“Los bancos estafaron a la mayoría de los ahorristas”

“Los bancos estafaron a la mayoría de los ahorristas”

El humorista Nito Artaza fue otro de los protagonistas de las jornadas de diciembre de 2001. Cómo fue su pelea contra el corralito de Cavallo y De La Rúa que, afirma, le cambió la vida. Similitudes del papel del FMI en la crisis actual.

Actor, humorista y productor teatral, la carrera política de Eugenio Justiniano Artaza, más conocido como “Nito”, comenzó unas semanas antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el anuncio del “corralito” del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien dispuso la confiscación de los ahorros de una parte importante de la clase media. A la cabeza del movimiento Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados, Nito Artaza encabezó numerosos escraches y cacerolazos contra las entidades financieras y su figura se acrecentó hasta convertirse, años más tarde, en senador nacional por la UCR.

¿Cómo fue tu experiencia como representante de los ahorristas?

Me cambió la vida, fuimos amplificadores de personas que habían sido estafadas por los bancos y lo peor hubiera sido que este escándalo hubiera pasado inadvertido. Fue una experiencia ciudadana que deja en claro que los derechos se ganan con la lucha, que fue pacífica, pero con mucha energía. En esto nos amparaba no sólo la Constitución, sino también los contratos que habíamos firmado con los bancos y una Ley de Intangibilidad. Pero a pesar de todo eso, los bancos estafaron a la mayoría de la gente que podía ahorrar.

¿Dónde te encontrabas cuando Cavallo anunció el “corralito”?

Estaba en Mar del Plata haciendo la temporada. En un momento creí que iba a ser momentáneo y que se iba a revertir. Después que observé cómo era la situación, acompañé a los ahorristas de Mar del Plata, que se encontraban en la lucha por su dinero. Luego del fallo “San Luis”, que fue precedente, el juez López de la ciudad de Mar del Plata ordenó que todos los amparos debían ser pagados por los bancos. 

¿Quiénes se sumaron al movimiento?

Conté con el apoyo de Hugo “Perico” Pérez (ex futbolista de Racing e Independiente) y muchos abogados que me acompañaron y con los que organizamos diversas marchas para protestar frente a los bancos y evitar lo que el Fondo Monetario Internacional pedía.

¿Qué medida motivó que se organizara un movimiento de ahorristas?

Fue cuando se cambió la esencia de la moneda y los dólares pasaron a ser bonos del Estado. Es en ese momento, organizamos una marcha hacia el Congreso y ese fue el inicio de la lucha, porque tuvimos visibilidad en una convocatoria en la que participaron 40 mil personas.

¿Qué pedía el FMI?

Pretendía que los bonos de los bancos se transformaran en bonos compulsivos. Es decir que el Estado se hiciera cargo de las deudas de los bancos con los ahorristas. Además, el organismo pretendía parar los amparos de los ahorristas que tenían la posibilidad de sacar el dinero de los bancos, porque si no el sistema bancario podría quebrarse

¿Qué sentías cuando participabas en cada movilización?

Fue muy doloroso acompañar a los ahorristas que en el medio perdieron a sus familiares, que tenían problemas de salud o que no podían ayudar en la educación de sus hijos. Durante esa etapa, según un informe de la Fundación Favaloro, más de 20 mil personas fallecieron por problemas cardíacos.

¿Cuánto duró la lucha?

Unos cinco años. En el medio, algunos recuperaron sus ahorros mientras que otros no. A través de los amparos y de las medidas de la Suprema Corte de Justicia, logramos tener reuniones con el presidente Eduardo Duhalde y con su ministro de Economía, Roberto Lavagna. Nuestro movimiento consiguió que se abra el “corralón” y que el dinero no fuera todo para los bancos. Ellos nos decían que la convertibilidad era insostenible, que convertir un peso en un dólar era un error grave y, al producirse la devaluación, ya no había manera de pagarlo.

También se reunieron con el FMI…

Organizamos un viaje junto a una abogada y nos reunimos con Anoop Singh, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. En esos encuentros, lo más importante era enfatizarle la gravedad de parar los amparos, porque era la única medida que tenían los ahorristas de recuperar su dinero.

¿Qué respuestas les dieron?

