May 25, 2017 | DDHH
El mes de mayo fue un periodo de enardecida actividad para los organismos y movimientos que luchan por los Derechos Humanos en Argentina. Pocos días después de la multitudinaria marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, nuestro país recibió la visita de representantes de dos entidades internacionales especializadas en materia de Derechos Humanos: el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias (GTDA) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se encuentra sesionando en Argentina.
Las misiones arribaron en medio de un clima marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas por parte del gobierno nacional -reflejados en el cuestionamiento a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el resurgimiento de la Teoría de los Dos Demonios- y en la existencia de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la actualidad.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003). La comitiva, integrada por dos expertos del ACNUDH, Setondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia), recorrió las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, inspeccionó 20 centros de reclusión (penitenciarías, comisarías e instituciones de salud mental) y mantuvo reuniones con autoridades federales y provinciales, representantes de la sociedad civil e individuos privados de su libertad, con el propósito de hacer una evaluación general del Sistema de Justicia Penal en Argentina.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003).
El jueves 18 de mayo, al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar. Entre la variedad de temas abordados, los oradores manifestaron su preocupación por la existencia de selectividad en las detenciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como del sistema legal. “Tomamos conocimiento de los amplios poderes que tiene la policía para privar a las personas de su libertad en base a la sospecha de comisión de un crimen o por verificación de identidad, que son frecuentemente utilizados contra personas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Steinerte. “Observamos la existencia de selectividad en la aplicación del Sistema de Justicia Penal en relación a individuos de determinados entornos socioeconómicos. Las personas de condición humilde y en situación de vulnerabilidad, como niños de la calle, el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), los pueblos indígenas, los migrantes y las personas comprometidas con movimientos sociales tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía y reciben un trato diferencial por parte del Sistema de Justicia Penal de Argentina”, agregó.
También expresaron su descontento ante el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, sobre lo cual Steinerte declaró: “Según las leyes nacionales 24.390, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica judicial. Como resultado, los detenidos con prisión preventiva constituyen cerca del 60% de la totalidad de detenidos por el Sistema de Justicia Penal. También observamos que el límite de dos años para la medida de prisión preventiva, indicado por la legislación argentina, es frecuentemente excedido.”
Uno de los casos más representativos de detención sin una condena firme es el de Milagro Sala, dirigente social jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada bajo el régimen de prisión preventiva desde enero de 2016 a la espera de su enjuiciamiento. Al respecto, los expertos argumentaron que la evaluación llevada a cabo no fue diseñada para hacer el seguimiento de un individuo particular sino que se trató de una visita comprensiva y general. No obstante, Steinerte se refirió al caso: “Nos reunimos con la dirigente social Milagro Sala, entre otros detenidos. La opinión adoptada en 2016 por el GTDA (que considera que el encarcelamiento de Milagro Sala se trata de una detención arbitraria) se mantiene firme.”
Durante la conferencia, Adjovi y Steinerte enumeraron otras problemáticas que se contradicen con los ideales universales de la dignidad humana promovidos por el ACNUDH. A partir de sus hallazgos preliminares, criticaron la utilización de comisarías como centros de detención por períodos prolongados, situación ligada al excesivo uso de la prisión preventiva y la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. También resaltaron la escasa aplicación de medidas alternativas a la detención -disponibles en la legislación argentina-, la imposición de sanciones disciplinarias como el aislamiento y el uso de fuerza, el extenso confinamiento de personas con discapacidad psicosocial y de bajos recursos en instituciones psiquiátricas sin perspectivas reales de liberación, y la cuestión de menores de edad en conflicto con la ley, sobre lo cual Steinerte expresó: “La excepcionalidad de la privación de libertad de menores de edad no es ampliamente impulsada en el país, ya que tuvimos conocimiento de instancias de detención de individuos menores de 16 años (edad de imputabilidad establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil argentino).”
Al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar.
Por último, en referencia al tema de la detención de migrantes, ambos expertos se pronunciaron en contra la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que, según denunciaron, modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina Nº 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “Estos cambios deberían haber estado sujetos a un debate abierto y transparente, ya que la detención en el contexto de migración debe ser excepcional y sólo puede justificarse si persigue un fin legítimo”, alegó Steinerte.
El GTDA presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. “Vinimos a Argentina con la invitación del Gobierno nacional, lo cual supone un compromiso de su parte para escuchar nuestras recomendaciones y tomar medidas en consecuencia”, concluyó Adjovi. “Tenemos altas expectativas de que se van a realizar cambios basados en nuestra evaluación. Pero hay que recordar que el Gobierno funciona junto con la sociedad, por lo que estas recomendaciones son de interés para todos.”
