Jun 13, 2019 | Géneros, Novedades
Los padres tienen solo dos días de licencia por paternidad.
“El mensaje que está dando el Estado es que las mujeres tienen que ser las encargadas del cuidado”, sostiene Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una ONG integrada por especialistas de distintas disciplinas que promueve acciones en favor de la equidad de géneros. Hoy, el Estado argentino otorga dos días de licencia por paternidad y noventa por maternidad, ambas estipuladas en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo y fijadas por debajo de los estándares recomendados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una y otra se enmarcan dentro del “derecho al cuidado”, que refiere a “las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad”.
La legislación argentina sobre las licencias por paternidad está atrasada con respecto a América Latina. Ecuador y Paraguay dan 15 días a los padres; Uruguay, 13; Colombia, 8; mientras que Chile, México y Brasil 5. Un informe de UNICEF de 2016 reveló que en nuestro país aproximadamenteel 50% de los varones no dispone de licencia por paternidad, dado que no solo es escasa en tiempo sino que solo acceden a ella los trabajadores formales en relación de dependencia.
Difícilmente este año se traten los proyectos de ley que buscan extender las licencias por paternidad.
Un caso ejemplar es Islandia, donde se dividen las licencias por nacimiento en tres partes iguales: tres meses para el padre, tres para la madre y otros tres transferibles entre ellos.
Numerosas organizaciones que abogan por la igualdad de género observan que en Argentina todavía hay una configuración “maternalista” con respecto a las labores del cuidado, lo cual genera un impacto negativo en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Martelotte, la directora de ELA, subraya: “El derecho al cuidado es uno de los temas centrales a trabajar en la Argentina. Nos parece muy importante modificar la organización social del cuidado, debido a que tal como se configura hoy tiene graves consecuencias sobre las desigualdades de género y clase”.
Según datos del módulo de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres destinan más del doble de horas por día a las tareas de cuidado: 6,4 horas frente a 3,4 de los varones.
En ese sentido, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC), destacan que las licencias por nacimiento son un instrumento clave ya que “contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y las oportunidades a las que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida”.
La última modificación del artículo que regula las licencias de nacimiento de la Ley de Contrato de Trabajo data de 1974, por lo que tampoco se ajusta a los cambios que tuvo la sociedad desde entonces. No incluye, por ejemplo, la licencia por adopción ni está adaptada a la Ley de Matrimonio Igualitario ni a la de Identidad de Género. Es decir, aplica solamente a parejas heterosexuales con hijos biológicos.
El 1° de marzo de 2017, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de “Equidad de género e Igualdad laboral” que buscaba reformar la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de sus objetivos era la modificación del artículo 158: extender la licencia por paternidad a 15 días corridos e introducir licencias por fertilización asistida, adopción y violencia de género.
Vanesa Siley, diputada nacional por Unidad Ciudadana y secretaria general de la Federación del Sindicato de Trabajadores Judiciales (FESITRAJU), critica este proyecto porque el Estado no se comprometía a asumir la responsabilidad de cubrir al empleador por el costo de la licencia, o sea que el acceso del trabajador a la licencia por paternidad no estaba asegurado.
La propia Siley, junto al espacio Mujeres Sindicalistas, que forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores, presentó el 22 de junio de 2018 un contraproyecto que fue apoyado por todos los bloques de la oposición. La iniciativa tenía una propuesta superadora: borró la distinción binaria de mujer/varón en cuanto a la distribución de las licencias –haciendo referencia a personas gestantes y personas no gestantes–; propuso la extensión a 30 días la licencia por nacimiento a las personas no gestantes; mantuvo las de licencias por violencia de género y fertilización asistida, propuestas anteriormente por el proyecto oficialista; y planteó la incorporación de licencias como la de interrupción del embarazo y cuidado de familiar enfermo.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, Sergio Ziliotto, optó por fusionar ambos proyectos –el de Siley y el del Ejecutivo– para llegar a uno de consenso que se está tratando en la Cámara Baja y deberá volver a comisión. Por ser 2019 un año electoral, difícilmente el proyecto se convierta en ley.
Legisladores de la oposición se quejan porque el Parlamento sólo funciona cuando el oficialismo quiere impulsar un tema. Siley confirma que seguirá alentando el proyecto desde la Comisión, pero “mientras sigan existiendo estos obstáculos políticos el tratamiento de la reforma se va a complicar mucho”.
