Del miércoles al viernes de esta semana, militantes de la Tupac Amaru realizaron una protesta en Plaza de Mayo para exigir el indulto a Milagro Sala, acompañados porpor la CTA Autónoma y organizaciones como Soberanía Izquierda Popular, Espacio Puebla, Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Aníbal Verón y Movimiento Popular Liberación, entre otras. Mirá las fotos de ANCCOM.
Diversas organizaciones sociales movilizaron este jueves al Congreso de la Nación para exigir la libertad de la líder de la Tupac Amarú, detenida desde hace más de seis años e internada desde la semana pasada. Además, reclamaron la intervención del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, que este miércoles desató una ola de allanamientos contra militantes, merenderos y locales de movimientos políticos.
En la provincia de Jujuy hay un diputado que lleva diez meses sin poder asumir en su banca. Se trata de Gastón Remy -economista y docente de la UNJu-, perteneciente al Frente de Izquierda-Unidad. Como parte del sistema de rotación de bancas que emplea el FIT-U, el 5 de mayo del año pasado Iñaki Aldasoro presentó su renuncia ante la Legislatura provincial pero la misma fue rechazada tres veces por el cuerpo legislativo.
“Esto debería haber sido un mero trámite administrativo”, relata Remy. Tanto el oficialismo perteneciente al gobernador Gerardo Morales -UCR/Juntos por el Cambio- como las dos fracciones del PJ presentes en la cámara impiden por los votos la renuncia de Aldasoro. “No les gusta una persona ‘demasiado opositora’ a Morales, que es alguien que está acostumbrado a tener un personal que le responde como si fueran súbditos. Están acostumbrados a que no exista otra voz en la provincia, a que no exista un Frente de Izquierda que esté con los trabajadores y no se venda”.
El caso volvió a tomar resonancia luego de que el jueves pasado la policía reprimiera a una manifestación frente a la Legislatura jujeña en reclamo por la asunción de Remy. Allí estaban presentes el propio diputado electo, su predecesor Aldasoro y varias agrupaciones políticas, civiles y sindicales. “Jujuy ha pegado un gran salto respecto al carácter represivo del Estado en este gobierno. En la provincia hay presos políticos, incluso luego del cambio de gobierno nacional. La policía hostiga permanentemente a los jóvenes en los barrios, a los vendedores ambulantes y hay muchos casos de gatillo fácil”, cuenta Remy. Respecto a la manifestación del jueves, remarca: “Mi compañera Natalia Morales, también diputada, y yo terminamos yendo a una clínica por las heridas. Tenemos politraumatismos en la zona de los brazos y el tórax por los palazos. No escatimaron en golpes. Es una provincia donde cada vez se hace más difícil sobrevivir, llegar a fin de mes. Eso es lo que el gobierno quiere mantener y ocultar, porque si levantás la cabeza viene este tipo de respuestas”.
No es la primera manifestación al respecto. En diciembre, Remy se encadenó en la puerta del edificio legislativo. Ese mismo día, rechazaron por tercera vez la renuncia de Aldasoro. Sin embargo, representantes del bloque oficialista le habían prometido de palabra al FIT-U que se trataría la renuncia en la siguiente sesión. “Esa sesión fue el jueves, pero la renuncia no entró en el temario de la misma. Lo único que votaron fue un decreto que el gobernador Morales había firmado el día previo, donde se establece hacer públicos los listados de las personas vacunadas. El gobierno se hace el sorprendido y dice que los empresarios de las clínicas privadas le mintieron al hacer pasar a familiares de los dueños por mucamas o enfermeras de los establecimientos. Pero ni siquiera hubo control sobre esas vacunas”, continúa.
Remy y, su compañera, la diputada Natalia Morales terminaron con heridas en el hospital local.
Remy ha denunciado reiteradas veces tanto al gobierno de Gerardo Morales como a los empresarios locales. Afirma que “Morales es el cuarto gobernador que más gana en el país: 330.000 pesos por mes, cuando hay empleados municipales que ganan sólo 2.000 o 3.000 pesos”. En las elecciones de 2017 -por las que Iñaki Aldasoro pudo acceder a la banca-, reclamó por el fraude en el partido de Libertador San Martín: “Les jodió muchísimo perder y la movilización fue tal que el mismo Morales ordenó, mediante un tweet, que se abrieran las urnas. Las urnas se abrieron y quedó demostrado que teníamos razón”.
