Jul 9, 2024 | Comunidad, Destacado 4
Organizaciones barriales de la ciudad de Buenos Aires, realizaron un encuentro para exponer problemáticas y planes de lucha en común contra el avance del Gobierno de la Ciudad sobre los espacios verdes en todas las zonas.
El lunes 8 de julio distintas organizaciones sociales realizaron un encuentro en el Salón San Martín de la Legislatura porteña por la “participación ciudadana en la creación y preservación de los espacios verdes públicos”.
“Aquí se manifiesta el cómo de la participación ciudadana en todas sus formas: asambleas, ONG, asociaciones civiles, los que están dentro de la Ley de Comunas y de las leyes por las cuales se gestionan, entre otros, el Parque Avellaneda y el Parque de la Estación”, opinó Ricardo Muir, integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, una de las organizaciones convocantes, en diálogo con ANCCOM.
Fueron alrededor de diez expositores que contaron sus distintas historias y proyectos de ley aprovechando una pantalla para proyectar audiovisuales. Posteriormente, mostraron un video de María Angélica Di Giacomo, de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles, quien no pudo participar pero era una de las convocantes, y abrieron el micrófono para todo aquel que no se había anotado previamente y quisiese opinar, preguntar o señalar algo. La transmisión se puede ver en el Instagram Basta de Mutilar Nuestros Árboles.
“Somos varios colectivos de distintos barrios, cada uno con sus conflictos puntuales, pero cuando uno se aleja un poco y, en vez de ver el barrio propio ve globalmente la Ciudad, se da cuenta que los mismos conflictos están sucediendo en todos lados. Esto tiene que ver con la apropiación del espacio público y, sobre todo, espacios verdes públicos por parte de empresas inmobiliarias”, recalcó David Burin a ANCCOM, participante de Incluir, Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, y de Parque Cultural Estación Colegiales, otra de las promotoras del encuentro.
Muir también destacó que “esta potencia de lo ‘verde’ ha generado en otras culturas y en otros países hasta partidos políticos que han llegado a condiciones de gobernar. Aquí estamos en una instancia mucho más interesante de construcción política colectiva que incluye a un actor que tenemos que configurar que es político, técnico, comunitario, productivo que piense la Ciudad de conjunto”.
Sobre el conflicto en la Estación Colegiales, Burin contó que “hay un terreno ferroviario que antes tenía siete hectáreas libres, en 2016 presentamos un proyecto para que todo ese espacio sea un gran parque, en uno de los barrios que tiene menos espacios verdes públicos por habitante. El gobierno de Macri presentó un proyecto a la semana del nuestro, en donde se decidió ceder el 35% de la superficie del parque para construir edificios. Se lograron subastar cinco de los nueve lotes, los otros 4 no se subastaron y están en litigio judicial por un conflicto entre Nación y Ciudad para ver quién es el dueño”.
Sobre el proyecto del colectivo que integra Burin agrega: “Más allá de la propiedad de los inmuebles, lo que queremos es incorporar siete mil metros cuadrados más de parque a lo que se está construyendo ahora. Los que sí se vendieron, se están construyendo y va a haber ocho mil habitantes más en el barrio, que ya está sobrepoblado. Yo me estoy quedando sin agua, me tengo que poner una bomba para que suba el agua hasta el tanque. La ciudad se empieza a hacer invivible”.
Por el lado del Parque Avellaneda, Muir criticó el incumpliento de la Ley 1153. “Desde hace 25 años estamos en gestión asociada entre los vecinos y el gobierno. Imagínense los distintos tipos de gobierno que han pasado y las distintas posibilidades de articulación que hubo y se frustraron en este tiempo con todas esas gestiones”.
Hugo Campos, referente de Vecinos por la Ecología que se sumó al micrófono abierto, resaltó en charla con ANCCOM que participó a partir de conocer “a muchos de los integrantes de las organizaciones que están luchando por los espacios verdes históricamente, lo que también es preocupante porque demuestra que el Gobierno de la Ciudad, lejos de llevar un plan de ampliación, mejora y revalorización del espacio verde público, está haciendo todo lo opuesto, que es ir en contra del espacio verde, más privatización, más cemento, menos árboles”.
