“Tenemos gente que se está muriendo en la casa. Hay pacientes que se mueren dentro de los hospitales porque no hay oxígeno, eso no puede suceder”, cuenta Celina Castellón, directora del Colegio de Enfermería de Jujuy. Al comienzo de la pandemia la provincia se perfiló como modélica en cuanto al control del Covid-19. Sin embargo, a mediados de junio la situación cambió drásticamente y hoy el sistema de salud (tanto público como privado) se encuentra saturado. El aumento de casos, la falta de recursos en los hospitales y la ausencia de políticas sanitarias dejan a la provincia de Jujuy desamparada. El clima que se vive en los hospitales es alarmante y aquellos que transitan la enfermedad en sus hogares no reciben la atención necesaria.
Hasta el parte vespertino del miércoles 19 de agosto Jujuy registraba 133 muertos y 5.360 casos: tras CABA y Buenos Aires, es el tercer distrito más castigado por la pandemia. Actualmente, aunque muchos medios informan que el 93% de las camas están ocupadas, el abogado del Colegio de Enfermería provincial, Alberto Elías Nallar, detalla que esa cifra no es real: “Si hubiera un 7% de las camas disponibles, la gente no se estaría muriendo en sus casas”.
El brote
Desde el inicio de la contingencia, el gobernador Gerardo Morales adoptó una política punitiva y persecutoria. Las regulaciones en torno al uso del barbijo y la circulación tenían una sanción monetaria. El director de Radio Nacional de Jujuy, Federico Noro, declara que incluso “se marcaban las casas de aquellas personas que tenían coronavirus”. A su vez, se creó el Comité Operativo de Emergencias (COE) cuyo fin es informar a la población sobre la situación de la pandemia y acompañar a las diferentes instituciones en la problemática. Sin embargo, las voces aquí plasmadas coinciden en que no son eficientes. “La sede del COE es un edificio aparte, los funcionarios van ahí y hacen una transmisión diaria de lo que sucede, difunden placas informativas por WhatsApp y realizan manejo de redes. En mi opinión, se crean con el objetivo de desligar a Morales de toda la responsabilidad que recae sobre él”, observa Noro.
En mayo, el gobernador ofreció llevar el fútbol a Jujuy. En diálogo con TyC Sports, Morales explicó: “Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”. En este sentido habilitó salidas según la terminación del DNI, reactivó algunos sectores económicos y actividades sociales. “Cambió el Día del Padre por decreto con el fin de evitar contagios, pero dos semanas después lo permitió, y ya había más de 200 casos”, expresa el director de Radio Nacional. Muchas de las empresas habilitadas, como por ejemplo Ledesma, que hoy cuenta con más de 300 contagiados y ocho muertos.
En junio comenzó el brote del virus a partir de un operativo policial habilitado por el gobernador y los contagios se volvieron imparables. “El objetivo era reforzar los controles en la frontera para evitar que circulen personas que podrían estar infectadas –relata Nallar-. Para ello, fueron enviados 60 funcionarios. A este punto, ya no hablemos más de distancia social. Ahí, dos policías cruzan y contraen la enfermedad. Al llegar, desconociendo que padecían el virus, comienzan a transmitir el virus a sus familiares y a dispararse los contagios”.
Noro considera que nunca hubo un foco central en las políticas sanitarias. “Morales intentó mostrar que hacía cosas, más que hacerlas. Los hospitales de campaña, por ejemplo, no tenían calefacción. La gente se iba a curar de una enfermedad pulmonar como es el Covid-19, y se moría de frío. Es una locura. Había más ganas de mostrar que se ocupaban que de hacer algo realmente”, sostiene Noro.
El gobernador Gerardo Morales contrajo coronavirus. También su vice, Carlos Haquim.
Desamparo y silencio
Actualmente no son solo los hospitales los que se encuentran colapsados sino también los cementerios: los deudos de los muertos cavan fosas en los pasillos. Castellón detalla que “la gente se muere en las casas y tienen al cuerpo ahí como por tres días porque no le dan el certificado de defunción. Los cementerios están saturados, no hay donde enterrar a los pacientes y es terrible”.
