A la maestra, con odio

A la maestra, con odio

Después de que Manuel Adorni acusara a la maestra Soledad Reyes de tener un discurso partidario sobre la Guerra de Malvinas, la docente recibió un masivo ataque de trolls en las redes sociales. Terminó con un botón antipánico.

El pasado 2 de abril, en el partido de Punta Indio, se llevó a cabo un acto en conmemoración al Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas. Soledad Reyes fue la docente que, convocada por la Dirección de Cultura del municipio, se encargó de dar un discurso alusivo a la fecha. En la ceremonia estaban presentes algunos veteranos de Malvinas y militares de la Base Aeronaval de Punta Indio, quienes, al momento en que la docente inscribió a la Guerra de Malvinas dentro del proceso histórico de la última dictadura militar de Argentina, se mostraron ofendidos por sus palabras. Tildándolas de “partidarias”, comenzaron a levantarse de sus asientos y a retirarse del acto, con gestos de disconformidad y enojo ante los dichos. El suceso finalizó con la profesora terminando de dar su discurso, pese a las quejas de muchas de las personas de la audiencia.

“Yo conocía a mucha gente del público, toda de la localidad. Hasta ese momento todo se mantuvo entre los que estuvimos ahí y no pasó más de comentarios del estilo ‘que le apaguen el micrófono’. Después fue escalando”, cuenta Reyes en diálogo con ANCCOM.

Las amenazas le empezaron a llegar por redes sociales al día siguiente, a partir de que Eduardo Feinmann reposteó un tuit relacionado al hecho, en el cual aparecía el usuario de X (Twitter) de la docente. Reyes comenta que, antes de eso, ella solía tener sus cuentas públicas, tanto X como Instagram y Facebook; pero que tomó la decisión de ponerlas en privado a raíz de las agresiones que empezó a recibir por diferentes vías.

Ese 3 de abril, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se contactó con la docente y publicó un comunicado en apoyo y defensa de Reyes. “A Soledad la conocemos porque ha sido profesora en el programa educativo Jóvenes y Memoria. Ni bien nos enteramos del hecho, nos comunicamos con ella, nos pusimos a su disposición y emitimos un comunicado de repudio en solidaridad”, comentaba la directora general de Áreas de la CPM, Sandra Raggio. Días después, desde la Comisión acompañaron a Reyes en la presentación de un habeas corpus con el objetivo de dejar constancia de los hostigamientos violentos en redes que estaba recibiendo la docente. Reyes expresó su agradecimiento con la comisión por manifestar su apoyo y acompañarla en este proceso.

La respuesta de la justicia fue rápida, ya que para el 6 de abril el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla había tomado medidas preventivas para proteger a la docente. De esta forma, se le otorgó un botón antipánico, gestionado a través del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Esta medida ayudó a que Reyes comenzara a sentirse un poco más tranquila y segura desde que iniciaron las agresiones, las cuales fueron disminuyendo.

La docente de Punta Indio agrega que ella tomó la decisión de no tomar licencia y continuar yendo al trabajo normalmente. En este proceso, para Reyes fue clave el apoyo de sus compañeros del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), del que forma parte como secretaria adjunta. Desde el gremio se solidarizaron con ella mediante un formulario en Google Forms para respaldarla y que reza la siguiente consigna: “Los docentes no adoctrinamos”. No obstante, afirma que fueron días difíciles ya que tuvo que seguir con su vida normal mientras veía todo lo que se decía sobre ella en las redes sociales y se preocupaba por la seguridad de su familia.

 

El debate sobre adoctrinamiento

El discurso de Soledad Reyes comenzaba diciendo: “Quisiera hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Malvinas que no pretenden ser una verdad revelada. Son reflexiones desde una perspectiva crítica de la versión nacionalista de la historia sobre la Guerra de Malvinas”. Dicha alocución fue tildado de “político partidaria” por varios de los presentes y eso desencadenó en que haya tomado la decisión de abandonar el acto.

