Jun 4, 2015 | destacadas
Desde un balcón de la avenida Rivadavia, esquina Callao, seis vecinos rezan sus plegarias a Dios, al ritmo de una melodía evangélica. Mientras tanto, por la calle, miles de personas se movilizan exhibiendo carteles en honor a las mujeres: “Ni una menos, ni una más”; “ni a lavar ni a planchar, las mujeres a luchar”. Un río de selfies invade la Plaza Congreso: llueven hashtags en todos los celulares porteños. Banderines, carteles, cartones y telgopores se visten con palabras de aliento y reflexión. Una mezcolanza entre payamédicos, madres víctimas de la trata de personas, empleados estatales y municipales, estudiantes secundarios y universitarios, mujeres embarazadas y hasta miembros de la Iglesia católica marchaban hacia la misma Plaza. “Si una persona maltrata a un animal, lo mismo hará con una persona”, dice uno de los panfletos. Hasta Evita y Sandro participaron de la causa desde una remera.
Las diferentes posturas acerca del rol de la mujer se hicieron presentes durante la macha Ni una menos. Julieta y Karina, miembros de la agrupación de mujeres “María Eva”, del Sindicato de textiles y afines (SETIA) cuentan: “En los sindicatos son todos hombres, y la mujer está dejada a un costado”. “Vinimos a la marcha porque queremos ver qué se está haciendo y porqué la amiga de mi sobrina desapareció hace un mes y todavía no la encontraron”, dice Karina.
Alrededor de las 6 de la tarde, en un escenario ubicado en la plaza, Érica Rivas, Maitena y Juan Minujín leyeron los 5 puntos del documento del colectivo # ni una menos: “Pedimos la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres que está en la Ley 26.485. Pedimos que se cumpla integralmente, que haya monitoreo y presupuesto para todo lo que se hace. Pedimos que se garantice el acceso a la Justicia a las víctimas; que haya patrocinio jurídico; que no se las revictimice; que las causas que tramitan en el fuero civil y penal se unan para que sea todo más ágil”, decía, ente otras cosas, el escrito consensuado por las y los organizadores de la concentración.
Muchas personas de las que asistieron era la primera vez que participaban de una marcha. Mirta, dueña de un catering para eventos, contó que “lo que me movilizó a venir a la marcha es que una de mis empleadas viene siempre con el ojo morado. Yo la tengo que maquillar para que pueda trabajar”, cuenta esta vecina del barrio de Caballito. Y agrega: “Si vos permitís un grito, o una mala mirada, viene lo demás. ‘Respetame, soy mujer, yo no soy ni tu sirvienta, ni tu mucama, soy un ser humano, como vos’. Cuando ya llegaste al golpe, ya no tenés más nada que hacer, mi amor, andate, aunque te mueras de hambre abajo del puente. Si no te dan bolilla en la comisaría, ¡yo creo que me paro en la puerta de la Casa de Gobierno y empiezo a gritar!”; “¿A un hombre que viola a un chico le bajan 3 años de condena porque el chico tiene ´tendencias gay´? Yo no creo en la justicia”, concluye.
Va llegando cada vez más gente a la plaza y son pocos los recovecos vacíos para transitar. Y en medio de eso, aparece Carla, prima de Paola Acosta, quien fue asesinada por el padre de su hija, en septiembre del 2014 en la provincia de Córdoba. El homicida también trató de asesinar a su beba Martina de un año y medio, por no querer pasarle la cuota alimentaria. “Paola fue encontrada muerta en una alcantarilla; Martina está viva de milagro, el padre y homicida está preso pero estamos esperando el juicio. (José Manuel) De la Sota nos lo prometió para antes diciembre- de 2014- y ya estamos en junio y no tenemos novedades”, afirmó la prima de la víctima.
A medida que fue cayendo el sol, el Congreso se iluminó de violeta, y los carteles se multiplicaron como estrellas. Llegó un obispo. “Todo bien, pero ¿por qué no viene sin el hábito?, ¡parece una cargada!”, exclamó al aire una chica. “Acá no entra ni una más ni una menos”, dijo una señora en referencia a la cantidad de gente. A las 18.30, a esa cantidad de panfletos se sumaron fuegos artificiales que cantaron ¡“Ni una menos, ni una menos! Y una manada de celulares retrató el momento. “Esto parece un recital: hasta te podés llevar una remera con la cara de Enriqueta – el personaje de Nik – por 120 pesos”, se escuchó.