Mientras tanto el personal que trabaja en el campo de batalla carece de los elementos de protección adecuados para tratar a pacientes con Covid-19. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar porque resultaron contagiados. “Utilizan un barbijo social para ocho horas laborales, pero a las tres horas ese barbijo ya no sirve. Y lo digo con conocimiento de causa, soy enfermera en control de infecciones”, explica la especialista. A su vez, los hospitales de campaña mencionados (realizados para tratar la pandemia) están completamente desabastecidos y su infraestructura es frágil: muchos de ellos son simples carpas. Además, según Castellón, carecen de elementos esenciales como suero, oxímetros y equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud. “En un comienzo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a un hospital de campaña y no tenían nada. Los baños son comunitarios y tampoco hay calefacción. Unas colegas fueron aisladas ahí, la comida era mala y el edificio no tenía puertas”, cuenta.
A esta problemática, se añade que la mayor parte del sector de Salud no está recibiendo su sueldo en tiempo y forma. “La gente no cobra hace cuatro meses y muchos renuncian. Nosotros aprendimos a salvar vidas, para eso hemos sido formados y no para dejar morir gente. Es terrible para el personal de salud ver esto”, declara la enfermera Castellón.
Jujuy tuvo la ventaja de contar con algo de margen para prepararse y la representante del Colegio de Enfermería explica que para ello era necesario capacitar a las personas y abastecer el sistema de salud, habilitar camas e instalaciones. A través de una carta documento solicitaron al gobernador, Gerardo Morales, que se prepare en buena forma porque conocían la gran falta de recurso humano en sanidad. Sin embargo, aunque el pueblo jujeño respetó la cuarentena estricta, esos 90 días no fueron utilizados como deberían para proveer recursos. “Como el gobernador no nos dio respuesta, hicimos una acción de amparo solicitando elementos de protección personal y recursos –cuenta Castellón-. El juez (Sebastián) Damiano no nos dio lugar y salió desfavorable para el trabajador”.
El Gobierno provincial, en cambio, incorporó nuevo personal, pero lo hizo de manera irregular, cercenando derechos laborales y atacando a la libertad de expresión “Les hacen firmar declaraciones juradas a médicos donde se los hace responsable de lo que suceda en el servicio y se los llama a hacer silencio -manifiesta la enfermera-. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, todas son quejas en silencio, en la oscuridad de las cuatro paredes. Pero acá no hay una dictadura, acá tenemos que salvar las vidas”.
Al borde del abismo
“Se ha dicho que todo paciente que de positivo tiene que cursar la enfermedad en su casa –dice el abogado Nallar-. Imaginen, en Jujuy nadie es tan rico como para aislarse en un cuarto de huésped. Acá tenemos dos habitaciones y tenemos que convivir con nuestras familias. Conclusión: Todos enfermos”. Por lo tanto, advierte, al total de tres mil contagiados que cursan la enfermedad (muchos de los cuales cursan la enfermedad en su casa), hay que multiplicarlo por cuatro o cinco del grupo familiar que no están registrados. “El sistema está colapsado, el total de las camas están ocupadas, las imágenes que se ven de gente contra las camillas amontonadas dan la pauta de que no dan abasto ¿Cómo van a estar tirados así, como perros?”. A partir de la saturación del sistema de salud, se instaló un sistema de telemedicina en el que se reincorporaron a personas de sesenta años. “Los médicos y médicas no pueden asistir al domicilio y cuando alguien llama, se mueren con el teléfono en el oído porque no hay nadie que pueda asistir a socorrerlos”, dice Nallar.
Una joven residente de medicina, a quien llamaremos “Equis” porque prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, comenzó a trabajar como voluntaria en un call center donde se pide atención médica y se gestionan ambulancias. La operadora, que daba turnos médicos por teléfono, ahora recibe cualquier tipo de consultas. Por lo tanto, ahora hay un 0800 para turnos y otro creado especialmente para Covid-19. Con cada llamado se hace una primera clasificación del caso: si necesita atención médica, una cama o no. Después de este trabajo los técnicos se encargan de buscar una cama o ambulancia para las situaciones graves.