La provincia de Jujuy se encuentra en un estado caótico. Pasó de ser un “ejemplo a seguir” al comienzo de la pandemia de covid-19 por la poca cantidad de casos registrados a vivir un colapso sanitario por la falta de camas y respiradores. Los presos políticos abundan, siendo Milagro Sala el nombre más resonante. La desocupación se mantiene en un 5,1%, pero los trabajadores demandantes de empleo alcanzan el 29,1% según el Indec. “Si uno busca en el diario La Nación, en 2010 Carlos Pedro Blaquier -dueño del ingenio Ledesma- declaró que es muy amigo de Gerardo Morales. Como cada gobernador de Jujuy, llega porque hay un visto bueno de la empresa Ledesma. Hay, además, una unidad muy fuerte entre Morales y un sector del Justicialismo ligado a Sergio Massa. Co-gobierna, entonces, con ellos y con otro sector del PJ provincial que está con el Frente de Todos, cuyo presidente es Rubén Armando Rivarola, un empresario que hizo su fortuna en base a negocios habilitados desde el Estado. Él es dueño de los principales medios de comunicación de la provincia. Muchos sindicatos también colaboran. Está la red de punteros, que ejercen el clientelismo a partir de la enorme necesidad de trabajo que no se resuelve. Desde la izquierda tratamos de acompañar todos los reclamos, como una esperanza de que, frente a tanto agravio, haya una luz de esperanza para organizarse y tener una respuesta propia. Sino, es bajar la cabeza y aguantársela”, concluye Remy.
“Tenemos gente que se está muriendo en la casa. Hay pacientes que se mueren dentro de los hospitales porque no hay oxígeno, eso no puede suceder”, cuenta Celina Castellón, directora del Colegio de Enfermería de Jujuy. Al comienzo de la pandemia la provincia se perfiló como modélica en cuanto al control del Covid-19. Sin embargo, a mediados de junio la situación cambió drásticamente y hoy el sistema de salud (tanto público como privado) se encuentra saturado. El aumento de casos, la falta de recursos en los hospitales y la ausencia de políticas sanitarias dejan a la provincia de Jujuy desamparada. El clima que se vive en los hospitales es alarmante y aquellos que transitan la enfermedad en sus hogares no reciben la atención necesaria.
Hasta el parte vespertino del miércoles 19 de agosto Jujuy registraba 133 muertos y 5.360 casos: tras CABA y Buenos Aires, es el tercer distrito más castigado por la pandemia. Actualmente, aunque muchos medios informan que el 93% de las camas están ocupadas, el abogado del Colegio de Enfermería provincial, Alberto Elías Nallar, detalla que esa cifra no es real: “Si hubiera un 7% de las camas disponibles, la gente no se estaría muriendo en sus casas”.
El brote
Desde el inicio de la contingencia, el gobernador Gerardo Morales adoptó una política punitiva y persecutoria. Las regulaciones en torno al uso del barbijo y la circulación tenían una sanción monetaria. El director de Radio Nacional de Jujuy, Federico Noro, declara que incluso “se marcaban las casas de aquellas personas que tenían coronavirus”. A su vez, se creó el Comité Operativo de Emergencias (COE) cuyo fin es informar a la población sobre la situación de la pandemia y acompañar a las diferentes instituciones en la problemática. Sin embargo, las voces aquí plasmadas coinciden en que no son eficientes. “La sede del COE es un edificio aparte, los funcionarios van ahí y hacen una transmisión diaria de lo que sucede, difunden placas informativas por WhatsApp y realizan manejo de redes. En mi opinión, se crean con el objetivo de desligar a Morales de toda la responsabilidad que recae sobre él”, observa Noro.
En mayo, el gobernador ofreció llevar el fútbol a Jujuy. En diálogo con TyC Sports, Morales explicó: “Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”. En este sentido habilitó salidas según la terminación del DNI, reactivó algunos sectores económicos y actividades sociales. “Cambió el Día del Padre por decreto con el fin de evitar contagios, pero dos semanas después lo permitió, y ya había más de 200 casos”, expresa el director de Radio Nacional. Muchas de las empresas habilitadas, como por ejemplo Ledesma, que hoy cuenta con más de 300 contagiados y ocho muertos.