Jun 3, 2015 | destacadas
Gabriela, Agustina y Ángeles. Lola, Melina y Valeria. Y los nombres continúan. Ellas fueron víctimas de la violencia de género, de la violencia machista que las cosifica y se cree con derechos sobre sus cuerpos y almas. Desde 2008, según el observatorio de La Casa del Encuentro, 1808 mujeres fueron víctimas de femicidios. En las últimas semanas, el caso de la adolescente Chiara renovó la consigna “Ni una menos”. Adquirió fuerza con la potencia de un grito acallado, ahogado por años. Algo se despertó en la sociedad. Hoy, esa consigna va a ser más fuerte que la violencia.
El despertar
La consigna “Ni una menos” surgió a partir de un grupo de periodistas, activistas y artistas que en el mes de marzo pasado llevaron a cabo una maratón de lectura, en conjunto con familiares de víctimas, en contra de la violencia de género. El femicidio de Chiara, en la provincia de Santa Fe, en mayo pasado, renovó la fuerza de la frase y, a través de las redes sociales, se viralizó y se extendió rápidamente. A partir de allí, cada vez más fueron los que apoyaron la causa, desde políticos hasta personalidades del espectáculo, pasando por organizaciones no gubernamentales, familiares de víctimas, referentes sociales, actores y conductores, entre otros. Esto se transformó en la iniciativa de concentrarse hoy, a las 17 horas, frente al Congreso de la Nación, con el objetivo de repudiar la violencia contra las mujeres y solicitar al Estado políticas públicas integrales. Además, la convocatoria tuvo réplicas en diferentes provincias, que también se manifestarán en simultáneo. Será un día histórico, por primera vez, el país se movilizará a nivel nacional para luchar contra la violencia de género.
La gran repercusión y masividad que generó “Ni una menos” no era algo esperado sino que sorprendió a las propias organizadoras. Para Soledad Vallejos, periodista de Página 12 y una de las integrantes del colectivo, había algo latente en la sociedad esperando por salir: “algo hizo click y ese mensaje, que no es nuevo, se articuló de otro modo. Y esa articulación permitió llegar a muchos públicos diferentes”, dijo a ANCCOM. La convocatoria comenzó a interpelar a muchas personas, “incluso a públicos que nunca habían tenido ningún tipo de cercanía con el discurso feminista, con el movimiento de mujeres, que ahora se apropian, o se dan cuenta de que les interesa y de que estaban lejos por prejuicios”, agrega Soledad.
La adhesión a la convocatoria también incluyó a personalidades del espectáculo caracterizadas por su machismo, como Marcelo Tinelli, por ejemplo. Sin embargo, en esta aparente contradicción se puede lograr la llegada a otros públicos, se puede interpelar desde otro lugar a la audiencia. Para Micaela Libson, politóloga e investigadora del Conicet, otra de las integrantes del colectivo, “incluso lo frívolo puede interpelar” y “mientras eso ayude a que a una persona le haga click en la cabeza sobre un determinado tema, es un objetivo logrado”. Agrega que, por otro lado, no se puede negar a los públicos de Tinelli o de Susana y que se puede utilizar esa “frivolidad” para llegar a más gente y a partir de ahí generar una agenda política. Soledad Vallejos coincide al señalar que se necesita a esos públicos para que un tema llegue a todos. Hay que “aprovechar las brechas, los resquicios. Es un proceso y me parece pertinente llegar a todos los públicos posibles, aún a riesgo de contradicción. La consigna es muy clara”. Además, “no pasa solo por la audiencia sino por cómo le habla ese conductor en particular a su público. Tinelli es machista pero hacer incidencia muchas veces quiere decir entrar en contradicciones también”, agrega Soledad. Por su parte, Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad e integrante de Red Par, sostiene que cuantas más personas hablen del tema es positivo pero que es necesario “avanzar en una segunda instancia de un mayor conocimiento y en una profundización sobre la problemática”.