Según el día y el horario, el call se satura o está tranquilo. “El pico de terror es después de la transmisión del COE (Comité Operativo de Emergencias 2020). La gente se asusta mucho con sus declaraciones. La última vez se habló de medicación que se puede proporcionar sin consultar, y la gente llamó para preguntar qué podía tomar”, relata la residente. En su primera semana de trabajo le tocó una llamada de un paciente con Covid-19 grave. “No había ambulancia, no había cama y nadie iba a verlo –cuenta Equis-. Entre que yo hablaba con los técnicos y con el pariente, el señor murió. En un momento llamo al familiar con el que me había estado comunicando y me dice: ´Creo que mi hermano se fue porque está frío y ya no respira´”.
Al estar los médicos colapsados, las personas reclaman la demora en la atención: “Hace tres días solicité un médico, dijeron que iban a llamarme pero me siento mal y nadie me llama”. La directora Castellón, quien padece la enfermedad, relata cómo no recibió ningún tipo de asistencia y ha tenido que proveerse los insumos por su cuenta. Equis, por su parte, observa: “Todo el mundo quiere hisoparse pero no alcanza. Ni cerca. Como no hay disponibilidad de tests, pedimos que se encierren dos semanas y que esperen al llamado del médico”.
Los ministerios de Salud de Jujuy y de la Nación articularon medidas para luchar contra la pandemia, enviando ayuda para controlar la situación e incluso asistieron profesionales nacionales. A Nallar no le parece suficiente. “Le están mandando un auto de carrera a un inválido. No necesitamos ayuda, necesitamos gestión”, enfatiza. La situación se volvió aún más preocupante cuando el 15 de agosto le diagnostican coronavirus al gobernador Gerardo Morales. Luego de la distribución que realizó en persona de bolsones con donaciones a barrios carenciados y la visita a hospitales en la zona roja de Ledesma, la autoridad cayó enferma. “En el momento más crítico, cuando estábamos pasando por el ojo de la tormenta, el piloto dijo: ´Me voy ́, y nos quedamos todos arriba”, dice Nallar con preocupación. El 19 de agosto el vicegobernador Carlos Haquim fue confirmado también con coronavirus. “Hay acefalía absoluta, desgobierno total, y las personas que corresponden a las líneas sucesorias, o forman parte de la población de riesgo con enfermedades tales como diabetes o problemas de bypass gástrico, o son incompetentes para gobernar”, asevera Nallar.
Ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar manifestaciones, el 18 de agosto el Colegio de Enfermeros junto con 200 instituciones enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que piden que los resortes del Estado se pongan al servicio de la salud pública, que la Nación asuma la garantía de la vida y la salud de todos los ciudadanos y que se envíe una suerte de ministro de Salud que se haga cargo del manejo de la pandemia. “Le pedimos al presidente que con la misma eficiencia y solidaridad que trabaja en el AMBA, nos dé una mano para que asuma la conducción del sistema sanitario de la provincia”, detalla Nallar. En esta línea, Casetellón añade: “Jujuy también es parte de Argentina aunque estemos en la frontera, somos un sistema republicano federal y el señor Presidente no puede olvidar esto. Necesitamos que nos ayude, queremos salvar a nuestro pueblo”.
Las aulas se encuentran vacías y los chicos en sus casas. Pero la comunidad educativa, lejos de estar ausente, mantiene redes de contención y ayuda. Desde la distancia, las cooperadoras escolares se vuelven actores fundamentales para la continuidad del vínculo entre familias, maestros y alumnos. Patricia Barrera, vicepresidenta de la cooperadora de la escuela N° 3 D.E. 15 señaló que hay una naturalización en la diversificación de sus funciones, “lamentablemente en los últimos años la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires ha caído y tuvimos que salir a tapar agujeros”.