En junio comenzó el brote del virus a partir de un operativo policial habilitado por el gobernador y los contagios se volvieron imparables. “El objetivo era reforzar los controles en la frontera para evitar que circulen personas que podrían estar infectadas –relata Nallar-. Para ello, fueron enviados 60 funcionarios. A este punto, ya no hablemos más de distancia social. Ahí, dos policías cruzan y contraen la enfermedad. Al llegar, desconociendo que padecían el virus, comienzan a transmitir el virus a sus familiares y a dispararse los contagios”.
Noro considera que nunca hubo un foco central en las políticas sanitarias. “Morales intentó mostrar que hacía cosas, más que hacerlas. Los hospitales de campaña, por ejemplo, no tenían calefacción. La gente se iba a curar de una enfermedad pulmonar como es el Covid-19, y se moría de frío. Es una locura. Había más ganas de mostrar que se ocupaban que de hacer algo realmente”, sostiene Noro.
El gobernador Gerardo Morales contrajo coronavirus. También su vice, Carlos Haquim.
Desamparo y silencio
Actualmente no son solo los hospitales los que se encuentran colapsados sino también los cementerios: los deudos de los muertos cavan fosas en los pasillos. Castellón detalla que “la gente se muere en las casas y tienen al cuerpo ahí como por tres días porque no le dan el certificado de defunción. Los cementerios están saturados, no hay donde enterrar a los pacientes y es terrible”.
Mientras tanto el personal que trabaja en el campo de batalla carece de los elementos de protección adecuados para tratar a pacientes con Covid-19. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar porque resultaron contagiados. “Utilizan un barbijo social para ocho horas laborales, pero a las tres horas ese barbijo ya no sirve. Y lo digo con conocimiento de causa, soy enfermera en control de infecciones”, explica la especialista. A su vez, los hospitales de campaña mencionados (realizados para tratar la pandemia) están completamente desabastecidos y su infraestructura es frágil: muchos de ellos son simples carpas. Además, según Castellón, carecen de elementos esenciales como suero, oxímetros y equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud. “En un comienzo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a un hospital de campaña y no tenían nada. Los baños son comunitarios y tampoco hay calefacción. Unas colegas fueron aisladas ahí, la comida era mala y el edificio no tenía puertas”, cuenta.
A esta problemática, se añade que la mayor parte del sector de Salud no está recibiendo su sueldo en tiempo y forma. “La gente no cobra hace cuatro meses y muchos renuncian. Nosotros aprendimos a salvar vidas, para eso hemos sido formados y no para dejar morir gente. Es terrible para el personal de salud ver esto”, declara la enfermera Castellón.
Jujuy tuvo la ventaja de contar con algo de margen para prepararse y la representante del Colegio de Enfermería explica que para ello era necesario capacitar a las personas y abastecer el sistema de salud, habilitar camas e instalaciones. A través de una carta documento solicitaron al gobernador, Gerardo Morales, que se prepare en buena forma porque conocían la gran falta de recurso humano en sanidad. Sin embargo, aunque el pueblo jujeño respetó la cuarentena estricta, esos 90 días no fueron utilizados como deberían para proveer recursos. “Como el gobernador no nos dio respuesta, hicimos una acción de amparo solicitando elementos de protección personal y recursos –cuenta Castellón-. El juez (Sebastián) Damiano no nos dio lugar y salió desfavorable para el trabajador”.
El Gobierno provincial, en cambio, incorporó nuevo personal, pero lo hizo de manera irregular, cercenando derechos laborales y atacando a la libertad de expresión “Les hacen firmar declaraciones juradas a médicos donde se los hace responsable de lo que suceda en el servicio y se los llama a hacer silencio -manifiesta la enfermera-. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, todas son quejas en silencio, en la oscuridad de las cuatro paredes. Pero acá no hay una dictadura, acá tenemos que salvar las vidas”.