Aprovechó también para narrar que “en el Parque Saavedra tenemos una supuesta asociación San Jorge que no existe, sino que es un centro de jubilados que usa ese nombre para hacer negocios privados en un parque público. Hace poquito, Elsztain avisó que va a construir unas nuevas torres al lado del Shopping Dot, en lo que era parte del servicio técnico de Philips, lo cual sigue metiendo más presión en la zona”.
Aportando algo positivo, expresó con alegría que “nuestra agrupación se sumó a una iniciativa enorme de la Red Solidaria de Juan Carr que es la Ruta Verde, que va desde Alaska hasta Ushuaia, donde la idea es que, en cada comunidad, se generen pequeños corredores verdes con plantas nativas para recuperar la biodiversidad de cada zona y de ese modo la gente pueda volver a ganar calidad de vida”. Cerró también aclarando que necesitan “el apoyo de todos los partidos políticos, porque, en definitiva, la situación ambiental no discrimina en ideologías de ningún tipo”.
Cerrando el encuentro, Celeste Fierro, legisladora porteña por el MST en el FIT, saludó la convocatoria que contó con su apoyo para conseguir el salón y prosiguieron a sacarse fotos todos juntos con banderas con consignas, mientras un grupo vitoreaba por la libertad de los cuatro manifestantes que aún siguen detenidos desde el 12 de junio en una movilización contra la llamada “Ley Bases” del gobierno nacional.
Sep 14, 2022 | Comunidad, Destacado 2
El «Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas» muestra el déficit que tiene en la materia la Capital Federal. Como siempre, los sectores de menores ingresos son los más perjudicados. Las consecuencias para el ambiente y la salud.
En la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 mil habitantes viven lejos de una plaza o parque con acceso a pasto, árboles y un poco de naturaleza. Este es uno de muchos datos que arroja el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas desarrollado por la Fundación Bunge y Born, que se propuso detectar el acceso público a ese tipo de ambientes en los mayores aglomerados urbanos del país. Dentro de esta categoría entran 155 localidades, y en todas ellas el nivel de ingresos se condice con la disponibilidad de contacto con la naturaleza.
“El percentil más bajo tiende a tener una accesibilidad muchísimo peor que la de los vecinos mejor acomodados. Esto no es exclusivo a Buenos Aires, hay una inequidad que calca la vulnerabilidad económica y se replica en casi todas las ciudades del país”, explica uno de los expertos que ejecutó el estudio. Antonio Vázquez Brust estudió Ciencias de la Computación y es magíster en Planificación Urbana, especializándose en el análisis de datos y la estadística para estudios urbanos. Ese camino lo llevó hasta la elaboración del Atlas, en el que su equipo construyó una base de datos georreferenciada y contrastada con imágenes satelitales, que permitió conocer la situación a nivel país
La investigación también se nutrió de un cruce con datos censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, del INDEC. “Uno de los fines del estudio fue confirmar algo que ya se sospechaba: las ciudades argentinas, en general, tienen una oferta muy baja de espacio público verde. En CABA y el Gran Buenos Aires hay un tapizado de cemento de millones de km2”, continúa Vázquez Brust. La Ciudad Autónoma es una de las urbes con menos espacios naturales por habitante de toda Argentina, donde más del 12% de la población vive lejos de uno. El sector más vulnerable es el más perjudicado: una de cada cuatro personas tiene poco o nulo acceso a estas locaciones. En el percentil más rico, el número es de 1 en 25.
María Fernanda Danguise, quien fue mediadora comunitaria en la Villa 15 de Mataderos, asegura que las condiciones de esparcimiento de los vecinos son alarmantes. “El acceso a espacios abiertos es muy escaso, no hay pasto ni árboles, y los juegos son pocos. Todo es tierra, no existe el espacio verde”, comenta. Además, insiste en que la situación se vincula con otras problemáticas sociales, como la droga y la delincuencia. “Si es que hay proyectos de desarrollo, duran muy poco. Es difícil que esos espacios se mejoren porque muchas veces son utilizados como zonas de consumo, y en la práctica es un riesgo que un niño se acerque a jugar”. Cuenta que las pocas veces que estos habitantes realizan excursiones a parques de otras localidades, quedan maravillados con el pasto y con los árboles.
