Ago 29, 2018 | Comunidad, Novedades
4ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
Familiares y amigos de víctimas de violencia institucional y represión policial encabezaron la cuarta marcha nacional contra del gatillo fácil. Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaban en cada esquina, remera, pancarta y bandera. Sus madres adelante, tomándose las manos, abrazadas, gritando y cantando al unísono por justicia para sus hijos. Detrás, una caravana las seguía de cerca durante las tres horas que duró la movilización hacia Plaza de Mayo.
“Venimos a reclamar por las vidas que el Estado nos arrebató. Para que ninguna madre más tenga que golpear puertas, llorar, suplicar y humillarse. Hoy más que nunca pedimos justicia por los más de 5.600 pibes. Porque todos son mis pibes, no sólo mi hijo Luciano. Así como por las 3.200 chicas desaparecidas por trata. Acá falta Johana Ramallo”, dice Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, tras beber un poco de agua para recuperar la voz incansable de dar aliento a sus compañeras. A un costado, una joven ayuda a su hija de no más de tres años a enderezar su cartel con la cara de Diego Nuñez. “El mismo día que cumplía 19 años a Diego lo mató el agente de Interpol Pablo Alberto Carmona de cinco disparos, en un palier de un edificio en Caballito. La escena del crimen fue modificada, le plantaron un arma en la mano derecha, cuando él era zurdo. Todos los 19 de abril en mi barrio de La Boca hacemos un festival en su nombre para recordarlo y hoy estamos acá para que esto no pase más”, cuenta Camila Nuñez a más de seis años del crimen de su hermano.
La marcha se detiene en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí frente a la placa recordatoria de Gastón Riva, asesinado por la represión policial del 20 de diciembre de 2001. Se canta en su nombre para luego reanudar camino hacia la plaza. “El gatillo fácil y la represión en los barrios humildes de la Argentina nunca cesó, pero en estos dos años y medio recrudeció. La mayor cantidad de policías la están poniendo no para prevención sino para represión. Hemos visto en los juicios por violencia institucional que hemos estado llevando a cabo muchas absoluciones a policías, cuando tenían todas las pruebas en su contra para ser condenados. La justicia mira para otro lado y responde a los intereses de este Gobierno que elogia a un personaje como Chocobar, un policía que mató a un chico por la espalda”, denuncia Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaron en cada esquina, remera, pancarta y bandera.
Según el último archivo de casos 2017 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 5.462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983, 725 bajo la gestión de Cambiemos en 721 días de gobierno, un muerto cada 23 horas. “Este nivel de liberalismo solo se sostiene con un alto grado de represión. Cuando se le da rienda suelta a la fuerza policial para actuar impunemente, se termina en casos de gatillo fácil. Es un aparato represivo que funciona con la complicidad de las distintas organizaciones afines a ese modus operandi”, sostiene la diputada Gabriela Cerruti, quien adhirió a la convocatoria, en diálogo con ANCCOM.
Según datos del CELS, en consonancia con el informe de CORREPI, el grupo poblacional más afectado por la violencia policial son los varones de entre 15 y 27 años, el 65% de los asesinados por funcionarios policiales. “German tenía 22 años. Trabajaba en un frigorífico de Merlo, después de dos años lo pusieron en blanco y ese día salió a celebrarlo en una fiesta en el barrio Parque Sol, donde lo mataron. El gendarme Felipe Villalba, vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y sin mediar palabra le pegó un tiro en el pecho. German cayó inconsciente al piso y lo remató de un disparo en el pómulo izquierdo. A los dos meses a Villalba lo trasladaron a Tucumán y aún sigue libre”, relata Emilia, hermana de Germán, tras pedir a los presentes que acompañen a su familia en el juicio en la Fiscalía de Morón, el próximo 21 y 22 de noviembre.
Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social, según CORREPI, son los fusilamientos de gatillo fácil (44%) y las muertes de personas detenidas (40%). Desde su creación, en enero de 2017, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –fruto de la fusión de la Metropolitana y la Federal– mató a más de dos personas por mes. El próximo martes comenzará el juicio oral y público contra Adrián Otero, uno de sus efectivos, acusado de asesinar el 15 de julio de 2017 a Cristian Toledo, de 25 años, vecino de la Villa 21-24 de Barracas y conocido como “Paragüita”. De 24 casos de gatillo fácil de la policía porteña, Otero es el primero en ser llevado al banquillo imputado por homicidio calificado. “Se supone que ellos nos tienen que cuidar, no matar. No quiero que esto vuelva a pasar”, dice al tomar el micrófono Leónida Medina, mamá de Cristián, en tono apenas audible por la conmoción.
El comunicado elaborado por los familiares y organizaciones convocantes era contundente: no se trata de casos aislados sino de múltiples formas de represión ejercidas sistemáticamente y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Es el recrudecimiento de un sistema de políticas represivas de la mano de un gobierno que promueve el gatillo fácil como política pública.
Luego de casi cuatro horas entre movilización y concentración y de los testimonios de madres, hermanos, hijos y amigos de las víctimas, los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo empiezan a dispersarse con el dolor a cuestas y una misma consigna: “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Durante las últimas horas de la tarde de ayer, un grupo cada vez más grande de trabajadores, militantes políticos y vecinos se fue acercando a la comisaría número 30 de Barracas para pedir por la inmediata liberación de los 16 metrodelegados detenidos a la mañana después de haber sido reprimidos por la Policía de la Ciudad en la estación Las Heras de la línea H. “A la mañana intentaron sacarnos a los palazos de nuestros puestos de trabajo con cinco carros de asalto de la Policía y guardias de Infantería. Una cosa aberrante”, enfatizó el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli.
Todas las líneas de subte y premetro pararon ayer al mediodía.
“Es un política del gobierno demostrarle a los trabajadores que los que luchan no van a ser escuchados, van a ser reprimidos”, explicó la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Vilma Ripoll.
Recién pasadas las ocho horas de la detención, y seis del paro de todas las líneas de subte y premetro que comenzó a las 12, una de las abogadas defensoras de los detenidos, Andrea Forgueras, confirmó que el secretario de los metrodelegados Néstor Segovia sería llevado al Hospital Argerich. “Es hipertenso y no le baja la presión”, detalló.
A medida que pasaban las horas la incertidumbre de qué iba a pasar con los detenidos crecía. La ambulancia que debía trasladar al secretario de los metrodelegados no llegaba y, por orden del fiscal Daniel Dupuy, los restantes detenidos tenían que ser llevado a la Fiscalía Contravencional y de Faltas número 12. Pianelli sostenía con firmeza que demorar la liberación era “una maniobra para que mañana los medios digan que los trabajadores tenían de rehenes a los usuario”. El legislador porteño Gabriel Solano sostuvo que “los que tienen de rehenes a la población es el jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) y Metrovías (empresa concesionaria del subte), hicieron esto a propósito”.
En una conferencia de prensa, Felipe de Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que los trabajadores del subte “no pueden negociar paritarias”, es decir que no reconocen a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Además ratificó la decisión de aplicar “sanciones, descuentos y suspensiones”. No obstante ello, sostuvo que, de todas formas, están “abiertos al diálogo”.
El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en declaraciones a Radio Con Vos, defendió el accionar de la policía: “Segovia fue detenido porque cometió los delitos de resistencia a la autoridad e interrupción del servicio de transporte público”. Igualmente sostuvo que los trabajadores “no estaban dispuestos al diálogo”.
“Loco, dejan pasar a todos menos a los hijos”, gritó con bronca uno de los familiares del secretario de Metrodelegados Néstor Segovia. “Dicen que tiene la presión alta, lo quiero ver”.
El conflicto laboral entre los trabajadores, la empresa y el gobierno porteño se mantiene desde principios de año.