Al día siguiente, viernes 19 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre Organizaciones de la Sociedad Civil y tres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente de la Comisión y Relator para Argentina Francisco Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para debatir acerca de la situación de los Derechos Humanos en el país. El encuentro, previo al inicio del 162º periodo de sesiones extraordinarias del CIDH (que por primera vez se desarrollará en Argentina), tuvo lugar a partir de las 16 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y contó con la participación de referentes de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité por la Liberación de Milagro Sala y la Asociación Buena Memoria, entre otras agrupaciones y particulares interesados.
Pablo Lachener, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó a ANCCOM algunos detalles acerca de la reunión: “Fue un encuentro de carácter informal que la CIDH tuvo con organizaciones de la sociedad civil argentina por fuera de su agenda oficial. Los asistentes expusieron en breves minutos los temas que consideran que requieren de la intervención de la Corte Interamericana, y la Comisión escuchó todos los planteos.”
Entre los temas planteados, Lachener destacó la creciente preocupación por retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia, e intervenciones vinculadas a la situación carcelaria, restricciones a la migración, violencia policial, persecución de sectores vulnerables, escasez de medicamentos para la comunidad LGBTI, falta de acceso a servicios de salud, interrupción del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, entre otros reclamos.
“Nosotros presentamos un informe advirtiendo sobre determinadas manifestaciones públicas un tanto preocupantes de algunos funcionarios del gobierno respecto a la última dictadura y por la actuación de los tres poderes del Estado en causas de lesa humanidad. Hay preocupación por el nivel de retrocesos en materia de políticas públicas que está llevando adelante el actual gobierno”, expresó Lachener.
La CIDH inauguró el nuevo período de sesiones el lunes último en el salón Atalaya del hotel Sheraton y extenderá sus audiencias públicas hasta el viernes 26 de mayo. Pese a que los casos de Argentina no están en agenda, los organismos de derechos humanos tienen expectativas de que se haga un relevamiento de ellos para ser tratados en la sesiones de julio en Perú.
Actualizada 24/05/2017
Mar 9, 2017 | Géneros
Al unísono, cientos de miles de mujeres marcharon, cantaron, gritaron (una vez más) por sus derechos, por mayor igualdad laboral y económica, para que el patriarcado las deje de matar, para que las dejen decidir sobre su cuerpo.
Las calles del centro porteño temblaron en este histórico primer paro internacional en el Día de la Mujer Trabajadora, bajo el lema “Ni Una Menos, porque libres y vivas nos queremos”, una masiva y diversa movilización, también con la participación de varones, se manifestó desde Congreso hacia Plaza de Mayo.
Correlato de lo que sucedía en más de 50 países, el #8M #NosotrasParamos expresó el hartazgo hacia la creciente violencia machista y la profunda desigualdad persistente en el ámbito doméstico, laboral, sindical y político.
Entre los reclamos incluidos en el documento leído al final, se exigió la libertad de la dirigente social Milagro Sala, detenida ilegalmente hace ya más de un año en Jujuy y cuya situación ya ha sido denunciada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
“Paramos y movilizamos contra todas las violencias hacia las mujeres, paramos contra la violencia económica, los femicidios y las políticas de ajuste del gobierno macrista”, subrayó el pronunciamiento.
El #8M #NosotrasParamos expresó el hartazgo hacia la creciente violencia machista y la profunda desigualdad.
El paro internacional de mujeres no pudo escapar a la coyuntura iniciada el pasado lunes con la movilización de docentes, continuada el martes por la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a su llamado a un paro general “sin fecha” que generó un profundo malestar en los miles de manifestantes que se habían movilizado con esa expectativa. De hecho, uno de los estribillos que más resonaba entre las mujeres que marchaban era: “Poné los huevos para el paro nacional”.
Pasado el mediodía, las columnas fueron inundando la avenida Rivadavia, nutridas por organizaciones como Pan y Rosas del Frente de Izquierda (FIT), de La Cámpora y Nuevo Encuentro, de gremios docentes como SUTEBA y SADOP, de SITRAJU de las judiciales, como así también agrupaciones universitarias, como SUR y FUA, y de movimientos de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB) y pueblos originarios, entre otros.
No obstante, también hubo una fuerte presencia de mujeres independientes que, solas o acompañadas, se sumaron al paro y movilización feminista con consignas inscriptas en carteles hechos en sus casas, o transcriptos en su cara, cuello, piernas, brazos.
“El lugar de la mujer es la revolución”, “Ni tuya ni puta”, “Vivas nos queremos”, “Ni la Iglesia, ni el Estado, yo decido”, “Patriarcado, vamos por vos!”, ”Mi cuerpo, mi territorio”, “El 8/3 paramos”, “Basta de violencia!” “Ni una sola mujer por aborto clandestino”, fueron solo algunas de las consignas que se enunciaron a lo largo de toda la tarde.
Miles de mujeres marcharon, cantaron, gritaron por sus derechos, por mayor igualdad laboral y económica, para que el patriarcado las deje de matar.
