May 5, 2021 | Comunidad, Novedades
La crisis sanitaria está en un momento crítico, según un comunicado de la OMS del 27 de abril “hubo casi tantos casos en el mundo en una semana como en los primeros cinco meses de la pandemia”. El organismo insiste en que más que nunca hay que concentrarse en la vacunación.
En promedio, en los países de ingresos más bajos, una de cada quinientas personas ha recibido una de las vacunas, mientras que en los ricos una de cada cuatro ya está inmunizada total o parcialmente. La desigual distribución remite a nociones como carrera por las vacunas o nacionalismo de vacunas que circulan por los medios desde hace más de un año.
Hay iniciativas que intentan dar respuesta, como COVAX, impulsada por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la asociación Gavi. Esta última tiene entre sus miembros fundadores a Bill Gates, defensor incondicional de la medicina monopolista.
COVAX se define como una “colaboración global innovadora para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19”, pero muchos países latinoamericanos plantearon sus críticas, como lo hicieron en la 27 Cumbre Iberoamericana, por la falta de solidaridad de los estados más ricos en la distribución de vacunas.
Valeria Arza, investigadora independiente del CONICET y coordinadora de proyectos de Ciencia Abierta, afirma: “Es muy parcial la solución, se necesita algo más radical que permita aprovechar la capacidad productiva existente y sobre todo generar incentivos para invertir en mejorarla. De esa forma, aun pagando un precio justo por las licencias, se podrían disminuir costos de transporte, logísticos y aumentar la producción de vacunas. Necesitamos una estrategia a largo plazo, equitativa y global”.
Biden anunció que su país cambiará de posición y, finalmente, respaldará la iniciativa de liberar las patentes.
A raíz de una propuesta realizada por India y Sudáfrica ante la OMC en octubre de 2020, una alternativa empezó a tomar vuelo: suspender temporalmente las secciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que atentan contra la producción de vacunas a gran escala y el suministro oportuno de productos médicos en general. El acuerdo establece ciertas flexibilidades para momentos de emergencia, pero “además de las patentes, hay otros derechos de propiedad intelectual que también pueden suponer un obstáculo, y las opciones para superarlo son limitadas”, señalan ambas naciones en su iniciativa.
Arza sostiene que es una cuestión de economía política: “El potencial de que te penalicen desde la OMC hace que ningún país se anime a hacer uso de estas herramientas. Se necesita un posicionamiento global, o por lo menos del sur global”.
La propuesta logró el patrocinio de 58 países y entre los que se oponen están Estados Unidos, Brasil y Japón, aunque este miércoles Joe Biden, el jefe de la Casa Blanca, anunció que finalmente su país respaldará el levantamiento del derecho a la propiedad. En Argentina, Itai Hagman, diputado del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que la liberación de patentes se impulse también desde el Congreso.
Además se sumaron organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras con petitorios especiales que advierten sobre la necesidad de vacunar a la mayor parte de la población mundial antes que las nuevas cepas avancen haciendo que las vacunas existentes pierdan efectividad. Las próximas reuniones ordinarias del Consejo de ADPIC para tratar el tema serán el 8 y 9 de junio de 2021.
La vacuna de Astrazeneca que fue desarrollada en un 97 por ciento con financiamiento público.
El principal argumento de quienes se niegan a flexibilizar las restricciones, en consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es que las patentes incentivan la investigación y la innovación para mejorar la calidad de vida humana.
Mariano Fressoli, investigador adjunto en CONICET en el área de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, explica dos razones para refutar tal idea: “El papel que ha adquirido la patente en el capitalismo actual tiene que ver con el neoliberalismo, que en el ámbito científico se relaciona con la desinversión de la investigación y la obligación que se impone a las universidades y laboratorios de patentar para financiarse. Pero muchas de las innovaciones que se producen partieron de los recursos del sector público”, señala. Un ejemplo es la vacuna de Astrazeneca que fue desarrollada en un 97 por ciento con financiamiento público, según The Guardian.
