Abr 15, 2020 | Géneros, Novedades
En lo que va del año, el 62% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.
“A Cristina la maté porque empezamos a discutir porque yo no quería tener relaciones”, le confesó Abel Romero al fiscal de Lanús Jorge Grieco. Los cuerpos de Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7) fueron encontrados el 28 de marzo, enterrados en el patio de la casa en la que vivían en Monte Chingolo. “A la nena la maté porque se despertó y comenzó a gritar al ver a su madre tirada en el piso”, reveló Romero, aunque los peritos que realizaron la autopsia consideran que la niña fue apuñalada mientras dormía.
Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” registró 18 femicidios confirmados, lo que implica uno cada 32 horas. Susana (51), Lorena (32), Solange (2), Cristina (40), Ada (7), Florencia (39), Yoana (30), Romina (39), Alejandra (22), Estella (40), María (45), Anacarla (2 meses)… la lista sigue y no para.
“Hubo polémicas con los números, tiene que ver con cómo se consigna”, explicó a ANCCOM Laura Rothberg, integrante del Observatorio. “Nosotras hacemos el registro a nivel mensual porque se necesita un tiempo de análisis, sobre todo en temas como estos, que a veces parece que son femicidios y no lo son. Pero, entendiendo el contexto y lo que es para una mujer que sufre violencia de género estar encerrada con su agresor, decidimos sacar una cifra el 13 de abril, cuando se suponía que terminaba la cuarentena”. Y añadió: “Las cifras que nosotras tenemos son representativas, ya que hacemos un monitoreo minucioso de más de 160 medios gráficos y digitales de todo el país. Hay muchas variables y es muy difícil. Un registro único cruzaría distintos tipos de métodos y fuentes como las denuncias, los medios y las causas judiciales”, concluyó Rothberg. Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la propuesta de un registro único de femicidios a nivel nacional, aún no está operativo.
Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, hubo 86 femicidios. Frente al contexto de aislamiento social hay un dato que cobra especial relevancia: en lo que va del año, el 72% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al vínculo con el agresor, el 56% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. Los resultados no dan lugar a dudas: en los hogares está el mayor peligro para las mujeres y los femicidas son los hombres que alguna vez dijeron amarlas.
El 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.
Según las Naciones Unidas (ONU), al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto convierte a la violencia contra las mujeres y las niñas en una pandemia. Ahora, frente a la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, la ONU advierte que la tendencia indica que habrá un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un incremento de la violencia doméstica cuando los hogares están bajo tensión.
En nuestro país, han aumentado tanto los llamados a la línea 144 de violencia de género como las consultas por redes sociales. En la provincia de Buenos Aires, la línea 144 recibió un 56 por ciento más de llamadas desde que se inició la cuarentena, según informó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.
“Es algo que preveíamos por el contexto de aislamiento social obligatorio. Pero, por otro lado, hay una baja de las denuncias en los ámbitos que son presenciales justamente por las medidas de restricción de circulación”, explicó a ANCCOM la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. “Vivimos esta doble preocupación: cómo una consulta después puede traducirse efectivamente en una denuncia, y cómo hacer para que las medidas de protección, de ser necesarias, se lleguen a tomar- agregó Díaz-. Estamos trabajando en esa línea porque son parte de las nuevas problemáticas que aparecen en este contexto”.
¿La línea 144 se encuentra saturada?
No, se está trabajando mucho. El Ministerio de la Nación incorporó una línea de WhatsApp. Es una vía por la cual el mensaje de texto es otra opción y la verdad que es bueno porque a veces no se puede hacer una llamada, pero sí mandar un mensaje. Nosotras también incorporamos en la Provincia un WhatsApp y sumamos nuevas operadoras a la línea telefónica.
Una vez que la víctima se contacta con la línea 144 o a través de las redes sociales, ¿cómo es la articulación con la Justicia?
