May 23, 2019 | Culturas, Novedades
Los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional no logran que el secretario de Cultura., Pablo Avelluto, los atienda.
“El Estado no protege su patrimonio artístico”. Eso afirma Guillermo Díaz Bruno, percusionista e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) durante cuarenta años, al referirse a los recortes presupuestarios dispuestos para la Secretaría de Cultura de la Nación para este año. Fechas de conciertos e incorporaciones de músicos son los ítems más afectados por la poda de sus recursos, decidida por el Estado.
El Presupuesto Nacional para el 2019 que se votó en noviembre del año pasado estableció una reducción del poder de compra en la mayoría de los ministerios y en el caso de la cartera de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el ajuste fue del 8,3 %. Pero la mutilación de los fondos destinados a la OSN fue aún mucho más contundente.
“La Sinfónica Nacional tuvo, en el 2018, un presupuesto de 8 millones de pesos para su funcionamiento operativo y en el 2019 pasó a tener un presupuesto de 900 mil pesos, o sea, menos de 1 millón. Por eso hicimos una protesta con la orquesta tocando en la puerta del Congreso cuando se estaba votando el Presupuesto”, explica Carlos Cosattini, violinista y delegado de la OSN. Y agrega: “Con esa presión logramos que los diputados oficialistas agregaran 500 millones de pesos extra a toda la Secretaría de Cultura, pero hasta el día de hoy el secretario no nos informa cómo van a ser distribuidos esos 500 millones y cuánto va a ir a la orquesta”.
Ante esa situación, el jueves pasado al mediodía la OSN tocó el Himno Nacional, para visibilizar su reclamo, frente a la sede de la Secretaría de Cultura, en Avenida Alvear al 1800, en el barrio de Recoleta.
El presupuesto de la Orquesta Sinfónica pasó de 8 millones, en 2018, a 900 mil pesos para este año.
La Orquesta Sinfónica Nacional se creó en 1948, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Entre otras distinciones, la Fundación Konex le otorgó en 1989 el diploma al mérito por su “invalorable aporte a la cultura musical del país” y recibió un reconocimiento de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Orquesta de las Temporadas 1996, 2000 y 2002. Actualmente, su director es Pedro Ignacio Calderón.
“En este momento, la OSN es una de las orquestas peor pagas del país. Me parece muy vergonzoso que no se reconozca como tal a un organismo que representa a la Argentina y al Estado argentino en todo el mundo. Un organismo con un currículum fabuloso, como giras a Japón, España, las Islas Canarias. Es una orquesta que mantiene un nivel artístico muy alto, muy exigente”, dice Díaz Bruno, que fue el primer percusionista egresado en la Provincia de Buenos Aires y formó parte de la orquesta desde los 26 años. “El Estado necesita un organismo que represente nuestros valores culturales. Me parece que cuidar y preservar nuestra cultura es también ayudarla económicamente”, agrega.
Para Lea Prime, integrante de la fila de percusión, las incertidumbres sobre los llamados a concursos es un factor preocupante: “Se supone que son en el mes de julio. Yo no creo que haya porque hay un decreto firmado de congelamiento de vacantes en el Estado. Para mí lo más grave sería que no salgan los concursos”. La música, que ingresó a la OSN en 2001, cuenta acerca de la trayectoria de la Orquesta: “Siempre tuvo los concursos y más que cualquier otro organismo. Eso la diferenció del Teatro Colón porque, aunque ahora los hacen más seguido, cuando yo estaba en el Colón había concursos cada diez años”.
“El otro problema es el incumplimiento sistemático de pagar a destiempo. En vez de hacerlo a los treinta días como corresponde se paga con ocho, diez, doce meses, o más de atraso. Nunca fue bueno el sistema, pero empeoró muchísimo con esta gestión, cuando debería haber sido al contrario, pensando en modernización, productividad, eficiencia, expedientes electrónicos, tal como es el discurso de este gobierno”, dice Cosattini.
Los llamados a concurso para los nuevos integrantes de la orquesta son una verdadera incógnita.
