La violencia de la Fuerza Aérea contra los internos y los civiles

La violencia de la Fuerza Aérea contra los internos y los civiles

Un ex conscripto identificó a Ernesto Rafael Lynch en la 8° Brigada Aérea y un sobreviviente fugitivo de Mansión Seré volvió a dar testimonio. Las hijas de un detenido luchan contra las consecuencias materiales del secuestro.

En la vigésima audiencia de la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV declararon tres testigos y un sobreviviente que fue partícipe de la fuga de Mansión Seré. El primero fue un exconscripto de la 8° Brigada Aérea “Mariano Moreno” donde el imputado Ernesto Rafael Lynch fue capitán. Las otras dos testigos hicieron hincapié en las consecuencias materiales y emocionales del secuestro de su padre.

 “En una Base de tantos kilómetros, con la impunidad del campo, debe haber sido imparable lo que hicieron. Eran tan salvajes que 40 años después me sigue doliendo de la misma manera lo vivido. Altos jefes, como el Brigadier Orlando Agosti, estuvieron en la base. Esas personas creían y estaban de acuerdo con lo que hacían. Astiz hay en todos lados”, argumentó Walter Enrique Fey, ex conscripto asignado a la 8° Brigada Aérea entre 1977 y 1978, que durante su testimonio detalló escenas que recrearon la brutalidad y la violencia que se vivía en el predio aéreo entre los soldados rasos y con los civiles detenidos ilegalmente.

 La situación más fuerte que vivió, la relató cómo uno de los motivos para estar sentado ante el tribunal. “Estaba preparada una tortura especial en esa oficina y todos lo sabían. Eran muchas personas que escuchaban los gritos y no ayudaban. Yo creo que por esa mujer estoy acá” y sobre el recuerdo explicó: “Un suboficial me dijo que no podía salir de mi oficina y al rato comienzo a oír gritos desgarradores y terribles de una mujer, nunca escuché algo tan doloroso. De golpe, entraron dos soldados horrorizados a mi escritorio, dejaron la puerta entreabierta y desde mi silla se veía el escuadrón de tropa haciendo un cordón de seguridad alrededor al chalet del grupo de tareas. Uno de los soldados dijo: ‘La están haciendo mierda, le meten la pistola en el útero, la amenazan con matarla y que le van a pegar un tiro al bebé’. Dicen que la habían atado arriba de un escritorio y que allí la estaban violando. Habló en plural. Lo peor para mí, es que esos gritos de dolor que habrán durado cerca de una hora, cesaron de golpe y no se escuchó nada más. Una persona herida no para de gritar de golpe”.

 También vio otras situaciones de brutal violencia contra civiles detenidos dentro de la brigada. “En una oportunidad me dejaron al cuidado de un hombre arrodillado y maniatado, bajo la orden de que si intentaba escapar le diera un tiro. En más de una oportunidad ví jóvenes esposados y tabicados a los que subían en camionetas y llevaban al fondo de la Base. Pero nunca los ví salir”, explicó Fey.

 Fey se desempeñaba como “dragoneante” [soldado raso que se destaca por su desempeño] afectado a la compañía de servicios, “una oficina administrativa que se encargaba del control del movimiento de los soldados. Yo tenía trato directo con todos los escuadrones porque me encargaba de coordinar con varias secciones, de controlar los días francos o de anotar los jefes de unidad nocturnos”, describe el testigo sobre su cargo. Su trabajo le permitió conocer a la mayoría de los integrantes de la fuerza, poder dar nombres, apellidos, cargos y un vasto relato de cómo era en su interior la distribución territorial del predio, con sus dependencias, caminos y hangares.

 Desde el inicio de su testimonio afirmó conocer a Ernesto Rafael Lynch por haber sido capitán de la 8° Brigada en la que el testigo estaba afectado. “Los mayores o tenientes, de noche quedaban como jefes de la base. Algunas veces estaba Lynch, era uno de los oficiales de servicio que yo registraba, él tenía mando y responsabilidades. De Lynch se decían cosas, al igual que de todos los superiores, por los tratos y castigos que aplicaban. El ambiente era salvaje y brutal, ningún soldado quería enfrentarse con los superiores y muchos tenían pavor de salir de su oficina” explicó el ex conscripto.

 Ante el pedido de la fiscalía, explicó algunos de los castigos que Lynch y el resto de los superiores perpetraron contra los soldados. “Lograban tener a los soldados aterrorizados y subordinados por miedo al castigo. La golpiza era la norma en la Brigada, pasabas por algún rincón y siempre estaban masacrando a alguien, eran violentos y soberbios. Les decían que no se quejaran porque ‘vamos a estar acá al menos 10 años’, en referencia al golpe de Videla. De noche solían sorprender a los soldados de guardia y les disparaban. Había intercambio de tiros, luego se asomaba el atacante y era Lynch. Estos oficiales de servicio trataban de probar a los soldados de guardia”.

 Además de la presencia de Lynch, el testigo pudo identificar durante su declaración dos lugares de detención que funcionaron dentro de la Base. Un calabozo, que estaba debajo de la torre de vuelo y un hangar abandonado cercano a su oficina que se convirtió en el centro de operación del Grupo de Tareas N° 12, “que ya operaba desde antes, pero que se independizó y amplió su radio de acción. Se asignaron oficiales de la compañía militar, un suboficial de semana y habilitaron armamento especial y el hangar. Usaban tres camionetas de color azul aeronáutico, apodadas Las Tres Marías, que tenían una estructura de hierro cerrada por una lona verde y filas de asientos enfrentados en los laterales” y luego ahondó en el tipo de operativos que realizaba el grupo que estaba contiguo a su oficina. “Había mucho revuelo cuando estaban por salir, en esos momentos yo no salía de mi oficina. En algunas ocasiones mi jefe de compañía solía decirme ‘hoy vamos a salir a cazar unos pajaritos’. Todo el plantel de suboficiales salía, era una actividad rotativa y afectaban a todo el plantel del escuadrón de tropas. En la mañana también tenían actividades, de espionaje e inteligencia, militares vestidos de civiles que salían en autos comunes”, y explicó que a partir de lo que había oído podía suponer que tenían otras dependencias.

