El Primer Festival de Ópera Villera se inauguró este sábado y se extenderá hasta el 28 de noviembre con participantes de los Barrios Ricciardelli, Zavaleta y Fátima.
Con fuerte protagonismo de las juventudes y lo popular, se lleva adelante el Primer Festival de Ópera Villera, una iniciativa que busca demostrar que la ópera “no pertenece a una élite” con la presentación de tres micro-óperas íntegramente compuestas por estudiantes de los barrios populares porteños Ricciardelli, Fátima y Zavaleta, bajo la coordinación de la Asociación Civil Centro Artístico Solidario Argentino (CASA).
Si bien a lo largo de su historia la ópera fue apropiada, de una u otra manera, por los sectores populares de cada región, aún persiste en el imaginario común la idea de que este género musical es un arte reservado para miembros de élite que disponen de ciertos conocimientos académicos exclusivos.
En ese escenario, el Festival de Ópera Villera, que inició el sábado 20 de noviembre y se extenderá hasta el próximo domingo 28, es una muestra del potencial creativo y artístico de los barrios populares del país y todo lo que pueden aportar a este género musical que, al igual que todos los demás, debiera ser accesible para cualquier persona que desee aprender.
Mailén Ubiedo Myskow, coordinadora del festival, aseguró que lo que buscan es “pensar la ópera desde el barrio y a su vez pensar al barrio no como espectador sino como hacedor, que tiene algo para decir y que puede crear nuevos contenidos culturales”.
De allí el nombre del evento, en el que el adjetivo “villero” es reivindicado y utilizado para hablar “de la identidad” de los territorios y como una forma de mostrar que “la ópera no pertenece sólo a un grupo élite, sino que es un género que podemos apropiar, aggiornar y disfrutar”.
El evento se realizará en los barrios Padre Ricciardelli (Bajo Flores), Fátima (Villa Soldati) y 21-24, Zavaleta (Barracas) con estudiantes de entre 13 y 19 años de la Asociación Civil CASA, que desde hace una década brinda clases de música y otras artes en estos barrios, con el objetivo de “acercar la posibilidad cultural de la enseñanza artística de forma gratuita a niños y adolescentes, sin que haya una traba económica de por medio”.
La idea de componer una ópera con los estudiantes del CASA surgió de los mismos docentes, muchos de los cuales se dedican a este género musical y son miembros de la compañía independiente Contemporánea Lírica, que co-produjo este evento.
Las óperas buscan interpelar con temáticas sociales actuales elegidas por los jóvenes, como la conquista de los derechos de las mujeres, la trata, el grooming y el uso contaminante del plástico.
Durante el festival, se presentarán tres micro-óperas compuestas por alumnos, que invitan al público “a un breve pero intenso viaje en el tiempo: el pasado, nuestro presente y un futuro incierto” y que buscan interpelar con temáticas sociales actuales elegidas por los jóvenes, como son la conquista de los derechos de las mujeres, la trata, el grooming y el uso contaminante del plástico.
Las obras tienen una duración aproximada de 20 minutos y se podrán ver en el auditorio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el martes 23 a partir de las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita.
Respecto de las óperas que se presentarán, la profesora destacó que éstas fueron “íntegramente creadas por los estudiantes” en talleres que realizaron este año, en los que se abordaron cada una de las disciplinas que componen una ópera -dramaturgia, actuación, composición, vestimenta y caracterización, entre otras-, para luego fusionarlas en un gran taller de ensamble. Este desarrollo contó a su vez con el apoyo de la reconocida organización Juventus Lyrica.
Además, la asociación presente en los barrios se encargó -al igual que durante estos 10 años de clases- de gestionar el acceso a los instrumentos y otros insumos necesarios para garantizar una participación equitativa e inclusiva.
“Es una experiencia completamente alucinante y una oportunidad para todos los chicos de los barrios que a lo mejor no tienen mucha conexión con la música lírica y clásica”, expresó Geraldine Lara, una de las compositoras de las obras que se estrenarán durante el festival.