Normalmente se nos da un teléfono de contacto y se ve con la persona en qué momento puede hablar. Entonces, el equipo de seguimiento se pone a trabajar dependiendo del grado de urgencia que tenga el caso. Si es un caso extremadamente urgente se articula directamente con Seguridad, con el 911. En los casos en los que se puede hacer una denuncia, se le explicita por las vías en que puede hacerlo. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene una página por la que se puede hacer la denuncia y después ver qué disposiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, las medidas cautelares se prorrogaron por resolución de la Corte hasta que dure el aislamiento sin necesidad de ningún trámite. El tema es cómo se van a tomar medidas en los casos que se están denunciando ahora. Por eso, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, y con el procurador, Julio Conte Grand, para trabajar en esto. Estamos buscando algún tipo de aplicación simplificada con un formulario único y también hacer alguna campaña de comunicación común. Estamos aprendiendo todos.
Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual.
Entre las nuevas medidas destinadas a reforzar la atención a las personas en situación de violencia de género, el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron el primero de abril la campaña solidaria “barbijo rojo”.
“Una siempre tiene una farmacia más o menos cerca de su domicilio y, si no puede salir, puede ir un conocido o un familiar que sepa de la situación. Hay que ir a la farmacia y decir: ‘Quiero un barbijo rojo’. Al recibir el pedido, el personal farmacéutico activará el protocolo que es un secreto profesional para no poner en peligro a la víctima”, dijo a ANCCOM la pro-secretaria de COFA, Alicia Merlo. Y añadió: “Hemos sido elegidos por el Ministerio dado que COFA abarca 18 de las 24 provincias y, en las seis restantes, siempre tenemos farmacias amigas”. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la campaña se ha implementado “parcialmente en algunos municipios”, declaró la ministra Díaz.
También, se sumaron a la medida la Federación Nacional de Empleados de Farmacia (FENAEMFA) y la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). “Cuando tomé conocimiento de la campaña, a través de los medios, pensé que teníamos que sumarnos porque, en realidad, los que tienen contacto permanente con el que entra a la farmacia son nuestros afiliados”, expresó a ANCCOM el Secretario General de FENAEMFA, Víctor Carricarte.
Otra de las disposiciones fue la Resolución 15/2020, que aclara que las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género pueden salir de sus domicilios, solas o con sus hijos e hijas, si necesitan protección, realizar denuncias o pedir ayuda.
Estas nuevas medidas son fundamentales para responder ante la emergencia, pero para evitar nuevas víctimas es necesario desarrollar un proyecto a largo plazo. Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos se trata de “repensarlo todo. Hay que tener institutos en los barrios que exclusivamente se dediquen a una sistemática acción de prevención y generen debate de las violencias, instruir más a las mujeres e implementar un tratamiento de los violentos. Son cuestiones que hay que encararlas en una circunstancia de base, que es modificar completamente la pauta vincular y curricular en el sistema educativo.” Y agregó: “Por un lado, estamos fatigándonos por los espantosos números que arroja la violencia y los femicidios, pero por el otro, estamos postergando muchísimo la reforma curricular, la readaptación de las mentalidades de la docencia en nuestro país. Mientras tengamos un fortalecimiento del patriarcado con índoles categoriales en el sistema educativo existirán experiencias vehiculizadoras de violencia. Si tenés tareas de niños y tareas de niñas; qué hacen las mamás y qué hacen los papás exclusivamente, ¡estamos en el horno! Ahí hay una autorización patriarcal porque alguien tiene mejor disposición que otros. Henos aquí en el cuadro del círculo vicioso de la violencia patriarcal. Hay que cortar eso desde abajo.”
Con respecto a los cambios que puede generar el coronavirus en nuestra sociedad, Barrancos comentó a ANCCOM: “Ahora vemos cómo está en riesgo la vida humana, cuando volvamos a la normalidad se verá que hay otros males evitables y, sin embargo, siguen matando a las mujeres. No estoy muy entusiasmada sobre la modificación completa que se pueda realizar. No es tan fácil el bien social, no es tan fácil inhibir las formas brutales capitalistas. Pero, vamos a apostar de todos modos.” Y reparó en una situación paradójica que produce el confinamiento: “Como todo el mundo está en su casa, han disminuido los ruidos habituales, hay mucha audición. Por ejemplo, yo estoy en un barrio en el que puedo escuchar ruidos, voces, alaridos. Y antes, eso en el ruido general no se percibía. En ese punto podemos llegar a intervenir como vecinas y vecinos.”
