#NiUnaMenos
Actualizado a junio 2015
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Bajen las armas
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego nació en 2007 a partir la ley 26.216, promulgada por el entonces presidente Néstor Kirchner y apoyada por organizaciones civiles que promueven la disminución de revólveres, pistolas y escopetas en manos de la sociedad. “El programa de desarme -explicó Martín Angerosa, coordinador del Plan- recibe, de manera anónima y voluntaria, armas y municiones que la gente quiera entregar, sean legales, ilegales, registradas o no, con deudas en el registro o no”. Por esta iniciativa y por las incautaciones de las Fuerzas de seguridad, ya se han destruido 292.378 unidades.
Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), la amplia mayoría de los casos de violencia con instrumentos de fuego se da en situaciones interpersonales. El 64 por ciento de los homicidios dolosos no se da en ocasión de robo o delito y el 27,2 de los asesinatos, accidentes o suicidios ocurren en la vivienda. Angerosa, que también es delegado del RENAR en Córdoba, mencionó a ANCCOM dos casos paradigmáticos: “En el 2005 hubo un problema muy grave en Carmen de Patagones: un chico llevó un arma al colegio y mató a cinco de sus compañeros; a partir de eso, se organizó la Red Argentina para el Desarme (RAD). Después, en 2006, ocurrió el caso de Alfredo Marcenac, un chico que caminaba por Belgrano cuando un tipo empezó a disparar a todo el mundo y lo mató”.
Los padres de Marcenac se acercaron a la RAD y, juntos, fueron recibidos por el ex presidente Kirchner. Le plantearon la necesidad de un programa de desarme y le pidieron que el RENAR dejara de depender del Ministerio de Defensa para ubicarse en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un año más tarde, la ley 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de armas de fuego, municiones y explosivos. Su artículo 4° plantea las finalidades del Programa de Desarme: disminuir el uso y la proliferación de armas de fuego; reducir la cantidad de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso a ellas; sensibilizar acerca de los riegos; y promover una cultura de no tenencia y no uso de las mismas.
El RENAR cuenta con delegaciones distribuidas en todas las provincias donde se realizan los trámites para el registro de las armas y en las que funciona, durante todo el año, el Plan de Desarme. En las ciudades donde no cuenta con oficinas, el organismo coloca puestos móviles por una o dos semanas. En estos puestos, como en los fijos, una vez que la persona hace entrega del arma, el personal especializado la inutiliza, aplastando el caño con una prensa hidráulica: “Es la garantía de transparencia del plan, de que esa arma no va a ser vendida ni se va a inyectar de nuevo en el circuito”, sostiene Angerosa. Luego, se le entrega a la persona un incentivo económico -que varía entre 500 y 2000 pesos, según el tipo y calibre del arma. Para ninguno de estos trámites se necesita ningún tipo de identificación o documentación.
El coordinador nacional del Plan de Entrega Voluntaria de Armas manifestó que se paga más por aquellas que más daño causan a la sociedad: “Las más presentes en las incautaciones de la Policía eran las de calibre 22, 32 y 38, por las que se paga 1000 pesos; las de menos de 1000 son generalmente viejas y no se ven en asaltos o robos. Las de 2000 son semiautomáticas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero que se han recibido anónimamente y son de un poder letal, mucho mayor que las demás”.
Carola Concaro, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), señaló que el mercado ilegal de armas se abastece del legal: “Hablamos de robos simples hasta delitos de alta complejidad y organización como tráfico ilícito de armas de fuego”.
Foto gentileza RENAR
El programa también impulsó campañas como “Desarmando mitos, construyendo argumentos”, una publicación elaborada en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Mediante ella promueve la política de desarme voluntario como una forma de preservar la paz y, a su vez, deslegitimar la presencia de armamento en manos de la sociedad civil. La iniciativa es llevada adelante por un equipo de promotores que se encarga de difundir esta política en las provincias, a través de charlas en establecimientos educativos y con la difusión de un cuadernillo con propuestas para que los docentes trabajen el tema de la violencia armada con los estudiantes.
