Oct 29, 2021 | Destacado 3, Vidas políticas
Por Diego Moneta
Fotografía: Gentileza Telam
El 1 de marzo de 2021, durante la apertura del 139° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido a su equipo para iniciar una “querella criminal” por el endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri había llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La investigación constaría de tres etapas: la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la confección y presentación de la denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), y la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini. Hoy, más de siete meses después, ¿en qué instancia se encuentra?
Acuerdo en falta
El 12 de junio de 2018 la Argentina, a través de una Carta de Intención suscripta en forma conjunta por los entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger respectivamente, solicitó de manera formal el apoyo del FMI. Ocho días más tarde, el organismo internacional aprobó un Acuerdo Stand By por un período de 36 meses.
El esquema completo consistía en desembolsar en Derechos Especiales de Giro (DEG) un monto equivalente aproximadamente a 57 mil millones de dólares, más del mil por ciento de la cuota de Argentina con el Fondo. Tras la asunción de Fernández, se rechazó el último tramo por lo que la deuda terminó totalizando 44,5 mil millones. Varios sectores que integran el Frente de Todos señalaban el perjuicio del Estado a partir del endeudamiento y no eran pocos los que reclamaron y reclaman que no se abonen los vencimientos.
La decisión de suscribir el acuerdo con urgencia, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo multilateral de crédito, se expresó, según diversos denunciantes, en la violación de normas que debían respetarse en el proceso. El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento como con el control de su ejecución. La hipótesis principal es que esos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron la fuga de divisas, dada la coincidencia en las sumas del empréstito, la salida de capitales especulativos y la deuda pública y privada generada en el mismo periodo.
Investigaciones previas
Desde que al inicio de mayo, un mes antes de la formalización, Mauricio Macri comunicó que se habían iniciado conversaciones con el Fondo se suscitaron distintas movilizaciones en repudio a la decisión que luego se traducirían en denuncias judiciales. Éstas fueron impulsadas por sectores diversos, que van desde el Centro para la Integración Financiera (CINFIN) al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), pasando por distintos representantes de la oposición política al gobierno de Cambiemos.
La primera demanda promovida fue la del MNER, impulsada por Eduardo Murúa. Buscaba obtener la declaración de invalidez de “las Cartas de Intención y sus memorandos adjuntos” que llevaron al crédito. Luego de que el fiscal de primera instancia sostuviera la legitimación colectiva de la entidad, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N°9 rechazó el caso por ausencia de “causa o controversia”. La apelación fue resuelta en abril de este año, alegando que había falta de homogeneidad en las pretensiones y exigiendo la promoción individual de acciones de cada una de las empresas integrantes. El cambio de argumentos, que viola el principio judicial de congruencia, dejó a la parte actora sin una medida ordinaria para interponer.
Meses después, Eduardo Codianni, en representación del CINFIN, presentó un amparo para conocer la “existencia de actos previos” a la firma del acuerdo celebrado, ante la denegación de las autoridades de su pedido de acceso a la información pública. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 consideró que no podía prosperar porque esa documentación no existía, dado que el Estado nacional no evaluó que hubiera requisitos previos, lo que se convertiría en el elemento central de la querella impulsada por Alberto Fernández con posterioridad. La sentencia fue revocada en septiembre de 2019 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones y, tras la interposición estatal, nunca hubo una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la denuncia que sienta un precedente es la presentada por Claudio Lozano, ex diputado nacional, y Jonatan Baldivieso, fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Tras haber sido archivada por Julián Ercolini en 2018, al año siguiente insistieron y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo de Sebastián Ramos. Luego se anexaría a otras causas similares investigadas por la jueza María Eugenia Capuchetti. “Hay incumplimiento de todas las normas jurídicas, administrativas y constitucionales y hay malversación de fondos”, asegura Lozano, en diálogo con ANCCOM, y agrega que esas “son las mismas dos claves que señala el Poder Ejecutivo en marzo”.
Cronología de una denuncia
La primera parte de la “querella criminal” ya estaba avanzada. La SIGEN verificó que el Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el FMI en 2018 fue contraído sin la previa intervención de los órganos competentes ni con la información necesaria para su celebración. Así mismo, el BCRA contribuyó con informes complementarios.