El desafío está en cómo erradicar la violencia que, según la ONU, provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. Hoy, incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al COVID- 19 resulta más urgente que nunca para evitar que el “quedate en casa” se convierta en una trampa mortal.
Por situaciones de violencia de género llamá al 144. Podés escribir por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048. O mandar un mail a: linea144@mingeneros.gob.ar. Si la situación es de emergencia, comunicate al 911.
Feb 25, 2020 | DDHH
El 24 de febrero de 2019 el policía Arshak Karhanyan, de 27 años, salió de su casa sólo con su billetera y su arma reglamentaria, aunque estaba de franco. Su mamá, Vardush Davtyan, lo esperaba para cenar su comida armenia favorita y tenía que estudiar para rendir finales, pero nunca regresó. Este lunes se cumplió un año de la desaparición y la Justicia todavía no puede decir qué pasó.
La causa aún está en el proceso inicial de investigación, en la delimitación de si hay o no un delito, aunque para el juez Alberto Julio Baños no lo hay.
Para el abogado de la familia, Juan Kassargian, es difícil responder en qué se avanzó en este último año: “La fiscalía reunió un montón de pruebas, pero a los efectos de resultados ninguno. Por el lado de la querella avanzamos en el relevamiento de aquellas pruebas que resultaron de la investigación de la policía de la Ciudad y fuimos encontrando muchas inconsistencias. Al momento de elegir líneas de investigación, por un lado, llegábamos a un callejón sin salida, por otro lado, volvíamos a encontrar otro callejón sin salida… hay bastante negligencia en la prueba, tantos callejones cerrados, ya empieza a oler que no son meros errores, ya empieza a sonar a algo más que negligencias”.
En diálogo con ANCCOM, la diputada de la Ciudad por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, explicó: “El principio de la causa fue muy complejo, porque no le permitían a la familia ser querellante. Ahí nosotros presentamos un habeas corpus que permitió activar un poco la causa que estaba paralizada. Hasta que por fin, el juez, aceptó después de haber rechazado el pedido dos veces. Ahora lo que va a pedir la familia es que se modifique la carátula y sea desaparición forzada de persona. Nosotros ya agotamos las posibilidades administrativas y políticas, hicimos pedidos de informes, notas al ejecutivo, reuniones, el habeas corpus y una conferencia de prensa”. Y recalcó: “Nos llama muchísimo la atención que en este año haya tanto silencio alrededor de la desaparición. Y después hay situaciones que tienen que ver ya con una definición política de la Policía de la Ciudad o del ministro de Seguridad de la Ciudad de no acompañar con más fuerza este proceso de investigación”. Arshak, de origen armenio, llegó a la Argentina con su mamá y su hermano en 1997. Se formó en el Liceo Militar General San Martín y egresó en 2014 de la policía de la Ciudad. En un primer momento, trabajó en la División de Cibercrimen y fue perito en la primera etapa de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. En 2016, pasó a la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad, donde permaneció hasta principios del 2019, cuando fue trasladado a la Comisaría Vecinal 7B, de Caballito. Además, estaba estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El día de su desaparición, Arshak fue captado por las cámaras de seguridad del edificio donde vivía en Caballito charlando en la vereda con el oficial primero Leonel Alejandro Herba, su ex compañero en la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad. Luego de haber hablado por casi una hora, Arshak subió a su departamento y bajó unos minutos después para ir al cajero del Banco Ciudad ubicado en la estación “Primera Junta” de la línea “A” de subterráneos, donde hizo una extracción de dos mil pesos. Finalmente, las cámaras lo tomaron en el local Easy de la avenida Rivadavia comprando una pala de punta, que abonó en efectivo, y se lo vio salir caminando por Rivadavia hacia Flores.