Lara tiene 19 años y hace ocho que participa de las clases de música del CASA en el Barrio Ricciardelli. Aunque nunca se imaginó componer una micro-ópera, la joven artista aseguró que, motivada por su profesora Mailén, sueña con dedicarse al arte y “llegar algún día al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón”.
“Este festival nos da una oportunidad para demostrar que se puede hacer ópera desde los barrios, que no es un género de una clase social, sino que es universal y todos podemos disfrutar de ella”, expresó en las vísperas del ansiado estreno.
Por su parte, Shirley López y Mariel Reyna, quienes participaron del taller de dramaturgia durante el proceso de trabajo previo al festival, consideraron al evento como una “gran oportunidad para ver el talento de los chicos”.
“Las óperas siempre me parecieron muy interesantes y la forma con la que intentan transmitir sus emociones me parece fascinante”, contó López, para quien ser parte de una ópera “siempre fue un sueño”, aunque “no lo veía posible hasta ahora”.
En este sentido, la joven destacó la importancia de que “no se niegue la oportunidad de participar en las óperas o de ir a verlas ya que es algo mágico y que te enamora al instante”.
Al igual que Lara y López, Mariel Reyna también desea tener un futuro ligado a lo artístico a partir de su participación en las clases de música y en la ópera, que aseguró la ayudó a animarse a “hacer cosas que antes no podría haber hecho”: “Antes de entrar al taller tenía miedo de hacer las cosas mal y que los demás me dijeran algo pero aprendí que si me equivoco no pasa nada porque estoy ahí para aprender”, aseguró la joven acerca de las clases de música del CASA, cuyos docentes también se encargan de acompañar diversos aspectos de la vida y de la trayectoria de los jóvenes, considerando las problemáticas socioeconómicas que los puedan atravesar.
En el cronograma del festival están programados también conversatorios a cargo de la Universidad Nacional del Arte (UNA) y la agrupación de Cantantes Líricos Autoconvocados de la República Argentina (CLARA); clases magistrales abiertas de referentes de la música nacional y actividades de formación de audiencia para niños de primaria.
Además, los alumnos del CASA, de la Escuela de Música Caacupé y de la UNA se reunirán en “Relatos lírico-populares”, una propuesta que ensambla la ópera y la música popular. También hará su presentación la Ópera Queer, un dúo lírico diverso, en el marco de la Educación Sexual Integral.
El festival concluirá “a toda máquina” con una gran gala lírica de cierre, dando fin a una semana “de mucha oferta cultural”, en la que se pretende visibilizar que “la ópera puede ser para todos” si se trabaja para garantizar el acceso al arte y fomentar el gran potencial artístico de las juventudes en los barrios, que mucho tienen por transmitir a través de este género musical.
Este jueves la Cámara Tercera en lo Criminal -del Poder Judicial de la provincia de Chaco- integrada por los jueces Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, condenó a la imputada Noemí Alvarado, de 80 años, como autora penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 12 años de edad, a siete años de prisión domiciliaria, marcando un precedente histórico en la jurisprudencia local y regional.
María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes del caso judicial de abuso sexual en la infancia más antiguo del país. Y son las denunciantes de aquellos abusos perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.
Con profunda emoción, tras seguir la lectura de la sentencia de manera virtual desde Buenos Aires, María Belén manifestó tres simples, aunque potentes, palabras: “Al fin justicia”.
“Espero que este fallo sea reparador para todas las personas que todavía no han podido denunciar y que sea, sobre todo, un fallo que ponga a la Justicia a cuidarnos, a cuidar a las infancias, a respetar los tiempos de los y las sobrevivientes”, expresó en diálogo con ANCCOM.
Por su parte, Nahir Badur, una de las abogadas de las víctimas, aseguró que “es un día muy emocionante, porque realmente fue una lucha de muchos años y un silencio aún más largo el que tuvieron que atravesar para hoy poder decir ‘al fin justicia’ y dar un mensaje claro a la sociedad de que estos delitos no pueden pasar más ni quedar impunes”.