El trabajo y la preocupación sobre violencia de género estaban limitados a ciertos círculos de académicos, periodistas, activistas y ONGs pero ahora logró llegar a casi toda la sociedad. De hecho, tanto las organizadoras de la campaña como los integrantes de las ONGs que apoyan la causa, están sorprendidos por la masividad del apoyo ya que no esperaban tanta repercusión. Al respecto, Soledad Vallejos cuenta que en la provincia de Salta hay maestras que comenzaron a hablar del tema y que en Luján, un grupo de estudiantes de sectores humildes empezó a organizarse para realizar jornadas contra la violencia. La gran adhesión a la consigna “tiene un impacto en la vida real a mediano y largo plazo”, sostiene.
Las deudas pendientes
Ahora bien, es necesario pasar de la “foto a la firma”. Por lo tanto, las organizadoras desarrollaron un documento, que se leerá hoy y que solicita la realización de cinco puntos: “implementar con todos los recursos necesarios la ley 26.485”, “garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia, en cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias”, “realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre los femicidios”, “garantizar y profundizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista” y “garantizar la protección de las víctimas de violencia”.
Esta enumeración da cuenta y pone en evidencia las deudas que tiene el Estado con las mujeres, fundamentalmente con aquellas que sufren violencia de género. En un país donde una mujer muere cada treinta horas, víctima de un femicidio, es necesario e imperioso que el Estado lleve a cabo las políticas públicas necesarias para concientizar, apoyar y terminar con la violencia. Según Sandra Chaher, “cuando el Estado pone sus recursos al servicio de un tema, el cambio es fundamental”. Así, “el Estado debería transformar la violencia de género en una política pública.”
La primera cuestión refiere a la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en el año 2009. La implementación, es decir, el diseño de políticas públicas que efectivicen lo que menciona la ley, le corresponde al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que depende del Ministerio de Desarrollo Social y posee un presupuesto muy escaso. Según Sandra Chaher esto da cuenta de que “no es una política de Estado relevante”. Ada Rico explica que “entre los artículos que ya están reglamentados existe un plan nacional” el cual “sería muy importante porque en él existen programas para prevenir la violencia”.
El segundo punto se refiere a las dificultades que deben atravesar las mujeres cuando, superada la vergüenza inicial, van a realizar la denuncia o cuando un juez reduce la pena del agresor criminalizando a la víctima. Esas son instancias donde muchas veces las mujeres sufren otro tipo de violencia, porque no les creen, no las escuchan, nos les brindan los recursos para defenderse del hombre agresor. Por eso, es importante la sensibilización en materia de género a todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad. Para Sandra Chaher, el Poder Judicial aún está en deuda con el tema y si bien la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema ha realizado trabajos de concientización, éste todavía “resiste las innovaciones”.
La única estadística de femicidios la realiza el observatorio de La Casa del Encuentro, basándose en la información recopilada de agencias de noticias y diarios de circulación nacional y provincial. Sin embargo, todos aquellos casos que no tuvieron cobertura por parte de los medios quedan afuera y esto indica que detrás de las cifras, el número es mayor. Por esto, uno de los reclamos es la elaboración de estadísticas oficiales ya que el Estado es el que tiene los recursos para acceder a la información de hospitales, juzgados y comisarías y, al mismo tiempo, hacer un entrecruzamiento de las variables. En diálogo con ANCCOM, Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, dice que las estadísticas oficiales “darían un panorama real de lo que sucede en el país y se podría ver en que provincia hay más denuncias y femicidios. Pero las estadísticas deben ir acompañadas de programas de prevención y asistencia para que la mujer esté protegida”. En la misma línea, Micaela Libson agrega que la regionalización de una estadística oficial “permite generar políticas públicas específicas para cada una” de las provincias.
Otro de los puntos importantes y en el que coinciden todas las entrevistadas es la incorporación de la temática de violencia de género en las currículas educativas desde el nivel inicial ya que el cambio cultural necesita gestarse también desde la educación. Por eso, el punto cuarto solicita que se implemente la ley de Educación Sexual Integral. La Asociación Civil Trama trabaja desde la comunicación social y diseña e implementa estrategias comunicativas destinadas a la promoción de la equidad y de políticas públicas que fortalezcan los derechos de jóvenes y mujeres. En este marco, ha lanzado el portal web “A amar se aprende”, destinado a los adolescentes para debatir acerca del amor, la sexualidad y los noviazgos violentos. Lucila Trufo es cofundadora de la institución, coordinadora de proyectos y licenciada en comunicación social y dialogó con ANCCOM. Plantea la necesidad de abrir el debate: hay que “hablar del tema. Incentivar que haya voces que en forma clara se expresen en contra de los malos tratos y la violencia. Y también trabajar fuertemente con los y las jóvenes para que puedan construir sus relaciones desde el respeto, el cuidado y el placer. Desde Trama trabajamos en este sentido y con muy buenos resultados porque son temas de mucho interés si se los trabaja a partir de sus propias experiencias y no sólo ‘bajando línea’”.