“La verdad que decidimos venir porque estamos cansadas, yo salgo por dos horas solamente en la calle, piropos, guarradas directamente, no me imagino todas esas mujeres que están todo el día en la calle trabajando, es respeto más que nada, creo que todos merecemos respeto, todo el mundo”, sostuvo Verónica, de 19 años, quien se manifestaba por primera vez, acompañada por sus amigas Milena y Aldana, de la misma edad.
En un informe realizado en el 2016, por el movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, las mujeres comienzan a sufrir acoso callejero desde los 9 años.
“Le enseño a mi hija a que nadie le pegue, que tiene derechos, a pelear por su derechos”, señaló Eugenia García, una mujer de 40 años que asistió a la marcha desde muy temprano con su hija.
“Mi historia de vida me trajo hasta aquí”, afirmó. Su ex marido la golpeaba. “Pude terminar de estudiar y desperté”, reflexionó.
“Yo veo como cómo a muchas de sus vecinas del barrio le pasa lo mismo. Las cagan a palos y se acostumbran por miedo”, completó en diálogo con ANCCOM.
Durante el 2016, se registraron 327 casos de femicidios con un promedio alarmante de una mujer cada 30 horas, según un informe realizado por la organización Casa del Encuentro.
Con un cartel y una foto, que pedía “Justicia por Verónica”, la ex suegra Andrea Galiardi, la joven de 17 años asesinada por su novio en junio del 2015, se sumó al reclamo. “Mi hijo estuvo tres años y medio de novio con Vero pero un buen día dijeron de darse un tiempo, a los poquitos meses se fue a bailar a un boliche de San Martín y allí conoció a quien hoy es su asesino”, describió.
“Paramos y movilizamos contra todas las violencias hacia las mujeres, paramos contra la violencia económica, los femicidios y las políticas de ajuste del gobierno macrista”.
”Salieron alrededor de tres meses y medio y él comenzó con los tratos de los benditos celos, y Verónica no quería eso para ella, entonces decidió ir a la casa, para hablar tranquila, para que cuando se vieran en la calle se saludaran y siguieran bien, pero él, lamentablemente, la estaba esperando con un cuchillo de guerra y la mató de siete puñaladas”, narró.
El asesino fue encarcelado desde el primer día, a la espera del juicio oral que se llevará a cabo este año.
La participación de las mujeres en la vida política fue otro de los reclamos. Alejandra López, secretaria general del SADOP, afirmó: “Actualmente son muchas las compañeras mujeres que militamos, que aportamos, que tenemos proyectos propios mancomunados dentro la organización sindical para pelear contra estas políticas neoliberales de ajuste”.
Pero apuntó que “sí nos debemos dar, puerta para dentro de cada organización sindical, la discusión para generar mayores lugares de participación de las mujeres. Hoy estamos en pleno proceso de cambio”.
La desigualdad en los espacios de trabajo sigue siendo profunda. Es el caso de los talleres gráficos que, según señaló a ANCCOM, Viviana Benítez, delegada gráfica, “es un gremio donde la mayor labor es masculina”. Y advirtió: “Somos muy pocas las mujeres que realizamos tarea, estamos siempre en la parte de mesa, la parte liviana”.
Apuntó, además, que en ese ámbito “el trabajo de mayor remuneración es el maquinista” y que, más allá de que la tecnología avanzó, no hay maquinista mujer. “Por más que hoy sea apretar un botón, lo aprieta un hombre, lo sigue haciendo un hombre. Peleamos por eso, porque somos compañeras, somos mujeres, hacemos las misma tarea que hacen ellos y tenemos el mismo derecho. Nosotras la queremos hacer”, subrayó.
Las calles del centro porteño temblaron en este histórico primer paro internacional en el Día de la Mujer Trabajadora, bajo el lema “Ni Una Menos, porque libres y vivas nos queremos”.
Los bombos peronistas, las percusiones, las murgas, marcaron el pulso de los reclamos en una tarde que amenazaba por momentos lluviosa y por otras cercanas al calor de las semanas anteriores.
“Pasito para acá, pasito para allá, si nos organizamos no nos van a parar”, cantaban y bailaban al ritmo de la canción popular de Gladys, la “Bomba Tucumana”, las mujeres organizadas del Movimiento Evita.
Dos niñas de no más de cinco años, transitaban junto a sus madres con un cartel, dibujado y coloreado por ellas, con una inscripción escrita que denotaba el espíritu de la tarde. “Fuertuda”, decía.
No hubo espacio que no fuera intervenido artísticamente. Los esténcils con la consigna “Vivas nos queremos” en medio de la Avenida 9 de Julio, las paredes con carteles en donde las personas podían completar por qué hacían el paro, los árboles, con carteles y notas denunciando, con nombre y apellido, a hombres acusados de violación, solamente por mencionar algunos de los cientos que se fueron sucediendo.