Hasta ahí llego el registro fílmico. Para la Diputada Montenegro, esta situación es como mínimo sospechosa: “El primer pedido de cámaras es del sábado y el lunes, no del domingo, el día que desaparece Arshak, ahí se pierde tiempo. Los días que eran importantísimos se perdieron”.
Otro hecho llamativo del proceso de investigación es que los peritos de la Policía de la Ciudad hayan borrado datos del celular personal de Arshak al intentar desbloquearlo. Sólo se pudo acceder a la información que data de un mes antes de la desaparición.
“Algo pasó que motivó que Arshak dejara de estudiar el domingo al mediodía estando de franco, lo haya visitado otro policía y haya salido a comprar una pala de punta… estamos hablando de alguien que vive en un departamento de dos ambientes en plena Capital Federal y no tiene ni una maceta en la casa”, contó a Anccom un amigo de Arshak del Liceo Militar General San Martín, donde hicieron juntos el secundario. Y agregó: “El primer reclamo es para la Justicia, ¿cómo puede ser que después de un año no nos puedan dar una respuesta más que ‘se lo tragó la tierra’? Estamos hablando de un ciudadano que es dependiente del estado… ¡Un policía! Además hay un hermetismo completo. Estamos hablando de la policía investigando a la policía”.
Debido a la falta de respuestas, familiares y amigos decidieron crear una comisión por la aparición de Arshak con el objetivo de nuclear a toda la gente interesada y contribuir a la difusión del caso por redes sociales.
A partir de ahora, la querella avanzará en la cuestión procesal de terminar de reunir la prueba para poder exponer su hipótesis principal. “Hace seis meses no hubiéramos tenido elementos para sostener una hipótesis, hoy creemos que tenemos elementos para decir aproximadamente ante qué situación estamos. Todavía necesitamos verificar dos o tres cosas más”, explicó a esta agencia, Kassargian.
Ya pasó un año sin respuestas pero se mantiene la misma pregunta: ¿Dónde está Arshak?
Dic 4, 2019 | DDHH, Novedades
Una guardia policial en la puerta de la Embajada impide el acceso a cualquier boliviano.
“Vamos a cuestionar el cordón policial que hay afuera de la Embajada. Nosotros necesitamos que ustedes puedan ingresar ya que es un derecho de todos los bolivianos”, dice Vladimir, uno de los seis huelguistas de hambre, en el video que se difundió en redes sociales y muestra cuál es la situación en el interior de la sede diplomática de Bolivia en Buenos Aires. “Estamos encerrados”, continua Vladimir mientras gira la cámara del celular y enfoca la cerradura de la puerta. Sus compañeros la intentan abrir pero es imposible.
El conflicto comenzó cuando el lunes pasado se presentaron en la Embajada representantes de la Cancillería de Bolivia del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Entre ellos Julio Alvarado, quien fue nombrado Ministro Consejero, y Guido González Paz, nombrado Cónsul Adjunto. Frente a la instalación de estos representantes de facto, que no cuentan con las acreditaciones necesarias que marca la normativa, se presentaron en la Embajada integrantes de la comunidad boliviana que cuestionaron la presencia de golpistas en su territorio soberano. Hubo varias reuniones hasta que finalmente seis bolivianos residentes en Argentina decidieron quedarse dentro del edificio realizando una huelga de hambre. A partir de ese momento, se montó un cordón policial en la puerta que impide el acceso a cualquier boliviano.
Este martes, los huelguistas cumplieron sus primeras 24 horas apostados dentro de la Embajada ubicada en la avenida Corrientes al 545. En la vereda hay una vigilia pacífica de organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita y La Dignidad. Tienen prohibido el ingreso al edificio por cuatro policías de la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso no les impide cantar ,“Evo no está solo carajo” ni colocar en la fachada del edificio la wiphala, ni pegar carteles con consignas como “el pueblo originario muere de hambre, no a la dictadura”.