El cuerpo estable de la Orquesta Sinfónica Nacional cuenta con 115 integrantes. Marcelo Massun, que forma parte de la fila de violoncellistas y también es delegado de la OSN, dio cuenta de las renuncias de distintos músicos. “Empezamos esta temporada con seis músicos menos, de los cuales tres son solistas. Uno de cello, otro de trombón y el guía de segundo violín. Los tres restantes se fueron uno a México y los otros dos a Colombia”, señala.
Respecto a las posibilidades de una audiencia con el secretario de Cultura Pablo Avelluto, Massun describe cómo fue el diálogo hasta el momento: “Nosotros presentamos la solicitud formalmente, por mesa de entrada. Lo que hace el secretario es derivarnos con funcionarios de menor jerarquía que no tiene capacidad de decisión sobre el presupuesto”.
Por contraste, Massun alude a la clase de reclamos de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que tuvieron lugar en febrero y marzo de 2019. “Ellos tienen un sueldo de 159 mil dólares por año y quieren pasar a un sueldo de 164 mil dólares. Un músico de Chicago gana en un año y medio el salario que un músico de acá gana en toda su carrera”, indica, y añade: “Nosotros no pretendemos compararnos a nivel internacional porque sabemos que un maestro no gana lo mismo acá que en Finlandia. Pero no puede ser que ganemos un salario que no llega a cubrir el límite de la pobreza, es inconcebible”.
Con respecto al reparto y administración del dinero, Cosattini cuenta que “a veces leemos en los diarios que el financiamiento a las fuerzas de seguridad sale de lo que le correspondía a Cultura. A nosotros nos dicen que no hay plata para arreglar el problema que tenemos y mienten a cara descubierta porque la plata sigue estando: o la usan para otros fines o Avelluto dice que es buen administrador, no la gasta y la devuelve. Subejecuta el presupuesto”.
Varios integrantes de la orquesta renunciaron y se fueron a tocar a otros países.
Actualmente, la programación pensada para 2019, que incluye obras de Shostakóvich, Mahler y Messiaen, se encuentra supeditada a la decisión que tome la Secretaría de Cultura. “El día que se acabe el dinero se acaba la programación. Lo que estamos exigiendo al secretario Avelluto es que distribuya esos 500 millones y que diga efectivamente cuánto le va a tocar a la OSN. Le hemos pedido entrevistas varias veces por escrito, se lo hacemos saber por los medios públicos y el secretario todavía no nos atendió”, explica Cosattini. El delegado finaliza: “Esto se soluciona solamente con voluntad política porque no es mucho dinero. Por eso nuestra función hoy es concientizar a la sociedad y a nuestro público y también a la dirigencia política”. Hasta el momento, desde el Estado solo hay silencio.
Abr 4, 2019 | Comunidad, Novedades
«Saavedra no duerme cuando llueve», es el grito de protesta de los vecinos de la Asamblea de Saavedra.
“Lo que quieren son las tierras públicas, es el negocio inmobiliario”. Así se expresa José Olivo, referente de la asamblea del barrio Saavedra, para hablar de la política del gobierno porteño respecto de los espacios públicos del barrio. Desde finales de 2018, con la aprobación del Nuevo Código de Planeamiento Urbano, las obras planificadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta cobraron un nuevo impulso, pese a la oposición vecinal.
El 2 de abril del 2013, el barrio se inundó y debido a ello fallecieron seis personas. La gravedad del hecho determinó que los vecinos conformaran una asamblea que funciona activamente hasta el día de la fecha para articular numerosos reclamos. “Saavedra no duerme cuando llueve” es uno de los principales mensajes de visibilización que adoptó.
Un reclamo perdido fue el vinculado a la construcción de una planta de reciclado en el predio que se encuentra en Arias y Holmberg. Mercedes Austral, vecina de Saavedra e integrante de la asamblea, explica que “usaron la Plaza de las Esculturas como depósito de vagones de subte viejos y el barrio estuvo esperando y reclamando esa plaza durante 20 años”. Austral agrega: “Presentamos un amparo que nunca terminó de prosperar porque devino en abstracto cuando cambió el Código de Planeamiento Urbano. “Nuestra última propuesta fue que eleven la construcción y la hagan sobre una plataforma para que quede el espacio absorbente debajo. No nos escucharon”. La Plaza de las Esculturas nunca se inauguró y en cambio sí la planta de reciclado.
