Abr 23, 2021 | Novedades, Trabajo
Gracias a la difusión pública que tomó el despido de dos docentes en la sede Montañeses de la Escuela ORT, el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria y exigió a la institución educativa a que retrotraiga la medida.
Este jueves por la mañana se realizó una reunión en la cartera laboral donde estuvieron presentes los representantes de UTE Mariano Mango y Angélica Graciano, el delegado gremial de la escuela Sacha Unamuno, las dos docentes despedidas –Violeta Sznaider y Mariana Sampaiño- y, en representación de la ORT, su director ejecutivo, Adrián Moscovich y el director adjunto, Julio Nieva Moreno.
Al principio de la audiencia, la escuela había solicitado 48 horas para revisar la situación, pero de todas maneras el Ministerio ordenó la conciliación obligatoria y, al menos mientras esta se extienda, tanto Szanaider como Sampaiño deberán ser reincorporadas a sus funciones.
Las docentes habían sido despedidas el pasado 14 de abril por adherir al paro docente que exigía el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictaminados en el marco de la pandemia del covid 19. La Escuela ORT Argentina ya tiene antecedentes de conductas antisindicales y de avanzar sobre el derecho de agremiación: en diciembre de 2019, una decena de profesores fue despedida por intentar organizarse para defender sus derechos laborales.
Abr 22, 2021 | Novedades, Trabajo
La Escuela ORT con sede en Belgrano despidió a dos profesoras que se habían adherido al paro masivo del miércoles 14 de abril. En el momento más delicado del rebrote reclamaban la suspensión de la presencialidad y que se continúe de forma virtual. La institución, con antecedentes similares, no respetó el derecho a huelga.
Días previos a que se haga público el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, los gremios docentes organizaron un paro masivo para el miércoles 14, reclamaron la suspensión de la presencialidad debido al aumento de casos en la Ciudad y la -cada vez más cerca- saturación del sistema de salud. Fue un paro anticipatorio a lo que dos días después iba a anunciar el presidente Alberto Fernández. Para el día que se expuso el DNU, las dos docentes de la ORT habían sido despedidas por reclamar en un paro lo que acababa de ordenar el Presidente.
La medida de fuerza gremial tuvo una adhesión del 90%, y Mariana Sampaiño al igual que Violeta Sznaider fueron unas de las tantas docentes que se sumaron al paro. Sus nombres se hicieron públicos entre los demás colegas por lo que les sucedió en los días posteriores. Cuando después del paro quisieron volver a trabajar se enteraron de manera insólita que las habían despedido. “El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional –dijo Sampaiño a ANCCOM-, sin una causa aparente y sin ningún telegrama. El miércoles fue el único día que no me presenté, me adherí, entendiendo que la situación actual es extrema”. Sznaider sufrió las mismas consecuencias. “Me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana” dijo y señaló que se enteró por sus colegas que no se trataba de un error en el sistema. De parte de la institución nunca se comunicaron, decidieron bloquear los correos y acceso al campus virtual. “Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre” se quejó Sznaider.
Las docentes cuentan con una experiencia de más de 10 años en la ORT. Sznaider tiene estudiantes de Historia, Formación Ética y Ciudadana de 3º y 4º año. Sampaiño, además de dar las mismas materias y también Geografía de 2º a 4º, acompaña a los estudiantes que participan en las Olimpíadas de Historia.
El paro fue en defensa de la salud y la vida, se basó en la evidencia actual y en lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación el 2 de julio de 2020, que dictamina un protocolo para que sean posibles las clases presenciales, siempre y cuando no exista un alto riesgo de contagio y se cumplan los 9 puntos enunciados, que tienen que ver con condiciones y protocolos sanitarios. Se pueden dictar clases presenciales en distritos donde exista un riesgo bajo de contagio, es decir, donde la razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas sea menor a 0,80 y donde la ocupación de camas sea menor al 60%. Parámetros que han sido ampliamente superados en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha del paro docente.
La Escuela ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina, cuenta con dos sedes en la Capital Federal y tiene tres niveles educativos. Si bien tiene sus orígenes dentro de la comunidad judía, se ha ampliado y abierto a la comunidad en general. Pero estos cambios no parecen regir con los docentes, “hay una persecución ideológica y un intento de regimentar”, asegura Sampaiño. Siguiendo la misma línea, para Sznaider los despidos arbitrarios son un claro ejemplo de persecución e “intento de querer callar a quienes defendemos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, y en este paro en particular quienes queremos defender la salud de estudiantes, familias y docentes”.
Las profesoras sostienen que la institución se manejó ilegalmente, ya que en el marco de la situación de emergencia actual el Gobierno de la Nación prohibió los despidos y suspensiones sin causa justa, entre otros. Esta reglamentación fue prorrogada en enero de 2021. Los despidos que violen la prohibición del Gobierno, en teoría, no producirán efecto alguno, se deberán mantener las laborales existentes, y es por esto por lo que Sacha Unamuno, quien es delegado en la escuela, asegura que están analizando las medidas. “Hicimos una presentación en la justicia, también está circulando un petitorio para que sean reincorporadas y estamos sumando apoyo de toda la comunidad”, contó a ANCCOM.