El rol social de las cooperadoras se profundiza en contextos de crisis y en medio de la pandemia la brecha tecnológica fue uno de los problemas más importantes. La suspensión del Plan Conectar Igualdad en 2015 implicó que muchos jóvenes no recibieran su notebook. Este plan fue reemplazado por otro llamado Aprender Conectados en el que se entregaban computadoras, pero para compartir y ser usadas en las escuelas. Desde el inicio de la cuarentena, fueron muy pocos los equipos entregados por el Gobierno de la Ciudad para sortear la desconexión. Uno de los grandes problemas es que, en general, en una misma casa hay más de un niño escolarizado, padres haciendo teletrabajo y, con suerte, un solo dispositivo, sin contar que el acceso a internet tampoco está garantizado y que varios niños entre seis y once años no cuentan con un teléfono móvil para uso personal.
El Observatorio Argentinos por la Educación realizó un relevamiento de datos en todo el territorio nacional que concluyó que el 7,2% de los estudiantes que finalizan la primaria y la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con acceso a Internet en su hogar. Pero la conexión no significa poder mantener la instrucción virtual. El Ministerio de Educación se acercó a las escuelas para poder realizar un relevamiento que habría arrojado porcentajes parecidos, pero desde las cooperadoras se denuncia que estos datos son erróneos. Diana Reingart, tesorera de la cooperadora de la Escuela Primaria Nº 26 del Distrito Escolar 6º manifestó: “Le estaban haciendo las preguntas a la gente que iba a buscar el bolsón, personas que se enteraron que eso estaba ocurriendo, porque hubo otras que no supieron porque no tienen conexión –añadió Diana–. Que tengas un teléfono, no significa que estés conectado y que puedas hacer la tarea, porque necesitás internet, capacidad en el celular y saber usar los programas”.
“En nuestra escuela, en las primeras semanas de pandemia venían 9 o 10 familias a buscar ayuda, ahora son 27″, dice Kors.
Las cooperadoras buscaron registrar información propia al respecto, por lo que circuló una encuesta en todas las escuelas públicas de la Ciudad. Barrera manifestó que en este relevamiento se concluyó que el 40% de los chicos en edad escolar no cuenta con la posibilidad de mantener una educación virtual. Varias cooperadoras de distintos colegios se las ingeniaron para ayudar a los alumnos que no poseían conexión usando sus propios recursos económicos con la compra de planes de datos, el pago de internet, el préstamo de algún dispositivo que conseguían y principalmente con la entrega de las actividades escolares impresas.
En las escuelas con menos recursos, la situación resulta más grave: muchas no cuentan con cooperadoras, o tienen organizaciones muy frágiles. Carolina Martínez es profesora de inglés en la Escuela Primaria Nº 6 del Distrito Escolar 21. Allí asisten muchos niños de la Villa 20 con los cuáles fue muy difícil establecer el primer contacto. La directora debió realizar un rastreo de todos los alumnos y sus familias a principio de año porque varios habían perdido el celular, se habían mudado o se encontraban aislados por haberse contagiado. De los 500 alumnos que hay en su escuela, Martínez calcula que más o menos 100 no cuentan con la posibilidad de conectarse porque no tienen internet, computadora o los padres no pueden ocuparse.
El Gobierno de la Ciudad está considerando dar comienzo en septiembre a las clases presenciales para aquellos chicos que no pudieron mantener la conexión virtual. Se estima que son cerca de 5.100 alumnos los que no han tenido contacto con sus docentes desde marzo, pero la iniciativa generó una fuerte resistencia de muchos sectores de la educación pública. La medida implicaría exponer a los chicos de menos recursos a situaciones peligrosas. Luego de que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, expresara el 14 de agosto esta iniciativa, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta aseveró que “no están dadas las condiciones epidemiológicas para volver”.
Un relevamiento de las cooperadoras porteñas concluyó que el 40% de los chicos no tiene acceso a la educación virtual.