De esta manera, el 12 de marzo la Oficina Anticorrupción, comandada por Félix Crous, realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Capuchetti, por defraudación al haber administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública, y malversación de caudales públicos. Los señalados son el expresidente Macri, los ministros de Hacienda y Finanzas, el mismo Dujovne y Luis Caputo respectivamente, y los titulares del BCRA, el citado Sturzenegger y Guido Sandleris. Dicha sede judicial ya tramitaba otros sumarios por hechos total o parcialmente coincidentes. En este punto, en palabras de Crous para con ANCCOM, la OA “deja de evaluar pasos a seguir”.
La demanda presentada señala antecedentes y distintas instancias de incumplimiento del acuerdo impulsado por Macri. Por un lado, la eliminación de controles cambiarios, el sostenido aumento de la tasa de interés y de las LEBACS (Letras del Banco Central), y la especulación y formación de activos externos. Por otro, no respetar procesos establecidos en la Constitución Nacional y en leyes presupuestarias, procedimentales, de administración financiera y hasta de traducciones públicas. Además, a partir de la inacción frente a la sobredemanda y salida de dólares, se concluye que el objetivo fue “generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado”, perjudicando los intereses del país.
El 8 de abril salía publicado en el Boletín Oficial el decreto, con la firma del presidente Fernández, del por entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, del ministro de Justicia Martín Soria y de su par de la cartera de Economía Martín Guzmán, que instruía la presentación como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional. El 21, el organismo – con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Diez- solicitaba su inclusión en la causa, indicando que existían elementos para “atribuir a los funcionarios la vulneración de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa».
Al día siguiente, el fiscal federal Franco Picardi dio impulso a la denuncia asentada, para investigar si se había incurrido en delitos, al ampliar el requerimiento de instrucción en el marco de otro expediente iniciado y en el que los mismos acusados ya se encontraban imputados. En la actualidad, la “querella criminal” anunciada por Fernández se halla en la etapa preparatoria de producción de prueba, la cual es secreta y está a cargo de la jueza.
El Tesoro querellante
En paralelo a las conversaciones del Gobierno Nacional con el organismo internacional para renegociar el acuerdo, a mediados de agosto la Procuración fue aceptada como querellante. Capuchetti hizo lugar a sus pedidos y solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por un lado, los fondos y las personas que compraron LEBACS desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, discriminando entre argentinos y no residentes. Por otro, los nombres de empresas e individuos que vendieron dichos títulos de deuda a partir de la corrida cambiaria de 2018 que derivó en el préstamo del FMI. El objetivo es determinar si existieron vínculos entre funcionarios y compradores para asegurar ganancias.
A su vez, la jueza le volvió a pedir a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso de la Nación que remita toda documentación en su poder vinculada al acuerdo en cuestión como así también de sus renegociaciones posteriores. Para Claudio Lozano la actitud de la Procuración es la única que haría la diferencia con respecto a otras denuncias. “Tendría que apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada”, desliza.
En paralelo, el presidente Fernández cada vez que participa de algún encuentro multilateral insiste en estas cuestiones. Desde la denuncia de un “endeudamiento tóxico” con el FMI a la propuesta de canje de “deuda por acción climática” para quienes están en vías de desarrollo, el primer mandatario reclama un “reordenamiento de la arquitectura financiera internacional”. En simultáneo, continúan las negociaciones con el organismo de crédito y se siguen abonando los vencimientos a la espera de un programa que le permita al país una recuperación económica, si es que eso es posible.
Oct 25, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
El domingo 13 de octubre sentó el antecedente de una lucha popular ecuatoriana que puso en jaque el avance neoliberal en América latina. Para Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) quedó demostrado que “es posible contrarrestar el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este suceso demostró que es posible decirle al FMI: de aquí no pasas, este territorio es soberano y este territorio decide qué política económica tener.”
Luego de 10 días de manifestaciones en las que el pueblo y las nacionalidades indígenas en articulación con estudiantes y trabajadores colmaron las calles, principalmente de Quito, en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno ese día se llegó a un acuerdo entre las partes que se realizó de manera televisiva y online. En esta noche ocurrió un hecho histórico: el repudiado decreto 883 fue derogado y se dio vuelta atrás al paquetazo neoliberal indicado por el Fondo Monetario Internacional.