El cambio cultural
Hay algo muy importante y difícil de lograr: el cambio cultural. Es un proceso que va a llevar tiempo pero que es absolutamente preciso y que debería formar parte de las políticas públicas del Estado. “La única forma de erradicar la violencia de género es con un cambio cultural que no se logra por ley o por decreto, se construye en la comunidad, cambiando los valores y generando una corriente de opinión que condene explícita e implícitamente el machismo y la misoginia”, agrega Lucila Trufo.
Un punto importante es terminar con la indiferencia. En el caso de Chiara los vecinos contaban al día siguiente que habían escuchado gritos. Sin embargo, nadie acudió en su ayuda ni llamó a la policía. Ada Rico plantea la importancia de “no mirar para otro lado”. Es necesario atravesar los mitos y si vemos una situación de violencia en una pareja “meterse, involucrarse” porque “más allá de que no se logre nada, estamos cortando el círculo de violencia en ese momento”.
Además, Micaela Libson sostiene que “la violencia no es algo de la vida privada, es público”. Por eso, hay que ser “más solidarios e involucrarse en las situaciones, meterse porque es en lo más pequeño donde los cambios se van dando, se va transformando la cultura”. En este sentido, Soledad Vallejos plantea que los cambios sociales son procesos culturales que llevan mucho tiempo y que si bien es necesario reclamarle al Estado la generación de políticas públicas, la sociedad debe estar involucrada ya que “todavía hay una anestesia social”. Asimismo, refuerza la idea de que la violencia no es algo privado sino “un tema de derechos humanos que debería ser un asunto público”. En las situaciones de violencia “hay una cuestión de poder, que es cultural y social”, agrega.
Derribando mitos
“Si se queda es porque le gusta”, “algo habrá hecho”, “el violento está enfermo y la mujer tanto más que él”, “por algo se queda”. Estos son algunos de los mitos que circulan socialmente en torno a la violencia de género, ideas que invisibilizan esa violencia y que están basadas en prejuicios y falta de información.
“El hombre violento no es enfermo, es violento, que es distinto”, enfatiza Ada Rico. Y explica que la mujer que se queda a su lado es porque es una víctima con todos sus derechos vulnerados. “Su autoestima está destruida y es muy difícil que pueda tomar una decisión”.
Sandra Chaher sostiene que la violencia de género es cultural y que también es necesario tener en cuenta la desigualdad que es generadora de violencia. Al respecto, Micaela Libson plantea que “la violencia machista es estructural y varones y mujeres la reproducimos o no en nuestro quehacer cotidiano”.
El rol de los medios de comunicación
Estos mitos, junto a una serie de estereotipos, también circulan en la cobertura que realizan los medios de comunicación. Si bien cumplen un papel importante en dar cuenta de los femicidios y, en ese acto, hacer visible la violencia, muchas veces recaen en una criminalización de la víctima, cuyo reverso es la justificación del agresor. Sandra Chaher es periodista e integrante de Red Par (Periodistas de Argentina en Red por un periodismo no sexista), quienes realizaron un decálogo para el tratamiento adecuado de noticias de violencia hacia las mujeres. Sandra explica que es necesario profundizar en la perspectiva de género para entender que “son las desigualdades históricas las que generan violencia”. Reconoce que los medios de comunicación “tenemos mucho que hacer, porque si bien los casos están saliendo, el tratamiento todavía no es el adecuado”. Al respecto, recuerda que los casos de Ángeles Rawson y de Lola Chomnalez no fueron abordados como femicidios.
Por su parte, Ada Rico rescata lo positivo de la cobertura mediática y plantea que es importante la visibilidad del tema para que una mujer que esté atravesando una situación de violencia “comprenda que no es algo natural, que hay otras mujeres a las que les sucede lo mismo y que existen lugares a los que puede acudir”. Sin embargo, todavía algunos medios siguen analizando la conducta de la víctima, como en el caso de Melina Romero, dice Ada. Soledad Vallejos subraya la responsabilidad social que tienen los periodistas y que son ellos quienes hacen a los medios, “todavía hay colegas que siguen hablando de crimen pasional”.