Las trabas a las licencias parentales son históricas. En octubre pasado, ELA junto a la agencia publicitaria HOY impulsaron una campaña para concientizar sobre la problemática que incluyó carteles dentro del transporte público, viralizados luego a través de las redes sociales bajo el hashtag #MásLicenciaXPaternidad. El objetivo fue fijar el tema en la discusión pública. Según Martelotte, las demoras en la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo se deben a que “para los legisladores el tema de las licencias no tiene una importante demanda social, como sí el aborto o la violencia de género”.
Para la diputada Siley, la escasa demanda social se debe a que la mayoría de los sindicatos ya cuentan con amplias licencias en sus convenios colectivos. “Se pudo avanzar por sector. Al existir los convenios colectivos no hubo un reclamo del conjunto del movimiento obrero para la reforma de la ley nacional”, señala. El convenio de SITRAJU establece una licencia por maternidad que se extiende entre 120 y 180 días, mientras que la de paternidad es de 60. Siley asevera que “esto es un problema porque la Ley de Contrato de Trabajo es un piso de derechos para todos y todas”.
Ante la parálisis de la reforma de la ley, desde ELA buscan exigir a los candidatos y candidatas que incluyan este tema en sus plataformas electorales. “Seguiremos trabajando con este tema –remarca Martelotte–. Nos parece una agenda muy importante que está invisibilizada y naturalizada”.
Por el momento, la legislación sigue obligando a las mujeres a realizar casi todas las tareas de cuidado.
Jun 12, 2019 | DDHH, Novedades
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.
La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.
No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.
Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.
Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.
Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.
Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.
Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.
Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.
Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.
Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.
Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.
Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.
Jun 5, 2019 | Deportes, Novedades
Argentina integra el Grupo D, junto a Inglaterra, Japón y Escocia, todos rivales dificilísimos.
El fútbol femenino vive un momento histórico en el país. El tercer puesto en la Copa América Chile 2018, la clasificación a Francia 2019 y el anuncio de la profesionalización son motivos para esperanzarse. Desde que el plantel de la Selección hizo público su reclamo por viáticos insuficientes, falta de lugar de entrenamiento y hasta de vestimenta, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) parece haber tomado nota y ha mostrado un mayor compromiso con el equipo.
En mayo de 2017, luego de casi dos años sin director técnico designado y sin disputar partidos oficiales, Carlos Borrello –entrenador entre 2003 y 2012– fue nombrado nuevamente al frente del equipo. Y pese a las fallas estructurales, en noviembre pasado las jugadoras lograron una impensada clasificación al Mundial de la FIFA.
Competirán 24 seleccionados divididos en seis grupos de cuatro, y pasarán de ronda los dos mejores de cada uno y los cuatro mejores terceros. El torneo reúne a casi todas las estrellas de la disciplina, entre ellas la brasileña Marta, la estadounidense Carli Lloyd y la holandesa Lieke Martens. La gran ausente es la última ganadora del Balón de Oro, la noruega Ada Hedgeberg, quien desistió de participar tras denunciar las desiguales condiciones de trabajo del combinado femenino nacional en comparación con el masculino.
La Selección debuta el lunes 10 de junio contra Japón.
Argentina tiene como objetivo principal avanzar a los octavos de final, algo que nunca sucedió. Para cumplir esa meta, Carlos Borrello apuesta a un equipo versátil, con un 4-2-3-1 como sistema predilecto pero no excluyente, que se caracteriza por su ofensiva punzante, laterales agresivas y con proyección y un mediocampo combativo.
“Tratamos de variar y tener alternativas de juego en lo táctico”, afirma la volante central Miriam Mayorga, de 29 años, nacida en Bariloche, recibida de médica hace unos meses y actual capitana de UAI Urquiza, el equipo campeón de la Primera División de las mujeres. Mayorga, quien llega a Francia 2019 como primer recambio en la mitad de la cancha, destaca la fortaleza del once argentino: “Nuestro punto fuerte es la actitud y lo aguerridas que somos. Son cualidades que pocos equipos tienen”.
La mediocampista Miriam Mayorga.
