El oeste pampeano se caracteriza por la escasa disponibilidad de agua, pero por donde supo fluir la subcuenca del Río Atuel: un oasis natural en medio de una zona desértica. Si bien hace más de 100 años el río posibilitó la presencia humana y el desarrollo productivo, pero la disminución drástica de su caudal como consecuencia primero de los desvíos clandestinos en la provincia de Mendoza y, a partir de 1947, de la construcción de la represa El Nihuil, ya no cumple tal condición.
“Durante mucho tiempo La Pampa ha sido una tierra olvidada. Si se estudia la evolución o, mejor dicho, la involución del mapa de La Pampa se ve que poco a poco va quedando excluida de la posibilidad de desarrollo. Es una pena tener que usar el tiempo pasado porque uno advierte que allí hubo un crimen contra la naturaleza y el ambiente”, afirmó Walter Cazenave, doctor en Geografía y miembro de la Fundación Chadileuvú, una organización que lucha por el ambiente y los ríos de esa región.
El acelerado proceso de desertificación provocó no sólo la destrucción del ecosistema sino que también “la gente que pobló y que puso en producción ese humedal del Atuel tuvo que irse ya que no había más trabajo”, explicó Cazenave. Al éxodo masivo de la población le siguió el empobrecimiento de la región. Desde entonces, La Pampa -sus gobiernos y la sociedad cada vez más organizada- ha reclamado a la provincia mendocina el caudal de agua que le pertenece, configurando una historia larga y penosa de un litigio aún sin resolver.
La peor crisis en 50 años
El aprovechamiento del río aguas arriba en función del desarrollo y los proyectos mendocinos, provocó un estado de escasez y vulnerabilidad crítica para los pobladores pampeanos de aguas abajo. Las razones alegadas en las instancias judiciales por el gobierno de Mendoza han sido diversas, pero la más reciente apunta a la supuesta insuficiencia del caudal: el agua no alcanzaría para que el río vuelva a fluir como antaño.
“Hay algo que se llama ‘eficiencia de riego’, que es cuánto rinde el litro o el metro cúbico de agua en la tierra. Un estudioso -que era director del Departamento de Agua de Mendoza- llegó a la conclusión de que el agua que usaba Mendoza era del orden del 19%, los demás se perdían o se insumían y después subía como sales, lo cual supone un problema”, explicó el geógrafo.
La provincia de Mendoza se encuentra viviendo, según sus propias autoridades, la crisis hídrica más grande de los últimos 50 años, pero no pareciera estar siendo atendida como corresponde. Si bien los usos del agua han sido siempre diversos -cultivo bajo riego, deportes acuáticos y uso humano, especialmente-, a lo largo de los años se ha avanzado o intentado avanzar con proyectos de megaminería y fracking como Hierro Indio y Cerro Amarillo, entre otros.
Actividades como estas requieren de enormes cantidades de agua para su concreción. Por ejemplo, según el Observatorio Petrolero Sur, el fracking utiliza entre 10 y 30 millones de litros de agua por cada pozo realizado. ¿Cómo es posible, entonces, que haya un cupo de agua semejante para estas empresas en un marco de escasez hídrica y no para devolverle el caudal a La Pampa? Es evidente que el problema no es una cuestión de disponibilidad, sino de intereses económicos y políticos.
Gran parte del agua que se utiliza para el fracking en la provincia cuyana es de la cuenca del río Atuel. Es decir, la contracara de la devastación ambiental, económica y cultural en el oeste pampeano son los intereses de enriquecidas empresas que, con el aval de autoridades políticas mendocinas, atentan contra la posibilidad de un futuro que contemple el desarrollo de una vida digna para quienes habitan estos territorios.
Actualmente, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2020 fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza, sólo basta acercarse a los viejos cauces para encontrarse con otra realidad: en tierras pampeanas el Atuel está completamente seco.
Una tragedia silenciosa (o silenciada)
La ausencia del río en La Pampa ocasionó daños verdaderamente inconmensurables: el corte total de la principal fuente de agua potable de las familias aledañas, la destrucción de una ecología naturalmente equilibrada y el desarraigo de la estructura socioproductiva de la ribera.
“La gente que vive acá sobre los ríos ha tenido que meter los molinos, los jagüeles y a veces hasta los corrales dentro del viejo cauce -por el que ya no corre el agua- para tratar de buscar un poco de mejor pastura o de agua (subterránea)”, afirmó Jesús Fernández, oriundo de Santa Isabel y férreo defensor del derecho al agua en el oeste pampeano. Además, en relación a las sueltas esporádicas y desorganizadas que Mendoza realiza, añadió: “Se va desertificando el cauce durante tantos años de ausencia que, cuando viene, corre por todos lados e inunda todo, rompe todo, se pierden animales, se pudren alambrados”.
Alejandra Domínguez, una criancera por cuyas chacras pasaba el Atuel, relató que “antes llovía cuando tenía que llover, corría viento cuando tenía que correr y en invierno se alcanzaban las heladas. Al no correr el río por el cauce, provoca un desastre porque cambia todo. Las tormentas se empiezan a negar: se viene más seco, viene más viento y es más difícil que llueva”.
Carlos Lucero, puestero que vivió toda su vida a la vera del río, narró también que “acá antes había totoras, juncos, patos, gallareta, cisnes, nutrias. Había todo tipo de bichos de agua y eso se perdió por falta de agua. Ahora los campos no rinden como cuando estaban los “bañados del río”. La hacienda está regular y tendría que estar excelente. La hemos pasado mal, si tuviéramos el agua del río no pasaría esto”.
Si bien varias generaciones crecieron sin agua en los cauces, la lucha aún se transmite de generación en generación, a pesar de tantos años sin respuesta. Actualmente, todo esto se enmarca en un contexto en el que, en distintas provincias argentinas, el pueblo se levanta cada vez más fuerte en defensa de sus bienes naturales, entre ellos el agua. Si bien Argentina en particular y América Latina en general cuenta con grandes cantidades de agua dulce -un tercio del total en el mundo- son en estos mismos territorios donde el capitalismo en su fase neo-extractivista pone en jaque su disponibilidad por los usos indiscriminados.
“El agua es un problema en el mundo y desde siempre lo ha sido en La Pampa. El derecho humano al agua es inalienable pero a lo largo de la historia de la humanidad el problema ha estado siempre vigente”, relató Cazenave. A su vez, en relación a que el agua -ya desde finales del 2020- empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street, agregó: “El coste comercial de este bien derrumba su condición de ser inalienable, porque entonces quien no puede pagar no va a tener agua o va a tener un costo fijado por las grandes compañías. El tema es realmente muy enrevesado”.
Hace tan solo unos días Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, advirtió que lo que se viene, luego de los litigios por el petróleo, es “la guerra por el agua”. Estas no son en absoluto cuestiones ajenas entre sí. Todo indica que, cada vez más, grandes intereses estarán atentos, justamente porque el mercado valúa en base a la escasez, es decir, guiado por la certeza de que el agua va a faltar.
Entonces, la defensa de los bienes hídricos, en este caso el Atuel, no es solamente un problema de los pampeanos ni un mero litigio entre estas dos provincias. Se trata de un bien natural, público y, fundamentalmente, de un derecho que -cabe resaltar- no se puede dar por descontado.
La historia de este río robado, una historia de total impunidad, alerta sobre la necesidad de comenzar a repudiar y sancionar delitos como éstos, cuyos autores no titubean en arrasar con los paisajes autóctonos, con los bardinos, los choiques, las copetonas y todo lo que en un momento supo haber y que hoy, aguas abajo, tristemente ya no hay.