¿Cada vez más violencia?
Un interrogante surge inevitablemente: ¿hay cada vez más violencia contra las mujeres o los medios le están otorgando mayor espacio en sus agendas? Ada Rico no considera que haya aumentado la violencia sino que “hay más visibilidad”. Sin embargo, Sandra Chaher, Micaela Libson y Luciana Trufo concuerdan en que no se puede saber, ya que no existen estadísticas oficiales. Al respecto, esta última, basándose en otras analistas, explica que “es esperable un aumento de la violencia ya que las mujeres han avanzado en muchos ámbitos de la vida pública como la educación, el trabajo, la militancia social y política, pero estos cambios no han sido acompañados por una evolución en las relaciones de género en el ámbito familiar y doméstico. Ante el desconcierto y la inseguridad que esto les genera a ciertos sectores de hombres que siguen sosteniendo los valores y se identifican con una masculinidad tradicional, la respuesta puede ser la violencia”.
El día después y el compromiso político
Tanto las integrantes de la campaña “Ni una menos” como las organizaciones que van a participar de la marcha tienen expectativas en cuanto a lo que va a pasar después.
Para Ada Rico, el reclamo de la sociedad va a ser muy fuerte y espera que los miembros del gobierno “entiendan que es gente que se manifiesta sin banderas político partidarias y que van a tener que trabajar en serio en esta problemática”. Por su parte, Sandra Chaher reconoce el trabajo realizado por el gobierno en materia de amplitud de derechos pero plantea que todavía los poderes Ejecutivo y Judicial “están en deuda con el tema” de la violencia de género. Agrega que es un buen momento para aprovecharlo en el debate ya que estamos ante la posibilidad de “amplificar el reclamo”. En tanto, Micaela Libson cree que va a ser un “día histórico” y que se van a “abrir puertas fructíferas” y plantea que van a apostar tanto a que los candidatos incorporen el tema a sus campañas como a que los políticos que actualmente están ejerciendo sus funciones incorporen efectivamente los cinco puntos. Para Soledad Vallejos, el tema no pasa sólo por el gobierno porque éstos “pasan y el Estado queda”. Advierte que algunos políticos no van a trabajar la temática si la sociedad no reclama, si no se los recuerda.
Por otro lado, algunos políticos que hoy apoyan la consigna “Ni una menos” luego se muestran cerrados a debatir otros temas relacionados como, por ejemplo, la despenalización del aborto, un reclamo histórico del movimiento feminista, que nunca pudo ingresar en la agenda política. Soledad Vallejos entiende que muchas de las personas que hoy apoyan el reclamo contra los femicidios, no estarían a favor de la despenalización del aborto por cuestiones religiosas o por falta de información. Y postula que no es posible pedir que se produzca todo al mismo tiempo porque “los cambios son graduales, más en una sociedad misógina y controladora como la argentina. Es un proceso y cada cual sabe qué cartas hay que jugar y cómo ir pidiéndolo”. Por el momento, “haber conseguido esta sensibilización es un milagro”.
La violencia de género es una problemática estructural que atraviesa todas las clases sociales y que se apoya en una sociedad patriarcal y machista que, a través de la circulación de determinados mitos y estereotipos invisibiliza esa violencia, disciplina los cuerpos de las mujeres y les arrebata sus derechos. A partir del apoyo transversal que generó la consigna Ni una menos, algo está cambiando en la sociedad. Hoy, otras voces se van a hacer escuchar para que no haya más Ángeles, ni Gabrielas ni Chiaras, para que no haya “ni una menos”.
May 26, 2015 | destacadas
Mientras esperan. Mientras pasean. Mientras corren o caminan. Día a día, son miles las mujeres que sufren acoso callejero. Los mal denominados “piropos” -que comprenden desde elogios poéticos a breves relatos sexuales- enfrentan a grandes y chicas con miradas lascivas, con palabras que irrumpen sin pedir permiso. Pero se les pide soportar. Soportar la inhibición, el miedo, la incomodidad. Ser inteligente a la hora de resolver el dilema de cruzar de calle o pasar frente a un grupo de hombres. La visión del cuerpo femenino como dominio público es uno de los tantos problemas de la sociedad patriarcal.