En el fallo recientemente dado a conocer, los jueces declararon inadmisible el pedido de prescripción formulado por la defensa de la imputada. Esto marca un antecedente histórico en cuanto a la aplicación de la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Dicha normativa, que fue sancionada en 2015, establece que la prescripción de los casos se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos.
La sanción de la ley dio pie a las víctimas a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores, la cual culminó -más de cinco años después- en la condena a Noemí Alvarado a prisión domiciliaria, a partir de hoy.
En este sentido, María Belén agregó: “Queremos que este fallo sea ejemplificador, que marque un futuro donde haya lugar para nuestras voces, con el cuidado y la ternura necesaria para afrontar este proceso y nuestras historias”.
Los magistrados también rechazaron el pedido de nulidad de las pericias realizado por los abogados de Alvarado, decisión que resulta especialmente significativa para los casos de abusos sexuales en la infancia, ya que a diferencia de otros delitos, las pericias son en la mayoría de los casos en la psiquis de las víctimas y no así la existencia lesiones físicas.
El fallo, con las consideraciones mencionadas, “marcó un antes y un después en la justicia chaqueña y nacional”, aseguró la abogada, quien acompañó a María Belén y Rosalía durante los últimos años del proceso judicial.
La decisión judicial tomada por el magistrado chaqueño supone un precedente fundamental en cuanto a los juicios por abusos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y representa un triunfo en la lucha de sobrevivientes por desterrar del silencio y la impunidad a este delito.
María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes de la causa judicial más antigua de abuso sexual infantil que se investiga en la Argentina, y cuya resolución podría marcar un antecedente histórico en cuanto a este delito, dado que se aplicaría la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Los abusos denunciados fueron perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.
Hoy Rosalía tiene 47 años, dos hijos y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, asistiendo a víctimas de violencias. Belén tiene 39 años, es profesora de Lengua y Literatura, militante por la Educación Sexual Integral (ESI) y cantante de Che-Lelé, una banda musical para las infancias. Ambas son referentes de Al Fin Justicia, una organización no gubernamental en la que asesoran y acompañan a familiares y sobrevivientes de abusos en la infancia.
“Si bien el proceso hasta llegar acá fue un tsunami y nos movilizó muchísimo, somos privilegiadas por poder acceder a esta instancia en la justicia”, aseguró Belén en diálogo con ANCCOM y agregó que este juicio “marcará un precedente muy importante en una provincia que tiene una cantidad enorme de casos y una pobreza extrema, lo cual limita mucho el acceso a la justicia”.
Por su parte, Rosalía expresó que el abuso en la infancia es “un delito del patriarcado y del silencio, que se encubre y está completamente naturalizado” y añadió que es necesario que todos los agentes de justicia “tengan perspectiva, que nos escuchen y estudien cuáles son las características particulares de este delito porque si no nunca van a condenar a nadie: por incomprensión. La justicia debe dejar de revictimizarnos y debe ser realmente reparadora”.
“Si bien el proceso fue un tsunami, somos privilegiadas por poder acceder a la justicia”, aseguró Belén Duet.
Un delito invisibilizado por la impunidad
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos contra la integridad en la infancia. A diferencia de maltratos físicos, en los que existe la posibilidad de ver las lesiones, detectar que un niño fue o está siendo víctima de abusos contra su integridad depende de escucharlo con atención para dar cuenta de esto, ya que su descripción es generalmente lo más importante y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso arremetido en su contra.
En este sentido, Rosalía manifestó que “una prueba fundamental es el perito psiquiátrico, porque los traumas quedan en nuestras psiquis y los arrastramos para toda la vida. Nosotras somos la prueba de lo que aconteció”.
La gran mayoría de los casos de abusos no son detectados ni denunciados. Según el ex magistrado Carlos Rozanski, sólo se llega a denunciar el 10% de los abusos infantiles que ocurren en Argentina y, de mil abusos, 999 quedan impunes. No en vano es considerado ampliamente como “el delito más impune de la Tierra”.