Los nombres propios también ilusionan. En el arco aparece la experimentada Valeria Correa, guardameta de Rosario Central y una de las pocas que participó de los mundiales de Estados Unidos 2003 y China 2007. Sus relevos en el puesto son Gabriela Garton y Solana Pereyra. En defensa sobresale Aldana Cometti, del Sevilla de España, una central de 23 años con mucho anticipo y un sólido juego aéreo. Por la banda derecha, Adriana Sachs aporta polifuncionalidad, ya que además se puede desempeñar como marcadora central, mientras que por la izquierda Eliana Stábile, figura clave en el repechaje contra Panamá, resalta por sus constantes subidas y su buen tiro de larga distancia.
El alma del mediocampo es Vanesa Santana, cuya virtud es la marca, generalmente acompañada en un doble cinco por la salteña Ruth Bravo, la encargada de crear juego. Ambas “aportan sacrificio, lucha y recuperación”, sostiene Mayorga. La ofensiva está liderada por la mendocina Estefanía Banini, enganche, capitana y la que teje los hilos de cada ataque. Cerca de ella, a cada extremo, las incisivas Florencia Bonsegundo y Mariana Larroquette. Hace un mes, Larroquette, de UAI Urquiza, se consagró por segunda vez consecutiva como goleadora del Torneo de Primera División con 28 tantos. La referencia en el área es Soledad Jaimes, del Lyon francés, quien viene de ser campeona de la Champions League, algo nunca antes conseguido por una futbolista argentina.
Las rivales de la primera rueda son muy peligrosas. Argentina comparte el Grupo D con Inglaterra, Japón y Escocia, que en los papeles están algunos escalones arriba y contaron con dos años más de preparación para afrontar esta competencia. Las favoritas son Inglaterra y Japón, candidatas al título. Las británicas ocupan el tercer puesto del Ranking FIFA, son dirigidas por Phil Neville, multicampeón con el Manchester United y disponen de la explosiva mediapunta Fran Kirby. Y las japonesas son de temer: ya se coronaron en Alemania 2011 y salieron segundas en Canadá 2015. La clave pasará por lo que suceda contra la debutante Escocia, a priori la adversaria más accesible. Más allá de su falta de experiencia, ocupa el puesto 19 en el Ranking FIFA (Argentina el 37) y tiene entre sus filas a la volante ofensiva Kim Little, una estrella del fútbol femenino.
“Sabemos lo difícil que será ya que nos enfrentamos contra potencias mundiales –opina Mayorga–, son selecciones que llevan años de trabajo y funcionan como verdaderos equipos”, pero advierte: “Ojo que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. No perdemos la esperanza”.
Lionel Messi visitó a la Selección Argentina antes de que partiera a Francia. Aquí posa junto a Estefanía Banini.
La Albiceleste viene de jugar la Copa de Naciones en la que se midió con equipos importantes como Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y realizó el último tramo de su preparación en el predio de la AFA en Ezeiza, donde recibió la visita de Lionel Messi después de un entrenamiento. En suelo galo continúan las prácticas en las instalaciones del FC Noisy Le Grand, en los alrededores de París.
El lunes 10 de junio Argentina enfrentará a Japón en el Parque de los Príncipes, la cancha del Paris Saint Germain. Cuatro días más tarde, en Le Havre, norte de Francia, será el turno de Inglaterra, y el 19 de junio las chicas volverán a la “Ciudad Luz” para jugar contra Escocia. Todos los partidos de Argentina se transmitirán por la Televisión Pública. “Es increíble. Posibilita que la gente vea el fútbol femenino, cosa que antes no se podía. Este acompañamiento tan cercano no se veía antes”, se entusiasma Mayorga.
“No debemos cometer los errores del pasado y la continuidad es lo principal. Los entrenamientos y los amistosos deben mantenerse porque nos dan rodaje en lo colectivo y en lo individual”, reflexiona Mayorga acerca de los 12 años que la Selección estuvo sin ir a un mundial y en vista del futuro prometedor que hoy se presenta.
May 31, 2019 | Comunidad, Novedades
Crónica de San Miguel del Monte luego del asesinato de cuatro jóvenes por parte de la policía. Fotos de Juli Ortiz / ANCCOM
“Siempre estábamos acá con ellos, todavía no caigo, es raro que no estén”, dice Lucas, de 15 años, en el corazón de la Plaza Alsina. Él era amigo de Danilo Sansone (13) y Gonzalo Rodríguez (14), masacrados junto a Aníbal Suárez (22) y Camila López (13) en la madrugada del 20 de mayo por la Policía Bonaerense tras una injustificada persecución. La única sobreviviente, Rocío Guagliarello (13), aún se encuentra en grave estado.
