Sep 27, 2017 | Culturas, destacadas
Los artistas nucleados en la Unión de Músicos Independientes (UMI) reclaman la plena aplicación del artículo 65 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige cupos mínimos de difusión de música nacional e independiente en las emisoras radiales. Esa parte de la norma, que busca resguardar la producción nacional y autogestiva, está vigente desde el 2009, pero nunca se cumplió. “Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas. Por eso, la aplicación de este artículo va a redituar una mayor difusión para los músicos y sabemos que eso significa más gente en los recitales y más discos que se venden”, explicó a ANCCOM Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI y guitarra y voz de la banda Ardilla.
El artículo 65 expone que el 30 por ciento de la música que se transmite en las emisoras privadas debe ser de origen nacional, y de ese porcentaje la mitad independiente. Por esto último se entiende cuando el músico es dueño de sus fonogramas, por lo que tiene el derecho de comercializar sus propios discos. “El músico independiente es el que desarrolla su carrera de forma autogestiva y sin convenio con discográficas. Genera su entorno de trabajo y no es que el músico independiente tiene que hacer todo, sino que va derivando gente que él elige para que lo ayude en su carrera”, explicó Lito Lisorski, guitarra de Ardilla y tesorero de UMI.
Según un relevamiento de 2016, a cargo de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), de 73 radios analizadas, 51 cumplieron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo siete respetaron la de la música independiente. “Hay muy poquitas radios, alternativas, comunitarias, on line y de universidades que quizás hasta superan el porcentaje de música independiente en su programación, pero el problema lo tenemos en las grandes emisoras en las que no se cumple ni de cerca”, remarcó Vázquez.
“Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas», dice el presidente de la UMI.
El filósofo y músico argentino Gustavo Varela reflexionó acerca del lugar que se le otorga a la cultura independiente: “En los gobiernos populares hay un espacio para la producción de lo nacional dentro de lo cultural. Pero con el sistema capitalista, y más con el gobierno neoliberal actual, la producción de cultura resulta siempre un inconveniente, un gasto”. A su vez, sostuvo que “hay dos tipos de economías: la del Estado y la del mercado, una soporta la posibilidad de la producción cultural y la otra no, ve si es redituable o no”.
En este contexto, los músicos agrupados en la UMI llevan adelante una campaña de visibilización y concientización para exigir el cumplimiento del artículo. En la movida los acompañan reconocidas bandas y músicos nacionales como Lito Nebbia, Ricardo Mollo, El Mató a un Policía Motorizado, Boom Boom Kid, Raúl Porchetto, Onda Vaga y Attaque 77, entre otros tantos que se prestaron a grabar videos y difundirlos por la causa.
El artículo 65 se encuentra vigente desde 2009, cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la última dictadura militar. No fue modificado en 2016, cuando a partir del decreto 267 del gobierno de Mauricio Macri se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que alteró una serie de artículos de la ley 26522. “Con la creación del ENACOM, pasó a haber un cinismo total sobre la Ley en general pero sobre el artículo en particular. Hace ya un tiempo largo que dejamos de tener algún tipo de conexión con la autoridad de aplicación”, denunció el presidente de la organización de músicos autogestionados en relación al organismo creado el 5 de enero de 2016 como resultado de la fusión del AFSCA y la AFTIC.
“El período 2009-2015, cuando todavía estaba el AFSCA, fue un momento de trabajo en la implementación del artículo. Había muchas dudas, más que nada en lo que se entendía por independiente”, expuso Vázquez. Por eso, desde la FAMI se generó un banco digital de música independiente, donde las radios pueden registrarse y acceder a discos de distintos géneros de todo el país, para poder cumplir con la cuota de música nacional independiente que exige la ley.
Son muchos los problemas a los que se fue enfrentando el artista independiente a lo largo de los años. Algunos como la producción y fabricación de discos, superados a partir de las nuevas tecnologías. “Hoy uno puede grabar un disco en su casa con una computadora sin necesidad de gastar un montón de plata en un estudio y luego fabricarlo con un sueldo normal”, explicó Lito Lisorski. Los condicionantes que encuentra hoy el músico autogestionado tienen que ver más con la difusión; “con el artículo 65 tratamos de generar esa herramienta por la cual cualquier músico pueda acceder a sonar en una radio de difusión masiva, por eso es tan importante para nosotros este artículo que logramos conseguir”, afirmó Ardilla.
Además, que se exija la plena aplicación del artículo 65 de la LSCA y de esta manera que se difunda la música nacional e independiente, les permite a los artistas hacer valer los derechos intelectuales de sus producciones. “Lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está en vigencia. Algo muy simple, que el Estado cumpla con sus funciones de fiscalizar una ley que fue votada por ambas cámaras. Y si no quieren que se cumpla deberían explicar por qué”, denunció el presidente de la Unión de Músicos Independientes.