Singh nos respondió que las entidades bancarias estaban en condiciones de devolverles los ahorros en dólares, pero que debían hacerlo con el tiempo…

¿Qué otras iniciativas impulsaron?

Juntamos 10 mil firmas y nos presentamos en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas medidas violentaron los derechos a la salud, el ahorro, el derecho a la propiedad. Los bancos, en simultáneo, hacían malversación de fondos porque seguían prestando con dinero ajeno pero retenido. Después de esta denuncia, el por entonces secretario ejecutivo de la Comisión, (el argentino) Santiago Cantón, envió una delegación al país para ver la situación con los bancos. Después nos volvimos a reunir con el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en una de esos encuentros le pedimos al FMI que analizara su actuación con nuestro país.

En 2003, el FMI reconoció que fue corresponsable de la crisis del 2001 porque prestó dinero de manera irresponsable a través del “Megacanje” y eso provocó la fuga de capitales.

Nito Artaza

¿Y qué dijeron?

En 2003, el FMI reconoció que fue corresponsable de la crisis porque prestó dinero de forma irresponsable con el “Megacanje” y eso provocó la fuga de capitales. Esto para nosotros fue muy importante para demostrar al mundo lo que estaba ocurriendo en el país.

¿Cómo recuerda la situación económica y política de ese periodo?

Este problema no solo afectaba a los que pudieron ahorrar. En 2002, Duhalde, en una reunión, me mostró a miles de piqueteros en la Plaza de Mayo y me dijo: “Ustedes ahorraron, pero estos no comen”, lo cual era una situación real y complejizaba la crisis.

¿Qué consecuencias tuvo el corralito?

El argentino común tiene miedo de invertir y de guardar sus ahorros en los bancos y, por ende, generar crédito en el país. Le damos crédito a los norteamericanos o a los que están en un paraíso financiero y no a la Argentina. El país no tiene un mercado de capitales fuerte, a pesar de que tiene un potencial enorme, cuestión que oportunamente marcamos a las autoridades locales e internacionales.

¿Cómo fue tu encuentro con Domingo Cavallo?

Me llamó una noche y me invitó a su casa. El ya no era Ministro de Economía. Y ahí me dijo: “Hay que defender la convertibilidad porque si se sale, esto estalla”.

¿Qué le contestaste?                                     

“Me parece que la convertibilidad, que usted mismo construyó, es inviable”. Después continuó insistiendo con lo mismo, que debía sostenerse en $ 2,60, que había que hacer otra convertibilidad y que eso se lo tenía que comentar a Duhalde porque había un interés de pesificar las deudas de las empresas y que detrás de eso había un interés económico y político.

¿Cómo evaluás el desenlace?

La situación era muy compleja. Nosotros entendimos que se le dio la razón a los que querían pesificar a costa de los ahorristas. Creo que todo pudo haber terminado mejor si no se hubiera respondido solo al interés del sistema financiero.

¿En qué sentido?

Eso demuestra que son el poder real. Eso ocurre también en Estados Unidos y en la Unión Europea. El sistema financiero y las grandes corporaciones son el poder real. Después está el poder formal, lo que votamos e hicieron lo que pudieron y otros respondieron al poder financiero y abajo de todo eso está el ciudadano. Eso no tiene que volver a ocurrir.

“Los bancos estafaron a la mayoría de los ahorristas”

“Los bancos estafaron a la mayoría de los ahorristas”

El humorista Nito Artaza fue otro de los protagonistas de las jornadas de diciembre de 2001. Cómo fue su pelea contra el corralito de Cavallo y De La Rúa que, afirma, le cambió la vida. Similitudes del papel del FMI en la crisis actual.

Actor, humorista y productor teatral, la carrera política de Eugenio Justiniano Artaza, más conocido como “Nito”, comenzó unas semanas antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el anuncio del “corralito” del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien dispuso la confiscación de los ahorros de una parte importante de la clase media. A la cabeza del movimiento Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados, Nito Artaza encabezó numerosos escraches y cacerolazos contra las entidades financieras y su figura se acrecentó hasta convertirse, años más tarde, en senador nacional por la UCR.

¿Cómo fue tu experiencia como representante de los ahorristas?