El 1º de octubre, el Ejecutivo le habló al pueblo ecuatoriano a través de una cadena nacional en la que esgrimió las medidas antipopulares que se iban a llevar a cabo. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio del combustible, la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que vayan a ser renovados, la reducción del periodo de vacaciones de los empleados estatales de 30 a 15 días y la obligación de que los trabajadores de las empresas públicas aporten un día de salario a las arcas del Estado. “A su vez -comenta Décio Machado, consultor político especializado en Comunicación y Análisis Estratégico- había una serie de medidas laborales que significaban nuevas modalidades de contratación que en el fondo implicaban una flexibilización del mercado de trabajo privado. Todo esto justificado bajo el argumento de la necesidad de implementar un modelo acorde a los nuevos tiempos.” A su vez, explicó por qué todo detonó con la eliminación de los subsidios al combustible; “Se tenga o no vehículo, involucra a todas las familias: afecta el precio de los alimentos, los productos de primera necesidad, la inflación.”
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Ante estas nuevas políticas económicas, el 3 de octubre el sector de transportistas inició una serie de cortes de vías en todas las provincias a modo de protesta. Sin embargo, Chalán cuenta que “posteriormente llegaron a acuerdos con el gobierno nacional que indudablemente nos afectaban a las grandes mayorías: ellos aceptaron la subida del combustible a cambio de bonos para poder hacer cambios de llantas y del aumento de las tarifas del transporte público.” Por esta razón, el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya se había sumado a los reclamos de los transportistas, incrementó su descontento y la fuerza de los reclamos.
Las acciones fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los días. Al bloqueo de rutas -llegando a contabilizarse alrededor de 300 cortes simultáneos- se agregaron las tomas de gobernaciones a lo largo del país, la paralización de la actividad petrolera en las estaciones de bombeo y en más de 60 pozos petroleros en la Amazonía del norte. Luego, el 7 de octubre hubo un llamamiento a las bases del movimiento indígena para trasladarse a la ciudad de Quito, epicentro de la represión. “Se trasladó gente de norte y el del sur, pertenecientes a los pueblos Panzaleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela y Caranqui. El martes 8 de octubre llegaron a la capital ecuatoriana más de 12 mil personas de la estructura del movimiento indígena”, dijo a ANCCOM el activista Apawki Castro, vocero de la CONAIE.
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La respuesta del gobierno fue represiva y brutal. En este punto, Chalán dijo: “Nos dimos cuenta de que no estábamos actuando en contra del mismo Estado de hace 20 o 10 años. Este Estado es mucho más dotado, con más agresividad y más ejercicio de la fuerza sobre grupos de manifestantes, pueblos y nacionalidades, estudiantes y trabajadores. Entonces vemos que hay un incremento del aparato represivo bastante fuerte.”
Por otra parte, la Asamblea Nacional no sesionó durante los 13 días del paro nacional “manteniendo una actitud totalmente desalineada de los intereses populares”, según Andrés Tapia, el comunicador de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La población, entonces, decidió hacer una toma de estas instalaciones: lo realizó sin éxito el primero de los días y en el segundo, con una manifestación masiva con más 10 mil personas, rodeó a la Asamblea Nacional. Sobre el suceso, Chalán narró: “Un día fuimos a la Asamblea Nacional esperando poder hacer una toma simbólica y sin embargo sólo se dejó pasar a un número contado de compañeras. Posterior a eso, sin previo aviso, cuando había alrededor de 15 mil manifestantes en las cercanías de la Asamblea Nacional, la policía conjuntamente con las fuerzas armadas deciden disparar gas lacrimógeno de manera indiscriminada y exagerada a toda la población que se encontraba en ese momento comiendo.”
El saldo de la represión fue de diez muertos, según información de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana. Todos manifestantes, entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente indígena de la CONAIE en Cotopaxi. Además, hubo 1.340 personas atendidas en hospitales por actos violentos -8 personas perdieron un ojo- y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, registró la detención de 1.330 personas.
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Ante las manifestaciones y el arribo del contingente de personas a Quito, el presidente Moreno decidió trasladar la sede gobierno de Quito a Guayaquil. Sin embargo, la represión continuó. “Hubo una afectación bastante fuerte del sector de la agroindustria -comenta Chalán- Las rocoleras y las florícolas ya se habían declarado en estado de emergencia. A su vez, al cortar las vías se impidió que la cadena productiva funcione y eso provoca desabastecimiento y encarecimiento. El fisco no percibía la renta petrolera ni ingresos provenientes del turismo y el riesgo país aumentaba. Entonces ya eran razones suficientes para que el gobierno nacional reflexione sobre lo que estaba haciendo y esto hizo que llamen a un acuerdo entre las partes.”