Un segundo punto para refutar que las patentes contribuyen a la producción de conocimiento, opina Fressoli, son las innovaciones en torno a las licencias abiertas que existen desde la década del 80: “Primero se usaron para software, hardware libre y obras culturales. Este sistema de propiedad intelectual protege una forma de hacer innovación que es mucho más dinámica, rica y creativa mediante la participación voluntaria de gente con intereses diversos”.
Hay sistemas de drogas y vacunas abiertas como Open Source Malaria. En Estados Unidos existe Foldit, una aplicación de simulación de proteínas que puede descargar cualquiera y, en Argentina, Cientopolis es un proyecto para la ciencia ciudadana. “La mayoría usa este tipo de herramientas cotidianamente, como Wikipedia o Linux, falta demostrar didácticamente desde la comunicación que funcionan”, agrega.
La OMS insiste en que, para superar la pandemia, más que nunca hay que concentrarse en la vacunación.
Más allá de que la consigna es #LiberenLasPatentes, el reclamo es más amplio. Las patentes son diagramas, pero para producir a gran escala se necesita el know how, el conocimiento tácito no codificado y la transferencia de tecnología. Bregar por la apertura de patentes es necesario, pero Fressoli sostiene que también hace falta cambiar la orientación de la financiación pública para que los científicos no tengan como única opción la producción o la transferencia de conocimiento en las empresas o, si es bajo esa opción, que sea con licencia abiertas.
La discusión sobre la propiedad intelectual abre un debate para pensar si el modelo de producción de conocimiento está a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. Al respecto, el investigador dice: “La pandemia es un llamado de atención para la vida en general, el sistema de transporte, de salud, la producción de alimentos, la crisis climática y la producción científica. La necesidad de resolver problemas técnicos y generar conocimiento que vamos a tener en las próximas décadas es enorme. Los mecanismos restrictivos desincentivan porque, ¿quién va a participar voluntariamente cuando los beneficios de eso que se produce quedan en pocas manos? Es algo para pensar, no el siglo que viene sino en los próximos años”.
Abr 24, 2021 | Comunidad, Novedades
“La situación es grave y estamos pidiendo más restricciones”, señaló enfáticamente el Dr. Gabriel Rosenstein, médico del Hospital Tornú y miembro de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud y en diálogo con ANCCOM.
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, dijo el miércoles pasado en conferencia de prensa que la Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia, por lo que se apunta a disminuir la velocidad con la que ingresan personas internadas en terapia intensiva. Esto se complementa con la circulación de nuevas variantes, agregó la directora de nacional de Epidemiología Analía Rearte. A su vez, el ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Fernán Quirós, dio una conferencia de prensa el martes pasado, en la que sostuvo que hay una curva en la que los casos crecen aceleradamente desde mediados de marzo. Según el ministro, la media de casos en los días anteriores había sido de 2.700 diarios, pero la semana pasada llegó a picos de 3.339 casos nuevos. Para Rosenstein “lo que hay que mirar es la circulación del virus, más que las camas y tener en cuenta que se cuenta a una población menor a la real porque los hisopados son sólo los sintomáticos. Hoy, según datos del GCBA, estamos en 737 casos por 100.000 habitantes que es la incidencia, en promedio y contando los últimos días en Capital Federal. En la ciudad estamos en una media de 27% de positivos de todos los hisopados por día, que sigue siendo un número alto ya que para la Organización Mundial de la Salud esa cifra debe ser del 10% para considerar una situación controlada. El lunes pasado nos tocó ver alrededor de 40% a 50% de positivos de todos los hisopados en el Hospital Tornú y 80% en el Durand el domingo pasado”.