La noche había llegado y muchas de las organizaciones que marchaban no alcanzaban a pisar las cercanías de la histórica Plaza de Mayo, absolutamente repleta, sin centímetros de sobra para ni siquiera un alfiler.
En el escenario de cierre, la periodista Liliana Daunes le puso voz al documento que consensuado con las organizaciones sociales y políticas, acompañada por más de 30 mujeres de distintos espacios, entre ellas la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la actriz Cristina Banegas, Ana María, la mamá de Melina Romero –la adolescente asesinada en 2014-, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores, Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU-Caba) y una de las referentes de la Corriente Federal de Trabajadores, Araceli Ferreira, diputada del Movimiento Evita, Myriam Bregman del PTS, Vilma Ripoll, del MST.
Entre otras cuestiones, se reclamó el cese de los despidos y de la flexibilización laboral, la reincorporación inmediata de todas las despedidas, el acceso a todas las categorías en igualdad de condiciones que los varones, la implementación y ampliación en todo el país de la Ley de Cupo Laboral para personas trans y la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Algunas pantallas se detuvieron al final del día en los incidentes frente a la Catedral de Buenos Aires, donde un pequeñísimo grupo, tras el cierre del acto, comenzó a arrojar objetos e inició una fogata. Sin embargo, la historia recordará a las más de 300.000 mujeres que unidas renovaron la lucha para parir “una sociedad nueva”.
Actualizado 09/03/2017
Feb 28, 2017 | Entrevistas
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió un caso sobre libertad de expresión para anunciar cómo considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y manifestó su preocupación porque “el caso plantea un verdadero debilitamiento de la protección judicial e internacional de las víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Semanas atrás, el máximo tribunal resolvió no cumplir con un fallo de la CIDH que ordenaba al Estado argentino revocar su sentencia en el Caso Fontevecchia, porque consideró que el fuero internacional no es una “cuarta instancia” revisora para el país. Por voto mayoritario, la Corte justificó su decisión afirmando que si “tuviese que revocar su propia sentencia firme, estaría perdiendo su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino, en violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional”. Juan Carlos Maqueda, el único disidente, sostuvo que con las modificaciones incluidas en la reforma constitucional de 1994, las sentencias del tribunal internacional deben ser cumplidas por el Estado y son obligatorias para la Corte.
Los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico fueron denunciados por daños y perjuicios por el entonces presidente Carlos Menem, debido a tres publicaciones en la revista Noticias (1995) en las que revelaban la existencia de un hijo extramatrimonial del funcionario. En 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra los periodistas, al considerar que se había violado el honor y la intimidad del ex presidente. Fontevecchia y D’Amico pagaron la indemnización exigida por la Corte, pero recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 declaró que el Estado argentino había violado la libertad de expresión de los periodistas y exigió, entre otras cosas, revocar el fallo de la Corte que los había condenado. Esa es la sentencia que el máximo tribunal de justicia se ha negado a cumplir y que podría funcionar como precedente para futuras decisiones que impliquen violaciones de derechos humanos por parte del Estado argentino.
Federico Efrón, coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, reflexionó sobre las posibles consecuencias de la decisión de la Corte Suprema y la importancia de los sistemas internacionales en la defensa de derechos humanos. “Es muy preocupante, grave, y contradice los últimos 25 años de lo que la Corte Suprema argentina venía resolviendo al considerar que nuestro sistema judicial es un bloque donde juegan armoniosamente la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y donde el sistema interamericano operaba como una instancia más donde uno ante una gran violación de derechos humanos y ante una absoluta falta de respuesta del sistema jurídico nacional, podía hallar una respuesta y una reparación. Todo eso hoy está en duda”, consideró. En ese sentido, remarcó la necesidad del Estado de cumplir con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que exigió la liberación de Milagro Sala y denunció la arbitrariedad de su prisión preventiva.
¿Cuáles fueron las razones que dio la Corte Suprema para no cumplir con la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia?
La Corte se negó a dejar sin efecto la condena y dijo dos cosas esenciales. En primer lugar, que la Corte Interamericana no tenía la facultad de dictar ese tipo de reparación, que no podía decirle a la Corte Suprema argentina que deje sin efecto esta condena. En segundo lugar, dijo que, en cualquier caso, hay que analizar si la sentencia de la Corte Interamericana está en consonancia con el derecho público interno. Lo que la Corte Suprema argentina hizo fue dejar de lado la jurisprudencia de los últimos 25 años, en donde se entendía que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. En lugar de continuar sosteniendo que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos deben ser entendidos en forma armónica como un bloque constitucional en sí mismo, lo que ha entendido es que hay un dualismo, que son dos cuestiones distintas y que los tratados de derechos humanos que están en la Constitución se van a aplicar en la medida que respeten el derecho interno.