El movimiento indígena aceptó reunirse a debatir el decreto 883 con el gobierno poniendo como exigencia que este sea televisado para que pueda ser visto por todos los ecuatorianos. El gobierno dio conformidad: el debate se realizó el domingo 13 de octubre a la noche y la resolución fue retrotraer las medidas sobre el combustible.
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Para Décio Machado, “esta mesa de negociación ha marcado un hito histórico: es una victoria de los movimientos populares, encabezados por el movimiento indígena en articulación con el feminismo y los estudiantes, contra medidas de carácter económico de perfil neoliberal impuestas por el FMI. Además, se visualiza una nueva etapa de dirigentes jóvenes que apuntan a un nuevo horizonte de lucha por la emancipación de los pueblos en el Ecuador.”
Chalán espera que este hecho anclado en Ecuador “sea una luz para toda latinoamérica y el mundo.” Además, que siente las bases para seguir reivindicando lo que desde hace años vienen haciendo desde el movimiento indígena: “La soberanía sobre nuestros territorios, la despenalización del aborto, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, el transporte comunitario, precios justos en la producción de leche y otras demandas que son bastante puntuales que tenemos dentro de nuestros territorios y que mejorarán la calidad de vida de nuestros compañeros.”
Por lo pronto, la siguiente acción del movimiento indígena fue enviar una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo empatía por los hechos ocurridos en el Ecuador y la culminación del hostigamiento económico que sufre el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que creará un nuevo decreto. Para Andrés Tapia, es urgente que en él se contemplen las demandas y necesidades populares. “Caso contrario, el pueblo continuará movilizado”, sentenció.
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Jul 10, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
A 202 años de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata miles de personas se concentraron en el centro porteño para protestar contra el pacto con el FMI y las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
La convocatoria, que circuló por las redes sociales con la consigna “la patria no se rinde”, invitaba a participar desde de las 13:00 en Belgrano y 9 de julio, lugar donde se montó el escenario que miraba hacia el sur.
A partir del mediodía llegaron columnas de agrupaciones sindicales y políticas desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano hasta el lugar de encuentro. En una de ellas se encontraba el diputado por el Frente Renovador Felipe Solá, que contó qué lo motivó a participar de la marcha: “La entrega durante dos años y medio de gobierno, el endeudamiento, la destrucción de las pymes, la soberbia con la cual han dejado al mercado interno de lado, la ineptitud de no saber aumentar las exportaciones, el aumento indebido de importaciones, los negociados en el que los jueces los protegen, el blindaje mediático que tapa la realidad de la gente, el hambre y la entrega al Fondo Monetario, el último paso al que condujo esta política económica”. A su paso, el público lo saludaba y le pedía por la unidad del arco opositor. Ante la pregunta sobre la postura del Frente Renovador y el Partido Justicialista hacia el futuro, Solá consideró que “nosotros tendemos a la unidad opositora más allá de peronismo, desde el peronismo pero en unidad opositora muy realista, con un planteo muy serio sobre el futuro y no manejándonos solamente con consignas. Porque sabemos lo que vamos a heredar en el caso de que ganemos”.
Con los números musicales de fondo, desde el sur y sobre la avenida 9 de Julio circulaba entre la gente el diputado por el Frente para la Victoria Agustín Rossi: “Con este tipo de actividades tratamos de recobrar algo que habíamos hecho durante nuestra gestión, que las fechas patrias se conviertan en verdaderas fiestas populares y que no sean solamente los actos oficiales de espalda al pueblo. Además de expresar la crítica a la política económica y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Respecto a la consulta sobre el armado para el 2019, Rossi opinó que “lo que nosotros tenemos que garantizar es que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que Macri gobierne la Argentina”.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo participaron del acto central bajo la consigna «La patria no se rinde».
Por Avenida de Mayo, doblando por 9 de Julio, ingresaba la columna de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y su titular, Juan Grabois, manifestaba que “lamentablemente no podemos festejar nuestra independencia sino lamentar el enorme retroceso en términos de soberanía que está viviendo la Argentina desde que el gobierno de Mauricio Macri decidió entregarle la política económica al FMI. No es que ellos lo estuvieran haciendo bien, pero por lo menos era un gobierno electo democráticamente en nuestro país y ahora tenemos una especie de coloniato económico extranjero que de nuevo va a cuidar los intereses de los banqueros y de los fondos de inversión y no los del pueblo argentino, entonces es un día muy triste para nuestro país y lamentamos mucho en estas condiciones tener que salir a las calles en vez de estar festejando un nuevo aniversario de la independencia de nuestra patria”.