El hecho trascendió a tal nivel que culminó con un comunicado del Gobierno de Javier Milei acerca de la modificación de la Ley de Educación Nacional con el fin de “penar el adoctrinamiento en las escuelas”, anunciada el jueves 4 de abril por Manuel Adorni, el portavoz presidencial. El vocero hizo alusión al video circulado en redes sobre el acontecimiento de Punta Indio, sosteniendo que es entristecedor que haya “militancia ideológica” en los actos escolares.

“Las ciencias sociales tienen diferentes formas de interpretación. Como docente de historia, tengo la obligación ética e intelectual de decirlo y aclararlo. Entonces, partiendo de ahí, estaba todo saldado. Todo lo demás era parte de un análisis desde una perspectiva”, comenta Reyes al respecto.

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“Hay algunas cuestiones que ya son una certeza indiscutible como realidad histórica: la Guerra de Malvinas se inscribió en la última dictadura militar, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con miles de personas desaparecidas, presas, exiliadas y torturadas. Cientos de sentencias judiciales así lo confirman», dice el comunicado de la CPM.

Pero la discusión sobre adoctrinamiento no termina ahí. En el comunicado de la CPM se lee: “Hay algunas cuestiones que ya son una certeza indiscutible como realidad histórica: la Guerra de Malvinas se inscribió en la última dictadura militar, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con miles de personas desaparecidas, presas, exiliadas y torturadas. Cientos de sentencias judiciales así lo confirman. Frente a esta realidad irreductible, solo pueden sentirse ofendidos aquellos que la niegan como tal y la reivindican”.

Una forma de glorificar la dictadura

Lo ocurrido con Soledad Reyes se suma a un discurso negacionista que está en ascenso. Así lo sostiene Hugo Robert, ex combatiente y ex presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, quien le entregó su absoluto apoyo a la docente.

Robert comenta a ANCCOM que el repudio a las declaraciones de Reyes y los posteriores ataques que recibió tienen que ver con algo que se fue evidenciando en el último tiempo y que fue orquestado por las figuras de poder y los medios. “Me da la impresión que, viendo cómo operan las Fuerzas Armadas (FFAA) en el tema Malvinas, estaba todo armado (…) Esperábamos un video como el del 24 de marzo. En su lugar, hicieron esta representación para tomar trascendencia en los medios de una posición que viene sosteniendo las FFAA desde el regreso mismo de las islas, que es glorificar lo actuado por las FFAA como si hubiese habido una dictadura mala hasta el 1 de abril y una dictadura buena, honorable, valerosa a partir del 2 de abril”, declara.

A su vez, el excombatiente reafirma que lo más preocupante es la glorificación del negacionismo y que utilicen a la Guerra de Malvinas para hacerlo. Lo deja en claro con la frase: “La profesora lo único que les dijo es ‘miren, Malvinas la llevó adelante no la dictadura, sino la peor dictadura que azotó este país, la más sangrienta”.

Asimismo, los hombres nucleados en el CECIM La Plata, que defienden las banderas de Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz, también adhirieron a las palabras de Reyes y respaldaron su visión de la guerra. “Si uno lee detenidamente el discurso publicado en los portales, la realidad es que lo único que les dijo fue la verdad”, dice Robert al respecto. Además, puntualiza que no es la primera vez que desde el Centro ven ataques de este tipo por discursos que cuestionan el rol que tuvieron las FFAA en la Guerra de Malvinas. Finalmente, destaca que es inédito que los descargos hayan caído sobre una docente. “Si en lugar de una profesora había un excombatiente, seguramente le hubieran hecho la misma cama que le hicieron a Reyes. Pero ninguno de los que se levantaron podría mirar a la cara a un soldado y decirle ‘usted está mintiendo’, porque los compañeros estuvieron, ellos saben que hubo oficiales y suboficiales que no estuvieron a la altura de la circunstancias”, sentencia.