Otra de las campañas del programa tuvo lugar en la provincia de Córdoba y se denominó “Fútbol por el desarme”. Al respecto, Pablo Rodríguez, del Departamento de Cultura del Club Atlético Belgrano de Córdoba, explicó: “Nos pareció interesante difundir y acompañar con un mensaje por la “No Violencia”. La campaña tuvo dos semanas de concientización y dos de entrega voluntaria. La primera etapa incluyó visitas a escuelas primarias -donde se entregaron libros a cambio de armas de juguete-, charlas con organizaciones barriales y un espectáculo de circo”. El RENAR instaló un puesto móvil en la sede del club y las diversas actividades sirvieron para difundir e instalar la problemática en la población. Rodríguez se mostró satisfecho con la experiencia: “Fue sumamente exitosa, con un impacto muy positivo en la ciudadanía, ya que se destruyeron 301 armas en dos semanas. Queremos acercar esta experiencia al Encuentro de Departamentos de Cultura de AFA, que congrega a más de 25 clubes, para llevar esta acción al resto de las instituciones deportivas y contribuir a la erradicación del uso de armas de fuego. Vamos a seguir trabajando con los vecinos y los ciudadanos por una sociedad más justa y tolerante”.
Para Concaro, la política de desarme contribuye a la no reproducción de la violencia como medio para la resolución de conflictos, lo que conlleva un cambio sociocultural de la población. Sin embargo, no todos creen que el plan sea efectivo. Ariel Torre, participante de www.foroarmas.com, afirma: “No estoy a favor ni en contra del Plan, pero pienso que no sirve y que las piezas que la gente lleve van a ser viejas y obsoletas, mientras que las verdaderamente peligrosas van a seguir circulando. Yo tengo un arma para estar en un mínimo de igualdad con los chorros, pero creo que sólo la gente capacitada debería poder portar una: si no sabes cuidarla y no tenés la decisión de usarla si se presenta la ocasión, no portes”.
La política de desarme civil ha implicado una disminución en las autorizaciones para la portación de armas: en 2003, se autorizaron 8.196; en 2014, apenas 488 y, en lo que va de 2015, sólo 215 personas obtuvieron el permiso. La diputada del Frente Para la Victoria, María del Carmen Bianchi, es autora de una iniciativa de ley que propone la reforma del artículo 189 bis del Código Penal, para establecer los delitos vinculados a la tenencia, portación, fabricación y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones. Además, propuso la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que reemplazaría el actual Registro Nacional de Armas.
El 28 de abril de este año, la presidenta Cristina Fernández inauguró el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), dependiente del RENAR. El edificio, ubicado en General Savio al 1700, en la localidad bonaerense de San Martín, funcionará como depósito. Allí se almacenarán armas secuestradas por las Fuerzas de Seguridad y las que estén involucradas en procesos judiciales, como también las recolectadas por el Plan de Desarme. De esta manera, se guardarán las que serán destruidas y las que aún no pueden serlo. Cada vez que el Estado junta 20 mil piezas, realiza trituraciones públicas de revólveres y municiones, como la que realizó el pasado 20 de julio en la localidad de Campana.
“Fue un plan criminal”
Durante la mañana del jueves 25 de junio se llevó a cabo la audiencia de la Cámara Federal de Casación que buscará rever las penas de los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010 mientras se manifestaba contra la tercerización de los trabajadores del ferrocarril Roca.
Para Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y legislador porteño, se trata de una instancia que «permite darle un cierre definitivo a la causa». En una entrevista con ANCCOM, posterior a la audiencia, Ferreyra indicó que la Cámara de Casación «tiene la responsabilidad histórica de respetar, mejorar o darle nuevos elementos al fallo del Tribunal Oral N° 21 de hace dos años».