Entre otras cosas, el Atlas define un umbral de accesibilidad de diez minutos de caminata hasta el lugar, siguiendo los lineamientos de la iniciativa estadounidense 10 Minute Walk. “Es una especie de número mágico. Se ha estudiado cuándo los residentes aprovechan la oferta de espacios públicos y los incorporan en su vida cotidiana. Si una persona tiene un sitio así a menos de 10 minutos desde su casa, lo utiliza con frecuencia. Si no, no”, menciona Vázquez Brust.
Gracias a su impecable ejecución, el informe de la Fundación fue retomado por la Comisión de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, agregando estas métricas a los datos según los cuáles planifican y piensan legislaciones. Milagros Schapp, becaria del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3IA, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señala que esta información sirve a la infraestructura ambiental y la prevención del cambio climático. “Si tuviéramos más espacios verdes, tendríamos una calidad ambiental general mucho mejor y menos gastos: menos aires acondicionados encendidos, más posibilidades de hacer actividades económicas que no se detengan por el calor”, insiste.
Estudios recientes vinculan el acceso a parques y plazas con un efecto positivo en la salud pública, reduciendo la morbilidad cardiovascular, la prevalencia de diabetes tipo 2 y el desarrollo cognitivo infantil, entre otros. “Estos lugares retienen material particulado. El hollín, ceniza, polvo y demás se depositan sobre las hojas y no lo respirás. Sin su presencia, esas partículas quedan suspendidas en el aire durante el tiempo suficiente como para inhalarlo. Además, disminuyen la contaminación sonora”, aclara Schapp.
Respecto a su rol ambiental, argumenta que la vegetación es moderadora climática porque captura el agua y la evapora, y ese vapor toma temperatura del aire. Esto evita atmósferas secas, donde hay más propensión a la amplitud térmica. “Así prevenís olas de calor. Cuando la radiación es fuerte, el espacio verde absorbe longitudes de onda corta con mucha energía calórica, evitando la radiación desde el suelo. Si no tenés ese espacio verde, el infrarrojo que refleja el asfalto se transforma en un calor sofocante”, explica. Tanto en temporadas frías como cálidas, sostiene que la diferencia puede ser de 3°C en promedio.
Geográficamente, Schapp recuerda que esta zona de la provincia es de ríos de llanura, con planicies de inundación muy amplias. “La vegetación funciona como un buffer hídrico, una barrera que evita que las subidas sean repentinas y pronunciadas. Sin esto, los costos son mucho mayores, no sólo en daños sino en obra pública”. A su vez, sostiene que “si las lluvias se dan en una superficie de asfalto, la acumulación es mucho más rápida y el caudal pico es muy alto”. Esto sucede en lugares como la Cuenca Matanza Riachuelo y la cuenca del Reconquista.
En cuanto a la importancia simbólica de los parques y plazas arboladas, reflexiona que su presencia excede las necesidades edilicias y ambientales, ya que supone una parte irremplazable del ecosistema social. “La estética está atada a los espacios verdes, tienen un valor intrínseco por fuera de su utilidad. La calidad de vida aumenta cuando el paisaje está en buen estado”, concluye.
Jul 10, 2022 | Comunidad, Destacado 3
El parque redondo de Saavedra quedará atravesado por un zanjón de aguas contaminadas, si el GCBA lleva adelante su proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano. Finalizaron las audiencias públicas con un fuerte rechazo de los vecinos.
Durante la semana pasada se llevaron adelante las audiencias públicas en torno a la regeneración del Arroyo Medrano en Parque Saavedra, donde los expertos expusieron el proyecto y los vecinos expresaron su rechazo. Mientras que los primeros consideraron la obra como la solución para las inundaciones en el barrio, los últimos lo categorizaron como una obra “estética” e “innecesaria”, una “zanja”, un “barroquismo urbano”.
Cruzando el parque circular, sobre las calles Pinto, Vilela y las avenidas Melián y García del Río, en el barrio de Saavedra, solía pasar el cauce del Arroyo Medrano hasta la década del 40, cuando fue finalmente entubado. El proyecto en cuestión propone la construcción de un reservorio de agua pluvial para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”.