En el sistema público de CABA, hay 450 camas de terapia intensiva según el informe diario oficial del Gobierno porteño. “Hoy hay 323 camas de terapia intensiva ocupadas, superando el máximo anterior (308) que fue en agosto del año pasado”, observó Santiago Olszevicki, analista de datos, el día de ayer vía Twitter sobre las cifras oficiales en CABA. El ministro Quirós dijo el martes que las terapias del sector público están al 65% de ocupación y las del privado, al 82%. Pero también, mencionó que se han tenido que reconvertir espacios de atención de otras patologías, y que en algunos centros privados la ocupación de camas llega al 95%. Los últimos datos indican que las camas de hospitales públicos para pacientes graves y moderados están en 71,7% y 48,3% de su capacidad respectivamente. Rosenstein explicó: “La disponibilidad de camas no es tanto el problema porque es el fin del cuento y, además, importa en función del riesgo de mortalidad. Pero también, en la medida en que te quedás sin camas no sólo no podés asistir a quienes tienen covid, sino que tampoco a los que están por otras patologías, como el que necesita internarse por un infarto. En noviembre se habían vuelto a trabajar otras patologías, pero ahora estamos entrando en una pendiente y vamos a tener que evacuar salas de internación de cirugía para alojar pacientes covid”.
La Ciudad estableció un esquema de “anillos” en el que hay hospitales que tienen la capacidad para concentrar la mayor cantidad de casos por covid. Es el caso del “anillo rojo”, que son el Argerich, el Fernández, el Santojanni y el Muñiz. El Hospital Fernández anunció esta semana que cierra su Guardia y sólo se atenderán casos de coronavirus. Al respecto, Rosenstein dijo: “No se había llegado a esto el año pasado”.
El Hospital de Clínicas tiene el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Célica Irrazábal, Jefa de la División de Terapia Intensiva de esta institución espera que la demanda siga aumentando: “Vamos a abrir más camas de internación”, dijo. Se busca, además, alentar a los ya recuperados a donar plasma para atender a los nuevos casos (aquellos interesados en donar pueden escribir a plasmacovid@hospitaldeclinicas.uba.ar) y que los cuadros tengan una menor probabilidad de agravarse y así liberar espacio. Dado el número de contagios, se decidió “refuncionalizar” los servicios para que las terapias intensivas no colapsen y ya se están estableciendo criterios para clasificar a los pacientes críticos y determinar quiénes accederán de manera prioritaria a los recursos disponibles si estos se agotan.
A principios de esta semana, las camas de terapia intensiva del Hospital Santojanni estaban todas ocupadas según datos relevados por médicos de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud. En el caso el Tornú, en este momento disponen de “sólo una de las tres camas en el shock room de la guardia, que es donde están los pacientes descompensados. Tuvimos eso en promedio en los últimos días. Hace dos semanas tuvimos que pasar pacientes a la Guardia para ponerle los respiradores. En el Hospital Ramos Mejía, 14 de las 16 camas de terapia intensiva están ocupadas. En el Hospital Durand, tenés dos terapias para covid: una está llena y la otra al 90%, por lo que tuvieron que refuncionalizar tres salas. Incluso, hay gente en camillas en la Guardia. El sistema privado, al que el 80% de la Ciudad está afiliado, está desbordado. Se están internando pacientes moderados en hoteles y derivando pacientes que tienen cobertura a hospitales públicos, como muchos que se descompensan, dan vueltas por privados y quedan internados acá (en el Tornú). A esto se suman los pacientes que no están afiliados a obras sociales. Hace poco, se supo de un caso de un paciente de más de 70 años que estaba hace varios días esperando para entrar a terapia, sin vacuna. Si estuviera en Provincia, ya se hubiera vacunado”, detalló Rosenstein.
Aunque el Gobierno de la Ciudad resolvió posponer las cirugías que no sean urgentes por 30 días con el objetivo de reducir la ocupación de camas, hay casos de internación que no se tienen demasiado en cuenta en los cálculos: “Los accidentes de tránsito -son el 17% de los auxilios a los que asiste el SAME- y los casos de bronquiolitis y gripe en niños, que habían disminuido durante la cuarentena”, explicó Rosenstein. Las nuevas medidas pueden desencadenar una serie de complicaciones colaterales: “Hay cirugías que no requieren internación en este contexto, como la que se necesita en el caso de los cálculos en la vesícula, por ejemplo. Pero la espera en promedio para cirugías habituales, como ésta, era de ocho meses como mínimo antes de la pandemia, debido al deterioro del sistema público de salud de la Ciudad en los últimos años. Todo esto se agravó el último año”.
