Oct 27, 2021 | Culturas, Destacado 2
Este martes, el Proyecto de Promoción de la Alimentación Saludable se convirtió en ley, garantizando el derecho a la información, a la alimentación adecuada y a la salud. Casi un año después de obtener media sanción en el Senado, obtuvo 200 votos a favor en Diputados.
“Finalmente nuestra salud tiene otra oportunidad, una oportunidad que nos da comienzo a por fin empezar a mejorar la alimentación de todas y todos los argentinos. Este es un puntapié inicial sin precedentes. Esta ley no es un Boca vs River, no tiene banderas partidarias. Tiene una política pública pensada para proteger las infancias, y hasta los sectores más vulnerables. El Estado tiene que priorizar los alimentos sin sellos”, compartía en la movilización frente al Congreso Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales).
«Esta ley no es un Boca vs River, no tiene banderas partidarias», compartía en la movilización frente al Congreso Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar.
Luego de horas de un debate totalmente presencial y con la intervención de más de 70 diputados, la iniciativa contó con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones, minutos antes de la media noche. “El Estado argentino no va a mirar para otro lado”, aseguró la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau del Frente de Todos. “El octógono negro de advertencia es la forma más eficaz de comunicar la presencia o ausencia en nutrientes críticos en los alimentos. Hoy estamos rodeados de productos ultraprocesados con exceso en grasas, sal y azúcares. Las etiquetas son engañosas y a veces ilegibles; los consumidores tienen el derecho a saber qué es lo que está consumiendo e ingiriendo”, agregó.
La ley busca advertir a los consumidores sobre excesos de nutrientes críticos, grasas, sodio y azúcares, en productos alimenticios para combatir enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, hipertensión y riesgos cardíacos. Para esto, en base al perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, se implementará un sistema de advertencia de sellos con forma de octógonos negros con la leyenda “Exceso en…”. Indicando que un alimento ultraprocesado (formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos) contiene un exceso de estos nutrientes críticos. Además de la inclusión de una etiqueta con la leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as” a los productos que correspondan.
Pero también, la iniciativa se considera innovadora por su regulación en la alimentación de los niños y niñas. Estipula que cualquiera de los productos a los que les corresponda llevar algún tipo de sello octogonal se le prohíbe cualquier tipo de publicidad. Tampoco podrán utilizar claims, personajes animados, premios o regalos para atraer al consumidor. Por otra parte, estos productos no podrán ser ofrecidos ni comercializados en entornos y comedores escolares.
La ley busca advertir a los consumidores sobre excesos de nutrientes críticos, grasas, sodio y azúcares, en productos alimenticios para combatir enfermedades crónicas no transmisibles.
Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto estuvo nueve meses esperando ser discutido en Diputados. Hasta que en julio fue tratado en el plenario de comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara Baja, donde obtuvo un dictamen favorable con 91 firmas, sin modificaciones. Sin embargo, el pasado 6 de octubre cuando se planeaba debatir el proyecto por parte del oficialismo, no alcanzó el quórum ante la ausencia de la oposición.
En la sesión de este martes, la diputada correntina Ingrid Jetter del PRO afirmó que está a favor de la información en los productos que consumimos, pero agregó que esta ley es imperfecta, inútil e insuficiente. “El octógono informa sobre el exceso de determinado nutriente crítico, pero no en cuánto. Además, los productos con octógonos negros no pueden brindar información adicional sobre cualidades que puede tener ese producto”. Propuso eliminar el IVA de aquellos productos que no tengan un octógono negro.
También, la diputada Beatriz Ávila del Frente de la Justicia Social por Tucumán explicó: «No veo por qué el ataque a la industria azucarera: primero, hace años, con el tema de que era subsidiada, y ahora con este etiquetado negro que remite a la idea de muerte, pretendiendo decir que el consumo del azúcar es equivalente al de la nicotina o al de las grasas saturadas. Lo que me parece es insostenible».