Según datos oficiales, por un lado, en Argentina el 63% de los casos se producen en el ámbito familiar de los niños, lo cual supone un primer obstáculo para la detección de lo que ocurre. Por otro lado, “muchas veces se trata de personas de la escena pública, como nuestro caso, en los que por más que las pruebas sean contundentes, se mira para otro lado”, explicó Belén.
Los niños y niñas que sufrieron abusos contra su integridad en la infancia llegan a demorar años en poder entender y contar lo que ocurrió ya que suelen experimentar un trauma peculiar en el que se entremezcla el miedo, la culpa y la vergüenza, y que incluso se potencia con el tiempo, cuando la consciencia es mayor.
“Yo sabía que no lo podía contar, sentía que lo tenía que cargar sola porque en algún punto pensaba que era mi culpa”, narró Rosalía, quien sólo pudo contárselo a su pareja, ya siendo una adulta. Recién en 2013, en el velorio de su padre, Rosalía colapsó al ver llegar a la hermana de su padre, Noemí Alvarado, y su marido -ambos denunciados por los abusos- y terminó contando todo lo acontecido a sus familiares, incluida su madre, que no lo supo hasta entonces. A partir de ahí, inició una incansable búsqueda de justicia, motivada por el deseo de que “esto no le pase a nadie más, porque es un horror”.
“La ESI no evita los abusos, ya que las niñeces no tienen herramientas reales para defenderse» dice Duet.
Belén, por su parte, había hablado desde muy chica, cuando su madre lo advirtió después de una serie de situaciones que le llamaron la atención, entre ellas una advertencia que le hizo llegar una maestra de la niña. Actualmente, Belén es docente y militante de la ESI, a la cual destacó como instrumento educador y visibilizante, «preventivo en tanto alerta». Sin embargo, aclaró que “la ESI no detiene la vulnerabilidad de un niño frente al poder del adulto, y tampoco reemplaza a la justicia, ya que ésta es la que impone la ley”.
Recién en 2013, cuando ambas se encontraron en la misma situación, Belén viajó a Chaco para reunirse con Rosalía. “Nuestro encuentro fue muy importante porque le dio un marco de verdad. Una de las culpas más fuertes que se siente es la de la imaginación, porque incluso cuando ya está la certeza de que las cosas sucedieron, aún así sentimos culpa y nos preguntamos la validez de nuestros recuerdos”, expresó Belén.
Una vez roto el silencio pudieron denunciar su padecimiento, pero se encontraron con la prescripción del delito. Esto cambió en 2015, con la reforma de la ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, que establece que la prescripción se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos. La normativa dio pie a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores.
“Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”, señala Duet.
Un caso histórico
El juicio de Belén y Rosalía comenzó en Chaco el 31 de mayo pasado y esta semana se desarrollarán nuevas audiencias, con más testimonios. Con respecto al proceso, relataron que si bien haber llegado a un juicio es superador, también revive “un montón de dolores y el sentimiento de culpa, ya que muchas veces quieren saber cosas muy puntillosas, sin considerar que son momentos que se mezclan, fogonazos, diversas situaciones reiteradas a lo largo de los años”.
Sin embargo, “siempre hay algunos recuerdos que son muy nítidos”, contó Belén y continuó: “Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”. Por su parte, Rosalía agregó que toda la vida sintió “cosas en el cuerpo y en la mente, mucho miedo a todo, ataques de pánico, no poder pasar -aún hoy- por determinados lugares”.
A partir de estos hechos, Noemí Alvarado, de 80 años y tía de Rosalía, está acusada de ser «participe necesaria de abuso sexual deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora», explicó Nahir Badur, la abogada que está llevando la causa de las sobrevivientes. En el caso de Belén, la acusación contra Alvarado es «por corrupción de menores en calidad de autora».
La abogada aseguró que ellas persiguen “una sentencia condenatoria, que puede ser una medida privativa de la libertad pero dentro de los parámetros de lo que sería una prisión domiciliaria, por la edad”. El proceso está a cargo de la Cámara Tercera en lo Criminal, integrada por Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, de quienes depende este fallo que ya es y puede ser aún más histórico.
