. “Para la Municipalidad no hay tantos casos de cáncer, una falta de respeto hacia el dolor de los vecinos y la pérdida de nuestras familias, una falta de respeto después de haber hecho el censo”, se queja Alejandra.

El actual intendente, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio, se lava las manos. Según él, se está gastando “dinero de los pergaminenses injustamente” y asegura fervientemente que “toma agua de la canilla”. Más allá de la apelación, el Municipio debió cumplir con la medida, sin embargo, tal como relatan los vecinos, no funciona correctamente. “A veces pasan, a veces no, hacen lo que quieren, a mí me han desaparecido bidones y nadie nunca se hizo cargo”, cuenta María Lorena Bertora, quien vive frente al Jardín Santa Julia junto con sus dos hijas de 17 y 8 años. “La mayoría de las veces lo que nos dejan no alcanza y tenemos que tomar el agua de la red, no nos queda otra”, se lamenta.

 

La cultura del campo

A pesar de todo esto, se sigue negando la toxicidad de los químicos y cómo pueden afectar a la población. El ingeniero Fernando Sánchez afirma que “el porcentaje de agroquímicos que contaminan el agua es muy poco, porque cuando tocan la tierra se desactivan. Hay mucha polémica con el tema del glifosato, pero no saben que éste se desactiva automáticamente cuando toca la tierra, por eso hay muchos que lo discuten”.   

Cualquiera podría llegar a la conclusión de que es una obviedad la postura que toma el Municipio en un caso como este, teniendo en cuenta que es una ciudad cuya economía gira alrededor de la producción agropecuaria, y que no va a ceder frente al reclamo de unos pocos vecinos.

Esto último es lo que más duele a quienes llevan la lucha adelante: la ignorancia de los pergaminenses, el poco interés que muestran en lo que, quieran o no, es un tema de salud pública.Seguimos así tranquilos, sin movernos, sin hacer nada, por eso yo tampoco empecé ninguna campaña más acá, porque me sentí muy sola, acompañada por muy pocos vecinos y siempre los mismos, no participan de la lucha, así que lo sigo haciendo, pero desde otro ámbito, con Sabrina, cada vez que se necesita algo, respondiendo entrevistas cada vez que puedo, pero es muy triste ver lo que pasa en el barrio, que la gente aún no reaccione”, manifiesta Alejandra con un dejo de resignación.

La cultura del campo cala muy hondo en la ciudad, muchos habitantes pertenecen a familias rurales. “Nos criamos pensando que el campo es el motor de la ciudad, el que nos da de comer, el que nos da trabajo, y no está mal, está mal que nos digan que está todo bien cuando no es así, cuando sabemos que hay otros métodos de producción que pueden ser compatibles con la salud”, explica Sabrina.

Los productores tienen otra visión del tema. “Si existe algún método menos nocivo para la salud, no lo sé, pero en algún momento tenés que aplicar los químicos, pulverizar, no hay otra, no hay métodos que te permitan no hacerlo, no existe en Argentina, y si no tendríamos que volver a la época de 1930 que se hacía todo a mano, y no estamos en condiciones de hacerlo en este momento”, dice Sánchez. Si no se habla de métodos alternativos ni desde la industria, ni desde la Secretaría de Salud, las víctimas del agronegocio ignoran, no sólo la posibilidad de incorporar medidas que atenúen los efectos de la contaminación, sino también la existencia de ella.

Un ejemplo llamativo es el de la Fundación Leandra Barros, que desde 2011 organiza una maratón con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con personas de Pergamino que padecen enfermedades oncológicas. Lo curioso es que la carrera está auspiciada por algunas de las más reconocidas empresas del agro.

Contra un panorama que no parece ser el más favorable, Alejandra no se da por vencida. Desde los espacios que habita intenta aportar a la causa y visibilizar la problemática, para así llegar a quienes aún desconocen lo que sucede con el agua en Pergamino. “En mi profesión como docente realizo una concientización sobre el tema todo el tiempo –señala–. Me han hecho muchas notas por radio, en los periódicos, en los medios virtuales, he ido a dar charlas a escuelas secundarias, al Instituto de Formación Docente, y en cada invitación que tengo y que puedo, porque trabajo mucho, por supuesto que también asisto”. 