“No somos de bajar los brazos rápido. Necesitamos ver hoy sí o sí a esta gente, sino radicaremos una denuncia por retención indebida de personas. Acá en la Argentina hay un Estado de facto: la Embajada de Bolivia. Se trasladó el golpe acá”, explicaba a primera hora de la tarde Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH-La Matanza).
“Los maltratan. No los dejan ingresar al baño. Tampoco a nosotros nos dejan entrar a ver, ni acercarnos. Ese es el miedo que tenemos. No sabemos en qué va a terminar. Ahora no tenemos novedades. Llamamos y no contestan. Sabemos que allá en Bolivia les quitan los celulares para dejarlos incomunicados. Estamos viviendo lo mismo de allá acá”, contó a ANCCOM María Blanco, integrante de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa.
Seis bolivianos se declararon en huelga de hambre dentro de la Embajada y afuera un grupo de manifestantes demuestra su solidaridad con ellos y con Evo Morales.
Además de representantes de las organizaciones sociales, la vigilia está integrada por bolivianos autoconvocados, como el caso de una periodista que no puede regresar a su país: “Salieron mis fotos en todas las redes sociales bolivianas buscándome por terrorismo y sedición. Me acusaron de haber quemado casas, por eso me vine a la Argentina. Allá hay un notorio silenciamiento de los medios de comunicación”.
Recién a las 17, se les permitió el ingreso a Pablo Pimentel y Fernanda Pereyra, abogada y militante de Quebracho, para tener una reunión con los funcionarios y poder ver a los huelguistas.
“Estamos pidiendo que salgan. Ahora si se resisten también vamos a respetar su decisión. Pero les pedimos que salgan ahora sanos y salvos con los abogados. No sabemos en el camino qué les puede pasar cuando no hay nadie que los acompañe. Porque confianza en la policía no tenemos”, explicó Maribel Guayguasi, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa.
La reunión se extendió más de lo esperado. Innumerables llamadas y mensajes de WhatsApp entre el adentro y el afuera no bastaban para ponerse de acuerdo. Con el paso de las horas las mujeres que sostenían la bandera boliviana se fueron sentando en el único banco de la vereda. Después les siguieron algunos hombres sentándose en el cordón. La mayoría estaba ahí desde las 8 de la mañana y el cansancio se notaba en las caras.
“Evo no está solo carajo”, gritaban afuera del edificio los manifestantes.
Finalmente, pasadas las 21, salieron Pablo Pimentel, Fernanda Pereyra y tres de los huelguistas, dos hombres y una mujer, quien entre lágrimas declaró: “No es grato para nosotros como bolivianos no tener confianza en nuestro país. Hay tantas mentiras infundadas… luchamos por nuestros derechos. Tenemos miedo y eso es lo que más me duele. Pero hermanos, nosotros aquí en la Argentina estamos en un país guerrero, de lucha. Agradezco a los que la pelearon por entrar y ver cómo estamos adentro.”
Como resultado de la reunión se labró un acta en la que los huelguistas obtuvieron garantías de seguridad y reafirmaron la decisión de no aceptar a personas que no estén acreditadas legalmente por la cancillería. Por su parte, Pimentel se comprometió a realizar una presentación judicial.
“No naturalicemos lo que está pasando en la región y digamos un fuerte ‘nunca más’ a ningún golpe de Estado en ninguna parte del mundo y menos a la Patria Grande. Luchemos para que haya una verdadera democracia”, concluyó Pimentel.
Por el momento, en Argentina también sigue la resistencia.
Nov 13, 2019 | Novedades, Trabajo
El conflicto docente en Chubut lleva más de cien días.
Después de cuatro meses de paro, el conflicto docente en Chubut podría empezar a destrabarse. El lunes, pasadas las 18 de la tarde, se reunieron en Rawson parte del Ejecutivo Provincial y los gremios docentes. Se labró un acta en donde el Gobierno provincial se compromete a “la devolución de los descuento efectuados (con relación a los salarios percibidos y no percibidos de acuerdo al pago escalonado), reliquidándose los salarios a la fecha de pago de acuerdo al rango original”.