 En entrevista con ANCCOM, Walter Fey expresó que declarar “es mi forma de poder dar luz a lo ocurrido en la 8° Brigada Aérea de Moreno, situaciones que quizás la sociedad no conoce porque no lo vivió desde dentro y no puede imaginar el calvario y el sadismo que tuvo esta gente. Puedo recordar muy bien lugares, nombres y movimientos, memorias que atesoré pensando en algún día hacer justicia. Mi vocación es aclarar lo ocurrido para que se puedan atribuir las responsabilidades a las personas que se comportaron como salvajes. Fue un grupo cegado por el odio que se creían invencibles y hoy están siendo juzgados”.

 El abogado Sergio Gómez, representante en esta audiencia de la Asociación Civil querellante, Moreno por la Memoria, se expresó sobre la importancia de los testimonios de quienes pudieron ver los hechos en primera persona. “Además de ser impactantes por lo descarnado del relato, testimonios como el de Walter Fey resultan de vital importancia puesto que provienen de personas que vivenciaron el proceder del personal militar desde un lugar privilegiado que les permitió conocer a los protagonistas de los hechos, distinguir rangos y roles, y presenciar situaciones de violencia cotidiana que generaban una atmósfera gobernada por el terror. Algo muy propio del aparato militar que buscaba la deshumanización, como condición previa y necesaria para la destrucción y aniquilamiento del otro, y así responder eficazmente al esquema de desaparición, tortura y muerte. Además, se describen muy bien los modus operandi de la misión genocida, que cuando se cotejan, se condicen con los fundamentos de la acusación y el resto de la prueba producida hasta ahora, construyendo así, junto con el resto de los testimonios, la verdad de lo sucedido en la última dictadura cívico militar”.

 

Las siguientes declaraciones fueron las de las hijas de Jose Lizardo Reynoso, testigos y sobrevivientes del secuestro de su padre ocurrido cuando ellas eran niñas. Reynoso era militante radical y estuvo detenido en la Comisaría 1° de Moreno. La menor de ellas, María del Valle Reynoso relata que estaban en su domicilio en Moreno, cuando alguien golpeó la puerta y la tiró abajo. “A mi papá se lo llevaron en un vehículo con las manos esposadas y algo similar a una bolsa en la cabeza, tengo esa imagen muy grabada. También se llevaron un baúl donde guardaba documentos”.

 Recién cuando su padre falleció se enteraron de lo que había vivido: “Fue un shock. Éramos grandes cuando supimos que él trabajaba en una sociedad de fomento y que hacía trabajos de ayuda barrial”, explica María del Valle. Fueron recomponiendo lo poco que saben de su historia a partir de los tíos y tías. María del Valle debió cuidar a su padre anciano y “fui testigo de las quemaduras y cicatrices de su cuerpo. Pero jamás hablé de eso con él. Fue mi tío quien nos contó de las torturas que había sufrido”. La hermana mayor, María Eva de Jesús Reynoso, relató durante su declaración: “Nos enteramos de su historia porque nos llamaron de una organización de Derechos Humanos. Yo hasta entonces pensaba mal de él, que no nos quería, y enterarme a los 40 años que en realidad nos estaba protegiendo de algo que no conocíamos de su historia, fue muy doloroso”.

 Ambas hermanas relataron lo protector que era su padre y el miedo que tenía de que algo les pasara. Estos relatos fueron los que quebraron a ambas testigos, que escasos de detalles vinculados a la detención ilegal de su padre, viraron rápidamente hacía las secuelas y las dificultades de ser sobrevivientes a pesar de no haber estado en un centro clandestino. “Tuvimos una niñez muy fea. Éramos una familia normal, podíamos correr y sonreír en nuestra propia casa, hasta que esta gente irrumpió y se llevó todo. Arrasaron con toda una vida” explicó María del Valle. Por su parte, María Eva, durante su declaración expresó: “Nos quitaron la infancia, nuestra casa, a la que nunca más volvimos y a mi papá, que si bien volvió, no fue igual. Queremos justicia porque nos robaron lo más precioso”.

 

La última declaración fue la de Carlos Alberto García Muñoz, uno de los cuatros ideólogos de la fuga de Mansión Seré, junto a Claudio Tamburrini, Guillermo Fernández y Daniel Russomano el 24 de marzo de 1978, en el segundo aniversario del golpe de Estado. La huida de los cuatro provocó que los militares incendiaran la casa y pusieran fin al accionar de ese centro clandestino, y que quienes estaban en cautiverio pudiesen legalizar su situación.

 La defensa se opuso a la incorporación por regla práctica de las declaraciones anteriores de García Muñoz, ante el juez Daniel Rafecas, que fueron ratificadas durante esta audiencia y sobre ellas aclaró: “En aquella ocasión viajamos desde España con Guillermo Fernández, estuvimos cuatro días declarando y viendo fotografías para reconocer personas”, en dichas imágenes logró asociar, sin certeza completa, su recuerdo de los represores de Mansión Seré con rasgos de las personas de las fotografías entre las que se encontraban José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera. Sí logró identificar con completa seguridad a Daniel Alfredo Scali, el más violento de los represores y el responsable de la desaparición de dos compañeros de celda, Jorge Infantino y Eduardo “El Vasco” Alejandro Astiz. Infantino, había identificado a Scali, un conocido de la infancia e iba contarselo al resto de los detenidos, “por eso se los llevaron y nunca más los volvimos a ver”, a partir de eso, el resto de los detenidos recibió un ultimátum que fue el motivo último que desató la fuga y por ende el fin del centro clandestino, que García prefiere llamar “centros de concentración y exterminio”.

 El testigo volvió a relatar una vez más ante el tribunal, el momento de su secuestro y el período de detención que duró cinco meses y medio. “Fui secuestrado en mi domicilio en Capital Federal, golpearon la puerta y aunque dijeron que era la policía, entraron diez personas vestidas de civil con armas cortas y largas. A mi padre le dijeron que me llevaban para averiguación de antecedentes y que en 48 horas estaría libre. Me sacaron en plena avenida Santa Fé esposado. Luego me dijeron que intervino la seccional liberando la zona. Después de hora de viaje en vehículo, me bajaron y sentí en mis pies tierra y pasto. Me introducen en una casa por unas escaleras, supe que era Mansión Seré con el pasar del tiempo allí”, expresó García.

