May 30, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
La historia de la crisis en los medios sumó esta semana un nuevo capítulo con el despido de dos trabajadores de la agencia estatal Télam y 30 de Radio Del Plata. Aunque con características diferentes, ambos ajustes retratan la sangría en los medios de comunicación -en especial radiales y gráficos- en los últimos dos años.
El caso de Del Plata tuvo un costado siniestro. Los trabajadores fueron notificados el domingo por la noche y por teléfono que habían sido desvinculados por la empresa Radiodifusora del Plata S.A., parte del grupo Electroingeniería S.A. propiedad de Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta. Al día siguiente los trabajadores iniciaron un paro de 24 horas con retención de tareas que interrumpió la programación y derivó en la decisión del Ministerio de Trabajo de dictar la conciliación obligatoria. Esa medida implica la reincorporación inmediata de los despedidos y la reanudación de la programación sin interrupciones hasta el 19 de junio. En ese lapso, la empresa deberá dar una respuesta a la crisis que atraviesa la emisora.
Nicolás Trinchero, delegado de la comisión interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), informó a ANCCOM que los telegramas fueron llegando a los domicilios de los trabajadores a destiempo y que mostraban irregularidades en los motivos de despido. “No teníamos certeza concreta de cuántos eran los despedidos, nos fuimos enterando a medida que llegaban los telegramas”, agregó.
Los trabajadores denuncian desde hace varios meses los incumplimientos de la empresa: el atraso en el pago de salarios y su abono en cuotas, la falta de depósito de cargas sociales, el incumplimiento del pago de aguinaldos y el ofrecimiento de retiros voluntarios. El 14 de mayo iniciaron una medida de fuerza como respuesta a la imposición de reducir los salarios de todo el personal un 50% durante 60 días. Durante esa semana, la empresa manifestó a los trabajadores su intención de reducir personal por lo que algunos trabajadores negociaron un acuerdo para que se les abone la correspondiente indemnización en cuotas, mientras que otros accedieron a otra fuente laboral. Ese acuerdo fue incumplido por la empresa que alegó que los trabajadores “habían abandonado su puesto de trabajo”. La maniobra se tradujo en doce despidos de la semana pasada.
Con los 30 despidos de esta semana sumaron 42 los trabajadores que se habían quedado sin su fuente de trabajo. Trinchero informó que la empresa se puso a su disposición para ofrecerles el pago de la correspondiente indemnización, pero que ellos ya “no confían” en sus palabras, por lo que decidieron llevar adelante una asamblea permanente y exigir la inmediata reincorporación de los trabajadores. Finalmente, el martes se llevó adelante una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria hasta el martes 19 de junio, lapso en el cual la empresa deberá dejar sin efecto las 42 cesantías. Los trabajadores levantaron la medida de fuerza y ya se encuentran en sus puestos de trabajo.
Télam
En Télam, el martes pasado el redactor de Economía Ángel Jozami y una miembro de la mesa de edición, Fernanda Arce, ambos trabajadores que no contaban con ningún tipo de sanción dentro de la empresa, fueron notificados de su desvinculación. Según un comunicado de la agencia del día lunes, la razón de su despido fue el “acto de irresponsabilidad” y la “falta de ética y profesionalismo” que los trabajadores habían tenido en su trabajo en un cable publicado el día 13 de este mes en el que se informaba que los propietarios de las Lebac que vencerían 48 horas después eran en su mayoría extranjeros, cuando en realidad sólo un 5% eran de ese origen, según datos del Banco Central contrastados en el comunicado.
El jueves 31 de mayo los trabajadores de Télam harán radio abierta frente a la redacción.
En diálogo con ANCCOM, Esteban Giachero, delegado de la comisión interna del SiPreBa, remarcó que ésta es una maniobra que constituye una “sanción desproporcionada y sin justa causa”. El protocolo para modificar una información errónea ya publicada, explicó a esta agencia, es simplemente “levantar” el cable del acceso a los abonados y publicar la nueva información, cosa que no sucedió durante los quince días que la nota estuvo “al aire” para ser consultada.
Además, advirtió que toda información disponible en Télam pasa por un estricto control llevado adelante por las cúpulas jerárquicas: los gerentes periodísticos Luis Sartori y Daniel Capalbo; y el jefe de la sección de Economía, Ricardo Sarmiento, a quienes señaló como responsables directos de los despidos.