Al Parque Sarmiento quieren trasladar al Instituto Romero Brest. Docentes y estudiantes se resisten.
La Plaza debería formar parte del Parque Lineal Goyeneche, que se extiende a lo largo de la avenida homónima y que, con la sanción del nuevo Código, permite que se hagan diferentes edificaciones en los espacios verdes. José Olivo cuenta que “los proyectos pensados para esta zona incluyen una guardia de auxilio, el centro de investigaciones de la Metropolitana y la instalación de un polideportivo de entrenamiento para la policía de la Ciudad.”.
Uno de los puntos más conflictivos fue la construcción del túnel de Ricardo Balbín y la Avenida Donado. La obra estuvo parada un año debido a los reclamos vecinales. Sin embargo, la construcción se terminó sin tener en cuenta las observaciones de los habitantes del barrio sobre el gran caudal de los arroyos Medrano y Vega, que circulan subterráneamente en la zona. “Tanto la ingeniera hídrica como los vecinos, que luchamos para que una obra simplemente vial se transforme en una obra hidráulica, estamos preocupados que por la caída de 90 milímetros de agua se inunde el túnel”, señala Olivo.
“Cuando hacen este tipo de obras, nunca te quieren mostrar el impacto ambiental porque es desfavorable. Se supone que ese informe debería ser de acceso público. Ahora, además, cambió la Ley de Impacto Ambiental y para obras de no más de 2.500 m2 no es necesario presentar ese informe de impacto”, subraya Olivo.
Otro espacio verde que funciona como atenuador pluvial, y es además un lugar central de recreación, es el Parque Sarmiento, que fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. El proyecto oficial actual pretende trasladar el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest a este parque. Al respecto, Olivo sostiene que “estamos hablando con todos los que podemos para que se entienda cuál es la problemática. Inclusive la comunidad docente y educativa que forma parte del Instituto Romero Brest tampoco quieren venir al Parque. En donde están, tienen todas las comodidades: hace dos años que se terminó de construir y lo único queda es arreglar la pileta, no es que tienen que hacer una inversión astronómica para seguir funcionando ahí. Lo que el gobierno quieren son las tierras, es el negocio inmobiliario. Forma parte todo de lo mismo”.
La zona cercana al Romero Brest es una de las que podría experimentar mayores cambios. Entre los predios comprometidos con la iniciativa de Cambiemos, se encuentran el CENARD y el Club Obras Sanitarias, en Núñez. Olivo agrega que “ahí tienen un corredor importante de tierras públicas que se juntan con lo que es el Tiro Federal para hacer lo que es un negocio inmobiliario impresionante”. Baldiviezo puntualiza que “de aprobarse estos proyectos, la Ciudad perderá parques públicos y los legisladores habrán violado la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental que ordenan que en Buenos Aires los espacios verdes públicos deben incrementarse y que se debe conservar su integridad”.
El Cenard es otra de las instituciones que el gobierno quiere trasladar para vender sus tierras a emprendimientos inmobiliarios.
La relocalización del Tiro Federal fue programada para el 2020. Ante esta decisión, la presidente de una institución que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en el 2005, redactó una carta al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sosteniendo que “el análisis concreto de las presentes circunstancias fácticas determina que las previsiones legales reseñadas no se ajustarían, cabalmente, a las necesidades que requeriría nuestra institución para su supervivencia económica, y por ende, deportiva”. Sin embargo, el traslado del Tiro Federal hacia un sector pegado al Río de la Plata y cercano al Parque de los Niños, sigue vigente.
Otros espacios que se verían afectados con la reorganización de los barrios de Núñez, Saavedra y la zona cercana al río serían la cancha de River (de hecho su presidente, Rodolfo D’Onofrio, planteó la necesidad de mudar el estadio) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) que sería trasladado hacia el Hospital Muñiz junto con otros cinco hospitales. Según la lectura de Jonathan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “esta venta es parte de la mayor privatización de tierras públicas de la Ciudad, que ya incluye más de 350 hectáreas desde que gobierna el Pro”.
Mar 25, 2019 | Entrevistas
Marina Franco es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La pregunta sobre en qué momento los derechos humanos y el reclamo por los desaparecidos y la represión empezaron a ser nodales en el discurso público y dominante, es la inquietud que guía a Marina Franco en El final del silencio. Dictadura, sociedad, y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983), editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Université de Paris Denis Diderot, Franco realiza un trabajo de revisión y deconstrucción de la memoria argentina sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia del país: “Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer”, destaca.