Quienes participan activamente de esta lucha, esperan con ansias la elevación a juicio contra tres productores que incumplieron las medidas de seguridad y de dos funcionarios municipales que, a pesar de estar encargados del control de la aplicación de fumigaciones terrestres, protegieron al fumigador, aun cuando eran conscientes de que había violado la cautelar.

Aumenta el consumo de psicofármacos por el deterioro socioeconómico

Aumenta el consumo de psicofármacos por el deterioro socioeconómico

Los especialistas en salud mental observan también mayores niveles de depresión, ansiedad, violencia y desesperanza en la población.

Durante los últimos dos años se ha registrado una mayor demanda de consultas médicas, derivaciones y un aumento en el consumo de psicofármacos en nuestro país. La comunidad científica advierte que esta tendencia viene creciendo desde que finalizó la pandemia por el covid-19 y que se agravó aún más con la crisis económica. A través del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad, la Confederación Farmacéutica Argentina presentó un informe en el que se puede observar el nivel en el que han subido las ventas de este tipo de medicamentos: durante el primer trimestre del 2023 se registraron incrementos en el consumo de antidepresivos, antipsicóticos y, en especial, los hipnóticos y sedantes, sobre todo este último grupo, respecto del primer trimestre del 2022.

Dentro de los psicofármacos, el más recetado es el clonazepam (51%). Muchas personas padecen actualmente de insomnio, o despiertan en reiteradas oportunidades por las noches, sienten estrés, ansiedad, mucha frustración e incertidumbre, por lo que recurren a profesionales de la salud en busca de algún tipo de alivio.

Santiago Levín, médico psiquiatra, psicoanalista y expresidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), cuenta que “en Argentina hay poco presupuesto para realizar las investigaciones necesarias para poder reflejar fielmente todas las realidades, pero así y todo, por investigaciones y estudios aislados, podemos observar en los últimos años un aumento en el consumo de psicofármacos, sobre todo de los ansiolíticos. El problema de la salud mental es un tema muy difícil de abarcar en su totalidad y sumamente complejo, pero cabe preguntarse puntualmente qué es lo que está haciendo que las y los argentinos recurran frecuentemente a este tipo de medicamentos”.

María Fernanda Abella, psicóloga y médica psiquiatra, explica que “cuando apareció la pandemia aumentó notoriamente la demanda de consultas a los profesionales de la salud mental debido a la amenaza que representaba el covid 19. El riesgo de muerte y el aislamiento hicieron que las personas se sintieran abrumadas y en una situación de vulnerabilidad tal, que comenzaron a recurrir en mayor medida a este tipo de medicamentos.”

La especialista agrega: “Pero después de la pandemia, en nuestro país la demanda sigue subiendo por sintomatología depresiva-ansiosa a raíz del deterioro socioeconómico. Vemos más violencia en general, una mayor intolerancia, la gente experimenta desesperanza y tiene una expectativa muy negativa respecto al futuro, lo cual explica un poco por qué el consumo sigue aumentando”.

La vorágine del día a día le impide a la mayoría de los argentinos llevar adelante un ritmo de vida desacelerado que le permita tomarse tiempos de descanso necesarios para superar momentos de estrés psicológico, por lo que muchas personas terminan recurriendo a soluciones rápidas para eludir este tipo de barreras y poder seguir adelante.

«Cuando contemplamos los índices de consumo de psicofármacos estamos poniendo el foco solamente en aquella parte de la población que puede acceder a los medicamentos. Pero ¿qué pasa con los pobres o con los indigentes?», se pregunta Levin

“Si realmente queremos comprender la situación e intentar resolver estas cuestiones, debemos observar el panorama completo. Cuando contemplamos los índices de consumo estamos poniendo el foco solamente en aquella parte de la población que puede acceder a los medicamentos. Pero ¿qué pasa con los pobres o con los indigentes? Observar solamente los indicadores le da al abordaje del tema un enfoque clasista. La salud mental es un término sanitario poblacional, relacionado a los niveles de bienestar o malestar, al poder adquisitivo de los salarios, si se llega a fin de mes o no, a los grados de marginación, a los niveles de desempleo, etcétera”, explica Levín.

En ese sentido, remarca que no se puede hablar de salud mental apropiadamente “si la aislamos de la situación socioeconómica de nuestro país. No puede haber salud mental sin equidad social”. Y añade: “Las crisis se traducen en un aumento de la demanda de psicofármacos porque generan un gran padecimiento psíquico para su población. Todo esto además hace que se entre en un círculo vicioso de sufrimiento colectivo en el que también aumentan otro tipo de episodios, como los infartos”.