 Sobre sus días de cautiverio, relata las condiciones en las que vivían y las sesiones de torturas perpetradas por La Patota: “Cada vez que venían éramos apaleados y picaneados. No había condiciones de higiene, incluso alguna vez, nos pasaron un lampazo con acaroina porque decían que estábamos sucios y empiojados. Alguna guardia nos hacía quitar el vendaje y hacer tareas domésticas, en realidad nos humillaban, pero eso nos ayudó con la fuga”. Relató que por aquellos escasos momentos en que tenían visión, pudieron distinguir señales que indicaban la pertenencia a la Fuerza Aérea.

 

«De mi mamá no se sabe nada»

«De mi mamá no se sabe nada»

Cuatro nuevos testimonios relataron las desapariciones y la violencia física y psicológica en la audiencia del 1° de abril en la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV. Memoria de un agujero negro.

Cuatro declaraciones se dieron en la sala para casos complejos del Tribunal Federal Oral 5° de San Martín (TOF 5) este martes 1° de abril dando continuidad a las audiencias de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Zona Oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

En relación a la desaparición de Jorge “Misio” Leonardo Fraga, quien había sido visto en los centros Comisaria 1° de Moreno, VIII Brigada Aérea de Moreno y Campo de Mayo, declaró su hijo, Martín Hernán Fraga. También su madre, Silvia Mónica Paolucci, fue secuestrada y permanece desaparecida desde esa misma noche, del 24 al 25 de junio de 1978, en la ciudad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Martín pudo reconstruir algunos hechos y su historia a partir de datos e informaciones que le dieron vecinos y familiares.

Paolucci y Fraga, matrimonio militante en la columna oeste de Montoneros, “vivían en la clandestinidad y eran perseguidos”. Habían decidido resguardarse en dicha localidad bonaerense en la casa de la abuela materna de Martín “porque ya no tenían donde refugiarse, les venían pisando los talones, aunque sabían también que no era un lugar seguro”. Sobre la noche del secuestro, Martín relata: “Ingresó un grupo de cuatro hombres armados. Por vecinos que vieron el operativo supe que afuera había más personas escondidas a lo largo de toda la cuadra. A mi papá lo interceptaron entrando por la parte de atrás de la casa, en su camioneta celeste. A él nunca lo ingresaron a la casa, entraron solo los hombres a buscar a mi madre. Cuando mi madre escuchó los golpes y culatazos anticipó que la venían a buscar. A mi abuela le dijo: ‘Cuidá bien al nene que yo no voy a volver’. La encerraron en una habitación y, en otra, a mí y a mi abuela. Por relatos de mi abuela a gente conocida, a mi mamá la habían tenido una hora interrogándola y golpeándola. Se la llevaron y creo que la dejaron despedirse de mi abuela y de mi. De mi mamá, a partir el momento de su secuestro, no se sabe nada más: a dónde la llevaron, si estuvo en un centro, si llegó o no viva a algún lado. Lamentablemente hasta ahora no hay ningún registro. De mi padre sí, por eso está su caso en este juicio”.

La abuela materna, Elva Amelia Echelini, fue la única persona que presenció el secuestro de sus padres. Murió cuando su nieto tenía entre 10 y 11 años, sin llegar a dar testimonio. “Yo creo que su enfermedad fue producto del temor y la tristeza profunda. Sin embargo, desde que tengo memoria, yo preguntaba por mis padres y ella me decía ‘vas a ver que un día tu mamá va a volver y va a tocar el timbre’. Y creo que murió con esa esperanza de volver a verla”. Luego del secuestro, Martín cuenta que su abuela quedó con mucho temor, principalmente por él: “La tuvieron que convencer para dejarme ir al jardín de infantes”.

“Mi abuela me había contado datos sueltos de cosas que sucedían en la época, pero nunca detalles sobre mis padres. Cuando ella falleció, yo quedo viviendo con tíos abuelos y por medio de ellos me entero parte de la verdad, alrededor de los 13 años. Entonces, en mi adolescencia, cuando supe concretamente la verdad, la desaparición, me encontré con otros problemas. Eran dos desconocidos para mí. Tuve un periodo de enojo con mis familiares a cargo, pensaba que el ocultamiento era su culpa. Luego entendí que los culpables no eran ellos”.

Martín Fraga desconocía todo sobre su familia paterna, oriunda de Misiones: “Mis padres se habían encargado de mantener separadas las familias por seguridad. Los pude localizar a los 17 años y reconstruir información sobre él. Habría existido un llamado de mi papá a mi abuela en el que le avisaba que había tenido un hijo varón, pero mi abuela desconocía cuando nací, cómo me llamaba o quién era mi mamá”, expresó. Sólo con el paso de los años pudo conocer algo sobre la militancia de su padre: “Hablé con compañeros y sobrevivientes y me dieron información que me sirvió para saber qué pasó con él. Por parte del Equipo de Antropología Forense conozco la hipótesis de que los restos de mi padre hayan estado en los vuelos de la muerte organizados desde Campo de Mayo, centro en el que fue visto por “Salta” -Faustino Altamirano-. Sin embargo, al día de hoy no sé qué pasó con mi madre. Ningún sobreviviente la vio en ningún centro clandestino ni se la ha logrado identificar. Además, sigo en la búsqueda de dos hermanos o hermanas apropiados. Uno de ellos es hijo de mi padre con Susana Flora Grynberg, secuestrada con un embarazo muy avanzado en 1976. Y hace poco, 7 u 8 años, una persona muy cercana a la familia me afirmó que al momento de su secuestro mi madre es muy probable que también estuviera embarazada de no más de 3 meses. La búsqueda va llenando ese agujero negro, pero el bache en parte aún continua”. Sobre esta sensación, y en diálogo con ANCCOM, Martín dijo: “Yo lo vivía como un agujero negro porque era la nada misma, no sabía nada de nada. Solo sabía el nombre de mis papás y que eran desaparecidos. Tuve que ir llenando ese agujero con información que fui recopilando durante toda mi vida, desde la adolescencia hasta el día de hoy”.