Según explicó en diálogo con ANCCOM la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, un reservorio se define como “obras hidráulicas que permiten retener y laminar las aguas de lluvia y son soluciones muy eficientes frente a eventos de precipitación de corta duración y elevada intensidad”. Su función consiste en evitar que ese agua ingrese a los sistemas pluviales provocando su desborde.
Sin embargo, la especialista señaló que el proyecto en cuestión es inconsulto y que nada tiene que ver con regenerar el Arroyo Medrano: “Es ejecutar un zanjón que va a atravesar al Parque Saavedra con pendiente nula y alimentado con agua de la napa. Por lo tanto va a limitar muchísimos usos sociales que hoy tiene el Parque Saavedra”. Koutsovitis también apunta problemas ambientales y sanitarios “en tanto las aguas no van a circular de manera permanente y el agua de las napas con las que va a alimentarse al zanjón contiene aceites, fenol, arsénico, coliformes totales, escherichia coli, plomo y cobre, entre otras sustancias contaminantes”. La ingeniera que hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto aclaró en diálogo con ANCCOM que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”.
En la audiencia realizada de forma virtual vía Zoom, la exdiputada nacional, María José Lubertino, describió al proyecto como “otra disneylandización de la Ciudad de Buenos Aires” y al tema de “carácter público que afecta a todos, son temas de vida o muerte de las personas” haciendo alusión a la última gran inundación que sufrió el barrio el 2 de abril de 2013, que dejó un saldo de seis muertos y decenas de casas dañadas. Pueden contarse también otros desbordes del Arroyo Medrano como el del 26 de enero o el 31 de mayo de 1985, el día que llovió 24 horas.
Manuel Ludueña, profesor de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que calificó al proyecto como “una obra escenográfica”, expuso en la audiencia el uso “engañoso” e “irresponsable” del término regeneración entendido como un “proceso para recuperar la estructura y la función de partes de un cuerpo dañado” y que por ende “adosar una acequia con agua paralela al trazado original no sería una regeneración del arroyo”. Además, mencionó que en el plan de participación de GCBA con los vecinos, un 26% solicitó espacio para actividades de esparcimiento y descanso y “sin embargo este proyecto ocupa el 50% del parque para actividades contemplativas”. Agregó que se “desnaturaliza y artificializa”. El proyecto “destroza el trazado patrimonial del parque”, expresó Ludueña.
Ana Belén Mercado, socióloga y vecina, dijo que el objetivo central del proyecto se trata de una “gentrificación” del barrio de Saavedra, que consta de “inyectar dinero en zonas puntuales para valorizarlas con el objetivo de promover la especulación inmobiliaria y el progresivo emplazamiento de la población de larga data”. Explicó, además, que en términos geográficos “el barrio queda partido y va perdiendo su identidad” haciendo resonar la pregunta con la que concluyó su ponencia “¿hace falta arreglar lo que no está roto?”.
A partir de las inundaciones de 2013, en 2016 fue creado el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM), integrado por representantes de todas las jurisdicciones, ONG y otras entidades con el fin de obtener “una visión integral de la cuenca con representaciones de todos”. El gerente de Proyectos Hidráulicos, Sergio Herbón, expresó que en las reuniones del CICAM “se identificó la necesidad de tener un plan maestro para la cuenca que fuera una actualización y una mejora”. Sin embargo, los vecinos insistieron en el real funcionamiento de este organismo, con la participación de los barrios de la Provincia de Buenos Aires afectados por el arroyo, y “no solo funcionarios, sino académicos, trabajadores de las fábricas aledañas y vecinos de la zona”.
En la votación de la junta comunal, el proyecto ya había sido rechazado 4 a 3 por los representantes de las comunas. Soledad González Alemán, directora de la revista barrial de Saavedra, repuso el carácter “arbitrario” del proyecto que no fue consultado con los vecinos y vecinas, la “falta de transparencia e información brindada a la comunidad y la ausencia de espacios para la expresión de la opinión”. La comunicadora social expresó que el parque Saavedra “es el patio de miles de vecinos” y que esta obra supondría la “pérdida de más de cinco mil metros cuadrados de espacio verde”, de ese jardín que “va en contra de la voluntad de la mayor parte de la comunidad”.