Me cambió la vida, fuimos amplificadores de personas que habían sido estafadas por los bancos y lo peor hubiera sido que este escándalo hubiera pasado inadvertido. Fue una experiencia ciudadana que deja en claro que los derechos se ganan con la lucha, que fue pacífica, pero con mucha energía. En esto nos amparaba no sólo la Constitución, sino también los contratos que habíamos firmado con los bancos y una Ley de Intangibilidad. Pero a pesar de todo eso, los bancos estafaron a la mayoría de la gente que podía ahorrar.

¿Dónde te encontrabas cuando Cavallo anunció el “corralito”?

Estaba en Mar del Plata haciendo la temporada. En un momento creí que iba a ser momentáneo y que se iba a revertir. Después que observé cómo era la situación, acompañé a los ahorristas de Mar del Plata, que se encontraban en la lucha por su dinero. Luego del fallo “San Luis”, que fue precedente, el juez López de la ciudad de Mar del Plata ordenó que todos los amparos debían ser pagados por los bancos. 

¿Quiénes se sumaron al movimiento?

Conté con el apoyo de Hugo “Perico” Pérez (ex futbolista de Racing e Independiente) y muchos abogados que me acompañaron y con los que organizamos diversas marchas para protestar frente a los bancos y evitar lo que el Fondo Monetario Internacional pedía.

¿Qué medida motivó que se organizara un movimiento de ahorristas?

Fue cuando se cambió la esencia de la moneda y los dólares pasaron a ser bonos del Estado. Es en ese momento, organizamos una marcha hacia el Congreso y ese fue el inicio de la lucha, porque tuvimos visibilidad en una convocatoria en la que participaron 40 mil personas.

¿Qué pedía el FMI?

Pretendía que los bonos de los bancos se transformaran en bonos compulsivos. Es decir que el Estado se hiciera cargo de las deudas de los bancos con los ahorristas. Además, el organismo pretendía parar los amparos de los ahorristas que tenían la posibilidad de sacar el dinero de los bancos, porque si no el sistema bancario podría quebrarse

¿Qué sentías cuando participabas en cada movilización?

Fue muy doloroso acompañar a los ahorristas que en el medio perdieron a sus familiares, que tenían problemas de salud o que no podían ayudar en la educación de sus hijos. Durante esa etapa, según un informe de la Fundación Favaloro, más de 20 mil personas fallecieron por problemas cardíacos.

¿Cuánto duró la lucha?

Unos cinco años. En el medio, algunos recuperaron sus ahorros mientras que otros no. A través de los amparos y de las medidas de la Suprema Corte de Justicia, logramos tener reuniones con el presidente Eduardo Duhalde y con su ministro de Economía, Roberto Lavagna. Nuestro movimiento consiguió que se abra el “corralón” y que el dinero no fuera todo para los bancos. Ellos nos decían que la convertibilidad era insostenible, que convertir un peso en un dólar era un error grave y, al producirse la devaluación, ya no había manera de pagarlo.

También se reunieron con el FMI…

Organizamos un viaje junto a una abogada y nos reunimos con Anoop Singh, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. En esos encuentros, lo más importante era enfatizarle la gravedad de parar los amparos, porque era la única medida que tenían los ahorristas de recuperar su dinero.

¿Qué respuestas les dieron?

Singh nos respondió que las entidades bancarias estaban en condiciones de devolverles los ahorros en dólares, pero que debían hacerlo con el tiempo…

¿Qué otras iniciativas impulsaron?

Juntamos 10 mil firmas y nos presentamos en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas medidas violentaron los derechos a la salud, el ahorro, el derecho a la propiedad. Los bancos, en simultáneo, hacían malversación de fondos porque seguían prestando con dinero ajeno pero retenido. Después de esta denuncia, el por entonces secretario ejecutivo de la Comisión, (el argentino) Santiago Cantón, envió una delegación al país para ver la situación con los bancos. Después nos volvimos a reunir con el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en una de esos encuentros le pedimos al FMI que analizara su actuación con nuestro país.

En 2003, el FMI reconoció que fue corresponsable de la crisis del 2001 porque prestó dinero de manera irresponsable a través del “Megacanje” y eso provocó la fuga de capitales.

Nito Artaza

¿Y qué dijeron?

En 2003, el FMI reconoció que fue corresponsable de la crisis porque prestó dinero de forma irresponsable con el “Megacanje” y eso provocó la fuga de capitales. Esto para nosotros fue muy importante para demostrar al mundo lo que estaba ocurriendo en el país.