Hablás de un «relato memorial» como una selección de hechos cristalizados. ¿Se puede distinguir entre historia y memoria?
Sí, se pueden distinguir. No hay historia sin memoria, pero parte de las tareas de la historia es la revisión crítica de muchas construcciones que son constitutivas de la memoria. No necesariamente corregir la memoria, pero sí entender que está hecha de figuras cristalizadas, cosas que se seleccionan para recordar y otras para olvidar. Traté de mostrar en el libro que nuestra memoria sobre la transición a la democracia está basada en tres cosas: la Guerra de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y Alfonsín y que, por lo tanto, nuestra memoria un poco épica de la transición, se construyó en torno a la idea de que fue casi natural que se llevaran adelante los juzgamientos y las investigaciones. A contrapelo de esa memoria selectiva, tranquilizante, pasaron muchas cosas y la tendencia general del proceso no era a investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. La idea es recuperar una memoria más compleja de ese proceso para entender mejor la relación de la sociedad argentina con el autoritarismo.
¿Podrías explicar la utilización de las comillas en distintas expresiones del libro como «terrorismo de Estado» o «combatir la subversión»?
Tomé varias decisiones importantes en términos metodológicos y una de ellas, que es transversal a lo que el libro cuenta, es mostrar cuánto de lo que nosotros decimos y entendemos hoy sobre lo que llamamos «terrorismo de estado» fue una construcción a través de muchas décadas. Es decir, que el 10 de diciembre de 1983, prácticamente nadie hablaba de «terrorismo de Estado» y que se hable hoy de ello es el resultado de un proceso político, ideológico, social, de los juzgamientos y de construcciones intelectuales sobre lo que sucedió.
¿Cómo funcionó «el problema de la subversión» como mito fundador y socialmente compartido de la época?
Para mí eso es el tema central. Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder. No hay terrorismo de Estado sin una sociedad que, de alguna manera, lo acompañe. Para una investigación anterior que hice de la represión durante el Peronismo, encontré que estaba completamente instalada la idea de que había un enemigo subversivo que debía ser eliminado. Eso estaba instalado no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el sector de la derecha peronista, en el propio Perón y en gran parte de la sociedad. Trabajé esto a partir de la legislación peronista, de la prensa de la época y de cartas enviadas por ciudadanos comunes al Ministerio del Interior. Mi gran pregunta es, si era tan fuerte la idea de que había un enemigo subversivo que había que eliminar y de que la lucha antisubversiva era legítima antes del golpe de estado, ¿cómo se explica que en el momento de la transición hubiera desaparecido? La respuesta es que no había desaparecido. Por ejemplo, hasta el último día, gran parte del partido radical consideraba que la lucha antisubversiva era el punto en el cual las FFAA habían hecho bien su tarea. Y con ellos, el resto de los partidos políticos, excepto los sectores más de izquierda. El planteo era que las FFAA se habían excedido en la represión.
«Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder», dice Franco.
Hacés una comparación entre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se publicaron en 1980. ¿Por qué ambos fueron recibidos de diferente manera?
Yo no pretendía hacer una comparación. Quería mostrar que esos dos informes fueron publicados en la prensa argentina a comienzos de 1980, en Clarín en primera plana, y decían absolutamente todo sobre la represión. Esto primero pone en cuestión la idea de que la sociedad argentina no sabía nada y segundo, evidencia que de todos los poderes instituidos, nadie vio lo que no quería ver. Lo que agranda la responsabilidad de los sectores políticos de la época porque hacen un uso político de esa información, cuando la dictadura ya se estaba cayendo por su propio peso.
¿De qué manera los diarios La Prensa y el Buenos Aires Herald tenían una posición diferente a diarios masivos como Clarín y La Nación respecto de las denuncias?