Sobre el valor de sostener estos juicios en el contexto actual, Fraga sostuvo: “Es grave que desde el Estado nacional se baje un discurso negacionista y de defensa abierta a los genocidas”, y subrayó que desde el gobierno se intenta reivindicar el terrorismo de Estado: “Ese discurso que intentan instalar en la sociedad, no está teniendo mucho éxito. Si apuntan a que un videíto subido por un propagandista va a instalar esa visión en la sociedad, están muy equivocados. Siempre hubo negacionistas, justificadores del genocidio. Sucede que al ser un discurso que baja desde el Estado, algunos se envalentonan y salen a hacerlo público”. Destacó la importancia tanto de los juicios como del registro de los testimonios a los que les atribuye un valor histórico. Y concluyó: “Hace muchos años que estaba esperando que la justicia llegue para mis padres de alguna manera”.

Al ser consultado por ANCCOM acerca de la vulneración de los derechos de las infancias durante las desapariciones forzadas, Sebastián Taiarol, abogado querellante de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” que representa a 28 víctimas del genocidio -vecinas y vecinos de esa localidad-, sostuvo: “El desmantelamiento de la CONADI implica un retroceso a la etapa más oscura de nuestro país y un velado ataque a los cimientos del sistema democrático”. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ente articulado con Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones afines, fue desguazado por el actual gobierno. “Su labor se centra en la búsqueda y recuperación de niños y jóvenes que fueron secuestrados y privados de su identidad. Quiere decir que la recuperación de la democracia lleva implícita la labor que desarrolla la CONADI”, reflexionó y apuntó: “Su desmantelamiento acarrea graves consecuencias, como la interrupción de las investigaciones y búsquedas existentes de niños y jóvenes desaparecidos y la pérdida del apoyo y recursos para familias y personas que aún buscan recuperar su identidad”.

Vivir para contarlo

En la misma jornada, declararon José Jesús García Carvallo y su esposa, Silvia Susana Bruna, sobrevivientes de la Comisaría 1° de Moreno y Comisaría 5° de Paso del Rey. En la madrugada del 19 o 20 de mayo de 1977, se encontraban en su domicilio del barrio Madreselva, cuando comenzaron a sentir ruidos, golpes y culatazos en la puerta. Cuando Carvallo abrió la puerta unas personas entraron, lo ataron y encapucharon. “Me tiraron en un vehículo. Viajé con pies encima mientras me pegaban e insultaban y decían que yo era el enemigo primero de toda la sociedad. Luego llegamos a un lugar donde me dejaron en un cuartito pequeño, que con todo el tiempo que pase allí pude reconocer que era la Comisaría 1° de Moreno”. Susana Bruna en su declaración relató lo que sucedió en el allanamiento cuando ya se habían llevado a su esposo: “Revisaron toda la casa, papeles y cuadernos. Me dijeron que los tenía que acompañar. Deliberaron entre ellos mientras el nene aún dormía. Me preguntaron por el familiar que estuviera más cerca. Alcé al nene y me llevaron a lo de mi suegra, lo dejé y de ahí me llevaron a la Comisaría 5° de Paso del Rey”. En anteriores audiencias la escena de Susana Bruna dejando a su hijo en casa de su suegra fue relatada por María Teresa García, hermana de García Carvallo.

José Carvallo brindó detalles sobre las sesiones de tortura que padeció y que se repetían identicas cada día. “Todos pegaban y preguntaban cosas, pero no me daban tiempo a responder. Con el tiempo me di cuenta que querían pegarme, no querían realmente respuestas de mi parte”. Recordó que para llevarlo al primer interrogatorio lo subieron entre dos personas a otro lugar: “vas a entrar al infierno”, le dijeron. Luego, como no logró levantarse debido a los golpes, lo arrojaron por las escaleras.

“Durante los interrogatorios me mostraban diapositivas y fotos, me imputaron por la ayuda que realizamos con la parroquia y el grupo dirigido por el padre “Pepe” -José Piguillem- en el barrio. Era trabajo pastoral y social, dábamos catequesis, ayudábamos a las personas a abrir calles, construimos una sala de primeros auxilios, pero para ellos eso era terrorismo. Se suponía que ellos eran católicos y me estaban pegando por ayudar a la gente. Con la violencia en realidad querían castigarnos por nuestra visión y darnos un mensaje claro, que debíamos vivir aislados, sin pensar en los demás. De lo que hice por el barrio nunca me voy a arrepentir: no lograron su objetivo. No encuentro respuesta racional a lo que hicieron, pero sí nos metieron mucho miedo”.

“El primer tiempo no sabía dónde estaba”. Relató que con el pasar de los días descubrió que estaba rodeado de otros calabozos y más personas. Reconoció a Raúl Morello, compañero del barrio que “estaba en la celda de al lado, gritando porque lo habían quemado de arriba a abajo. Estuvimos 63 o 64 días secuestrados y entendimos varias cosas: que estábamos en la Comisaría de Moreno, principalmente por la llegada de presos comunes, que los guardias que nos cuidaban eran policías y los militares no venían siempre. Notábamos su llegada porque los guardias decían ‘vienen los verdes’ y desaparecían. Cuando venían teníamos que estar con la capucha puesta y nos pegaban por si acaso.”

“Un día hablando con Raúl de celda a celda, pensamos que podíamos rezar el rosario. Así nos dimos cuenta que en todas las celdas había gente porque comenzaron a rezar con nosotros. Cada tanto algunos se iban, no sabíamos si era porque los liberaban o porque los mataban”. Si bien no puede dar detalles de quiénes lo secuestraron, luego supo que “eran los de la Base Aérea de Moreno. Si ellos no venían a vernos, podíamos hablar. Un día que estábamos cantando, uno de los guardias se puso a llorar, no entendía que gente castigada estuviera cantando”.

Durante uno de los interrogatorios descubrió que su esposa estaba también en la sala de arriba: “Me dio la mano y pidió rezar un padre nuestro antes de que nos interroguen. Ahí me enteré que la habían llevado a Paso del Rey, luego del allanamiento de nuestra casa. ‘Ahora vas a ver al perejil porque los vamos a matar a los dos’, le habían dicho. Eso fue lo que me rompió, de lo más difícil, porque no contaba con que la habían llevado”.

Sobre su secuestro, Susana declaró que “cuando llegué -a la Comisaría 5° de Paso del Rey- sabía que estaba en una comisaría pero no la ubicaba del todo. Cuando estaba ahí oía sonidos de escuela, voces de niños, recreo, campanas. Después de unos días me llevaron con mi esposo”.