Por su parte, Pablo Yedlin representando a Tucumán, el diputado y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud del Frente de Todos, desarrolló que “el azúcar es una de las causas indudablemente incluidas en el tema del sobrepeso y la obesidad. Pero el azúcar es un producto natural, no es un veneno. Muchos edulcorantes tendrán que explicar mucho más cuán saludables son. De todas maneras, quiero decir que acompañamos en líneas generales el proyecto. Tenemos algunas observaciones que tienen que ver con la idea de creer que, porque el etiquetado frontal es bueno, es útil. O porque los octógonos negros son buenos y han demostrado en otros países que han disminuido el consumo de elementos procesados y ultraprocesados, van a ser suficiente para mejorar el sobrepeso y la obesidad. No alcanza con esto para dar la batalla al sobrepeso y la obesidad”.
“Quiero agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil, que a lo largo de estos meses ayudaron a respaldar con evidencia, información, acciones, que fueron enriqueciendo la información tratando de derribar mitos”, señaló Brenda Austin del Bloque UCR. Las organizaciones que impulsaron desde el comienzo el proyecto se movilizaron a partir del mediodía al Congreso. Desde música en vivo, talleres y charlas integraron la jornada que terminó con la aprobación de la ley.
Ignacio Drake, de Consumidores Argentinos, afirma: “Es fundamental que se garanticen los derechos de los consumidores, el derecho a estar informados y a tener elementos para poder elegir los alimentos que llevamos a nuestros hogares. Sostenemos que es fundamental tanto la alimentación saludable como acceder a una alimentación saludable. Sostenemos que, o regula el estado o regula el mercado. Este tipo de políticas pone en la agenda la alimentación saludable y el rol que tiene que cumplir el Estado para garantizar el acceso para la alimentación de todos y todas”.
Aunque a estas organizaciones, integradas por Sanar, Fundeps, Consciente Colectivo y Consumidores Argentinos, les preocupa la puesta en práctica de manera correcta las regulaciones, numerosas organizaciones internacionales apoyan la ley. Así lo ha demostrado Unicef en su Jornada sobre Legislación sobre etiquetado frontal de advertencias en Argentina. Al igual que nueve de cada diez argentinos según la encuesta realizada por la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina
A estas organizaciones, integradas por Sanar, Fundeps, Consciente Colectivo y Consumidores Argentinos, les preocupa la puesta en práctica de manera correcta las regulaciones.
Oct 7, 2021 | Comunidad, Novedades
Es martes y hay que salir a trabajar. Agarrás las cosas y abrís la puerta. Afuera, el día está soleado, pero algo impide disfrutar. El barbijo no puede disimular el olor del aire. Sí, el aire tiene olor, olor a sucio, olor a polvo. El aire es turbio, impuro. Caminás una cuadra y tenés que frenar, pero no en una esquina. En la salida de una fábrica, aguardás para cruzar la entrada. Pasan uno, dos, tres camiones. Pasan los minutos y siguen saliendo camiones con volquetes vacíos, y entran otros con volquetes llenos; con escombros, con partes de autos desarmados, con maderas. Por fin cruzas, pero la música no se escucha, porque la avenida la transitan camiones pesados, hasta tractores. La vereda debería estar limpia, es primera hora de la mañana, pero donde sea que se mire hay basura: botellas, bolsas, papeles, lonas, metal.
En Villa Soldati funciona, desde 2013, una planta de tratamiento de residuos áridos. Su objetivo es tratar los escombros que quedan de las construcciones para poder reutilizarlos en la misma industria. El problema es que, en el intento, provoca enfermedades, contaminación e insalubridad a los vecinos. “¿Qué dice el Gobierno del impacto ambiental? Que, de las paredes para adentro, todo funciona bien. La planta recicla, es el único centro de estas características, se reciben toneladas de basura. Eso está genial, el problema es que el centro de reciclaje está siendo beneficioso sólo para un sector”, explica Sabrina González, referente de la Comuna 8. La indignación va de la mano con la ironía de la situación: la planta es parte del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Su tarea cuadra en la filosofía de una economía circular, pero que hoy es más utópica que planificada.