La Corte se apoyó en el artículo 27 y 108 de la Constitución en su argumentación…
Exactamente. De ahora en más, habrá que hacer un cotejo para ver si las sentencias del sistema interamericano y los tratados de derechos humanos están en consonancia con el derecho público interno en los términos del artículo 27 de la Constitución. El artículo 75 inciso 22 de la Constitución contiene los tratados de derechos humanos obligatorios para Argentina, que son parte de la Constitución. Lo que pasa es que la Corte hace una lectura recortada de ese artículo, y únicamente utiliza la parte que dice que los tratados no alteran la primera parte de la Constitución. En la primera parte de la Constitución está el artículo 27, y como el artículo 75 inciso 22 dice que los tratados no pueden alterar la primera parte, la Corte estableció que, de ahora en más, los tratados de derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana tendrán que revisarse para ver si están alterando o no el artículo 27, que es el de derecho público interno. Esto es incorrecto, porque el mismo artículo 75 inciso 22 incluye la referencia a las condiciones de su vigencia y dice que debe entenderse complementario de los derechos y garantías conocidos en la primera parte. Entonces, al recortar el 75 inciso 22, vuelve a un sistema de dualismo en el cual son dos cosas separadas: la Constitución y los tratados de derechos humanos. Cuando, en realidad, lo que se venía haciendo y fortalecía tanto a nuestro sistema como al sistema interamericano, era un entendimiento en forma coordinada y armoniosa del bloque de constitucionalidad federal, que es la Constitución y los tratados.
¿Qué consecuencias puede traer esta decisión en la garantía de derechos humanos de los argentinos?
Las consecuencias están por verse pero pueden ser muy importantes, porque frente a una situación de una gran violación de derechos humanos de un ciudadano argentino en la cual el sistema argentino no le dio ninguna respuesta, hasta antes de este fallo, y por lo menos en los últimos 30 años, uno podía ir al sistema interamericano y había una razonable expectativa de tener una sentencia favorable. Esa sentencia favorable implicaba una reparación, implicaba justicia. La cuestión es que ahora, con este fallo, una víctima puede ir al sistema interamericano, puede obtener una condena al Estado argentino, pero la Corte después revisará si esa condena es aplicable o no. Entonces, todo puede quedar simplemente en un papel que dice que se condena al Estado argentino. Además, esto puede llevar a que pierda fuerza la utilización de los sistemas internacionales de protección, la utilización de los tratados de derechos humanos en la búsqueda de justicia en los tribunales nuestros.
¿En qué criterios se van a basar para decidir?
Aparentemente, de ahora en más, ellos van a revisar si la Corte Interamericana podía dictar la condena, si podía imponer el remedio. En este caso el remedio era dejar sin efecto la condena. Bueno, la próxima vez van a revisar si se podía hacer determinada cosa. Y después, van a hacer una comprobación de si ese remedio está en consonancia con nuestro derecho jurídico interno. Es muy preocupante.
¿Este precedente puede afectar en la situación de Milagro Sala?
Esa es una pregunta difícil. No es exactamente la misma situación, ya que una cosa es una sentencia de la Corte Interamericana y otra cosa es una decisión del Grupo de Trabajo que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros seguimos sosteniendo que Argentina debe honrar esa resolución. Además, hay que tener en cuenta que en la situación de Milagro Sala, la decisión del Grupo de Trabajo se basa por supuesto en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en cuestiones de derecho interno, porque hay violaciones a derechos que están protegidos en nuestra Constitución y en leyes nacionales. Entonces ahí es una incógnita qué es lo que va a suceder.
El gobierno argentino ha decidido ignorar los pedidos internacionales por la libertad de Milagro Sala y responder que la justicia es independiente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Las obligaciones internacionales las asume el Estado argentino. Y el Estado argentino frente al mundo está representado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional es el presidente. La obligación de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo sigue estando en cabeza del presidente. A su vez, en el marco de los trámites ordinarios de las causas penales de Milagro Sala, hace un mes acaban de llegar dos recursos extraordinarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces hay una oportunidad para que la Corte Suprema dicte una resolución sobre la detención preventiva de Milagro Sala. Pero son dos cosas distintas. El Estado argentino, en la cabeza de nuestro presidente, es responsable de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo. Además, una de las cosas que valoró el Grupo de Trabajo es que había serias dudas sobre la imparcialidad de la justicia de Jujuy. Ahí nosotros aportamos un montón de información en donde queda muy en claro la injerencia directa del gobernador (Gerardo) Morales en la designación de funcionarios judiciales que tuvieron y tienen que ver con la detención preventiva de Milagro Sala. Para nosotros no es novedad que esté puesta en duda la independencia judicial en Jujuy.
¿Cuál es la situación legal de Milagro Sala?