Por último, ambas sobrevivientes concluyeron que quieren que “esta persona sea condenada, porque abusó y corrompió niños, pero lo más importante a resaltar es que este delito, que era del horror y del silencio, pasó a ser una lucha colectiva y eso es fundamental. Queremos que nuestra historia trascienda, que esta condena nos sirva y se replique en todas las situaciones”, para que, al fin, haya justicia.
El oeste pampeano se caracteriza por la escasa disponibilidad de agua, pero por donde supo fluir la subcuenca del Río Atuel: un oasis natural en medio de una zona desértica. Si bien hace más de 100 años el río posibilitó la presencia humana y el desarrollo productivo, pero la disminución drástica de su caudal como consecuencia primero de los desvíos clandestinos en la provincia de Mendoza y, a partir de 1947, de la construcción de la represa El Nihuil, ya no cumple tal condición.
“Durante mucho tiempo La Pampa ha sido una tierra olvidada. Si se estudia la evolución o, mejor dicho, la involución del mapa de La Pampa se ve que poco a poco va quedando excluida de la posibilidad de desarrollo. Es una pena tener que usar el tiempo pasado porque uno advierte que allí hubo un crimen contra la naturaleza y el ambiente”, afirmó Walter Cazenave, doctor en Geografía y miembro de la Fundación Chadileuvú, una organización que lucha por el ambiente y los ríos de esa región.
El acelerado proceso de desertificación provocó no sólo la destrucción del ecosistema sino que también “la gente que pobló y que puso en producción ese humedal del Atuel tuvo que irse ya que no había más trabajo”, explicó Cazenave. Al éxodo masivo de la población le siguió el empobrecimiento de la región. Desde entonces, La Pampa -sus gobiernos y la sociedad cada vez más organizada- ha reclamado a la provincia mendocina el caudal de agua que le pertenece, configurando una historia larga y penosa de un litigio aún sin resolver.
La peor crisis en 50 años
El aprovechamiento del río aguas arriba en función del desarrollo y los proyectos mendocinos, provocó un estado de escasez y vulnerabilidad crítica para los pobladores pampeanos de aguas abajo. Las razones alegadas en las instancias judiciales por el gobierno de Mendoza han sido diversas, pero la más reciente apunta a la supuesta insuficiencia del caudal: el agua no alcanzaría para que el río vuelva a fluir como antaño.
“Hay algo que se llama ‘eficiencia de riego’, que es cuánto rinde el litro o el metro cúbico de agua en la tierra. Un estudioso -que era director del Departamento de Agua de Mendoza- llegó a la conclusión de que el agua que usaba Mendoza era del orden del 19%, los demás se perdían o se insumían y después subía como sales, lo cual supone un problema”, explicó el geógrafo.
La provincia de Mendoza se encuentra viviendo, según sus propias autoridades, la crisis hídrica más grande de los últimos 50 años, pero no pareciera estar siendo atendida como corresponde. Si bien los usos del agua han sido siempre diversos -cultivo bajo riego, deportes acuáticos y uso humano, especialmente-, a lo largo de los años se ha avanzado o intentado avanzar con proyectos de megaminería y fracking como Hierro Indio y Cerro Amarillo, entre otros.
Actividades como estas requieren de enormes cantidades de agua para su concreción. Por ejemplo, según el Observatorio Petrolero Sur, el fracking utiliza entre 10 y 30 millones de litros de agua por cada pozo realizado. ¿Cómo es posible, entonces, que haya un cupo de agua semejante para estas empresas en un marco de escasez hídrica y no para devolverle el caudal a La Pampa? Es evidente que el problema no es una cuestión de disponibilidad, sino de intereses económicos y políticos.