El reclamo iba hacia el gran cordón policial que restringía el acceso a la comisaría sobre la calle California. Algunas horas antes, en ese mismo sector, la policía también había reprimido con balas de goma a trabajadores que pedían por la libertad de sus compañeros detenidos. “Estábamos esperando a que haya una resolución y llegó un cuerpo importante de infantería a desalojarnos”, explicó un manifestante.
Pasadas las 19.30, la ambulancia llegó a la comisaría, y después de algunas vueltas, salió por la calle General Hornos, donde había un portón que le permitió entrar para hacer el procedimiento sin la presión de los manifestantes. Sentado en la parte de atrás del vehículo, mirando al piso, Segovia fue trasladado al Hospital Argerich y luego a la Fiscalía 12, en Barrio Norte, donde fue liberado algunas horas más tarde junto con los otros 15 metrodelegados. El conflicto laboral entre los trabajadores del subte, la empresa Metrovías y el gobierno porteño se romonta a principios de año, cuando la Unión de Transporte Automotor (UTA) arregló una paritaria del 15.2 por ciento en tres cuotas.
Desde hace varios años los trabajadores del subte no se ven representados por la UTA y formaron su propio sindicato. “UTA nos echó del sindicato y nosotros formamos otro, ni un trabajador del subte se siente representado por ellos”, manifestó Pianelli. Según el diputado Néstor Pitrola, el sindicato creado fue ilegalizado por el gobierno de Macri. “No es que no tengan personería, se la sacaron”, aclaró.
“Nos querían bajar el salario y nosotros salimos a hacer un plan de lucha, que no afecte al usuario, para que nos convoquen a discutir. La respuesta de la empresa y el Gobierno de la Ciudad fue sancionar a 80 trabajadores con 20 días de suspensión”, expresó Pianelli. Ahora, además, los reprimieron y detuvieron.
May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
A una semana de la violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja, los operarios que acampan y mantienen la protesta sobre la ruta 205, a apenas 200 metros de la Planta 1 de la firma en Ezeiza, aguardan una respuesta que nunca llega. La comisión de delegados, los representantes de la empresa Wade S.A. -de Joaquín de Grazia, presidente de la avícola Granja Tres Arroyos- y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y su Jefe de Gabinete, Gastón Granados, se reunieron el lunes en el municipio para poner fin al conflicto con la planta avícola. Mientras se llevaba a cabo la reunión de las partes, se desplegó un gran operativo al mando de Gendarmería, Policía de Prevención Motorizada, Infantería, Policía Montada, Policía de Ezeiza, además de perros y camiones hidrantes. La absurda relación de fuerzas otra vez saltaba a la vista, como ya había ocurrido la semana anterior: cerca de 3.000 efectivos y aproximadamente 300 manifestantes.
Mientras se reunían las partes se desplegó un gran operativo policial .
El plan de reestructuración que les presentó Wade a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo “no cambió ni en una coma”, explicó a ANCCOM Daniel Vega, delegado de Cresta Roja y evidenció que la propuesta de reincorporación de los más de 1.000 trabajadores en etapas, no es nada más que un plan de ajuste: “Son 225 personas por etapa, en tres etapas. No hay un puesto más de laburo, a las 225 personas tenés que descontarle: administrativos, supervisores, encargados; o sea que entrarían 170 o 180 operarios”. Además, confirmó el funcionamiento de la empresa bajo un manto de flexibilización laboral: “Wade está trabajando en negro, sin otorgar relación de dependencia, porque no le hizo contrato a nadie, no están asegurados, no les dio ropa, no les dio botas. Están trabajando diez u once horas, en un turno solo, 180 personas. Cuando es una planta que trabajó hasta hace cinco meses con 420 personas; y estamos hablando de Planta 1, los de Planta 2 estamos todos afuera. 911 personas, afuera”.