Los problemas del retorno a la escuela presencial son diversos y graves, teniendo en cuenta que desde hace años los auxiliares de limpieza son menos de la cantidad necesaria y no es posible garantizar las medidas de higiene. “Existe la idea de que los chicos se contagian y no pasa nada, pero el chico no va solo a la escuela, tiene que haber docentes, auxiliares, padres que los lleven, señaló Reingart y agregó: “Además todavía se están evaluando las secuelas que puede dejar el virus. Si el pibe se infecta y le queda una secuela de por vida por asistir dos meses a clases muchos consideramos que es ridículo”.
Tampoco queda claro si habrá incorporaciones de nuevos docentes para realizar las clases presenciales y continuar con las virtuales o si ambos trabajos serán responsabilidad de las mismas profesoras. Reingart expresa que en su escuela se fomenta la inclusión, la solidaridad y el compartir, es por esto que ve muy complicado lograr que los chicos mantengan la distancia, que no se presten los barbijos o que no se abracen después de tantos meses de aislamiento: “Te muestran fotos de la sociedad japonesa pero allí estudian así normalmente, con repetición, sentados, sin moverse. Acá se propicia otra cosa, los docentes van a tener que cumplir una función de policía para la que no están entrenados”.
Carmen Razzotti, presidenta de la cooperadora de la Escuela N°17 de la comuna 14 advirtió que en un principio se había dejado filtrar la idea de que la desinfección de las escuelas iba a estar a cargo de las cooperadoras: “Nos resistimos completamente. Si queremos comprar lavandina para que todo esté más limpio porque la que manda el gobierno no alcanza, es cosa nuestra, pero que el FUDE no incluya hacernos responsables de la tarea de sanitización”. El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es el subsidio anual que el Gobierno les otorga a las cooperadoras para poder hacer frente a sus gastos. El año pasado estuvo cerca de los 100 y 130 pesos por alumno y se calcula de acuerdo a la matrícula y a otros factores que no están claramente determinados. La mayoría de las escuelas todavía no lo cobraron este año y la situación se agrava teniendo en cuenta que en circunstancias normales las cooperadoras obtienen fondos con la organización de eventos que están imposibilitados y con las cuotas sociales, que en la mayoría de los casos no están pagándose debido a la crisis económica.
“El bolsón es bastante carente en lo nutricional», denuncia Barrera.
Julia Kors, miembro de la cooperadora del Jardín Pablo Picasso, explicó que en su escuela hubo familias que se sintieron incómodas al manifestar la necesidad de recibir donaciones porque no estaban acostumbradas, pero sus ingresos se habían visto afectados por la crisis o el desempleo. Y otras que, en un principio, intentaron prescindir de la asistencia, pero la desesperación los llevó a acercarse. “En las primeras semanas de este contexto de emergencia contábamos con unas nueve o diez familias que habían podido transmitir la necesidad de contar con un ayuda por parte de la cooperadora y ahora son unas 27”, subraya Kors. En su escuela se formó una red de donaciones de ropa, alimentos, artículos de limpieza y transferencias bancarias por parte de las familias que están económicamente mejor a las cuentas de otras que lo necesitan. A su vez, las meriendas que el Gobierno de la Ciudad entrega cada quince días son donadas por los chicos que no les hacen falta a otros que sí.
En las escuelas de jornada completa la entrega quincenal se trata de dos bolsones de alimentos que deberían reemplazar el almuerzo de un niño en edad escolar de lunes a viernes, pero Barrera manifestó que no son suficientes. “El bolsón es bastante carente en lo nutricional. El menú escolar tiene platos con distintos tipos de carne roja, de cerdo, huevos una vez en la semana, que por supuesto no está en el bolsón”, dice Barrera.
Una de las propuestas que surgieron desde distintos colectivos de la educación pública fue el reemplazo de los bolsones por una tarjeta alimentaria para ayudar a las familias, evitar la circulación y que puedan elegir qué comer. Pero pareciera que este proyecto no va a prosperar porque supone una inversión mucho mayor por parte del Estado. Para Barrera el problema más importante es otro: “Hay un gran negociado entre el Gobierno de la Ciudad y los comedores que brindan el servicio de comidas”.