Lo que tuvieron en común todos los oradores fue la insistencia en el proyecto del Reservorio II del Parque Sarmiento, una obra que cuenta con una capacidad de 200 mil metros cúbicos, cuatro veces más que el que se busca impulsar en Saavedra, además de que se encuentra aguas arriba, es decir, más lejos de la desembocadura del arroyo. “Son dos aspectos claves a la hora de evaluar una obra de estas características: siempre es más eficiente tener un mayor volumen de retención y que esa retención se realice lo más alejada que sea posible de la desembocadura”, explicó a esta agencia Koutsovitis. Jorge Marchini, presidente de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, el organismo más antiguo del barrio, expresó que “es mucho más prioritaria y una excelente obra, más barata, de menor impacto social que no se sabe por qué ha sido dejado de lado”, expresó . El mismo insistió en la disponibilidad del ex campo de golf privado que se concesionó dentro del Parque Sarmiento y calificó esta actitud del GCBA como un “misterio” por el desvío hacia una nueva obra hidráulica que si no da marcha atrás será una “negligencia”.
Frente a aquel grito a viva voz del “No se inunda más” enunciado por el expresidente Mauricio Macri en el acto de cierre de su campaña en 2019, “Saavedra no duerme cuando llueve”, fue la frase acuñada por el barrio que repuso José Olivo, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12, y concluyó su ponencia reclamando que “los vecinos queremos volver a descansar y no estar pendientes del pronóstico”.
La comunidad barrial emprenderá una serie de acciones para detener la obra. En primer lugar, la realización de una denuncia con los aportes de la Koutsovitis, al informe de impacto ambiental que el gobierno porteño pretende aprobar: “No puedo afirmar cuales son las verdaderas intenciones del GCBA, pero esta propuesta nada tienen con la implementación de una solución de drenaje sostenible basada en la naturaleza. Si este proyecto se enmarca en la Gestión del Riesgo de Inundaciones, no se analizaron alternativas, no está claro que escenarios se estudiaron ni cuáles fueron las instancias de participación que dieron lugar a la selección de la presente propuesta”. Además, señaló las faltas de dicha propuesta que no tiene la documentación técnica mínima para la realización de una evaluación eficaz: “No incorpora memoria técnica, parámetros de diseño, descripción del modelo hidrológico e hidráulico, condiciones de calibración, condiciones de borde. Parece más marketing ambiental y paisajístico que una medida destinada a la Gestión del Riesgo de Inundaciones”.
De seguir adelante con el proyecto, y como última instancia, los vecinos están decididos a ir a la instancia judicial e iniciar una acción de amparo. Asimismo, solicitarán a la Junta Comunal y a la Legislatura un plan de manejo del parque donde los vecinos tengan participación y sean consultados ante cualquier acción que se pretenda hacer en el espacio verde.
Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Una bicicleteada desde el Congreso de la Nación hasta la puerta sur de la Reserva Ecológica en defensa de la costanera y los humedales, frente a la amenaza de un proyecto inmobiliario del grupo IRSA con el Gobierno de la Ciudad, convocó el domingo último a más de 1.500 personas.
En la sesión ordinaria del jueves pasado, la Legislatura aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 con 37 votos a favor y 20 negativos. La propuesta denominada Costa Urbana, impulsada por el Gobierno de la Ciudad junto al grupo IRSA, viola las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad para este tipo de proyectos.
Ante este avance, diversas organizaciones presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una reserva ecológica. Este proyecto de ley se titula “Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur-Nuestro Río” y fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, con el acompañamiento de más de 220 asambleas y espacios colectivos. Además, desde la ciudadanía, se convocó un abrazo simbólico y una bicicleteada el domingo pasado para recuperar la Costanera Sur.