Mientras anunciaban la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, al costado del escenario se encontraba el titular de SUTEBA Roberto Baradel quien manifestó “un orgullo tremendo de ser parte de los argentinos que no nos resignamos, que resistimos y que peleamos, que nos sentimos orgullosos de celebrar la independencia. No como el presidente Macri, que estaba muy angustiado rindiéndole pleitesía al rey de España, proyectando en los patriotas lo que le pasa a él. Estamos convencidos de que hay que seguir construyendo la unidad necesaria porque son momentos en que las opciones son las corporaciones o el pueblo y hay que dejar las diferencias secundarias de lado”.
Si bien se trató de una protesta, el encuentro se vivió en un clima festivo con ferias artesanales, música y los niños jugando en las veredas. El acto culminó alrededor de las 17 con la lectura de la proclama por parte de Gerardo Romano y Carolina Papaleo en la que se hizo un repaso por todos los reclamos al gobierno de Macri desde su inicio hasta la fecha.
Jun 15, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Convocados por todas las vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales y sindicales de todo el país marcharon este jueves hacia la Casa Rosada, desde la Av. 9 de Julio y Av. De Mayo, en contra del ajuste de tarifas, de la propuesta de un 15% de aumento salarial, de la reforma laboral en ciernes, de los despidos y del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
Organizaciones sociales y sindicales de todo el país marcharon este jueves hacia la Casa Rosada convocados por la CTA.
Sobre el escenario, ubicado delante de la Pirámide de Mayo, el discurso más fuerte lo dio el diputado Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores. «Hemos asumido un compromiso desde la CTA, queremos ir a una CGT con una conducción que tenga la decisión de pelear contra el ajuste, que incluya a los trabajadores formales y a los movimientos sociales. Hay que salir a pelear, a defender el salario, la dignidad, las leyes laborales y los convenios. Hace falta que cada lucha tenga respaldo de todos. No hay que dejar que un día peleen los del subte, otro día los estatales, otros días los maestros y otro día los camioneros. Hay que unirnos. Las dos CTA, los movimientos sociales», anunció y dejó planteada una propuesta que podría modificar el mapa gremial argentino.
Enseguida, Yasky anunció su adhesión al paro general de la CGT anunciado para el próximo 25 de junio y anunció una gran movilización para el 9 de julio: “Tenemos que ser miles diciendo: ¡La Patria Existe! No vamos a aceptar la hipoteca de nuestros hijos y nietos. »
La jornada había comenzado unas dos horas antes, cerca de las tres de la tarde, cuando un grupo del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros y el Sindicato de Camioneros Aguas y Gaseosas comenzó a marchar hacía plaza de Mayo para reunirse con las demás agrupaciones.
“Fuerza compañeros y compañeras estamos en el camino correcto. Si había veto (de la ley contra el tarifazo), había paro y había pueblo trabajador en la calle y en la plaza. Estamos contra los despidos, contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con los trabajadores y las trabajadoras no. Estamos contra los despidos y el ajuste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo Estela Díaz, Secretaria de Género de la CTA en Plaza de Mayo ante miles de trabajadores. Y añadió, recordando la media sanción que había obtenido en la Cámara de Diputados, apenas unas horas antes, la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo: “Este pueblo avanza cuando gana derechos y los derechos los venimos ganando en el Congreso de la Nación.”
“¡Queremos un salario digno!”, dijo luego Pablo Moyano al arengar a las organizaciones. “Volvemos a reiterar que nuestra organización pide un 27% de aumento, un bono de fin de año y rechazar las diez propuestas de bajar nuestro convenio de trabajo. Si no tenemos respuesta esta semana, el 25, 26, y 27 de junio paramos.”
La marcha fue en contra del aumento de tarifas, el ajuste salarial, los despidos y el acuerdo del Gobierno con el FMI.
A continuación, líder de la CTA Autónoma lanzó un tiro por elevación a la CGT: “Nosotros tenemos palabra. Dijimos que si había veto, había paro. Y acá estamos”.