Iaroti es médica y terapista del área de Neonatología del Hospital Durand. Allí hay 22 bebés internados en promedio, entre los recién nacidos, los prematuros y los que están en situación grave. En este sector se debió incluir un área para alojar de manera ambulatoria a niños sanos debido a que sus madres están aisladas por covid, son casos sospechosos o han fallecido. “Con las nuevas directivas del Gobierno de la Ciudad por la pandemia, ejecutadas por la Dirección del Hospital, se intentan suspender servicios que no son urgencias como pediatría, neuromotricidad, estimulación temprana y neurodesarrollo”. Se trata del seguimiento de alto riesgo -que es ambulatorio- de alrededor de 30 bebés y niños que necesitan de un equipo interdisciplinario porque han nacido prematuros y tienen alguna patología especial. El objetivo es que los pacientes puedan ingresar en edad escolar en las mismas condiciones que un niño sano. “La prioridad es el covid, pero si no se interviene ahora que es el momento oportuno sobre la situación de estos niños, no hay marcha atrás después. Nos está costando mucho contener la desatención que han sufrido y sobre todo, las secuelas irreversibles. Tuvimos que reinventarnos pero estamos rearmados. Es muy grave y nadie está dispuesto a obedecer que se suspendan”. Para Iaroti, en el Hospital Durand: “Están los insumos del COVID-19, pero faltan otros. Hace poco se rompió el equipo de diagnóstico para detectar la hipoacusia precoz y estamos derivando a los niños a otros hospitales”. Incluso considera que la situación edilicia es “catastrófica”: “Se rompió un tanque y nunca tenemos agua caliente. Por eso recibimos a los bebés y niños con agua fría. Los pisos están todos rotos. Yo compré mis propias herramientas del consultorio. Nosotros ponemos el cuerpo y sacamos adelante el servicio. Pero hay mucha desidia y no hay presupuesto”.
Otro de los recursos críticos es el personal de salud. El director del Hospital de Clínicas, el Marcelo Melo, informó a ANCCOM el estado en que se encuentra el personal de salud: “El recurso humano fue lo más castigado de la pandemia. Estamos cansados y nuevamente nos toca enfrentar esta situación. Sin embargo, el personal de salud de nuestro hospital está vacunado en su totalidad. Vamos a reforzar la capacitación del personal en medidas de bioseguridad y el uso de equipo de protección personal, asegurando su provisión”. La situación es muy diferente para el enfermero Hector Ortiz, quien trabaja en el Hospital Durand y es miembro de la Agrupación de Hospitales de la Ciudad (ATE). Ortiz denunció: “Los trabajadores de la salud estamos abandonados por el Gobierno de la Ciudad. Estas variables son enormemente transmisibles y agresivas. Tenemos los hospitales abarrotados de pacientes infectados con COVID y las terapias están llenas, mientras que nos faltan recursos humanos -enfermeros, médicos, administrativos, técnicos camilleros-, contamos con respiradores rebalsados, sueldos de 40 mil pesos y ni siquiera nos reconocen a los enfermeros como profesionales”.