La absurda relación de fuerzas fue evidente, cerca de 3.000 efectivos y 300 manifestantes.
Los manifestantes mostraron las dificultades al no contar con un trabajo estable, viéndose obligados “a hacer changas” prescindiendo de una fuente laboral que mucho necesitan. “Al operario que se queda afuera, esperando, le van a dar 10 mil pesos por mes, hasta julio de 2019. Si para esa fecha no entraste en ninguna de las etapas quedás afuera, pero no cobrás más esa plata, y para cobrar la indemnización le tenés que hacer un juicio a Proteinsa S.A., la última empresa que se hizo cargo de Cresta Roja. Proteinsa está fundida, ¿A quién le vas a hacer juicio? ¿A quién le vas a sacar la plata de tu indemnización? A nadie”, respondió Vega, a sus preguntas y a la de sus 1300 compañeros.
El plan de reestructuración lo propuso Wade en marzo y el gremio de Alimentación (STIA) le dijo que no. El plan operativo incluye en las negociaciones a cuatro gremios, si alguno de ellos no está de acuerdo, no se puede implementar. “Nosotros (STIA) no firmamos, firmaron UOMA, UATRE y Camioneros”, repasó Vega y desnudó la poca representación de los gremios a favor del plan operativo: “Esos tres gremios en conjunto no llegan a la cantidad de afiliados que tenemos nosotros con un solo gremio. Camioneros tiene 22 operarios y nosotros, sólo en la Comisión de Delegados, somos 11. Ellos firmaron y eso nos arrastró a esto”.
Hace una semana hubo una violenta represión sobre los trabajadores de Cresta Roja.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores siguen reclamando: “Lo que tiene que hacer Wade (Granja Tres Arroyos) es dar un paso al costado, como nos lo dijo en la reunión que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo”. Allí los representantes de la nueva sociedad anónima -los mismos propietarios de Granja Tres Arroyos- habían manifestado que si el negocio no cerraba, se desvincularía. Pero los delegados de la planta vitivinícola denunciaron: “Estamos viendo que es mentira porque acá siguen con Gendarmería, hicieron una barricada e hicieron entrar a la gente a laburar”.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores de Cresta Roja siguen luchando.
La complicidad con las fuerzas de seguridad también es clara. No solo para que la protesta cese, sino para prevenir cualquier nuevo intento de corte de ruta, como los de las anteriores semanas. “Yo le hablaría al presidente Mauricio Macri también. Tratar a un trabajador así le saca toda la dignidad, y hasta al gobierno le saca la dignidad. Él tiene menos dignidad que yo, porque yo peleo por mi trabajo, no transo con nadie y no voy a dejar a ningún compañero tirado”, señaló Daniel Vega, y luego sentenció: “Él dejó tirado al pueblo que lo votó y al que él mintió. Acá hay mucha gente que lo votó y es parte del pueblo también”.
Las fuerzas de seguridad buscan que cese la protesta.
Dic 24, 2017 | Entrevistas, Novedades
Miguel Acuña es docente en CABA desde hace casi 20 años. Trabaja como profesor de 4º y 5º año de la Escuela Media Nº 3 del Distrito Escolar 19, del Bajo Flores. Además, es dirigente de UTE y vecino de Floresta, comprometido con los derechos humanos y los espacios de memoria. El pasado domingo 9 sufrió los golpes y la detención por parte de las fuerzas de seguridad, mientras cientos de docentes instalaban la Escuela Pública Itinerante. Este educador de escuela media pone al desnudo la saña con la que fueron reprimidos, le responde a quienes buscan demonizar el gremialismo y anticipa que contiuará la lucha por una escuela pública de calidad y por salarios dignos.
¿Qué opina de este intento de diferenciación por parte del Gobierno, en su conjunto, entre ser docente o ser gremialista, para justificar la represión y las detenciones de los docentes?