“La plaza es nuestro segundo hogar, donde cada día nos encontramos todos los chicos del pueblo”, cuenta Lucas. Punto neurálgico en esta localidad de 25 mil habitantes, es el lugar para exigir justicia por los cuatro chicos. Enfrente, la sede de la Municipalidad permanece rodeada por agentes de seguridad.
Yanina Zarzoso, mamá de Camila, agradece el apoyo de la gente: “Este respaldo es lo que me mantiene en pie”, afirma. Ante la pérdida de su hija, denuncia el destrato de las autoridades municipales: “La intendenta Sandra Mayol [del Frente Renovador] nos mintió desde el principio. Nunca se acercó a mi casa para hablar conmigo. Quiero justicia y que caigan los responsables. No voy a bajar los brazos”. Por el momento hay 13 detenidos, 12 de ellos policías más el secretario de Seguridad comunal, Claudio Martínez.
La concejala del PRO, Sandra Ferrandi, organizó una conferencia de prensa para expresar su postura ante la tragedia. Usando expresiones faciales calcadas a las de la gobernadora María Eugenia Vidal, la edil sostuvo: “Tuve la responsabilidad de salir a decir hace mucho tiempo lo que estaba pasando con la Policía. Nadie se hizo eco de lo que yo decía y hoy estamos lamentando cuatro víctimas”.
El concejal de Unidad Ciudadana, Fernando Mila, retrucó a la dirigente macrista: “No es momento de colgarse medallas. Además este hecho tiene que ver con la política de seguridad que impulsan las autoridades de la Provincia: ante la duda, tirar. Estas políticas pueden causar consecuencias desastrosas y lo que pasó en Monte es un ejemplo”.
La niebla y la gélida brisa acompañan el amanecer de un día pálido en San Miguel del Monte. Esquinas sin ochavas, fachadas añosas y las pintorescas boinas de algunos transeúntes retratan a uno de los pueblos más antiguos de la provincia, ubicado a 107 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos pescadores comienzan a llegar a la desolada costanera de la laguna, el principal atractivo de la ciudad, con sus cañas y sus carnadas. En las calles persiste una fuerte presencia policial mientras los negocios empiezan a subir sus cortinas.
Uno de ellos es el almacén de Roberto, siempre acompañado por su loro Atahualpa. Con algo de recelo frente al equipo de ANCCOM, ofrece un saludo parco. Dice que durante la última semana la calma habitual ha desaparecido: “Lo que pasó con los chicos ha sido un golpe grande para la vida cotidiana. De ahora en más van a salir a la luz muchas cosas que antes no se sabían de la Policía”, asegura.
“Quizás se destapen varias ollas”, vaticina el locutor de Radio Monte, Lucas Ariel Rizzoli, en uno de sus descansos del aire de la FM 90.1. “Acá sabíamos cuáles eran los policías corruptos pero no teníamos pruebas. Además es gente que ubico del pueblo”, admite Rizzoli. En Monte casi todos se conocen. “La única forma que teníamos para filtrar este tipo de informaciones era través del humor. Tras el despido de toda la cúpula policial se contaron alrededor de 60 personas dispuestas a declarar”, precisa.
No todos piensan como él. Gabriela, una maestra de primaria, opina que “la gente tiene miedo a hablar. No quieren declarar porque si el que te tiene que cuidar te mata, es difícil exponerse”, razona. La dueña de un kiosco que no quiso dar su nombre para “no comprometer a su familia”, dice que tras el asesinato de los chicos “se trabajó menos y hay gente con temor de salir”.
A pesar de las aplastantes pruebas contra el accionar policial, hay vecinos que eligen apuntar a las víctimas, como Laura, propietaria de un comercio lindante a la iglesia, frente a la plaza: “Es una suma de responsabilidades, incluidas la de los padres. Deberían hacer un mea culpa. Eran chicos de 13 y 14 años que estaban en la calle a la madrugada. Yo tengo un nieto postizo de esa edad y a las ocho de la noche no está afuera de la casa”.