El conflicto de los trabajadores de Télam ya lleva mucho tiempo. En una nota publicada el 18 de mayo por este medio, los trabajadores denunciaron censura, vaciamiento de secciones y agotamiento de contenidos. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, comentó en ese momento Mariano, un trabajador de la agencia.
Los trabajadores de Télam se encuentran en asamblea permanente en reclamo por la inmediata reincorporación de los despedidos e iniciaron una campaña para defender sus fuentes de trabajo y el derecho a la información. Este jueves a las 13:00 también realizarán una radio abierta frente a la redacción, en Bolívar 531. ANCCOM consultó con el Ministerio de Trabajo si está previsto iniciar algún tipo de negociación, pero no obtuvo respuesta.
May 18, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Los trabajadores de Télam se reunieron ayer en la sede de Belgrano 347 para realizar una Asamblea General. Los ataques hacia el personal y el acotamiento del servicio en las últimas semanas dieron lugar a que se organicen para resistir ante la hipótesis de una liquidación de la empresa. Si el Directorio no revierte la situación, dicen, tomarán medidas de fuerza.
La agencia de noticias Télam fue fundada en 1945.
Los episodios de censura directa en la agencia se fueron multiplicando. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, dijo Mariano, uno de los primeros trabajadores en exponer durante la asamblea.
La reconversión de textos se ha vuelto una práctica cotidiana incluso en secciones como Cultura y Espectáculos. Pero la situación de malversación informativa se ve ahora agravada con la eliminación y bloqueo del material directamente por el editor de texto. Tal fue el caso de la nota sobre la revocatoria judicial al sobreseimiento del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, en una causa por fraude en la compra de hectáreas para un parque nacional. El artículo salió al servicio un día después, presionado por la denuncia de los trabajadores, pero quedando sin efecto dado que ya había pasado por todos los medios nacionales.
“Preferimos seguir profundizando la denuncia pública del acotamiento de los contenidos porque estamos convencidos de que la defensa de nuestros puestos de trabajo también se hace demostrándole y contándole a la sociedad la misión de nuestra tarea, que es la defensa del derecho humano a la comunicación”, concluyó Mariano.
Otro de los puntos clave del debate fue el agotamiento y desecho de contenidos. Por un lado, se cerró la sección Reporte Nacional, que era de suma utilidad para los medios del interior, e incluso había logrado éxito comercial. Asimismo, sus suplementos Tecnológico, Deportivo, Para Chicos y Literatura fueron arrasados luego de 366 ediciones. “Tengo la sensación que en las últimas asambleas hay un clima de velorio –exclamó con pesar otro compañero-. No hacemos más que velar a Reportes Nacionales que se murió, a Publicidad que no tiene más trabajo, a los colaboradores de Cultura, a los colaboradores de Historietas Nacionales…Perdimos todo”.
Si bien los miembros de las áreas eliminadas son reubicados en otras, los puestos en su esencia se pierden. Un trabajador de Infografía agregó: “Es como si hubiéramos puesto una cámara fija panorámica hacia el séptimo piso. Hace meses estaba lleno de compañeros; cuatro, cinco líneas de escritorios llenos de computadoras, y hoy somos tres compañeros trabajando ahí. Es elocuente de lo que está haciendo Télam con nosotros. Esos puestos no se recuperan aunque los reubiquen. Y en algunas secciones se va a dar un sobredimensionamiento de gente que no va a tener nada que hacer, porque los cables se reducen, las coberturas se reducen, las investigaciones se reducen. Entonces la empresa un día va a decir ‘Bueno en esta sección sobran cinco, no tenemos donde más ubicarlos. Fuera’”.
Por otro lado, también está en vilo el archivo sobre los juicios de Lesa Humanidad. Los trabajadores no confían en que la agencia sea garante del material documental. En Infojus (Sistema Argentino de Información Jurídica) el archivo se preservó porque los periodistas y fotógrafos realizaron un back-up propio y lo subieron a la web o cedieron a agencias. “Lo de Derechos Humanos se puede ceder a organismos; el de Reporte Nacional se puede subir a las bibliotecas, o las hemerotecas que hay en el país. Pero la tarea de defensa del archivo tiene que ser una cosa de este colectivo. Lo tenemos que hacer nosotros”, propuso un trabajador del sector de Infografía.