Quedaron detenidos ambos en la Comisaría 1° de Moreno en la misma celda. “Un día nos mandaron bañar, nos pareció raro y el 21 de julio de 1977 nos mandaron a Devoto. Como forma de despedida de la Comisaria de Moreno, un día, me sacaron de los pelos de la celda y me pusieron de rodillas. Me colocaron un arma en la boca. A la cárcel de Devoto llegué pesando 43 kilos y siempre pesé alrededor de 72. Pedíamos por favor que nos dieran de comer”, relata Carvallo. “Finalmente, el 24 de diciembre nos largaron”, y cuenta que antes de liberarlos recibieron el mensaje de que si volvían a ser vistos por la zona de Moreno o con alguien de allí “los liquidamos donde los encontramos”.

Carvallo sintió por muchos años que el Estado lo perseguía. “Cualquier cosa generaba ese sentimiento: una autoridad, una multa o cuando venía el cartero. Sentía que estaban detrás de mí. No pudimos volver a Moreno, perdimos nuestra casa y los amigos porque teníamos miedo de comprometerlos. Era un delirio todo, nos hicieron creer que debíamos sentir vergüenza y culpa de ayudar a los demás. No lo lograron”. Sobre este mismo temor, Susana sumó durante su declaración: “Sentí mucho miedo. Vivimos un tiempo en Ituzaingo con mi hermano, yo los veía pasar frente al negocio, vigilarnos -en referencia a las camionetas militares-”. También relata la violencia que sufrió su hijo mayor durante el cautiverio de sus padres. “En Devoto a mi me traían al nene para las visitas, que eran con locutorio. Jugábamos con la manito con un vidrio por medio. Lo veíamos y nos partía el alma.” Aunque la violencia en el vínculo madre-hijo fue peor en su cautiverio en la Comisaría 1° de Moreno: “En esas visitas me llevaban a lo de mi suegra para verlo a él. Mi hijo me llevaba a ver donde tenía sus cositas, su ropa. Luego me volvían a llevar”. Respecto a las secuelas ocasionadas en su hijo Carvallo anteriormente contó que “en algún momento de grande le preguntaron a mi hijo qué sintió frente a la separación de sus padres, durante esos 6 o 7 meses. Respondió que sus padres eran otros, eso pudo decir este chico, que hoy es esquizofrénico. Siempre me pregunto en qué medida tiene que ver esta barbaridad con que sufra esta enfermedad”.

Al finalizarla jornada, Taiarol analizó que “a 49 años del Golpe de Estado, en Moreno no existían precedentes de juzgamiento de los responsables de la represión ejercida por el Estado durante la dictadura como parte del circuito represivo de la zona oeste. Somos conscientes que estamos abriendo un camino, se trata de una deuda pendiente con nuestros vecinos, con la memoria de los compañeros que lucharon por un mundo mejor y con las futuras generaciones que aspiran a vivir en una comunidad que permanentemente busca la verdad”. Y enfatizó que la importancia de asistir y transmitir las audiencias “garantiza la visibilidad y la transparencia del proceso, y brinda apoyo a las víctimas y sus familiares en su doloroso proceso de búsqueda de justicia”.

Un colimba con memoria

Un colimba con memoria

En una nueva audiencia de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II un ex conscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar identificó al acusado Ernesto Rafael Lynch como jefe del grupo de tareas que allí funcionaba y brindó detalles sobre cómo se organizaba. La Fiscalía pedirá investigar judicialmente los maltratos que recibió durante el servicio militar.

“Iban muy bien armados, con armamento militar, ametralladoras y municiones y también armamento personal. Salían a operar con mucha frecuencia, casi todas las noches, vestidos de fajina en las camionetas azules de la Fuerza Aérea o en los Ford Falcon de color verde y con perros de ataque”, relata Sergio José Zamprogno exconscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar, único testigo de la audiencia de este martes 25 de marzo por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que continúa aún en la etapa testimonial y probatoria.

Zamprogno realizó el servicio militar entre los años 1978 y 1979 y durante su declaración detalló algunos de los tormentos que debió afrontar según las intenciones arbitrarias de sus superiores. También refirió a los abusos que sufrió por uno de ellos, hecho sobre el que la Fiscalía comenzará una investigación. “El trato de quienes integraban el grupo de tareas para con el resto de los soldados de la policía militar era variado. Recuerdo que uno de ellos, al que apodamos “El Potro”, justamente por el trato que tenía hacia nosotros, nos hacía levantar a las 5 de la mañana para hacer rodillo o cuerpo a tierra en el rocío de la mañana en pleno invierno para luego, así como estabas con el cuerpo mojado y sucio, vestirnos con el uniforme y comenzar a hacer nuestras tareas de guardia. O nos hacían tomar la sopa haciendo salto rana”, contó el exsoldado.

“Mi función dentro de la policía militar era entregar al jefe que estuviera esa semana las listas de guardia, con los nombres de los ausentes, presentes y enfermos. Y trabajos de limpieza y orden. Luego teníamos momentos de instrucción militar, sobre armamento, porque íbamos a cumplir servicio de guardia, actividades físicas para estar en estado, y también nos informaban sobre los grupos terroristas. Si bien uno con el paso del tiempo se fue dando cuenta qué es en verdad el terrorismo, en ese momento se asociaba la palabra terrosimo a la guerrilla. Sobre ellos se nos enseñaba que causaban daños en contra de la propia sociedad civil, que generaban muertes y torturas. Se nos ponía en conocimiento de cómo operaban y se organizaban en el país, por ejemplo, cómo hacían para camuflar armamento y municiones en una vivienda. Luego, de nuestro grupo de la policía, reclutaron soldados y formaron el grupo de tareas”. Así relató cómo fue que algunos de sus compañeros de servicio militar fueron apartados del grupo de la policía militar para formar parte del Grupo de Tareas N°12 que funcionó con centro de operación en la 8° Brigada Aérea del Palomar: “Ya no nos vimos más con ellos”. Este grupo también estaba conformado por varios suboficiales y superiores, todos bajo la jefatura del exteniente Ernesto Rafael Lynch que el testigo describe, por aquel entonces, “morochón, de pelo oscuro y bigote grueso, por eso le decíamos ‘El Negro’”.
“A veces me tocaba ir a su oficina a retirar o llevar documentos, correspondencia o listas de las guardias –relató-. Incluso lo vi presente en alguna de nuestras formaciones. Entiendo que cumplía funciones operatorias sobre la policía militar y el grupo paramilitar”.

