Mar 31, 2017 | Trabajo
Las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), a las que se les sumó el nuevo Movimiento de Trabajadores Saúl Ubaldini (con referentes de la CGT que se distanciaron de la cúpula), convocaron a más de 150 mil trabajadores en Plaza de Mayo bajo la consigna “trabajo, educación y paritarias libres”, en una nueva movilización contra el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma remarcó durante el acto: “No alcanza con una movilización, ojalá todos los días haya una, hasta que caiga este modelo neoliberal”. Pidió, además, unir fuerzas para sumarse al paro del 6 de abril.
Una vez más en este marzo, sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio, a partir de las 15.00, se congregaron las organizaciones nucleadas en las dos centrales obreras de trabajadores del Estado. En Plaza de Mayo ya algunos ansiosos habían empezado a tomar posición en las vallas de cara al escenario, donde luego hablarían los oradores. Pero este 30 de marzo -fecha que homenajear la marcha encabezada por Saúl Ubaldini en 1982 para desafiar a la dictadura militar- cayó jueves y, como siempre, un grupo de Madres de Plaza de Mayo comenzaban su habitual ronda de lucha eterna.
Aproximadamente media hora después, la columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ingresó en la Plaza para ser la primera agrupación en empezar a colorearla. Este gremio, además de sumarse a la convocatoria de la marcha, adhirió con un paro en los diferentes lugares de trabajo. “El paro fue muy importante. En todos los ministerios y hospitales hubo un cese de actividades, se discutió con los trabajadores de qué manera participar y ahora están abandonando los edificios para venir a la marcha”, comentó a ANCCOM el secretario general de los estatales, Daniel Catalano.
En cualquier calle del Centro porteño se podían ver pecheras, guardapolvos y banderas identificatorias. “Para que ganen los docentes paro general ya”, decía un cartel del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), que copó Avenida de Mayo. María Echegaray docente de la Escuela Provincial 31, de la localidad bonaerense de González Catán, asistió a la movilización con la delegación de La Matanza. “Hoy fue contundente, en mi escuela todos pararon”, destacó María, que también indicó: “Todos los trabajadores tenemos que estar acá, estamos viviendo una situación insostenible, venimos de marcha en marcha. Los docentes estamos acá no solamente por nuestro reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, para que se fije un salario digno para el docente, sino para todos los trabajadores.” También otros gremios de educadores como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Conadu –Federación Nacional de Docentes Universitarios- se hicieron presentes.R
“Macri en las privadas también sos gato” mostraba el cartel que Perla Sanisp (16) y Zahira Balbi (17), dos amigas y alumnas de colegios privados de Avellaneda, hicieron especialmente para la movilización. “Defendemos la educación pública, venimos acá para que no nos quiten lo que tenemos, es una lucha constante y no podemos permitir que venga cualquier gobierno, haga tarifazos y baje la educación”, sostuvo Zahira.
También se movilizaron organizaciones sociales como Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Jaqueline Flores, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) de Capital, expuso los motivos que la llevaron a marchar: “A nosotros lo que nos está pasando es que estamos volviendo al 2001, hoy tenemos que estar haciendo ollas, no hay poder adquisitivo, hay hambre en esta patria. Además, nosotros entendemos que la educación pública educa a nuestros hijos, queremos un pueblo levantado”.
Por su parte, los sindicatos pertenecientes a la CGT que esta semana conformaron el Movimiento por los Trabajadores Saúl Ubaldini, sumaron su presencia en la protesta, diferenciándose del triunvirato que dirige a la CGT. Estos gremios se agruparon en Avenida Belgrano y 9 de Julio para luego avanzar a Plaza de Mayo por Diagonal Sur. Entre los principales sindicatos que se unieron a la convocatoria se destacaron la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM), con fuerte presencia de la Delegación de Quilmes, encabezada por Francisco “Barba” Gutiérrez que además fue uno de los oradores del acto. Otro sindicato que movilizó fue el de Curtidores, presidido por Walter Correa, miembro de la Corriente Federal de Trabajadores.
Poco antes de las 17, al iniciar el acto, desde el escenario comenzaron recordando que también estaban de paro los trabajadores migrantes, como muestra de protesta frente a las declaraciones y medidas xenófobas que recibieron de parte del Gobierno. Después se leyó una carta enviada por Milagro Sala desde la cárcel donde la dirigente hacía hincapié en la necesidad de resistir “las políticas de saqueo y de hambre” impartidas desde Cambiemos.