¿Cómo recuerda la situación económica y política de ese periodo?

Este problema no solo afectaba a los que pudieron ahorrar. En 2002, Duhalde, en una reunión, me mostró a miles de piqueteros en la Plaza de Mayo y me dijo: “Ustedes ahorraron, pero estos no comen”, lo cual era una situación real y complejizaba la crisis.

¿Qué consecuencias tuvo el corralito?

El argentino común tiene miedo de invertir y de guardar sus ahorros en los bancos y, por ende, generar crédito en el país. Le damos crédito a los norteamericanos o a los que están en un paraíso financiero y no a la Argentina. El país no tiene un mercado de capitales fuerte, a pesar de que tiene un potencial enorme, cuestión que oportunamente marcamos a las autoridades locales e internacionales.

¿Cómo fue tu encuentro con Domingo Cavallo?

Me llamó una noche y me invitó a su casa. El ya no era Ministro de Economía. Y ahí me dijo: “Hay que defender la convertibilidad porque si se sale, esto estalla”.

¿Qué le contestaste?                                     

“Me parece que la convertibilidad, que usted mismo construyó, es inviable”. Después continuó insistiendo con lo mismo, que debía sostenerse en $ 2,60, que había que hacer otra convertibilidad y que eso se lo tenía que comentar a Duhalde porque había un interés de pesificar las deudas de las empresas y que detrás de eso había un interés económico y político.

¿Cómo evaluás el desenlace?

La situación era muy compleja. Nosotros entendimos que se le dio la razón a los que querían pesificar a costa de los ahorristas. Creo que todo pudo haber terminado mejor si no se hubiera respondido solo al interés del sistema financiero.

¿En qué sentido?

Eso demuestra que son el poder real. Eso ocurre también en Estados Unidos y en la Unión Europea. El sistema financiero y las grandes corporaciones son el poder real. Después está el poder formal, lo que votamos e hicieron lo que pudieron y otros respondieron al poder financiero y abajo de todo eso está el ciudadano. Eso no tiene que volver a ocurrir.

¿En qué quedó la denuncia por el endeudamiento con el FMI?

¿En qué quedó la denuncia por el endeudamiento con el FMI?

Por Diego Moneta

Fotografía: Gentileza Telam

El 1 de marzo de 2021, durante la apertura del 139° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido a su equipo para iniciar una “querella criminal” por el endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri había llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La investigación constaría de tres etapas: la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la confección y presentación de la denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), y la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini. Hoy, más de siete meses después, ¿en qué instancia se encuentra?

Acuerdo en falta

El 12 de junio de 2018 la Argentina, a través de una Carta de Intención suscripta en forma conjunta por los entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger respectivamente, solicitó de manera formal el apoyo del FMI. Ocho días más tarde, el organismo internacional aprobó un Acuerdo Stand By por un período de 36 meses.

El esquema completo consistía en desembolsar en Derechos Especiales de Giro (DEG) un monto equivalente aproximadamente a 57 mil millones de dólares, más del mil por ciento de la cuota de Argentina con el Fondo. Tras la asunción de Fernández, se rechazó el último tramo por lo que la deuda terminó totalizando 44,5 mil millones. Varios sectores que integran el Frente de Todos señalaban el perjuicio del Estado a partir del endeudamiento y no eran pocos los que reclamaron y reclaman que no se abonen los vencimientos.

La decisión de suscribir el acuerdo con urgencia, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo multilateral de crédito, se expresó, según diversos denunciantes, en la violación de normas que debían respetarse en el proceso. El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento como con el control de su ejecución. La hipótesis principal es que esos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron la fuga de divisas, dada la coincidencia en las sumas del empréstito, la salida de capitales especulativos y la deuda pública y privada generada en el mismo periodo.

Investigaciones previas

Desde que al inicio de mayo, un mes antes de la formalización, Mauricio Macri comunicó que se habían iniciado conversaciones con el Fondo se suscitaron distintas movilizaciones en repudio a la decisión que luego se traducirían en denuncias judiciales. Éstas fueron impulsadas por sectores diversos, que van desde el Centro para la Integración Financiera (CINFIN) al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), pasando por distintos representantes de la oposición política al gobierno de Cambiemos.