Cerca de allí, Silvia, empleada de una agencia de autos, describe a Monte como “un pueblo conservador, donde importa mucho el qué dirán”. Pero reconoce: “Nunca había visto tanta movilización en el pueblo. La movida más grande la hicieron los pibes en la plaza”.
Los pibes y las pibas hacen piruetas con sus bicicletas y patinetas que dejan boquiabiertos a propios y extraños. Otro grupito improvisa malabares con una pelota de fútbol naranja. La colectiva feminista Vivas organiza una pintada de remeras para protestar contra el gatillo fácil. El beat emerge desde el corazón de la plaza a través de unos poderosos parlantes y unos chicos rapean encima. “La diferencia entre nosotros es que yo disparo con mis palabras”, remata Demián Méndez, alias “Asima”, mirando a la distancia a los uniformados apostados en el Palacio Municipal.
“Hay que acompañar constantemente a los chicos para que puedan transformar la bronca a través del arte y la palabra. Hay varios que se manifiestan a través del rap y lo hacen excelente. Transmiten lo que les pasa, lo que sienten por lo que pasó y cómo extrañan a sus amigos”, sostiene Antonela Casale, referente de Vivas, y agrega: “Los pibes masacrados hoy se convirtieron en los hijos de todos nosotros. Esto no tendría que haber pasado nunca, pero tomemos esto como una forma de darnos cuenta de que el gatillo fácil y la doctrina Chocobar nos lleva a la muerte y a la injusticia”.
Hasta hace pocos días, Danilo Sansone y Gonzalo Rodríguez solían pasar las tardes en la plaza rapeando y andando en skate. Asima escribió una canción para homenajearlos y para despedirse de ellos, “Vuelen alto mis guerreros”, que dice así: “Yo siempre lo digo, van a ser todos testigos / la violencia no soluciona nada pero qué pasa si perdés un amigo / nada te lo devuelve, ni siquiera a los tiros / hoy fue gatillo fácil, ojalá que no le pase a algunos de los hijos que acá estamos parados / pidiendo justicia por todo lo que pasó / la verdad que los extraño / a veces cantamos demasiadas cosas / a veces estábamos ahí caminando por la laguna / como siempre mirando la luna / tratando de llegar a algún lugar / que ahora no van a estar pero vamos a cumplírselos de una”.
La Plaza Alsina ya no será la misma, será la plaza de Camila, Gonzalo, Aníbal y Danilo: será para siempre la plaza de los pibes.
May 24, 2019 | DDHH, Novedades
El Tribunal anunció que las audiencias se extenderán hasta mediados del año 2021.
La séptima audiencia en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín estaba demorada. Susana Brardinelli, viuda del sindicalista Armando Croatto –asesinado en Munro, en 1979–, repartía rosas rojas tejidas a los otros familiares de las víctimas. “Es un homenaje y un lazo entre todos los que fuimos detenidos desaparecidos. Nos sirve para diferenciarnos de los familiares de los acusados”, explica Nieves Kanje, quien estuvo cautiva en el centro clandestino “El Vesubio”, en Ciudad Evita.
Los imputados en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera” son nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se los acusa de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en Argentina, Brasil, Perú y España contra un centenar de militantes montoneros que reingresaron al país –o que iban a hacerlo– entre 1979 y 1980. El único que cuenta actualmente con prisión efectiva es Cinto Courteaux. Los otros ocho represores siguen el proceso desde su casa: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo y Alberto Sotomayor.
Los jueces Esteban Rodríguez Eggert, Alejandro De Korvez y Matías Mancini ingresaron a la sala una hora más tarde y con una mala noticia para los familiares de las víctimas. El presidente del cuerpo, Rodríguez Eggert, anunció que el debate oral recién culminará a mediados de 2021, debido a que todavía faltan declarar 336 testigos. A razón de una audiencia semanal –la exasperante frecuencia establecida por el tribunal– es lógico que así sea.
Aún faltan declarar 336 testigos.