“Entran camiones con fardos de botellas de plástico, de bolsas, de cartón, de papel. Todo eso se desprende y queda en el suelo. A principios de 2020 nos habíamos sacado una foto para retratar lo que es estar acá, vivir entre polvillo, respirar tierra”, aclara González. Y amplía: “En realidad no es solo tierra, porque si fuera tierrita no pasa nada; es cal, cemento, polvo. Eso es lo que estamos respirando. El tema son las partículas que están en el aire, no solo la cantidad, sino la calidad, que generan conjuntivitis crónica, sarpullidos y hasta diagnósticos de cáncer”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en que la planta no contamina, escudándose en los controles de calidad del aire realizados bajo su órbita. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, quiso relajar a los vecinos de Soldati: “Dijo que los niveles de contaminación estaban bien e incluso mejor de lo máximo posible. Que la planta no contaminaba. Pero cuando les preguntamos si mejorarían algo, nos dicen que sí, que van a levantar una construcción para evitar que pasen para afuera las partículas. Ahí se contradice un poco”, relatan Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y su asesor, Facundo Sanseverino.
Sin embargo, a partir del inicio de la pandemia, todo empeoró y se hizo más notorio. “Cuando no había pandemia, nosotros vivíamos acá, pero nos íbamos a trabajar, a lo de un amigo, a llevar los chicos al colegio, estábamos todo el tiempo en movimiento. Teníamos alergias y demás, pero parecían hasta leves”, cuenta Sabrina González. No obstante, el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020 fue un punto de quiebre. “Cuando arrancó el aislamiento y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas las 24 horas del día, fue un horror. Nos recomendaban tener las ventanas abiertas para ventilar y porque necesitábamos oxígeno, pero era imposible: teníamos arenilla en la garganta, respirábamos mal y los vidrios se llenaban de polvo enseguida”, continúa.
La planta de áridos se mantuvo cerrada tan solo tres días en el comienzo de las medidas preventivas implementadas por el gobierno. Las quejas del conjunto de vecinos y la falta de respuestas por parte de las autoridades los obligó a hacerse cargo de la situación. “La Mesa Ambiental de la Comuna 8 nació en 2019 acá en Soldati. No sabíamos si la gente iba a ir y fuimos 60 en total, lo cual ya nos dio un parámetro de que había un montón de laburo para hacer. Está conformada por tres organizaciones sociales y políticas, por vecinos y vecinas y por la Junta Comunal. Necesitábamos que empezara a circular la información entre los vecinos y así empezamos con los conversatorios”, relata González.
La referente de la Comuna 8 recuerda los sucesos del día en que la planta de áridos volvió a abrir en plano ASPO: “Ese viernes nos empezaron a llegar fotos y videos a los representantes de la Mesa Ambiental, mostrando que estaba funcionando y no lo podíamos creer. Ahí decidimos venir hasta la puerta como medida de reclamo”, pero la medida se convirtió en pesadilla. Un grupo de volqueteros llegó a la planta y, luego de pedirle a la policía, que había arribado hacía instantes al lugar, que se corra, colocaron los volquetes en el portón de entrada al predio, dejando encerrados a los manifestantes entre este y la puerta de entrada a la planta. “Seis horas nos dejaron encerrados, mientras nos amedrentaban y nos tiraban piedras, muchos de ellos querían confrontación”, describe Sabrina González, todavía con un tono de asombro. Este suceso generó que, luego de una reunión entre el Ministerio de Desarrollo y la Junta Comunal, se pactara el cierre provisorio de la planta. Cierre que duró tan solo un mes, ya que posteriormente comenzó su reapertura paulatina hasta llegar a su funcionamiento habitual: todos los días, excepto domingos y feriados.
Justamente, lo que no quieren los representantes vecinales es confrontación. “Nosotros no queremos sacarle el trabajo a nadie, ni que la planta desaparezca. Solo pedimos su traslado a un lugar donde no habite tanta gente”, comenta Fidelia Cruz, integrante de la Mesa Ambiental Vecinal de Soldati, que es un barrio y, como todo barrio, se conocen entre todos, incluso con algunos de los volqueteros. “En el reclamo de principios de la pandemia, muchos volqueteros que nosotros conocemos, venían por lo bajo y nos decían que a ellos tampoco les conviene que la planta esté acá, porque tienen que bajar de la autopista a 20 y cualquier cosa que se te cruce provoca un accidente. El problema es que no pueden hacer mucho porque son empleados y no quieren perder su trabajo. Son nuestros vecinos, no hay por qué tener conflictos entre nosotros porque el Estado tiene que estar por sobre todos”, amplía González, mientras un tractor avanza por la calle Martiniano Chilavert y provoca que tenga que elevar su voz para ser escuchada.