Las redes del odio

Las redes del odio

La “cancelación” es una práctica que ha cobrado popularidad en los últimos años. Consiste en acosar virtualmente a figuras públicas luego de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo por un grupo específico de personas. Es, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días a la escritora Claudia Piñeiro, “cancelada” y acusada recientemente por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina de tener un «encono» contra la cultura evangélica a raíz de su «militancia feminista durante el debate por la ley del aborto». La disputa ocurrió a raíz del estreno de El Reino, una miniserie producida por Netflix y coguionada por Piñeiro, que aborda los vínculos entre la Iglesia y la política. La respuesta de la escritora fue contundente: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar», twitteó.

Claudia Piñeiro.

La cancelación, que se ha instalado como estrategia de sabotaje o “boicot” en el marco de discusiones públicas online, fue inicialmente impulsada por la comunidad afroamericana en signo de rechazo a las reproducciones de estereotipos racistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando estos métodos utilizados por las luchas anticoloniales, feministas, de derechos humanos, entre otras, son puestos al servicio de violentar y acallar discursos críticos? Recientemente, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad publicó un informe que se denominó: “¿Es posible discutir en medio de discursos de odio?”. La investigación está motivada por el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos a partir de la irrupción de discursos violentos de los antiderechos. A través de la manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencias, estos grupos se han encargado de acallar a los ciberactivismos.

En diálogo con ANCCOM Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil, comunicóloga especializada en Derecho y Género, y parte del equipo de investigadores, asegura que estas acciones “afectan a la libertad de expresión de las mujeres y a la presencia del feminismo como sujeto político en el debate público”. Acorde con el informe, el 100% de las activistas feministas consultadas fue violentada en algún momento por los grupos antiderechos. Como respuesta, entre el 30 y el 60% de ellas dejó de leer notificaciones.

Florencia Alcaraz, periodista, feminista y co-directora de LatFem, quien asegura que “internet es un espacio más donde operan las violencias machistas” y que “las periodistas feministas estamos doblemente expuestas por el rol que ocupamos en la sociedad”. Alcaraz fue blanco de un gran hostigamiento a partir de una investigación que buscaba trazar un mapa de la reacción conservadora argentina. El trabajo consistió en una serie de notas acerca del crecimiento de la nueva derecha y un cartografía de las interacciones entre cuentas vinculadas.

Las tecnoviolencias machistas son agresiones por razones de género cometidas, asistidas o agravadas por el uso de las TICS. Alcaraz cuenta que, “a veces se centran en el aspecto físico, otras tiene que ver con algo más coordinado, vinculado a instalar campañas de desprestigio personal o colectivo; y en otros casos hay amenazas explícitas de muerte, de agresiones sexuales”. Como resultado tienen a la “autocensura, el ataque a nuestra visibilidad y a nuestra presencia en el espacio público, produce un impacto psíquico, emocional e, inclusive, físico”, declara la periodista. Por otro lado, puede producir pérdidas económicas, en tanto su trabajo muchas veces se basa en generar contenidos. Para Alcaraz, el objetivo de las mismas es el disciplinamiento y el silenciamiento.

Son múltiples las razones que podrían explicar la proliferación de los discursos de odio. Chaher propone como hipótesis una conjunción entre las posibilidades de amplificación o viralización que suponen las redes sociales y el anonimato. Con respecto a lo primero, el informe retoma teorías previas que proponen que aquellos discursos que despiertan alguna conexión emocional negativa logran mayor alcance. En cuanto al anonimato, la investigadora advierte que “desde un punto de vista feminista es defendido porque una persona que está siendo agredida, puede encontrar una forma de participar a través de un perfil anónimo”. Entonces, su crítica se basa en “la posibilidad que te dan algunas redes de participar sin muchos requerimientos, lo que facilita que las personas que se esconden detrás de esos perfiles puedan tener también actitudes odiantes”.

Frente a estos hechos se abre otro debate: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Chaher, explica que “desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia o el planteo jurídico vinculado a la libertad de expresión, la tendencia es que un discurso no debería ser prohibido por más agraviante que fuera”. Mientras no exista una incitación directa a la violencia “lo que te dicen los sistemas de derechos humanos es que lo que tienes que hacer es oponer más y mejor discurso”.