Nosotros queremos salirnos del lugar en que intentan ponernos. Primero, no renegamos de las palabras sindicalismo y gremialismo. Al contrario, nosotros la asumimos porque somos delegados de nuestra escuela y sabemos que nuestros compañeros fueron elegidos democráticamente. Hay una cuestión de querer demonizar estas palabras y el Gobierno Nacional -y en general los dirigentes del Pro- buscan colocarle un sentido negativo a esto para rebajarnos. Sabemos que esto ya se aplicó en otras épocas. Sabemos, también, que este es un gobierno democrático y que fue elegido por una parte muy importante de la sociedad; en ningún momento les decimos que se vayan, simplemente estamos pidiendo que cumplan con una ley nacional, que establece la paritaria docente nacional, que se viene cumpliendo desde hace varios años. Y este mismo gobierno, que el año pasado lo hizo, ahora no quiere darnos un derecho que nos corresponde. Obviamente que entendemos el por qué: porque beneficia tanto a los grupos económicos nacionales, como internacionales y este es un gobierno que le sirve a los sectores más poderosos. A partir de eso, que es un dato real y objetivo, tenemos que tener mucha voluntad política. No somos desestabilizadores, no queremos que se vaya, queremos que cumpla con lo que él dijo que iba a hacer: pobreza cero, que los docentes iban a ser los mejores pagos de Latinoamérica, que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazos… Sin embargo, el gobierno está haciendo todo lo contrario, así que ahí ya nos demuestra qué es lo que va a hacer y está haciendo.
El momento en que la Policía se lleva a Acuña, el pasado 9 de abril en el Congreso
¿Qué le respondería al presidente Mauricio Macri cuando afirma que no quiere más a los docentes que violan las normas y al Ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuando expresa que la policía actuó porque los manifestantes no tenían la autorización y atacaron a los policías?
Las declaraciones del Presidente son lamentables, no es casualidad que eso lo dijo mientras estaba junto a personas autodenominados ‘emprendedores’, en función de desprestigiar a los compañeros docentes. El Gobierno Nacional tiene la política de confundir y mentir, y tiene una herramienta estratégica, que son los medios de comunicación hegemónicos. Todos esos medios que coordinan con el gobierno para desprestigiar a los docentes agremiados, que pelean por sus derechos como trabajadores. Y las declaraciones de Bullrich y (Horacio Rodríguez) Larreta son muy preocupantes, porque se dedican a cuestiones meramente formales, que si vamos al tema de la autorización, estaba gestionándose. Lo paradójico de esto, nos piden ese tipo de legalidad de la autorización, pero no cumplen ellos con una ley superior que está dentro de la Constitución Nacional, que es cumplir con la paritaria nacional; es muy contradictorio.
¿Cómo se desencadena la represión siendo que ustedes llevaban horas trabajando en el armado de la Escuela Itinerante, a la vista de la misma policía?
En el marco de la instalación de la escuela itinerante frente al Congreso algunos de nosotros formamos una especie de semicírculo para proteger a los obreros que estaban armando la estructura. De repente, pasadas las 8 de la noche, aparece la Infantería con sus cascos y escudos y nos sorprenden, porque desde temprano estaba la legisladora porteña Lorena Pokoik, junto a compañeros de la UTE, CTERA, CTA y SUTEBA, negociando tanto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad como con la policía para garantizar que todo se haga en orden y que se pudiera instalar pacíficamente la escuela. Aparecen, entonces, estas nuevas fuerzas de seguridad y nos empiezan a empujar y a tirar gas pimienta. Yo estaba junto a mi compañero Juan Manuel Mauro (quien también estuvo detenido) y nos perdimos en medio de los golpes que nos daba la policía. Ahí es cuando veo que a la legisladora Pokoik la tiran y le empiezan a pegar patadas. Intenté levantarla y cuando la agarro un poco en el aire, me tiran gas pimienta. Ellos sabían bien quién era la Lorena Pokoik y que era legisladora, porque le pegaban con una saña como en las peores épocas de nuestro país.