No importo el frío, ni que la Casa Rosada estuviese vallada. Las banderas de los sindicatos y agrupaciones sociales levantaron a lo alto sus banderas y carteles. “No a la reforma laboral por los derechos que nos dejaron Perón y Evita. No al congelamiento de las jubilaciones”, decían las de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
Las mujeres de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), por su parte, sostuvieron carteles en los que clamaban: “Plena implementación de la Ley de Emergencia Social”; “Sin techo, tierra, techo y trabajo la reforma es control de abajo”; “Basta de inflación y desocupación”; “No al tarifazo.”
Tomás Montenegro, Secretario General de la CTA Chubut intervino diciendo: “Somos punta de lanza de un ajuste feroz del gobierno nacional y se aplica en las provincias que son cómplices. En la provincia de Chubut hace más de un año que tenemos congelamiento salarial, sin convocatoria paritaria a ningún sindicato. Y luego de la firma del pacto fiscal nuestros salarios se pagan de manera escalonada, la obra social en repetidas veces ha dejado de funcional y el Gobierno aplicó leyes de despido, de ajuste contra los trabajadores de Chubut. Hay una grave crisis política, económica y social. Les decimos al gobernador Mariano Arcioni y al presidente Macri que se pongan a resolver este conflicto y que la Patagonia no puede ser el patio trasero y olvidado de nuestro país. Nosotros también tenemos dignidad. Compañeros resistir, luchar y construir” Pidió el Secretario General de la CTA de Chubut.
Además de ambas CTA y del Sindicato de Camioneros, también adhirieron al paro CTERA, SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses, el gremio de los curtidores, la UOM de Quilmes, la CTEP y decenas de otras organizaciones gremiales.
Jun 8, 2018 | Entrevistas, Te puede interesar
“El malo de la película no es el Fondo, la impericia está del lado del Gobierno”, dictamina Emmanuel Álvarez Agis refiriéndose al acuerdo de la Argentina con el FMI. Déficit fiscal, deuda externa, inflación, dólar, tarifazo, ajuste y recesión son términos que suenan y resuenan en los medios y tiñen de incertidumbre el futuro de la población. Economista, docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y director de la consultora PXQ, Álvarez Agis abre las puertas de su amplio pero sencillo departamento en el barrio de Palermo para arrojar luz sobre un debate que algunos prefieren no dar. Mientras pone el agua para el mate dentro del termo, comenta: “Son tiempos de austeridad, no vaya a ser cosa que la dejemos enfriar en la pava y tengamos que volver a prender la hornalla”.
Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de economía y docente.
¿Era irremediable recurrir al FMI?
A esta crisis la defino como un tropezón que fue caída. Ni de cerca la economía estaba como para terminar con un acuerdo con el Fondo que técnicamente es el prestamista de última instancia. Lo que hicieron fue insólito, una comedia de enredos del actual equipo económico. El Banco Central agravó una corrida cambiaria, mostró debilidad y, al hacerlo, el mercado se puso nervioso.
Si usted fuera el ministro, ¿qué hubiera hecho?
Hubiera puesto una oferta de dólares muy fuerte por parte del Banco Central, con un valor deseable de entre 20,50 y 21 pesos, para estabilizarlo, hubiera subido la tasa de interés en un 40% desde un principio, y hubiera vendido todos los contratos de dólar futuro que pedía el mercado. Brasil lo hizo y la devaluación no fue ni un tercio de lo que fue acá.
Argentina es, históricamente, dependiente del financiamiento externo, ¿por qué?
En primer lugar, tenemos una estructura productiva deficitaria de base en materia de dólares, ya que el 30% de los insumos que necesita son importados. Cuando compramos un sachet de leche, un medicamento o un auto estamos consumiendo dólares, porque el componente importado para su producción es alto. En segundo lugar, está el tema financiero ya que cada ocho o doce años tenemos una devaluación fuerte. Si a esto se suma un régimen de políticas económicas que liberaliza el mercado, lo desregula y abre las importaciones, el problema se agudiza.
¿Cómo se logra mayor autonomía?
A través de una planificación sostenible, teniendo en cuenta la experiencia de países que ya se han industrializado pero que, aun así, protegen a los eslabones más débiles de sus economías. Francia lo hace con el aceite de soja, Estados Unidos con la producción de limones. Nosotros tenemos la economía invertida, nuestro eslabón débil es la industria y el fuerte es el campo. Deberíamos decir “viva el libre comercio para la soja pero no para las computadoras”, por ejemplo.