Hace dos años, el TOC N°21 había condenado a José Pedraza y a Juan Carlos Fernández, ambos de la Unión Ferroviaria (UF), a 15 años de prisión, mientras que el delegado Pablo Díaz y los barrabravas Gabriel Sánchez y Cristian Favale recibieron 18 años por ser coautores del asesinato. También se había condenado a policías y otros ferroviarios por los hechos.
La particularidad que tuvo la jornada, que contó con una gran cantidad de militantes que se trasladaron a Comodoro Py a manifestar su apoyo a la causa, fue que tanto la fiscalía como las dos querellas coincidieron en pedir que se revea la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°21 y que se cambie la carátula de «dolo eventual» a «dolo directo», lo cual haría que se eleven las penas de los condenados.
«El fallo anterior no fue lógico, no fue coherente. Se desecharon un montón de pruebas que mostraban realmente la existencia de este plan criminal. El tribunal hizo un razonamiento falaz, sin un motivo de fondo, para decir ‘Pedraza no quería asesinar’, porque ‘a nadie le convenía un asesinato'», advirtió Gabriel Solano, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y una de las figuras que se acercó a los tribunales.
«Vamos a pedir que se cambie la carátula porque entendemos que hubo suficientes pruebas que muestran la existencia de un plan criminal. El tribunal lo presentó como un homicidio simple. A partir de ese cambio de carátula, vamos a seguir avanzando porque hay varias causas paralelas a la principal que tienen que ver con el problema de la investigación a las empresas privatizadas y a los funcionarios del gobierno. Esas causas están paradas. Nosotros entendemos que hasta que eso no avance, la justicia fue parcial, porque se están dejando de lado las responsabilidades políticas y empresariales», agregó en diálogo con ANCCOM.
Sobre el cambio de carátula, Ferreyra manifestó que «es difícil» que ocurra. «Hay que ser optimistas y confiar en los jueces. Lo que nos interesa, sobre todo, es modificar las responsabilidades de la policía. Creemos que hubo abandono de persona», señaló el legislador porteño.
«Nuestro fundamento -añadió Solano- no es revanchista-. No pedimos un año más o un año menos de condena. Nuestro tema es la caracterización de lo que ocurrió en esa jornada. Lo que pasó fue consecuencia de un plan criminal, y hoy solo se juzgó a una de las partes: a Pedraza. No al resto».
La fiscal Gabriela Baigún consideró que el ataque atentó contra «el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse» en sus argumentos frente a los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, quien se había expresado a favor de concederle el arresto domiciliario a Pedraza, un pedido que fue rechazado en marzo de este año.
Tanto Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querellante por la familia Ferreyra, como Claudia Ferrero, quien representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, dos de los heridos en el conflicto, coincidieron con la fiscal en pedir un aumento en las penas. Ferrero habló específicamente de un «plan criminal», algo que el defensor de Pedraza, Carlos Froment, puso en duda al asegurar que su defendido no conocía a Cristian Favale. En un comunicado posterior a la audiencia, el CELS desestimó nuevamente ese argumento al recordar que la sentencia del TOC N° 21 había tomado como una de las pruebas una triangulación de llamadas entre Pedraza, Favale y un estudio de abogados. «Es decir, el máximo dirigente de la UF buscó garantizar la defensa del principal sospechoso», señaló el comunicado del CELS.
En su exposición, la fiscal Baigún también recordó los intentos de soborno de Pedraza y que uno de sus peritos, Roberto Locles, fue condenado a un año de prisión en suspenso por adulterar una prueba, específicamente, la bala que mató a Mariano. Al grito de «¿Ven que esto no se deforma?», Locles había golpeado la bala sobre una mesa en una junta pericial.
Sobre los intentos de soborno, Ferreyra explicó que «es una causa aparte» y que «tiene una complejidad muy grande». El legislador, hermano de la víctima, agregó: «Estamos hablando del propio poder judicial investigándose a sí mismo. Ahí permitime ser mucho más escéptico. Lo vemos muy difícil». En cambio, destacó la ratificación de la condena a Locles: «Lo recibimos muy bien. Fue un juicio breve, la mayoría de los testigos mostraron que la actitud de Locles fue irracional».