Actualizada 26/09/2017
Ago 30, 2017 | Deportes
Entre megáfonos, parlantes y gritos de grupos que practicaban un “picadito”, la consigna de la “comunicación es un derecho” se hizo eco este lunes en todos los rincones y resonó en el Congreso de la Nación. Allí, justo frente al Parlamento, organizaciones sociales, políticas, sindicales y académicas volvieron a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dieron inicio formal a la campaña #Dalepelota, una iniciativa promovida por la Coalición por una Comunicación Democrática en defensa del derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional.
La celebración del Día de la Radiodifusión y la conmemoración de la iniciativa ciudadana de los 21 Puntos por una comunicación democrática sirvieron de marco al reclamo.
La radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) instaló sus bases en la Plaza y realizó la transmisión abierta. Por su micrófono pasaron dirigentes del Sindicato de Medios Gráficos, representantes de la Coalición, integrantes de CONADU y CTERA y dirigentes sociales, entre otros. Todos reiteraron el reclamo por la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que el presidente Mauricio Macri firmó para desarticular siete ejes clave de la Ley de Medios.
Primero llegaron los gazebos. De un lado Radio FARCO, y a su derecha la Coalición. ¿En el medio? Dos canchitas de fútbol. En una, un “mano a mano”, y en la otra un equipo contra otro. Bajo la consigna “el que gana sigue”, un equipo de futbolistas mujeres se hicieron locales. No había hombres que pudieran ganarles. Alrededor de la radio, ciudadanos que filmaban, escuchaban los reclamos y asentían con la cabeza. A la transmisión abierta se sumaban, a cada minuto, nuevas adhesiones.
En medio del bullicio y de los parlantes que se preguntaban a viva voz “¿dónde está Santiago Maldonado?, Susana Pachecoy, integrante de la Coalición, actualizó los alcances del reclamo. “Esta idea surge para defender los derechos que habían sido conquistados y que no se cumplen a partir de las últimas regulaciones”, subrayó en diálogo con ANCCOM. Además, enfatizó la necesidad de entender a la comunicación como un “derecho humano”.
#Dale Pelota: una jornada organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática para la conformación de los nuevos 21 puntos.
El reclamo quedó ampliado por los integrantes de otras dos movilizaciones que se realizaron en la zona casi en simultáneo: el abrazo a las Madres de Plaza de Mayo y la marcha para condenar los casos de “gatillo fácil”. Por detrás de la instalación de FARCO había otra carpa que pertenecía a los trabajadores de PepsiCo que también se sumaron con dos interrogantes: “¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está la libertad de expresión?”.
Las convocatorias tenían ejes distintos, pero cada una de ellas se fusionaban en un punto: el Estado es responsable. Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió: “Estamos claramente en un escenario político donde los grandes grupos comunicacionales juegan a favor de las políticas neoliberales. La sociedad debe tomar conciencia”.
El fútbol como metáfora, como símbolo, y la creatividad como estrategia, fueron las medidas de visibilidad de un conflicto que trae consigo el reclamo “por los 3.000 despidos de trabajadores de medios, la precarización laboral, y el desentendimiento del Estado en la producción nacional”, explicó el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras.
“Este reclamo cobra dimensión en un contexto difícil por la pérdida de políticas públicas en lo educativo, el cierre de las radios escolares, de programas socio-educativos y la cooptación nefasta del gobierno de los medios de comunicación”, completó Alejandro Demichelis, secretario de Prensa de CTERA, en una de las tantas intervenciones “al aire”.
La transmisión de la radio abierta y en vivo, rodeada de gente que se sumaba en el transcurso de la tarde, interrumpía los espacios de debate con un breve relato deportivo, desde el campo de juego. Allí, todas las voces expresaban el descontento por la decisión del gobierno de que el fútbol vuelva “a manos de unos pocos, no como acá en la Plaza que es un fútbol para todos”.