Gran parte del agua que se utiliza para el fracking en la provincia cuyana es de la cuenca del río Atuel. Es decir, la contracara de la devastación ambiental, económica y cultural en el oeste pampeano son los intereses de enriquecidas empresas que, con el aval de autoridades políticas mendocinas, atentan contra la posibilidad de un futuro que contemple el desarrollo de una vida digna para quienes habitan estos territorios.
Actualmente, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2020 fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza, sólo basta acercarse a los viejos cauces para encontrarse con otra realidad: en tierras pampeanas el Atuel está completamente seco.
Una tragedia silenciosa (o silenciada)
La ausencia del río en La Pampa ocasionó daños verdaderamente inconmensurables: el corte total de la principal fuente de agua potable de las familias aledañas, la destrucción de una ecología naturalmente equilibrada y el desarraigo de la estructura socioproductiva de la ribera.
“La gente que vive acá sobre los ríos ha tenido que meter los molinos, los jagüeles y a veces hasta los corrales dentro del viejo cauce -por el que ya no corre el agua- para tratar de buscar un poco de mejor pastura o de agua (subterránea)”, afirmó Jesús Fernández, oriundo de Santa Isabel y férreo defensor del derecho al agua en el oeste pampeano. Además, en relación a las sueltas esporádicas y desorganizadas que Mendoza realiza, añadió: “Se va desertificando el cauce durante tantos años de ausencia que, cuando viene, corre por todos lados e inunda todo, rompe todo, se pierden animales, se pudren alambrados”.
Alejandra Domínguez, una criancera por cuyas chacras pasaba el Atuel, relató que “antes llovía cuando tenía que llover, corría viento cuando tenía que correr y en invierno se alcanzaban las heladas. Al no correr el río por el cauce, provoca un desastre porque cambia todo. Las tormentas se empiezan a negar: se viene más seco, viene más viento y es más difícil que llueva”.
Carlos Lucero, puestero que vivió toda su vida a la vera del río, narró también que “acá antes había totoras, juncos, patos, gallareta, cisnes, nutrias. Había todo tipo de bichos de agua y eso se perdió por falta de agua. Ahora los campos no rinden como cuando estaban los “bañados del río”. La hacienda está regular y tendría que estar excelente. La hemos pasado mal, si tuviéramos el agua del río no pasaría esto”.
Si bien varias generaciones crecieron sin agua en los cauces, la lucha aún se transmite de generación en generación, a pesar de tantos años sin respuesta. Actualmente, todo esto se enmarca en un contexto en el que, en distintas provincias argentinas, el pueblo se levanta cada vez más fuerte en defensa de sus bienes naturales, entre ellos el agua. Si bien Argentina en particular y América Latina en general cuenta con grandes cantidades de agua dulce -un tercio del total en el mundo- son en estos mismos territorios donde el capitalismo en su fase neo-extractivista pone en jaque su disponibilidad por los usos indiscriminados.
“El agua es un problema en el mundo y desde siempre lo ha sido en La Pampa. El derecho humano al agua es inalienable pero a lo largo de la historia de la humanidad el problema ha estado siempre vigente”, relató Cazenave. A su vez, en relación a que el agua -ya desde finales del 2020- empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street, agregó: “El coste comercial de este bien derrumba su condición de ser inalienable, porque entonces quien no puede pagar no va a tener agua o va a tener un costo fijado por las grandes compañías. El tema es realmente muy enrevesado”.
Hace tan solo unos días Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, advirtió que lo que se viene, luego de los litigios por el petróleo, es “la guerra por el agua”. Estas no son en absoluto cuestiones ajenas entre sí. Todo indica que, cada vez más, grandes intereses estarán atentos, justamente porque el mercado valúa en base a la escasez, es decir, guiado por la certeza de que el agua va a faltar.
Entonces, la defensa de los bienes hídricos, en este caso el Atuel, no es solamente un problema de los pampeanos ni un mero litigio entre estas dos provincias. Se trata de un bien natural, público y, fundamentalmente, de un derecho que -cabe resaltar- no se puede dar por descontado.