A la audiencia asistieron los diputados nacionales Andrés «El Cuervo» Larroque, Myriam Bregman, Facundo Moyano, Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso. En la puerta de los tribunales se concentró una gran cantidad de militantes, en su mayoría jóvenes del Partido Obrero y de la agrupación Seamos Libres, acompañados también por Patria Grande, el PTS, La Cámpora, CORREPI, la organización Razón y Revolución, Liga Socialista Revolucionaria, Izquierda Revolucionaria y Tendencia Piquetera Revolucionaria. También se movilizaron los centros de estudiantes de Ingeniería, Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, que colgaron sus banderas y soportaron una mañana lluviosa y de frío en Comodoro Py.
«El asesinato de Mariano no puede haber sido en vano, dentro del conjunto del campo popular, por todas las organizaciones, porque la lucha contra la tercerización y la precarización laboral es algo que nos tiene que nuclear a todas organizaciones, independientemente de la ideología que tengamos o el espacio político al cual pertenezcamos», señaló Marcos Fernández, militante de Seamos Libres.
«En estos últimos años ha habido un resurgimiento de ese sector político juvenil que reivindica mucho la militancia. Mariano ha quedado plasmado por la juventud, por lo que representó ese período», expresó Pablo Ferreyra. «Es una figura que me da orgullo que sea tomada por los estudiantes. Sigue siendo un emblema que no tiene que tener dueño ni política partidaria, no hay ningún estudiante que no se haya conmovido con su caso».
Recuerdos de la muerte
“Esta ropa huele a muerte”, anuncia un esténcil sobre un pequeño fragmento de la pared que aún sobrevive del taller textil clandestino de Páez 2796, en el Bajo Flores. Llama la atención junto al mural, pintado días después del incendio que mató a los hermanos Rodrigo y Rolando Menchaca, de seis y diez años. La humedad del día gris hace sentir aún más ese olor penetrante. Es que ahora el paisaje ha mutado. Cientos de prendas y retazos de diferentes telas se apilan por doquier en la puerta del lugar. La lluvia ha hecho lo suyo. Nadie sabe responder por qué toda esa cantidad de ropa yace apilada sobre la vereda detrás del perímetro policial. Van llegando integrantes de la Asamblea Textil de Flores, organizadores del acto que recordará a los niños, junto con vecinos y diferentes colectivos sociales. Unos cuantos paraguas hacen comunidad en esa esquina porteña. Debajo de ellos, unas cuantas personas, dispuestas a no olvidar.
“Cuando nos enteramos de la muerte de los dos nenes, varias de las personas que nos juntamos a hacer actividades sociales y culturales en la Cazona de Flores, dijimos: ´Tenemos que salir a hacer algo´”, explica Juan Vázquez, miembro de Simbiosis Cultural, un colectivo de ex trabajadores de talleres textiles. “Hacer algo” significaba visibilizar la situación del estado general de algunos eslabones de la producción de ropa y empezar a plantear una discusión más amplia. “Por eso –explica- decidimos llamar ese mismo día a un asamblea en la que se acercaron un montón de vecinos, talleristas, organizaciones sociales, sindicales y demás. Lo primero que evaluamos era la complejidad del tema. Más que nada para salir de una mirada comunicacionalmente útil, pero para nada efectivamente útil”.
Una asamblea que nació como un gesto de indignación, ahora crece como un instrumento de organización para decenas de trabajadores textiles que buscan otro modo de producción. “Desde Simbiosis Cultural -explica Vázquez- nuestro objetivo es empezar a buscar un diálogo con los costureros y los talleristas que es muy necesario para empezar a entablar otras formas de trabajo. La propuesta es generar formas alternativas de producción. Estamos creando un Observatorio de Trabajo Sumergido, así lo llamamos nosotros. Que va a tener como pata fundamental al rubro textil”.