Actualizada 30/08/2017
Ago 29, 2017 | Comunidad
Cumplir la ley. Ese fue el pedido de trabajadores de emisoras FM sin fines de lucro, el viernes pasado, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en octubre de 2009 pero aun sin su plena ejecución. Es que, entre sus diversos artículos, no se está cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la ley: “La administración de espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”. Y en este sentido, el 33 por ciento del espectro radioeléctrico destinado a los medios privados sin fines de lucro, como se dispone en el artículo 89, no se ha ejecutado en la práctica. De aquí, el pertinente reclamo de los trabajadores de medios comunitarios al ENACOM.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro. Unas quince personas -la pequeña cantidad fue intencional debido a que la idea no era lograr una llamativa movilización, sino reclamar de la forma más pacífica posible- se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, ante la atenta mirada de los policías encargados de la seguridad del ENACOM. Inés Farina, periodista de Radio Sur, contó a ANCCOM instantes previos a la presentación del escrito: “Antes de ingresar al ENACOM para presentar el reclamo, nos juntamos afuera y la policía nos vino a preguntar quiénes éramos. Después, cerraron las puertas de acceso pero nos dijeron que nos iban a dejar pasar”. A su vez, otro trabajador de Radio Sur, Leonel Martín, planteó: “Vinimos a hacer una presentación formal de pedido de apertura de concurso para radios sin fines de lucro, porque está vigente el artículo de la ley que establece que el Estado debe garantizar y reservar un 33 por ciento del espectro para las emisoras sin fines de lucro y esto no se está cumpliendo”.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro.
Finalmente, pasadas las 10.30, cuatro trabajadores pudieron ingresar al ENACOM. En la cobertura del hecho, el único medio audiovisual que se hizo presente fue Barricada TV, otro medio alternativo y popular que logró, a finales de junio de este año, salir al aire con alcance hacia toda la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV y pionera en los estudios sobre comunicación alternativa, también estuvo acompañando el reclamo. En diálogo con ANCCOM manifestó: “Siempre vamos a exigirle al Estado que se abran los concursos de licencias para las radios comunitarias. Los canales comunitarios tienen todo preparado para la apertura de los concursos, que es, en definitiva, la demanda histórica del sector”. Consultada por la importancia de los medios alternativos, explicó que se trata de la posibilidad de que “circulen otras voces y, sobre todo, otras fuentes que no suelen ser consultadas por los medios tradicionales”. Y enseguida agregó: “Sin medios comunitarios, no hay democracia, porque los medios comunitarios pueden poner en circulación opiniones, miradas del mundo, perspectivas, que no son las que habitualmente nos encontramos en los medios tradicionales y que, en general, son el elemento que constituye la opinión pública”.
A las 11, los trabajadores representantes de las radios comunitarias salieron del edificio. Entre algunos aplausos y saludos, Mariano Randazzo relató la experiencia: “Vinimos a pedir que el Estado legalice nuestra experiencia de comunicación. Las radios comunitarias, alternativas y populares, son alegales, es decir, tienen la vocación de ser legales pero el Estado no arbitra mecanismos para que esto suceda”. Sin embargo, luego reveló cuál fue el verdadero objetivo de la presentación escrita: “Sabemos que no nos van a dar la licencia pero queremos tener un paraguas legal porque en el contexto de este gobierno, nuestras radios corren peligro. Esto se ha visto en otras emisoras en las que se han incautado equipos”. Ante la pregunta de si percibía una posible presión de los medios comerciales para que no se cumpla la ley, Randazzo contó que el espectro radioeléctrico está saturado y que los medios comerciales están excedidos en su potencia: “El Estado, como un actor imparcial, debería limitar esas potencias, llevar a cabo el plan técnico y reservar un tercio del espacio para los medios sin fines de lucro. Queremos que la ley nos incluya, queremos ser legales. Nosotros existimos, queremos que el Estado nos reconozca”, cerró el referente de la concentración.
“Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”.
Otro de los puntos del reclamo fue el pago del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un dinero que el Tesoro Nacional destina, a través de la LSCA, a fomentar la comunicación sin fines de lucro. Es que los FOMECA 2015 no se han terminado de pagar en su totalidad, mientras que los correspondientes al 2016 fueron convocados recién en este año, tras una movilización de los trabajadores de emisoras comunitarias. Ni hablar de los FOMECA 2017. “Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”, señaló Leonel Martín y continuó: “Todo esto en contra de una política que consiste en un mecanismo redistributivo, que puede favorecer la democratización de la palabra y de los medios”. Inés Farina se expresó en el mismo sentido: “Me parece que se está siguiendo una línea política nacional y es lo que se observa en el recorte de los FOMECA”. “Con la creación del ENACOM, se hace un organismo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo, con mucho menos participación de otros sectores que no sean del gobierno y por lo tanto, menos democrática la aplicación de las políticas que debe regular el ENACOM”, sintetizó Martín.
La periodista Farina hizo saber a ANCCOM: “Un pueblo democrático es un pueblo que pueda garantizar que la gente se junte y pueda tener proyectos colectivos y eso enaltece a un sociedad. No es que somos comunitarios porque no nos queda otra, somos comunitarios porque lo elegimos”.