En relación con la cuestión ambiental, se entrelaza la justicia social. El barbijo de Nicolás Meza, integrante de la Mesa Ambiental, dice “ecologismo popular”, en verde y mayúsculas. Y afirma: “La falta de justicia social es lo que nos lleva a discutir las problemáticas que venimos padeciendo a nivel estructural con respecto a la injusticia ambiental”. En la Ciudad de Buenos Aires, las leyes de Educación Ambiental y de Basura Cero están vigentes, pero no se cumplen. “Acá la mirada está normalizada. Los chicos salen del polo educativo y del deportivo y ven toda esta mugre. ¿Qué te va a importar tirar tu papelito del chicle, si ahí hay una bolsa y un cartón?”, comparte González, decepcionada. “Mientras, ellos hacen visitas guiadas a la planta. La ciudad verde que están proyectando, a nosotros nos deja afuera”.
Pero Laura Velasco reivindica el trabajo de los vecinos y el concepto de ecologismo popular: “El tema ambiental se suele vincular con los sectores medios, pero la falta de espacios verdes y la contaminación del suelo, agua y aire afecta, sobre todo, a los barrios populares. Está buenísimo el proceso de organización de los vecinos. Entendemos la salida por ese lado: que ellos sean quienes traigan su voz para hacer la denuncia, pero que también puedan traer propuestas de gestión comunitaria de las que sean parte”.
Velasco presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad. Todavía no hubo respuesta. A su vez, los vecinos avanzan en la presentación de un recurso de amparo por la planta. González nos demuestra que el objetivo final es realmente la reubicación de la planta, nunca en contra de lo ambiental ni de los trabajadores: “El centro de reciclaje es buenísimo. Sabemos cuánta plata hay en estos espacios donde llega la basura, muchos de nuestros vecinos tiran del carro. Sabemos lo que es, no estamos en contra del reciclaje porque somos eso, esencialmente está en nuestra sangre”.
Ago 23, 2021 | Comunidad, Novedades
Verónica Garri junto a su familia.
El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .
En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.
Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”.
Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.
En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global.
Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”
En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local.
Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.
Ago 19, 2021 | Comunidad, Novedades
El helipuerto Baires Madero se encuentra en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, a metros de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires y al lado del barrio Rodrigo Bueno. El camino a la entrada parece no tener final, las veredas comienzan a achicarse, el humo de los camiones inunda el ambiente. Se observan montañas de basura y unos cuantos autos abandonados. Desde Avenida España al 3200, se llega a ver la central Helicenter, y allí, subiendo una escalera, está el despacho donde se alojan los médicos y operarios del Escuadrón Aéreo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
La tripulación está formada por el piloto Eduardo Forgan; Javier Revilla, técnico operativo que durante el vuelo y en la escena colabora con el médico al momento de la asistencia; Pablo Martínez, médico emergentólogo, y la médica aeroevacuadora María Sol Budic. Además, de cada operativo participa Juan Noir, uno de los coordinadores del SAME, jefe del equipo médico y, a la vez, enlace del Escuadrón Aéreo con el resto del SAME. Es el encargado también de la programación de los servicios, el control de las habilitaciones y licencias del personal, la realización de los cursos, la documentación y el contacto entre otras áreas o instituciones para que la operación sea fluida y sin inconvenientes. El equipamiento con el que cuentan incluye capacidades de Unidad de Terapia Intensiva Móvil y asistencia primaria para el paciente politraumatizado.
El SAME se creó en 1991 como una fusión entre lo que era el Centro Informativo y Permanente para Emergencias y Catástrofes, la Dirección General de Material Rodante (ambulancias) y la Dirección General de Atención a la Salud (coordinación médica). Hoy depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, específicamente del Área de Emergentología. El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y desde ese momento a la actualidad realizó más de 3.500 auxilios. Dispone de dos helicópteros que pertenecen a la empresa privada Modena Air Service –que brinda mantenimiento y tripulación–, mientras que el SAME aporta equipo médico, insumos y combustible.