En el último año, se decidió el cierre de cinco secciones informativas.
A esta serie de hechos se suma el caso específico de Marcelo Bartolomé, quien recibió una sanción sin goce de sueldo por haberse negado a infringir el Estatuto Profesional. El área de Audiovisuales funciona con sus cronistas, camarógrafos y editores, que trabajan con material propio. En cuanto al material de terceros, por un lado Télam tiene convenios con otras agencias para hacer uso de éstos; y por otra parte edita videos de organismos públicos, pero siempre aclarando las fuentes. Al margen de estas modalidades, no puede adjudicarse material ajeno. En el marco de una entrevista a Michelle Bachelet hecha por un redactor corresponsal de Télam en Chile, Bartolomé se negó a editar la filmación porque quien grabó el video no era del equipo de esta agencia. Ergo, hubiese violado el convenio. “El material salió al servicio –explicó Bartolomé-. Lo editó un jefe bajo su propia responsabilidad. Esto dio lugar a la apertura de un sumario, de una investigación. Tuve que ir a declarar, yo y otros compañeros. Eso fue en enero. La semana pasada me comunican a mí individualmente que me suspendieron”. Para él, esto es otra medida de disciplinamiento de los trabajadores: “La advertencia de ‘cuidado con lo que hacen, porque si no te tiramos por la cabeza con tal o cual sanción’”.
Todos coinciden en que para dar la lucha, deben unirse independientemente del sindicato de Prensa al que pertenezca cada uno. “La buena voluntad, la disposición al diálogo, la permanente vocación de ir a discutir las cosas tiene sentido cuando del otro lado tenés respuestas –señaló Bartolomé-. Pero lo que recibimos es agresividad. La agresividad no es solo poner una sanción. Vaciar una sección, dejar sin laburo a los compañeros, cerrar el Reporte, hacer desaparecer los suplementos… Eso también es agresión. Entonces creo que el tiempo de la discusión, de la buena voluntad, se terminó. Lo que se tiene que organizar ahora es un plan de lucha que ponga trabas al avance de estos facinerosos. Y además, cuentan con la colaboración de facinerositos que por un sueldito, un carguito, o una sección mejor, colaboran en este desastre que están haciendo en la agencia”.
Los trabajadores acordaron una nueva asamblea para el próximo jueves en la sede de Bolívar 531. En el plazo que hay antes de la reunión, apelarán al Directorio para que revierta la situación, y realizarán batucadas en ambos edificios para incentivar la concurrencia.
Jul 18, 2017 | Trabajo
Enzo Moreira, periodista de la agencia estatal Télam, preguntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las denuncias de sobreprecios en la obra pública de su gestión. Al día siguiente, el trabajador de prensa se quedó sin trabajo. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”, mientras que las autoridades niegan que haya sido así y alegan que finalizaba el plazo de su contrato.
Los trabajadores despedidos son Moreira y Alejandro Ledesma, ambos del sector audiovisual, y a ellos se le suma Andrea Holgado, dejada sin trabajo con anterioridad. “Coarta la libertad de prensa y disciplina a los demás -afirma Francisco Basualdo, delegado de Sipreba en la agencia-, porque si ves que eso le pasa a un compañero, ¿cómo salís a trabajar y preguntás libremente? No podés”.
Durante la cobertura del anuncio de la demolición del “Elefante Blanco”, el edificio de Lugano que hace setenta años se pensó como un hospital pero donde se terminó estableciendo un barrio de emergencia hace décadas, Moreira le había preguntado a Rodríguez Larreta sobre denuncias que proliferaron acerca del pago de sobreprecios en la obra pública. Tras el episodio, las autoridades le reprocharon su accionar. Y al día siguiente, la gerenta de su sector, Magdalena Cash, le informó que no se le renovará su contrato. Argumentó razones presupuestarias.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”.