Iaroti y Hector Ortiz no son los únicos que reclaman mejores condiciones de trabajo al Gobierno de la Ciudad. Nelson Donato, médico del Hospital Penna y co-coordinador de los Equipos de Salud del Instituto Patria, dice: “Nos da mucha angustia que haya muerto una enfermera de nuestro hospital, Gilda Zurita, y un jefe de departamento, que si bien no estaba viniendo por tener comorbilidades, no consiguió camas para internarse en el sistema privado a pesar de tener cobertura. Terminó en la terapia de nuestro hospital, donde falleció. El equipo de salud está agotado, en especial el personal de guardia que son quienes reciben la mayor presión. El GCBA desconoce la condición profesional del sector enfermería y eso agrava la situación porque están mal pagos, desmotivados pero aún así ponen lo mejor de ellos. El sistema público de salud se sostiene por la conciencia del derecho a la salud pública. A nadie se le ocurre pensar que en Argentina uno no tiene donde atenderse, aunque no esté afiliado. Es admirable el compromiso del equipo de salud, porque eso es lo que hace que se sostenga el hospital independientemente de las políticas públicas y en un sistema como el porteño, que en los últimos 14 años tuvoo reducción de planteles básicos, cierre de camas, coronado con el intento de cederle un sector del Hospital Muñíz a los privados recientemente, aquel proyecto del “5×1” que pretendía unificar cinco hospitales en el predio donde está hoy el Muñíz, ¡es una locura juntar un hospital oncológico con uno infeccioso en el mismo predio! Hay una perspectiva privatista de la salud, de achicamiento del hospital público.”
Abr 23, 2021 | Novedades, Trabajo
Gracias a la difusión pública que tomó el despido de dos docentes en la sede Montañeses de la Escuela ORT, el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria y exigió a la institución educativa a que retrotraiga la medida.
Este jueves por la mañana se realizó una reunión en la cartera laboral donde estuvieron presentes los representantes de UTE Mariano Mango y Angélica Graciano, el delegado gremial de la escuela Sacha Unamuno, las dos docentes despedidas –Violeta Sznaider y Mariana Sampaiño- y, en representación de la ORT, su director ejecutivo, Adrián Moscovich y el director adjunto, Julio Nieva Moreno.
Al principio de la audiencia, la escuela había solicitado 48 horas para revisar la situación, pero de todas maneras el Ministerio ordenó la conciliación obligatoria y, al menos mientras esta se extienda, tanto Szanaider como Sampaiño deberán ser reincorporadas a sus funciones.
Las docentes habían sido despedidas el pasado 14 de abril por adherir al paro docente que exigía el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictaminados en el marco de la pandemia del covid 19. La Escuela ORT Argentina ya tiene antecedentes de conductas antisindicales y de avanzar sobre el derecho de agremiación: en diciembre de 2019, una decena de profesores fue despedida por intentar organizarse para defender sus derechos laborales.
Abr 22, 2021 | Novedades, Trabajo
La Escuela ORT con sede en Belgrano despidió a dos profesoras que se habían adherido al paro masivo del miércoles 14 de abril. En el momento más delicado del rebrote reclamaban la suspensión de la presencialidad y que se continúe de forma virtual. La institución, con antecedentes similares, no respetó el derecho a huelga.
Días previos a que se haga público el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, los gremios docentes organizaron un paro masivo para el miércoles 14, reclamaron la suspensión de la presencialidad debido al aumento de casos en la Ciudad y la -cada vez más cerca- saturación del sistema de salud. Fue un paro anticipatorio a lo que dos días después iba a anunciar el presidente Alberto Fernández. Para el día que se expuso el DNU, las dos docentes de la ORT habían sido despedidas por reclamar en un paro lo que acababa de ordenar el Presidente.
La medida de fuerza gremial tuvo una adhesión del 90%, y Mariana Sampaiño al igual que Violeta Sznaider fueron unas de las tantas docentes que se sumaron al paro. Sus nombres se hicieron públicos entre los demás colegas por lo que les sucedió en los días posteriores. Cuando después del paro quisieron volver a trabajar se enteraron de manera insólita que las habían despedido. “El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional –dijo Sampaiño a ANCCOM-, sin una causa aparente y sin ningún telegrama. El miércoles fue el único día que no me presenté, me adherí, entendiendo que la situación actual es extrema”. Sznaider sufrió las mismas consecuencias. “Me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana” dijo y señaló que se enteró por sus colegas que no se trataba de un error en el sistema. De parte de la institución nunca se comunicaron, decidieron bloquear los correos y acceso al campus virtual. “Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre” se quejó Sznaider.
