El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego nació en 2007 a partir la ley 26.216, promulgada por el entonces presidente Néstor Kirchner y apoyada por organizaciones civiles que promueven la disminución de revólveres, pistolas y escopetas en manos de la sociedad. “El programa de desarme -explicó Martín Angerosa, coordinador del Plan- recibe, de manera anónima y voluntaria, armas y municiones que la gente quiera entregar, sean legales, ilegales, registradas o no, con deudas en el registro o no”. Por esta iniciativa y por las incautaciones de las Fuerzas de seguridad, ya se han destruido 292.378 unidades.
Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), la amplia mayoría de los casos de violencia con instrumentos de fuego se da en situaciones interpersonales. El 64 por ciento de los homicidios dolosos no se da en ocasión de robo o delito y el 27,2 de los asesinatos, accidentes o suicidios ocurren en la vivienda. Angerosa, que también es delegado del RENAR en Córdoba, mencionó a ANCCOM dos casos paradigmáticos: “En el 2005 hubo un problema muy grave en Carmen de Patagones: un chico llevó un arma al colegio y mató a cinco de sus compañeros; a partir de eso, se organizó la Red Argentina para el Desarme (RAD). Después, en 2006, ocurrió el caso de Alfredo Marcenac, un chico que caminaba por Belgrano cuando un tipo empezó a disparar a todo el mundo y lo mató”.
Los padres de Marcenac se acercaron a la RAD y, juntos, fueron recibidos por el ex presidente Kirchner. Le plantearon la necesidad de un programa de desarme y le pidieron que el RENAR dejara de depender del Ministerio de Defensa para ubicarse en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un año más tarde, la ley 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de armas de fuego, municiones y explosivos. Su artículo 4° plantea las finalidades del Programa de Desarme: disminuir el uso y la proliferación de armas de fuego; reducir la cantidad de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso a ellas; sensibilizar acerca de los riegos; y promover una cultura de no tenencia y no uso de las mismas.
El RENAR cuenta con delegaciones distribuidas en todas las provincias donde se realizan los trámites para el registro de las armas y en las que funciona, durante todo el año, el Plan de Desarme. En las ciudades donde no cuenta con oficinas, el organismo coloca puestos móviles por una o dos semanas. En estos puestos, como en los fijos, una vez que la persona hace entrega del arma, el personal especializado la inutiliza, aplastando el caño con una prensa hidráulica: “Es la garantía de transparencia del plan, de que esa arma no va a ser vendida ni se va a inyectar de nuevo en el circuito”, sostiene Angerosa. Luego, se le entrega a la persona un incentivo económico -que varía entre 500 y 2000 pesos, según el tipo y calibre del arma. Para ninguno de estos trámites se necesita ningún tipo de identificación o documentación.
El coordinador nacional del Plan de Entrega Voluntaria de Armas manifestó que se paga más por aquellas que más daño causan a la sociedad: “Las más presentes en las incautaciones de la Policía eran las de calibre 22, 32 y 38, por las que se paga 1000 pesos; las de menos de 1000 son generalmente viejas y no se ven en asaltos o robos. Las de 2000 son semiautomáticas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero que se han recibido anónimamente y son de un poder letal, mucho mayor que las demás”.
Carola Concaro, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), señaló que el mercado ilegal de armas se abastece del legal: “Hablamos de robos simples hasta delitos de alta complejidad y organización como tráfico ilícito de armas de fuego”.
Foto gentileza RENAR
El programa también impulsó campañas como “Desarmando mitos, construyendo argumentos”, una publicación elaborada en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Mediante ella promueve la política de desarme voluntario como una forma de preservar la paz y, a su vez, deslegitimar la presencia de armamento en manos de la sociedad civil. La iniciativa es llevada adelante por un equipo de promotores que se encarga de difundir esta política en las provincias, a través de charlas en establecimientos educativos y con la difusión de un cuadernillo con propuestas para que los docentes trabajen el tema de la violencia armada con los estudiantes.
Otra de las campañas del programa tuvo lugar en la provincia de Córdoba y se denominó “Fútbol por el desarme”. Al respecto, Pablo Rodríguez, del Departamento de Cultura del Club Atlético Belgrano de Córdoba, explicó: “Nos pareció interesante difundir y acompañar con un mensaje por la “No Violencia”. La campaña tuvo dos semanas de concientización y dos de entrega voluntaria. La primera etapa incluyó visitas a escuelas primarias -donde se entregaron libros a cambio de armas de juguete-, charlas con organizaciones barriales y un espectáculo de circo”. El RENAR instaló un puesto móvil en la sede del club y las diversas actividades sirvieron para difundir e instalar la problemática en la población. Rodríguez se mostró satisfecho con la experiencia: “Fue sumamente exitosa, con un impacto muy positivo en la ciudadanía, ya que se destruyeron 301 armas en dos semanas. Queremos acercar esta experiencia al Encuentro de Departamentos de Cultura de AFA, que congrega a más de 25 clubes, para llevar esta acción al resto de las instituciones deportivas y contribuir a la erradicación del uso de armas de fuego. Vamos a seguir trabajando con los vecinos y los ciudadanos por una sociedad más justa y tolerante”.
Para Concaro, la política de desarme contribuye a la no reproducción de la violencia como medio para la resolución de conflictos, lo que conlleva un cambio sociocultural de la población. Sin embargo, no todos creen que el plan sea efectivo. Ariel Torre, participante de www.foroarmas.com, afirma: “No estoy a favor ni en contra del Plan, pero pienso que no sirve y que las piezas que la gente lleve van a ser viejas y obsoletas, mientras que las verdaderamente peligrosas van a seguir circulando. Yo tengo un arma para estar en un mínimo de igualdad con los chorros, pero creo que sólo la gente capacitada debería poder portar una: si no sabes cuidarla y no tenés la decisión de usarla si se presenta la ocasión, no portes”.
La política de desarme civil ha implicado una disminución en las autorizaciones para la portación de armas: en 2003, se autorizaron 8.196; en 2014, apenas 488 y, en lo que va de 2015, sólo 215 personas obtuvieron el permiso. La diputada del Frente Para la Victoria, María del Carmen Bianchi, es autora de una iniciativa de ley que propone la reforma del artículo 189 bis del Código Penal, para establecer los delitos vinculados a la tenencia, portación, fabricación y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones. Además, propuso la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que reemplazaría el actual Registro Nacional de Armas.
El 28 de abril de este año, la presidenta Cristina Fernández inauguró el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), dependiente del RENAR. El edificio, ubicado en General Savio al 1700, en la localidad bonaerense de San Martín, funcionará como depósito. Allí se almacenarán armas secuestradas por las Fuerzas de Seguridad y las que estén involucradas en procesos judiciales, como también las recolectadas por el Plan de Desarme. De esta manera, se guardarán las que serán destruidas y las que aún no pueden serlo. Cada vez que el Estado junta 20 mil piezas, realiza trituraciones públicas de revólveres y municiones, como la que realizó el pasado 20 de julio en la localidad de Campana.