Luego fue el turno de Pablo Micheli, secretario general de la Central de los Trabajadores Autónomos, que ni bien tomó la palabra hizo agitar entre el público: “Unidad de los trabajadores y al que no le guste se jode, se jode”. Enseguida enfatizó: “Pueblo que no está en la calle, no tiene destino”. Además se defendió de las críticas que señalan como objetivo de la lucha popular la desestabilización del gobierno y recordó también la muerte de Jonathan Gardini, manifestante que perdió la vida por la mañana en Rosario tras ser atropellado por un camión: “Con su discurso, el gobierno incita a la violencia, violencia es matar y los muertos siempre los ponemos los trabajadores”.
Después dio su discurso el “Barba” Gutiérrez que, aludiendo a la frase del titular del Banco Nación Javier González Fraga sobre una supuesta “fiesta” vivida por la población durante el kirchnerismo, señaló: “¿Cuántos de nosotros queremos seguir estando de fiesta, seguir teniendo trabajo, paritarias justa y educación’”. También le remarcó a Mauricio Macri: “No queremos planes, queremos trabajo y sabemos cómo defender la Industria Nacional”.
En sintonía con los otros dos interlocutores, Hugo Yasky, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, recalcó: “Nosotros vamos a hacer la unidad con lo que se comprometan con la clase”. Y también, en agradecimiento a la presencia de Taty Almeida y de Nora Cortiñas, afirmó: “El ejemplo de ellas es lo que nos mantiene en pie en los peores momentos. En este país nunca un empresario perdió la vida cuando la Constitución dejó de ser respetada, siempre fue la sangre de los nuestros.”
Actualizado 30/06/2017
Mar 16, 2017 | Comunidad
Con el cielo cada vez más cubierto y el pronóstico amenazante de lluvias, cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre. El histórico Puente Pueyrredón es el epicentro de una jornada de protesta que se completa también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en el centro porteño, e incluye ollas populares en distintos puntos del país. La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reúne a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tiene como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social -sancionada en diciembre del año pasado y reglamentada por Mauricio Macri el pasado viernes 10 de marzo- y medidas urgentes para contener las demandas sociales de los sectores más golpeados por el estancamiento de la economía.
Las respuestas del gobierno ponen el viento en contra: cuatro meses de estancamiento de las medidas prometidas y una fila de efectivos de la Gendarmería preparados para desalojar a los manifestantes. Horas después llegaría la convocatoria al diálogo. El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a abrir una mesa formal de discusión la semana próxima.
El histórico Puente Pueyrredón fue el epicentro de una jornada de protesta que se completó también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denuncia Roxana, trabajadora de la Municipalidad de Avellaneda, que asegura ver más comedores y merenderos que nunca en su barrio. “La convocatoria es de cada uno, venimos porque vemos que todo está muy mal”, agrega. Y recuerda que si bien ella todavía tiene trabajo, muchos de sus compañeros fueron despedidos entre el año pasado y lo que va del 2017.
La urgencia en la implementación de Ley de Emergencia Social se basa en las medidas que prevé necesarias para enfrentar la situación que atraviesan los trabajadores de la economía informal y desocupados. Entre ellas, la creación de 400.000 puestos de trabajo y el establecimiento de una canasta básica alimentaria de 6300 pesos para todos los programas de trabajo.
Cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre.
Después de veinte minutos de espera al pie del Puente Pueyrredón, los efectivos armados forman y caminan rumbo a tres de sus vehículos, dejando paso a la multitudinaria columna de trabajadores. Más de cuarenta organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) son protagonistas de la jornada de protesta y pueden avanzar pese a la tentativa de desalojo, previamente anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Cristian Cervera, del Frente Popular Darío Santillán, afirma que la reglamentación llega demasiado tarde, y que la idea es evitar que la implementación siga el mismo camino. Lleva a su hija atada en el pecho entre dos telas que hacen de cuna artesanal, y mientras la cubre del humo de un cigarrillo, agrega: “Hay un diálogo abierto que el gobierno habilita porque tiene que buscar formas de dispersar las movilizaciones, pero después reacciona así, poniendo policía”.
La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reunió a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tuvo como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social.