Al borde del abismo
“Se ha dicho que todo paciente que de positivo tiene que cursar la enfermedad en su casa –dice el abogado Nallar-. Imaginen, en Jujuy nadie es tan rico como para aislarse en un cuarto de huésped. Acá tenemos dos habitaciones y tenemos que convivir con nuestras familias. Conclusión: Todos enfermos”. Por lo tanto, advierte, al total de tres mil contagiados que cursan la enfermedad (muchos de los cuales cursan la enfermedad en su casa), hay que multiplicarlo por cuatro o cinco del grupo familiar que no están registrados. “El sistema está colapsado, el total de las camas están ocupadas, las imágenes que se ven de gente contra las camillas amontonadas dan la pauta de que no dan abasto ¿Cómo van a estar tirados así, como perros?”. A partir de la saturación del sistema de salud, se instaló un sistema de telemedicina en el que se reincorporaron a personas de sesenta años. “Los médicos y médicas no pueden asistir al domicilio y cuando alguien llama, se mueren con el teléfono en el oído porque no hay nadie que pueda asistir a socorrerlos”, dice Nallar.
Una joven residente de medicina, a quien llamaremos “Equis” porque prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, comenzó a trabajar como voluntaria en un call center donde se pide atención médica y se gestionan ambulancias. La operadora, que daba turnos médicos por teléfono, ahora recibe cualquier tipo de consultas. Por lo tanto, ahora hay un 0800 para turnos y otro creado especialmente para Covid-19. Con cada llamado se hace una primera clasificación del caso: si necesita atención médica, una cama o no. Después de este trabajo los técnicos se encargan de buscar una cama o ambulancia para las situaciones graves.
Según el día y el horario, el call se satura o está tranquilo. “El pico de terror es después de la transmisión del COE (Comité Operativo de Emergencias 2020). La gente se asusta mucho con sus declaraciones. La última vez se habló de medicación que se puede proporcionar sin consultar, y la gente llamó para preguntar qué podía tomar”, relata la residente. En su primera semana de trabajo le tocó una llamada de un paciente con Covid-19 grave. “No había ambulancia, no había cama y nadie iba a verlo –cuenta Equis-. Entre que yo hablaba con los técnicos y con el pariente, el señor murió. En un momento llamo al familiar con el que me había estado comunicando y me dice: ´Creo que mi hermano se fue porque está frío y ya no respira´”.
Al estar los médicos colapsados, las personas reclaman la demora en la atención: “Hace tres días solicité un médico, dijeron que iban a llamarme pero me siento mal y nadie me llama”. La directora Castellón, quien padece la enfermedad, relata cómo no recibió ningún tipo de asistencia y ha tenido que proveerse los insumos por su cuenta. Equis, por su parte, observa: “Todo el mundo quiere hisoparse pero no alcanza. Ni cerca. Como no hay disponibilidad de tests, pedimos que se encierren dos semanas y que esperen al llamado del médico”.
Los ministerios de Salud de Jujuy y de la Nación articularon medidas para luchar contra la pandemia, enviando ayuda para controlar la situación e incluso asistieron profesionales nacionales. A Nallar no le parece suficiente. “Le están mandando un auto de carrera a un inválido. No necesitamos ayuda, necesitamos gestión”, enfatiza. La situación se volvió aún más preocupante cuando el 15 de agosto le diagnostican coronavirus al gobernador Gerardo Morales. Luego de la distribución que realizó en persona de bolsones con donaciones a barrios carenciados y la visita a hospitales en la zona roja de Ledesma, la autoridad cayó enferma. “En el momento más crítico, cuando estábamos pasando por el ojo de la tormenta, el piloto dijo: ´Me voy ́, y nos quedamos todos arriba”, dice Nallar con preocupación. El 19 de agosto el vicegobernador Carlos Haquim fue confirmado también con coronavirus. “Hay acefalía absoluta, desgobierno total, y las personas que corresponden a las líneas sucesorias, o forman parte de la población de riesgo con enfermedades tales como diabetes o problemas de bypass gástrico, o son incompetentes para gobernar”, asevera Nallar.
Ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar manifestaciones, el 18 de agosto el Colegio de Enfermeros junto con 200 instituciones enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que piden que los resortes del Estado se pongan al servicio de la salud pública, que la Nación asuma la garantía de la vida y la salud de todos los ciudadanos y que se envíe una suerte de ministro de Salud que se haga cargo del manejo de la pandemia. “Le pedimos al presidente que con la misma eficiencia y solidaridad que trabaja en el AMBA, nos dé una mano para que asuma la conducción del sistema sanitario de la provincia”, detalla Nallar. En esta línea, Casetellón añade: “Jujuy también es parte de Argentina aunque estemos en la frontera, somos un sistema republicano federal y el señor Presidente no puede olvidar esto. Necesitamos que nos ayude, queremos salvar a nuestro pueblo”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió un caso sobre libertad de expresión para anunciar cómo considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y manifestó su preocupación porque “el caso plantea un verdadero debilitamiento de la protección judicial e internacional de las víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Semanas atrás, el máximo tribunal resolvió no cumplir con un fallo de la CIDH que ordenaba al Estado argentino revocar su sentencia en el Caso Fontevecchia, porque consideró que el fuero internacional no es una “cuarta instancia” revisora para el país. Por voto mayoritario, la Corte justificó su decisión afirmando que si “tuviese que revocar su propia sentencia firme, estaría perdiendo su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino, en violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional”. Juan Carlos Maqueda, el único disidente, sostuvo que con las modificaciones incluidas en la reforma constitucional de 1994, las sentencias del tribunal internacional deben ser cumplidas por el Estado y son obligatorias para la Corte.
Los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico fueron denunciados por daños y perjuicios por el entonces presidente Carlos Menem, debido a tres publicaciones en la revista Noticias (1995) en las que revelaban la existencia de un hijo extramatrimonial del funcionario. En 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra los periodistas, al considerar que se había violado el honor y la intimidad del ex presidente. Fontevecchia y D’Amico pagaron la indemnización exigida por la Corte, pero recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 declaró que el Estado argentino había violado la libertad de expresión de los periodistas y exigió, entre otras cosas, revocar el fallo de la Corte que los había condenado. Esa es la sentencia que el máximo tribunal de justicia se ha negado a cumplir y que podría funcionar como precedente para futuras decisiones que impliquen violaciones de derechos humanos por parte del Estado argentino.
Federico Efrón, coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, reflexionó sobre las posibles consecuencias de la decisión de la Corte Suprema y la importancia de los sistemas internacionales en la defensa de derechos humanos. “Es muy preocupante, grave, y contradice los últimos 25 años de lo que la Corte Suprema argentina venía resolviendo al considerar que nuestro sistema judicial es un bloque donde juegan armoniosamente la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y donde el sistema interamericano operaba como una instancia más donde uno ante una gran violación de derechos humanos y ante una absoluta falta de respuesta del sistema jurídico nacional, podía hallar una respuesta y una reparación. Todo eso hoy está en duda”, consideró. En ese sentido, remarcó la necesidad del Estado de cumplir con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que exigió la liberación de Milagro Sala y denunció la arbitrariedad de su prisión preventiva.
¿Cuáles fueron las razones que dio la Corte Suprema para no cumplir con la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia?
La Corte se negó a dejar sin efecto la condena y dijo dos cosas esenciales. En primer lugar, que la Corte Interamericana no tenía la facultad de dictar ese tipo de reparación, que no podía decirle a la Corte Suprema argentina que deje sin efecto esta condena. En segundo lugar, dijo que, en cualquier caso, hay que analizar si la sentencia de la Corte Interamericana está en consonancia con el derecho público interno. Lo que la Corte Suprema argentina hizo fue dejar de lado la jurisprudencia de los últimos 25 años, en donde se entendía que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. En lugar de continuar sosteniendo que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos deben ser entendidos en forma armónica como un bloque constitucional en sí mismo, lo que ha entendido es que hay un dualismo, que son dos cuestiones distintas y que los tratados de derechos humanos que están en la Constitución se van a aplicar en la medida que respeten el derecho interno.