La guardia interna de la brigada abría la puerta a quienes venían del exterior. El testigo relata lo visto durante sus guardias: “Algunas veces volvían de madrugada, y otras directamente no volvían. A veces traían consigo autos civiles que se guardaban en un galpón”. Recuerda que en una de las rondas que realizaba dentro del predio de la 8° Brigada vio en el galpón enorme ubicado en el sector de transporte de la brigada “un Fiat 600 perforado, ametrallado por proyectiles. El grupo tenía mucho movimiento y actividad por fuera de nuestra brigada. Era difícil saber su vida y actividad, haber visto el auto fue una casualidad. El grupo de tareas fue separado de la PM desde el inicio. Ellos tenían una dependencia propia, funcionaban y tenían vida propia. Con nosotros prácticamente no tenían contacto, solo veíamos que salían de noche.”

En diálogo con ANCCOM, la abogada Clarisa Góngora, de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” se refirió a los juicios de Lesa Humanidad en desarrollo bajo este contexto de desmantelamiento de las políticas de derechos humanos: “La constante provocación de un gobierno nacional que se caracteriza por su negacionismo, que exacerba discursos de odio e intenta volver a colocar en agenda la Teoría de los Dos Demonios y de ‘memoria completa’, hace que se vuelva aún más importante la difusión de juicios de lesa humanidad como el de Mansión Seré y RIBA. Mientras un sector busca negar la historia reciente, el terrorismo de Estado y las responsabilidades militares y civiles, económicas y eclesiasticas, nosotros, por nuestro lado debemos aumentar la difusión, para que la sociedad conozca que estos juicios aún se llevan a cabo y por qué son tan importantes para resguardar la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Si bien Zamprogno no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado», dijo Gómez.

Junto a su compañero de patrocinio letrado, Sergio Gómez, se refirieron a la importancia de la declaración de Zamprogno en relación a la causa. Gómez mencionó que “Zamprogno hizo el servicio militar obligatorio en el momento y lugar en que se denuncian los hechos aberrantes de lesa humanidad de esta causa”. Góngora sumó que: “Si bien no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado. El testigo detalló situaciones vividas por él y por el resto de soldados en general, dando cuenta del maltrato y los delitos que se cometían contra los conscriptos. Y en estos momentos de amplios discursos negacionistas, donde son varios los que, aún sin proponerlo formalmente, comienzan a instaurar y mencionar la vuelta del servicio militar obligatorio, el testimonio evidencia que Nunca Más es también para esto”.

Sobre los detalles que brindó el testigo, Gómez señaló que “dio descripciones de las maniobras que presenció, de las personas y en particular a uno de los imputado de esta causa a quien ha podido ver de manera directa, ya que no tenía una venda en los ojos, y eso es una diferencia significativa en relación a testigos que aportan otro tipo de información desde otra vivencia. Cada declaración nos da retazos de esa realidad concreta. Nosotros vamos, como un rompecabezas, construyendo a partir del conjunto de testimonios la historia de lo que ocurrió en la última dictadura militar, y puntualmente en los excentros clandestinos que la causa engloba”. En el mismo sentido, Góngora subrayó que “aportó datos concretos, sobrenombres y apodos de oficiales. Habló detalladamente del funcionamiento de la brigada y de los grupos de tarea que allí operaban”. 

Por cuestiones burocráticas de acreditación de identidad, se postergó la otra declaración prevista para la fecha. El testimonio de quien fuera en aquel periodo director del Hospital de Moreno y que, con 84 años, iba a hacer su primera declaración como sobreviviente. Desde su lugar de residencia en Estados Unidos, comenzará el trámite para renovar el Documento Nacional de Identidad para poder prestar declaración.

La próxima audiencia quedó programada para el 1 de abril a las 9. Se desarrollará de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734.

“Éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor” 

“Éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor” 

El sobreviviente de la última dictadura Carlos Alberto Lafit declaró en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y RIBA. El tribunal innovó en el procedimiento judicial para que las víctimas de un represor fallecido puedan acceder a la verdad de lo sucedido con sus padres.

“Me dice que me agarre la cabeza. ‘Por qué’, le digo, ‘Porque te la voy a volar’”, contó que le respondió el guardia que lo había llevado del cuello hacia una habitación dentro del destacamento de Palomar, centro clandestino de detención identificado por el testigo Carlos Alberto Lafit, uno de los dos sobrevivientes que testimoniaron en la sesión N° 16 de la causa Mansión Seré IV y RIBA II, llevada a cabo este martes. Lafit, en aquellos años miembro de la Juventud Peronista y estudiante universitario, hizo caso omiso a la directiva del guardia: “Como una última rebeldía, de una juventud que venía cansada de tantas dictaduras militares, donde el mismo clima de época hizo que participáramos por el ideal de una sociedad más justa, no me agarré la cabeza”, reflexionó. Recuerda que esperó el tiro, pero el guardia nunca disparó: A cambio, fue llevado a una celda de dos metros por uno que utilizaban como sitio de castigo.

Sobre las circunstancias en las que fue secuestrado mientras salía de la universidad, recuerda que lo esperaba “una persona morocha, alta y corpulenta” acompañado de un muchacho con el ojo golpeado, que él reconoció: “Cuando salíamos del comedor universitario el chico nos pedía manzanas”, dijo. Se trataba de “Palomeque”, quien le confesó que por supervivencia, tuvo que entregar su nombre a los militares.