Pero este problema no es un fenómeno que atraviese solamente a nuestra sociedad. Actualmente se observa a nivel global las consecuencias del padecimiento psíquico. El problema del sufrimiento mental excede cualquier frontera territorial. Sociedades de todo el mundo están padeciendo sus consecuencias. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para 2050 la depresión va a ser la principal causa de enfermedades. En este momento vemos cómo los indicadores de salud mental se deterioran cada vez más en el mundo entero. Aumentan la depresión y los suicidios, sobre todo en la franja etaria más joven.

La postura de los profesionales es sumamente crítica respecto a la cantidad de recursos destinados de las políticas de salud pública y a la importancia que la nueva gestión de gobierno, encabezada por Javier Milei, pretende otorgarles.

“El sistema de salud pública se encuentra en una emergencia crónica desde hace ya muchos años. Ninguna gestión consigue solucionar el problema de fondo. Hay que pulir las leyes actuales y mejorar drásticamente el sistema público, que además no llega a cubrir el aumento de la demanda, porque debido al deterioro económico y la caída del poder adquisitivo es cada vez mayor la cantidad de personas que recurren a él”, explica Abella.

La necesidad de establecer una línea de políticas públicas que ofrezca una respuesta efectiva al sufrimiento que atraviesa la población hace que diferentes asociaciones y organizaciones de nuestro país trabajen en conjunto para emitir un comunicado que manifieste la urgencia con la que el gobierno debe operar.

“Frente a esta delicada situación estamos organizándonos para presentar los reclamos e inquietudes a las autoridades correspondientes, pero lleva su tiempo. Estamos trabajando en conjunto con diferentes asociaciones para lograr un discurso unificado. Pero las expectativas de una respuesta acorde a la gravedad de la situación son muy bajas,” afirma Levín

“Cuando uno observa la postura de las autoridades de turno cuesta pensar en una respuesta acorde a la emergencia. Nuestra postura refleja una concepción del ser humano muy contraria a la lógica que hoy se busca imponer, es contraria al individualismo negativo que tanto daño le hace a las sociedades. Nosotros nos posicionamos en defensa de la salud pública, a favor de la misma oportunidad de acceso para todos y todas, porque la realidad se transforma con políticas públicas, y las políticas actuales dejan todas estas cuestiones en un segundo plano”, concluye.

¿Un país sin universidades?

¿Un país sin universidades?

Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.

El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.

En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.

Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.

“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.

Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.

Congelados

La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.

En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.

También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una situación económica crítica y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.

 

La paritaria docente: conflicto en puerta

Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).

Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.

En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.

Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.

La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.

 

En la costa no hubo veranito

En la costa no hubo veranito

Estas vacaciones hubo menos turistas en el Partido de la Costa. Y si bien la baja de personas no fue tan determinante, lo que disminuyó mucho es el tiempo de estadía y el gasto per cápita. La crisis y la falta de incentivo al sector fueron algunas de las causas.

El Partido de la Costa es uno de los destinos más elegido por los argentinos a la hora de vacacionar, sin embargo, en esta temporada de verano la inflación y la crisis económica no acompañaron. Solo durante la primera quincena de enero –la que históricamente es más fuerte- hubo un total de arribos de 675.508, un 3% menos en comparación a la primera quincena de enero del 2023, según la secretaria de Turismo, Desarrollo sostenible y Marketing de la municipalidad de La Costa.

Todos los años en la temporada de verano la ciudad costera se prepara arduamente para recibir a miles de turistas, el director de Turismo de la Municipalidad de la Costa, Gustavo Sosa, menciona en diálogo con ANCCOM que en esta ocasión la organización resultó “medio compleja porque hubo un cambio de gobierno”. Además, mencionó el trabajo en conjunto que realizan con otros sectores: “Es una labor mancomunado de todas las áreas, hoy en el Partido de la Costa viven cien mil personas y en una noche de enero hay quinientas mil durmiendo. Entonces tenemos todo un aparato vinculado a la seguridad, a la salud, al servicio público”.

Con relación a la temporada de verano del año pasado, Sosa menciona que este año “es diferente” con “un contexto de país que ha hecho que el verano sea realmente distinto, porque la previsibilidad de la gente hizo que comenzara un poco más tarde”. Teniendo en cuenta que las vacaciones inician los primeros días de diciembre, en el Partido de la Costa los turistas empezaron a llegar más tarde: “El mes de diciembre que era un buen mes para nosotros, hizo que cerrara bastante en baja. Las previsiones del clima y los aumentos hicieron que mucha gente tuviera que dejar sus reservas atrás”.