Efectivamente el Buenos Aires Herald y La Prensa se desmarcan de la media. Lo interesante es que lo hacen desde un lugar clásico liberal, no son diarios de oposición al régimen. El Buenos Aires Herald empieza a denunciar las violaciones a los Derechos Humanos porque es un diario inglés y liberal al que le parece intolerable semejante nivel de autoritarismo, de avasallamiento de las libertades individuales y de violencia de estado, de la misma manera que aprueba las medidas económicas liberales del gobierno. Con La Prensa es distinto: considera que el poder militar no es suficientemente liberal en términos económicos, pero denuncia las violaciones a los Derechos Humanos como algo intolerable. La otra cosa a señalar es que, a diferencia de lo que se piensa, Clarín fue uno de los principales diarios que empezó a darle espacio a los organismos de Derechos Humanos no como sospechosos de subversión. En ningún caso, creo yo, significa que Clarín tenga un lugar épico. Todos los medios de prensa jugaron su propio juego político, al igual que el Poder Judicial y la Iglesia, y a partir de 1981, denunciar a la dictadura y sus delitos entraba en ese juego.
¿Podrías describir cómo fue el viraje de estos actores?
Lo que hay es un lento proceso de defección, es decir, que son todos actores que al comienzo del régimen lo a acompañaron, apoyaron y celebraron. Durante los primeros años, las sanciones del Poder Judicial iban en favor del régimen; en el caso de la Iglesia, acompañó al poder militar incluso ofreciendo consuelo moral a los represores. Sin embargo, hacia el final del proceso dictatorial, retiraron su apoyo porque el régimen se demostró incapaz en términos políticos, porque nunca logró generar su propia sucesión política; y económicos porque para 1982, la economía estaba en un estado catastrófico; y tampoco fue capaz de ocultar sus propios crímenes. El tema del fracaso económico es un dato muy importante que hemos omitido. La inflación en 1982 era del cien por ciento y luego se duplicó. Para el común de la gente, el problema no eran los desaparecidos, sino la supervivencia material. Estos actores no denunciaron la represión porque les parecía escandaloso, sino porque fue una manera de deslegitimar a quien había hecho el trabajo sucio pero que ahora incomodaba.
¿Cómo se construye la figura del desaparecido durante la transición hacia la democracia?
Clarín publica en una editorial que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo del problema de los desaparecidos y dar respuestas a las Madres de Plaza de Mayo «porque sino estas mujeres se van a enquistar en la vida política argentina». Es decir que era un problema del orden de lo personal, que afectaba a ciertas personas a las cuales había que dar una respuesta privada para poder cerrar el pasado. Es importante porque demuestra que no había una preocupación por la violación a los Derechos Humanos como problema.
Describís un paradigma de los derechos humanos. ¿Te referís a estas características que estuviste nombrando?
Sí y sería nuestra convicción como sociedad de que en la Argentina los Derechos Humanos y la denuncia ocupan un lugar importante desde que se descubrió la represión. La investigación demuestra que ahora es así, pero que en 1983, los desparecidos le importaban a los organismos de Derechos Humanos, a las clases medias profesionales e intelectuales y a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa cultura existe y es mucho más fuerte que en otros países de la región, pero es una construcción de muy largo plazo, que se hizo en los años alfonsinistas, en las luchas contra la impunidad en los años noventa y durante los años kirchneristas. En esa construcción fue decisiva la política escolar y los juicios. Esto muestra lo importantes que son las políticas de Estado en la construcción de conciencia. Las manifestaciones del 2X1 del 2017, son un dato puntual de que las luchas no están saldadas. Agregaría otra cosa, que no está en el libro, y es que el sentido común omite que en la sociedad argentina funcionan los Derechos Humanos vinculados a la dictadura, pero no están vinculados a presos políticos o menores víctimas de la violencia policial. Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer.
¿Por qué la Guerra de Malvinas no fue un parteaguas?
La Guerra de Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en la memoria social en tanto que fue la experiencia de una guerra y es indiscutible. Pero lo que cuestiono es que haya representado un momento bisagra en relación con la dictadura. Esto porque, si uno mira todo el proceso político y social las variables del derrumbe estaban en marcha desde 1980. La Guerra de Malvinas no modifica la negociación entre los partidos políticos y el Gobierno, pero sí genera un cambio de disponibilidad social donde hay mayor disposición para escuchar lo que había ocurrido.