En el mismo documento también se estipuló que “aquellos alumnos que sufrieron pérdida de contenidos por el conflicto suscitado, recuperarán los mismos durante el primer semestre del ciclo lectivo 2020 a través de los Talleres de Apoyo Escolar desarrollados en horario extraescolar (TAEs)”.
Con respecto al Plan de Reparación y Mantenimiento de Escuelas, el Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, se comprometió a enviar el avance del plan vía correo electrónico a las entidades gremiales. Por último, el Gobierno reiteró que cumplirá con todo lo acordado en las paritarias salariales y, los sindicatos, exigieron la no aplicación de sanciones disciplinarias y la no criminalización de la protesta.
En diálogo con ANCCOM, Daniel Rosales, delegado de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) en la Regional Oeste expresó: “Ya tuvimos otras propuestas en las que reconocían la deuda pero no sabían cómo la iban a pagar. Veremos si los compañeros aceptan esta propuesta o no. Las últimas fueron rechazadas. El conflicto se destraba si ellos plantean un plan de pago. Este Gobierno ha propuesto muchas cosas pero nunca ha hecho nada para cumplir su palabra”. Y advirtió: “El Gobierno argumenta que no tienen recursos, que Nación les toma mucho de la coparticipación… Hay una presión para que se instalen determinados procesos productivos en la provincia que hasta ahora han sido motivo de lucha para los chubutenses, como la minería”.
El conflicto comenzó hace más de cien días cuando el Gobierno provincial dispuso el pago escalonado de sueldos. Luego, se agudizó ante el no reconocimiento de las paritarias firmadas en febrero. Desde el Ejecutivo, justificaron la medida argumentando que Nación les daba la coparticipación en cuotas. Sin embargo, Nación declaró que se entregaron casi 1.300 millones de pesos en adelantos aunque el gobernador Mariano Arcioni desmiente haber recibido dicha suma.
El momento más trágico de esta lucha se vivió el 18 de septiembre cuando dos docentes, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, murieron en un accidente de tránsito al regresar de Rawson a Comodoro Rivadavia tras una marcha en reclamo de los salarios adeudados. A raíz de este hecho, la Confederación de los Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro de 24 horas en todo el país. Un día antes, Arcioni había presentado un proyecto de ley para aumentarse un 100% el salario a pesar de la gran crisis que atraviesa la provincia.
El último paro nacional fue el viernes último, con su punto más álgido con la detención del Secretario General de ATECH, Santiago Goodman, en el marco de una represión policial mientras participaba de las protestas en Casa de Gobierno en contra de los descuentos masivos que se aplicaron tanto a los docentes que hicieron paro como a los que no. “Los descuentos son ilegales, de hecho el viernes lo entendió así el Poder Judicial, dando lugar a un amparo que fue presentado por el sindicato. Hay que devolverle los días de paro a los trabajadores que fueron cargados irregularmente, por ejemplo, hay compañeras que están con licencia de maternidad”, remarcó Rosales.
Goodman fue liberado horas después, ya que el juez Sergio Piñeda no encontró fundamentos para sostener la detención. Como resultado de los incidentes producidos renunció el ministro de Educación Paulo Cassutti y fue reemplazado por Andrés Meiszner, quien se convirtió en el cuarto ministro de Educación en lo que va del año.
Los maestros Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, murieron el 18 de septiembre en un accidente de tránsito al regresar a Comodoro Rivadavia tras una marcha en reclamo de los salarios adeudados.
En esta extensa lucha, los docentes cuentan con el apoyo de muchos estudiantes. Así, se constituyó en Esquel la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) que ocupó pacíficamente el edificio de la Supervisión Seccional de Escuelas Región III durante 52 días. “Surgió de un momento para el otro -explicó a ANCCOM Marco Nahuelanca, integrante de APEA-. Hacía tres meses que teníamos cortado el TEG (Transporte Estudiantil Gratuito) y ahí nació la idea de ocupar el edificio de Supervisión. Entonces, se formó APEA y ahí varios como yo empezamos a militar por los derechos de los estudiantes”.