“El fin de semana anterior fuimos a la Reserva Ecológica a pedalear y nos pararon para firmar. Y obviamente estamos de acuerdo con un tema ecológico: la ciudad tiene una cantidad de m2 de espacio verde está por debajo de la media mundial”, comenta Luciano, arquitecto que, junto a su familia, desde Avellaneda, se encontraban frente al Congreso esperando el inicio de la bicicleteada.
Este emprendimiento de construcción de mega torres de 145 mestros de altura en la Costanera Sur, en un predio que se encuentra ubicado al lado de la Reserva Ecológica, es un contrasentido ambiental, urbano y social. La ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, explica: “De concretarse, va a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la ciudad y en particular para la Reserva Ecológica. Va a modificar las condiciones de asoleamiento, la circulación de los vientos y el escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas. Además de generar todo tipo de impactos sonoros que van a poner en riesgo la biodiversidad de la reserva”.
Leila, jubilada y escenógrafa que cautivaba la atención de las personas con su bicicleta, expresa: “Vine porque soy ciudadana de Buenos Aires y amo mi ciudad” sosteniendo su cartel: “Carpincho diputado”. “Voy desde hace muchísimos años a la Reserva Ecológica, incluso antes de que se hiciera Puerto Madero. Y la verdad, no quisiera que se construya más nada, sobre todo porque serían torres que en su mayoría estarían desocupadas, nadie las habitaría. Estoy cansada de los negocios para unos pocos, porque ni siquiera va a vivir gente ahí”. Este predio de 72 hectáreas, es uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires. La construcción de este nuevo Puerto Madero vendría a consolidar una nueva fractura urbana entre una Buenos Aires ribereña, destinada al 5% de la población de mayores recursos, y una Buenos Aires de espaldas al río, sin derecho al horizonte.
“Nos llama la atención este proyecto inmobiliario porque está totalmente en contra de lo que la Ciudad se propone en cuanto democracia ambiental”, dice Zoe, militante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La organización se encarga de verificar que las políticas públicas se encuentren acorde a lo que ellos definen como los derechos a la ciudad, que son garantizar el acceso igual a los derechos que implican vivir en Buenos Aires: salud, transporte, vivienda digna, ambiente, entre otros. “El proceso ya en sí, de la evolución de la política pública está en contra de la Constitución de la Ciudad, Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú que se firmó el año pasado. Privatizar la costanera vulnera todos nuestros derechos de acceder al espacio público, a los espacios verdes y de tener una ciudad sana que se pueda disfrutar en igualdad”.
Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante por eso es necesario defender el humedal y recuperar este predio para transformarlo en una nueva reserva ecológica. Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de Laburantes, comenta que la convocatoria excedió la previsión y que llamarán a nuevas actividades esta semana. Todavía falta una segunda lectura, una audiencia pública y realizar el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto inmobiliario continúa en pie.
Ago 4, 2021 | Comunidad, Novedades
Organizaciones sociales y ambientalistas buscan frenar un nuevo emprendimiento inmobiliario que el bloque Vamos Juntos tiene pensado para la Costanera Sur. Mañana, el oficialismo de la Ciudad intentará aprobar el proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Costanera Sur, con torres de hasta 145 metros, que replica el modelo urbano de los edificios de altura de Puerto Madero. Se trata de una parcela de 71 hectáreas con ingreso por la Avenida España al 2230, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors, pero que fue cedido a empresa IRSA.
El 29 de julio último, la oposición logró frenar el debate parlamentario a través de una medida “precautelarmente” por incumplimientos en el proceso. El convenio urbanístico fue presentado por el Gobierno de la Ciudad el martes 27 de julio pasado, pero el juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, dictó la medida precautelar al hacer lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales y ambientales que denunciaron que el convenio iba a ser sometido a una votación, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución de la Ciudad.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes, argumentaron que el gobierno de la Ciudad no cumplió con la audiencia pública obligatoria que establece el Artículo 63 para proyectos de planeamiento urbano: “Antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. Además, no se presentó un estudio de impacto ambiental del emprendimiento como indica la Ley 123 de «Evaluación de Impacto Ambiental» que busca la realización de un “procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente”.