A la denuncia se suma Caly Flores, integrante de la CTEP. “La reglamentación fue un manotazo de ahogados que el gobierno tuvo que hacer para frenar el avance del pueblo”. Al respecto de la urgencia por las medidas que contempla la norma, Flores afirma que desde diciembre no aumentan los salarios de los trabajadores de la economía popular, que ganan alrededor de cuatro mil pesos por mes, suma que no alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia. “Nos dicen que estamos gordos, pero estamos mal alimentados, con una dieta sin proteínas a base de fideos y arroz”, concluye.
En medio del Puente y ya llegado el mediodía, un grupo de mujeres cortan papas y abren latas de arvejas, mientras otras preparan el fuego para la olla popular. La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales. Pablo, empleado en una cooperativa, también se autoconvoca al corte de calles para visibilizar su situación económica: “Desde el 2010 que cobro 4.000 pesos por mes”, denuncia y reclama salario digno y obra social para los trabajadores de cooperativas.
“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denunció una trabajadora.
Además de la implementación de la Ley, las distintas organizaciones llaman al paro nacional. En representación de muchas de ellas, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acompaña la jornada del miércoles en los cortes de calles y llama a un paro general para el 30 de marzo. José “Pepe” Peralta, secretario general de la CTA Autónoma Capital, opina que la Ley de Emergencia salió muy tironeada y todavía está la duda de que realmente se ponga en vigencia. Además, apunta contra la CGT por no haber definido la fecha del paro general la semana pasada: “Esto no es una cuestión de dirigentes, se trata de las necesidades que tiene el pueblo”.
El corte de calles concluye a media tarde en la Ciudad de Buenos Aires, cuando finalmente la tormenta estalla sobre el cemento y las organizaciones se ven obligadas a desconcentrar. Pasada la tarde, la jornada concluye con un “ruidazo”, en distintos puntos del país, en protesta por el aumento en las tarifas de los servicios de luz, agua y gas. Y, como respuesta, se escucha una nueva promesa de diálogo.
La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales.
Actualizado 16/03/2017
Mar 8, 2017 | Vidas políticas
La multitudinaria movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) terminó con incidentes luego de que la dirigencia sindical prometiera un paro nacional, sin determinar la fecha y condicionándola según las “rectificaciones” que el gobierno pudiera llegar a hacer. Desde el comienzo del acto hubo chiflidos e insultos para los oradores de parte de los trabajadores que demostraban su descontento por la demora en la convocatoria a la primera huelga general, tras 15 meses de gobierno de Cambiemos.
Desde el mediodía hubo concentraciones de agrupaciones sindicales de todo tipo, ya sea las que nuclea la CGT, inclusive la de su rama más combativa alineados en la llamada Corriente Federal de Trabajadores, como los que pertenecen a las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) que esta vez marcharon juntas. También hubo presencia de sindicatos clasistas, de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), de agrupaciones partidarias de izquierda y kirchneristas, así como también numerosas personas autoconvocadas. Los organizadores estimaron una concurrencia que superó las 300 mil manifestantes. La unión de los trabajadores se hacía visible con el objetivo de que se llamara finalmente a un paro general.
El acto de la CGT tuvo lugar en la intersección de las calles Moreno y Diagonal Sur, en frente del Ministerio de Producción, donde se armó un escenario para que los dirigentes sindicales le hablaran directo a sus bases. La jornada comenzó cuando el orador oficial pidió un minuto de silencio para recordar, entre otros a José Ignacio Rucci, como uno de los defensores de los trabajadores. La respuesta Inmediata, sin embargo, fue el cántico “vamos a volver” seguido de un masivo grito: “Paro general”.
Desde el comienzo del acto hubo chiflidos e insultos para los oradores de parte de los trabajadores que demostraban su descontento por la demora en la convocatoria a la primera huelga general.
En medio de ese clima, Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales que encabezan la CGT, tomó la palabra y empezó a cuestionar al Gobierno: “Basta del manoseo que tenemos”, dijo. Luego felicitó a los trabajadores por la amplia participación en la manifestación y por el apoyo a los docentes en la marcha del día de ayer. Acuña continuó denunciando la cantidad de despidos y suspensiones sufridas, el aumento de las tarifas, y recordó el veto presidencial a la Ley Antidespidos, así como la inflación creciente. Desde el público aparecían los primeros silbidos y los gritos que replicaban: “Ya lo sabemos, llamá al paro general.”