Hay separadas discusiones. Una cosa tiene que ver con las acusaciones a Milagro Sala. Si las denuncias son serias, por supuesto que se tienen que investigar. Lo que está pasando es que todas las investigaciones contra Milagro Sala están siendo llevadas por funcionarios que han sido designados de alguna u otra forma por el gobernador Morales, quien a su vez se presenta como querellante en las causas. La otra discusión, la que se da desde el primer día, es que la prisión preventiva de Milagro Sala es arbitraria y es ilegal. Eso es lo que estamos discutiendo, porque la regla en el proceso penal es la libertad. En el caso de Milagro Sala no hay justificación de entorpecimiento en la investigación, ni de posibilidad de fuga. Y como no hay justificación, entonces es injustificada su detención, que ya lleva más de un año. Eso es lo que entendió el Grupo de Trabajo, que dijo con mucha claridad que el Estado argentino no aportó información que justifique la detención preventiva de Milagro Sala. Ella fue imputada en diciembre, fue llamada a indagatoria en enero, concurrió, designó abogado defensor, dio su domicilio personal, colaboró con la justicia como todo imputado debe hacer. Sin que haya cambiado nada en el medio, a los cinco días es detenida. No hay justificación en su prisión preventiva, eso es lo arbitrario e ilegal.
¿Cuáles son los próximos pasos en el caso?
Hoy el Estado argentino debería estar cumpliendo con la decisión del Grupo de Trabajo. Eso es algo que no está haciendo. Por otro lado, hay dos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema que se van a resolver en las próximas semanas o meses. Uno tiene que ver con que su detención preventiva se hizo sin haber hecho el proceso de desafuero. Ella tiene fueros como diputada electa del Parlasur y la justicia jujeña se olvidó por completo y la mandó a detener como si fuese ciudadana común, y no lo era desde el momento que fue elegida democráticamente como diputada del Parlasur. El otro recurso extraordinario es por la detención preventiva injustificada. La regla es la libertad, y la excepción es la prisión preventiva. Para que esta se dé lo más importante es que haya una fundamentación, que haya motivos que hablen de un peligro de fuga, o que la persona estando en libertad entorpezca la investigación. Esto no se acreditó nunca.
En la visita de Mauricio Macri a España, el diputado de Podemos Íñigo Errejón consideró que la detención de Milagro Sala forma parte de una política del gobierno: combatir a los pobres. ¿Qué opina al respecto?
Es difícil pensar en eso porque afortunadamente la única detenida en estos términos es Milagro Sala. La situación de Sala es extremadamente grave pero a su vez es única. Yo creo que en el caso de ella se inserta en otra cuestión claramente interna, en la cual era manifiesto que el gobernador Gerardo Morales tenía una decisión tomada respecto a qué es lo que iba a hacer con ella. Pero sí nos parece muy importante el apoyo internacional y sí es un ejemplo de las consecuencias que tiene el Estado por no cumplir con una decisión de un Grupo de Trabajo de la ONU. Esta no es la primera vez. Ya vino el primer Ministro de Canadá, distintas organizaciones del mundo se han manifestado en ese sentido, hay un montón de cartas que llegan a los distintos consulados y embajadas de Argentina en el mundo preguntando qué pasa, por qué Argentina no cumple. Estas son las consecuencias que hay cuando no se cumple con una decisión de un tribunal internacional.
¿Hay alguna otra vulneración de derechos en la provincia de Jujuy?
Hay una situación bastante compleja en todo lo relacionado a la protesta. Hay muchas organizaciones sociales que han estado protestando por distintas cuestiones sociales –respecto al trabajo, a las cooperativas- y están sufriendo no solo situaciones de represión, sino también de criminalización. Hay un hostigamiento de parte del Poder Ejecutivo jujeño que no es exclusivo hacia la Túpac, sino hacia muchas otras organizaciones en Jujuy.
¿Alguna otra provincia argentina se encuentra en una situación similar?
Sí, hay distintas situaciones. Una de las más graves es la de Chubut. El gobernador Mario Das Neves tiene un discurso muy claro, tratando de terroristas a los mapuches. Eso ha llevado a que en los últimos meses se hayan dado situaciones extremadamente violentas, y no es la forma de responder a los reclamos legítimos de las comunidades indígenas.
Actualizado 28/02/2017
Ene 17, 2017 | Comunidad
El lunes pasado se cumplieron 365 días desde que la Argentina ingresó en el escueto listado de países con presos políticos, según lo dictaminaron el Grupo de Trabajo de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Desde entonces, el amañado Poder Judicial de Jujuy –que responde al gobernador radical de Cambiemos, Gerardo Morales- mantiene presa a la dirigente social Milagro Sala. Por eso, el Puente Pueyrredón –que une la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda- amaneció ayer cortado por las organizaciones que integran el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala. Movilizaciones similares, banderazos, radios abiertas y pintadas públicas se replicaron en todo el país.