Actualizada 30/08/2017
Jul 26, 2017 | Trabajo
El ajuste que aplica el gobierno afecta también a los medios de comunicación. En los casos del diario Página 12 y de Radio Del Plata lejos de caer sobre los dueños, perjudica a sus trabajadores. Pago de salario en cuotas y con demora, adeudamiento de aguinaldos y retraso en el pago de haberes previsionales son los mayores problemas con los que deben lidiar, por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exige una solución inmediata.
Tanto Página 12 como Del Plata tenían afinidad editorial con el kirchnerismo, que distribuía la pauta oficial de manera diferente a la que lo hace el gobierno encabezado por Mauricio Macri y permitía que hubiese medios que se sostuvieran con ese ingreso primario. Fernando Dondero, secretario general de Sipreba, destacó esto como uno de los disparadores de la crisis y dijo: “Se da un quiebre con la gestión de Cambiemos y cómo manejan la pauta oficial”. Además, en el caso de Del Plata agregó: “La radio recibía bastante dinero porque tuvo un uso político”.
Aparte de secretario general, Dondero es delegado de Sipreba en Página 12 y en ese rol expresó que, si bien tienen trato con los directivos del Grupo Octubre, de Víctor Santa María (titular del sindicato de porteros y del Partido Justicialista porteño), no responde a sus demandas. “La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema. Con quién más nos reunimos es con el director ejecutivo del grupo, Francisco Meritello”, afirmó.
Reclamo salarial de los trabajadores de Radio Del Plata.
Ana Paoletti, otra delegada de Sipreba en Página 12, contó que hace dos semanas se canceló el aguinaldo pagado en cuatro cuotas y también se solucionó la falta de viáticos para los fotógrafos que los llevó a hacer un paro el 7 de julio. Sin embargo, aún tienen reclamos sin respuesta y destacó: “Deben pagar un 12% de aumento correspondiente al insuficiente acuerdo que hicieron con la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) del 20% firmado en mayo (se dará en tres cuotas) y es retroactivo desde ese mes hasta hoy, pero no lo han hecho. Además, se comprometieron a blanquear a los compañeros del portal digital Diario Z y que dependan de Página/12 desde agosto”.
Paoletti dijo que los problemas se desataron el año pasado a partir del pago diferido de sueldos y aguinaldo en cuotas y relató que el Ministerio de Trabajo los convocó varias veces, pero no les ofrecen soluciones concretas. Debido al conflicto, han tomado distintas medidas de fuerza. “Hemos hecho paros, ediciones con retiro de firmas, una mateada en la puerta y hay asambleas constantes”, expresó. Además, marcó que la primera semana de agosto deben pagarles los sueldos y saldarles lo adeudado, “si no cumplen, vamos a seguir con los reclamos hasta que brinden una solución real”, añadió.
La situación en Radio Del Plata es un poco más compleja. Desde diciembre de 2015 se iniciaron las irregularidades, con el pago en cuotas de los salarios. Al principio, si bien fraccionaban el sueldo, pagaban su totalidad dentro del mes, pero a partir de febrero de este año reina la incertidumbre y los trabajadores no saben cuándo van a cobrar. Se les adeudan tres meses de salario, dos aguinaldos, hay falta de pago de haberes previsionales y de obra social que llegan al año. Este último ítem constituye un delito penal, pero pareciera no ser tomado en cuenta.
“La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema», dijo el delegado de SipreBa.
El miércoles pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para exigir que intervengan y les den respuestas a los trabajadores damnificados. En esa reunión, los dueños se comprometieron a pagar algunas deudas, pero no han cumplido. “La patronal alega que busca compradores para la radio y que se hagan cargo de la deuda porque no tienen dinero”, dijo Dondero.
La empresa responsable de Del Plata es Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Legalmente, el dueño es el Grupo Empresarial Argentino S.A. que componen Sebastián Ferreyra, Santiago Acosta, hijos de los ya citados, y otros accionistas minoritarios como el Swiss Medical Group, de Claudio Belocopitt, y Marcelo Tinelli.
Los 150 trabajadores de la radio (entre contratados y efectivos) esperan una definición de la situación de una emisora que parece agonizar. Paros rotativos y que no salga la programación completa son algunas de las medidas de fuerza que se han tomado durante el conflicto. “Del Plata llegó a ser cuarta en cantidad de oyentes y esto la afectó. Se le fueron conductores, columnistas y se achicó el personal porque algunos se consideraron despedidos por falta de pago”, expresó Dondero.