¿Cómo fue que terminaron presos?
A mí me arrastraron casi 50 metros para llevarme al patrullero y junto a mi compañero Juan Mauro les decíamos, mientras nos pegaban, que nosotros éramos docentes, que somos parte de quienes les enseñan a sus hijos, que no nos pegaran con esa saña. Pero no les importaba nada, nos daban puntapiés y a Juan le pisaban la cara con una impunidad total. Nos llevaron esposados como si fuéramos unos terribles delincuentes, estamos aún muy consternados y no podemos creer que un gobierno que se dice que es del diálogo se exprese con políticas represivas.
¿Imaginó alguna vez que un gobierno democrático iba a encarar una avanzada represiva estatal de esta índole?
No. Desde 1983 hemos tenido distintos tipos de gobiernos democráticos, algunos me gustaban más, otros menos, pero con este tipo de gobierno uno está muy preocupado porque tiene muchos rasgos autoritarios. Eso se expresa faltándole a la verdad y aplicando políticas de terror, en el sentido que, tanto trabajadores como el conjunto de nuestro pueblo, no se pueda expresar. Pero, si no les gusta que nosotros nos manifestemos públicamente, que vayan y discutan con sus diputados en el Congreso Nacional y que se animen a modificar el artículo 14 bis que habla del derecho a la protesta y de nuestro derecho como trabajadores.
Hubo expresiones de apoyo de vastos sectores, ¿qué percibieron del conjunto de la sociedad?
Lo más importante para nosotros ya ni siquiera son los golpes sino el cariño y las muestras de afecto de nuestros estudiantes, alumnos y compañeros docentes que nos dan mucha fuerza para poder seguir, porque sabemos que este gobierno quiere instalar el miedo para poder callarnos y nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir peleando por una escuela pública de calidad, vamos a seguir defendiendo a nuestros pibes en las barriadas populares, para que la escuela pública sea un lugar para enseñar y aprender y no un comedor, como se la está queriendo convertir otra vez por las políticas neoliberales. Por suerte, también hubo mucha solidaridad de parte de docentes y directivos de escuelas privadas, porque son los que también trabajan en la escuela pública. Así que en ese sentido, quiero reivindicarlos, sabemos que muchos apoyan la lucha docente, pero que son muy perseguidos y que por organizarse se pueden quedar sin trabajo.
Abrazo a la ENM3 Distrito 19, escuela en la que trabajan Miguel Acuña y Juan Manuel Mauro.
¿Qué es la Escuela Itinerante?
Esta escuela itinerante va a estar a lo largo y ancho del país, durante una semana va a recorrer las capitales de muchas provincias. Desde esta escuela es que planteamos de cara a la sociedad todas nuestras problemáticas y después iremos pensando distintas medidas de lucha. Obviamente no descartamos el paro porque es una herramienta constitucional que tenemos también, pero sabemos que muchos de nuestros compañeros empezaron a plantear el usar medidas alternativas y la escuela itinerante es una de ellas. Buscaremos distintos mecanismos de protesta para cumplir nuestro objetivo, que es el cumplimiento de la paritaria. Por suerte recibimos la solidaridad de distintos artistas populares que van a expresar su música, su poesía, y tendremos actividades relacionadas con los chicos, como la orquesta infantil, charlas debate, cine-debate, talleres de títeres, y reuniones de discusión con padres y docentes. En los sitios web de Ctera, UTE y SUTEBA se encuentra la agenda día por día.
¿Cómo es su labor como docente en el distrito 19 de la Ciudad?