El problema es que en la práctica se presentan ciertas limitaciones. “Si la plataforma no te garantiza una mínima seguridad o una mínima confortabilidad para moverte, no tenés manera de oponer más y mejor el discurso”, agrega la investigadora. En tal sentido, las activistas entrevistadas expresaron una disconformidad con respecto a la respuesta de las plataformas: en el 44% de los casos de Twitter, el 29,2% de Facebook y el 28% de Instagram.

 

Hackear al mensajero

Irina Sternik, periodista con una larga trayectoria en distintos medios, luego de revelar un hackeo al Ministerio de Seguridad en un artículo de la Nación en 2017, fue víctima de una oleada de ataques sistemáticos durante más de un mes. Sternik cuenta que sufrió “intentos de hackeos a todas las cuentas de correo o redes sociales; si mencionaba a una persona en redes, las atacaban a ellas; recibí mails intimidatorios, amenazas, difamaciones y todo lo que se te ocurra. A veces tenían un trasfondo político, otras misógino o religioso. El único fin era atacar y amedrentarme, que parara de hablar. A pesar de que fue una sola vez, una sola nota”. El ataque sólo cesó cuando se le ofreció custodia policial. Llegaron a intervenir organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Contó, además, con el asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema.  “Lo lograron”, dice.

Respecto a qué actitud debería tenerse frente a los discursos de odio en redes sociales, el informe arroja tres tendencias entre las entrevistadas: el 66,7% propone moderarlos, el 25% prohibirlos, mientras que sólo el 8,3% sugiere no intervenir. Chaher afirma que lo más democrático sería hablar de una co-regulación entre Estado, empresas y la sociedad civil. Por un lado, esto implicaría que “las empresas no actúen solas porque no está claro cómo regulan”, explica la investigadora. Y agrega que el riesgo reside en que, de otra manera, podrían prohibirse cuentas de forma infundada como ocurre con, por ejemplo, posteos sobre lactancia por el mero hecho de que aparezca una teta. Por otro lado, “siempre está el riesgo de que el Estado tenga una excesiva injerencia”. Sin embargo, de forma paralela señala la necesidad de apelar a una transformación cultural que concientice sobre la importancia de cuidar el debate público.

 

Por último, Chaher sugiere que “sería muy interesante que toda la población como usuaria de redes tuviéramos un mayor conocimiento de, por ejemplo, de cómo se hacen las operaciones concertadas, de cómo funcionan; porque evidentemente los sectores que son quienes agreden saben perfectamente cómo armar este tipo de campaña, de acciones coordinadas, que afectan a una persona”.

 

Un problema regional

Florencia Alcaraz cuenta que desde LatFem identificaron estas situaciones a partir de conversaciones que tuvieron con otras colegas de la región. A partir del intercambio con mujeres de la Red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe, pudieron identificar que esas violencias digitales se relacionaban con la reacción conservadora que hoy está en marcha en todo el mundo. De esta manera, empezaron a pensar en un Kit de Cuidados Digitales, que hoy se encuentra también en formato radial.

Este material propone una serie de recomendaciones para hacerle frente a los hostigamientos: propone identificar las agresiones, registrar la evidencia a través de capturas de pantalla, reportarlas a las redes, bloquear a los agresores, denunciar de manera formal o informal. Al mismo tiempo, incentiva a brindar apoyo a quienes estén sufriendo acoso a través de la creación de espacios seguros de escucha, ayudarles a registrar los detalles del ataque y los perfiles de los agresores.

“Es realmente grave y creo que el primer paso es dejar de subestimar este tipo de ataques y empezar a ponerlos en valor, a hablarnos entre nosotras”, declara Alcaraz. Para la periodista se trata de un problema estructural, que exige pensar en procesos colectivos y dar respuestas en términos de organización. “En ese camino estamos, reforzando nuestra seguridad y pensando estratégicamente cómo abordar estos ataques porque, lamentablemente, las plataformas no brindan soluciones. Quienes sí lo hacen son otras redes feministas y compañeras que saben mucho sobre estos temas”, concluye Alcaraz.