En las únicas declaraciones que dio sobre lo sucedido el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, le negó a Romina Manguel, en su programa de Radio Nacional, que existiera el reproche. Pousá aseguró: “La pregunta desde el punto de vista periodístico es correcta” y añadió: “El periodista no fue despedido, tenía contrato por tres meses y a los dos implicados se les vencía el 10 de julio y no se les iba a renovar”. Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que tiene bajo su órbita a la agencia, estuvo de acuerdo con Pousá y hasta sugirió que la pregunta pudo haber sido formulada por Moreira con la intención de permanecer en Télam a pesar de saber que terminaba su contrato.
Desde Sipreba rechazaron los dichos de Lombardi y señalaron que Pousá miente respecto a que no hubo recriminaciones y que a los periodistas no se les iba a renovar el contrato. Raúl Ferrari, otro delegado de Sipreba, afirmó: “Al día siguiente de los reproches por la pregunta a Larreta le dijeron a Moreira que no venga más. Hasta ese momento iba a continuar, de hecho, estaba acreditado para la cumbre del Mercosur que se hace esta semana (del 17 al 21 de julio) en Mendoza”. Los sindicalistas de prensa cuestionan la validez de los contratos temporales; aducen que el convenio colectivo del sector marca que después tras 28 días de labor el periodista debe ser incorporado a la planta permanente del medio.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22. También hubo un cese de actividades durante dos horas el jueves. Las demandas, según tres delegados de Sipreba son: que reincorporen a los periodistas despedidos, que se abra la discusión sobre la paritaria y el rechazo al proyecto oficial de achicar el área publicitaria. Por su parte, otro delegado, Mariano Suárez, añadió: “(las autoridades) pretenden que Télam tenga la misma agenda que Clarín y La Nación. Quisiéramos participar en los contenidos de la agencia”.
Respecto al reclamo sobre el sector publicitario, Basualdo señaló: “El proceso administrativo y contable de la pauta oficial aún estaba en Télam, si bien se fue descentralizando hace varios años. Hoy, por decisión de la Jefatura de Gabinete, ese trabajo pasa a sus manos”. Ferrari, por su parte, teme un vaciamiento del sector y destacó: “Entre 100 y 120 trabajadores están sin funciones por esa medida, hay incertidumbre de lo que pueda pasar tras las elecciones por el ajuste del que se habla”.
Los delegados esperan negociar con las autoridades y obtener soluciones. Sin embargo, advirtió Basualdo: “Asumimos como comisión gremial interna en octubre pasado y Pousá nos recibió una sola vez” y Ferrari concluyó: “Vamos a esperar el llamado del Directorio, sino en diez días vamos a llamar a otra asamblea y veremos qué se decide”.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22.
Actualizada 18/07/2017
Abr 7, 2017 | Trabajo
Aunque el derecho a huelga está amparado por la Constitución Nacional, en ministerios y empresas del Estado los trabajadores se toparon con un abanico de diversas “advertencias” de parte de la administración de Cambiemos. El 6 de abril es ya una fecha histórica: con altísima adhesión, se llevó a cabo en todo el país el primer paro general en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Si bien la convocatoria fue impulsada por la CGT, también contó con el apoyo de las dos CTA, de casi la totalidad de los gremios y de los movimientos sociales. La jornada de ayer fue tensa en distintas reparticiones, porque muchos empleados públicos se vieron en la disyuntiva de querer participar del paro, aunque con miedo de hacerlo por las amenazas de represalias más o menos explícitas.
«Lo que se comenta y causa más miedo es que va a haber una lista, como hubo en otros paros, de la gente que no trabaje el jueves», explicó ayer en diálogo con ANCCOM un trabajador de Aerolíneas Argentinas que prefirió no dar su nombre. Luego subrayó que «la empresa sacó un comunicado diciendo que a los que vengan a trabajar se les va a pagar $200 pesos en nafta o taxi. El comunicado decía además que no se va a generar salario para los que no asistan».
El artículo 14 bis de la Constitución establece que «queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga». Este último derecho, según Daniel Catalano, secretario general de ATE capital, parece no importarle al gobierno de Cambiemos. «Nosotros seguimos generando las condiciones para resistir y para que nuestros compañeros puedan tener el derecho de protesta garantizado –señaló el dirigente sindical-. Estamos hablando de un derecho constitucional. Hoy no lo quieren respetar y ni siquiera están escatimando recursos, porque los aprietes que están haciendo son realmente groseros».