Ya detenido, uno de los episodios de tortura que recuerda Lafit fue la ocasión en la que un guardia pateaba en el piso a un compañero suyo: “Yo le dije al oficial que no lo patearan porque estaba dolorido desde antes, ‘¿Ah sí?, ¿vos sos el buen samaritano?’ me respondieron, y me empezaron a patear a mí, con esos botines con punta de plomo que usaban los militares”. Aferrarse a la religión lo rescataba, de a ratos, de tanto horror. “Sentí la presencia de Dios no por fanatismo religioso sino por creyente”, sostuvo el testigo y dijo: “Me quedó siempre ese interrogante de por qué otros compañeros tuvieron que sufrir, no aparecer, cuando yo tuve ese privilegio, que es un derecho en realidad, de estar vivo. Por eso estoy acá. Porque ese mismo corazón, con el que actuamos con sueños e ideales por una sociedad mejor, lo tenían ellos también. Queda ese dolor de por qué otros corrieron otra suerte”, admitió Lafit acerca de su liberación del cautiverio que duró casi dos meses.

Para finalizar su testimonio, dirigió unas palabras al tribunal y les agradeció “por seguir manteniendo esta línea de investigación porque esto no debe ocurrir más en nuestra patria, ni en ninguna parte del mundo. Fue un horror lo que vivimos. Las secuelas quedan en la memoria y el corazón. Solo éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor”.

“Entiendo que en este contexto adverso quizás los testigos vuelvan a tener miedo», dijo María Eva Pérez.

En esta misma audiencia, el tribunal denegó la petición realizada por los abogados que acusaban a Juan Carlos Vázquez Sarmiento en torno a continuar como querellantes en el resto del juicio dado que el represor –uno de los juzgados en esta causas por los delitos de lesa humanidad- falleció hace unos días. En su lugar, se dispuso una “instancia especial” por fuera del actual proceso, novedad jurídica en Argentina en el marco del derecho a la verdad, en la que se abordarán las pruebas testimoniales y documentales que han sido recuperadas a lo largo del juicio para establecer la materialidad de los hechos en relación a la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisimblit, padres de Mariana Eva Pérez y Guillermo Pérez Roisimblit, que posiblemente acontezca tras la finalización de las audiencias previstas de la causa. “Será una audiencia con características especiales. El tribunal rechaza nuestro pedido pero toma nota de que las víctimas tienen derecho a reclamar una respuesta en base al derecho a la verdad y hacen una creación judicial para encontrar ese espacio”, explicó el abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con ANCCOM. A la vez reflexionó: “Está bueno que la justicia frente a situaciones nuevas como las que ocurren ahora encuentre caminos alternativos para dar respuesta a las víctimas. Son pequeños avances. Frente a las posiciones más negadoras de los derechos humanos que podrían concluir ‘se terminó, el acusado se murió y punto’ en este caso abren una puerta alternativa, en una creación jurisprudencial interesante, con estos mismos jueces”. En esta misma línea el abogado hizo hincapié en la importancia de que el proceso judicial continúe: “Por el derecho a la verdad que tienen las víctimas de exigirle al Estado que dé una respuesta respecto de un hecho que cometió el mismo Estado”.

“Me da la sensación de que le cuesta al tribunal dar cuenta de esta omisión de no contemplar a las infancias como víctimas, ni a Guillermo [Perez Roisinblit] ni a mí. Solamente a los tres adultos involucrados. ¡Qué les cuesta reparar eso en un fallo por derecho a la verdad que nos incluya!”, reflexionó Mariana Eva Pérez, en diálogo con ANCCOM, en relación a la desaparición de sus padres. En la misma línea sostuvo: “No es que quiera seguir en este juicio porque me copa Montoneros Zona Oeste, ni soy una investigadora en temas de la Fuerza Aérea, sino porque al ser el ámbito de militancia de mis padres, es muy probable que se hable de personas o hechos que hayan estado relacionados con ellos o con su desaparición”, expresó y agregó: “Realmente no se está garantizando el acceso a la verdad si voy a depender de preguntarle a otras querellas qué se dijo, o esperar que se acuerden del caso de mis padres y pregunten, o que la fiscalía de los 133 casos que tiene se acuerde especialmente de los nuestros”.

En esta misma audiencia, el otro testigo decidió no hacer público su testimonio y resguardar su identidad, derecho al que pueden suscribir todas las víctimas. Llonto fue consultado acerca de las posibles razones por detrás de esta decisión: “Hay testigos que pueden sentir algún tipo de molestia en torno a la exposición de la imagen pública. También puede tener que ver con cuestiones relacionadas a todavía sentir miedo”, sostuvo el abogado. Además, hay una pregunta clásica que se realiza en los juicios: “¿qué daño ha causado todo esto a su familia?” y allí aparecen respuestas de comportamientos familiares, situaciones del pasado que generaron conflictos y daños concretos a la vida y a la salud mental de cada persona y sus entornos. En este sentido, Mariana Eva Pérez sostuvo: “Entiendo que en este contexto adverso quizás la gente vuelve a tener miedo lamentablemente, por lo que sería bueno que el tribunal les ofrezca a los testigos todas las posibilidades intermedias que hay entre que se transmita y no se transmita: se puede transmitir distorsionando la voz, no mostrando la imagen, no dando el nombre. Así podríamos tener acceso a los relatos, porque muchas de las personas están declarando por primera vez”.

La próxima audiencia de esta megacausa será el martes 25 y se llevará a cabo de forma virtual.

“Me dejaron arrodillado al pie de los tres muertos”

“Me dejaron arrodillado al pie de los tres muertos”

En la segunda audiencia del año de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II declaró Carlos Fabián Rivarola. Fue el único testimonio, aunque se habían previsto cuatro. Tras la muerte del imputado Vázquez Sarmiento, aún no se decide la continuidad de las querellas por su causa.

“Me dejaron arrodillado al pie de los tres muertos”, expresó el testigo Carlos Fabián Rivarola, único testimonio de la audiencia de este viernes, secuestrado en septiembre de 1976 a sus 16 años, sobre el momento más doloroso que atravesó en aquel calvario, el asesinato de su amigo Gabriel Lazaro Gutierrez: “Uno de los guardias me pidió que me arrodílle y a esa altura pensé que me mataban”. Relata que al sacarle la venda de los ojos y había 3 cadáveres: “Cantá, mirá lo que le hice a tu amigo, decime lo que quiero saber o terminas igual”, le dijeron. “Cuando me muestran a Gabriel muerto, algo que me va a quedar patente, es que estaba descalzo, con un zapato menos, manchado de sangre y con varios impactos de bala”. Sobre ese vínculo, dijo: “Teníamos una amistad, una pasión por lo que hacíamos. Mi valor sentimental era hacia Gabriel, que le decíamos el bocón, Gabi o Gabito. Mi dolor más grande fue verlo muerto”.