¿El gobierno de Cambiemos se apuró al abrir la economía?
El libre comercio es la panacea del funcionario público, cree que una vez ahí se puede echar a descansar. El gobierno pone de modelo a Chile, pero la producción de cobre chilena es estatal. Bolivia nacionalizó los hidrocarburos. En Argentina la soja es privada. Cuando hacés el cambio estructural de base, te podés dar el lujo de implementar políticas de libre mercado, si lo hacés antes de fortalecer los puntos débiles de tu economía, te fundís.
“El malo de la película no es el Fondo, la impericia está del lado del Gobierno”, afirma Emmanuel Álvarez Agis refiriéndose al acuerdo con el FMI.
¿Qué opinás sobre los tarifazos?
El problema de las tarifas es el dogmatismo por parte del Gobierno. Cuando existe faltante de un producto, la solución está dada siempre por la baja de la demanda (consumir menos), o la suba de la oferta (producir más). Cambiemos, en vez de buscar generar más gas y aumentar la oferta, le dice a la gente que apague el piloto del calefón. La cuestión de fondo es para qué hacen los aumentos. La respuesta de Macri es para tener más energía en el futuro y recuperar el autoabastecimiento. Pero si mirás los números de producción de petróleo de gas (fuente de producción de la electricidad) tras un aumento acumulado de tarifas de un 1300%, el nivel de producción ha disminuido.
El Presidente vetó la Ley Antitarifazos porque, dijo, significaría un costo fiscal de 15 mil millones, ¿es así?
Es falso, ya que si bajan las tarifas la plata queda en manos de los consumidores que no evaporan o queman el dinero, lo gastan, y al hacerlo contribuyen con el 21% de IVA. Y la empresa que les vende lo que compran paga el 35% de ganancias, por ende el fisco recauda igual.
¿Ya no sirve la excusa de “la pesada herencia”?
Cambiemos recibió una economía que tenía problemas complejos, pero la transformó en un tren fantasma. Para resolverlos virtuosa y no tortuosamente, probablemente la relación con Estados Unidos, el mercado y las empresas debía ser más tensa. Sin embargo, Macri configuró la economía para que el mercado haga y deshaga a su antojo.
¿Cuál es el impacto para la Pymes?
En los últimos dos años se han cerrado unas tres mil empresas. La situación cambia según te acerques o alejes de la General Paz. Las Pymes del polo industrial más orientadas al mercado interno o a la sustitución de importaciones están cayendo a razón de dos dígitos desde 2016. Están al límite, se tienen que achicar a su mínima expresión y tratar de sobrevivir. En cambio, las que exportan pueden compensar la caída del mercado interno con la suba del dólar, no porque estén exportando más sino porque le dan más pesos por el mismo nivel de producción.
«Cambiemos recibió una economía que tenía problemas complejos, pero la transformó en un tren fantasma».
¿Cuál es la perspectiva para este año y el próximo?
Tenemos un déficit fiscal de 30 mil millones de dólares por año. Hay dos maneras de cerrar este déficit: o importás menos, achicás la economía y por ende te empiezan a sobrar dólares; o exportas más y empezás a generar más dólares por la vía expansiva. Cuando se va al Fondo la señal es “vamos a solucionar el déficit por la vía de la recesión”.
¿Por qué?
Porque el FMI nunca va a aprobar un programa expansivo en el cual la Argentina exporte 30 mil millones de dólares más en contra de EE UU, China o Europa. Argentina no le exporta a Júpiter, le vende a un país del mundo, y entonces, si exportamos más, hay un país que por definición va a producir menos. El mercado es uno y quien vende más gana mercado en detrimento de otro.
¿El economista olvida que detrás de los índices hay personas?
El economista es como un médico, la diferencia es que en vez de atender un enfermo trata con los habitantes de un país. La ideología entra cuando se piensa en que el paciente la pase mejor. Si hay un paciente con una gangrena, para que viva, el médico le tiene que cortar la pierna. El tema con un gobierno market friendly, como el actual, es que se te encarna la uña gorda del pie y te cortan la pierna por las dudas.
¿La economía maneja a la política o es a la inversa?
La economía le brinda a la política los bordes de la cancha y le indica que puede jugar dos metros a la izquierda o a la derecha. Si la política se va tres metros, queda fuera de juego. Los buenos políticos son los que juegan hasta el 2,10 del margen.