Yo trabajo desde hace 20 años en las escuelas públicas de la Ciudad. Desde hace 17, lo hago de manera ininterrumpida a través del sistema de concursos para acceder a distintos cargos y horas de profesor. He pasado por muchas áreas, fui preceptor, jefe de preceptores, bibliotecario, y tengo actualmente mis horas como profesor en la Escuela Media N° 3, del D.E. 19. Esta escuela queda en el Bajo Flores y es una escuela con muchas necesidades. Yo doy una materia que está dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, se llama “Espacio de acción y reflexión” y la reciben los chicos de 4to y 5to año. Se cruzan las problemáticas sociales, la historia, la política, la comunicación y también tiene que ver con políticas de la actualidad. Es una posibilidad que uno tiene de poder intercambiar con nuestros pibes y pibas para darles herramientas, enseñarles inclusive a cómo armar un currículum, pensando en cómo ingresar al mercado laboral y también conversar con ellos de lo que les pasa en lo cotidiano.
¿Cómo surge tu vocación docente?
Yo llego a la docencia primero desde el lugar de querer aprender y una vez que me terminé de formar, me recibí de Pedagogo en Educación Social con orientación en Derechos Humanos, y también me recibí de Técnico en Educación y Trabajo Grupal, lo pensé como una herramienta laboral y con los años me empecé a enamorar de esta carrera, especialmente de trabajar con los pibes de sectores populares.
¿Alcanza para vivir el sueldo docente?
Si yo me comparo con el sueldo de algunos otros trabajadores o alguien que no tiene trabajo, podría decirse que estoy mejor, pero habría que ver con quien compararse. Lo cierto es que todos los docentes tienen que tener dos cargos, por lo menos, para llegar a un piso de $22.000. Así que es una situación complicada, cuando además te aumentan la luz, el gas, el teléfono… Queremos subir el piso y que todos puedan vivir en condiciones dignas, un docente con un solo cargo gana la mitad y ahí estás debajo de la línea de pobreza.
¿Qué otras dificultades están atravesando las escuelas públicas en general?
Hay mucho problema de infraestructura, abandono de los edificios y falta de vacantes. En la zona sur podés ver la reducción de horas docentes y la quita de algunos programas sociales como el Programa Alumnas Madres o programas de campamentos, por ejemplo. El recorte es terrible, tanto en la Ciudad, como en la Nación. Por eso pedimos una Ley de Financiamiento Educativo que incremente la partida presupuestaria a educación.
¿Qué participación tiene en el ex centro clandestino El Olimpo, ubicado en el barrio de Floresta?
Formo parte de la mesa del ex centro clandestino El Olimpo y de Automotores Orletti, que también queda dentro del barrio. Colaboro con actividades referidas a la memoria, porque además de estos dos lugares, tenemos el Corralón de Floresta, donde desaparecieron dos curitas villeros. También, cerca de ahí, en Villa Luro, mataron al padre (Carlos) Mugica y en la calle Corro, mataron a la hija de Rodolfo Walsh, o sea que es un lugar donde la memoria resulta muy importante, y yo reivindico las políticas de Memoria, Verdad y Justicia de los últimos 12 años.
Actualizado 18/04/2017
Dic 15, 2017 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
El Gobierno no logró aprobar las reformas Previsional y Tributaria ante la falta de quórum en una escandalosa y tensa sesión en la Cámara de Diputados. Ante el apuro de Cambiemos, más de 300 mil personas decidieron manifestarse este jueves en las puertas de un Congreso blindado con un impresionante operativo que involucró a múltiples fuerzas de seguridad. A pesar de la represión con gases, balas de goma y carros hidrantes, expresaron su desacuerdo a la medida que le quitaría unos 100 mil millones de pesos anuales a jubilados, pensionados, discapacitados y a beneficiarios de asignaciones universales por hijo y embarazo.