Durante enero, mes donde suele ingresar la mayor cantidad de turistas, Sosa recalca que “la segunda semana de enero empezó a repuntar y hemos tenido muchísima gente”, sin embargo hasta la actualidad el Partido de la Costa se encuentra con un 4.5% menos que el año pasado en cantidad de personas”. Si bien menciona que “de todas maneras fue un buen verano en cantidad de gente” la diferencia se marcó “en que la gente vino por menos tiempo del que venía y gastó mucho menos”.

Fernanda Vázquez, expresidente del Centro de Martilleros y Corredores Públicos del Partido La Costa y que cuenta con una inmobiliaria en la ciudad costera hace diez años, también mencionó, en diálogo con ANCCOM, su perspectiva respecto a la temporada de verano 2024: “Por la situación económica hay una notable diferencia con la temporada anterior, la gente viene con menos dinero”. Un departamento estándar a un par de cuadras del mar para una familia de cuatro personas, con todos los servicios incluidos, parte desde 160 mil pesos por una semana de estadía.

Si bien durante otras temporadas se acostumbraba a recibir alquileres por quincena, desde hace tiempo esta situación ya no sucede en la ciudad costera: “Es muy raro que una familia venga una quincena. Las que vienen por más de una semana, diez días, quince días, son las familias que vienen de un destino de la Argentina muy alejado y no puede hacerse escapadas por pocos días, como lo haría alguien que vive en el Gran Buenos Aires”. Respecto a las expectativas que tenía Vázquez en relación con esta temporada comenta que “fueron cumplidas, porque a nivel general no se esperaba una temporada que explote por la situación económica, que la gente no tiene mucho dinero”. Sin embrago recalca que “desde que inició la temporada hasta la fecha, entraron al Partido de la Costa más de dos millones y medio por turismo”.

Por otro lado, el sector hotelero fue uno de los más afectados, así lo mencionaba a inicio de la temporada Cecilia Vásques, administradora a cargo del hotel de cuatro estrellas South Beach: “Ha habido una baja importante, se ve como que las reservas pararon, tenemos gente pero no como la que esperábamos. Lamentablemente, esta temporada la venimos viendo bastante dura”. Según datos de la secretaria de Turismo, la ocupación promedio en hotelería hasta la actualidad es de un 63%, esto indica un 32% menos que el año 2023 que contaba con un promedio de ocupación del 95%.

“Nosotros estamos buscando herramientas para poder fortalecer las reservas, ponemos promos, vemos la manera de hacer descuentos a los clientes, implementamos otras cosas”, recalcó Vásques, además menciona que interactúa “con otros hoteles y todos tienen disponibilidad, son pocos los que no cuentan con disponibilidad”.

El programa de preventa turística PreViaje fue una iniciativa por parte del gobierno del expresidente Alberto Fernández que consistía en la devolución de hasta 50% del valor gastado en un viaje realizado dentro de Argentina, y si bien en su momento el plan dio sus frutos a los principales destinos turísticos, este año no fue implementado, en relación a esta situación el director de Turismo, Gustavo Sosa, menciona: “El PreViaje fue maravilloso para nosotros, como para todos los argentinos, pero fundamentalmente para los destinos turísticos ha sido una fuente de recursos genuina en baja temporada, en media temporada e inclusive en temporada alta”.

Además, Sosa comparó esta situación también con la no implementación de los Viajes de Fin de Curso proyecto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “Lo mismo va a pasar este año cuando no tengamos los viajes de fin de curso. Permitía que miles de chicos nos visiten dándole actividad a la hotelería, a la gastronomía, a la recreación, y sabemos que cuando cualquiera de estos segmentos se empieza a trabajar, trabaja todo, se moviliza la economía”.

Sosa menciona que “hay medidas que nos han dejado sin recursos por parte de la nación, la provincia está haciendo un gran esfuerzo, pero no hay una coparticipación nacional”. Además menciona que venían “de muchos años de crecimiento, sacando inclusive la pandemia, siempre venimos con una apertura muy grande y un crecimiento sostenido debido a todo lo que se venía trabajando, y este año obviamente bajamos”.