“La temática de género la venimos trabajando desde hace años presentando distintos proyectos que buscan terminar con la violencia que provoca la muerte de una mujer cada treinta horas”, explica la diputada Victoria Donda. “En ese marco es que elaboramos el proyecto que sanciona el acoso sexual callejero”, agrega sobre la problemática que genera cien denuncias por mes, según la ONG Bullying Sin Fronteras.
El momento era propicio. El video-denuncia de la joven Aixa Rizzo -hostigada cotidianamente por un grupo de obreros que trabajaban frente a su casa- se viralizó en las redes sociales hasta filtrarse en la agenda de los medios masivos de comunicación. El hartazgo de la adolescente con 300 mil reproducciones instalaba un debate necesario.
Una encuesta de espacio público realizada a mil cien mujeres por la organización Acción Respeto, demostró que el 94,4% de las que transitan las calles reciben comentarios sobre su apariencia o su sexualidad y el 89% manifiesta que no le gusta.
Además, se destaca en el informe que el 38,2% de la muestra tuvo su primer contacto con estas conductas antes de los trece años. Otro 38,2% las padecen desde los trece y los quince. Si bien la problemática no conoce de edades, el 75% de las afectadas tienen entre 18 y 30 años: “La ley es sólo un puntapié, un punto de partida para comenzar a discutir el tema, comenzar a dar el debate acerca de los “piropos”, del rol de la mujer en el espacio público”, desarrolla la diputada.
Si bien existen dos proyectos en la Legislatura porteña del Frente para la Victoria (FPV), éste es el único de alcance nacional.
Presentado por Libres del Sur y las organizaciones sociales Acción Respeto y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) el pasado 23 de abril, -y a diferencia del resto- se busca modificar el código penal con la creación del artículo 129 bis el cual considerará como acoso a “Toda conducta u acción, física o verbal, con connotación sexual y no deseada, realizada por una o más personas en contra de toda mujer o persona que se autoperciba como mujer, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”, según detalla en el proyecto que -de aprobarse- instalará multas de entre 100 y 7 mil pesos, dinero que apuntará a paliar el déficit presupuestario que sufre el Consejo Nacional de la Mujer: “El Consejo tiene un presupuesto de $0,80 centavos por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Contamos con la ley de protección integral de la mujer sancionada en el año 2009, una excelente ley, pero sin presupuesto es una mera declaración de deseos que no se ve reflejada en la realidad cotidiana. Claramente, la lucha contra la violencia de género no es un tema de agenda para el gobierno nacional”, señala Donda.
Pero sí lo es para las organizaciones sociales. Acción Respeto surge como movimiento en el marco de la Semana Internacional Contra el Acoso Callejero de 2014. A través de campañas gráficas y diversas actividades, cuestionan la naturalización con la que funciona. Su objetivo es lograr un cambio que lo incluya como forma de violencia: “Creemos que, como todo proceso, lleva tiempo y necesita de mucha paciencia y constancia. Que el tema no deje de estar presente, trabajarse y expandirse en cada sector de la sociedad. ¿Es posible? Si, lo es”, asegura Paula, integrante del movimiento. Y agrega: “En ese punto pensamos que el proyecto presentado por Victoria Donda es útil, favorable. Tuvimos la oportunidad de participar y colaboramos con el armado”.
La finalidad sociocultural también se contempla en el proyecto de ley: “Lo que más trascendió en los medios es la multa pero, personalmente, creo que lo principal es el trabajo de prevención y concientización que incorporamos”, comenta la diputada. Se busca incorporar campañas y luchas contra el abuso sexual en el espacio público, así como también que se incluya en las currículas de las escuelas para que, como dice Paula: “Se eduque en el respeto”.
Además, el proyecto propone que se instale oficialmente la Semana Nacional del Acoso Callejero, a realizarse del 12 al 18 de abril de cada año.
“El cambio es cultural, y desde nuestra posición lo que tratamos es, justamente, de empezar a transitar ese camino tan ansiado”, cierra Donda.