Razzotti advirtió que a veces la sensación de que el bolsón que no alcanza tiene que ver con que se usa para alimentar a toda la familia, pero es la ración para el niño o niña que asiste al colegio. En su escuela se preparan canastas y cajas complementarias para la semana en la que el Gobierno no entrega los bolsones, allí se incluye alimentos y artículos de limpieza: “Procuramos que la comida tenga algo fresco y sabroso. A veces los funcionarios creen que con un fideo y un arroz alcanza y no. Conseguimos queso, entonces las familias tienen para hacerse unas ricas pizzas y la vida es un poco mejor”, agregó.
Estos contactos quincenales o semanales fortalecen el vínculo. Razzotti notó que hay necesidad de apoyo psicológico: “Humanamente hay mucha necesidad emocional, que se traduce en necesidad económica, apoyás emocionalmente y después ayudás con alguito. Muchas veces no le solucionás la vida, pero estás ayudando un poco y estás escuchando otro poco”. Además, las cooperadoras también están a cargo de controlar la calidad y la cantidad de bolsones. Varias veces los alimentos frescos llegan en mal estado o podridos y deben realizar la denuncia.
El trabajo de las cooperadoras es fundamental pero en aquellos colegios donde no existe esta organización, no hay red de contención, ni FUDE, ni ayudas en la compra de material didáctico o en la impresión de las tareas o en el acceso a internet. En la escuela de Carolina Martínez la cooperadora no pudo organizarse, principalmente porque necesitan dinero del que las familias no disponen. Allí todos los alumnos se acercan a retirar sin falta los bolsones y la crisis dejó a varias familias sin trabajo: “Todos los padres limpian casas o son amas de casa o albañiles, si hay algo que no está sobrando es plata”.
Las escuelas con población socio-vulnerable sufren una doble victimización: son las más desprotegidas y a su vez las que menos organización tienen. Las cooperadoras al sumar acciones voluntarias, favorecen al Estado ausente que delega en ellas parte de sus tareas. En donde esta organización no es posible, la desigualdad se vuelve cada vez más profunda y difícil de saldar.
El último informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 habrá un notorio incremento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNYA) de la Argentina que se encontrarán por debajo de la línea de pobreza. Según el segundo estudio del año realizado por la organización, Argentina pasaría de 7 a 8,3 millones de chicos y chicas pobres, lo que representaría el 62,9% de ese grupo etario.
Los datos presentados por UNICEF, tanto en el primer estudio desarrollado en abril (“La pobreza y la desigualdad de niños, niñas y adolescentes en la Argentina”), como en el publicado durante los primeros días de agosto (“Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”), están basados en información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10%, a la vez que mejoró el acceso a ellos: en abril, el 8% de las personas que concurrieron a un comedor aseguraron tener problemas para llegar o retirar viandas, indicador que en julio se redujo al 1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por falta de recursos disminuyó levemente del 28 al 26%.
El segundo informe muestra que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza ahora al 47% de los hogares con NNYA, frente al 22% que lo recibía en abril, lo que significa que son 2.8 millones los hogares donde al menos un miembro lo recibe, con un impacto total de 13 millones de personas.
Si bien la ayuda por parte del Estado está en alza, de acuerdo con las estimaciones abordadas por el segundo estudio, se incrementará un 33% la pobreza extrema infantil, es decir, todos aquellos chicos y chicas que siquiera tienen acceso a una canasta básica.
“La situación que atravesamos es compleja para todos. Pero aún más para los niños, niñas y adolescentes excluidos por la sociedad. Para ellos, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, el efecto de la pandemia es devastador en un sentido amplio. Porque por más que el Estado haya organizado diferentes formas de ayudar, como por ejemplo en la educación, con clases virtuales, difundiendo contenido educativo en la televisión, aun así los niños pobres o en extrema marginalidad no pueden acceder a eso porque no cuentan con las herramientas necesarias. No tienen posibilidades por la precariedad misma de sus vidas. Asimismo, a pesar de todas las medidas estatales muy bien implementadas, no podemos escaparle a la desnutrición y a la malnutrición en la infancia, lo cual juega un papel muy importante en el desarrollo de cada niño”, asegura Sonia Almada, psicóloga y directora de ARALMA, asociación civil dedicada a la erradicación de todo tipo de violencia hacia la infancia.