Rápidamente, el micrófono pasó a manos de Juan Carlos Schimid, otro de los secretarios generales de la CGT, a quienes algunos manifestantes recibieron con el grito de “Vende Patria”. Mientras tanto, se hacía sentir con fuerza de nuevo el grito “paro general”. En ese clima, Schmid destacaba el daño que produjo en la industria local la apertura de las importaciones. “Vamos a ir a un paro nacional, a una medida de fuerza, para que el silencio ensordecedor le haga ver al gobierno nacional, ese retrato social que la mayoría de los argentinos no ve”.
Ante estos dichos, el público se aliviaba esperando que cuando Héctor Daer, el restante titular de la CGT, tomara la palabra dijera efectivamente la fecha del tan ansiado paro. Pero después de quejarse sobre el techo a la paritaria, que el gobierno quería imponer, y de jactarse de defender a los trabajadores Daer sostuvo: “Vinimos a decirles a este gobierno que si no hay rectificaciones, el Consejo Directivo de la CGT ya tomó la decisión de hacer un paro de 24 horas.” Esto generó la respuesta de un público enfebrecido que al instante replicó : “Ponele fecha, la puta que te parió”. Daer concluyó su intervención reivindicando la coherencia de su espacio por haber sido pacientes, mientras los manifestantes, enojados, silbaban y gritaban: “Cagones”; “traidores”; “Perón te queda grande.”
El acto de la CGT tuvo lugar en la intersección de las calles Moreno y Diagonal Sur, en frente del Ministerio de Producción, donde se armó un escenario para que los dirigentes sindicales le hablaran directo a sus bases.
Después de que Daer concluyera el acto, un grupo de trabajadores de diversos espacios, lograron pasar las vallas y alcanzaron la zona del escenario donde estaban los dirigentes sindicales, y comenzaron a increparlos. De repente irrumpieron integrantes del Sindicato de Camioneros, que agredieron a los que se encontraban allí, y sacaron a Pablo Moyano del lugar.
La indefinición de la cúpula cegetista sobre la convocatoria al paro provocó el descontento de muchos de los asistentes, ya que se sintieron ignorados luego de manifestarse a favor de una medida de fuerza tras pasar 15 meses del gobierno macrista, sufriendo una continua pérdida de derechos, la caída de nivel adquisitivo, los tarifazos, los despidos, la inflación, entre otros ataques a la clase trabajadora.
María José Graiño, perteneciente a la Unión de Docentes Argentinos (UDA), vino especialmente de San Nicolás para participar de las convocatorias de ayer y de hoy y expresó su malestar: “Realmente estoy indignada. Vinimos hasta acá y veo que está todo arreglado. Nos entregaron, me siento muy triste y apenada. Cómo puede ser que yo venga acá para escuchar que van a llamar a parar 24 horas cuando les estamos pidiendo un paro inmediato, es una vergüenza.” En la misma línea se expresó Gonzalo Fernández, militante de la agrupación Kolina: “Veníamos con la idea de que teníamos una fecha a partir de hoy del paro general, pero la conducción todavía es funcional a la derecha. Puro amague, se están cagando en las bases”.
Otro trabajador, que no quiso dar su nombre por motivos laborales, ya que pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), comandada por Rodolfo Daer, hermano de Héctor Daer, daba también su opinión: “No sé qué está esperando la CGT. Queremos que pongan una fecha concreta porque no da más el trabajador, el pueblo está presente acá.”
Pero no todos se mostraron disconformes con los discursos del tridente de la CGT, Raúl Ortega de 65 años, referente del Sindicato de Empleados de Comercio de Mendoza -presidida por Armando Cavalieri-, se mostró optimista: “Yo creo que si no hay una mesa de arreglo de acá a 15 días, va a haber paro”.
Por su parte, Liliana (no quiso dar su apellido) trabajadora de Unión del Personal Civil de La Nación (UPCN) remarcó la necesidad de que el gobierno se abra al diálogo: “Este gobierno está avasallando derechos, y propiciando que miles de trabajadores y ciudadanos estén quedando en la calle y sin trabajo, así que yo espero que bajen sus pretensiones oligárquicas y que se propongan hablar con nosotros, que somos los que realmente tenemos el poder.”
Actualizado 07/03/2017
Dic 22, 2016 | inicio
Quince años después, aquel miércoles 19 es lunes. El asfalto está igual de caliente y las escalinatas del Congreso ahora se escudan detrás de gruesas rejas. Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se movilizaron desde Congreso a Plaza de Mayo para conmemorar las oscuras jornadas del estallido social de diciembre de 2001 y actualizar reclamos y reivindicaciones.