Esta situación se repitió en distintos ministerios. Una trabajadora de la Cartera de Producción, que tampoco quiso identificarse por cuestiones de seguridad, comentó: «El lunes recién van a determinar si el día va o no a descuento. Nos dejan con la incertidumbre. A la gente que asiste al trabajo le ofrecen la plata del remís y un franco compensatorio. O sea, tomarse un franco cualquier día de la semana en cualquier momento del año. Los directores están haciendo circular que los que adhieren al paro tienen que dejarlo explícito en la carga de novedades -agregó-, cosa que nunca había pasado, y si no te dan la opción de pedir fuerza mayor pero sin adhesión, que también hay que explicitarlo en la carga de novedades. Es decir, quieren dejar registro sí o sí de los que adhieren».
Catalano, Yasky y Micheli en la pasada marcha del 7 de marzo.
Catalano contó que similares prácticas se llevaron a cabo en el Ministerio del Interior. “Estuvieron haciendo una encuesta a los trabajadores y preguntándoles a cuántas cuadras vivían del laburo –indicó en torno a la cartera a cargo de Rogelio Frigerio-. Los que vivían a más de 30 cuadras tenían que justificar la adhesión al paro y además les aclaraban que esa adhesión iba a traer descuentos”.
En la Agencia Nacional de Noticias Télam también hubo irregularidades. “La empresa ofreció pagarle el remís a todo el que quiera venir a trabajar, fuera de donde fuere”, aseguró un trabajador de esa repartición pública. Ante esta situación, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado: «La empresa que todos los días rechaza taxis para las notas periodísticas; que no acepta que, cuando esos taxis están, esperen a periodistas y reporteros gráficos en las notas, cualquiera sea la zona o el horario; que no contrata choferes ni renueva los móviles; esa misma empresa ahora nos ofrece taxis, choferes, viáticos y pagos de estacionamiento si estamos dispuestos a violar la voluntad colectiva». El empleado de Télam que dialogó con ANCCOM agregó: «Fuimos viendo cómo la empresa durante la semana estuvo sondeando a factureros, personal externo y colaboradores para contratar gente ese día y sostener ciertos servicios mínimos, lo cual es sumamente ilegal. No se puede contratar trabajadores para reemplazar a los que se encuentren haciendo paro». Por último dijo que «ya sabemos lo que va a pasar con el descuento del día; la empresa está haciendo un mega operativo, llamó a todo el mundo para ver si trabajaba o no».
En cuanto al Ministerio de Educación, una trabajadora también dio su testimonio de forma anónima: «En nuestro caso, como venimos en conflicto desde enero, la presión es una continuidad –subrayó-. No hay algo específico y puntual por este paro, pero ya está creado el miedo y por lo tanto muchos trabajadores no se animan a cargar en el sistema ‘adhesión al paro’ aunque adhieran. Lo que buscan es crear las condiciones para poder agarrarnos en algo».
Esta situación no es nueva desde la llegada al gobierno de Cambiemos. Luego de la marcha del 24 de marzo, Yamil Minakowski, director de la Dirección General de Reciclado (DGREC) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) del Gobierno de la Ciudad, despidió a cinco trabajadores por asistir a la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En cuanto a este caso particular, Catalano explicó que tras arduas negociaciones, ayer lograron la reincorporación de los empleados. El secretario general de ATE Capital indicó que «se acaba de resolver la reincorporación de los trabajadores del Ministerio de Ambiente. No pudimos resolver todavía que vuelvan al mismo lugar que trabajaban pero ya está garantizada la fuente de trabajo, que no es un dato menor. Eso sí, hay que remarcar que es un hecho de persecución, porque esos compañeros fueron despedidos por haber participado de la marcha del 24 de marzo».
“El gobierno se equivoca en boicotear el paro –opinó, por último, Catalano-. Ellos aprietan el acelerador pensando que nosotros vamos a disminuir y pasa todo lo contrario. Los laburantes se empoderan más y salen con más fuerza porque todos estamos entendiendo que renunciar al derecho a la protesta es directamente agacharte y esperar que te toque a vos».