Según el manifiesto leído en el acto que homenajeó a Rolando y Rodrigo, el “trabajo sumergido” es todo ese mundo que se oculta detrás de lo legal. Es decir, aquellas prácticas productivas encuadradas en la informalidad, a costa de la explotación laboral. “Pero, además, ese trabajo sumergido –nutrido del esfuerzo, de las aspiraciones de progreso de los y las migrantes- es un poderoso motor económico, por sus bajos costos de producción y porque abastece el mercado con los productos baratos que los pobres puede pagar”. Por eso, Lennis Quispe, de la Asamblea Textil, afirma: “Para nosotros es importante organizarnos en otras formas de trabajo, organizarnos también en lo sindical y empezar a pensar por qué este sistema se sostiene así, con la connivencia de qué organismos y cuáles son los actores necesarios para la transformación de esta forma de trabajo”.
Acto en conmemoración a dos meses de la muerte de los Rolando y Rodrigo, los dos nenes muertos en el taller textil de Flores.
La lluvia no cesa, el dolor tampoco. Hace dos meses, Rolando y Rodrigo dormían en el sótano del taller, en donde trabajaban sus padres y sus tíos. Ese 27 de abril, como había un corte de luz exclusivo de esa propiedad, para iluminarse, sus padres habían prendido una vela que luego ocasionó el fuego. Diez días después, se originó otro incendio, en el que la justicia alegó una “falla eléctrica”, aunque Edesur nunca había ido a reponer la electricidad luego del primer incidente.
De espaldas al taller, dos mujeres sostienen la bandera que el policía de custodia del lugar no ha permitido colgar en los árboles. Es una bandera compuesta de retazos de colores infinitos. Hecha de lo que “no entra en el molde”, como define Quispe que acota: “Como nosotros, que quedamos afuera de los moldes”.
Según la ONG La Alameda, en la Ciudad de Buenos Aires existen cerca de 3.000 talleres textiles clandestinos, entre ellos el de la calle Páez que había sido denunciado por ellos siete meses antes del incendio. Uno de los referentes de esa institución, Lucas Manjón asegura que a dos meses del incendio el Gobierno ha levantado levemente el nivel de los controles que llevan sobre los talleres, pero que de todas formas no llega al nivel óptimo. “La Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha mantenido su misma modalidad de funcionamiento. Van, golpean la puerta, y en caso de no tener respuesta se van y solamente elevan una nota administrativa, sea por una denuncia directa que reciben, o sea porque una fiscalía le está diciendo que puede haber personas reducidas a la servidumbre o puede haber personas víctimas de trata”. Manjón asegura que recientemente se ha descubierto un taller que operaba de modo ilegal y fabricaba las camperas para la Policía Metropolitana. “El Estado –subraya- pasa a ser responsable, no solo porque no controla los lugares sino porque, además de actuar por negligencia, fomenta estos lugares económicamente, contratándolos directamente”.
Manjón explica que desde La Alameda proponen que con la maquinaria incautada a talleres clandestinos, se puedan formar cooperativas con esos mismos trabajadores, como ocurrió en el Polo Textil de Barracas. “Nosotros pretendemos que el Estado contrate a estas fábricas textiles para seguir fomentado la producción. Y por otro lado, estamos exigiendo que no puedan contratar a proveedores que no tengan toda la cadena de producción certificada que está libre de trabajo esclavo”.
Según Vázquez, de la Cazona de Flores, este discurso de “taller clandestino” se funda después de 2006 con la muerte de seis personas en un incendio de otro taller ilegal, en la calle Luis Viale. “El hecho de que hayan sucedido nuevamente más muertes en un taller textil, significa que no se ha modificado nada. Solo se modificaron los lugares donde están los talleres. Se armaron mapas que sirven políticamente, comunicacionalmente”.
Afirma Manjón, el de La Alameda: “De ninguna manera nosotros queremos que los talleres clandestinos se legalicen. De ese modo, lo único que se estaría haciendo sería que los costureros que puedan llegar a tener un mayor crecimiento económico dentro de esa situación de explotación, repliquen este sistema. Porque muchas veces algunos talleristas ponen a los costureros a cargo otros talleres, entonces se siguen reproduciendo cada vez más las condiciones de explotación”.