Y agrega que la decisión de la escuela viola un derecho constitucional como es el derecho a huelga, dejando a la vista la persecución hacia los trabajadores. “No vamos a dejar pasar estos despidos porque son ilegales, son arbitrarios y son discriminatorios”, es el mensaje que quieren hacer oír Mariana Sampaiño, Violeta Sznaider y quienes apoyan su causa.
Las docentes vienen trabajando desde principio de año de manera presencial sin estar vacunadas. “Estamos adentro de la escuela desde el 17 de febrero y nadie en la escuela media en CABA está vacunado, salvo los directivos, en la ORT somos más de 400 docentes y ninguno con su vacuna”, detalla Sampaiño. Se debe aclarar que la escuela cuenta con las herramientas y pudo garantizar satisfactoriamente la educación a distancia en el 2020.
Sampaiño no puede dejar de relacionar lo sucedido con lo que pasó en 2019 en un marco diferente, “es claramente vinculable con los 10 despidos de diciembre de hace dos años, es toda una persecución ideológica, reclamamos derechos elementales y en una situación excepcional, donde nos afecta ya que vivimos de nuestro salario, esos 10 compañeros no tuvieron nunca una respuesta”, cuenta a ANCCOM. Luego de esos despidos se había abierto un espacio de diálogo con las autoridades de la escuela, esto permitió la mejoría en algunas condiciones de trabajo.
Al momento que se publica esta nota existe un panorama confuso en la Ciudad, han abierto colegios dispuestos a dar clases presenciales y otros que han acatado el Decreto de Necesidad y Urgencia. La directiva de la Escuela ORT no ha dado respuesta por los despidos de Mariana Sampaiño y Violeta Sznaider y se ha dispuesto a seguir sin muchos cambios. “Solo enviaron un comunicado organizando las clases de manera híbrida, con presencialidad en el turno noche”, cuenta Sacha a ANCCOM.
Abr 22, 2021 | Noticias en imágenes
Abr 21, 2021 | Comunidad, Novedades
Pese a las diferencias que existen en los criterios y estrategias para enfrentar la pandemia, todos coinciden en que la prioridad son las poblaciones de riesgo. Lo curioso es que, pese a que ya se superaron los siete millones de vacunados, nadie se acuerda de incluir en el plan a la población en situación de calle, que en la CABA supera las 7.500 personas, según el censo realizado por un conjunto de organizaciones sociales en 2019 y que todas ellas coinciden en que durante la pandemia esa cifra trepó de manera sustantiva.
“Ningún gobierno contempla a las personas que viven en situación de calle”, dice Bárbara Alegre, quien está a cargo de la Asociación Civil Acción Comunitaria y forma parte de la Comunidad Cristiana Nueva Vida. Hace ya 11 años, además, puso en marcha Sopa de Letras, un proyecto que se encarga de entregar viandas todos los días a quienes viven en situación de calle.
“Porque acá en Ciudad, más allá de que no hayan vacunas, no hay un proyecto de vacunación -asegura Alegre-, y en Provincia donde la vacunación fue más rápida tampoco existe la manera de que se puedan vacunar aquellos que están en situación de calle.”
Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, la organización de la que forma parte y muchas otras no dejaron de salir a realizar sus habituales recorridas. Tuvieron que adaptarse a la emergencia sanitaria de manera inmediata para suplir, una vez más, los huecos que deja el Estado. “Ese 20 de marzo –recordó Bárbara- decidimos no hacer nuestra recorrida de noche, salimos al mediodía porque no queríamos esperar, salimos lo más temprano que podíamos. Sabíamos que viendo las calles vacías muchos se iban a asustar. Son pocos los que tienen acceso a la comunicación, algunos pueden bajar un cable de algún palo y conectar un televisor, pero son los menos.”
Si bien el Gobierno Nacional puso a disposición varias medidas paliativas para beneficiar los bolsillos de este sector, el acceso a las mismas también necesitó de la intermediación de las organizaciones. Con el IFE, muchos voluntarios se organizaron y pusieron su celular, e incluso acompañaron a cobrarlo.
Desde la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle se inició una campaña para exigirle al Estado la vacunación de esta fracción de la población.
La intención es que exista un proyecto, en última instancia, algo que indique que hay una política pública contemplándolos.
“Nosotros no venimos a cubrir lo que el Estado no puede, no es nuestro rol –asegura contundente Mónica Farías, de la Asamblea Plaza Dorrego-. Nuestro rol es exigirle que cumpla con la satisfacción de los derechos vulnerados. Tenemos una serie de demandas específicas: que los compas en situación de calle entren en el circuito de vacunación establecido por el gobierno. Las organizaciones acompañan, actúan como ligazón pero el Estado debe realizarlo”.