“Los de abajo no teníamos la organización y la fuerza para imponer un gobierno propio. Los de arriba, las clases dominantes, tuvieron que hacer serias concesiones para recomponer la gobernabilidad”, reflexionan las organizaciones convocantes como la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras. El diagnóstico pone el foco en el final trágico del fallido gobierno de la Alianza, pero también intenta dar la perspectiva histórica. El secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, profundiza esa evaluación. “Ya se venían produciendo políticas de ajuste con el gobierno anterior pero evidentemente este las ha profundizado y las está llevando a limites extremadamente peligrosos para el cuerpo social de la Argentina. Por eso convocamos permanentemente a movilizar a las calles para obligar al gobierno a modificar esas políticas”, le explicó a ANCCOM.
Quince años después es martes 20 y las convocatorias continúan. Un sector encabezado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llamó a marchar por las mismas cuadras que otros transitaron el día anterior. José Castillo, referente de Izquierda Socialista, evaluó la convocatoria: “Se trata de no olvidar lo que denominamos las brasas del argentinazo que siguen encendidas por más que ahora buscan caracterizar ese momento como un período negro de la historia. Y a esa conmemoración que venimos sosteniendo a lo largo de los años, se le suman las consigas propias contra el ajuste macrista”, puntualizó.
Quince años después de aquellas jornadas la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) registra un número frío de 38 muertos por la represión estatal durante el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. En la Ciudad de Buenos Aires fueron Carlos “Petete” Almirón (24 años), Rubén Aredes (24 años), Gustavo Benedetto (30 años), Jorge Cárdenas (52 años), Diego Lamagna (26 años), Alberto Márquez (57 años), y Gastón Marcelo Riva (30 años). Algunos familiares de las víctimas se movilizaron en las jornadas recordatorias y además de las citas en Capital Federal, se hizo un acto en Paraná, capital de Entre Ríos, provincia que registró tres muertos, y en Rosario, donde los familiares de las nueve víctimas -entre ellas, Claudio “Pocho” Leprati- se movilizaron a los tribunales provinciales con una bandera que exigía “juicio y castigo a todos los culpables”. Uno de los señalados como responsable fue quien entonces gobernaba la provincia, Carlos Reutemann. Según CORREPI, las víctimas en otras provincias llegaron a once en Buenos Aires, tres en Córdoba, dos en Corrientes, una en Río Negro y otra en Tucumán.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, reivindicó el rol de esta organización como “una de las protagonistas” del 19 y 20. “En ese momento salimos más de cinco mil compañeros de la CCC de los barrios populares en La Matanza. Tomamos la Ruta 3, para ir a la Capital Federal, pero ahí la policía nos esperó para reprimir, y terminamos con 110 heridos de balas de goma, tres de ello con balas de plomo muy graves. Hubo una orden política, de parte del gobernador Carlos Ruckauf, de que me mataran, pero gracias a algunas compañeras que me tiraron al piso, me salvé. No es casual que el gobierno en ese momento, y la justicia también, nos hayan abierto una causa donde me acusaron junto a Luis D´elía -con el que estábamos en ese momento- de ser los responsables de la caída del gobierno de De la Rúa”, recordó.
Christian “Chipi” Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del Frente de Izquierda, destacó a esta agencia la importancia de homenajear a “los 38 compañeros asesinados por la represión estatal y recordar lo que fue una gran rebelión popular que terminó con un gobierno hambreador».
El pasado que vuelve
El pasado se actualiza con los reclamos de condena para los culpables de la represión y de atención a las demandas que no fueron saldadas a lo largo de esos 15 años. “Ahora es importante no sólo conmemorar sino también seguir pidiendo justicia, porque no se ha hecho justicia con todos los compañeros que asesinaron en esos días. Junto con eso -y si bien estamos en otro contexto político, otro momento histórico- también están los reclamos por derechos que venimos exigiendo desde el 2001”, remarcó Alderete. El pasado también se actualiza por las políticas de ajuste. «Hoy estamos soportando ataques a los trabajadores tanto por parte del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, con el crecimiento de la deuda externa y la pérdida de puestos de trabajo, caída del salario, aumento del nivel de pobreza. Es importante recordar la fuerza de la movilización popular porque si (Mauricio) Macri ha podido avanzar hasta ahora es gracias a la tregua de las conducciones sindicales”, dijo Castillo.