Mar 24, 2019 | Entrevistas
La pregunta sobre en qué momento los derechos humanos y el reclamo por los desaparecidos y la represión empezaron a ser nodales en el discurso público y dominante, es la inquietud que guía a Marina Franco en El final del silencio. Dictadura, sociedad, y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983), editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Université de Paris Denis Diderot, Franco realiza un trabajo de revisión y deconstrucción de la memoria argentina sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia del país: “Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer”, destaca.
Hablás de un «relato memorial» como una selección de hechos cristalizados. ¿Se puede distinguir entre historia y memoria?
Sí, se pueden distinguir. No hay historia sin memoria, pero parte de las tareas de la historia es la revisión crítica de muchas construcciones que son constitutivas de la memoria. No necesariamente corregir la memoria, pero sí entender que está hecha de figuras cristalizadas, cosas que se seleccionan para recordar y otras para olvidar. Traté de mostrar en el libro que nuestra memoria sobre la transición a la democracia está basada en tres cosas: la Guerra de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y Alfonsín y que, por lo tanto, nuestra memoria, un poco épica de la transición, se construyó en torno a la idea de que fue casi natural que se llevaran adelante los juzgamientos y las investigaciones. A contrapelo de esa memoria selectiva, tranquilizante, pasaron muchas cosas y la tendencia general del proceso no era a investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. La idea es recuperar una memoria más compleja de ese proceso para entender mejor la relación de la sociedad argentina con el autoritarismo.
¿Podrías explicar la utilización de las comillas en distintas expresiones del libro como «terrorismo de Estado» o «combatir la subversión»?
Tomé varias decisiones importantes en términos metodológicos y una de ellas, que es transversal a lo que el libro cuenta, es mostrar cuánto de lo que nosotros decimos y entendemos hoy sobre lo que llamamos «terrorismo de Estado» fue una construcción a través de muchas décadas. Es decir, que el 10 de diciembre de 1983, prácticamente nadie hablaba de «terrorismo de Estado» y que se hable hoy de ello es el resultado de un proceso político, ideológico, social, de los juzgamientos y de construcciones intelectuales sobre lo que sucedió.
¿Cómo funcionó «el problema de la subversión» como mito fundador y socialmente compartido de la época?
Para mí eso es el tema central. Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder. No hay terrorismo de Estado sin una sociedad que, de alguna manera, lo acompañe. Para una investigación anterior que hice de la represión durante el Peronismo, encontré que estaba completamente instalada la idea de que había un enemigo subversivo que debía ser eliminado. Eso estaba instalado no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el sector de la derecha peronista, en el propio Perón y en gran parte de la sociedad. Trabajé esto a partir de la legislación peronista, de la prensa de la época y de cartas enviadas por ciudadanos comunes al Ministerio del Interior. Mi gran pregunta es, si era tan fuerte la idea de que había un enemigo subversivo que había que eliminar y de que la lucha antisubversiva era legítima antes del golpe de Estado, ¿cómo se explica que en el momento de la transición hubiera desaparecido? La respuesta es que no había desaparecido. Por ejemplo, hasta el último día, gran parte del partido radical consideraba que la lucha antisubversiva era el punto en el cual las Fuerzas Armadas habían hecho bien su tarea. Y con ellos, el resto de los partidos políticos, excepto los sectores más de izquierda. El planteo era que las Fuerzas Armadas se habían excedido en la represión.
Hacés una comparación entre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se publicaron en 1980. ¿Por qué ambos fueron recibidos de diferente manera?
Yo no pretendía hacer una comparación. Quería mostrar que esos dos informes fueron publicados en la prensa argentina a comienzos de 1980, en Clarín en primera plana, y decían absolutamente todo sobre la represión. Esto, primero pone en cuestión la idea de que la sociedad argentina no sabía nada y segundo, evidencia que de todos los poderes instituidos, nadie vio lo que no quería ver. Lo que agranda la responsabilidad de los sectores políticos de la época porque hacen un uso político de esa información, cuando la dictadura ya se estaba cayendo por su propio peso.
¿De qué manera los diarios La Prensa y el Buenos Aires Herald tenían una posición diferente a diarios masivos como Clarín y La Nación respecto de las denuncias?