La historia de este río robado, una historia de total impunidad, alerta sobre la necesidad de comenzar a repudiar y sancionar delitos como éstos, cuyos autores no titubean en arrasar con los paisajes autóctonos, con los bardinos, los choiques, las copetonas y todo lo que en un momento supo haber y que hoy, aguas abajo, tristemente ya no hay.
Como ya se mencionó en una nota de este mismo medio, la salud menstrual es una problemática que urge sea parte de la agenda política dadas las consecuencias que conlleva su inaccesibilidad. Ahora bien, ¿cómo es la situación de mujeres y disidencias que atraviesan, mes a mes, su menstruación en contextos de encierro? ¿Cómo son las condiciones carcelarias en esta materia?
En Argentina, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas de detención para las personas privadas de su libertad, lo cual contempla, por supuesto, el acceso al derecho a la salud. Sin embargo, se trata justamente del derecho que más violaciones sufre y lo que respecta a mujeres y disidencias no escapa a estas lógicas. “En el penal, como en el afuera, los insumos te los debes garantizar vos. Cada vez hay menos frecuencia en la entrega de elementos de higiene por parte de los Servicios Penitenciarios del país, cuando es un derecho que te los den, ya que te encontrás bajo la guarda del Estado. Cuando los entregan son en muy poca cantidad y de muy mala calidad: un jabón por mes, por ejemplo”, relató Liliana Cabrera, integrante de la organización Yo No Fui.
A su vez, Ludmila Azcué, abogada penal e investigadora que lleva adelante distintos talleres en la Unidad Penal 50 de Batán, en el marco de una Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, expresó que le consta que en esta Unidad se distribuye sólo un paquete de ocho toallitas por mes en cada celda. “Las celdas están compuestas por cuatro o cinco personas, es decir, se dan dos toallitas por persona menstruante, cuando en verdad necesitamos 16 por mes. El Estado tiene que proveer su totalidad por ley y no lo está haciendo porque no lo considera un producto social”, afirmó Azcué.
Las opciones para acceder a los productos de gestión menstrual estando presa son comprando estos elementos en proveeduría, donde los precios suelen ser exorbitantes y para lo cual deben contar con dinero depositado o con trabajo. Si este no es el caso, dependen de que las familias puedan proveer estos elementos y de que se los dejen entrar. Pierina Garofalo, referente de la organización Atrapamuros, aseguró que esto último tiene numerosas complejidades, “no sólo por el costo altísimo que tienen los insumos y el viaje a las unidades penales -que, al existir menos unidades de mujeres que de varones, la mayoría de ellas se encuentra alejada de los lugares de origen de las mujeres, lo cual da cuenta del impacto que la prisionización tiene sobre sus redes familiares y comunitarias- sino también porque las mujeres históricamente reciben menos visitas que los varones”.
Por supuesto, la salud menstrual es más abarcativa que el acceso a productos menstruales e incluye cuestiones edilicias que son necesarias para una menstruación digna. En este sentido, “es importante poner sobre la mesa que las cárceles y las unidades penitenciarias han sido construidas por y para varones. De la misma manera que la experiencia de las mujeres, lesbianas, travestis y trans es invisibilizada una y otra vez en los procesos judiciales, también está la invisibilidad de sus problemáticas en la arquitectura penitenciaria y las reglamentaciones vigentes, con la violencia institucional que eso implica”, afirmó Garofalo.
“Las peores instalaciones para ir al baño, por la falta de asepsia, privacidad y faltos de mantenimiento, son los baños de las alcaldías, que dependiendo del cupo dentro de las cárceles podes pasar días o meses compartiendo un solo baño con 30 personas”, narró Liliana Cabrera y agregó: “Dentro de los penales cuesta mucho también que realicen los arreglos correspondientes cuando no funcionan los baños. También cuesta poder limpiarlos adecuadamente, porque solo contábamos con los elementos de limpieza que nos daban desde el Servicio Penitenciario Federal, la mayoría muy diluidos en agua. Si alguna no tenía la posibilidad de comprar estaba expuesta a un montón de infecciones porque era muy difícil que tus compañeras te pudieran prestar siempre lo que se considera un bien escaso y muy valioso”.
