Ayer la plaza frente al Congreso Nacional se llenó de consignas en contra de la violencia de género. Miles de personas dijeron “basta” frente a la ola de femicidios que, sólo el año pasado, les quitó la vida a 277 mujeres, según las cifras del observatorio de La Casa del Encuentro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs), Asociaciones barriales y profesionales, autoconvocados, hombres, mujeres y niños levantaron las banderas para reclamar “Ni una menos”. Ni una menos en los trabajos, ni una menos en las universidades, ni una menos en cada familia, ni una menos en el país.
La violencia de género no sólo es ejercida por parejas, ex novios o maridos celosos sino también por padres y vecinos, por ejemplo. Cansada de tanto padecimiento, Jésica Dumont, una joven tucumana de 15 años, se suicidó. Cuando la familia comenzó a investigar, se enteró que su padre abusaba de ella. Miriam Roldán, amiga de la familia y presente en la convocatoria, contó que el agresor “durante toda la vida ejerció violencia de género con la madre y sus hijas, apartándolas de los amigos, maltratándolas física y psicológicamente”. Todavía no está preso pero “los jueces tucumanos van a tener que hacer justicia”, enfatizó Miriam. Por su parte, Mauricio Casas estaba presente porque su madre y su hermana fueron víctimas de un vecino que las “hostigó durante diez años, llegó a golpearlas y las terminó matando”. Al día de hoy está prófugo y hace cinco meses que la familia no tiene respuestas por parte de la justicia. Habían hecho quince denuncias. Para Mauricio, la justicia se define por la “burocracia, la desidia, la corrupción y la inoperancia”.
El poder judicial y la policía se caracterizan, en muchas oportunidades, por la lentitud en los procedimientos y por la falta de respuestas ante los pedidos de los familiares. Marcos y Natalia estaban pidiendo justicia por su amiga, que murió luego de que su novio la dejara en coma debido a los golpes que le había dado. Actualmente, el agresor está prófugo. Ella pide que “se respeten los derechos de las mujeres” y que este acto “sirva de algo”.
La violencia de género está vinculada también a los abusos de poder. En febrero de 2001, en la localidad de Miramar, Natalia Melmann, una adolescente de 15 años, fue asesinada por cinco policías luego de ser abusada. Sus padres estaban presenten en la convocatoria. Laura, su mamá, cuenta cómo sucedió: “la raptaron en la calle, la llevaron en un móvil policial a una playa alejada y la mataron después de hacerle todo lo que le quisieron hacer; después de haberla matado, guardaron el cuerpo durante tres días en una casa porque todo el pueblo la estaba buscando”. Laura y su marido, Gustavo, lucharon y lograron llevar a juicio a casi todos los culpables: “en el año 2002 los encontraron culpables y les dieron reclusión perpetua”, cuenta Laura, pero todavía queda pendiente el juicio del último culpable. “No vamos a bajar los brazos”, enfatiza y el dolor se ve en su mirada. Además, existen una gran cantidad de casos en los que no se conoce quién fue el culpable. Es el caso, por ejemplo, de Érica Soriano, la joven embarazada que desapareció en 2010 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ester Soriano, presente también en la convocatoria, dijo que no sólo estaban allí por Érica, sino “porque todos somos parte, las personas nos tenemos que involucrar y participar y ayudarnos unos a otros”. Ester desea que el reclamo se efectivice en acciones por parte del Estado porque “no bastan las lindas palabras, son los hechos los que van a decir si esto sirvió para algo”.
Debajo de cada cartel pidiendo justicia había una mano que lo sostenía firme, con esa fortaleza que solo aquellos que pasaron por situaciones muy dolorosas pueden tener. Esos carteles contribuían a visibilizar a las víctimas. Ellas también estaban presentes.