«En general, los chicos no solo sufren la falta de comida de techo, también otras violencias, como la familiar», dice Almada.
“Que no se cumplan los derechos básicos de los niños y niñas es violencia. Ellos son las víctimas invisibilizadas en este contexto de pandemia. Por lo general, no solo sufren la falta de comida o de un techo, también padecen otros tipos violencias, como la familiar. Ese es un llamado que hoy casi no se puede contestar. Desde ARALMA estamos muy preocupados porque nuestra actividad se vio fuertemente reducida. Al estar cerradas las escuelas, estos chicos no tienen contención, ya no contamos con la intervención de maestras o gabinetes psicológicos para que nos informen y poder ayudarlos, tampoco podemos salir a hacer las recorridas para visitarlos. La mayoría de los chicos no tienen cómo denunciar, cómo contactarnos, es realmente muy complicado”, subraya la especialista y agrega: “El aumento de niños bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, sin dudas implica el crecimiento de este tipo de violencia que hasta el momento no recibe respuesta eficaz por parte del Estado”.
El Estado, desde el comienzo de la pandemia, lanzó una serie de programas para ayudar a quienes más lo necesitan, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la tarjeta Alimentar, destinados a evitar la caída de millones de familias en la pobreza extrema. Esos programas durante el mes de julio alcanzaron al 36% de los hogares frente al 19% en abril.
“Lo ideal sería que ningún chico necesite de planes sociales para cubrir sus necesidades básicas. Igualmente, las medidas implementadas por el Estado son pertinentes y oportunas. Constituyen un ingreso para las familias, una ayuda. Creo que estos programas deberían aumentar, y mantenerse más allá de la pandemia”, comparte Natalia Cabral, politóloga asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y docente en la Universidad Nacional de Moreno.
Desde abril, la concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10% de los chicos y chicas del país.
“Resulta necesario ampliar la ayuda a las instituciones comunitarias como comedores y merenderos, jardines comunitarios, espacios de primera infancia. Así como también impulsar y sostener proyectos socioproductivos, sociolaborales de contraprestación para que quienes reciben ese ingreso por parte del Estado sean reconocidos y se reconozcan como trabajadores, que tengan las herramientas para poder generar más ingresos a su economía”, dice Cabral y ejemplifica: “Potenciar Trabajo y Terminalidad Educativa, son un ejemplo de esto, son programas que apuntan a atender el contexto de emergencia pero también se piensa a largo plazo. Son esas políticas a las que debemos apuntar para dar una respuesta integral a la situación de tantos niños y niñas”.
Es inminente la necesidad de políticas integrales, por eso UNICEF presenta un plan de respuestas que se basa en tres pilares de acción: mejorar la respuesta de salud pública para reducir la transmisión y la mortalidad por coronavirus; trabajar en la contención de los “impactos secundarios” de la pandemia, como la pérdida de clases presenciales, la malnutrición o el aumento de la violencia; y promover medidas de protección e información para prevenir el contagio del virus. Todo un desafío para la Argentina que viene.
El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
A medida que pasa el tiempo, la pandemia también hace estragos en la economía. A pesar de la ayuda estatal, muchas empresas y muchos empleos quedarán en el camino. Sin embargo, las crisis, a veces, alumbran oportunidades, como la de la pizzería 1893, del barrio porteño de Villa Crespo, que ahora será gestionada por una cooperativa formada por sus trabajadores.
La situación de este comercio es un caso particular. Ubicada hace más de 25 años en la esquina de Scalabrini Ortiz y Loyola, la pizzería gozó siempre de popularidad en el barrio, de manera que muchos clientes habituales visitaban el lugar de manera constante. Pero a diferencia de los demás locales, la situación comenzó a ponerse adversa desde tiempos anteriores a la pandemia, debido a que la relación del dueño con sus empleados nunca fue buena.