La Corte se apoyó en el artículo 27 y 108 de la Constitución en su argumentación…
Exactamente. De ahora en más, habrá que hacer un cotejo para ver si las sentencias del sistema interamericano y los tratados de derechos humanos están en consonancia con el derecho público interno en los términos del artículo 27 de la Constitución. El artículo 75 inciso 22 de la Constitución contiene los tratados de derechos humanos obligatorios para Argentina, que son parte de la Constitución. Lo que pasa es que la Corte hace una lectura recortada de ese artículo, y únicamente utiliza la parte que dice que los tratados no alteran la primera parte de la Constitución. En la primera parte de la Constitución está el artículo 27, y como el artículo 75 inciso 22 dice que los tratados no pueden alterar la primera parte, la Corte estableció que, de ahora en más, los tratados de derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana tendrán que revisarse para ver si están alterando o no el artículo 27, que es el de derecho público interno. Esto es incorrecto, porque el mismo artículo 75 inciso 22 incluye la referencia a las condiciones de su vigencia y dice que debe entenderse complementario de los derechos y garantías conocidos en la primera parte. Entonces, al recortar el 75 inciso 22, vuelve a un sistema de dualismo en el cual son dos cosas separadas: la Constitución y los tratados de derechos humanos. Cuando, en realidad, lo que se venía haciendo y fortalecía tanto a nuestro sistema como al sistema interamericano, era un entendimiento en forma coordinada y armoniosa del bloque de constitucionalidad federal, que es la Constitución y los tratados.
¿Qué consecuencias puede traer esta decisión en la garantía de derechos humanos de los argentinos?
Las consecuencias están por verse pero pueden ser muy importantes, porque frente a una situación de una gran violación de derechos humanos de un ciudadano argentino en la cual el sistema argentino no le dio ninguna respuesta, hasta antes de este fallo, y por lo menos en los últimos 30 años, uno podía ir al sistema interamericano y había una razonable expectativa de tener una sentencia favorable. Esa sentencia favorable implicaba una reparación, implicaba justicia. La cuestión es que ahora, con este fallo, una víctima puede ir al sistema interamericano, puede obtener una condena al Estado argentino, pero la Corte después revisará si esa condena es aplicable o no. Entonces, todo puede quedar simplemente en un papel que dice que se condena al Estado argentino. Además, esto puede llevar a que pierda fuerza la utilización de los sistemas internacionales de protección, la utilización de los tratados de derechos humanos en la búsqueda de justicia en los tribunales nuestros.
¿En qué criterios se van a basar para decidir?
Aparentemente, de ahora en más, ellos van a revisar si la Corte Interamericana podía dictar la condena, si podía imponer el remedio. En este caso el remedio era dejar sin efecto la condena. Bueno, la próxima vez van a revisar si se podía hacer determinada cosa. Y después, van a hacer una comprobación de si ese remedio está en consonancia con nuestro derecho jurídico interno. Es muy preocupante.
¿Este precedente puede afectar en la situación de Milagro Sala?
Esa es una pregunta difícil. No es exactamente la misma situación, ya que una cosa es una sentencia de la Corte Interamericana y otra cosa es una decisión del Grupo de Trabajo que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros seguimos sosteniendo que Argentina debe honrar esa resolución. Además, hay que tener en cuenta que en la situación de Milagro Sala, la decisión del Grupo de Trabajo se basa por supuesto en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en cuestiones de derecho interno, porque hay violaciones a derechos que están protegidos en nuestra Constitución y en leyes nacionales. Entonces ahí es una incógnita qué es lo que va a suceder.
El gobierno argentino ha decidido ignorar los pedidos internacionales por la libertad de Milagro Sala y responder que la justicia es independiente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Las obligaciones internacionales las asume el Estado argentino. Y el Estado argentino frente al mundo está representado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional es el presidente. La obligación de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo sigue estando en cabeza del presidente. A su vez, en el marco de los trámites ordinarios de las causas penales de Milagro Sala, hace un mes acaban de llegar dos recursos extraordinarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces hay una oportunidad para que la Corte Suprema dicte una resolución sobre la detención preventiva de Milagro Sala. Pero son dos cosas distintas. El Estado argentino, en la cabeza de nuestro presidente, es responsable de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo. Además, una de las cosas que valoró el Grupo de Trabajo es que había serias dudas sobre la imparcialidad de la justicia de Jujuy. Ahí nosotros aportamos un montón de información en donde queda muy en claro la injerencia directa del gobernador (Gerardo) Morales en la designación de funcionarios judiciales que tuvieron y tienen que ver con la detención preventiva de Milagro Sala. Para nosotros no es novedad que esté puesta en duda la independencia judicial en Jujuy.
¿Cuál es la situación legal de Milagro Sala?