Sin dudas, estos datos críticos exponen la imperativa necesidad de redistribuir el presupuesto penitenciario en clave feminista y entendiendo que, en definitiva, lo que está en juego son derechos fundamentales como la integridad y la dignidad de las personas. “El presupuesto penitenciario, como el de otras tantas instituciones, está pensado desde lógicas androcéntricas -expresó Ludmila Azcué y añadió-, no se piensa en que hay un grupo cuyas características fisiológicas y necesidades son diferentes”.
La necesidad de adecuar las instituciones carcelarias apunta también a la transversalización de la perspectiva de géneros y de derechos en la formación del personal penitenciario para desterrar cualquier tipo de preconcepto que atente contra la dignidad de las personas. “Acceder a un control ginecológico ha sido una de las peores experiencias que hemos atravesado muchas de nosotras, por la falta de empatía de profesionales que termina derivando en violencia simbólica, entre otros vehículos para la crueldad”, relató Cabrera.
Contextualizar la problemática
En los últimos años Argentina ha presenciado un aumento exponencial de las mujeres y disidencias detenidas, lo cual no responde a un aumento en los delitos cometidos, sino a una visión y decisión política que fomenta la prisionización. Esto se inscribe, a su vez, en un aumento del hacinamiento e inadecuación de las instalaciones, la irregularidad en las provisiones y la inaccesibilidad a servicios básicos de salud.
En este contexto, es necesario que los proyectos legislativos de gestión menstrual contemplen la complejidad y particularidad de las personas menstruantes privadas de su libertad. Si bien algunos de los proyectos presentados en Argentina mencionan expresamente a los espacios de encierro como puntos de provisión, es necesario que se piensen desde un acercamiento más concreto con esta realidad.
Ludmila Azcué, junto a sus pares de la Extensión Universitaria, propusieron -a mediados del 2020- el programa “La copa menstrual: una alternativa para gestionar la menstruación en cárceles bonaerenses”. Si bien dado el contexto de pandemia no cuenta aún con grandes avances en unidades penitenciarias, sí han llevado adelante procesos exitosos en distintos barrios populares marplatenses. A su vez, se pensó -siempre en función del contexto- en una variante de toallas ecológicas que apunta “que las propias mujeres puedan producir y eventualmente después poder hacerlas circular, no solamente al interior de la unidad sino hacerlas circular afuera, para que eso les permita de alguna manera quizás no a dinero, porque es complejo por las lógicas del sistema penitenciario, pero sí acceder -a través del sistema de trueque- a otros productos de difícil acceso en contexto de encierro”, narró la investigadora.
Por otro lado, Azcué remarcó que “es importante que desde el Estado se empiece a producir información sobre la menstruación, ya que tradicionalmente los estudios existentes fueron llevados adelante por la propia industria de la mal llamada ‘higiene menstrual’, es decir, estudios financiados por las empresas que venden esos mismos productos. Tenemos que repensar esa información desde una mirada que abandone lógicas mercantilistas y que avancen en una mirada de construcción y consolidación de los derechos humanos de las personas”.
Sin perder de vista las fallas sistémicas y las pésimas condiciones antes, durante y después de la vida en las cárceles, es importante resaltar la dimensión de la resistencia de las personas privadas de su libertad. “Me interesa recuperar el tejido de redes cotidianas entre compañeras detenidas y la dimensión colectiva de esta pelea por el acceso a derechos que es fundamental para efectivamente garantizar ese acceso. Recuperar cómo cuando una compañera sufre una dolencia en términos de salud, es imprescindible este contar con otras que puedan acompañarla en hacer ruido y acceder a la sanidad”, expresó Pierina Garofalo y concluyó: “Esto no lo digo con ánimo de romantizar nada sino para poner sobre la mesa que los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, así como son depositarias de violencias múltiples en contextos de encierro, también son territorio de batalla, de resistencia. Lo colectivo, la construcción grupal, el tejido de redes son fundamentales en todo esto”.