“No pagaban las cargas sociales. Yo estoy hace 13 años y nunca me las pagaron, siempre decían que se habían adherido a un plan de pagos”, explica Ernesto De Arco, experimentado mozo de la pizzería. “Un compañero –continúa ejemplificando- fue a atenderse a la obra social y no lo admitieron porque no tenía al día las cuotas. Y había atrasos de hasta tres meses en los pagos del aguinaldo”.
Sumados a todos estos problemas, llegó la pandemia y tuvieron que actuar rápido: “Cuando autorizaron para abrir con la modalidad de delivery, la emergencia económica de los compañeros hizo que metamos presión para que abra el local porque el jefe no estaba dando señales. Así pudimos abrir y administrar todo”, explica De Arco, quien además detalla que su jefe se desligó completamente de la situación, sosteniendo que los pagos de sueldos eran imposibles y la situación irremontable.
La administración en equipo fue uno de los momentos más duros para levantar el negocio: “Con la recaudación del día íbamos guardando para poder comprar la materia prima para trabajar, y lo que quedaba lo repartíamos entre los compañeros y compañeras, si teníamos suerte nos hemos llegado a llevar 500 pesos y había días que no podíamos llevarnos nada”, comenta.
La idea de mantener la pizzería nunca se puso en cuestionamiento. De Arco expresa que la decisión fue colectiva, ya que no había respuestas ni buena predisposición por parte del dueño, Danilo Ferraz: “Nos trataba muy mal, era un tipo muy prepotente”.
Sin embargo, y pese a las adversidades a las que se tenían que enfrentar los empleados de 1893, los buenos comentarios y las ayudas no tardaron en llegar. “Los clientes y los vecinos del barrio nos apoyaron, de hecho hemos recibido muchos llamados para demostrarnos su apoyo y darnos fuerzas. Inclusive hubo gente que se puso a disposición para dar una mano en lo que necesitáramos”, dice De Arco. “También se acercaron referentes políticos de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y nos ofrecieron sus herramientas políticas para llevar adelante el conflicto, así que junto a estos referentes y abogados que nos han acompañado pudimos continuar. También el comunero Leonardo Lucchece se acercó para darnos una mano”, agrega.
Con respecto a la situación actual y qué futuro le depara a 1893, De Arco comenta que el proyecto y las intenciones de mantenerlo están más fuertes que nunca: “Estamos arrancando con la cooperativa, firmamos el contrato de alquiler recién a mitad de julio, nos puso muy contentos. Por suerte gracias al apoyo de vecinos tenemos una buena cantidad de pedidos, así que venimos muy bien.”
“Hoy somos 13 socios, los mismos que arrancamos cuando sucedió el conflicto. También están los cocineros y compañeros de salón, personal que se encarga de todo lo que administrativo, cajera y delivery. Somos las personas que se necesitan para trabajar con el salón lleno, por eso no es necesario por ahora que todos trabajemos todos los días, por la cantidad de ventas de hoy”, comenta De Arco.
“Beneficio económico no estamos sacando mucho –subraya el mozo-, primero porque tuvimos que pedir plata prestada para juntar casi el millón de pesos que necesitábamos para firmar el contrato de alquiler, así que tenemos bastante para devolver. Por supuesto que atendemos las necesidades especiales de algunos compañeros y compañeras que tienen prioridades que no se pueden posponer, como compañeros que alquilan y no pueden demorar los pagos. Pero de a poco vamos a ir haciendo retiros con las ganancias que generemos, recién estamos empezando pero pronto vamos a poder sacar un beneficio todos los socios”, explica.
La mítica y reconocida pizzería de la zona de Villa Crespo logró levantarse, no solo de la adversidad que trajo el covid, sino de una situación que también arrastraba hace tiempo y que perjudicaba especialmente a sus trabajadores, principales responsables del engranaje que hacía que el negocio rindiera sus frutos. De a poco, el local se va asentando en buenas bases y pusieron como regla principal algo que es de destacar: el trabajo en equipo y el compañerismo como regla principal, y por sobre todas las cosas.