Alderete, al igual que el referente del PTS, también señala el desempleo como uno de los principales problemas actuales. “En los barrios, la falta de trabajo la sentimos en carne propia con los compañeros que viven de changa hace muchos años, y que es difícil que entren a la producción. Ahí se nota mucho más, y de forma inmediata, la diferencia con aquellos que tienen un trabajo regular y que por lo menos hacen cortar el pasto o hacen una habitación más. Entonces cuando hay una crisis económica a quienes afecta es a ellos”, subrayó.
En tanto, “Cachorro” Godoy aseguró que «las políticas de ajuste de este gobierno han generado mayor pobreza y desocupación, y la continuidad de estas políticas han provocado recesión, transferencia de recursos desde los sectores que menos tenemos a los más concentrados de la economía, fundamentalmente empresas trasnacionales”. Y advirtió: “En síntesis, un gobierno de ricos para ricos en desmedro de los pobres, que si no se cambian esas políticas nos van a llevar a un nuevo abismo y eso es lo que la mayor parte de los argentinos no queremos”.
La movilización popular en las calles sigue siendo la señal de aliento para las organizaciones que esta semana volvieron a reclamar en el centro porteño. “Durante todo este año el pueblo estuvo en la calle enfrentando esta política. Ni la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ni las amenazas, ni el fracasado protocolo antipiquetes, que sólo aplicaron a los jubilados que heroicamente resistieron la represión, ni el violento desalojo de los medieros y campesinos pobres del cinturón verde de La Plata, ni la criminalización de la protesta, ni la existencia de presos políticos, lograron frenar la respuesta popular”, indicaron en el documento firmado por CTA Autónoma, Movimiento Evita, CCC y otros.
Figuritas repetidas
Quince años atrás, durante aquella semana de diciembre, los pasillos y despachos del Congreso eran testigos de los debates en torno a la extensión del período de sesiones ordinaria. La oposición pretendía aprobar la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo a través de la Ley 25.414 y anular el decreto 1570/2001 que impuso el denominado “corralito”. El 19 de diciembre el Congreso sesionó y terminó por asestar un golpe a los superpoderes y a las restricciones para los ahorristas. El desmoronamiento del corralito del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó por sugerirle al ex funcionario menemista que presente su renuncia ese mismo día. Mientras Cavallo preparaba su retirada, De la Rúa se maquillaba para hablar por cadena nacional. Esa tarde, anticipó lo que quedaría impreso en el decreto 1678/01 publicado un día después en el Boletín Oficial: la declaración del Estado de sitio. En los considerandos del decreto se argumentaba que “encontrándose el Honorable Congreso de la Nación en receso de sus sesiones ordinarias” correspondía al Ejecutivo resolver lo que el documento caracteriza como “actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes”.
“Hace 15 años hubo un rebelión popular que enfrentó el Estado de sitio y logró derrocar al gobierno. Pero el “que se vayan todos” sigue planteado en la Argentina porque la reflexión hoy es que finalmente volvieron todos, ahora con el macrismo volvieron los radicales directos de De la Rúa”, dijo el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nestor Pitrola, en la marcha del martes. Y si la reiteración de funcionarios no es un dato novedoso para ninguna administración, cualquiera sea su color, algunas coincidencias no dejan de ser significativas. A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy interesada en prevenir saqueos a través de la vigilancia de las redes sociales, en aquel año fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y titular del Ministerio de Seguridad Social. Hernán Lombardi, quien hoy lidera el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, fue el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de De la Rúa. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue hasta el 20 de diciembre secretario de Política Económica. Capítulo aparte merecería Oscar Aguad, quien encabeza el Ministerio de Comunicación, y por entonces se desempeñaba como interventor en la ciudad de Corrientes, cargo que le valió su procesamiento por defraudación en perjuicio de la administración pública que logró eludir una vez que la Corte Suprema lo sobreseyera, no por haber comprobado su inocencia, sino porque consideró que se había excedido el “plazo razonable» para llegar a una sentencia definitiva. En la Ciudad de Buenos Aires, este año cumplió funciones -luego debió renunciar por sus declaraciones negacionistas- como Ministro de Cultura, Darío Loperfido. El actual director del Teatro Colón fue, al comienzo del gobierno de la Alianza, vocero de Fernando de la Rúa.