Asimismo, posee bases operativas para aterrizar en diversos hospitales porteños: Santojanni, Pirovano, Tornú, Fernández, Rivadavia, Argerich, Penna, Vélez Sarsfield y Durand. Sin embargo, la idea de operar con helicópteros sanitarios en la Ciudad no fue fácil: muchos establecimientos no tienen todos los elementos para asistir a un paciente, el recurso humano es escaso y los problemas de tránsito complejizan todo. “Llegábamos a un incidente en la autopista y no nos identificaban como un recurso sanitario, pero con el tiempo las personas se fueron acostumbrando y se los fue capacitando, al punto que hoy cortan el tránsito para que podamos bajar”, cuenta Juan Noir.
La mayor virtud del SAME aéreo es la rapidez de los helicópteros: el tiempo promedio entre el ingreso del llamado hasta el despegue es de tres minutos y el máximo para cruzar la Ciudad de extremo a extremo es de cuatro, o sea que en un máximo de siete minutos arriba al lugar del incidente.
El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y ya realizó más de 3.500 auxilios.
Un día de trabajo
Son las 7 y la tripulación chequea el helicóptero. Se comprueba el equipamiento médico y se verifica qué hospitales cuentan con todas las condiciones para recibir traslados ese día. La misión comienza con el llamado de auxilio al 107, la central operativa interroga sobre todos los datos y ubicación mientras, en simultáneo, se transmite el requerimiento a la Base Baires Madero. Se activa la alarma, el piloto pone en marcha la nave, el técnico geolocaliza el punto de aterrizaje y el médico recaba datos del auxilio pertinentes para la operación. “Tiene que estar en vuelo dentro de los tres minutos que se hace el llamado. A partir de ese instante, el personal presente en la escena corta el tránsito y allí descienden el médico y el técnico para atender a la persona. Pasa de todo: aparecen motociclistas que ayudan a parar el tráfico, gente que no se corre cuando ve que estamos por aterrizar y hasta pacientes que se han negado a subir, todo ocurre en cuestión de minutos”, comenta Eduardo “Bugy” Forgan, el piloto de helicóptero con más experiencia del país.
Si bien se busca minimizar los tiempos y atender a todas las vidas humanas, los helicópteros pueden transportar dos pacientes y uno para asistir en el momento. La tripulación pone en riesgo su vida. “Uno de los eventos más fuertes fue la explosión de la perfumería Pigmento en Villa Crespo: dos bomberos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos, esa fue la que más nos afectó porque las víctimas eran parte de nuestro equipo”, recuerda María Sol Budic. Según Javier Revilla, copiloto del equipo, “la tragedia de Once en 2012 fue muy complicada también”. En aquel accidente, 52 personas murieron, hubo más de 600 heridos y muchos de los pasajeros atrapados fueron trasladados por el SAME aéreo. Fue un antes y un después para el escuadrón ya que los centros asistenciales más cercanos estaban ocupados y se vieron obligados a organizar a los pasajeros. La rapidez con la que llegó el equipo de rescate fue vital.
Ese miércoles 22 de febrero, a las 8.29, entró la llamada del 107. “Base aérea ¿me escucha? –dijo el operador–. Tenemos un accidente en la terminal de Once, parece haber colisionado una formación de tren con principio de incendio y gente atrapada”. “Estamos yendo con varias unidades”, respondió un minuto después el director del SAME Alberto Crescenti. Automáticamente, desde el Móvil 1 se cursó la alerta roja a todos los hospitales porteños y las camas se agruparon para atender los heridos. “Nos encontramos con múltiples víctimas en el hall, en los andenes de la terminal, pero fue peor cuando entramos: el grueso de los heridos, 120 personas atrapadas en 6 metros”, rememoró Revilla. De inmediato, colocaron en la estación una bandera roja para pasajeros de atención inmediata, amarilla para monitoreo hasta el lugar de traslado y verde para equipos de psicólogos y psiquiatras. A las 8.36, llegó el SAME aéreo.
Desde el llamado de emergencia hasta que llega al lugar del incidente, el helicóptero tarda como máximo siete minutos.