Antes de los testimonios, uno de los abogados defensores, Hernán Silva, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. La querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, así como la fiscal Gabriela Sosti, argumentaron para que el acusado continúe en prisión preventiva. Sosti subrayó que el motivo principal era que “estuvo prófugo durante el desarrollo de esta causa”. Llonto agregó que “entre las pertenencias de Courteaux se encontraron fotografías de quienes participan en este juicio” Por eso hay una cuestión de riesgo grave con peligro de fuga”, afirmó. El tribunal, al cierre de la audiencia, confirmó que Courteaux seguirá tras las rejas.
A continuación, declararon los dos testigos previstos en la jornada, cuyos relatos hicieron foco en los asesinatos del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Píccoli, del abogado y guerrillero Horacio Mendizábal y de Armando Croatto.
Mario Píccoli entró en el recinto con un saco negro, un buzo turquesa por debajo y una pancarta colgada al cuello con el nombre y la foto de su hermano Carlos, asesinado por fuerzas policiales chaqueñas en 1979.
Hace décadas que Mario espera justicia. Es el más pequeño de seis hermanos de una familia descendiente de italianos. Durante su infancia vivió en Colonia Pampa Alegría, a 13 kilómetros de Sáenz Peña, Chaco. Ante el tribunal, apenas movió las manos y mantuvo la mirada fija.
Rememoró los años 70, cuando la complicada economía familiar hizo que su hermano Carlos se fuera a Buenos Aires, donde conoció a militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, con quienes trabó vínculos de amistad. De regreso en Sáenz Peña, se integró a una cooperativa que formaba parte de las Ligas Agrarias, y pronto se convirtió en un dirigente importante. En 1975 comenzó a ser perseguido por su actividad, por lo que se exilió en España, Francia, México y Cuba.
Aún con Carlos en el extranjero, las fuerzas policiales y militares realizaban reiterados operativos en la chacra de los Píccoli, sometiendo a la familia a un estado de persecución permanente. “El personal del Ejército aterrizaba en helicópteros en el patio de mi casa, era una cosa aterradora”, dijo Mario y añadió: “Mi padre no pudo soportar estas acciones, que se sumaban a los múltiples afiches pegados con la foto de Carlos diciendo que era ‘subversivo’. Se terminó suicidando en 1977”.
El retorno de Carlos Píccoli a la Argentina ocurrió a finales de marzo de 1979 en el marco de la Contraofensiva. “Su idea era reorganizar las Ligas Agrarias que en ese momento estaban diezmadas. La reorganización consistía en entregar volantes a pequeños productores haciendo hincapié en la necesidad de regresar a la vida democrática”, detalló su hermano Mario, quien por entonces tenía 14 años.
Unos 20 días después de su regreso, Carlos Píccoli fue asesinado en un camino vecinal de la Colonia Pampa Alegría cuando se dirigía en bicicleta a la casa a de su madre. Los autores del hecho fueron dos integrantes de la policía provincial en el marco de un operativo que involucró a 500 oficiales. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) constató que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial del “enfrentamiento”.
Los familiares de los desaparecidos portaron fotos de las víctimas y se identificaron con flores rojas.
La siguiente declaración fue la de Mario Álvarez, testigo ocular del operativo en el que asesinaron a Armando Croatto y Horacio Mendizábal, miembros de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de Montoneros. Las impolutas paredes y las cortinas grises de la sala de audiencias contrastaban con el rojo del marco de sus anteojos.
El 17 de septiembre de 1979, Álvarez estaba trabajando de mozo en el local “La Barra” en la Ciudad Comercial “Canguro” de Munro. Allí presenció a efectivos del Ejército llevarse con vida a un cliente que tomaba un café. Era Armando Croatto, quien luego fue ejecutado por sus secuestradores. “Inmediatamente se escuchó una detonación fuerte desde afuera, como una granada. Era atribuido a otra persona que intentaba ingresar al local y le dieron la orden de detención. Y se escucharon tiros. Después vimos los charcos de sangre a unos veinte metros del local”, relató el testigo dando a entender que la sangre pertenecía a Horacio Mendizábal. Al terminar la declaración, jueces y querella pidieron a Álvarez un croquis de la Ciudad Comercial “Canguro” para reconstruir espacialmente la escena de los hechos.
La séptima audiencia fue una pequeña muestra del largo camino que se avecina. Todavía restan cientos de testigos: los portadores de las flores rojas deberán seguir esperando para que se haga justicia.
El juicio se desarrolla todos los martes a las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Mayores de 18 años pueden ingresar con DNI.