Actualizado 06/04/2017
Mar 16, 2016 | inicio
Una a favor: el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 8, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, ordenó un embargo contra los empresarios Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas e hizo así lugar a una demanda de un grupo de trabajadores de Radio América (AM 1190), que reclaman sueldos impagos desde diciembre. “Se trata de un embargo de carácter preventivo por más de un millón de pesos, sobre la pauta oficial de la agencia de Noticias Télam”, dijo a ANCCOM Martín Cangini, delegado de los empleados de la emisora ante el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
“Hicimos varias presentaciones para embargar los bienes que hay correspondientes a Radio América, y esta es la primera que salió”,agregó la abogada Sol Morano, trabajadora de la emisora y también miembro de SiPreBa. “Se trata de un monto total de 1.050.437 de pesos y que corresponde a la deuda de 20 trabajadores –agregó-. Dentro del clima de incertidumbre en el que estamos, es una buena noticia. Esta es la única manera que encontramos para resguardar la deuda por el incumplimiento de los pagos. Hasta tanto esperamos que se resuelva el conflicto, porque por ahora no tenemos nada certero. Ni siquiera sabemos con certeza quiénes son los empresarios dueños de la radio”.
Radio Abierta de los Trabajadores de Radio América, el viernes pasado, con Matias Colombatti como conductor, y Reynaldo Sietecase y Maria O’Donnell de invitados.
Respecto a la patronal, la radio se encuentra “en un estado complejo”, según definió Matías Colombatti, productor y conductor de la emisora. Los trabajadores comenzaron un paro por tiempo indeterminado el 8 de enero, ya que la empresa, a cargo de Szpolski y Garfunkel, no les había pagado el sueldo de diciembre ni el aguinaldo. El 20 de enero se informó sobre la venta de Radio América y Tiempo Argentino al grupo Grupo M Deluxe, del empresario Martínez Rojas. “A partir de ahí se nos generaron expectativas de que se iba a solucionar el conflicto –dijo Colombatti a ANCCOM-. Sin embargo, este supuesto nuevo dueño tampoco cumplió con los acuerdos, y actualmente desapareció”.
“El juzgado dispuso un plazo de 72 horas para que Télam deposite el dinero en su cuenta”, explicó ayer en Radio América el abogado de SiPreBA León Piasek, y detalló que el dinero quedaría “pisado” a la espera de la resolución definitiva. “Fue un juicio de rápida resolución, porque se ha comprobado la falta de pago, que el derecho que invocan es verosímil y que la situación ha tomado estado público –dijo Piasek-. Con el equipo jurídico de SiPreBA hemos iniciado otras causas similares a esta. Dentro de este clima de incertidumbre que plantean, con un plan muy claro de lucha y no resignación, han podido obtener de la justicia una muy buena noticia”. El abogado consideró que la persistencia de los trabajadores fue ejemplificadora y provechosa, y evaluó que este será recordado como “el primer conflicto importante de la era macrista”.
«El 20 de enero se informó sobre la venta de Radio América y Tiempo Argentino al grupo Grupo M Deluxe, del empresario Martínez Rojas. A partir de ahí se nos generaron expectativas de que se iba a solucionar el conflicto «, dijo Colombatti a ANCCOM,
Desde la semana pasada locutores, operadores y trabajadores de prensa decidieron comenzar con una programación diaria con tres franjas horarias, de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23: en esos espacios, en general, se expone acerca del conflicto que los afecta, de conflictos que involucren a otros trabajadores y también de experiencias de distintas cooperativas. “Empezamos a hacer estos programas como mecanismo de difusión y defensa –explicó Colombatti-. Seguimos sin cobrar nada, pero igual nos hacemos cargo de la radio, del aire, de la limpieza y de impedir cortes de los servicios”. Federico Nadersohn, productor de información y conductor de la segunda transmisión del día, completó: “No hay ni una sola persona que se haya ido de este trabajo. Eso te hace generar un lazo de pertenencia mayor con la radio”. “Acá hay mucho amor por la radio, sino ya no estaríamos”, concluyó Colombatti.
El próximo viernes la emisora contará con la visita del periodista y relator Víctor Hugo Morales, quien fuera despedido de Radio Continental a comienzos de año y será protagonista de la cuarta “radio abierta” organizada por los trabajadores. El encuentro está pautado para las 18 en Amenábar 23, casi esquina Dorrego, sede de América 1190.