La pandemia intensificó el trabajo de la tripulación. “Es más incómodo por el equipo de protección personal y el trabajo invade parte de nuestras vidas. Hubo médicos que prefirieron no convivir con la familia por temor a contagiarse, pero se trabajó igual”, afirma Noir. Durante el año pasado, el SAME se adaptó a nuevos protocolos: se asistió a pacientes en hospitales y ambulancias y se evacuaron geriátricos con las medidas de higiene, pero no estando vacunados. El emergentólogo Pablo Martínez menciona que se incorporó la telemedicina: “Es una asistencia mediante video que puede valorar signos del paciente para darle solución a su necesidad, se pueden dar instrucciones hasta el arribo del móvil, indicaciones de RCP, asistencia psicológica, o en casos de incidentes con múltiples víctimas, dar un mayor panorama a la central operativa para el manejo de la escena”. Según la página oficial del SAME, en 2020 recibieron cerca de 800 mil llamados de los cuales 296 fueron derivados al servicio de telemedicina.
En los primeros 100 días de 2021, con un promedio diario de llamadas de entre 2200 y 4500, el escuadrón aéreo realizó más de 100 operativos asistenciales, aunque más allá de los números que avalan la alta capacitación de sus integrantes, hay que destacar su calidez humana. Pero ya no hay tiempo para más preguntas. Suena el teléfono y el equipo tiene que salir volando.
Jul 21, 2021 | Géneros, Novedades
¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.
“Ambas organizaciones creemos que es clave modificar comportamientos y prácticas en espacios institucionales”, asegura Lucía Sucari, coordinadora de Comunicaciones de Fundación Kaleidos. Los objetivos de la campaña son evidenciar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud y la de sus entornos, y desarmar los estereotipos que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a diversos malestares.
“Aquellos estereotipos que se van reproduciendo en las crianzas, enseñanzas y a través de la socialización en las escuelas, se traducen en más vulnerabilidad para los varones en el acceso y el cuidado de su propia salud”, afirma Daniela Giacomazzo, psicóloga y coordinadora del equipo de expansión comunitaria y especialista en ESI de Casa FUSA.
Entre las conductas de riesgo usualmente llevadas a cabo se encuentran el demostrar resistencia a alcohol y drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad, tener sexo sin protección o subestimar el cuidado de salud mental. Un capítulo aparte merece el último punto ya que, según las estadísticas, son los hombres quienes encabezan las listas cuando de suicidio se trata. “La creencia de que los varones tienen que ser fuertes y el no poder mostrarse sensibles o pedir ayuda son factores que van obstaculizándolos muchas veces para hablar de lo que les pasa y solicitar ayuda”, expresa Giacomazzo.
Pero el vínculo entre la alta tasa de muertes y el machismo no termina ahí: el modelo tradicional de hombría también alcanzó a los cuidados que implica el coronavirus. Si bien se observan porcentajes similares de varones y mujeres contagiados, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los primeros representan un 58% del total de los fallecidos. Esto sucede, entre otras cosas, porque las normas de la masculinidad hegemónica llevan a que se cuiden en menor medida y utilicen menos o de peor manera el barbijo. El resultado no solo los afecta a ellos sino a quienes los rodean y quedan expuestos al riesgo de contagiarse.
La necesidad de probar que se cumple con los mandamientos de la virilidad hace mella sin importar la edad. Sin embargo, ambas organizaciones entienden que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la masculinidad. Por eso, la campaña está dirigida principalmente a ellos. Aun así, además de apuntar a este grupo en particular y a la sociedad en general -porque estos mandatos no solo son reproducidos por los varones-, la iniciativa busca llegar a los adultos que los acompañan en espacios como centros de salud, instituciones educativas o la misma familia, por un lado, y a las políticas públicas, por otro.
Para Giacomazzo, una de las barreras a la hora de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que hacen al cuidado y la prevención en materia de salud masculina es que, muchas veces, en el imaginario social se entiende la únicamente refiriendo a mujeres cuando, en realidad, implica entender cómo las estructuras, los mandatos, la socialización y los estereotipos generan diferentes consecuencias para mujeres, varones y disidencias.
Las asociaciones proponen abordar las políticas públicas desde tres lugares: con programas para prevenir la violencia machista; con iniciativas para el cuidado de la salud mental de los hombres, que busquen prevenir o mitigar el estrés, la depresión y el suicidio; y, por último, pensando políticas que tengan en cuenta cómo las practicas masculinas influyen en sus comportamientos. Por sobre todo, la tarea de las organizaciones es impulsar el cuestionamiento de lo que se nos fue enseñado. Cuidar la salud también es de varón.