May 16, 2015 | inicio
Bajo la consigna “Al desnudo por el parto en casa”, parteras y médicas se autoconvocaron el jueves 14 pasado frente al Ministerio de Salud de la Nación, sobre la 9 de Julio y Belgrano, para movilizarse a favor del parto en domicilio y reivindicar el trabajo de las parteras independientes. La particularidad del acto es que las manifestantes marcharon con sus torsos desnudos y pintados con diferentes colores y motivos. También marcharon algunas madres con sus bebés.
El acto comenzó a las 11 de la mañana y llenó la avenida 9 de julio de color y consignas como “yo quiero elegir” y “sí al parto en casa con parteras”.
La ley 17.132 establece que las parteras pueden atender embarazos sanos tanto en una institución pública o privada como en el domicilio de la mujer. Actualmente, existe un proyecto de modificación de esta ley que pretende regular el trabajo de las parteras pero limita sus incumbencias al ámbito institucional, por lo cual, ya no podrían asistir partos en casas. Esto no sólo representa una vulneración a los derechos de las mujeres que desean un parto en su hogar sino también una pérdida de autonomía profesional para las licenciadas en obstetricia. De modificarse, muchas mujeres que optan por esta opción se quedarían sin cobertura. Paralelamente, por su parte, el Ministerio de Salud presentó un documento que busca regular este tipo de partos. En diálogo con ANCCOM, Marina Lembo, presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI) dijo que esta resolución “no tiene bases científicas y no está avalada por los protocolos internacionales” y que además le quita al parto en domicilio “la filosofía asistencial” que lo caracteriza.
Movilización por el «parto en casa» de la Asociación Argentina de Parteras Independientes frente al Ministerio de Salud de la Nación.
En los últimos tres años, el número de mujeres que eligió esta modalidad fue en aumento. Para Violeta Osorio, integrante de la Asamblea por el Derecho a Elegir, esto se debe a varias causas. Fundamentalmente, “después de una experiencia institucional atravesada por violencia obstétrica”. Luego porque “en las instituciones hay protocolos muy rígidos, de rutinas invasivas que ya han demostrado ser nocivas en la recepción del bebé”. Por último, hay mujeres que lo elijen “por una cuestión ideológica, una manera de entender el nacimiento, la intimidad y la sexualidad de una manera que es más coherente con el hogar”. Asimismo, “hay muchos varones que son muy humillados por el sistema de salud y hay muchas mujeres que tienen secuelas físicas y emocionales iguales a las de las mujeres que fueron violadas”, explica Lembo. Pero el sistema no solo puede maltratar a las mujeres gestantes sino, además, a las parteras: “son medidas muy violentas también para el profesional que quiere brindar una asistencia diferente”, agrega Marina.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa idónea de cesáreas debe estar entre un 10 y un 15 por ciento. Sin embargo, en Argentina, según Osorio, se practican en promedio un 60 por ciento. Para ella, “la atención perinatal institucional tiene una mirada patologizante del embarazo y del parto”. Frente a esto, la opción del parto en domicilio representa una experiencia enriquecedora para madres y padres, respeta la intimidad del momento del nacimiento y reconoce las necesidades y deseos de cada mujer. Osorio explica que “en el parto domiciliario planificado se arma un vínculo con los profesionales que asisten, es muy personalizado, se conoce más a la familia, se trabaja de manera particular y personalizada con la mujer”. Para Lembo, el parto en casa también tiene beneficios y los problemas son ínfimos, “alrededor de un 0.4% y las cesáreas no llegan al 5 por ciento”. Además, las mujeres “no tienen depresiones post parto”.
El parto domiciliario es un derecho que poseen las mujeres. La ley 25.929, conocida como ley de parto respetado, establece que durante la gestación, parto y posparto, las mujeres tienen derecho a ser tratadas “de modo individual y personalizado que le garantice intimidad”, “al parto natural respetuoso de los procesos biológicos y psicológicos” y a ser considerada como una persona sana. Además, este tipo de práctica está regulada por protocolos internacionales. Al respecto, Lembo plantea que los protocolos asistenciales que ellas usan son muy diferentes a los que lanzaría el Ministerio “porque la misma cosa para nosotros es normalidad y para ellos es discapacidad”. En la misma línea, para Osorio, el modelo exitoso y reconocido a nivel internacional es el de las parteras.