Efectivamente, el Buenos Aires Herald y La Prensa se desmarcan de la media. Lo interesante es que lo hacen desde un lugar clásico liberal, no son diarios de oposición al régimen. El Buenos Aires Herald empieza a denunciar las violaciones a los derechos humanos porque es un diario inglés y liberal al que le parece intolerable semejante nivel de autoritarismo, de avasallamiento de las libertades individuales y de violencia de Estado, de la misma manera que aprueba las medidas económicas liberales del gobierno. Con La Prensa es distinto: considera que el poder militar no es suficientemente liberal en términos económicos, pero denuncia las violaciones a los derechos humanos como algo intolerable. La otra cosa a señalar es que, a diferencia de lo que se piensa, Clarín fue uno de los principales diarios que empezó a darle espacio a los organismos de Derechos Humanos no como sospechosos de subversión. En ningún caso, creo yo, significa que Clarín tenga un lugar épico. Todos los medios de prensa jugaron su propio juego político, al igual que el Poder Judicial y la Iglesia, y a partir de 1981, denunciar a la dictadura y sus delitos entraba en ese juego.
¿Podrías describir cómo fue el viraje de estos actores?
Lo que hay es un lento proceso de defección, es decir, que son todos actores que al comienzo del régimen lo a acompañaron, apoyaron y celebraron. Durante los primeros años, las sanciones del Poder Judicial iban en favor del régimen; en el caso de la Iglesia, acompañó al poder militar incluso ofreciendo consuelo moral a los represores. Sin embargo, hacia el final del proceso dictatorial, retiraron su apoyo porque el régimen se demostró incapaz en términos políticos, porque nunca logró generar su propia sucesión política; y económicos porque para 1982, la economía estaba en un estado catastrófico; y tampoco fue capaz de ocultar sus propios crímenes. El tema del fracaso económico es un dato muy importante que hemos omitido. La inflación en 1982 era del cien por ciento y luego se duplicó. Para el común de la gente, el problema no eran los desaparecidos, sino la supervivencia material. Estos actores no denunciaron la represión porque les parecía escandaloso, sino porque fue una manera de deslegitimar a quien había hecho el trabajo sucio pero que ahora incomodaba.
¿Cómo se construye la figura del desaparecido durante la transición hacia la democracia?
Clarín publica en una editorial que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo del problema de los desaparecidos y dar respuestas a las Madres de Plaza de Mayo «porque sino estas mujeres se van a enquistar en la vida política argentina». Es decir que era un problema del orden de lo personal, que afectaba a ciertas personas a las cuales había que dar una respuesta privada para poder cerrar el pasado. Es importante porque demuestra que no había una preocupación por la violación a los Derechos Humanos como problema.
Describís un paradigma de los derechos humanos. ¿Te referís a estas características que estuviste nombrando?
Sí y sería nuestra convicción como sociedad de que en la Argentina los derechos humanos y la denuncia ocupan un lugar importante desde que se descubrió la represión. La investigación demuestra que ahora es así, pero que en 1983, los desaparecidos le importaban a los organismos de derechos humanos, a las clases medias profesionales e intelectuales y a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa cultura existe y es mucho más fuerte que en otros países de la región, pero es una construcción de muy largo plazo, que se hizo en los años alfonsinistas, en las luchas contra la impunidad en los años noventa y durante los años kirchneristas. En esa construcción fue decisiva la política escolar y los juicios. Esto muestra lo importantes que son las políticas de Estado en la construcción de conciencia. Las manifestaciones contra el 2X1 del 2017 son un dato puntual de que las luchas no están saldadas. Agregaría otra cosa, que no está en el libro, y es que el sentido común omite que en la sociedad argentina funcionan los derechos humanos vinculados a la dictadura, pero no están vinculados a presos políticos o a menores víctimas de la violencia policial. Nuestra cultura de los derechos humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer.
¿Por qué la Guerra de Malvinas no fue un parteaguas?
La Guerra de Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en la memoria social en tanto que fue la experiencia de una guerra y es indiscutible. Pero lo que cuestiono es que haya representado un momento bisagra en relación con la dictadura. Si uno mira todo el proceso político y social, las variables del derrumbe estaban en marcha desde 1980. La Guerra de Malvinas no modifica la negociación entre los partidos políticos y el Gobierno, pero sí genera un cambio de disponibilidad social donde hay mayor disposición para escuchar lo que había ocurrido.