La primera demanda promovida fue la del MNER, impulsada por Eduardo Murúa. Buscaba obtener la declaración de invalidez de “las Cartas de Intención y sus memorandos adjuntos” que llevaron al crédito. Luego de que el fiscal de primera instancia sostuviera la legitimación colectiva de la entidad, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N°9 rechazó el caso por ausencia de “causa o controversia”. La apelación fue resuelta en abril de este año, alegando que había falta de homogeneidad en las pretensiones y exigiendo la promoción individual de acciones de cada una de las empresas integrantes. El cambio de argumentos, que viola el principio judicial de congruencia, dejó a la parte actora sin una medida ordinaria para interponer.

Meses después, Eduardo Codianni, en representación del CINFIN, presentó un amparo para conocer la “existencia de actos previos” a la firma del acuerdo celebrado, ante la denegación de las autoridades de su pedido de acceso a la información pública. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 consideró que no podía prosperar porque esa documentación no existía, dado que el Estado nacional no evaluó que hubiera requisitos previos, lo que se convertiría en el elemento central de la querella impulsada por Alberto Fernández con posterioridad. La sentencia fue revocada en septiembre de 2019 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones y, tras la interposición estatal, nunca hubo una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la denuncia que sienta un precedente es la presentada por Claudio Lozano, ex diputado nacional, y Jonatan Baldivieso, fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Tras haber sido archivada por Julián Ercolini en 2018, al año siguiente insistieron y  quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo de Sebastián  Ramos. Luego se anexaría a otras causas similares investigadas por la jueza María Eugenia Capuchetti. “Hay incumplimiento de todas las normas jurídicas, administrativas y constitucionales y hay malversación de fondos”, asegura Lozano, en diálogo con ANCCOM, y agrega que esas “son las mismas dos claves que señala el Poder Ejecutivo en marzo”.

Cronología de una denuncia

La primera parte de la “querella criminal” ya estaba avanzada. La SIGEN verificó que el Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el FMI en 2018 fue contraído sin la previa intervención de los órganos competentes ni con la información necesaria para su celebración. Así mismo, el BCRA contribuyó con informes complementarios. 

De esta manera, el 12 de marzo la Oficina Anticorrupción, comandada por Félix Crous, realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Capuchetti, por defraudación al haber administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública, y malversación de caudales públicos. Los señalados son el expresidente Macri, los ministros de Hacienda y Finanzas, el mismo Dujovne y Luis Caputo respectivamente, y los titulares del BCRA, el citado Sturzenegger y Guido Sandleris. Dicha sede judicial ya tramitaba otros sumarios por hechos total o parcialmente coincidentes. En este punto, en palabras de Crous para con ANCCOM, la OA “deja de evaluar pasos a seguir”. 

La demanda presentada señala antecedentes y distintas instancias de incumplimiento del acuerdo impulsado por Macri. Por un lado, la eliminación de controles cambiarios, el sostenido aumento de la tasa de interés y de las LEBACS (Letras del Banco Central), y la especulación y formación de activos externos. Por otro, no respetar procesos establecidos en la Constitución Nacional y en leyes presupuestarias, procedimentales, de administración financiera y hasta de traducciones públicas. Además, a partir de la inacción frente a la sobredemanda y salida de dólares, se concluye que el objetivo fue “generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado”, perjudicando los intereses del país.

El 8 de abril salía publicado en el Boletín Oficial el decreto, con la firma del presidente Fernández, del por entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, del ministro de Justicia Martín Soria y de su par de la cartera de Economía Martín Guzmán, que instruía la presentación como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional. El 21, el organismo – con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Diez- solicitaba su inclusión en la causa, indicando que existían elementos para “atribuir a los funcionarios la vulneración de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa».

Al día siguiente, el fiscal federal Franco Picardi dio impulso a la denuncia asentada, para investigar si se había incurrido en delitos, al ampliar el requerimiento de instrucción en el marco de otro expediente iniciado y en el que los mismos acusados ya se encontraban imputados. En la actualidad, la “querella criminal” anunciada por Fernández se halla en la etapa preparatoria de producción de prueba, la cual es secreta y está a cargo de la jueza. 