El vicepresidente del bloque del Frente de Todos (FdT) y de la Comisión de Planeamiento, Javier Andrade, explicó que desde el macrismo hace tiempo insisten con el proyecto: “Antes se llamaba Solares de Santa María y ahora Costa Urbana. Y en esta oportunidad, en el convenio urbanístico que proponen, ceden algunas hectáreas para parque, pero siguen consolidando esta idea que vienen trayendo hace tiempo de barrios náuticos, barrios cerrados y barrios privados”, explicó.
En caso de que el plan se apruebe se levantará un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors con un permiso de 12 a 145 metros de altura para las futuras construcciones de viviendas residenciales y locales comerciales. A modo de contraprestación por la reforma, la empresa desarrolladora deberá ceder a la ciudad el dominio de 48 de las 71 hectáreas de la parcela que serán destinadas a un espacio de acceso público, alcanzando una superficie total construida aproximadamente de 900 mil m2.
“Es muy problemática la situación teniendo la Reserva Ecológica en frente y el barrio popular Rodrigo Bueno al lado. Y, por otra parte, la Ciudad Deportiva está en un lugar que es un humedal, protegido desde 2005, y que obviamente no se atiende a los movimientos de tierras ni se sabe cómo va a ser. Tiene que haber una evaluación para saber qué impacto puede tener eso para ver cómo van a avanzar. Estamos hablando de torres de 145 metros de altura, y arroyos internos, con amarraderos”, comenta el legislador de Frente de Todos.
La figura de barrios privados o cerrados, clubes de campo o náuticos, de acuerdo al Código Civil y Comercial, se consideran conjuntos inmobiliarios, ya que cierran el espacio urbanizado. A raíz del convenio, se va a generar un aumento exponencial en relación al valor de este predio. Se puede estimar que, a partir de la firma, solo el valor del suelo va a tener aproximadamente 1.600 millones de dólares cuando el grupo IRSA compró este terreno a 50 millones de dólares en 1997. “Nosotros no negamos que existe la herramienta, lo que planteamos es que en la Ciudad de Buenos Aires no cabe esa situación. Tanto por la densidad de población, por la falta de tierras que tenemos, y porque sigue encareciendo aún más el suelo. Estos emprendimientos tan caros, como el que proponen para Costa Urbana, lo que hacen, en términos de acceso a la vivienda es encarecer aún más el suelo, y por ende encarecer el alquiler y el acceder a una vivienda propia”.
En la charla publica virtual “Costa urbanizada vs. Costa Urbana” realizada el martes 3 de agosto por la Red de Asambleas Barriales y la organización Tierras Ferroviarias Verdes, la ingeniera María Eva Koutsovitis (miembro de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria) explica los impactos que un proyecto de estas características puede generar en el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, pero en particular en el borde costero. La Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural que son las olas de calor y las lluvias extraordinarias. “Si pensamos en relación a la cantidad de servicio existimos que brindan las superficies verdes vamos a encontrar otros datos importantes: la Ciudad de Buenos Aires es una de capitales del mundo con menor superficie verde por habitantes, por lo tanto, es un absoluto contrasentido que en la última década la ciudad se haya desprendido de 150 hectáreas de superficie verde”, señala.
La construcción consolida una fractura urbana, entre ciudad ribereña mirando al río, destinada a los sectores de mayor poder adquisitivo y una ciudad mediterránea, de espaldas al río, que va a acceder a los servicios urbanos. Además, Koutsovitis explica que resolver el problema de las inundaciones no es construir grandes conductos para transportar los excedentes de agua de lluvias, es poder abordarlas integralmente para no solo transportar de manera controlada los excedentes, sino también potenciar otros de los procesos fundamentales para su investigación: el proceso de retención a través de las superficies verdes y arbolado, el proceso de infiltración y el proceso de evacotransportación que las cubiertas vegetales llevan a cabo. Cabe destacar la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar los ascensos del nivel del río, de desentubar desde la desembocadura hacia aguas arriba los arroyos, y por sobre todo, recuperar y preservar los humedales costeros.
Continúa vigente la medida precautelar de detener el tratamiento legislativo del proyecto hasta que se presente el estudio sobre el impacto ambiental. Mañana, 5 de agosto, el bloque Vamos Juntos buscará tratar el proyecto en el recinto.