Desde ayer, la Gendarmería, la Policía Federal, la de la Ciudad, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria custodiaban las inmediaciones del recinto con el objetivo de que las centrales sindicales y los movimientos sociales no lograran acceder a la Plaza de los dos Congresos. Hoy, la represión no tardó en aparecer. Cerca de las 13.30 se armó una corredera por Avenida de Mayo. “Están tirando gases y balas de goma”, denunciaban los manifestantes con los ojos irritados y cubriéndose la cara para poder respirar. Entre los primeros heridos, se encontraron fotógrafos de prensa y legisladores: la diputada Mayra Mendoza fue agredida, cuando estaba sola, con gas pimienta por un grupo de policías federales. La misma fuerza golpeó al legislador Matías Rodríguez.
Dentro de la Cámara de Diputados se vivía un clima similar. Legisladores de la oposición fueron hostigados mientras denunciaban un “falso quorum”, dado por la presencia de legisladores electos que aún no habían asumido formalmente sus bancas.
La calle estaba caliente. Ante cada avance de las columnas movilizadas caían nuevos proyectiles y gases lacrimógenos, que se expandieron por varias manzanas a la redonda del Congreso. Las columnas se replegaban y en pocos minutos volvían a avanzar. “Claramente una ley antipueblo se sostiene solo de esta manera, a través de la violencia”, sostuvo Luciano Fernández, Secretario gremial de ATE Capital. Por su parte, subido a un escenario improvisado sobre el tráiler de un camión, Roberto Baradel intentaba bajar un poco de tranquilidad a los presentes. “Pase lo que pase hoy en el Congreso, les puedo asegurar que este es el principio del fin de las políticas neoliberales de este gobierno”, decía.
Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, explicaba que hace rato que el Gobierno viene matando y persiguiendo políticamente al que piensa diferente. “La represión forma parte de la operación económica. Para llevar a adelante este plan de ajuste brutal tienen que reprimir, como han reprimido otros gobiernos del mismo signo político que llevaron adelante esta misma dirección económica”.
“Están dispuesto a todo, hasta que no haya muertos no van a parar”, comentaba Carlos Palacios, un asustado jubilado de 66 años que se había acercado a la plaza para manifestar su desacuerdo con la reforma previsional. “Desde el 2001 que no se veía esto”, concluyó. Ante la represión, los manifestantes respondían con cantos y proclamas. “Macri basura, vos sos la dictadura”, “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”, eran algunas de las consignas que fueron entonando las masas.
Esteban Castro, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), reconocía que la movilización masiva se debió a que el país está sufriendo. “Estamos pasando momentos muy difíciles. Este gobierno está decidido a profundizar la concentración económica con decisiones que, por supuesto, vienen de afuera de nuestro país. Nosotros estamos decididos a que no se le saque la plata a los pobres para transferirla a los ricos”.
Rubén Schofrin, Secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), sostuvo quela Ministra de Seguridad Patricia Bullrich no solo ordenó reprimir al pueblo sino que también ordenó reprimir con saña a los periodistas de los medios públicos y los medios privados de la Capital Federal. “Desde el Sindicato de Prensa vamos a pedir su renuncia”, le explicaba a sus compañeros.
Cerca de las tres de la tarde, se generó un breve murmullo que fue interrumpido con gritos, alegría y aplausos. Se había dado a conocer la noticia de que la sesión se había levantado. “Qué boludos, qué boludos, la reforma se la menten en el culo”, cantaban las columnas.
“Es un triunfo del pueblo, de la movilización. No pueden sesionar con policías reprimiendo y pegándole a la protesta. Nos meten la mano en el bolsillo y no nos dejan protestar. Ahora hay que seguir peleando, ojala esto sea estímulo para seguirla”, entendía el abogado y político Luis Zamora.
Mediante conferencia de prensa el jefe de Gabinete y vocero de Cambiemos, Marcos Peña, justificó la represión y sostuvo que la ley es buena y que no tienen intenciones de cambiarla. Sin embargo, al cierre de esta nota, el Gobierno se encontraba reunido en un comité de crisis y evaluaba si aprobarla por decreto. Mientras tanto, la represión continuaba en los alrededores del Congreso.
Actualizado 15/12/2017