El Tesoro querellante

En paralelo a las conversaciones del Gobierno Nacional con el organismo internacional para renegociar el acuerdo, a mediados de agosto la Procuración fue aceptada como querellante. Capuchetti hizo lugar a sus pedidos y solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por un lado, los fondos y las personas que compraron LEBACS desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, discriminando entre argentinos y no residentes. Por otro, los nombres de empresas e individuos que vendieron dichos títulos de deuda a partir de la corrida cambiaria de 2018 que derivó en el préstamo del FMI. El objetivo es determinar si existieron vínculos entre funcionarios y compradores para asegurar ganancias.

A su vez, la jueza le volvió a pedir a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso de la Nación que remita toda documentación en su poder vinculada al acuerdo en cuestión como así también de sus renegociaciones posteriores. Para Claudio Lozano la actitud de la Procuración es la única que haría la diferencia con respecto a otras denuncias. “Tendría que apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada”, desliza. 

En paralelo, el presidente Fernández cada vez que participa de algún encuentro multilateral  insiste en estas cuestiones. Desde la denuncia de un “endeudamiento tóxico” con el FMI a la propuesta de canje de “deuda por acción climática” para quienes están en vías de desarrollo, el primer mandatario reclama un “reordenamiento de la arquitectura financiera internacional”. En simultáneo, continúan las negociaciones con el organismo de crédito y se siguen abonando los vencimientos a la espera de un programa que le permita al país una recuperación económica, si es que eso es posible.

 

 

Ecuador frenó al FMI

Ecuador frenó al FMI

Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO

El domingo 13 de octubre sentó el antecedente de una lucha popular ecuatoriana que puso en jaque el avance neoliberal en América latina. Para Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) quedó demostrado que “es posible contrarrestar el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este suceso demostró que es posible decirle al FMI: de aquí no pasas, este territorio es soberano y este territorio decide qué política económica tener.”

Luego de 10 días de manifestaciones en las que el pueblo y las nacionalidades indígenas en articulación con estudiantes y trabajadores colmaron las calles, principalmente de Quito, en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno ese día se llegó a un acuerdo entre las partes que se realizó de manera televisiva y online. En esta noche ocurrió un hecho histórico: el repudiado decreto 883 fue derogado y se dio vuelta atrás al paquetazo neoliberal indicado por el Fondo Monetario Internacional.

El 1º de octubre, el Ejecutivo le habló al pueblo ecuatoriano a través de una cadena nacional en la que esgrimió las medidas antipopulares que se iban a llevar a cabo. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio del combustible, la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que vayan a ser renovados, la reducción del periodo de vacaciones de los empleados estatales de 30 a 15 días y la obligación de que los trabajadores de las empresas públicas aporten un día de salario a las arcas del Estado. “A su vez -comenta Décio Machado, consultor político especializado en Comunicación y Análisis Estratégico- había una serie de medidas laborales que significaban nuevas modalidades de contratación que en el fondo implicaban una flexibilización del mercado de trabajo privado. Todo esto justificado bajo el argumento de la necesidad de implementar un modelo acorde a los nuevos tiempos.” A su vez, explicó por qué todo detonó con la eliminación de los subsidios al combustible; “Se tenga o no vehículo, involucra a todas las familias: afecta el precio de los alimentos, los productos de primera necesidad, la inflación.”

Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO

Ante estas nuevas políticas económicas, el 3 de octubre el sector de transportistas inició una serie de cortes de vías en todas las provincias a modo de protesta. Sin embargo, Chalán cuenta que “posteriormente llegaron a acuerdos con el gobierno nacional que indudablemente nos afectaban a las grandes mayorías: ellos aceptaron la subida del combustible a cambio de bonos para poder hacer cambios de llantas y del aumento de las tarifas del transporte público.” Por esta razón, el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya se había sumado a los reclamos de los transportistas, incrementó su descontento y la fuerza de los reclamos.

Las acciones fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los días. Al bloqueo de rutas -llegando a contabilizarse alrededor de 300 cortes simultáneos- se agregaron las tomas de gobernaciones a lo largo del país, la paralización de la actividad petrolera en las estaciones de bombeo y en más de 60 pozos petroleros en la Amazonía del norte. Luego, el 7 de octubre hubo un llamamiento a las bases del movimiento indígena para trasladarse a la ciudad de Quito, epicentro de la represión. “Se trasladó gente de norte y el del sur, pertenecientes a los pueblos Panzaleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela y Caranqui. El martes 8 de octubre llegaron a la capital ecuatoriana más de 12 mil personas de la estructura del movimiento indígena”, dijo a ANCCOM el activista Apawki Castro, vocero de la CONAIE.