La violencia obstétrica es la principal causa por la que muchas mujeres eligen tener a sus hijos en sus hogares y es, fundamentalmente, una forma de violencia de género. Para Osorio, “hay una imposición y una vulneración de derechos en el hecho” de que a una mujer “no la dejen parir cómo, dónde y con quién” desea. Desde la misma vereda, para Lembo, el Ministerio de Salud, “en vez de ocuparse de la violencia obstétrica” pretende “erradicar el único lugar donde las mujeres están bien asistidas”.
May 13, 2015 | inicio
A la una del mediodía del viernes 8 de mayo era casi imposible entrar al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Militantes, activistas y familiares de víctimas de violencia institucional esperaban la apertura del Tercer Encuentro por una Seguridad Democrática y Popular. El cuadro inmenso que retrata al Presidente Julio Argentino Roca al final del recinto desentonaba con la multitud vestida con remeras de “Ni un pibe menos”. Mientras se esperaba el inicio del panel, la locutora del evento recordó varias veces las palabras recientes de Cristina Kirchner mientras pedía humildad para que les dejaran las sillas de adelante a los parientes.
La mesa del panel estaba cubierta de cartulinas, fotos y banderas, creando un efecto colcha de retazos que chocaba con los vitreaux de colores y las molduras finas. Un cartel verde que rezaba “Caso Gramaglia – Verdad! y justicia”, una wiphala con fotografías, una impresión que preguntaba “¿Quiénes asesinaron a Atahualpa Martínez Viñaya”, una foto de una mujer de rulos con una escueta inscripción “S.L. Garabedian Justicia”, “Yo lo sabía, yo lo sabía, a David lo mató la policía”, fotocopiado y pegado en la madera y una cartulina que pedía “Justicia x Martín”. “Mi cara, mi ropa, mi barrio no son delito” reiteró el spot difundido desde las pantallas. El locutor volvió a tomar el micrófono para pedir que sea una “jornada de alegría, más allá de las cuestiones”. Un banner con la letra de “Quieren bajarme” de Damas Gratis completaba el ambiente que copó el grupo de rap cordobés Rimando entre Versos, que tuvieron en cinco minutos a todo el salón cantando “¡Abajo con el código de faltas!”.
III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
El panel estaba conformado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, el diputado y coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional Leonardo Grosso, la senadora Mónica Macha, el diputado Horacio Pietragalla, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires Pablo Ferreyra y la subsecretaria del Consejo de la Mujer, Victoria Montenegro. Todos se pusieron la visera para la foto, aunque Grosso y Pietragalla fueron los únicos que la mantuvieron puesta durante la hora y media que duró la mesa. Durante las exposiciones, los nombres de las víctimas brotaban del público en letreros hechos a mano o tablas de madera con fotos. Se levantaban un poco más alto cuando alguna cámara les enfocaba. Cuando Rodríguez admitió que en temas de seguridad el gobierno seguía en “pañales”, el cartel pidiendo por Jonathan detrás de ella llenó todos los silencios.
Cuando terminó la mesa de apertura, los asistentes podían elegir participar de varios paneles como Economía popular; Acceso a la Justicia; la presentación de una Guía para el tratamiento responsable para los medios de comunicación; Violencia policial y penitenciaria y una clase magistral del Observatorio de Derechos Humanos de Senado de la Nación, que también fue inaugurada con rap. En casi todos los salones del Congreso había una actividad del Encuentro. Hasta en el final del pasillo del Salón de las Provincias se había armado un dispositivo especial de orientación y consulta de la Secretaría de Derechos Humanos para documentar casos y brindar asesoría a los familiares, al lado de una cartelera con recortes de diario sobre el caso Alan Tapia.
Aún así, el edificio en su laberinto de refacciones no resultó suficiente para los participantes del Encuentro que rebalsaron hacia la Plaza de los Dos Congresos. Una fila larguísima esperaba estampar su remera con la frase “Ni un pibe menos”, al lado de una muestra ambulante de las “listas negras” halladas en 2013 de artistas, intelectuales, músicos y comunicadores. Las ambulancias y el ruido de los generadores de las carpas creaban otro ambiente, más urbano y urgente. Los micros de larga distancia que habían traído a muchos familiares custodiaban a los presentes. Y se quedarían hasta el final, después de la lectura del documento final, las ovaciones a Rosa Bru y hasta que el último cántico de «No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación” se silenciara.
Angélica y Daniel, padres de Kiki Lezcano, asesinado a causa de la violencia institucional.