En Jujuy, en la puerta del penal del Alto Comedero –donde está detenida Sala- hubo una olla popular como forma de protesta. En La Plata, los manifestantes se reunieron en la esquina que une a las calles 7 y 50. En Lomas de Zamora y Moreno las organizaciones populares hicieron volanteadas en puntos estratégicos y en La Matanza volvieron los cortes de la Ruta 3. En Bariloche, los militantes pintaron consignas en las inmediaciones del Centro Cívico y en Chubut se leyó un comunicado en el histórico aeropuerto de Trelew. Los turistas de Mar del Plata pudieron escuchar la radio abierta que funcionó en La Rambla y los de Rosario, apreciar las pegatinas que se desarrollaron en las calles céntricas.
Mientras todo esto ocurría, en la sede porteña de la Tupac Amaru tuvo lugar una multitudinaria conferencia de prensa de la que participaron decenas de dirigentes de distintos espacios políticos y sociales, entre los que se encontraban el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa; la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, el sacerdote del Movimiento Opción por los Pobres Francisco Oliveira; el nieto restituido Horacio Pietragalla; los intendentes de Avellaneda y Ensenada, Jorge Ferraresi y Mario Secco; los sindicalistas Hugo Yasky, Daniel Catalano y Víctor Santa María, el prestigioso jurista Julio Maier, dirigentes de las distintas vertientes de la izquierda como Christian Castillo y Vilma Ripoll; del radicalismo como Leopoldo Moreau y Leandro Santoro, de La Cámpora como Andrés Larroque; del Frente Renovador como Fernanda Gil Lozano y la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
El coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, señaló que no se trata de un problema del kirchnerismo o el antikirchnerismo. “Este es un problema de la democracia”, enfatizó. Vivimos en emergencia democrática desde el 10 de diciembre de 2015 con un gobierno que encarcela y reprime a los opositores”. Muy cerquita, Verbistky destacó y valoró la defensa jurídica de que tiene la dirigente detenida pero subrayó: “La libertad de Milagro Sala sólo se va a conseguir con organización y participación popular.
Ante un silencio atronador, Garfagnini y Gómez Alcorta anunciaron que el Comité por la Libertad de Milagro Sala denunciará al gobierno nacional y al jujeño por las maniobras ocultas para desactivar los reclamos de libertad realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las pruebas que aportarán se encuentra una serie de mails que publicó el diario Página/12 y dan cuenta de la connivencia entre el Poder Judicial jujeño, el Poder Ejecutivo provincial y el nacional para organizar una estrategia que justifique la detención de la líder social.
Cuando terminaron las exposiciones, tanto en el local del barrio de Monserrat como en el Puente Pueyrredón, explotó con furia el canto que exige “para Milagro la Libertad, para Morales el repudio popular.”
17/01/2017
Dic 28, 2016 | Entrevistas
Según la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien desde febrero representa a Milagro Sala junto a Pablo Llonto y otros cuatro colegas, no hay dudas que el gobernador Gerardo Morales necesita a la dirigente de la Tupac Amaru presa. Para ella, la detención por el acampe frente a la sede del Poder Ejecutivo provincial era insostenible, y por eso le armaron otra causa. “El objetivo es que parezca una ‘chorra’ y operar en la opinión pública, no como un caso de persecución política, sino de corrupción”, asegura.
En Jujuy, explica Gómez Alcorta, peligra el Estado de Derecho, donde tiene primacía la aplicación de las normas vigentes: “Se encuentra completamente vulnerado. Deja así de funcionar un sistema que nos garantiza a todos. Y cuando vemos que son capaces de generar órdenes de detención por cualquier cosa, que las causas están llenas de irregularidades, decimos que hoy es Milagro Sala, pero mañana puede ser cualquiera”.
La ley nacional 27.120, en su artículo 16, dispone para los parlamentarios del Mercosur las mismas inmunidades que gozan los diputados nacionales. Este artículo no ha sido derogado y tampoco fue declarado inconstitucional. No existe una sola resolución que le quite los fueros a Milagro Sala.
“Lo que hubo fue una orden de detención –aclara– pero en vez de resolverse dentro de los 10 días que se prevén para la liberación o el dictado de prisión preventiva, los jueces se tomaron más de 100 en resolver: es decir que Milagro Sala estuvo presa ilegalmente no solo por tener fueros, sino además porque se la mantuvo con una simple orden de detención”. Sobre este hecho, puntualiza la abogada, están tramitando una causa en la justicia federal contra los magistrados jujeños Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, en la cual Milagro Sala actúa como querellante. Hoy, la expectativa de Gómez y del resto de los abogados de Sala, es pasar en algún momento de la justicia provincial a la federal que permite llegar a la Corte Suprema.
“El objetivo es que parezca una ‘chorra’ y operar en la opinión pública, no como un caso de persecución política, sino de corrupción”, asegura.