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La respuesta del gobierno fue represiva y brutal. En este punto, Chalán dijo: “Nos dimos cuenta de que no estábamos actuando en contra del mismo Estado de hace 20 o 10 años. Este Estado es mucho más dotado, con más agresividad y más ejercicio de la fuerza sobre grupos de manifestantes, pueblos y nacionalidades, estudiantes y trabajadores. Entonces vemos que hay un incremento del aparato represivo bastante fuerte.”

Por otra parte, la Asamblea Nacional no sesionó durante los 13 días del paro nacional “manteniendo una actitud totalmente desalineada de los intereses populares”, según Andrés Tapia, el comunicador de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La población, entonces, decidió hacer una toma de estas instalaciones: lo realizó sin éxito el primero de los días y en el segundo, con una manifestación masiva con más 10 mil personas, rodeó a la Asamblea Nacional. Sobre el suceso, Chalán narró: “Un día fuimos a la Asamblea Nacional esperando poder hacer una toma simbólica y sin embargo sólo se dejó pasar a un número contado de compañeras. Posterior a eso, sin previo aviso, cuando había alrededor de 15 mil manifestantes en las cercanías de la Asamblea Nacional, la policía conjuntamente con las fuerzas armadas deciden disparar gas lacrimógeno de manera indiscriminada y exagerada a toda la población que se encontraba en ese momento comiendo.”

El saldo de la represión fue de diez  muertos, según información de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana. Todos manifestantes, entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente indígena de la CONAIE en Cotopaxi. Además, hubo 1.340 personas atendidas en hospitales por actos violentos -8 personas perdieron un ojo- y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, registró la detención de 1.330 personas.

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Ante las manifestaciones y el arribo del contingente de personas a Quito, el presidente Moreno decidió trasladar la sede gobierno de Quito a Guayaquil. Sin embargo, la represión continuó. “Hubo una afectación bastante fuerte del sector de la agroindustria -comenta Chalán- Las rocoleras y las florícolas ya se habían declarado en estado de emergencia. A su vez, al cortar las vías se impidió que la cadena productiva funcione y eso provoca desabastecimiento y encarecimiento. El fisco no percibía la renta petrolera ni ingresos provenientes del turismo y el riesgo país aumentaba. Entonces ya eran razones suficientes para que el gobierno nacional reflexione sobre lo que estaba haciendo y esto hizo que llamen a un acuerdo entre las partes.”

El movimiento indígena aceptó reunirse a debatir el decreto 883 con el gobierno poniendo como exigencia que este sea televisado para que pueda ser visto por todos los ecuatorianos. El gobierno dio conformidad: el debate se realizó el domingo 13 de octubre a la noche y la resolución fue retrotraer las medidas sobre el combustible.

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Para Décio Machado,esta mesa de negociación ha marcado un hito histórico: es una victoria de los movimientos populares, encabezados por el movimiento indígena en articulación con el feminismo y los estudiantes, contra medidas de carácter económico de perfil neoliberal impuestas por el FMI. Además, se visualiza una nueva etapa de dirigentes jóvenes que apuntan a un nuevo horizonte de lucha por la emancipación de los pueblos en el Ecuador.”

Chalán espera que este hecho anclado en Ecuador “sea una luz para toda latinoamérica y el mundo.” Además, que siente las bases para seguir reivindicando lo que desde hace años vienen haciendo desde el movimiento indígena: “La soberanía sobre nuestros territorios, la despenalización del aborto, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, el transporte comunitario, precios justos en la producción de leche y otras demandas que son bastante puntuales que tenemos dentro de nuestros territorios y que mejorarán la calidad de vida de nuestros compañeros.”

Por lo pronto, la siguiente acción del movimiento indígena fue enviar una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo empatía por los hechos ocurridos en el Ecuador y la culminación del hostigamiento económico que sufre el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que creará un nuevo decreto. Para Andrés Tapia, es urgente que en él se contemplen las demandas y necesidades populares. “Caso contrario, el pueblo continuará movilizado”, sentenció.

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