Ene 30, 2019 | Novedades, Trabajo
Con la finalización de la feria judicial, la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen reanudará las medidas de lucha para reclamar por la expropiación definitiva del edificio, luego de que la Corte Suprema rechazara a fin de año pasado un recurso extraordinario para no ser desalojados del inmueble de la Avenida Callao.
El primer golpe contra los trabajadores de la empresa recuperada se lo había dado el presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 había vetado la ley que les efectivizaba la adjudicación del edificio. En diálogo con ANCCOM, Diego Ruorte, del Departamento de Compras de la empresa recuperada, explicó que “cuando se inicien las actividades en marzo volvemos otra vez a plan de lucha y a replantear el proyecto de expropiación en el Congreso, porque ya una vez vetado por el presidente, si el Congreso lo vuelve a avalar y a aprobar, el presidente no lo puede vetar”. Así, los cooperativistas redoblan la apuesta para defender sus puestos de trabajo.
Juan, uno de los trabajadores de la lavandería del Hotel Bauen.
El Hotel Bauen se inauguró en 1978 con motivo del Mundial de Fútbol. Para poder construirse, contó con un préstamo del Estado que nunca fue saldado y permaneció en manos de una empresa privada hasta 2001, año en que, en medio de la crisis económica, declaró su quiebra. En 2003 fue recuperado por sus antiguos trabajadores y desde ese momento hasta la fecha lo continúan gestionando. Lo hacen en permanente zozobra ante las sucesivas amenazas de desalojo. “Comprobamos que el dueño del hotel es el Estado ya que fue adjudicado en la época de la dictadura y la empresa nunca devolvió su crédito inicial”, justificó Ruorte.
Durante los quince años que lleva el conflicto, los cooperativistas presentaron siete proyectos, en los que participaron economistas, sociólogos y abogados. “Los últimos están hechos con una conciencia económica sustentable ya que el Bauen es una herramienta de trabajo, de inclusión y de sustentabilidad”, expresó Ruorte y agregó que “esto es una causa loable, nosotros tributamos, pagamos todos los servicios, no tenemos ni una deuda, demostramos que los trabajadores somos lo contrario a lo que fue el patrón porque generó deudas, quiebras, a los proveedores les dio cheques voladores… nosotros estamos haciendo todo al revés”.
Cuando la temporada es baja o cuenta con salones libres, el hotel ofrece el espacio para distintas organizaciones que lo solicitan. Actualmente son sede de talleres teatrales de verano. “Dentro de lo que es nuestro formato de cooperativa y asamblea, ideamos promover algunos simbolismos de los trabajadores, que son el espíritu solidario, la cooperación, la colaboración. Anteriormente se hacía solidariamente, hoy pedimos una colaboración para pagar la luz y el resto de los servicios”, agregó.
Los trabajadores Jorge , Abel y Lucas.
Además, en su interior alberga diferentes emprendimientos productivos vinculados a la alimentación orgánica y de producción nacional. “A nosotros nos interesa, dentro del marco de lo que es el Centro porteño, donde tenés a Mc Donald’s y Farmacity por todos lados, dar visibilidad a un emprendimiento que muestre que hay otro tipo de economía y de acción, que no está motivada solo por el dinero. Como todo hotel estamos abiertos a un público mundial y tenemos que mantener la marcas de primera línea, pero dentro de esos productos, incluimos los de las cooperativas”, contó. En esa línea, a fin de año (casi en sintonía con el fallo de la Corte), se inauguró en el hall del hotel el Almacén de la Agricultura Familiar, del Movimiento Popular La Dignidad, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que vende productos de otras cooperativas.
Ruorte forma parte de Bauen desde hace quince años, luego de suceder a su papá, que integró el staff del hotel desde su fundación. “Nunca recibimos subsidios, nunca fuimos apoyados por el gobierno en ese aspecto. La motivación nuestra es la de mantener nuestros 100 puestos de trabajo y seguir funcionando como cooperativa”.
El fallo de la Corte implica que una vez que se efectivicen las notificaciones a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado comercial que llevan la causa de la quiebra, puede llegar la orden definitiva de desalojo. Mientras tanto, los trabajadores aguardan para dar lucha, una vez más.