El viernes pasado otro conflicto gremial de prensa se hizo público, cuando se viralizaron las imágenes de un ruidazo en la redacción del bisemanario Perfil, la forma que utilizaron los periodistas de reclamar el pago atrasado de su aguinaldo.
El secretario general de Sipreba alertó que hubo 1.400 despidos en el área de prensa en la ciudad y 2.500 en el país durante los últimos dos años. “Hay peligro de que se pierda el pluralismo y se escuchen solo unas pocas voces. Sin trabajo no hay libertad de expresión”, reflexionó.
Actualizada 26/07/2017
Jul 18, 2017 | Trabajo
Enzo Moreira, periodista de la agencia estatal Télam, preguntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las denuncias de sobreprecios en la obra pública de su gestión. Al día siguiente, el trabajador de prensa se quedó sin trabajo. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”, mientras que las autoridades niegan que haya sido así y alegan que finalizaba el plazo de su contrato.
Los trabajadores despedidos son Moreira y Alejandro Ledesma, ambos del sector audiovisual, y a ellos se le suma Andrea Holgado, dejada sin trabajo con anterioridad. “Coarta la libertad de prensa y disciplina a los demás -afirma Francisco Basualdo, delegado de Sipreba en la agencia-, porque si ves que eso le pasa a un compañero, ¿cómo salís a trabajar y preguntás libremente? No podés”.
Durante la cobertura del anuncio de la demolición del “Elefante Blanco”, el edificio de Lugano que hace setenta años se pensó como un hospital pero donde se terminó estableciendo un barrio de emergencia hace décadas, Moreira le había preguntado a Rodríguez Larreta sobre denuncias que proliferaron acerca del pago de sobreprecios en la obra pública. Tras el episodio, las autoridades le reprocharon su accionar. Y al día siguiente, la gerenta de su sector, Magdalena Cash, le informó que no se le renovará su contrato. Argumentó razones presupuestarias.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”.
En las únicas declaraciones que dio sobre lo sucedido el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, le negó a Romina Manguel, en su programa de Radio Nacional, que existiera el reproche. Pousá aseguró: “La pregunta desde el punto de vista periodístico es correcta” y añadió: “El periodista no fue despedido, tenía contrato por tres meses y a los dos implicados se les vencía el 10 de julio y no se les iba a renovar”. Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que tiene bajo su órbita a la agencia, estuvo de acuerdo con Pousá y hasta sugirió que la pregunta pudo haber sido formulada por Moreira con la intención de permanecer en Télam a pesar de saber que terminaba su contrato.
Desde Sipreba rechazaron los dichos de Lombardi y señalaron que Pousá miente respecto a que no hubo recriminaciones y que a los periodistas no se les iba a renovar el contrato. Raúl Ferrari, otro delegado de Sipreba, afirmó: “Al día siguiente de los reproches por la pregunta a Larreta le dijeron a Moreira que no venga más. Hasta ese momento iba a continuar, de hecho, estaba acreditado para la cumbre del Mercosur que se hace esta semana (del 17 al 21 de julio) en Mendoza”. Los sindicalistas de prensa cuestionan la validez de los contratos temporales; aducen que el convenio colectivo del sector marca que después tras 28 días de labor el periodista debe ser incorporado a la planta permanente del medio.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22. También hubo un cese de actividades durante dos horas el jueves. Las demandas, según tres delegados de Sipreba son: que reincorporen a los periodistas despedidos, que se abra la discusión sobre la paritaria y el rechazo al proyecto oficial de achicar el área publicitaria. Por su parte, otro delegado, Mariano Suárez, añadió: “(las autoridades) pretenden que Télam tenga la misma agenda que Clarín y La Nación. Quisiéramos participar en los contenidos de la agencia”.
Respecto al reclamo sobre el sector publicitario, Basualdo señaló: “El proceso administrativo y contable de la pauta oficial aún estaba en Télam, si bien se fue descentralizando hace varios años. Hoy, por decisión de la Jefatura de Gabinete, ese trabajo pasa a sus manos”. Ferrari, por su parte, teme un vaciamiento del sector y destacó: “Entre 100 y 120 trabajadores están sin funciones por esa medida, hay incertidumbre de lo que pueda pasar tras las elecciones por el ajuste del que se habla”.
Los delegados esperan negociar con las autoridades y obtener soluciones. Sin embargo, advirtió Basualdo: “Asumimos como comisión gremial interna en octubre pasado y Pousá nos recibió una sola vez” y Ferrari concluyó: “Vamos a esperar el llamado del Directorio, sino en diez días vamos a llamar a otra asamblea y veremos qué se decide”.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22.
Actualizada 18/07/2017