La sistemática invisibilización de la población arrojada a la calle se alimenta de las políticas que les dejan al borde. Una gran arista de esa invisibilización persistente incluye la falta de datos concretos sobre cantidades, información que no ha sido sistematizada y por ende, no permite sean efectuadas las medidas básicas de cuidado. Si se desconocen las características de la población y la dimensión del problema difícilmente pueda pensarse una política pública. Jorgelina Di Iorio, psicóloga e Investigadora del CONICET explica que “el fragmento de la población que vive en situación de calle es población oculta o de difícil acceso. Sus prácticas de subsistencia son consideradas ilegítimas y negativizadas. Eso hace que las personas tengan que moverse como modo de cuidarse o protegerse.”
“Hay muchos obstáculos administrativos y geográficos que llevan a que la persona no acceda a las vacunas. El problema no es la especificidad de la población sino la voluntad política de pensarla como una población que “vale la pena” de ser mirada, del valor de sus vidas”, sostiene Di Iorio.
La vacunación no es el fin último, forma parte de un cúmulo de necesidades vitales insatisfechas. Sin vacuna, sin techo, sin agua corriente, sin ser tenida en cuenta, es muy difícil sobrevivir, con pandemia o sin pandemia.
“No podés presentar un proyecto –sostiene Alegre- o una política pública que ampare a alguien que vos no ves, que no tenés en cuenta, que no sabés que existen o, tal vez peor aún, que sabés que existen y preferís que mueran.”
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Mónica Leguizamón se acerca a un comercio en Mar del Plata con su barbijo transparente, pero el personal de seguridad no la deja ingresar porque considera que su tapaboca no es apto, pese a que en el Municipio de General Pueyrredón el Decreto 228/20 del Concejo Deliberante reglamenta su utilización en los rubros que brinden atención al público. Vivencias como esta son las que Mónica comparte en su blog “Soy hipoacúsica y qué”.
La gente con discapacidad auditiva se apoya en la lectura labial y los gestos para comunicarse, pero los protocolos para evitar contagios, en ocasiones, la deja más expuesta: “Los barbijos nos tienen más aislados que nunca, en general nos ponemos más lejos de las personas y se lo bajan para hablarnos”, comenta Rosario García, presidenta de la Fundación San Francisco de Asís, dedicada a promover las posibilidades de desarrollo de personas hipoacúsicas y sordas.
El problema se hizo más evidente ahora, que los conductores de televisión comenzaron a utilizar barbijos en cámara, como manera de autoprotección pero sobre todo para dar el ejemplo sobre las conductas de cuidado.
Los barbijos y las máscaras transparentes surgieron como alternativa para cumplir con las medidas de prevención desde un enfoque inclusivo. Hay algunos emprendimientos que los fabrican en el país, como Mila Chemin, cuyos productos cuentan con una “ventana” de acetato para los labios. Sin embargo, más allá de la iniciativa individual, no está regulado su uso en los lugares de atención al público, salvo casos excepcionales.
Los barbijos transparentes surgieron para seguir cumplir con las medidas de prevención con un enfoque inclusivo.
Sandra Ferrero es profesora de sordos y militante por los derechos de las personas con diversidad funcional y, desde la delegación de Río Cuarto del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), logró que se apruebe la resolución 1118/20 para que en su ciudad los funcionarios públicos usen barbijos inclusivos. La normativa invita a replicar la iniciativa a docentes, periodistas y comercios que tengan contacto con personas o transmitan información importante.
“Si las políticas públicas fueran pensadas con perspectivas de diversidad no deberíamos estar haciendo proyectos, cuando estos derechos están plasmados en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”, afirma Ferrero.
Hay varios modelos de barbijos transparentes, pero tienen un problema. Según García, se empañan y no están preparados para ser usados por largos períodos. Por eso, Ferrero junto con el Consejo Consultivo de Discapacidad de Buenos Aires y otras organizaciones están haciendo circular un pedido en sus redes: “Es necesario que el CONICET, que recomienda un determinado barbijo para la protección contra el covid-19, revea y considere un barbijo en iguales condiciones de seguridad, pero con diseño universal para que sea accesible a todas las personas y que comprenda a aquellas que requieren de la lectura labial”.
La aplicación móvil gratuita Tescucho permite convertir en texto las palabras del hablante.
Como esta iniciativa, en abril de 2020 Leguizamón hizo un video intentando sensibilizar a la comunidad sobre la barrera que representaban los barbijos para muchas personas. Fue tal la popularidad que alcanzó que llegó a la ingeniera María Isabel Arango, investigadora y docente de UNTREF. Con la iniciativa de Arango, el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (CISTAS) de esa universidad desarrolló la aplicación móvil gratuita Tescucho, que permite convertir en texto las palabras del hablante.
García y Leguizamón recurren a este tipo de herramientas para sostener el otro lado de la pandemia, la virtualidad. Sin embargo, el objetivo original de este proyecto, según Alejandro Bidondo, director del CISTAS y coordinador de Ingeniería de Sonido en la UNTREF, era que se use masivamente en atención al público. Mientras tanto, la necesidad de adaptarse continúa recayendo en las personas con diversidad funcional y la situación sanitaria vuelve a poner en evidencia la invisibilización de este colectivo en todos los ámbitos.