A mediados de diciembre de 2001, el entonces presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, argumentó que el proyecto de Presupuesto que había enviado el Ejecutivo planteaba “mantener el déficit cero y la reducción del 13 por ciento sobre salarios de estatales y jubilados, pero incluye la hipótesis de que en caso de no mejorar la recaudación ese porcentaje debería ser aumentado o tomar algún otro rubro significativo en el gasto, como es el caso del aguinaldo”. El 19 de diciembre, las tapas de los diarios imprimían los detalles del ajuste: “El recorte es de 6.000 millones”, “las podas más grandes son la caída del incentivo docente”, “a la ANSeS le sacan 657 millones y se eliminan 24.000 empleos públicos”. La reducción de los fondos para educación, y el «esfuerzo fiscal» que pedía el ex ministro Ricardo Lopez Murphy a las Universidades está en la memoria de los estudiantes que se movilizaron a Plaza de Mayo. Axel Bracht, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA tendió puentes con la situación actual. “El año graficó mucho cómo se profundizó el ajuste que venía del año pasado. El reclamo tuvo expresión en mayo, con la marcha que terminó en esta plaza con 70 mil personas, con un nivel de movilización que no se veía hace tiempo. Lo que hoy está pasando en el CONICET es otro cimbronazo que afecta al campo de la Ciencia y Técnica, y también la situación crítica en la que está el Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), es otra parte del ajuste”, le dijo a ANCCOM durante la movilización del martes. Y agregó: “Hoy marchamos, acercamos un saludo a este acto, porque entendemos que hay que rememorar todo lo que pasó para hacer crecer el movimiento y reivindicaciones del pueblo que en 2001 sacó a cinco presidentes en una semana. Hoy, una vez más, tenemos que reforzar en todos los lugares a las comisiones internas y centros de estudiantes que expresen un programa popular”.
Actualizado 22/12/2016
Oct 19, 2016 | inicio
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados S.A. (McDonald’s) celebraron un convenio que, según se promocionaba, le daría trabajo a cinco mil jóvenes entre 18 y 24 años. A cambio, los nuevos empleados recibirían una retribución mensual de 4.500 pesos, de los cuales 1.000 pesos serían afrontados por el Gobierno nacional. Gracias al amparo presentado por las diputadas del Peronismo para la Victoria Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila de Ponti, junto con el secretario de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Matías Zalduendo, la Cámara de Apelaciones ordenó frenar dicho convenio. ANCCOM indagó los pormenores del acuerdo.
“Nosotros pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral. No se cumplen los derechos mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se respeta el Salario Mínimo Vital y Móvil”, afirmó la diputada de Ponti, y agregó: “Si se quiere llevar adelante una política para que se genere el empleo en el segmento juvenil, hay que hacerlo respetando los postulados mínimos de la normativa”.
En Argentina, Mc Donald’s ocupa el sexto lugar en el ranking de empresas empleadoras, con un total de 16.809 trabajadores. Esta información es la que la propia multinacional declara en las planillas anexadas en el convenio con el Gobierno nacional.
«Pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral».
Daniel Arenaza, abogado interviniente en la causa y miembro del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, entiende que uno de los motivos que los llevó a intentar frenar el acuerdo es que el Salario Mínimo Vital y Móvil está pautado en 7.560 pesos, muy por encima de lo que establecía el convenio entre la multinacional estadounidense y el gobierno Nacional.
Un trabajador de McDonald’s, en su categoría más baja y sin antigüedad, actualmente cobra en Argentina por Convenio Colectivo de Trabajo cerca de 10.000 pesos por mes. Quienes iban a ingresar a través de las llamadas Prácticas Clarificantes -ahora suspendidas- hubieran cobrado menos de la mitad de ese monto. Aunque el Gobierno haga un esfuerzo significativo para instalar en el imaginario que son pasantías para el aprendizaje de un empleo, va saliendo a la luz que, en realidad, el funcionamiento es el mismo que el de una relación laboral tradicional, sólo que recibe otra denominación (y otra remuneración).
Respecto a la jornada laboral, también existen numerosas irregularidades. Arenaza explica que el acuerdo preveía que un trabajador cumpliera una carga horaria de 30 horas semanales, las cuales podían estar distribuidas entre fines de semana, feriados y horarios nocturnos. Un empleado regular de Arcos Dorados cobra un plus por una jornada laboral con estas características. Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características.