Las docentes cuentan con una experiencia de más de 10 años en la ORT. Sznaider tiene estudiantes de Historia, Formación Ética y Ciudadana de 3º y 4º año. Sampaiño, además de dar las mismas materias y también Geografía de 2º a 4º, acompaña a los estudiantes que participan en las Olimpíadas de Historia.
El paro fue en defensa de la salud y la vida, se basó en la evidencia actual y en lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación el 2 de julio de 2020, que dictamina un protocolo para que sean posibles las clases presenciales, siempre y cuando no exista un alto riesgo de contagio y se cumplan los 9 puntos enunciados, que tienen que ver con condiciones y protocolos sanitarios. Se pueden dictar clases presenciales en distritos donde exista un riesgo bajo de contagio, es decir, donde la razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas sea menor a 0,80 y donde la ocupación de camas sea menor al 60%. Parámetros que han sido ampliamente superados en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha del paro docente.
La Escuela ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina, cuenta con dos sedes en la Capital Federal y tiene tres niveles educativos. Si bien tiene sus orígenes dentro de la comunidad judía, se ha ampliado y abierto a la comunidad en general. Pero estos cambios no parecen regir con los docentes, “hay una persecución ideológica y un intento de regimentar”, asegura Sampaiño. Siguiendo la misma línea, para Sznaider los despidos arbitrarios son un claro ejemplo de persecución e “intento de querer callar a quienes defendemos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, y en este paro en particular quienes queremos defender la salud de estudiantes, familias y docentes”.
Las profesoras sostienen que la institución se manejó ilegalmente, ya que en el marco de la situación de emergencia actual el Gobierno de la Nación prohibió los despidos y suspensiones sin causa justa, entre otros. Esta reglamentación fue prorrogada en enero de 2021. Los despidos que violen la prohibición del Gobierno, en teoría, no producirán efecto alguno, se deberán mantener las laborales existentes, y es por esto por lo que Sacha Unamuno, quien es delegado en la escuela, asegura que están analizando las medidas. “Hicimos una presentación en la justicia, también está circulando un petitorio para que sean reincorporadas y estamos sumando apoyo de toda la comunidad”, contó a ANCCOM.
Y agrega que la decisión de la escuela viola un derecho constitucional como es el derecho a huelga, dejando a la vista la persecución hacia los trabajadores. “No vamos a dejar pasar estos despidos porque son ilegales, son arbitrarios y son discriminatorios”, es el mensaje que quieren hacer oír Mariana Sampaiño, Violeta Sznaider y quienes apoyan su causa.
Las docentes vienen trabajando desde principio de año de manera presencial sin estar vacunadas. “Estamos adentro de la escuela desde el 17 de febrero y nadie en la escuela media en CABA está vacunado, salvo los directivos, en la ORT somos más de 400 docentes y ninguno con su vacuna”, detalla Sampaiño. Se debe aclarar que la escuela cuenta con las herramientas y pudo garantizar satisfactoriamente la educación a distancia en el 2020.
Sampaiño no puede dejar de relacionar lo sucedido con lo que pasó en 2019 en un marco diferente, “es claramente vinculable con los 10 despidos de diciembre de hace dos años, es toda una persecución ideológica, reclamamos derechos elementales y en una situación excepcional, donde nos afecta ya que vivimos de nuestro salario, esos 10 compañeros no tuvieron nunca una respuesta”, cuenta a ANCCOM. Luego de esos despidos se había abierto un espacio de diálogo con las autoridades de la escuela, esto permitió la mejoría en algunas condiciones de trabajo.
Al momento que se publica esta nota existe un panorama confuso en la Ciudad, han abierto colegios dispuestos a dar clases presenciales y otros que han acatado el Decreto de Necesidad y Urgencia. La directiva de la Escuela ORT no ha dado respuesta por los despidos de Mariana Sampaiño y Violeta Sznaider y se ha dispuesto a seguir sin muchos cambios. “Solo enviaron un comunicado organizando las clases de manera híbrida, con presencialidad en el turno noche”, cuenta Sacha a ANCCOM.
Abr 22, 2021 | Noticias en imágenes