Ante tanto escrito y desmentido, ¿cómo se montó la secuencia judicial para detener a Milagro Sala?
El 16 de enero, el juez Raúl Gutiérrez firmó la orden de detención de Milagro por “tumulto”, ante al acampe de la Tupac. Pero ese mismo día el juez se enfermó, pidió una licencia médica y se designó al juez Gastón Mercau. Por esta causa, el 26 de enero, Milagro fue excarcelada. Inmediatamente concatenaron una nueva orden de detención en relación a una segunda causa por extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública. Y posteriormente se le iniciaron causas por encubrimiento, lesiones y una idéntica a la de fraude a la administración pública.
¿Qué justificaría su prisión preventiva y cómo explica que todos los pedidos de excarcelación hayan sido rechazados?
La orden de detención sólo puede ser dictada si hay muestras de que la persona quiere eludir la justicia o entorpecer la investigación. Pero Milagro, cada vez que fue convocada para tomar conocimiento de una causa o prestar declaración, siempre concurrió. Lo cierto es que las resoluciones que le niegan la excarcelación en cada una de las causas tienen como único fundamento, absolutamente arbitrario, que por ser líder de la Tupac tiene un poderío supuestamente grande para llevar adelante cualquiera de las prácticas que implicarían una detención.
Entonces, ¿por qué está presa?
Por lo que es y por lo que hizo. Milagro Sala es una mujer, kolla, dirigente social y política. Y lo que hizo es dejar en evidencia que agrupaciones como la Tupac pueden organizarse, trabajar, hacer obras de forma más eficiente y más barata que las empresas privadas. No hay pruebas para que Milagro Sala esté detenida, esto es una exclusiva decisión política.
¿Esto implica una persecución a los dirigentes sociales y políticos?
Sí. Y a la inversa, su liderazgo social y político es un argumento a favor de su libertad, porque significa que Milagro tiene una responsabilidad política y un cargo público elegido por el voto soberano, que como mínimo debe evaluarse como un elemento que da mayor responsabilidad y menor probabilidad de fuga. Por otro lado, las intervenciones en cada una de las causas están plagadas de irregularidades que vulneran el debido proceso.
ALTO COMEDERO – JUJUY – FOTOS GENTILEZA PAULA GUELER
De estas irregularidades, ¿cuál le parece fundamental?
Una muy grave: el hecho de que a Milagro se le designa una fiscal, Liliana Montiel, para que intervenga en todas las actuaciones que existan con respecto a ella. Esto es algo absolutamente ilegal e inconstitucional. Para explicarlo de manera sencilla, un fiscal debe intervenir en una fiscalía, nunca la designación puede ser en todo lo que atañe a una persona, para cualquier cosa.
¿Cuáles son sus condiciones de detención dentro del Penal N° 3 del barrio Alto Comedero, de Jujuy?
En este penal para presos comunes comparte el espacio con aproximadamente 40 internas, tiene los mismos derechos que el resto, ningún privilegio, mantiene el mismo régimen, en idénticas condiciones que las demás compañeras, con visitas los miércoles, sábados y domingos por la tarde. Y tiene el derecho a realizar cuatro llamadas al día con un teléfono común, el que utilizan todas las detenidas.
¿En qué consistió el agravamiento de sus condiciones de detención, que se publicó en algunos medios?
Durante mayo y los primeros días de junio hubo un agravamiento en virtud de 21 días de falta de agua caliente dentro del penal, que además no tiene calefacción. Cuando los familiares de las internas han querido ingresar ropa de abrigo, no lo han permitido, sumado a que existen celdas de castigo como método de sanción disciplinaria. En el marco de esa situación puntual presentamos un habeas corpus correctivo, que fue rechazado, a pesar de que reconocen la situación en cuanto a servicios indispensables como agua y calefacción. Luego del habeas corpus cambiaron el calefón y, maliciosamente, después ingresaron una estufa eléctrica. Pasado todo este tiempo, publicaron unas fotos desmintiendo la situación que nosotros habíamos denunciando. Ahora, pensemos que hay muchas detenidas que no están en condiciones económicas de afrontar esto y que el penal no proporciona calefacción.
¿Qué opina del tratamiento mediático que se hace sobre la causa?
Basta ver las imágenes en las cuales se muestra a miembros de una cooperativa retirando dinero de una caja del Banco Nación, como si fuera plata robada, por ser personas humildes, cuando era plata sujeta a un convenio que estaba perfectamente acreditado. Deberíamos preguntarnos qué hubiera pasado si esa plata se la hubiera llevado un camión recaudador o un empresario, si eso hubiera parecido sospechoso para justificar el bombardeo repetido de un video, que en sí mismo no dice nada.
«Por ser líder de la Tupac tiene un poderío supuestamente grande para llevar adelante cualquiera de las prácticas que implicarían una detención».
Actualizada 12/07/2016