Los motivos que llevaron a la diputada correntina Araceli Ferreyra a impugnar el convenio son de índole personal. La legisladora recuerda que, en su provincia natal, conoció de primera mano a jóvenes trabajadores de McDonald’s y de su principal competidora, sometidos a una situación de precarización e inestabilidad. Los trabajadores son contratados a través de acuerdos temporarios, luego los despiden y no les abonan ningún tipo de indemnización. Además, Ferreyra recordó: “A mí me tocó a mediados de los ’80 y principios de los ’90 salir a buscar trabajo. En pleno fulgor del neoliberalismo los programas de empleo joven no servían para nada. Era creciente la desocupación juvenil. Esta era una manera que tenía el sector empresarial para bajar costos, sin garantizar ni capacitación, ni posibilidad al empleo. Sé por experiencia propia que estos programas no sirven para nada. De hecho, en España también hay este tipo de convenios y allí hoy existe un 60% de desempleo juvenil”.
Las tres diputadas, Arenaza y Zalduendo presentaron el pedido de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, a cargo del Juez Fernando Alfredo Vilarullo, quien rechazó de manera inminente la acción de amparo. El abogado actuante explicó que el juez “consideraba que, ni las diputadas nacionales que se presentaron en la causa, ni la CTA, representada en Matías Zalduendo, tenían la legitimidad para poder defender los supuestos derechos vulnerados. Este desconocimiento de la CTA como una organización que propende los derechos de todos los colectivos de trabajadores, más allá de este conflicto en particular, es uno de los motivos por los que decidimos apelar a una segunda instancia”.
«Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características».
En cambio, la sala número VI de la Cámara Nacional del Trabajo revocó el fallo de primera instancia que había desestimado la demanda. Se admitió la acción de amparo y la medida cautelar, y se le ordenó al juez que resuelva sobre esta medida cautelar, sin posibilidad de rechazo o desconocimiento sobre el tema.
Por otro lado, se incorporó a la causa a la empresa Arcos Dorados S.A. Daniel Arenaza explica: “Nosotros presentamos el amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, contra el Ministerio de Trabajo, que es el administrador, la cabeza del convenio. Los jueces en segunda instancia quisieron que también incorporáramos a la multinacional”.
Este convenio supuestamente está dirigido a crear empleo en jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Matías Zalduendo, de la CTA, explica que existe un amplio desconocimiento entre estos sectores sobre los derechos laborales. Por tal motivo, afirma: “Un acuerdo anunciado con bombos y platillos, que pone en el centro de la escena a un joven que hoy en día está sin trabajo, que vive una situación difícil en su casa y quiere buscar un empleo para independizarse e ingresar al mundo laboral, puede ser visto por los receptores como una posibilidad. Nosotros tenemos que demostrarles a quienes quieren acceder al primer empleo que tienen derecho a un salario mínimo y a recibir aportes patronales. La idea es que el trabajo te dignifique, y no ser explotados”.
Los promotores del amparo se encuentran a la espera de que el expediente vuelva a la primera instancia, en donde van a tener que notificar al Estado nacional y a la empresa Arcos Dorados para que se presenten en la causa dando explicaciones o presentando los informes correspondientes. “Lo primero que el juez va a tener que hacer es resolver la medida cautelar. Luego, tenemos fe en que la Justicia va a seguir los lineamientos que ya demostró. Tenemos confianza de que vamos a tener una resolución favorable. Aunque eso ya es criterio de los jueces y nos excede”, afirmó Arenaza.
Frente a esta realidad, el secretario de juventud de la CTA menciona la falta de cobertura de los medios masivos de comunicación ante la noticia del amparo: “No lo cubrieron porque es el primer golpe para el macrismo. Es uno de los primeros fallos que se da en contra del Gobierno nacional. No salió en ninguno de los grandes medios. Es más, el ministro Triaca se llamó al silencio. Esto es algo que sólo ha sido difundido por los medios alternativos y los portales. Cobró relevancia en las redes sociales porque se le ha puesto un freno a una política que nosotros consideramos que perjudicaba a los sectores más vulnerables y a los jóvenes”. Además, aseveró: “Estamos convencidos de que en este asado, en esta fiesta de los patrones, los trabajadores no vamos a ser el carbón ni mucho menos. Vamos a tratar de frenar este momento para defender a la clase trabajadora que es lo que más nos importa”.
Actualizado 18/10/2016