Uno de los temas centrales de la declaración del sobreviviente fue la culpa y el remordimiento que sufrió durante los años posteriores al cautiverio: “A mi vieja la paraban por la calle y la increpaban ‘¿por qué tu hijo está vivo y mi hija sigue desaparecida?’. No pude hacer vida normal luego de mi liberación. Todo quedó asociado a este gran problema. Cuando llega septiembre, son momentos de revolver el pasado, cosas que pasaron hace mucho tiempo pero todavía afectan. Lo que viví es algo que aún me persigue, me genera angustia. A veces me pregunto porque no me mataron. Los militares no me robaron solo el año que estuve preso, me quitaron mucho más: mi juventud, los amigos, mi vida posterior. No pude volver a ser la persona que era”.

“’Dale máquina’, le dice uno a otro. Siento que me desvisten, me atan con alambres de manos y piernas. Me empezaron a dar picana eléctrica”, continuó su relato el testigo acerca de los diferentes episodios de tortura perpetrada por la Fuerza Aérea en su período de cautiverio durante el cual fue trasladado desde la Comisaria de Castelar y la 1° Brigada Aerea de Palomar, intermitentemente.

Son aquellas sesiones de torturas las que hoy le generan remordimiento y culpa. En estas le preguntaban por compañeros de volanteadas y pintadas, tarea que Rivarola tenía a cargo controlar, por lo que llevaba anotado en papeles los nombres y las direcciones de quienes participaban. “En los interrogatorios me preguntaban por lo que hacíamos y quiénes me acompañaban. Si ellos tenían esa información era porque alguno de los nuestros nos había denunciado. En ese momento, todos se convirtieron para mí en enemigos: los que me torturaban y también los propios. Y yo no estuve a la altura de las circunstancias. Tenía pánico. En cierta manera he colaborado en esos interrogatorios, entre la tortura y la picana eléctrica, para tratar de sobrevivir. Fue la manera que encontré en ese momento de preservarme. Pero es un karma que voy a llevar el resto de mi vida”.

Sobre el momento de su liberación, contó: “Me saqué la capucha. Traté de correr dos metros y no lo pude hacer. Me encontré en la estación de tren de Rubén Darío. No sabía si me iban a venir a buscar de nuevo. Estaba completamente ido”. Pidió unas monedas a una mujer, buscó un teléfono y logró contactarse con su padre. Tiempo después pudo contactarse con la familia de su amigo: “Me contaron que Gustavo tras mi detención no huyó porque estaba seguro que yo no lo delataría. Eso me quitó mucha culpa y cargo de conciencia. Ese día me quité la mochila que cargué por años”.

En una declaración previa que realizó en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 ante el juez Daniel Rafecas, Rivarola había identificado en un álbum de fotos a un hombre con rasgos muy parecidos a quien lo secuestró “en un auto 128 color cremita que nunca voy a poder olvidar”. Pelo corto, bigotes anchos, mandíbula puntiaguda: la imagen de aquella declaración coincide con la de José Juan Zyska, ex cabo de la 1° Brigada Aérea de Palomar, quien ahora, mientras el fiscal y el testigo revisan la declaración previa, fuma tranquilamente gozando de prisión domiciliaria, sin conmoverse por el sufrimiento del testimonio ni por los momentos en que Rivarola debe detenerse para respirar, tomar aire y recomponerse para continuar. Antes de dar por finalizada la audiencia, Rivarola dedica un momento para agradecer al tribunal por “dar luz sobre lo vivido, a pesar de que hayan pasado tantos años desde entonces, e incluso desde que declaré ante el juez Rafecas”.

En el comienzo de la sesión, el abogado querellante Pablo Llonto realizó una petición al tribunal en favor de que, tras la muerte de Vázquez Sarmiento, único imputado por el cual su parte está presente en el juicio, continúe el proceso contra su persona haciendo uso del derecho a la reparación de las víctimas, actuando como querellas. Este derecho contempla el que las personas damnificadas puedan participar activamente del proceso legal de investigación. El resto de las querellas se posicionó en favor, por entenderlo como parte del derecho a la reparación de las víctimas. En este sentido, aún se espera una definición por parte del tribunal.

En referencia a esta solicitud se expresó en diálogo con ANCCOM el fiscal federal Félix Crous: “El pedido de las querellas respecto a la continuación del juicio en lo que atañe a Vázquez Sarmiento, fallecido, invocando el derecho a la verdad, es factible”, y agregó que hay antecedentes de otros juicios en los que ni ante fallecimiento o incapacidad sobreviniente se descuida un derecho antecedente al de a la punición como lo es el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad. De la misma forma sostuvo: “Hay aquí además una responsabilidad del Estado en no haber juzgado a Vázquez Sarmiento, porque la demora en el inicio del juicio obedeció a dificultades que el Tribunal expuso que no pueden cargarse contra los derechos de las víctimas”, señaló Crous.

Fue una audiencia virtual plagada de fallos técnicos, en la que se preveían al menos cuatro declaraciones y sólo pudo hacerlo uno de los testigos: dos declaraciones fueron desistidas por falta de información relacionada al caso y un tercer testigo tampoco pudo hacerlo por el límite de tiempo de la audiencia, que se dió por terminada al mediodía porque el TOF 5° está también abocado a la causa del ex centro clandestino Campo de Mayo. Al respecto, Félix Crous sostuvo: “Idealmente deberíamos tener más de una audiencia por semana y deberían ser más extensas. Pero los tribunales están convocados a varios juicios en simultáneo, lo que es absolutamente contraproducente en cualquier juicio: dispersa la atención de los jueces y demora todos los procesos. Faltan vacantes para ser cubiertas, son insuficientes los tribunales, pero esto es un problema estructural que atañe a todo el sistema de justicia. Sin embargo, es menos de lo que querríamos y más de lo que solemos encontrar, por lo cual, estamos razonablemente satisfechos en este contexto y con estas salvedades”. Para finalizar se refirió a la posibilidad y el deseo de que el juicio pueda saldarse en lo que resta de 2025.

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La próxima audiencia de esta megacausa se programó para el martes 11 de marzo.