Multitudinaria marcha por el #Ni una menos
Ayer la plaza frente al Congreso Nacional se llenó de consignas en contra de la violencia de género. Miles de personas dijeron “basta” frente a la ola de femicidios que, sólo el año pasado, les quitó la vida a 277 mujeres, según las cifras del observatorio de La Casa del Encuentro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs), Asociaciones barriales y profesionales, autoconvocados, hombres, mujeres y niños levantaron las banderas para reclamar “Ni una menos”. Ni una menos en los trabajos, ni una menos en las universidades, ni una menos en cada familia, ni una menos en el país.
La violencia de género no sólo es ejercida por parejas, ex novios o maridos celosos sino también por padres y vecinos, por ejemplo. Cansada de tanto padecimiento, Jésica Dumont, una joven tucumana de 15 años, se suicidó. Cuando la familia comenzó a investigar, se enteró que su padre abusaba de ella. Miriam Roldán, amiga de la familia y presente en la convocatoria, contó que el agresor “durante toda la vida ejerció violencia de género con la madre y sus hijas, apartándolas de los amigos, maltratándolas física y psicológicamente”. Todavía no está preso pero “los jueces tucumanos van a tener que hacer justicia”, enfatizó Miriam. Por su parte, Mauricio Casas estaba presente porque su madre y su hermana fueron víctimas de un vecino que las “hostigó durante diez años, llegó a golpearlas y las terminó matando”. Al día de hoy está prófugo y hace cinco meses que la familia no tiene respuestas por parte de la justicia. Habían hecho quince denuncias. Para Mauricio, la justicia se define por la “burocracia, la desidia, la corrupción y la inoperancia”.
El poder judicial y la policía se caracterizan, en muchas oportunidades, por la lentitud en los procedimientos y por la falta de respuestas ante los pedidos de los familiares. Marcos y Natalia estaban pidiendo justicia por su amiga, que murió luego de que su novio la dejara en coma debido a los golpes que le había dado. Actualmente, el agresor está prófugo. Ella pide que “se respeten los derechos de las mujeres” y que este acto “sirva de algo”.
La violencia de género está vinculada también a los abusos de poder. En febrero de 2001, en la localidad de Miramar, Natalia Melmann, una adolescente de 15 años, fue asesinada por cinco policías luego de ser abusada. Sus padres estaban presenten en la convocatoria. Laura, su mamá, cuenta cómo sucedió: “la raptaron en la calle, la llevaron en un móvil policial a una playa alejada y la mataron después de hacerle todo lo que le quisieron hacer; después de haberla matado, guardaron el cuerpo durante tres días en una casa porque todo el pueblo la estaba buscando”. Laura y su marido, Gustavo, lucharon y lograron llevar a juicio a casi todos los culpables: “en el año 2002 los encontraron culpables y les dieron reclusión perpetua”, cuenta Laura, pero todavía queda pendiente el juicio del último culpable. “No vamos a bajar los brazos”, enfatiza y el dolor se ve en su mirada. Además, existen una gran cantidad de casos en los que no se conoce quién fue el culpable. Es el caso, por ejemplo, de Érica Soriano, la joven embarazada que desapareció en 2010 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ester Soriano, presente también en la convocatoria, dijo que no sólo estaban allí por Érica, sino “porque todos somos parte, las personas nos tenemos que involucrar y participar y ayudarnos unos a otros”. Ester desea que el reclamo se efectivice en acciones por parte del Estado porque “no bastan las lindas palabras, son los hechos los que van a decir si esto sirvió para algo”.
Debajo de cada cartel pidiendo justicia había una mano que lo sostenía firme, con esa fortaleza que solo aquellos que pasaron por situaciones muy dolorosas pueden tener. Esos carteles contribuían a visibilizar a las víctimas. Ellas también estaban presentes.