Hay separadas discusiones. Una cosa tiene que ver con las acusaciones a Milagro Sala. Si las denuncias son serias, por supuesto que se tienen que investigar. Lo que está pasando es que todas las investigaciones contra Milagro Sala están siendo llevadas por funcionarios que han sido designados de alguna u otra forma por el gobernador Morales, quien a su vez se presenta como querellante en las causas. La otra discusión, la que se da desde el primer día, es que la prisión preventiva de Milagro Sala es arbitraria y es ilegal. Eso es lo que estamos discutiendo, porque la regla en el proceso penal es la libertad. En el caso de Milagro Sala no hay justificación de entorpecimiento en la investigación, ni de posibilidad de fuga. Y como no hay justificación, entonces es injustificada su detención, que ya lleva más de un año. Eso es lo que entendió el Grupo de Trabajo, que dijo con mucha claridad que el Estado argentino no aportó información que justifique la detención preventiva de Milagro Sala. Ella fue imputada en diciembre, fue llamada a indagatoria en enero, concurrió, designó abogado defensor, dio su domicilio personal, colaboró con la justicia como todo imputado debe hacer. Sin que haya cambiado nada en el medio, a los cinco días es detenida. No hay justificación en su prisión preventiva, eso es lo arbitrario e ilegal.
¿Cuáles son los próximos pasos en el caso?
Hoy el Estado argentino debería estar cumpliendo con la decisión del Grupo de Trabajo. Eso es algo que no está haciendo. Por otro lado, hay dos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema que se van a resolver en las próximas semanas o meses. Uno tiene que ver con que su detención preventiva se hizo sin haber hecho el proceso de desafuero. Ella tiene fueros como diputada electa del Parlasur y la justicia jujeña se olvidó por completo y la mandó a detener como si fuese ciudadana común, y no lo era desde el momento que fue elegida democráticamente como diputada del Parlasur. El otro recurso extraordinario es por la detención preventiva injustificada. La regla es la libertad, y la excepción es la prisión preventiva. Para que esta se dé lo más importante es que haya una fundamentación, que haya motivos que hablen de un peligro de fuga, o que la persona estando en libertad entorpezca la investigación. Esto no se acreditó nunca.
En la visita de Mauricio Macri a España, el diputado de Podemos Íñigo Errejón consideró que la detención de Milagro Sala forma parte de una política del gobierno: combatir a los pobres. ¿Qué opina al respecto?
Es difícil pensar en eso porque afortunadamente la única detenida en estos términos es Milagro Sala. La situación de Sala es extremadamente grave pero a su vez es única. Yo creo que en el caso de ella se inserta en otra cuestión claramente interna, en la cual era manifiesto que el gobernador Gerardo Morales tenía una decisión tomada respecto a qué es lo que iba a hacer con ella. Pero sí nos parece muy importante el apoyo internacional y sí es un ejemplo de las consecuencias que tiene el Estado por no cumplir con una decisión de un Grupo de Trabajo de la ONU. Esta no es la primera vez. Ya vino el primer Ministro de Canadá, distintas organizaciones del mundo se han manifestado en ese sentido, hay un montón de cartas que llegan a los distintos consulados y embajadas de Argentina en el mundo preguntando qué pasa, por qué Argentina no cumple. Estas son las consecuencias que hay cuando no se cumple con una decisión de un tribunal internacional.
¿Hay alguna otra vulneración de derechos en la provincia de Jujuy?
Hay una situación bastante compleja en todo lo relacionado a la protesta. Hay muchas organizaciones sociales que han estado protestando por distintas cuestiones sociales –respecto al trabajo, a las cooperativas- y están sufriendo no solo situaciones de represión, sino también de criminalización. Hay un hostigamiento de parte del Poder Ejecutivo jujeño que no es exclusivo hacia la Túpac, sino hacia muchas otras organizaciones en Jujuy.
¿Alguna otra provincia argentina se encuentra en una situación similar?
Sí, hay distintas situaciones. Una de las más graves es la de Chubut. El gobernador Mario Das Neves tiene un discurso muy claro, tratando de terroristas a los mapuches. Eso ha llevado a que en los últimos meses se hayan dado situaciones extremadamente violentas, y no es la forma de responder a los reclamos legítimos de las comunidades indígenas.
Actualizado 28/02/2017