Ahora, para saber si se destrabará el conflicto resta esperar el resultado de las asambleas. En principio, el paro está declarado hasta el sábado. Carlos Magno dirigente de ATECH Sur (Comodoro Rivadavia) contó a ANCCOM cuál es la situación: “Se está analizando en las escuelas lo que el Gobierno ofreció. Hay una diversidad de posturas al respecto. Incide lo prolongado que es este proceso de lucha y la merma, en algunos casos, de la fuerza en cuanto a la adhesión a la medida. También, está la insatisfacción en relación a lo que el Gobierno plantea, porque de ninguna manera repara el incumplimiento de la ley que al día de hoy se sigue implementando. Por ejemplo, en cuanto al pago escalonado no hay ninguna modificación que plantee tan siquiera una fecha estimada de normalización del pago de los sueldos. Está todo en promesas, nada más”.
Por el momento, en Chubut hay más incertidumbre que certezas.
Sep 11, 2019 | DDHH, Novedades
«Hay que seguir insistiendo», dice Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
“La investigación no se encuentra agotada”, indicó el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que reabrió la causa el viernes pasado. A 23 meses del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, el Poder Judicial aún no sabe qué sucedió.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago y querellante en la causa, contó a ANCCOM cuál fue su reacción al conocer la sentencia: “Fue una noticia positiva. Pero después, leyendo el fallo, fue una victoria a medias. Hay que seguir insistiendo y pidiendo que haya un grupo de expertos independientes que pueda garantizar la investigación.”
El fallo de los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez tuvo lugar siete meses después del pedido de apelación por las querellas de la familia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El recurso de apelación fue presentado contra el fallo del juez Gustavo Lleral que, en noviembre de 2018, cerró la investigación eximiendo de responsabilidad al gendarme Emmanuel Echazú tras la represión que llevó a cabo la fuerza seguridad el 1º de agosto de 2017 en un corte en la ruta 40, a la altura de la estancia Leleque, en el que un grupo de mapuches identificados con el lonko Facundo Jones Huala reclamaban por su liberación.
“Todas las veces que se movió la causa fue ante el plano electoral o por alguna instancia internacional», advierte Sergio.
Para Sergio Maldonado, la reapertura del caso el viernes pasado, en coincidencia con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no fue casual: “Todas las veces que se movió la causa fue ante el plano electoral o ante alguna instancia internacional. También, quiero destacar el acompañamiento de la gente que no deja que esto quede impune. Es otro paso más gracias al apoyo popular.”
Para la familia Maldonado el fallo es muy contradictorio, ya que al mismo tiempo que desestima la desaparición forzada, sostiene la necesidad de profundizar la investigación de otras hipótesis delictivas. “No podés descartar la desaparición forzada si no hiciste la investigación”, remarcó Sergio.
La Cámara advierte la existencia de cuatro puntos en el informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación: la data de la muerte; la presencia de polen adherido en las ropas; el informe sobre la identificación de algas que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión; y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.
“No podés descartar la desaparición forzada si no hiciste la investigación”, remarcó Sergio.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también celebró el fallo. En su cuenta de Twitter aseguró que “ahora se investigará el abandono de persona: los últimos que los vieron con vida fueron sus compañeros. La verdad es incontrastable”. Sin embargo, en el texto de la sentencia nunca se menciona la carátula de abandono de persona, sino que se habla de la necesidad de valoración de “algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”. A su vez, los camaristas afirmaron que “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”.
En diálogo con ANCCOM, Sergio Maldonado se refirió a los dichos de Bullrich acusándola de querer instalar un abandono de persona por parte de los mapuches. “En realidad, lo mapuches estaban en las mismas condiciones que Santiago, estaban escapando de una represión ilegal. Un civil o alguien que está escapando no puede hacerse cargo de algo que debe hacerse cargo el Estado”.
La reapertura de la causa aún no trae certezas. Después de 25 meses de aquel primero de agosto de 2017, en el que desapareció Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, no hay culpables ni responsables condenados.
